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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00388-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00388-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar probada parcialmente la excepción de cobro de lo no debido propuesta por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 24 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: «Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor del señor CRHISTIAN DAVID OBANDO GUERRERO, la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a razón de un día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de febrero de 2015 hasta el 10 de mayo de 2017, correspondiente a la suma de 55.694.448 COP, de conformidad con las razones expuestas en precedencia». SEGUNDO. Confirmar en los demás ordinales la sentencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 52001-23-33-000-2018-00388-01 Demandante: Christian David Obando Guerrero CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00388-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2025

Radicado: 52001-23-33-000-2018-00388-01
Demandante: Christian David Obando Guerrero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00388-01 (2421-2020)
Demandante: Christian David Obando Guerrero
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Temas: Sanción moratoria por consignación tardía de cesantías anuales-
Modifica sentencia de primera instancia. Liquida en concreto

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 24 de julio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

2. El señor Christian Obando Guerrero por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare
la nulidad de la Resolución 2254 del 12 de mayo de 2017, acto administrativo por
medio del cual no se accedió a una petición y la Resolución DESAJPAR 17-3389 del
15 de agosto de 2017 que resolvió desfavorablemente un recurso de reposición.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
correspondiente a un (1) día de salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero
de 2015 hasta el 11 de mayo de 2017, ii) la actualización de los valores de la condena
conforme al artículo 187 del CPACA y iii) la indexación de la suma a reconocer.

1.2 Hechos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

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Radicado: 52001-23-33-000-2018-00388-01
Demandante: Christian David Obando Guerrero

5. El señor Obando Guerrero se vinculó laboralmente con la Rama Judicial en el
cargo de oficial mayor del Juzgado Segundo Penal de Mocoa desde el 17 de enero de
2014 hasta el 12 de marzo de 2017. Posteriormente siguió prestando sus servicios en
otros cargos y despachos judiciales.

6. El director seccional de la Administración Judicial de Pasto - Mocoa, mediante
la Resolución 739 del 19 de diciembre de 2015 procedió a liquidar el auxilio de
cesantías y sus intereses por el periodo comprendido entre el 17 de enero y el 31 de
diciembre de 2014, arrojando un valor de 2.574.033 COP.

7. La anterior suma debía ser consignada en el fondo de cesantías antes del 15
de febrero de 2015.

8. Debido a la falta de consignación, el demandante solicitó el reconocimiento y
pago de los dineros reconocidos en el acto administrativo del 19 de diciembre de 2015,
pero obtuvo respuesta negativa a través de la Resolución 2254 del 12 de mayo de
2017.

9. En contra de la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto por medio de la Resolución DESAJPAR 17-3389 del 15 de agosto, donde se
indicó que los pagos reclamados habían sido cancelados el 11 de mayo de 2017. No
obstante, no se reconoció el valor correspondiente a la sanción moratoria consagrada
en la Ley 50 de 1990.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

10. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 5, 13, 29 y 48
de la Constitución Política, Ley 50 de 1990, Ley 1437 de 2011, Decreto 3118 de 1969,
Decreto 1252 de 2000, Ley 640 de 2001 y demás normas concordantes y
complementarias.

11. En síntesis, en el concepto de violación expuso que el Decreto 1252 del 2000,
claramente dispuso que los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los
miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de su
vigencia, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las
Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998.

12. Teniendo en cuenta que se cumplen los supuestos fácticos de la Ley 50 de
1990, esto es que se había liquidado el auxilio de cesantías, que el señor Obando
Guerrero está afiliado a un fondo privado y que no se consignó el auxilio de cesantías
dentro de la oportunidad para ello, resulta procedente la declaratoria de nulidad de los
actos demandados y el pago de la sanción moratoria.

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Demandante: Christian David Obando Guerrero

1.4 Contestación de la demanda

13. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1 se pronunció sobre los hechos y se opuso a la prosperidad de todas y cada
una de las pretensiones de la demanda, por no existir fundamentos de hecho y de
derecho que las sustenten.

