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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00399-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00399-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 11 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo consignado en las consideraciones de esta providencia. 2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta a la entidad accionada. 24 Expediente: 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la UGPP 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00399-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021)
Demandante : Libio Antonio Betancourth Madroñero
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia proferida el 11 de marzo de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 34 a 45). El señor Libio Antonio Betancourth
Madroñero, a través de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el
apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 25448 de
11 de julio, RDP 41682 de 2 de noviembre y RDP 44953 de 30 de noviembre,
todas de 2016, por las cuales se negó al actor la pensión gracia y se confirmó
esta decisión al resolver los recursos de reposición y apelación por él
interpuestos, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la UGPP reconocer y pagar tal prestación, de manera retroactiva, en
cuantía equivalente al 75% del salario promedio recibido durante el año anterior
a la adquisición el estatus pensional; junto con la indexación de las sumas
adeudadas, los intereses moratorios y el cumplimiento de la sentencia en los

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la UGPP

términos de los artículos 187, 188 y 192 del CPACA. Por último, condenar en
costas a la accionada.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor que nació el 20 de octubre de 1956
e ingresó a trabajar en el servicio educativo el 1º. de septiembre de 1980 para el
municipio de Ricaurte (Nariño) y, posteriormente, como «[...] docente de
secundaria con plaza nacionalizada mediante Decreto No. 129 del 29 de junio
de 1993. En dicho decreto se evidencia la intervención del Delegado
Permanente del Ministerio de Educación Nacional, por lo que la Secretaría de
Educación de Nariño ha certificado que el [...] tipo de vinculación es nacional,
sin embargo a la luz de la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado, la
calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación haya intervenido
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional» (sic).

Que presentó reclamación el 26 de octubre de 2015 ante la demandada para que
le fuera concedida dicha prestación, negada a través de los actos acusados, con
el argumento de que parte de su vinculación fue del orden nacional.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos acusados los artículos 1, 2, 4, 5,
6, 13, 23, 25, 44, 46, 48 y 53 de la Constitución Política y las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

Arguye que «[…] la entidad demandada incurrió en un error de derecho, al no
realizar una adecuada interpretación de los actos administrativos de
nombramiento del docente [...] los cuales soportan el cumplimiento de los
requisitos para acceder a mencionada prestación [...]».

1.2 Contestación de la demanda (ff. 150 a 155). La accionada, por conducto
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y se
refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos y otros
no; propuso las excepciones que denominó inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales y de negligencia o mala fe por parte de la
entidad, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción. Asevera que «[…] la
vinculación del demandante no es del orden territorial a partir del 1 de
septiembre de 1993 en adelante, se desestima en virtud de lo establecido en el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la cual establece que el carácter del régimen
de los docentes vinculados con posterioridad al 01 de enero de 1990 es de orden
NACIONAL y además por cuanto los recursos con los cuales se cancelaron los
2

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Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la UGPP

salarios al docente fueron COFINANCIADOS por la NACIÓN [...]».

1.3 Providencia apelada1. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante
sentencia de 11 de marzo de 2020, accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] se puede establecer
con suficiente claridad que las plazas ocupadas por el docente son de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, además dan cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación a la que se encontró sometido el docente
oficial es de carácter territorial, tal como lo exige el Consejo de Estado en la
Sentencia de Unificación proferida el veintiuno (21) de junio de dos mil
dieciocho (2018) [...]» (sic).

Agrega que «[...] en virtud a que los nombramientos fueron realizados por las
entidades territoriales, y que su vinculación fue posterior al 1° de septiembre
de 1980, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975, se infiere que se
dan los presupuestos del numeral 2° del artículo 1° de la Ley 91 de 1989, es
decir, que la vinculación del [accionante] lo fue como docente municipal antes
del 31 de diciembre de 1980; así mismo, se observa que el actor laboró por más
de veinte (20) años al servicio de la docencia» (sic).

