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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00298-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00298-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Juan Pablo Hernández Zambrano contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. Segundo. - Sin condena en costas. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00298-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional
de Administración Judicial de Pasto
Temas: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor grado 23 de
tribunal judicial

Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda.

Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo1, Juan Pablo Hernández Zambrano presentó demanda
contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto, para que se inaplicaran los
acuerdos de creación de las medidas de descongestión del Consejo Superior de la
Judicatura, en lo que se refiere a la creación del cargo que se denominó «abogado
asesor, grado 23», en los despachos de descongestión y permanentes del
Tribunal Administrativo de Pasto - Nariño, así como las sucesivas prórrogas. De
igual manera, se inaplicara el acuerdo que creó el mencionado empleo de forma

1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
definitiva en la planta de cargos de dicha corporación. Adicionalmente se declare
la nulidad de la Resolución DESAJPAR17-4776 del 20 de diciembre de 2017, por
medio de la cual se resolvió no acceder a la solicitud del demandante, consistente
en que se pagaran las diferencias salariales entre el empleo de «abogado asesor
grado 23» y el de abogado asesor sin grado; y del acto ficto derivado del silencio
administrativo frente al recurso de apelación interpuesto por el demandante el 28
de diciembre de 2017 contra de la resolución antes referida.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) declarar para todos los efectos, que el demandante ha ejercido el cargo
de abogado asesor, sin grado, desde su posesión; ii) ordenar a la demandada
reconocer y pagar la diferencia salarial y prestacional entre lo que ha percibido en
el cargo de abogado asesor grado 23 y lo que debió haber recibido según el
salario establecido para el cargo de abogado asesor sin grado; iii) ordenar pagar
las sumas adeudadas con respecto de cada uno de los meses en los que ha
ejercido el cargo de abogado asesor en el Tribunal Administrativo de Nariño y
hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al proceso, en caso de que el
demandante aún se encontrara ejerciendo dicho cargo; iv) ordenar al Consejo
Superior de la Judicatura que expida un acuerdo en el que se indique
expresamente que el cargo de abogado asesor, adscrito a la planta de cargos del
Tribunal Administrativo de Nariño, no tiene asignación de grado alguno, con las
implicaciones salariales y prestacionales que ello tiene; v) condenar a la
demandada en costas y agencias en derecho; y vi) dar cumplimiento al fallo.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

Juan Pablo Hernández Zambrano ha ocupado el cargo de «abogado asesor,
grado 23» en los siguientes periodos: i) desde el 3 de febrero de 2015 hasta el 30
de noviembre de 2015; ii) entre el 1 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2016;
iii) del 1 de octubre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017 y, iv) desde el 2 de
octubre de 2017 hasta la fecha de expedición del certificado, esto es, 3 de enero
de 2018, cargo creado por descongestión mediante Acuerdo PSAA12-9212 del 2
de febrero de 2012 que dispuso la creación de un cargo de abogado asesor grado
23 en cada uno de los despachos de magistrado del Tribunal Administrativo de
Nariño. El mencionado empleo, con posterioridad a los actos acusados, se
estableció como permanente por medio del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015.

2

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
El demandante presentó petición el 6 de diciembre de 2017 ante la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto y solicitó: «inaplicar bajo la
excepción de inconstitucionalidad la expresión «grado 23» contenida en los
Acuerdos PSAA12-9219 del 2 de febrero de 2012, así como sus prórrogas y
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 que le otorgan al cargo de abogado
asesor de los despacho del Tribunal Administrativo de Nariño, una remuneración
diferente a los empleados que ocupan el cargo de abogado asesor en tribunales a
nivel nacional.[…]».

