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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00342-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00342-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral 7° de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 8 de septiembre de 2021, por medio del cual se condenó en costas a la parte demandada la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP. SEGUNDO: CONFIRMAR los restantes acápites resolutivos de la sentencia de primera instancia, de conformidad con las motivaciones del presente proveído. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta providencia. CUARTO: RECONOCER personería jurídica a la señora Gloria Ximena Arellano Calderón, como vocera judicial de la entidad demandada UGPP de conformidad con lo expuesto en los Índices 12 y 13 de SAMAI. ACEPTAR la revocatoria del poder efectuada respecto de ella por la demandada. QUINTO: RECONOCER personería jurídica al doctor Omar Trujillo Polania como representante legal de la UGPP, de conformidad con lo expuesto en el Índice 15 de SAMAI. SEXTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00342-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

18 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52-001-2333-000-2018-00342-01 (4178 -2022)
Demandante: Jaime Hernando Obando Insuasty
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP

Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio
docente.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 8 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos: Resolución RDP 013041 de 13 de abril de 2018 notificada
mediante aviso el 2 de mayo de 2018 y Resolución RDP 023542 de 21 de junio de
2018 notificada mediante aviso del 9 de julio de 2018, expedidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –
UGPP2, con las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia al
docente Jaime Hernando Obando Insuasty.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se reconozca que todo el tiempo laborado por el
señor Jaime Hernando Obando Insuasty, de manera ininterrumpida y por más de

1 01Expediente 2018-00342.pdf – Pág 3-16 (expediente digital)
2 En adelante UGPP

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20 años como docente, es de carácter territorial – municipal. Igualmente, que se
condene a la UGPP para que, a partir del 1 de diciembre de 2010, reconozca y
pague la pensión gracia al demandante, en un monto equivalente al 75% del
promedio mensual de los salarios y factores salariales devengados entre el 8 de
abril de 2009 y el 8 de abril de 2010.

TERCERO: Que se condene a la UGPP a aplicar los aumentos anuales
automáticos que ordena la Ley 71 de 1988, incluyendo la actualización de los
valores objeto de la condena de acuerdo con la valoración del Índice de Precios
del Consumidor (IPC) y tal como lo determina el artículo 187 del CPACA – Ley
1437 de 2011.

CUARTO: Ordenar a la entidad demandada que dé cumplimiento al fallo de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA – ley
1437 del 2011.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

Se indica en la demanda que el señor Jaime Hernando Obando Insuasty prestó
sus servicios de docente en el municipio de Yacuanquer, a partir del nombramiento
que tuvo con el Decreto No. 044 de 1980. Dicho servicio, afirma que fue de
naturaleza territorial y que se extendió desde el 1 de enero de 1980 hasta el 17 de
noviembre de 1994, esto es, por un total de 5357 días.

Que posteriormente, prestó sus servicios como docente en el municipio de Cúcuta
(sic), con base en el nombramiento originado con el Decreto No. 107 de 1994. El
cual fue de naturaleza territorial y se extendió desde el 18 de noviembre de 1994
hasta la presentación de la demanda, es decir, por 8363 días; dado que a fecha de
la presentación del libelo aún se encontraba laborando.

Que el actor nació el día 8 de abril de 1960, por lo que en el año 2010 adquirió el
estatus pensional, cuando ya superaba ampliamente los 20 años de servicios.

En vista de ello, expresa que el día 28 de diciembre de 2017 radicó ante la UGPP
la petición respectiva a fin de obtener el reconocimiento de la pensión gracia.
Adjuntando los soportes que demuestran el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la mentada prerrogativa pensional, dentro de los que se encuentran
haber cumplido con más de 20 años al servicio del magisterio, tener más de 50
años y no haber sido sujeto de sanción disciplinaria.

No obstante, la UGPP negó la aludida petición mediante la Resolución No. RDP
013041 de 13 de abril de 2018, al desestimar el tiempo de servicio del actor desde
el año de 1994, asegurando que tal vinculación era de carácter nacional.

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Ante tal decisión, fue presentado recurso de apelación el 9 de mayo de 2018; por
lo que nuevamente la UGPP emitió Resolución RDP 023524 de 21 de junio de
2018, a través del cual confirmó la decisión proferida en primera instancia.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 25 y 53 de la
Constitución Política. Artículos 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913. Leyes 116 de 1928,
37 de 1933; artículos 1 y 15 numeral 2, literales A y B de la Ley 91 de 1989; artículo
2, literales a y b del Decreto Reglamentario 1956 de 1991.