En consecuencia, declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó «[...]
reconocer y pagar las mesadas correspondientes, atendiendo los ingresos y
prestaciones devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus,
esto es, en el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2005 al 20 de
octubre de 2006, tales como: asignación básica, auxilio de movilización, prima
de vacaciones y prima de navidad [...]». No obstante, «[...] en aplicación de la
excepción de prescripción trienal propuesta por la entidad [...], la misma
deberá declararse probada para las mesadas causadas con anterioridad al 26
de octubre de 2012, habida cuenta que la reclamación administrativa fue
elevada el día 26 de octubre de 2015 [...]».

1.4 El recurso de apelación2. La UGPP, a través de apoderado, interpone
recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, pues «[...] no existe
certeza sobre los tiempos de servicio allegados, no existe la prueba idónea en
donde conste el tipo de vinculación del hoy demandante, es decir, especificando
si es de carácter Nacional, Nacionalizado, Distrital, Municipal o
Departamental, así como la fecha de vinculación y el origen de los recursos
con los que se financió dicha vinculación y copia de los actos de nombramiento
1
Archivo 1 del expediente digital adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada
SAMAI, índice 2.
2
Archivo 3 ibidem.
3

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Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la UGPP

y posesión respectivos [...]» (sic).

Que, asimismo, «[...] en el expediente pensional reposa certificación de fecha
15 de septiembre de 2015, expedida por la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño, en la que establece que el docente fue vinculado con
carácter NACIONAL, desde el 01 de septiembre de 1993, con fuente de recursos
Situado Fiscal/Presupuesto Ley 91, así aparece en el formato FOMAG No.
2995. Además, se desestiman en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, la cual establece que el carácter del régimen de los docentes
vinculados con posterioridad al 01 de enero de 1990 es de orden NACIONAL
[...]» (sic).

Por otro lado, solicita se revoque la condena en costas, toda vez que «[...] no ha
existido conducta dilatoria por [su] parte y además, fue declarada la
prosperidad de la excepción de prescripción [...]».

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 7 de
septiembre de 20203 y admitido por esta Corporación a través de auto de 30 de
noviembre de 2021 (f. 249), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 18 de febrero de 2022 (f. 261), para que aquellas alegaran
de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras 4.

2.1.1 Parte demandante. El actor, a través de apoderado, pide se confirme la
sentencia de primera instancia.

2.1.2 Entidad accionada. La demandada, por intermedio de apoderado, reitera
los planteamientos expresados en su escrito de alzada y agrega que «[...] se tiene
como prueba documental el Formato Único Para La Expedición De
Certificados De Historia Laboral consecutivo No. 2995, de la secretaria de
Educación de Nariño, documento en el cual se certifica los tiempos laborados
por el demandante desde 29 de junio de 1993 hasta 15 de septiembre de 2015,

3
Archivo 9, ib.
4
Memoriales presentados en SAMAI, índices 19 y 20.
4

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como docente de CARÁCTER NACIONAL. Debe tenerse en cuenta que los
certificados emitidos por el FOMAG, son documentos de carácter público que
dan certeza y fe de lo que en ellos se encuentra contenido, por lo que este es el
documento idóneo para acreditar la vinculación de los docentes a la enseñanza
oficial» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación5, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica
para reclamar de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento
de la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el
contrario, carece de fundamento, pues no acreditó 20 años al servicio de la
docencia territorial o nacionalizada, como lo aduce la UGPP.

3.4 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a
su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1.º de la Ley 114 de 19136 consagró por primera vez la pensión
gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una

5
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
6
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
5

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pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4.º de la aludida Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19037, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 19288 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual9.

La Ley 37 de 193310 tampoco introdujo modificaciones a las condiciones
establecidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la

7
«[S]obre Instrucción Pública».
8
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación,
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
10
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
6

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pensión de gracia a los maestros que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.

La Corte Constitucional en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 1998, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1.º (parcial) y
4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no
haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente
el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que
la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos
relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para
acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino
limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación.
En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la
doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.

Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado
por la Ley 43 de 197511, los profesores de primaria y secundaria quedaron
vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a
educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la
Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían
diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2.º), respecto
de las pensiones estableció:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando

11
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas transcritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo de 26
de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91
de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos
en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.

[…]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no

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existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la
establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y
por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley12.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b), de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de
1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico- legislativa de la vinculación laboral
de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975,
tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un
servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre
el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980,
no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales,
pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de
los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado
Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados
como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato
de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían
con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los
requisitos legales correspondientes.

[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para

12
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás
Pájaro Peñaranda.
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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021)
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ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre
de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en
nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos
últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913,
posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de
1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo
para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales
para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad
de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo
de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma
acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el
principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el
cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe.
En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la
Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que
asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución
anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio,
como efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913
para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes,
sólo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al
servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados
con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún
“derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas,
sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de
esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una
“mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser
suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado
en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si
las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es
claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las
consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron
en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya
exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los

10

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apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación13 (se
subraya y resalta).

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta años de edad;
y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

En lo que se refiere a la liquidación de la pensión gracia se debe observar lo
reglado en el artículo 2º de la Ley 114 de 1913, según el cual «[l]a cuantía de
la pensión será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos
años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos, para
la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos».

Luego, el artículo 1º. de la Ley 24 de 1947, «por la cual se adiciona el artículo
29 de la Ley 6ª de 1945 y se dictan otras disposiciones de carácter social»,
dispone:

Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de
derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo, en relación con
la jubilación y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en
proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en
cada una de aquellas. Los trabajadores cuyos salarios o remuneraciones se
paguen con cargo a fondos especiales con aporte a varias entidades de
derecho público, gozarán de las prestaciones más favorables que éstas
reconozcan a sus propios trabajadores, con cargo al mismo fondo especial.

[…]

PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de servidores del ramo docente, las
pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año [destaca la Sala].

Cabe advertir que si bien la anterior norma determinó que las pensiones de
jubilación de los docentes se liquidarían con base en el promedio de lo

13
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues,
como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre
de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán
derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año»
(se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
11

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devengado en el último año, lo cierto es que el legislador omitió precisar si esa
anualidad era la precedente al retiro del servicio o si, por el contrario, era
menester tener en cuenta la fecha de adquisición del estatus pensional.
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 4.ª de 196614 preceptúa:

A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades
de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el
setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el
último año de servicios.

La anterior Ley no discriminó ninguna pensión de las recibidas por los
servidores oficiales y su Decreto reglamentario 1743 de 1966, estableció en su
artículo 5º:

A partir del veintitrés de abril (23) de 1966 inclusive, las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o
más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando
como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de
salarios devengados durante el último año de servicios, previa la
demostración de su retiro definitivo del servicio público.

De lo anterior se colige que la base de liquidación de las pensiones de que
gozaban los servidores públicos estaba constituida por el 75% del salario
recibido por el empleado en último año de servicios.

El Decreto 224 de 1972, «por el cual se dictan normas relacionadas con el
ramo docente», prescribe:

El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente
apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al
cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.

La norma citada permitió la compatibilidad entre la prestación del servicio
docente y el disfrute de la pensión de jubilación, incluida la gracia, hasta cuando
el maestro cumpliera la edad de 65 años, cuando se le retiraría forzosamente de
sus labores.

A su vez, las Leyes 3315 y 6216 de 1985 determinaron los requisitos de tiempo
14
«Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones
de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
15
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público».
16
«Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985».
12

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de servicio, edad y monto de la pensión de jubilación de los servidores públicos,
así:

ARTÍCULO 1º: El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)
años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco
(55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.