A través de la Resolución DESAJPAR17-4776 del 20 de diciembre de 2017, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto – Nariño
resolvió dicha petición, en la cual decidió no acceder a lo solicitado, al sostener
que una vez estudiada de acuerdo con la Constitución Política y Ley 4 de 1992 y
los decretos salariales expedidos anualmente por el gobierno nacional, le pagó el
salario y demás prestaciones de conformidad con la normatividad laboral que
desde la época regía para los cargos de la rama judicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante considera vulneradas las siguientes disposiciones:

Los artículos 1, 2, 4 5, 9, 13, 25, 29, 53, 93 y 209 de la Constitución Política; Ley 4
de 1992; 54 de 1962; 16 de 1972; 270 de 1996; 1496 de 2011; Decreto 1950 de
1973; 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 1257 de 2015; 245
de 2016; 1013 e 2017 y 337 de 2018. En cuanto al concepto de violación, se
expusieron los siguientes argumentos2:

Violación de la Constitución Política

Con la indicación del «grado 23» para el cargo de abogado asesor del Tribunal
Administrativo de Nariño no se les aseguró su derecho a la igualdad dentro del
marco jurídico y económico, pues excedió sus facultades al crear un cargo con un
grado que da lugar a una remuneración distinta en la escala salarial y además por
haber desmejorado la calidad de vida de las personas que lo ostentan, lo que se
reflejó en un trato desigual, en cuanto a la remuneración que debió ser igual, es
decir, sin haberle señalado el grado 23 al cargo de abogado asesor.

Los actos acusados vulneraron el artículo 53 Superior por cuanto el demandante
no puede renunciar a su derecho de ser remunerado de acuerdo con la función

2 Folios 41 al 57.

3

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
que desempeña como abogado asesor, por lo que nos encontramos ante un
derecho de carácter irrenunciable.

Violación de la ley.

Los actos acusados vulneraron lo estipulado en la Ley 4 de 1992, toda vez que no
acataron los objetivos y criterios allí dispuestos que debe observar el gobierno
nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos. Así, la rama judicial, al pagar un salario que no se correspondía con el
cargo ejercido, desnaturalizó los efectos reales para la cual fue creado el aludido
empleo, por tanto, el Conejo Superior de la Judicatura excedió su facultad de
reglamentación y desbordó claros preceptos de índole supranacional.

De igual manera, desconoció el principio de «a igual trabajo, igual remuneración»,
pues al actor no se le ha pagado el salario que legalmente debió percibir. En esa
medida, la entidad demandada en atención a la jerarquía normativa, no podía
anteponer un acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y desconocer lo ordenado en los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013 y así sucesivamente, pues era claro que la asignación mensual del
cargo de abogado asesor no tiene graduación, de manera que, la demandada al
negar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
existentes entre el «grado 23» que se le ha venido pagando al demandante
respecto del cargo de abogado asesor de tribunal judicial, desconoce el contenido
de los aludidos decretos salariales.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes
términos3:

De la revisión de los actos de creación del cargo ocupado por el actor, se tiene
que fue provisto de manera transitoria mediante Acuerdo PSAA15-10288 del 29 de
enero de 2015 como cargo de descongestión y dentro de los cuales, se encuentra
el de abogado asesor grado 23 para el Tribunal Administrativo de Nariño, medida
que fue prorrogada en su vigencia con base en las facultades constitucionales y
legales señaladas en los artículos 63 y 85 de la Ley 270 de 1996, modificada por
la Ley 1285 de 2009, de manera que es claro que el cargo creado correspondió al
de abogado asesor grado 23, sin que al momento de su creación se fijara como un
cargo «nominado», es decir, sin escala de grado, lo cual implicaría que se aplicara

3 A folios 168 al 172 del expediente

4

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de tribunales judiciales
y que no es otra, que la señalada en el artículo 4 del Decreto 1024 de 2013, norma
vigente para las respetivas anualidades involucradas en esta solicitud.

Con base en las facultades otorgadas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha creado cargos de
descongestión, que son de carácter transitorio, determinadas sus funciones y
requisitos para su desempeño, medida adoptada en desarrollo del Plan Nacional
de Descongestión y con el fin de disminuir el grave problema de congestión por la
que atraviesa la administración de justicia.