En resumen, en el concepto de la violación alega que el acto administrativo atacado
incurrió en la causal de falta de motivación o error en los motivos indicados para
negar la pensión gracia, ya que el docente demandante, contrario a lo indicado por
la entidad, si cumplió con los requisitos exigidos por las normas legales para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia, pues prestó sus servicios de
tiempo completo.

1.4. Contestación de la demanda3

La UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP, por conducto de apoderado
judicial, contestó el libelo inicial, para lo cual indicó su oposición a todas y cada una
de las pretensiones planteadas y, en su lugar, solicitó que la entidad fuera
exonerada de ellas.

Expuso en relación con los hechos y como razones de defensa, que si bien el
demandante prestó sus servicios en el municipio de Yacuanquer – Nariño en el año
1980, no era cierto que prestara posteriormente los mismos en el municipio de
Cúcuta en el año 1994, pues de las pruebas se desprende que laboró como
docente en el departamento de Nariño.

Aceptó que el actor fue vinculado como docente mediante Decreto No de 044 de
1980 y Decreto No. 107 de 18 de noviembre de 1994; igualmente reconoció los
extremos temporales del total de la prestación del servicio del docente. Sin
embargo, disintió del origen de los recursos con los cuales fueron financiados sus
labores, pues indicó que la vinculación del demandante por medio del Decreto No.
107 de 18 de noviembre de 1994 fue de carácter nacional y no municipal como se
indica en la demanda. Por lo que expresó que no cumple con el requisito de haber
prestado 20 años como docente de carácter nacionalizado o territorial.

Sobre la acreditación del requisito de la buena conducta, se dijo que este no se
encuentra claro, pues no se trajo al proceso certificado emitido por la entidad

3 01Expediente 2018-00342.pdf – Pág 159-166 (expediente digital)

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territorial en la que laboró el demandante donde se precise si le fue impuesta
alguna sanción disciplinaria.

1.5. Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia sobre el caso bajo análisis
el 8 de septiembre de 2021, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda (con condenas en costas).

Se declaró la nulidad de los actos acusados y a título de restablecimiento del
derecho, se condenó a la UGPP a reconocer y pagar al señor Jaime Hernando
Obando Insuasty la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de todos los
factores salariales consagrados en la ley, devengados en el año anterior a la fecha
de adquisición del estatus pensional, esto es, desde el 8 de abril de 2009 hasta el
8 de abril de 2010.

Igualmente se declaró la prescripción de las sumas debidas antes del 28 de
diciembre de 2014, por lo que se condenó a la UGPP a realizar el pago de las
sumas pensionales del actor causadas con posterioridad a dicha fecha.

Con relación a las vinculaciones, indicó el a quo que del expediente se advertía
que el demandante, en un primer momento, estuvo vinculado como docente
municipal adscrito al plantel educativo Chapacual de Yacuanquer en el
departamento de Nariño, cargo en el que se posesionó el 1 de enero de 1980 y en
el que permaneció hasta el 24 de agosto de 1987, cuando fue trasladado a la
escuela Vereda Tacuaya a través de Resolución N° 074 del 25 de agosto de 1987,
en la que estuvo hasta el 31 de diciembre de 1987. De esa manera, consideró el
juzgador de instancia que el actor acreditó haber prestado el servicio como docente
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Luego, fue ratificado mediante contrato 00 en la escuela La Guaca el 1 de enero
de 1988 y permaneció en el cargo hasta el 22 de agosto de 1990, cuando fue
trasladado para prestar el servicio de director de la escuela San José de Córdoba
en Yacuanquer a través de Resolución N° 466 del 23 de agosto de 1990 en la que
permaneció hasta el 17 de noviembre de 1994.

De lo expuesto, encontró el a quo que el docente estuvo vinculado mediante
contratos de prestación de servicios a partir del 1 de enero de 1988 hasta el 22 de
agosto de 1990, sin embargo, adujo que este tiempo no podía ser considerado para
efectos del reconocimiento pensional; pues en sede administrativa no se solicitó
que dicho intervalo fuera computado para tal fin.

4 12 sentencia.PDF (expediente digital)

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Sobre la vinculación del actor posterior al año 1994, se estableció que este fungió
como docente en propiedad en la institución San José de Córdoba de Yacuanquer,
mediante Decreto 107 del 18 de noviembre de 1994. Expuso el a quo que dicha
vinculación era de carácter territorial, pues el acto fue firmado únicamente por la
autoridad municipal, sin que se advirtiera la intervención de la nación o alguno de
sus representantes ministeriales. De esa manera, dicho período se tuvo igualmente
como computable para acceder a la pensión gracia.