Sin embargo, el inciso 2º del referido artículo 1º de la Ley 33 de 1985 señaló
que «No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la
Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un
régimen especial de pensiones» (se destaca), razón por la cual no resultan
aplicables a la pensión gracia los aspectos previstos en el régimen general de
pensiones, al comportar esta una prestación especial que cuenta con una
normativa específica respecto de su liquidación.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia de 12 de julio de 201217,
discurrió así:

Ahora, en el año de 1985, con la expedición de la Ley 33 se conservó el
quantum del valor pensional en el 75%, se modificó la edad para otorgar
las pensiones generales y los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación, ya que se dispuso que el monto del 75% de la
asignación se calcularía sobre el salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios18.

Sin embargo, esta normatividad exceptuó de su aplicación expresamente
en su artículo 1º, a aquellos empleados que por Ley disfrutaran de un
régimen especial de pensiones.

[…]

La norma es suficientemente clara al respecto, y lógico es deducir, que
pensiones de régimen especial como la que nos ocupa, no podrían ser
liquidadas al abrigo del ordenamiento invocado, pues el mismo Legislador
las excluyó de su ámbito de aplicación al consagrar expresamente tal
excepción, como se infiere del aparte transcrito; así, tampoco puede
atenderse a lo dispuesto en la Ley 62 de 1985 pues ésta tan solo modificó
el artículo 3º de la citada Ley 33, por lo que se mantuvo incólume lo
dispuesto en su artículo 1º en cuanto al régimen de excepción en su
aplicación.

17
Expediente 25000-23-25-000-2007-01316-01 (1348-11).
18
Artículos 1º. y 3º.
13

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Ahora, si se tiene en cuenta que la pensión gracia, no obstante estar a cargo
del Tesoro Nacional se causa sin que se requieran aportes a ésta, mal
podría liquidarse con base en el valor de los aportes realizados
durante el último año de servicios, en tanto estos resultan inexistentes
frente a dicha prestación.

En este sentido, el aspecto neurálgico que ha generado mayor controversia
entre los beneficiarios de la pensión gracia, corresponde precisamente a la
forma como se debe liquidar por parte de la Caja Nacional de Previsión,
en virtud a que dicha Entidad ha adoptado para tal efecto las normas
anteriormente mencionadas -Ley 33 y 62 de 1985- sin consultar su
adecuada aplicación, procedimiento con el cual quedan excluidos de la
liquidación de esta prestación especial, una serie de factores salariales que
sin duda alguna afectan los intereses económicos y patrimoniales de los
pensionados, quienes en forma injusta ven menguada su prestación,
debido a una errónea interpretación y aplicación de la Ley.

Al respecto, resulta claro que la excepción analizada anteriormente,
consagrada en la Ley 33 de 1985, impide la aplicación de las disposiciones
generales allí contenidas frente a la liquidación pensional de la pensión
aludida, por lo que se habilita la observancia de lo dispuesto en éste sentido
en el régimen anterior contenido en la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto
Reglamentario -1743 de 1966- referenciados inicialmente, ya que no
discriminó ni excluyó de su aplicación pensión alguna de las percibidas
por los servidores oficiales. Así, la pensión gracia al tenor de estas
disposiciones debe liquidarse en la forma allí señalada, esto es,
tomando como base el promedio mensual de los salarios obtenidos en
el último año de servicios; sin embargo debe precisarse que a
diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios
refiere el año anterior a la adquisición o consolidación del derecho
pues es el momento a partir del cual empieza efectivamente a
devengarse en tanto su carácter especial admite su compatibilidad con
el salario, de manera que para su percepción no es necesario el retiro
definitivo del servicio, es decir, que el derecho se perfecciona con el
cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos por el Legislador
para su otorgamiento, lo que hace improcedente su reliquidación con base
en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro [negrilla
de la Sala].

De acuerdo con la jurisprudencia arriba transcrita la pensión gracia debe ser
liquidada con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados por el
docente en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, de conformidad
con la Ley 4.ª de 1966 y el Decreto 1743 de ese año, por cuanto expresamente
el artículo 1º (inciso 2º) de la Ley 33 de 1985 excluyó las pensiones especiales
del régimen ordinario allí previsto.