La única limitante que se ha impuesto para la creación de cargos en
descongestión, es que no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia del 30 de octubre de 2019
accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció en estos
términos4:

El Consejo Superior de la Judicatura, si bien es competente para crear, trasladar o
suprimir despachos judiciales, así como para determinar su estructura y planta de
personal, crear los cargos que la componen y señalar las funciones y requisitos
para su desempeño en aquellos casos que la ley directamente no lo determine,
también lo es que esa misma corporación carece de facultad para regular y/o
modificar las asignaciones salariales de los empleados judiciales cuando el
gobierno nacional lo ha hecho.

Para resolver la inaplicación del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura se tiene que dicho acto es
inconstitucional e ilegal, especialmente en los artículo 84 y 85 en cuanto asignó el
grado 23 al cargo de abogado asesor de tribunal judicial, en la medida en que
trasgredió el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y los
artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 4 de 1992 y los decretos proferidos por el presidente
de la República año a año, a partir del Decreto 57 de 1993.

Entonces, determinada la procedencia de la inaplicación por inconstitucional del
Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, es fácil concluir que los actos administrativos

4 Folios 204 al 217 del expediente.

5

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
demandados que fueron expedidos con sustento en lo dispuesto en él, carecen de
asidero jurídico, en la medida en que el actor tiene derecho a que su remuneración
mensual sea la asignada por el presidente de la República y no la determinada en
torno al grado 23 que de forma irregular fue fijada al cargo de abogado asesor sin
que para ello el Consejo Superior de la Judicatura contara con competencia.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandada interpuso recurso de apelación5 con el fin de que se revocara
la decisión de primera instancia, y para tal efecto argumentó lo siguiente:

Las facultades otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura le brindan
autonomía para tomar decisiones encaminadas al mejoramiento del
funcionamiento de la administración de justicia, como la de creación, modificación
o supresión de cargos, previo seguimiento de las necesidades de la administración
de justicia, en atención a que tiene la potestad reglamentaria en determinadas y
precisas materias y por tanto puede expedir reglamentos tanto organizativos como
generales de tipo ejecutivo, independiente y normativo.

El Consejo Superior de la Judicatura es la autoridad encargada de reglamentar lo
concerniente a la carrera judicial, definir lo relacionado con las funciones y
requisitos de los empleos de la rama judicial y terminar las plantas de personal de
los despachos judiciales a nivel nacional, ello conforme al artículo 257-3 de la
Constitución Política.

Por su parte, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia otorgó en el artículo
63 plenas facultades a la referida corporación para que dentro de la autonomía
administrativa procediera con la implementación del Plan Nacional de
Descongestión, determinar el tipo de cargo que se requería crear de manera
transitoria, el seguimiento de las medidas, el control y revisión de metas. En
consonancia con lo dispuesto en el artículo 85 ibidem y al tener en cuenta las
necesidades de la jurisdicción y especialidad, determinó que el cargo que se debía
crear, inicialmente de manera transitoria para descongestionar los tribunales
administrativos era el de «abogado asesor grado 23» el cual no hace relación al
cargo de abogado asesor nominado de la Ley 4 de 1992, sino que se determinó
un grado especifico cuya remuneración es proporcional a las funciones y
responsabilidades.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

5 A folios 222 al 224 del expediente

6

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:

La parte demandante solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia, en
razón a que se demostró la extralimitación de funciones de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, la que finalmente eliminó el cargo de
abogado asesor de tribunal judicial nominado, cargo creado por el gobierno
nacional, cuya remuneración mensual y asignaciones básicas se encuentran
claramente definidas en los decretos expedidos por él, hecho que vulneró los
derechos del demandante en tanto ha fungido en el cargo de abogado asesor, tal
cual lo verificó el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia de primera
instancia.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Publico no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: en virtud de la facultad otorgada por la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia ¿el Consejo Superior de la
Judicatura podía fijar regímenes salariales y prestacionales distintos de los
establecidos por los decretos anuales del gobierno nacional y en esa medida crear
el cargo de abogado asesor grado 23?