14. Adujo que, con relación a la sanción moratoria por no consignación de cesantías
correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2015 y el 11 de
mayo de 20172 se requiere revisar detenidamente el marco legal que regula la materia.

15. Ante la solicitud realizada, el área de talento humano revisó la liquidación del
auxilio de cesantías definitivas del peticionario, que laboró entre el 17 de enero y el 31
de diciembre de 2014 en el cargo de oficial mayor del Juzgado Segundo Penal de
Mocoa, constatando que el día 26 de enero de 2015 a las 6:42 se envió mensaje al
correo vsanchezq@deaj.ramajudicial.gov.co, con el reporte de cesantías de fin de año
en el que se encontraba relacionado el funcionario Christian Obando Guerrero. De
igual forma, se expidió la Resolución 739 del 19 de diciembre de 2015 por medio de la
cual se liquidó un auxilio de cesantías parcial al demandante3.

16. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto atendió
cumplidamente la solicitud del actor y, si en gracia de discusión, la entidad hubiera
incurrido en mora, es pertinente aclarar que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y sus seccionales, no tienen la facultad de indexar los sueldos o pagar
sanciones, sin mediar decisión judicial o de otra autoridad competente que así lo
disponga.

17. No es dable la reclamación efectuada a título de restablecimiento del derecho,
porque con las decisiones administrativas acusadas no se ha incurrido en ilegalidad,
ni causado perjuicios al servidor.

18. En consecuencia, no es jurídicamente válido el cuestionamiento de legalidad
que la parte actora realiza sobre los actos demandados, razón por la que se deben
desestimar las pretensiones de la demanda y declarar probadas las excepciones que
a continuación se formulan:

19. Propuso las excepciones de: “falta de objeto para demandar”, “cobro de lo no
debido”, “buena fe” y la “innominada o genérica”.

1.5 Sentencia de primera instancia

1 Folios 36 a 51 del expediente físico.
2 Fechas utilizadas por la demandada.
3 Frase utilizada en la contestación.

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Demandante: Christian David Obando Guerrero

20. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 24 de julio de 20194
accedió a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su decisión, indicó lo
siguiente:

21. Conforme al certificado emitido por Porvenir S.A., la consignación del auxilio de
cesantías correspondiente al periodo del 17 de enero al 31 de diciembre de 2014 se
efectuó el 11 de mayo de 2017, hecho sobre el cual no existe discusión.

22. Si bien a juicio de la demandada el referido documento no tiene la virtualidad de
probar si la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial canceló o no de manera
oportuna el monto que debía al demandante por dicho concepto, lo cierto es que
tampoco existe prueba que desvirtúe el contenido de la citada constancia, pues no
basta con la mera afirmación, sino que la entidad demandada debió demostrar que lo
dicho por el actor es contrario a la realidad.

23. Solo mediante el acto administrativo del 19 de diciembre de 2015 se
reconocieron las cesantías del servidor, cuando dicha actuación debió surtirse con
anterioridad al 15 de febrero de ese año.

24. Teniendo en cuenta que la entidad demandada no consignó el auxilio de
cesantías correspondientes a la anualidad de 2014 dentro de los plazos legales, se
causó la sanción moratoria desde el 15 de febrero de 2015 hasta el 11 de mayo de
2017, sin que opere el fenómeno jurídico de la prescripción por cuanto la petición se
presentó el 20 de abril de 2017, es decir dentro de los 3 años siguientes a la exigibilidad
de la penalidad que se reclama.

25. Frente al punto de la indexación de la suma, afirmó que no es procedente
ordenar que la condena sea actualizada5 en los términos del artículo 187 del CPACA,
toda vez que dicho ajuste es incompatible con el reconocimiento de la sanción
moratoria porque conllevaría la aplicación de una doble penalidad de carácter
económica, de acuerdo con lo considerado en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
012-2018 del 18 de julio de 2018.

26. Por último, condenó en costas a la parte vencida en cumplimiento de lo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365 del
CGP.