Con todo, se encontró acreditado en primera instancia el cumplimiento de los
requisitos necesarios por el actor para acceder a la pensión gracia, a saber: contar
con vinculaciones como docente en plazas territoriales antes del 31 de diciembre
de 1980, tener 20 años de servicios, ausencia de antecedentes disciplinarios y
tener 50 años de edad al cumplirlos el 8 de abril de 2010.

1.6. Recurso de apelación5

A manera de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a
través de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria total de la sentencia de primera instancia.

A tal efecto, sustentó que, si en gracia de discusión se aceptan los certificados de
tiempo de servicios, de ellos se tiene que el tiempo laborado por el actor posterior
al 18 de noviembre de 1994 es de carácter nacional, por lo que no puede ser tenido
en cuenta para acceder a la pensión gracia, en virtud de lo establecido en el artículo
15 de la Ley 91 de 1989.

Indicó que el demandante percibió emolumentos y prestaciones financiados con
recursos del presupuesto nacional para el sector educativo a través del sistema
general de participaciones de la nación y/o situado fiscal, por lo que no puede tener
derecho a la pensión gracia según lo previsto en la Ley 114 de 1913, que establece
que es necesario para acceder a la prerrogativa pensional que el docente “no haya
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

Luego entonces, alegó que el actor no cumple con los requisitos para acceder a la
pensión gracia, pues no solamente debía acreditar la condición de docente
territorial o haber prestado su servicio por 20 años, sino que, de igual modo, tenía
que acreditar no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por lo que, al recibir remuneración con recursos de la nación, no puede
ser acreedor de la pensión gracia, pues incurriría en doble remuneración
proveniente de los recursos de la Nación.

5 14 recurso de apelación UGPP.Pdf (expediente digital)

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En cuanto a la condena en costas, de manera subsidiaria solicitó que en el evento
de que fuera confirmada la sentencia de primera instancia, no se condenara en
costas a la UGPP, teniendo en cuenta el criterio vigente en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en tanto únicamente procede este tipo de condena cuando se
ha demostrado una conducta temeraria, abusiva o dilatoria. Situación que se
presenta en el presente caso.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a los argumentos del respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Jaime Hernando
Obando Insuasty, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para dicho reconocimiento.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Pensión gracia

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pron unciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.»
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La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance
indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial,
a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10
de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
[…]

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A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de
1989, además

de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”.
[…].»8

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la
Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los
presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad
de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa
del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto
del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de
manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de

agosto de 1997.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (38052014).

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originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de
forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal10; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la

autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual
se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por

viii) la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago
de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad,
o de las exógenas —situado

ix) fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos
regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones
que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general
de participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento».13

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 52-001-23-33-000-2018-00342-01 (4178-2022)

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y
otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

El demandante, presentó a través de apoderado judicial, reclamación
administrativa el 28 de diciembre de 2017 ante la UGPP11, para hacer efectivo el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Dicha solicitud fue negada por la entidad a través de la Resolución RDP 013041
de 13 de abril de 201812 y como argumento se indicó que los tiempos laborados
por el actor fueron prestados con nombramiento de orden nacional, de modo que
no había lugar al reconocimiento y pago de la pensión solicitada.

Inconforme con dicha respuesta, el señor Obando Insuasty interpuso recurso de
apelación el 9 de mayo de 201813, el cual fue decidido nuevamente de manera
negativa mediante Resolución RDP 023542 de 21 de junio de 201814,
argumentándose la naturaleza nacional del vínculo del docente.

2.5 Caso concreto

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, pasa la Sala a resolver el
problema jurídico planteado, por lo que se procede a verificar si el actor cumple
con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas
complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento
de la acreencia pensional en discusión.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

Revisado el expediente, la Sala encuentra probado que el señor Jaime Hernando
Obando Insuasty nació el 8 de abril de 1960, razón por la cual, el 8 de abril de 2010

11 01Expediente 2018-00342.pdf – Pág 33-36 (expediente digital)
12 01Expediente 2018-00342.pdf – Pág 18-23 (expediente digital)
13 01Expediente 2018-00342.pdf – Pág 49-53 (expediente digital)
14 01Expediente 2018-00342.pdf – Pág 26-31 (expediente digital)

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cumplió 50 años de edad15, aspecto que en todo caso no fue objeto de discusión
en el recurso de alzada.