Para resolver el anterior problema, se abordarán los siguientes temas: i) autoridad
competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama
Judicial; ii) competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de
cargos de la Rama Judicial; iii) sobre el principio de igualdad en materia salarial y
prestacional y iv) estudio del caso concreto.

2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico
planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
aplicable al caso concreto.

2.3.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de
los cargos de la Rama Judicial

La Constitución Política previó, en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f),
como atribución del Congreso de la República la de dictar las normas generales y
señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el gobierno
para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos:

7

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:

«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública …»

En desarrollo de dicha potestad, el Congreso expidió la Ley 4 de 19926, en cuyo
artículo 1 señaló que el gobierno nacional con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos de la Rama Judicial:

«ARTÍCULO 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

(…)

b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de
la República…» (aparte subrayado fuera del texto)

A su vez, el parágrafo del artículo 14 de la citada ley dispuso que el gobierno
nacional revisaría el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la
Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación en atención a
criterios como el de equidad. Con base en ello, se expidieron anualmente los
decretos en materia salarial y prestacional de dichos empleados; así, con el
Decreto 57 del 7 de enero de 19937, el presidente de la República en ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Ley 4 de 1992 estableció el régimen salarial de
los servidores públicos de la Rama Judicial. De esta forma, estipuló en su artículo
1 que el régimen salarial y prestacional allí establecido sería de obligatorio
cumplimiento para quienes se vincularan al servicio con posterioridad a su
vigencia y no se tendría en cuenta para la determinación de la remuneración de
otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o
instituciones del sector público.

6 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
7 “Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos

de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».

8

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama
Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de
febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto
57 de 1993; advirtiendo que quienes no lo hicieran continuarían rigiéndose por las
normas vigentes a esa fecha.

A su turno, el artículo 3 señaló:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de
la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
(…)

2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal
Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
(…)
Abogado asesor $1.125.000 …»

El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama
Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviera
señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida:

GRADO REMUNERACION
01 91.377
02 107.068
03 127.989
04 151.764
05 184.415
06 217.067
[…]»
El artículo 11 previó que «[l]a incorporación del personal a los cargos con
diferentes grados establecidos en el artículo 3º se hará con base en los requisitos
y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura».
Posteriormente, se expidieron los decretos 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995,
65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de
2012, 1034 de 2013, 194 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017, 338
de 2018, 997 de 2019, 301 de 2020, 470 de 2022 y 902 de 2023. No obstante,
resulta preciso citar lo establecido en el Decreto 1039 de 2011, el cual se expidió
para el mismo momento en que se implementó el Plan Nacional de
Descongestión, ello en razón a que con base en tal disposición se profirió el
Acuerdo PSAA11-8419 del 1 de agosto del 2011, mediante el cual se creó el
«cargo de abogado asesor grado 23» desde el 2 de agosto de 2011 hasta el 16 de
diciembre del mismo año.

9

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
Este Decreto estableció en su artículo 4 que:

«A partir del 1° de enero de 2011, la remuneración mensual de los empleos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:(…)

2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior
Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:

Abogado Asesor 5.140.170

[…]».

De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual en grados,
para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación
del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores del citado decreto.
Luego, el Decreto 1024 del 2013, estableció en su artículo 4 que la remuneración
mensual del empleo de abogado asesor de los tribunales judiciales, del Tribunal
Superior Militar y de los consejos seccionales de la judicatura, devengaría
$5.582.842 y en su artículo 6 estableció la escala de remuneración mensual en
grados para los empleos de la rama judicial y la Justicia Penal Militar cuya
denominación del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores.

De lo expuesto se establece que la autoridad competente para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el
gobierno nacional, el cual en ejercicio de tal facultad expidió anualmente los
decretos que fijaron el salario para los cargos que con ocasión del nuevo régimen
mantendrían la misma denominación y, de manera subsidiaria, dispuso una escala
de remuneración en grados para aquellos empleos que no se encontraren en la
clasificación allí prevista.

