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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2018-00400-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2018-00400-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia del 12 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño. 2. CONDENAR en costas a la demandante según lo explicado en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 52001-23-33-000-2018-00400-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 52001-23-33-000-2018-00400-01 (28890)
Demandante FUNDACIÓN PACÍFICO ES FUTURO
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2013. Alcance de la
apelación. Alegatos de conclusión. Firmeza de la declaración.
Finalidad de la ampliación al requerimiento especial. Costos
presuntos. Sanción por inexactitud. Costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 12 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño1, que resolvió lo siguiente:
PRIMERO.- Negar las pretensiones de la demanda con la cual se decantó el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoara la Fundación Pacífico es Futuro,
en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, de conformidad con las
razones que se plasmaron en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- Condénase en costas a la parte demandante, a favor de la parte demandada. Se liquidarán
por la Secretaría de esta Corporación. (…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 21 de mayo de 2014, Fundación Pacífico es Futuro (FUNDACIÓN) presentó la
declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2013,
liquidando un saldo a favor2.

El 08 de julio de 2016, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió
el requerimiento especial 1423820160000173, a través del cual propuso adicionar
ingresos por intereses y rendimientos financieros; desconocer parcialmente costos
de venta, gastos operacionales de administración y retenciones; agregar renta
líquida gravable por el desconocimiento de la exención del beneficio neto o
excedente. Como consecuencia de esto reliquidó el impuesto a pagar, e impuso
sanciones por inexactitud (calculada al 160%), al revisor fiscal y al representante
legal, eliminando el saldo a favor. El 30 de septiembre de 2016, el demandante dio
respuesta al requerimiento especial4.
El 20 de diciembre de 2016, la Administración profirió la ampliación al requerimiento
especial 1424120160000035, que adicionó como ingreso bruto operacional el
excedente contable del 2012, por no cumplir con los requisitos para mantener la
1
Samai Tribunal, índice 8.
2
Folio 6 Caa.
3
Folio 1921 Caa.
4
Folio 1964 Caa.
5
Folio 2823 Caa.

1

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Demandante: Fundación Pacífico es futuro

exención; disminuyó la adición de intereses y rendimientos financieros; redujo el
rechazo de costos y gastos operacionales de administración; rechazó la renta
exenta del período6, recalculó la renta líquida gravable adicionada7 y reconoció
parcialmente las retenciones. Como consecuencia de lo anterior reliquidó el
impuesto a pagar y las sanciones impuestas en el requerimiento especial,
manteniendo el 160% en el caso de la de inexactitud. La Fundación dio respuesta
a la ampliación el 22 de marzo de 20178.
El 8 de junio de 2017, la demandada expidió la liquidación oficial de revisión
1424120170000159 que redujo el rechazo de costos y reliquidó la renta líquida
adicionada, manteniendo las demás glosas propuestas en la ampliación al
requerimiento especial. El impuesto y las sanciones se recalcularon en
consideración a los cambios, y en el caso de la inexactitud, por favorabilidad, se
aplicó el porcentaje del 100% a la base para su cálculo.
La actora interpuso recurso de reconsideración el cual fue resuelto con la resolución
142012018000005 del 22 de junio de 201810 que confirmó la liquidación oficial.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones11:
1. Que de acuerdo al artículo 730 del Estatuto Tributario y en concordancia con el artículo
137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión número 142412017000015 del 08
de junio de 2017, y la Resolución Recurso Reconsideración que confirma No.
1420120180000052 del 22 de junio de 2018, proferidas por las Divisiones de Gestión de
Liquidación y Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Pasto, por medio de las
que se modificó la liquidación privada de mí poderdante por el año gravable 2013, por
infringir claramente con dicha liquidación las normas vigentes en que la DIAN debió
fundamentarse.
2. Como consecuencia de Io anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicito que
se declare en firme la liquidación privada del año gravable 2013 presentada por mi
representada y en consecuencia, no está obligada a cancelar suma alguna por concepto
de mayor valor de sanciones determinadas en la liquidación oficial de revisión número
1424120170000015 del 08 de junio de 2017.