Así las cosas, la Sala encuentra necesario determinar ahora, qué factores son los
que vienen a integrar el concepto de salario, pues sobre él es que se entra a
14

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precisar la base líquida para el 75%, que corresponde al monto final de la
pensión.

La remuneración o salario equivale a todo lo devengado por el empleado o
trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral;
comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás
reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón
del trabajo o empleo sin ninguna excepción.

En torno al tema, el Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6 (parágrafo 1º), prevé
que salario es «[...] todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y
que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de
servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones [...]».

Y es que lo dispuesto en este Decreto también lo tiene previsto el artículo 127
del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque aplicable al régimen laboral
individual de carácter privado, bien merece traerlo a colación por tratarse de
una consagración de derechos mínimos, pues prescribe que constituye salario
«[...] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación
que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del
trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de
descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones».

En conclusión, el salario está constituido por todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el trabajador como contraprestación por su labor.

3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Según registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía, el demandante
nació el 20 de octubre de 1956 (ff. 17 y 18).

b) Resolución 66 de 22 de febrero de 2011 (ff. 24 a 26), por medio de la cual el
alcalde de Ricaurte (Nariño) resolvió lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Reconstruir el DECRETO No. 005 DE
SEPTIEMBRE 01 DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA (1980), con su
15

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respectiva ACTA DE POSESION, [...] mediante el cual se nombró y
posesionó en el cargo de docente Municipal al [actor] en la escuela rural
de NULPE MEDIO, Municipio de Ricaurte - Nariño desde la fecha de su
expedición, cargo en el que permanecido hasta el 06 ENERO DE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (1983).

ARTICULO SEGUNDO: Reconstruir el DECRETO No. 002 DE
ENERO 07 DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (1983), con
su respectiva ACTA DE POSESION, emanados por el alcalde [...]
mediante los cuales se ratifica en el cargo de docente Municipal al
[demandante] en la Escuela Rural de NUPE MEDO Municipio cie
Ricaurte- Nariño desde la fecha de su expedición, cargo en el que ha
permanecido hasta ENERO 4 DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO (1984).

ARTICULO TERCERO: Reconstruir el DECRETO No. 028 DEL 01 DE
JULIO DE ML NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE (1987), con su
respectiva ACTA DE POSESION, emanados por el alcalde [...], mediante
los cuales se ratifica en el cargo de docente Municipal [...] en la Escuela
Rural de VEGAS, Municipio de Ricaurte - Nariño. Desde la fecha de su
expedición, cargo en el que ha permanecido hasta 04 DE SEPTIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO (1988).

ARTICULO CUARTO: Reconstruir el DECRETO No. 04 DE
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (1992),
con su respectiva ACTA DE POSESION, emanados por el alcalde [...],
mediante el cual se traslata al docente Municipal [...] de la Escuela
Municipal de VEGAS a la Escuela Nueva de MAGUI, Municipio de
Ricaurte – Nariño. Desde la fecha de su expedición, cargo en el que ha
permanecido hasta 29 DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y TRES (1993), lo cual hizo su retiro voluntariamente.

[...] (sic para toda la cita).

c) De conformidad con «formato único para la expedición de certificado de
historia laboral», emitido por la secretaría de educación de Nariño, el actor
prestó servicios como docente del municipio de Ricaurte, en propiedad,
nombrado a través de Decreto 5 de 1°. de septiembre de 1980, antes citado,
posesionado ese día; y se le aceptó el retiro voluntario con Decreto 24 de 1º. de
septiembre de 1992, efectivo a partir del 29 de junio de 1993, es decir, que
trabajó durante 12 años, 9 meses y 29 días (ff. 27 y 28).