2.3.2 Competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de
cargos de la Rama Judicial

La Constitución Política estableció en el numeral 2 del artículo 257 que el Consejo
Superior de la Judicatura podrá: «[c]rear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, no podrá establecer a
cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales».

En desarrollo del mencionado precepto constitucional, la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, estableció en su artículo 85 las funciones del Consejo
Superior de la Judicatura:

10

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
«ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

[…]

5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz
administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades
de éstos.

[…]

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño
que no hayan sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley
de apropiaciones iniciales».

Ahora bien, en ejercicio de la facultad de crear cargos en las distintas
corporaciones de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, en
aplicación del Plan Nacional de Descongestión Judicial, creó distintos despachos
de descongestión judicial a lo largo del territorio nacional, entre estos, creó 6 en el
Tribunal Administrativo de Nariño a través del Acuerdo PSAA12-9219 del 2 de
febrero de 2012, el cual dispuso:

«ARTÍCULO 1º.- Crear transitoriamente, a partir del 2 de febrero y hasta el 30 de
junio de 2012 en el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, un cargo de
Abogado Asesor Grado 23 en cada uno de los despachos de Magistrado».

Posteriormente, a través del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015
creó en forma permanente para los despachos de magistrados del Tribunal
Administrativo de Nariño, un cargo de abogado asesor grado 23 y un cargo de
profesional universitario grado 16, así:

«ARTÍCULO 88.- Creación de cargos en Tribunales Administrativos. Crear en cada
uno de los despachos de magistrado de los Tribunales Administrativos de los
Distritos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta,
Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los siguientes
cargos: 1. Un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23»

Acorde con lo descrito, se desprende que dicho Consejo tiene la facultad
constitucional y legal para crear los cargos que estime necesarios para la
administración de justicia, siempre y cuando no exceda el monto global fijado para
el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales; no obstante, la

11

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos
de la Rama Judicial, reside en el gobierno nacional, el cual a través de la
expedición de decretos anuales, fija el salario y las prestaciones para los
respectivos empleos.

2.3.3 Principio de igualdad en materia salarial y prestacional

En materia salarial se ha previsto el principio de «a trabajo igual, salario igual», el
cual encuentra su origen en el derecho fundamental a la igualdad establecido en el
artículo 13 de la Carta Política, el que «no plantea una igualdad matemática, sino
una igualdad real, que busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo
unas mismas condiciones, y que justifica un trato diferente sólo cuando se
encuentran bajo distintas condiciones»8.

Del mismo modo fue establecido en otras disposiciones normativas, como en el
artículo 53 constitucional, como principio mínimo fundamental toda vez que «la
remuneración debe ser proporcional a la cantidad y calidad de trabajo», en el
artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo al disponer que «todos los
trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y
garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón
del carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o
sexo salvo las excepciones establecidas por la ley» y en el artículo 143 de la
referida codificación, al disponer que:

«ARTICULO 143. A TRABAJO DE IGUAL VALOR, SALARIO IGUAL.

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia
también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los
elementos a que se refiere el artículo 127.

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género,
sexo nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales.

3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá
injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de
diferenciación».

8 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-018/99 del 21 de enero de 1999.

M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
Teniendo en cuenta el desarrollo normativo, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 25 de agosto de 2022, se pronunció al
respecto9:

«El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional
propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse
ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al
mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son
comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente. Se insiste
entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la
inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique la
diferenciación. Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones
admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios
objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se
muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos
públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden
a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos».

Como consecuencia, en asuntos en los que se afirma una presunta igualdad
basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le corresponden a un empleo
con mejor remuneración y en el cumplimiento exacto de requisitos o perfiles para
desempeñar la misma actividad, tales hechos tendrán que valorarse en conjunto
con todas las condiciones particulares de cada empleo en contraste, en orden a
fijar un criterio de equiparación viable en lo relativo a la nivelación salarial, debido
a que un examen adecuado para hallar un trato discriminatorio únicamente puede
ser predicado entre pares y no entre similares con ciertas diferencias.