1.6 Recurso de apelación.

27. El apoderado de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial6, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de

4 Páginas 34 a 44 del PDF 20 del expediente digital.
5 Argumento del tribunal.
6 Folios 100 a 105 del expediente físico.

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primera instancia, solicitó sea revocada, y en su lugar, se declaren probadas las
excepciones propuestas o aquellas que se encuentren acreditadas de oficio y se
absuelva a su representada de los cargos formulados7.

28. El a quo desestimó los argumentos relativos a la buena fe con la que actuó la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al momento de efectuar la liquidación y
consignación de las cesantías correspondientes al trabajador, al dar valor probatorio,
a una copia simple de una certificación expedida por el fondo de cesantías Porvenir,
sin detenerse en el análisis de otros factores de índole subjetivos, que fueron
expuestos en la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión.

29. El demandante pretende el pago de la sanción moratoria, por lo que le compete
a la parte interesada probar o demostrar la mala fe en la actuación de la administración
al momento de no consignar o pagar la prestación social, pues dicha penalidad no se
puede aplicar de manera automática, sino que su causación está supeditada al
examen de elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta
del empleador.

30. La buena fe de la entidad se prueba por el hecho reiterado que ante la solicitud
realizada por la parte demandante, el área de talento humano revisó la liquidación del
auxilio de cesantías definitivas del peticionario, constatando que el día 26 de enero de
2015 a las 6:42 pm se envió al correo vsancheq@deaj.ramajudicial.gov.co, el reporte
de cesantías de fin de año correspondiente al año 2014 y al correo del señor Juan
Carlos López enlace con el fondo Porvenir, en el que se encontraba relacionado el
señor Obando Guerrero.

31. Lo anterior se sustenta en que las seccionales, hasta finales del año 2017,
únicamente estaban facultadas por directriz de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a realizar las liquidaciones correspondientes a cesantías
anualizadas y mediante archivo plano remitir los datos al nivel central, quienes se
encargaban del traslado de los dineros al fondo de cesantías de cada empleado.

32. En ese sentido y, comoquiera que la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto, atendió el señalamiento legal enunciado, no es jurídicamente válido
el cuestionamiento de la legalidad que la parte actora realiza sobre los actos
demandados.

33. Finalmente, al encontrar acreditado que efectivamente la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial liquidó las cesantías del periodo 2014 del
demandante y remitió el archivo que contenía dicha liquidación al jefe de prestaciones
sociales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es claro que nunca fue

7 Dicho así en el recurso.

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el querer de la seccional no pagar esta prestación cuando la misma ya se había
liquidado.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia

34. Por medio del auto del 13 de enero de 20238 se admitió el recurso de apelación
y a través de providencia del 13 de febrero de 20249 se corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión

35. Dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la parte demandante reiteró los
argumentos expuestos en la demanda10.

36. Por su parte, la DEAJ y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

37. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver las apelaciones, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

38. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo11.

39. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

2.2 Problema jurídico

40. Le corresponde a la Subsección determinar si procede el reconocimiento de la
sanción moratoria, contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 producto de la
consignación tardía de las cesantías correspondientes a la anualidad 2014.

8 Actuación visible en el índice 23 de la plataforma SAMAI.
9 Actuación visible en el índice 30 de la plataforma SAMAI.
10 PDF 38 del expediente digital.
11«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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41. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará
los siguientes temas: 2.2. Cesantías, 2.3. Régimen anualizado de cesantías. 2.4
Régimen aplicable a los servidores de la Rama Judicial, 2.5. Caso concreto.

2.3 Cesantías

42. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una
ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo
que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo
que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.» 12

43. La Corte Constitucional ha resaltado con relación a la cesantía, que dentro de
los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago de las
acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la dignidad humana
y la manutención familiar en el marco de las relaciones laborales, y dentro de esas
prestaciones se encuentra el auxilio de cesantía13.

44. Respecto de esta prestación, la misma Corporación ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.

45. La Ley 6 de 194514 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo
por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17,
literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente15.

46. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder
público, concretamente en su artículo 6 consagró que para liquidar las cesantías se
tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones
en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los
últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

2.4 Régimen anualizado de cesantías

47. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 16, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden
12 SU 448 de 2016, SU 098-18.
13 Sentencia C-486 de 2016
14 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
15 La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, consagró tal derecho a favor de todos los servidores públicos.
16 Artículo 1° del mencionado Decreto.

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nacional, estableciendo en el artículo 27, la novedad de un régimen anualizado, en los
siguientes términos:

«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, liquidarán
las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»

48. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el artículo
49, que regula lo siguiente:

«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos y las
empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el Fondo
Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se causen en
favor de sus empleados y trabajadores.

Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente manera:

a) Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y

b) Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán derecho
a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la liquidación.»

49. Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la causación
de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.

50. Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 199617, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

17 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

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a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»

51. Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley 50
de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió incluso a
los servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199818.

52. La Ley 50 de 199019, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un
día de salario por cada retardo.

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma
naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

18 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial

y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
19 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

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6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se
autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el Gobierno
Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en
todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el
financiamiento de actividades productivas.

7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán
regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de
cesantía.

Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el
Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las
instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las
funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.» (Negrilla y
Subrayado fuera de texto original).

53. Norma que dispuso, en su numeral 3 una sanción en caso de mora en la
consignación del valor liquidado en la cuenta individual, liquidación que conforme al
numeral 1°, se debe realizar cada 31 de diciembre de la respectiva anualidad laborada
o la fracción correspondiente.

54. De la lectura del artículo en comento, no se observa que la sanción moratoria
tenga como supuesto de causación el elemento subjetivo de la buena o mala fe del
empleador estatal. Ello por cuanto la sanción se origina por el incumplimiento del plazo
previsto en la normatividad, postura que ha sido reiterada por esta Corporación20.

2.5 Régimen aplicable a los servidores de la Rama Judicial

55. A efectos de precisar el régimen de cesantías aplicable a los servidores de la
Rama Judicial, conviene recordar lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil
de esta Corporación21 al respecto:

«...esta Sala ha precisado (Concepto 1777 de 2006) que en materia de cesantías ha
existido un “régimen retroactivo de cesantías, que consiste en que esta prestación se
liquida con base en el último salario devengado, a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicios, …” Dicho régimen fue modificado para la rama ejecutiva del poder
público del orden nacional por virtud del Decreto 3118 de 1968, que dispuso la

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: William Hernández Gómez, sentencia de 11 de mayo

de 2017, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P: Sandra Lisset Ibarra, sentencia de 7 de marzo
de 2019, entre otras.
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. c p: Juan Pablo Cárdenas Mejía de 16 de agosto de 2018

radicación: 11001-03-06-000-2018-00075-00(2375)

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liquidación anual de la prestación y reconoció intereses a la misma, y para los
servidores de la rama judicial por la Ley 33 de 1985, la cual dispuso para los que se
vincularán a partir del 1º de enero de 1985 un régimen de liquidación anual definitiva
con intereses.

56. En esta materia el artículo 7º de la Ley 33 de 1985 dispuso:

«Artículo 7o. Las entidades que en la actualidad pagan cesantías a través de la Caja
Nacional de Previsión asumirán directamente el pago de dicha prestación a partir del
1o de enero de 1985. Sin embargo, la Caja pagará cesantías a los empleados oficiales
de dichas entidades hasta concurrencia del valor de transferencias que éstas hubieren
efectuado “Quienes a partir del 1o de enero de 1985, ingresen a la Rama Jurisdiccional,
el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y las Notarías, se regirán por las normas del Decreto Extraordinario
3118 de 1968 y las que lo adicionen y reglamenten en lo relacionado con la liquidación
y el pago de sus cesantías».