A los anteriores efectos, la demandante invocó la vulneración de los artículos 6, 23,
29 y 333 de la Constitución Política; 3, 8 y 25 de la Convención Internacional de
Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
681, 683, 702, 703, 707, 708, 710, 711, 714, 779 y 782 del Estatuto Tributario. Los
conceptos de violación se resumen a continuación.
6
Menciona que está demostrado que, durante el 2013, no se cumplió con el registro contable de la ejecución del beneficio
neto o excedente y rechaza lo que se había registrado como renta exenta. En la glosa mediante la cual se adiciona
ingresos brutos operacionales, se indica que, como consecuencia de adicionar el excedente contable de 2012, también
se modifica la renta exenta.
7
Se indica que el contribuyente en su respuesta al requerimiento mencionó que el valor incluido originalmente en esta
partida incluía los intereses y rendimientos financieros, y en esa medida la Dian modificó el monto, restando a lo
originalmente declarado el valor de los intereses que fueron adicionados como ingresos.
8
Folio 2861 Caa.
9
Folio 2950 Caa.
10
Folio 3006 Caa.
11
Samai Tribunal, índice 7.

2
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Demandante: Fundación Pacífico es futuro

Se refirió al régimen tributario especial, para lo cual citó el artículo 18 del Decreto
4400 del 2004, referente al procedimiento y sanciones aplicable a los contribuyentes
del régimen especial, cuando la Administración detecta que el beneficio neto o
excedente no cumplió con los requisitos, y adujo que en su caso hubo una violación
del derecho al debido proceso por la indebida aplicación de este, en la medida en
que la DIAN debió emitir un pliego de cargos para llevar lo glosado como ingreso
gravable e imponerle sanción.

También sostuvo que la adición de ingresos debió proponerse para el 2016 o 2014
y no para 2013 y que, al implementarse el régimen ordinario, se dio la aplicación
retroactiva de una norma, esto es, el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016 que
modificó el artículo 19 del Estatuto.

Mencionó que la Administración emitió el concepto unificado 0481 del 27 de abril de
2018, sobre los requisitos de acceso y permanencia en el régimen tributario
especial, y que, a nivel central, esta tenía claro que, la aplicación inmediata de las
normas de procedimiento no implica la posibilidad de hacerlo de manera retroactiva.
Agregó que esto no se cumplió en su caso, porque se determinó que debía tributar
conforme al régimen ordinario, sin acto administrativo para tal efecto, y sin darle la
oportunidad de defenderse.

Criticó que, con ocasión de la expedición de la Ley 1819 de 2016, no se dispuso un
régimen de transformación o conversión de viejas entidades sin ánimo de lucro a
sociedades y que, ante las sugerencias de los funcionarios, la FUNDACIÓN se pasó
al régimen tributario ordinario. Dijo que ese tipo de errores no ocurrirían si los
funcionarios acataran las consideraciones contenidas en la Circular 175 de octubre
de 2001 de la propia DIAN.

Explicó que el 23 de abril de 2014 era el plazo máximo para presentar la declaración
de renta, según su NIT, pero que, como la presentó extemporáneamente, el 21 de
mayo de 2014, el término de firmeza de esta y/o plazo para notificar el
requerimiento especial vencía el día 21 de mayo de 2016. Relató que la demandada
le efectuó diversas visitas para verificar lo registrado en la declaración de renta de
2013 y que la inspección tributaria se realizó a partir del 2 de marzo de 2016,
suspendiéndose entonces el término de firmeza por tres meses, esto es hasta el 21
de agosto de 2016.

Agregó que el requerimiento especial se notificó el 13 de julio de 2016, así que el
término para responderlo vencía el 13 de octubre de ese año, y que dio respuesta
a este el 30 de septiembre de 2016.

Indicó que la Administración estaba expidiendo ampliaciones a los requerimientos
especiales por fuera del término de los 2 años, (que en su caso fue el 20 de
diciembre de 2016), y concluyó que la liquidación oficial se expidió
extemporáneamente, dado que la firmeza de la declaración solo se interrumpe en
tres eventos, esto es 3 meses para la práctica de la inspección, 3 para la respuesta
al requerimiento y 3 para contestar la ampliación al mismo. Solicitó al juez que le
ordenará a la DIAN explicar cuáles fueron los tiempos de las interrupciones.