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

Mediante constancia del 3 de enero de 2018, el coordinador del área de talento
humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto certificó
que Juan Pablo Hernández Zambrano ocupó el cargo de abogado asesor grado
23 en los siguientes periodos10:

Cargo Estado Despacho Fecha de inicio Fecha de
terminación
Abogado Descongestión Tribunal 3/2/2015 31/10/2015
asesor 23 Administrativo 2
sin secciones

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad:
25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018), del 25 de agosto de 2022
10 Reverso folio 96 del expediente

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Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
Nariño
Abogado Descongestión Tribunal 1/11/2015 30/11/2015
asesor 23 Administrativo 2
sin secciones
Nariño
Abogado Descongestión Tribunal 1/12/2015 31/1/2016
asesor 23 Administrativo 2
sin secciones
Nariño
Abogado Descongestión Tribunal 1/10/2016 30/1/2017
asesor 23 Administrativo 2
sin secciones
Nariño
Abogado Descongestión Tribunal 2/10/2017 A la fecha
asesor 23 Administrativo 2

De las pruebas citadas en precedencia, se desprende que: (i) Juan Pablo
Hernández Zambrano ocupó el cargo de abogado asesor grado 23 de
descongestión en el Tribunal Administrativo de Nariño, de manera interrumpida
entre el 3 de febrero 2015 y el 3 de enero de 2018, devengó para ello el salario
asignado al grado 23; (ii) el demandante presentó petición el 6 de diciembre de
2017 al director ejecutivo seccional de administración judicial de Pasto, mediante
el cual solicitó el pago de las diferencias salariales entre el empleo de «abogado
asesor grado 23» y abogado asesor sin grado; así como la diferencia de las
primas, bonificaciones, cesantías y demás conceptos de orden salarial y
prestacional que se ven afectados; (iii) mediante la Resolución DESAJPAR17-
4776 del 20 de diciembre de 2017, el director ejecutivo de administración judicial
de Pasto negó la petición; (iv) ante lo cual interpuso el 28 de diciembre de 2017
recurso de apelación contra la resolución ante relacionada, en el cual solicitó que
se revocara la decisión y se reconocieran las diferencias salariales y
prestacionales; (v) mediante Resolución DESAJPAR18-5 del 3 de enero de 2018,
el director ejecutivo de administración judicial de Pasto resolvió conceder el
recurso de apelación interpuesto por el actor y ordenó remitir el expediente al
superior para surtir el trámite correspondiente y (vi) se configuró el silencio
administrativo negativo frente a la solicitud del recurso de apelación interpuesto al
no obtener respuesta alguna que desatara el aludido medio de impugnación.

El a quo través de la sentencia recurrida accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura, si bien es
competente para crear, trasladar o suprimir despachos judiciales, así como para
determinar su estructura y planta de personal, crear los cargos que la componen y
señalar las funciones y requisitos para su desempeño en aquellos casos que la ley
directamente no lo determine, también lo es que, esa misma corporación carece
de facultad para regular y/o modificar las asignaciones salariales de los empleados
judiciales cuando es al gobierno nacional al que se le atribuye dicha potestad. Por

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Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
lo tanto, el Consejo Superior de la Judicatura no debió recurrir a la remuneración
residual del «grado 23», toda vez que el cargo de abogado asesor fue nominado
en los términos del ejecutivo, además indicar que el cargo corresponde al grado
23, lo cual incidía en su remuneración, toda vez que dicha denominación se
separa del salario asignado al cargo de abogado asesor de tribunal judicial creado
por los decretos emitidos por el gobierno nacional.

Si bien el Consejo Superior de la Judicatura consideró que en ejercicio de lo
previsto en el artículo 63 de la LEAJ, así como en el Plan de Descongestión
Judicial, se encontraba facultada para crear cargos de descongestión de carácter
transitorio, lo cierto es que tal atribución solo comprendía la de determinar las
funciones y señalar los requisitos para el desempeño de los cargos, más no la de
fijar a cargo del tesoro público obligaciones que excedieran el monto global
determinado para el respectivo servicio, en la ley de apropiaciones iniciales.