57. Así, a partir del 1º de enero de 1985, las personas que ingresen a la Rama
Jurisdiccional se rigen, en materia de cesantías, por las normas del Decreto
Extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo adicionen y reglamenten.
Posteriormente, el Decreto 57 de 1993, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio
de sus funciones legales y en desarrollo de las conferidas por el Artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, estableció una serie de normas sobre el régimen salarial y prestacional
para los servidores públicos de la Rama Judicial, y en su artículo 10 dispuso:

«Artículo 10. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial podrán
ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por
el Fondo Público que el Consejo Superior de la Judicatura señale. El Consejo Superior de
la Judicatura establecerá las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que
los recursos serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondos».

58. El artículo 12 del mismo Decreto consagró:

«Artículo 12. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal
Militar que tomen la opción establecida en este Decreto o se vinculen por primera vez,
no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, de capacitación y
cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad y las
demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las
cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes. “Las cesantías se regirán
por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118 de 1968 y las normas
que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá
por lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 33 de 1985” (se subraya).

De esta manera, de conformidad con este Decreto, las cesantías de los servidores
públicos de la rama judicial se sujetan al Decreto 3118 de 1968, que establece el pago
anual y definitivo, y a las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, pero para
su pago se aplica el artículo 7º de la Ley 33 de 1985».

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59. A su vez, la Ley 344 de 1996 dispuso:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91
de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a
los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: “a) El
31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral; “b) Les serán aplicables las
demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad
al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente
artículo».

60. Desde esta perspectiva, la Sala considera que el artículo 13 de la Ley 344 de
1996, posterior al Decreto 57 de 1993, complementa el régimen dispuesto por el
Decreto 3118 de 1968 y tiene un alcance general, ya que incluyó a todas “las personas
que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado”, y sólo exceptuó “al personal
uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, por lo que claramente
complementa el Decreto 3118 de 1968.

61. Por consiguiente, a juicio de la Sala dicha norma también es aplicable a la Rama
Judicial.

2.6 Caso Concreto

62. La Sala encuentra acreditado que el señor Christian David Obando Guerrero
labora en la rama judicial desde el 17 de enero de 2014. Vinculación que se mantenía
vigente al año 2016, de conformidad con el certificado laboral suscrito por la
coordinadora de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Pasto, y las liquidaciones anuales de cesantías allegadas al proceso22.

63. Mediante la Resolución 739 del 19 de diciembre de 201523, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial liquidó el auxilio de cesantías del señor Christian
David Obando Guerrero, por el periodo comprendido entre el 17 de enero y el 31 de
diciembre de 2014, arrojando un valor de 2.574.033 COP; con fundamento en el
Decreto 3118 del 26 de diciembre de 1968.

64. Ante la no consignación del valor de las cesantías dentro de la oportunidad para
ello, el actor el día 20 de abril de 201724 solicitó ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Seccional Pasto, que le fuera consignada la prestación, la
totalidad de los intereses y la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990,
derivada de las cesantías causadas en el año 2014.

22 Páginas 33 y 34, 18 a 21 del PDF 22 del expediente digital.
23 Páginas 16 y 17 del PDF 22 del expediente digital.
24 Páginas 12 a 15 del PDF 22 del expediente digital.

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65. En respuesta a la petición, la DEAJ – Seccional Pasto por medio de la
Resolución 2254 del 12 de mayo de 201725 le informó lo siguiente:

«Ante la solicitud realizada, el área de talento humano, revisó la liquidación del auxilio
de cesantías definitivas de la peticionaria, que laboró entre el 17 de enero al 31 de
diciembre de 2014 como Oficial Mayor Municipal del Juzgado Segundo Penal Municipal
de Mocoa, constatando que el día 26 de enero de 2015 a las 6:42 pm se envió al correo
vsancheg@deaj.ramajudicial.gov.co, correo del señor Víctor Sánchez funcionario
encargado del área de prestaciones sociales el reporte de cesantías de fin de año
correspondientes al año 2014, y el mismo correo al Señor Juan Carlos López
encargado del Fondo Porvenir, en el que se encontraba relacionado el funcionario
CHRISTIAN DAVID OBANDO GUERRERO. De igual forma se expidió la Resolución
No. 739 del 19 de diciembre de 2015, por medio de la cual se liquidó un auxilio de
cesantías parcial al señor CHRISTIAN DAVID OBANDO GUERRERO.