d) Decreto 129 de 29 de junio de 1993, por el cual el alcalde de Barbacoas
(Nariño) nombró en propiedad al demandante para desempeñar el cargo de
«docente de secundaria con plaza nacionalizada en el Instituto Mixto Santa
Teresita de Altaquer» de ese municipio. Se posesionó ante el referido
funcionario el 1°. de julio siguiente (ff. 72 a 74).
16

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e) De acuerdo con «formato único para la expedición de certificado de historia
laboral», elaborado el 15 de septiembre de 2015 por la secretaría de educación
de Nariño, el accionante trabajó en condición de maestro de básica secundaria
en el municipio de Barbacoas, en propiedad, nombrado por medio del precitado
Decreto 129 de 29 de junio de 1993, posesionado el 1°. de julio siguiente y se
encontraba activo a la fecha de expedición del documento, para la que
acumulaba 22 años, 2 meses y 15 días de servicio. Además, indica que su
régimen de pensiones es nacional (ff. 29 y 30).

f) Decreto 2060 de 26 de diciembre de 2007, suscrito por el gobernador de
Nariño, mediante el cual «[...] incorpora parcialmente al personal directivo
docente y docente para la prestación del servicio educativo del departamento
[...], financiado con recursos del Sistema General de Participaciones [...]»; en
el listado se incluyó al demandante (ff. 203 a 206)

g) Reporte de 30 de septiembre de 2015 de la secretaría de educación de Nariño,
en el que informa que el educador continuaba activo en el magisterio oficial y
durante 2005 y 2006 devengó asignación básica, auxilio de movilización y
primas de vacaciones y navidad (f. 32).

h) La Procuraduría General de la Nación certificó el 22 de octubre de 2015 que
el educador «no registra sanciones ni inhabilidades vigentes» (f. 35).

i) Resolución RDP 25448 de 11 de julio de 2016 (ff. 38 a 42), con la que la
UGPP negó la petición de pensión gracia de 26 de octubre de 2015, formulada
por el demandante, pues «[…] conforme a los tiempos de servicio aportados se
puede observar que estos fueron prestados con nombramiento del orden
nacional».

j) Por conducto de Resoluciones RDP 41682 de 2 de noviembre de 2016 y RDP
44953 de 30 de noviembre siguiente, la referida entidad, al resolver los recursos
de reposición y apelación interpuestos por el actor, confirmó la decisión
precedente (ff. 51 a 58).

De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que (i) el demandante
nació el 20 de octubre de 1956 y ejerció, en propiedad, sus labores de docencia
en Ricaurte (Nariño), desde el 1°. de septiembre de 1980 hasta el 29 de junio de
1993, esto es, durante 12 años, 9 meses y 29 días; y para el municipio de
Barbacoas (Nariño), del 1º. de julio de 1993 al 30 de septiembre de 2015 (fecha
de la última certificación, en la que se encontraba activo), lapso equivalente a
22 años y 3 meses; para completar 35 años y 29 días; y (ii) por medio de Decreto
17

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2060 de 26 de diciembre de 2007, fue incorporado al servicio educativo del
precitado departamento. En atención a su situación, el 26 de octubre de 2015 el
accionante pidió de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, negado
mediante los actos acusados.

De acuerdo con el recurso de apelación presentado por la entidad demandada y
de los actos administrativos cuestionados, se observa que existe controversia en
cuanto a la validez del período durante el cual prestó servicios como docente en
propiedad de Barbacoas (Nariño), es decir, del 1º. de julio de 1993 al 30 de
septiembre de 2015.

Para dilucidar la problemática planteada, se deberán abordar las distinciones
previstas por el legislador entre docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, en lo que tiene que ver con su vinculación.

Sobre este aspecto, resulta oportuno aclarar que, en virtud de la Ley 43 de 1975,
se nacionalizó la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un
término de 5 años (artículo 319), esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de lo
que se colige que con antelación a dicho proceso únicamente existían dos
categorías de maestro oficiales, a saber: nacionales y territoriales. Y,
posteriormente a la referida nacionalización de la educación, los profesores se
clasificaron en nacionales y nacionalizados.