• Buena conducta

Sobre este punto, se advierte que analizado el material probatorio no se avizora
alguna causal o circunstancia que lleve a concluir mala conducta o sanciones en
contra del demandante, por lo que se tendrá por probado este requisito.

• Vinculación del demandante y tiempo de servicio 1 de enero de 1978 hasta
el 24 de agosto de 1987.

Se advierte la presencia en el expediente del Decreto 044 del 28 de diciembre de
197916, expedido por el municipio de Yacuanquer – Nariño, en el que se expone
que el alcalde, en uso de sus atribuciones legales, nombró al señor Jaime
Hernando Obando Insuasty como maestro municipal de la escuela Arguello Alto.
Dicho nombramiento se muestra resaltado en el aludido decreto de nombramiento
de la siguiente manera:

15 Copia de la cédula de ciudadanía obrante en la pág 37 01Expediente 2018-00342.pdf.
1616 02 CD expediente digital pág. 35

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Obra en las pruebas de igual manera el acta de posesión de 1 de enero de 1980 del
señor Jaime Hernando Obando Insuasty, en donde se lee que tomó posesión del
cargo de profesor municipal, para el cual fue nombrado mediante el Decreto 044 de
197917:

Además de lo anterior, se encuentra en las pruebas del expediente el Formato
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral, expedido por la alcaldía del municipio de
Yacuanquer - Nariño el 7 de diciembre de 201718, en el cual se expone que el
demandante estuvo vinculado a la entidad territorial como docente municipal en los
períodos que comprenden desde el 1 de enero de 1980 hasta el 24 de agosto de 1987.
Lo anterior se evidencia de la siguiente manera:

1702 CD expediente digital pág. 46
18 01Expediente 2018-00342.pdf – Pág 40-41 (expediente digital)

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De las pruebas referenciadas, está acreditado que el señor Jaime Hernando
Obando Insuasty fue nombrado por el alcalde de Yacuanquer Nariño para el cargo
de docente municipal, mediante el Decreto 044 de 1979, del cual tomó posesión el
1 de enero de 1980 y en el que permaneció hasta el 24 de agosto de 1987.

Asimismo, del certificado mencionado se advierte que el actor fue trasladado a la
escuela Vereda Tacuaya-Nariño mediante la Resolución 074 de del 25 de agosto
de 1987, cargo que ejerció desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 1987.

Este último período, que se extiende desde el 25 de agosto hasta el 31 de
diciembre de 1987, se debe contar igualmente como laborado por el actor, pues si
bien no obra constancia del acto administrativo19 por medio del cual se hace el
traslado, es claro que con la certificación emitida por el municipio de Yacuanquer -
Nariño el 7 de diciembre de 2017, quien fungió como entidad nominadora, se
certificó de manera clara el tipo de vinculación y los interregnos en los que el señor
Obando Insuasty prestó sus servicios. Por lo cual, en línea con lo establecido en
la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, dicho
documento goza de total credibilidad probatoria para la demostración de la
prestación del servicio docente territorial.

En ese orden, el tipo de vinculación de los interregnos referidos es de carácter
territorial, pues analizado el acto administrativo de nombramiento - Decreto 044
de 1979-, se colige que este fue emitido por el alcalde municipal de Yacuanquer,
actuando como autoridad municipal con la participación de su secretario, sin que
se advierta adicional a ello, intervención alguna por parte del Ministerio de
Educación Nacional o del representante del Fondo Educativo Regional (FER), que
dé pie a considerar que la plaza ocupada por el demandante fue creada con base
en los preceptos consagrados en la Ley 43 de 1975. Igualmente, tal conclusión se
advierte del certificado de historia laboral emitido por la alcaldía de Yacuanquer,

19 Resolución 074 de del 25 de agosto de 1987

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pues en la fecha 25 de agosto de 1987 el actor fue trasladado de institución
manteniendo el vínculo inicial de 1980.

Lo anterior, guarda coherencia con lo consignado en el artículo 1 de la ley 91 de
1989, en donde se establece que por personal territorial son aquellos «(…)
vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,
condición que fue considerado en tal sentido por esta Corporación en la citada
sentencia de unificación CE-SUJ2- 011-18 del 21 de junio de 2018, donde se
expuso que la plaza territorial de docencia es aquella creada de forma exclusiva
por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se cubran con
cargo a su propio presupuesto.