Como puede observarse, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto,
atendió cumplidamente el señalamiento legal antes enunciado, y siendo la Dirección
Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Pasto, un organismo técnico
desconcentrado del nivel central de la Administración Judicial, tal como lo prevén los
artículo 99 y 103 de la Ley 270 de 1996, para esta instancia administrativa no es posible
acceder a la petición del señor CHRISTRIAN DAVID OBANDO GUERRERO, y en
consecuencia, conforme lo establecido por la Ley 1437 de 2011 deberán concederse
los recursos en la vía gubernativa»26.

66. Inconforme con la decisión anterior, el servidor presentó recurso de reposición
el 15 de junio de ese mismo año27, insistiendo en el reconocimiento y pago de la
prestación, sus intereses y la sanción moratoria de dicha anualidad.

67. Recurso que fue resuelto a través de la Resolución DESAJPAR17-3389 del 14
de agosto de 201728, que confirmó la decisión inicial y agregó: « Así mismo en
repetidas oportunidades se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
los respectivos soportes de pago, a lo cual el Doctor VICTOR SANCHEZ GONZALES
Jefe de Prestaciones Sociales, remite copia del Oficio DEAJRHO17-2228 de 9 de
mayo de 2017 dirigido a la Doctora LIGIA JANETH RINCON TRIVIÑO Directora de
Aportes y Acreditaciones del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, donde se
solicitaba la aplicación de la adición al Consolidado Anualizado 2014 donde se
encuentra el señor CHRISTIAN DAVID OBANDO GUERRERO identificado con cc.
1.085.287.013, por lo cual queda claro que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial ya realizó el pago pertinente.»29

25 Páginas 22 a 24 del PDF 22 del expediente digital.
26 Trascrito incluidos errores.
27 Páginas 25 a 28 del PDF 22 del expediente digital.
28 Páginas 29 a 32 del PDF 22 del expediente digital.
29 Transcripción errores incluidos

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68. Conforme el certificado expedido por la Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir el 16 de mayo de 201830, se encuentra acreditado que
la consignación correspondiente a las cesantías de la anualidad 2014, fue realizada a
la cuenta individual del demandante el 11 de mayo de 2017, véase:

Fecha Concepto Portafolio Valor

20170511 ACREDITACIÓN Corto plazo $2.574.033.00
EN CUENTA
INDIVID

69. Así las cosas, para la Sala resulta claro que si bien la entidad demandada
procedió a liquidar31 y reconocer el valor de las cesantías a que tenía derecho el señor
Christian Obando Guerrero por la anualidad de 2014, esto es desde el 17 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2014, solo cumplió con la obligación de su consignación
el 11 de mayo de 2017, es decir en fecha posterior al 14 de febrero de 2015.

70. Lo que evidencia que la consignación de las cesantías no se realizó dentro de
la oportunidad legal; es decir, que la demandada incumplió con lo previsto en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 el cual reza: «El valor liquidado por concepto de cesantías se
consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en la cuenta individual a nombre
del trabajador en el fondo de cesantías que el mismo elija. El empleador que incumpla
el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.»

71. Ahora bien, adujo la entidad recurrente que la no consignación en tiempo tiene
origen en un asunto administrativo, por lo tanto, debe considerarse su actuar de buena
fe a efectos de que no haya lugar a la causación de la sanción moratoria.

72. Sobre el ingrediente subjetivo de la mala fe, para la configuración de la sanción
moratoria, esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse.
Concretamente en providencia del 7 de marzo de 201932 se consideró: «De los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 99 de la Ley 50 de 1990 esta Subsección advierte
que, para que se cause la sanción moratoria no es un requisito la demostración de la
buena o mala fe del empleador estatal. Ello por cuanto la sanción se origina por la sola
mora en la consignación de las cesantías anualizadas al fondo de cesantías elegido
por el empleado»; lo cual ha sido reiterado por esta Subsección en el entendido que la
norma no exige el mismo para su causación o configuración.