Es por ello que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se refiere a los docentes
nacionales y nacionalizados, pues a partir del 1º de enero de 1981 el personal
dedicado a la docencia se clasifica en esas dos categorías.

La diferenciación entre las clases de docentes quedó establecida en el artículo
1º de la Ley 91 de 1989, de la siguiente manera:

i) Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional.

ii) Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

19
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%)
de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los
presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en
un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de
los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
18

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iii) Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 1020 de la Ley 43 de 1975.

La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).

La importancia de la anterior clasificación radica en que se constituye en el
punto de partida de la Administración y los jueces de esta jurisdicción para
evaluar si el profesor interesado tiene derecho o no al reconocimiento de la
pensión gracia.

En este caso se debe dar aplicación al principio de la primacía del derecho
sustancial sobre el formal, puesto que no se ajusta a los parámetros de una
correcta administración de justicia negar una prerrogativa, máxime de carácter
pensional, con fundamento en interpretaciones erradas de ciertos elementos de
prueba, cuando a través de otros medios probatorios, se demuestran los hechos
debatidos, los cuales soportan las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, en lo concerniente al período trabajado desde el 1º. de julio de 1993
hasta el 30 de septiembre de 2015 (22 años y 30 días), se advierte que, a través
de Decreto 129 de 29 de junio de 1993, el alcalde de Barbacoas (Nariño)
nombró al actor, en propiedad, en condición de docente del municipio.
Asimismo, de la lectura del referido acto administrativo se evidencia que, por
un lado, fue firmado por esa autoridad, sin la intervención de funcionarios del
Ministerio de Educación Nacional21; y, por otro, en su parte motiva únicamente
se dispuso el envío de una copia del acto al «[...] Delegado Permanente del
Ministerio de Educación Nacional ante el FER [...]», pero ello no implica que
la naturaleza de su nombramiento fuera del orden nacional.

Sobre el particular, esta Sala también aclara que reposa en el expediente
«formato» único para la expedición de certificado de historia laboral de 15 de
septiembre de 2015 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(ff. 29 y 30), en el que figura que el demandante es docente en propiedad y su

20
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
21
En idéntico sentido ver: Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, expediente 68001-23-33-000-
2016-01404-01 (5268-2018), sentencia de 17 de julio de 2020, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021)
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«régimen de pensiones» es nacional desde 1993; sin embargo, como se analizó
en precedencia, el contenido del acto de nombramiento permite inferir que la
vacante en la que fue designado pertenecía al ente territorial y no a la Nación;
en consecuencia, debe darse prevalencia al Decreto que originó la relación
laboral a partir del 1°. de julio de 1993, máxime cuando en él se advierte que tal
situación administrativa no emanó del Ministerio de Educación Nacional, con
lo que se salvaguarda, a su vez, la primacía del derecho sustancial sobre el
formal.

Recuérdese que las anteriores pruebas son las que, conforme al artículo 1º. de
la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determinan el tipo
de vinculación de una persona con la «profesión docente»22, toda vez que el
primero prevé que los maestros vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional conforman el «[p]ersonal nacional», al paso que la segunda ha
concluido que el funcionario competente para certificar la calidad de educador
territorial es el nominador.

Acerca del tema, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE- SUJ-
SII-11-2018 (SUJ-11-S2)23, fijó, entre otras reglas, la siguiente:

Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas
con el reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […]
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
en este caso se debe dar aplicación al principio de la primacía del derecho
sustancial sobre el formal, puesto que no se ajusta a los parámetros de
una correcta administración de justicia negar una prerrogativa, máxime
de carácter pensional, con el fundamento de que no se aportaron unas
pruebas específicas cuando mediante otros elementos probatorios, se
demuestran los hechos debatidos, los cuales soportan las pretensiones de
la demanda también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial [se destaca].