Con lo dicho, se tiene que el período laborado por el señor Obando Insuasty entre
el 1 de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1987, es decir, por 7 años y 11
meses, fue en calidad de docente territorial, por lo que debe ser incluido a efectos
de acumular el tiempo de servicios para acceder a la pensión gracia.

-Período 1 de enero de 1988 hasta el 22 de agosto de 1990

En el Formato Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, referenciado con
precedencia, se expone como tiempo laborado por el actor mediante contrato de
prestación de servicio20, el comprendido desde el 1 de enero de 1988 hasta el 22
de agosto de 1990 en la escuela La Guaca. Dicho tiempo en primera instancia no
se incluyó dentro del cómputo para acceder a la pensión gracia, porque se
consideró que, si bien era factible su inclusión, en sede administrativa no se impetró
la reclamación sobre tales períodos, por lo que no era posible su inserción en sede
judicial.

No obstante, para la Sala el actor en sede administrativa si realizó la respectiva
reclamación de este período laborado a través de prestación de servicios, toda vez
que en su petición dirigida a la entidad se evidencia que reclamó el reconocimiento
y pago de la pensión gracia con base en dos períodos laborados, siendo el primero
desde el 1 de enero de 1980 hasta el 17 de noviembre de 1994 21, término en el
que evidentemente se incluye aquél, dado que, se reitera, este se extiende desde
el 1 de enero de 1988 hasta el 22 de agosto de 1990.

Empero, siguiendo los principios del debido proceso, congruencia y justicia rogada,
en esta instancia no es posible reconocer tal período laborado en favor del
demandante, pues aquel no manifestó inconformidad ante la no inclusión de este
periodo por parte del a quo. En su lugar, el recurso de alzada se activó con motivo

20 contrato 00
21 01Expediente 2018-00342.pdf – Pág 33-36 (expediente digital)

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a la apelación única presentada por la UGPP como entidad demandada, quien
alegó el no cumplimiento de los requisitos de tiempo de servicio por parte del señor
Obando Insuasty para acceder a la pensión gracia.

De modo que, si bien el tiempo de docente ejecutado mediante contratos de
prestación de servicio ha sido considerado por esta Corporación como válido para
acceder a la pensión gracia, siempre y cuando se cumpla con la condición de ser
al servicio de entidades territoriales o nacionalizadas22, no es del caso que se emita
un pronunciamiento en tal sentido en el sub examine pues se estarían agravando
las condiciones ya definidas en contra de la entidad demandada, con lo que se
vulneraria el principio de la non reformatio in pejus previsto en el artículo 31 de la
Carta Política.

-Período de 23 de agosto de 1990 hasta el 17 de noviembre de 1994.

En el ya citado Formato Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido por
la alcaldía del municipio de Yacuanquer Nariño el 7 de diciembre de 2017 23, se
deja constancia, además del tiempo laborado por el señor Jaime Hernando
Obando Insuasty en calidad de director de la escuela San José de Nariño del
municipio de Yacuanquer, con motivo al traslado que tuvo mediante la Resolución
466 del 23 de agosto de 1990. Dicho cargo fue ejercido por el actor desde la fecha
de expedición de la resolución hasta el 17 noviembre de 1994.

Ahora bien, como primer punto, debe acotarse que el tiempo laborado por el
demandante como director de escuela resulta computable para la adquisición del
estatus de la pensión gracia, comoquiera que el literal a del artículo 32 del Decreto
No. 2277 de 1979 expone que tiene carácter de docente el director de escuela o
concertación escolar.

Siendo ello así, considera la Sala que el tiempo que se expone en la aludida prueba
como laborado por el señor Obando Insuasty en su calidad de director de la escuela
San José de Nariño del municipio de Yacuanquer desde el 23 de agosto de 1990
hasta 17 noviembre de 1994 debe tenerse por acreditado, pues el certificado que
lo sustenta cumple, con las características que determina la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 a efectos de constatar la
prestación del servicio de un docente y la calidad del vínculo, pues, fue expedido
por la autoridad nominadora, es decir, el municipio de Yacuanquer y determina de

22 Ver entre otras sentencias del: 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01

(0823-2017);15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 10 de marzo de
2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
25000234200020150003201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016-
00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).

23 01Expediente 2018-00342.pdf – Pág 40-41 (expediente digital)

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manera inequívoca el tiempo de prestación de sus servicios y el tipo de vinculación
que tuvo el actor, siendo para tal caso de carácter municipal, de manera que los
tiempos consignados en el aludido certificado son computables para efectos de
acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia, los cuales suman 4 años,
2 meses y 25 días.