73. Aunado a lo anterior, la Sala considera que las demoras en los trámites
administrativos entre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus
seccionales, no constituyen excusa válida para el desconocimiento de la obligación,
dada la connotación y naturaleza de las cesantías. Cabe recordar que esta prestación

30 Página 36 del PDF 22 del expediente digital.
31 Esta liquidación se hizo mediante la Resolución 793 del 19 de diciembre de 2015
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C., sentencia

del 7 de marzo de 2019, radicado: 18001-23-33-000-2013-00072-01 (3373-15).

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constituye un derecho mínimo laboral en favor del trabajador amparado por el principio
de progresividad y en consecuencia la prohibición de regresividad.

74. De tal manera, que al encontrarse la parte demandante sujeta al régimen
anualizado de cesantías desde el año 201433, no solo cuenta con la prestación, sino
con la garantía de que, a falta de su efectivo cumplimiento, se cause a su favor la
sanción moratoria hasta la extinción total de la obligación.

75. No obstante, se precisa que en virtud de lo establecido en el artículo 187 del
CPACA, «en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá
que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no».

76. En ese sentido, advierte la Sala que, en el caso concreto, se encuentra
acreditada parcialmente la excepción de cobro de lo no debido propuesta por la entidad
accionada34, por cuanto con la demanda se pretende la penalidad por el retardo
comprendido entre el 15 de febrero de 2015 y el 11 de mayo de 2017, fecha en que
fue realizado en pago. No obstante, de acuerdo con lo considerado por esta
Corporación, la sanción pretendida se causa hasta el día anterior al de la disposición
del dinero, es decir, el 10 de mayo de 2017.

77. Por lo anterior, se declarará parcialmente probada la excepción propuesta y se
modificará el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, en el sentido de
condenar a la entidad demandada al pago de la sanción moratoria causada a partir del
15 de febrero de 2015 hasta el 10 de mayo de 2017 y liquidar en concreto la condena,
atendiendo a que se cuenta con los elementos probatorios para ello. Conforme a las
siguientes operaciones aritméticas:

1. Se dividirá la asignación mensual devengada por el demandante en el año 2015
entre 30 días, lo que arrojará el valor equivalente a 1 día de salario.
2. La suma resultante se multiplica por los días de mora y ello arroja el total de la
sanción moratoria.

78. Así las cosas, la asignación básica para el año 2015 del demandante asciende
a la suma de 2.047.586 COP, valor que, dividido entre 30 días, da como resultado un
monto diario de 68.253 COP. Cantidad que, multiplicada por 816 días de mora,
causados entre el 15 de febrero de 2015 y el 10 de mayo de 2017, arroja un total de
55.694.448 COP, por concepto de sanción moratoria, y si bien en la sentencia
SUJ004/16 se hizo referencia a que se debía cambiar el salario cuando la mora corría
por más de un periodo, ello no aplica a este caso, pues no son varios periodos de
cesantías adeudados, sino uno solo, pero la mora transcurrió por más de un año.

33 A partir de su vinculación a la Rama Judicial.

34 Como fundamento de la excepción propuesta expuso que: «De acuerdo a los argumentos reseñados en las
razones de la defensa de la Entidad, la parte demandante pretende cobrar emolumentos dinerarios que no se han
generado a favor del actor.»

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2.7 Condena en costas

79. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó con
carencia de fundamento legal.

80. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se avizora la
sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que, se repite,
no se condenará en costas a la parte vencida.

81. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Declarar probada parcialmente la excepción de cobro de lo no debido
propuesta por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

SEGUNDO. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 24 de julio de
2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la
demanda, el cual quedará así:

«Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor del
señor CRHISTIAN DAVID OBANDO GUERRERO, la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a razón de un día de salario por cada día
de retardo a partir del 15 de febrero de 2015 hasta el 10 de mayo de 2017,
correspondiente a la suma de 55.694.448 COP, de conformidad con las razones
expuestas en precedencia».

SEGUNDO. Confirmar en los demás ordinales la sentencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.

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CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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