Afirmó que el requerimiento especial y su ampliación adolecían de vicios
procesales. Replicó apartes de los argumentos presentados en sede administrativa
sobre el alcance de la ampliación al acto preparatorio y señaló que la
Administración, al darse cuenta con la respuesta que había incurrido en errores

3
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graves, procedió a ampliar el requerimiento especial, olvidando la restricción
contemplada en el artículo 708 del Estatuto Tributario, según la cual esta debe
hacerse sobre hechos no contemplados en el requerimiento, y no para subsanar
otras conductas, tales como cuando afirmó que había un error en la determinación
de la tarifa.

Calificó la adición de ingresos brutos operacionales por concepto del excedente
contable del 2012 como un exabrupto fiscal, en la medida en que la declaración de
ese período ya estaba en firme. Advirtió que, según el artículo 18 del Decreto 4400
de 2004, de comprobarse que la inversión del excedente no se hizo efectiva, dicho
monto se adiciona como ingreso gravable en el año cronológico en que la
Administración así lo detecte y no en el gravable sujeto a auditoría. Dijo que eso era
así, porque la sanción del artículo 18 (adicionar esos ingresos) no caduca y se debe
imponer atendiendo al protocolo de las sanciones y no como se hizo en los actos.

Sobre la adición de rendimientos financieros, comentó que se expuso que hubo
una inconsistencia, de forma que esta quedó desvirtuada, como fue aceptado por la
demandada en la ampliación al requerimiento. No obstante, la DIAN no tuvo en
cuenta que el valor declarado era mayor que el omitido, y por esto aumentó las
rentas gravables, lo cual debió corregirse dado que, además, se aceptaron las
retenciones en la fuente.

Adujo respecto de los costos y las deducciones que le fueron rechazadas que,
intentó subsanar las irregularidades en la medida de las capacidades de la
FUNDACIÓN e instó a tener en cuenta los documentos aportados en sede
administrativa, porque en todo caso dan cuenta de la existencia de estos, en
especial porque la situación de la fundación se agrava no sólo por el impuesto, sino
por la sanción de inexactitud liquidada al 100%.

Hizo referencia a dos presunciones de costos. Por una parte, solicitó dar
aplicación al principio de prevalencia de la verdad real sobre la formal y al espíritu
de justicia, dado que la DIAN solo aceptó costos equivalentes al 37,6% de los
ingresos, liquidando una renta gravable correspondiente al 62,4% de la utilidad, en
una actividad económica basada en la ejecución de contratos de construcción de
obras civiles, los cuales, de acuerdo con el artículo 87 del Estatuto Tributario,
pueden llevar costos y deducciones hasta del 90%, es decir se establece una
utilidad del 10% del contrato como un comportamiento normal de este sector
económico. Mencionó que esta última presunción no se respetó.

Por otra parte, indicó que el artículo 82 ibidem, se aplica si hay costos irreales, y
alegó que sus costos no fueron irreales, ficticios, ni suntuarios, sino que
simplemente tienen falencias formales.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda12. En cuanto al régimen
tributario especial, clarificó que no buscó solamente sancionar a la FUNDACIÓN, ni
aplicar aisladamente el artículo 18 del Decreto 4400 de 2004, sino determinar
correctamente el impuesto de renta del 2013, sin perjuicio de que se impusieron
sanciones por inexactitud y al representante legal y revisor fiscal. Sostuvo que el
artículo 18 del Decreto 4400 implica el incremento de la renta líquida gravable.