-Desde el 18 de noviembre de 1994 hasta el 22 de noviembre de 2017.

El expediente da constancia del Decreto No. 107 del 18 de noviembre de 199424,
por medio del cual el alcalde municipal de Yacuanquer, en uso de sus atribuciones
legales conferidas por el decreto extraordinario 2277 de 1979 y el artículo 9 de la
ley 1989 nombra al señor Jaime Hernando Obando Insuasty para desempeñar el
cargo de docente vinculado a la escuela San José que funciona en dicho municipio.
De tal acto administrativo se da constancia de la siguiente forma:

De igual modo, se advierte en el expediente Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral, expedido por la secretaría departamental del Nariño
el 27 de noviembre de 2017, en el que se deja constancia que el actor fue

24 02 CD expediente digital pág. 38-40.

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nombrado en propiedad como docente de la escuela San José de Córdoba del
municipio de Yacuanquer mediante el Decreto 107 de 18 de noviembre de 1994 y
fue trasladado a la Institución Educativa Chapacual del mismo municipio mediante
Decreto 0933 de 15 de septiembre de 2003. Del aludido certificado se observa lo
siguiente:

Con base en los documentos expuestos, se evidencia que el señor Obando
Insuasty fue nombrado por la alcaldía municipal de Yacuanquer como docente
grado 4 en el escalafón nacional el 18 de noviembre de 1994, para desempeñar el
servicio en la escuela San José. Dicho cargo fue desarrollado en la aludida
institución educativa hasta la expedición del Decreto 0933 de 15 de septiembre de
2003, por medio del cual fue trasladado a la institución Educativa Chapacual en el
aludido municipio de Yacuanquer. Además, se dejó constancia en el certificado
expuesto que el actor, a fecha de la expedición de tal documento, es decir, el 27
de noviembre de 2017, se encontraba activo en la prestación de su servicio.

Ahora, sobre el tipo de vínculo, debe decirse que en primera instancia se consideró
la existencia de una vinculación de tipo territorial, pues no existía intervención de
autoridades nacionales en el Decreto 107 de 18 de noviembre de 1994 que
permitieran concluir la existencia de una relación legal de otra naturaleza.

Sin embargo, en criterio de la Sala si bien no se avizora en el precitado Decreto
107 de 18 de noviembre de 1994 firma de algún delegado ministerial o
representante del FER, lo cierto es que en la parte motiva del decreto se expone
con claridad que el representante del Ministerio de Educación Nacional ante la
entidad territorial FER Nariño, mediante Certificado No. 05 hizo constar la
existencia de disponibilidad presupuestal para la vinculación de los docentes
nombrados entre los cuales se halla el demandante.

Por tanto, aunque no se advierta la firma del representante del FER o del delegado
del Ministerio de Educación Nacional, es claro que los nombramientos realizados
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en el Decreto 107 de 18 de noviembre de 1994 son del tipo nacionalizado, pues
fueron con recursos del FER con los cuales se garantizó el funcionamiento y pago
de los salarios de los docentes vinculados. Por lo que, se debe concluir que sí
existió la participación del delegado regional del Ministerio de Educación Nacional
en la expedición del decreto en comento.

Por lo expuesto, no le asiste razón a la entidad apelante al considerar los tiempos
laborados por el actor como de carácter nacional. Siendo que, en su lugar, el
nombramiento del actor en este periodo se adecua a lo preceptuado en el artículo
1 de la Ley 91 de 1989, que establece que son nacionalizados aquellos «docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975».

Asimismo, no comparte la Sala la afirmación del recurrente cuando expone que los
recursos con los cuales se cancelaron las acreencias laborales del actor como
docente son de origen nacional, pues, afirma, que las entidades territoriales
obtuvieron tales rubros del sistema general de participaciones (SGP). De manera
que la pensión gracia no se puede reconocer pues estaría aquel recibiendo una
doble recompensa de carácter nacional, contrariando lo consignado en la Ley 114
de 1913; pues a la luz de lo decantado por la jurisprudencia de esta Corporación25,
los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación proveniente del sistema general de participaciones (otrora
situado fiscal), por asignación directa del artículo 356 de la Constitución Política.
Constituyéndose de tal modo como rentas propias de naturaleza exógenas, que
entran en su haber de financiamiento para gestionar los gastos relacionados, en el
caso concreto, a las materias educativas.