Bajo esos supuestos normativos, podía entonces crear cargos en los tribunales
cuando así se requirieran para la rápida y eficaz administración de justicia, y de
conformidad con el artículo 85, numeral 9, de la LEAJ, determinar sus funciones y
señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley,
pero no la de establecer a cargo del tesoro público, se insiste, obligaciones que
excedieran el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales, en la medida en que tales normas no lo facultaban para
fijar o variar el régimen salarial de los empleos, pues tal atribución radica
exclusivamente en el gobierno nacional, al que, por virtud del artículo 150, numeral
19, literal e), de la Constitución, se le autorizó para que fijara el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, siempre y cuando se sujetara a los
objetivos y criterios establecidos por el legislativo en la Ley 4 de 1992.

De tal suerte que el Consejo Superior de la Judicatura al establecer en el Acuerdo
PSAA12-9219 del 2 de febrero de 2012 «el grado 23» para el cargo de abogado
asesor, desconoció lo previsto en el artículo 4 del Decreto 1039 de 2011, en la
medida en que se atribuyó una competencia que ni la Constitución ni la ley le
habían asignado, circunstancia que acarreó una desmejora salarial, pues quienes
desempeñaron dicho cargo percibieron un salario acorde con la escala de
remuneración del «grado 23» y no con la dispuesta por el artículo 4 del citado
decreto.

Adicionalmente, no tenía competencia para asignarle la remuneración fijada en el
artículo 6 Decreto 1039 de 2011, equivalente a $3.845.934, pues esta se previó
para aquellos cargos cuya denominación no estuviera señalada en los artículos
anteriores del mencionado decreto; de suerte que, el cargo de «Abogado Asesor»,

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Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
al estar estatuido de forma taxativa en el numeral 2 del artículo 4 con una
remuneración de $5.140.170, no podía asignársele el «grado 23» modificando de
esta forma su asignación salarial. En conclusión, al crearse el cargo de abogado
asesor grado 23, en virtud del Acuerdo PSAA12-9219 del 2 de febrero de 2012,
como medida de descongestión judicial, desbordó las facultades atribuidas al
Consejo Superior de la Judicatura, pues no solo desconoció la competencia
constitucionalmente atribuida al gobierno nacional en materia de fijación de
salarios de los servidores judiciales, sino que además soslayó lo previsto en el
Decreto 1039 de 2011 en cuanto a la denominación sin grado del cargo de
«Abogado Asesor» y la remuneración asignada por este a tal empleo.

De otra parte, la demandada argumentó que no es posible acceder a la nivelación
salarial, en razón a que, desde el momento mismo de la creación del cargo de
abogado asesor grado 23, se determinó un grado especifico cuya remuneración es
proporcional a sus funciones y responsabilidades, afirmación esta que carece de
respaldo probatorio, en tanto no se aportó al proceso el manual específico de
funciones y de competencias laborales que le permita a esta colegiatura hacer un
análisis y una confrontación de la información sobre la cual edificó las razones de
su disentir contra la sentencia de primera instancia. En esa medida, no resulta
posible establecer que el cargo de «abogado asesor grado 23» creado por el
Consejo Superior de la Judicatura difiera de aquel estipulado en el Decreto 57 de
1993 y del 1039 de 2011 y menos aún, establecer desde la órbita de la
complejidad funcional y responsabilidades la diferenciación entre ambos cargos.

Entonces, el examen normativo nos permite establecer que el Consejo Superior de
la Judicatura desconoció que el cargo de abogado asesor ya se encontraba dentro
del listado de los nominados en los decretos expedidos por el presidente de la
República en ejercicio de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, de
manera que, al crear un cargo similar pero asignándole un grado, esto es, el 23,
conllevó a que el actor recibiera un salario inferior al que realmente le
correspondía, situación que desconoció su derecho salarial y prestacional.