12
Samai Tribunal, índice 7.

4
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Cuestionó que la demandante no explicara por qué era necesario utilizar un pliego
de cargos y dijo que, en todo caso, el artículo 18 ibidem establece un régimen
sancionatorio, pero también un procedimiento para que la DIAN adicione, como
ingreso el excedente neto que haya sido declarado como exento sin el cumplimiento
de requisitos, todo esto mediante un proceso de revisión. Mencionó que hizo ambas
cosas en los actos.
Afirmó que nunca se atacó la naturaleza de entidad sin ánimo de lucro de la
FUNDACIÓN y calificó de distractor el argumento sobre la supuesta aplicación
retroactiva del artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, que no se relaciona con el
asunto ni desvirtúa la presunción de legalidad de los actos. Clarificó que los actos
aplicaron la tarifa diferencial del 20% del régimen tributario especial y no se retiró a
la demandante de tal régimen, como equivocadamente lo señala esta.
Para el efecto, sobre la firmeza de la declaración, relató que la FUNDACIÓN presentó
su denuncio de 2013 el día 21 de mayo de 2014 y que, el término de firmeza de la
declaración vencía entonces el 21 de agosto de 2016, considerando la inspección
tributaria decretada. Precisó que el requerimiento especial se notificó
oportunamente el 13 de julio de 2016 y que la demandante dio respuesta a este el
30 de septiembre de ese año.
Añadió que el requerimiento fue ampliado mediante acto notificado el 22 de
diciembre de 2016, comunicación que fue oportuna, en la medida en que el término
legal vencía el 13 de enero de 2017 (tres meses siguientes al término para responder el
requerimiento especial). Complementó que la demandante dio respuesta a la
ampliación el 22 de marzo de 2017, que la liquidación oficial de revisión se notificó
dentro de término, esto es el 10 de junio de 2017, que se interpuso recurso de
reconsideración el cual fue resuelto con resolución comunicada también a tiempo,
el 4 de julio de 2018. Concluyó que con esto se garantizó el debido proceso. Así
mismo, argumentó que se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración y
se invirtió la carga de la prueba.
Sobre los supuestos vicios, citó jurisprudencia del Consejo de Estado13 sobre la
función de la ampliación al requerimiento especial, para precisar que sí se
propusieron hechos y conceptos nuevos tales como el reconocimiento de que la
FUNDACIÓN hacía parte del régimen tributario especial, la modificación de la adición
de ingresos para incluir el excedente neto, la enmienda de los ingresos financieros,
y la reducción de los rechazos de costos, deducciones y retenciones.
Descartó que existiera alguna norma que estableciera que la ampliación al
requerimiento especial debiese ser notificada dentro de los años de firmeza de la
declaración, exigencia que sí opera para el acto preparatorio. Dijo en cambio que,
la oportunidad para notificar la ampliación es dentro de los tres meses siguientes al
vencimiento del plazo para responder al requerimiento especial. Complementó que
se respetó el principio de correspondencia. Desestimó la anulabilidad del
requerimiento y su ampliación, al ser estos actos de trámite.
En cuanto a la adición de ingresos brutos operacionales, narró que la FUNDACIÓN
declaró el excedente neto de 2012 como renta exenta, pero que este fue tratado
como gravado por ella, en la medida en que se encontró que no se había registrado
contablemente la ejecución del beneficio neto, hecho corroborado por el

13
Sentencias del 23 de noviembre de 2005, exp. 14891, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, del 31 de marzo de 2011, exp.
17837, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 13 de agosto de 2015, exp. 20162, M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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representante legal de la propia demandante, quien reconoció deficiencias
contables, y con el acta de asamblea en la que se observó que no se reinvirtió el
excedente. A partir de lo anterior, se rechazó la renta exenta y se adicionó el
excedente como ingreso, agregación que debe hacerse en el período auditado,
dado que la exigencia en la ejecución del excedente neto opera para el año siguiente
al de su obtención.
Explicó que los ingresos por intereses y rendimientos financieros devinieron del
requerimiento ordinario remitido a Leasing Bancolombia, en cuya respuesta se
informaron ingresos no declarados, y que se levantó la adición propuesta en el
requerimiento, gracias a lo reportado en la información exógena de Fiduciaria
Bancolombia S.A., la cual mostraba que estos correspondían a ingresos de terceros.
Indicó que, además, se dejó la suma de $15.853.000 en el renglón de rentas
gravables.
Frente a los costos y deducciones, subrayó que la demandante incumplió diversas
obligaciones tales como exigir el RUT a personas prestadoras de servicios
pertenecientes al régimen simplificado de IVA14 y contar con la factura o documento
equivalente como soporte de costos, con el lleno de requisitos, para verificar la
trazabilidad de las operaciones económicas. A este respecto, anotó que la
FUNDACIÓN pertenecía al régimen común de IVA y necesitaba soportes de
operaciones con personas del régimen simplificado.15 Así mismo, resaltó que se
incumplieron los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario respecto de
ciertas expensas, los cuales definió16, para acotar que estos deben ser probados
por el contribuyente.
Desestimó la aplicación de costos presuntos del artículo 82 del Estatuto
Tributario, en la medida en que hubo una precariedad probatoria de la demandante,
dado que no aportó soportes de las erogaciones o estos no cumplían los requisitos
legales, de forma que el desorden interno del ente no justifica un relevo en la
obligación de presentar los soportes.17
Anotó que, en todo caso, como la FUNDACIÓN tenía por objeto realizar obras de
construcción, la norma aplicable sería el artículo 87 ibidem, que tampoco puede
operar, debido a los problemas contables verificados en las manifestaciones del
representante legal de la demandante y la deficiencia probatoria de la conducta de
la FUNDACIÓN.
Comentó que la sanción por inexactitud era aplicable y que se aplicó el principio
de favorabilidad. Descartó la configuración de una diferencia de criterios.
Como excepciones propuso la falta de legitimación en la causa por activa de la
FUNDACIÓN para pronunciarse frente a las sanciones del representante legal y
revisor fiscal y el indebido agotamiento de la sede administrativa por parte de estos.
Ambas se declararon no probadas en la audiencia inicial, celebrada el día 9 de julio
de 2020.18