Sin embargo, vale aclarar que, en todo caso, la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018, dejó por sentado que lo esencialmente relevante
para el reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza de
docente de carácter territorial o nacionalizado -como es el caso-, por 20 años y con
períodos acreditados antes del 31 de diciembre de 1980, junto con los demás
requisitos que ha consagrado la legislación vigente. Exceptuando con ello el origen
o proveniencia en la nación de los recursos con los que se financia la labor de los
docentes.

Por otra parte, se advierte que el acto del nombramiento del actor -Decreto 107 de
18 de noviembre de 1994- fue proferido por el municipio de Yacuanquer, con
fundamento en los fondos educativos regionales que atendían los gastos de los
docentes nacionalizados; sin embargo, se evidencia que como autoridad
nominadora del actor en el Formato Único para la Expedición de Certificado de

25 Sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018

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Historia Laboral de 27 de noviembre de 2017 se expone a la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño.

Para la Sala, dicha circunstancia, lejos de ser una contradicción, se debe al proceso
de descentralización de la educación que trajo consigo los artículos 56 y 357 de la
Constitución Política y la Ley 60 de 1993, normativa última que dispuso la
incorporación de los docentes nacionales y nacionalizados a las entidades
territoriales, y en donde se indicó como límite a los municipios para tener el control
autónomo del sistema educativo un número superior a 100 mil habitantes26. Luego
entonces, se infiere que al no superar el municipio de Yacuanquer el número
mínimo de habitantes exigido por la normativa en cita27, las funciones de
administración y distribución de recursos en materia educativa provenientes del
Sistema General de Participación recayeron en el departamento de Nariño como
autoridad nominadora en cumplimiento de lo expuesto en la Ley 715 de 200128.

Dicha situación, en todo caso, no afectó la vinculación, la continuidad en la
prestación del servicio y, para efectos concretos, la acumulación del cómputo de
tiempo laborado por el actor para acceder a la pensión gracia, pues su acto de
nombramiento fue el mismo y continuó vigente.

En consecuencia, se tiene que el período desempeñado por el señor Jaime
Hernando Obando Insuasty entre el 18 de noviembre de 1994 y el 27 de noviembre
de 201729, es decir, por 23 años y 9 días, resulta ser de carácter nacionalizado,
razón por lo cual debe ser incluido para efectos de acumular el tiempo de servicio
a fin de satisfacer el requisito de 20 años de servicios.

Con todo lo dicho, se concluye, contrario a lo expuesto por la parte apelante, que
existen en el expediente suficientes elementos de convicción que demuestran que
el actor acreditó los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia; pues
prestó su servicio con buena conducta; ostentó la calidad de docente nacionalizado
y/o territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, en los siguientes
períodos: i) desde el 1 de enero de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1987, es
decir, por 9 años; ii) desde el 23 de agosto de 1990 hasta el 17 noviembre de 1994,

26 Ley 60 de 1993 artículo 16, numeral 7, literal b: «A solicitud de los concejos de los municipios

que tengan población igual o superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con
la aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar a estos
municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la asunción de las obligaciones
correspondientes en las mismas condiciones de los distritos.»; y ley 710 artículo 20: Son entidades
territoriales certificadas en virtud de la presente ley, los departamentos y los distritos. La Nación
certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año 2002. Para
efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo.
27 10,579 habitantes para el 2018 según da constancia censo del “DANE PROYECCIONES DE

POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 – 2035”.
28 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
29 Fecha de expedición Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral,

expedido por la secretaria departamental del Nariño.
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es decir, 4 años, 2 meses y 25 días, así como ostentar una vinculación de tipo
nacionalizado desde el 18 de noviembre de 1994 hasta el 27 de noviembre de
2017, es decir, por 23 años y 9 días. Por lo que es claro que cumple igualmente
con el requisito de los 20 años al servicio de docente nacionalizado y/o territorial -
concretamente 36 años, 3 meses y 4 días-, que exigen la legislación de la materia
para ser acreedor de la pensión gracia, por haber adquirido el status pensional el
8 de abril de 2010, cuando cumplió los 50 años de edad.

Por lo anterior, como quiera que los puntos objeto de reparo planteados por la
entidad demandada en el recurso de apelación, se encuentran desestimados, se
procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto al punto del
reconocimiento y pago de la pensión gracia por la acreditación del demandante de
los requisitos exigidos por la ley, de conformidad con lo expuesto en líneas
anteriores.

2.6. De la condena en costas de primera instancia

Finalmente, la parte demandada elevó su inconformidad también frente a la
condena en costas, para lo cual este último sostuvo que las actuaciones de la
entidad pública no han sido temerarias y se realizó un adecuado ejercicio de
defensa, en el que se han fundamentado razonablemente los escritos interpuestos.