Al establecerse entonces un trato diferente en materia salarial entre los servidores
públicos que laboran en tribunales y que ocupan el cargo de «abogado asesor
grado 23» creado por el Acuerdo PSAA12-9219 del 2 de febrero de 2012 respecto
de aquellos que ocupan el cargo de abogado asesor sin grado, fijados por los
decretos anuales del gobierno nacional, comporta una discriminación injustificada,
por cuanto i) las funciones y responsabilidades que asumen se corresponden
técnica y legalmente con la clasificación jerárquica descrita en el decreto; ii) el
ejercicio del cargo, su naturaleza jurídica y los compromisos oficiales adquiridos
son los mismos; iii) no se exhibe un criterio razonable y objetivo que justifique la
diferencia; iv) no se encuentran sometidos a regímenes jurídicos diferentes, sino

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Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:
que ambos se rigen por la regulación en materia salarial dispuesta por el gobierno
nacional; v) no tienen exigencias de cualificación diferentes; vi) la diferencia
salarial no es en razón a criterios de desempeño y evaluación; vii) no existe
diferencia en la estructura institucional para el cargo que desempeñan; y viii) la
diferencia en la clasificación según el grado, como ya se acotó, carece de
legalidad por falta de competencia.

Por todas las razones esbozadas, es claro que en el presente caso no existen
razones que justifiquen la diferencia salarial; por tanto, el Consejo Superior de la
Judicatura al asignarle el «grado 23» al cargo de abogado asesor, lo realizó con
carencia de competencia y atentó contra el principio de igualdad salarial, pues
como se observa a continuación, tal circunstancia generó una diferencia
injustificada:

Decreto anuales del Salario fijado por el Salario fijado por el artículo Diferencia mensual
Gobierno Nacional artículo 4 para el cargo 6 para los cargos sin
de abogado asesor de denominación de grado 23
Tribunal
Dto. 1039 de 2011 5.140.170 3.845.934 1.294.236
Dto. 874 de 2012 5.397.179 4.038.231 1.358.948
Dto.1024 de 2013 5.582.842 4.177.147 1.405.695
Dto. 194 de 2014 5.746.978 4.299.956 1.447.022

De acuerdo con lo antes expuesto, la Sala considera que la remuneración del
cargo de «abogado asesor» grado 23 de tribunales administrativos se encuentra
dentro del listado de los cargos nominados en los decretos expedidos por el
presidente de la República en ejercicio de las competencias señaladas en la Ley
4ª de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4 de
los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que
resulte aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la
denominación fijada en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993, lo cual
resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el «grado 23» al cargo
denominado «abogado asesor», afectó negativamente la remuneración salarial y
prestacional del mismo.

2.5. Costas.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en atención a que en el
trámite no se observa que se hayan causado, ni que las partes hayan desplegado
un actuar temerario.

3. Conclusión

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Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:

La Sala encuentra que la sentencia recurrida del 30 de octubre de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño que inaplicó el Acuerdo PSAA12-9219 del
2 de febrero de 2012, así como las sucesivas prórrogas y el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015 que adoptó el mencionado empleo de forma permanente en las
plantas de cargos de la entidad y decretó la nulidad de los actos demandados que
negaron la solicitud del demandante referidos al reconocimiento de las diferencias
salariales y como consecuencia de lo anterior, ordenó a la demandada pagar a
Juan Pablo Hernández Zambrano las diferencias salariales y prestacionales
existentes entre el cargo de abogado asesor de tribunal judicial grado 23 y el de
abogado asesor sin grado establecido por los decretos anuales del gobierno
nacional goza de legalidad y sustento jurídico, toda vez que el Consejo Superior
de la Judicatura careció de competencia para fijar o variar el régimen salarial y
prestacional de dicho servidor judicial, lo que afectó negativamente su
remuneración salarial y prestacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda,
en el proceso promovido por Juan Pablo Hernández Zambrano contra la Nación,
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto, por las razones expuestas en la parte motiva de
este proveído.

Segundo. - Sin condena en costas.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)
Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

19

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