22
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 establece que «Se entiende por profesión docente
el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que
trata este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos
que determine el reglamento ejecutivo».
23
Fallo de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
20

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la UGPP

Por consiguiente, esta Corporación concluye que de los citados Decretos y actas
de posesión resulta evidente que el accionante ocupó los cargos como educador
nacionalizado y territorial, por lo cual los lapsos comprendidos entre el 1°. de
septiembre de 1980 y el 29 de junio de 1993 (12 años, 9 meses y 29 días) y
desde el 1º. de julio de 1993 hasta el 30 de septiembre de 2015 (22 años y 3
meses) son susceptibles de ser contabilizados para efectos de colmar el requisito
de 20 años de servicios, exigido para acceder a la pensión gracia (acumuló más
35 años).

Así las cosas, el argumento expuesto por la accionada, consistente en que el
vínculo laboral del demandante a partir de 1993 fue nacional, no se ajusta al
material probatorio traído al plenario, del cual deduce esta Sala que él prestó
sus servicios en calidad de educador territorial.

Cabe insistir en que, en casos como el presente, no existe una tarifa legal o una
única prueba conducente que permita establecer si los interesados cumplen los
requisitos para acceder a la pensión gracia, sino que es necesario hacer un
análisis completo del material probatorio aportado al expediente.

Conforme a lo dicho, un docente ocupa una plaza territorial en el evento en que
el pago de sus acreencias provenga directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas (situado fiscal) cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; por el contrario, provee una
de carácter nacionalizada, si las erogaciones que estos generaban se enmarcan
en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.

En esos términos, lo expuso esta Colegiatura en la mencionada sentencia de
unificación, así:

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados24, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el

24
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el
Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
21

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la UGPP

servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el
universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal25; y (ii) por el argumento de
que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.

En ese orden de ideas, el demandante acreditó, por medio de las pruebas
relacionadas en esta providencia, que la vacante que ocupó en propiedad, entre
el 1°. de julio de 1993 y el 30 de septiembre de 2015, pertenecía al municipio
Barbacoas y, por incorporación, al departamento de Nariño, mas no a la Nación;
luego entonces, el tipo de vinculación que tuvo fue territorial (municipal y,
posteriormente, departamental), como lo exige la norma aplicable.

Por tanto, se tiene que el actor prestó sus servicios como maestro, así:

Tiempo
Entidad territorial Vinculación Lapso certificado
a m d
Municipio de Ricaurte
Nacionalizada 01/09/1980 a 29/06/1993 12 9 29
(Nariño)
Municipio de Barbacoas y
Territorial 01/07/1993 a 30/09/201526 22 3 -
departamento de Nariño
Total 35 - 29

A manera de corolario, se acreditaron plenamente por parte del demandante los
requisitos necesarios para obtener la pensión gracia, como son el haber prestado
los servicios en calidad de profesor nacionalizado y territorial por más de veinte
(20) años (trabajó más de 35), vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 (1º.
de septiembre de ese año), contar con 50 años de edad (20 de octubre de 2006,
fecha en la que adquirió el estatus pensional) y observar una buena conducta en
su desempeño como maestro, razón por la que, como lo dispuso el a quo, es
dable acceder a las pretensiones de la demanda.

25
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
26
Fecha de la última certificación en la que se encontraba activo.
22

Expediente: 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la UGPP

Por último, dado que la entidad demandada en el recurso de apelación solicita
se revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena
en costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva
lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este
sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de
201627, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos
contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el

27
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la UGPP

proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con
propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la
práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del
proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas
(artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, análisis que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse
tal proceder de la parte accionada, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió de
manera parcial a las súplicas de la demanda; y revocará la condena en costas,
que incluye las agencias en derecho, impuesta a la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 11 de marzo de 2020 por
el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda incoada por el señor Libio Antonio Betancourth
Madroñero contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo
consignado en las consideraciones de esta providencia.

2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta
a la entidad accionada.
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Expediente: 52001-23-33-000-2018-00399-01 (370-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Libio Antonio Betancourth Madroñero contra la UGPP

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

25

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