Al respecto, es importante señalar que esta Sección había sostenido la tesis de
que el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos necesarios
o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los denominados gastos o
expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y
otros, como son los indispensables para traslado de testigos y la práctica de la
prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, entre otros.

Tras la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 no implicaba la condena de manera «automática» u «objetiva», para
quien resultara vencido en el litigio. En consideración a que debían observarse una
serie de factores tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en
el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, aspectos que el
juez debía ponderar para sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis
mínimo en el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla
o no.

Luego esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió aquella
posición y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era necesario
evaluar la conducta de las partes -temeridad o mala fe-, sino los aspectos previstos

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en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo
365.

No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente fue modificado
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar que «En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de analizar
si la contestación de la demanda y el recurso de apelación de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social-UGPP se presentaron con carencia manifiesta de fundamento
legal.

Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo no efectuó
dicho estudio y, además, verificados los referidos documentos presentados por el
recurrente, no puede considerarse que estos se presentaron sin sustento legal.

En ese orden, esta Sala considera que deberá revocar la condena impuesta en
contra de la UGPP pues la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo no tuvo
en cuenta la modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, tal como se expuso.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que el docente
Jaime Hernando Obando Insuasty cumplió con todos los requisitos establecidos en
las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación para
ser beneficiario de una pensión gracia, es decir, no existen reproches sobre la
buena conducta en el desempeño de la labor, cumplió 50 años de edad el 8 de
abril de 2010 y laboró en la educación oficial con naturaleza territorial y luego
nacionalizado por más de 20 años, y acreditó su vinculación como docente
territorial antes del 31 de diciembre de 1980, tal y como lo determinó la sentencia
objeto de apelación; motivo por el cual se confirmará la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las
pretensiones de la demanda.

2.7. Condena en costas

Finalmente, la parte demandada eleva su inconformidad también frente a la
condena en costas, solicitando su revocatoria teniendo en cuenta el criterio vigente
de esta Corporación.

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Al respecto, es importante señalar que esta Sección había sostenido la tesis de
que el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos necesarios
o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los denominados gastos o
expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y
otros, como son los indispensables para traslado de testigos y la práctica de la
prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

Tras la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», para quien resultara vencido en el litigio. Ello, en
consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en
el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no.

Sin embargo, esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió aquella
posición y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era necesario
evaluar la conducta de las partes –temeridad o mala fe–, sino los aspectos
previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a
su artículo 365.

No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente fue modificado
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar que «En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de analizar
si la oposición presentada por la UGPP puede considerarse que se presentó con
carencia manifiesta de fundamento legal.

Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo no efectuó
dicho estudio, además, verificada la contestación de la demandada presentada por
la entidad demandada, no puede considerarse que la misma se presentó sin
sustento legal; razón por la cual, la Sala considera que deberá revocarse el numeral
7° de la sentencia apelada.

Además, es de advertirse que, una vez revisado el recurso de apelación instaurado,
tampoco se observa mala conducta por parte de la entidad o ausencia de
fundamentación jurídica del caso, más bien, se exponen razones en defensa de
sus intereses y, por ende, no existen motivos suficientes para condenar en costas
en esta instancia.

Por último, se reconocerá personería jurídica a la señora Gloria Ximena Arellano
Calderón, como vocera judicial de la entidad demandada UGPP de conformidad
con lo expuesto en el Índices 12 y 13 de SAMAI. Asimismo, se aceptará la
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revocatoria del poder efectuada por la demandada. Y se reconocerá personería
jurídica a abogado Omar Trujillo Polania como representante legal de la UGPP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral 7° de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño el 8 de septiembre de 2021, por medio del
cual se condenó en costas a la parte demandada la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

SEGUNDO: CONFIRMAR los restantes acápites resolutivos de la sentencia de
primera instancia, de conformidad con las motivaciones del presente proveído.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
esta providencia.

CUARTO: RECONOCER personería jurídica a la señora Gloria Ximena Arellano
Calderón, como vocera judicial de la entidad demandada UGPP de conformidad
con lo expuesto en los Índices 12 y 13 de SAMAI. ACEPTAR la revocatoria del
poder efectuada respecto de ella por la demandada.

QUINTO: RECONOCER personería jurídica al doctor Omar Trujillo Polania como
representante legal de la UGPP, de conformidad con lo expuesto en el Índice 15
de SAMAI.

SEXTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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