14
Sobre lo cual refirió las sentencias del 19 de mayo de 2016, exp. 20389, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 01
de agosto de 2018, exp. 21881, M.P. Milton Chaves García y el Concepto DIAN 091001 de 2007.
15
Invocó las sentencias C-733 de 2003 de la Corte Constitucional y del 22 de febrero de 2018, exp. 21328, M.P. Milton
Chaves García, del 23 de febrero de 2017, exp. 20347, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 28 de mayo de 2009,
exp. 15884, M.P. Héctor J. Romero Díaz del Consejo de Estado.
16
A partir de las sentencias del 05 de mayo de 2011, exp. 17195, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 13 de
agosto de 2009, exp. 16454, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia del Consejo de Estado.
17
Citó la sentencia del 04 de agosto de 2011, exp. 17628, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia del Consejo de
Estado.
18
Samai del Tribunal, índice 7.

6
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Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la actora, con fundamento en las siguientes consideraciones19:

Estableció que el artículo 18 del Decreto 4400 de 2004 faculta a la Administración
a adicionar como ingreso el beneficio o excedente que incumpla los requisitos, en
el período gravable sobre el cual la Administración adelanta las labores de
fiscalización, siendo este el 2013, aun cuando la auditoría fiscal hubiese iniciado
posteriormente. Reforzó que la investigación de la Administración se limita a un
período en específico, pues no se pueden determinar falencias en períodos
posteriores al auditado.

Indicó que a la FUNDACIÓN se le respetó el debido proceso y pudo ejercer su derecho
de defensa y que la DIAN mantuvo los beneficios y especialidad del régimen tributario
al que pertenecía la demandante, pues los actos no se sustentaron en un cambio
de régimen de tributación, sino que se orientaron a determinar si los beneficios
sobre el excedente eran aplicables.

Anotó que el requerimiento especial se notificó oportunamente, el 13 de julio de
2016, teniendo en cuenta que la firmeza de la declaración tenía lugar el 21 de agosto
de ese año, considerando la suspensión del término inicial, por la inspección
tributaria practicada. Agregó que se dio respuesta al acto preparatorio el 30 de
septiembre de 2016 y que la demandada notificó ampliación al requerimiento el 22
de diciembre de 2016, esto de conformidad con los términos de Ley. Agregó que la
ampliación incluyó adecuadamente nuevos conceptos y determinó otros que hacían
parte del denuncio rentístico.

Reconoció la posibilidad de adicionar ingresos de 2012 en 2013, período de la
irregularidad, dada la ausencia de los requisitos para tomar el beneficio neto o
excedente como exento. Lo anterior, teniendo en cuenta que la FUNDACIÓN no
demostró la reinversión del excedente. Agregó que los ingresos se reclasificaron en
rendimientos financieros y rentas gravables, lo cual no configuró inconsistencia.

Señaló que la demandante no probó que el rechazo de costos y deducciones fuera
equivocado, ni las falencias de la Administración cuando liquidó el tributo, de
manera que dichos argumentos no eran pasibles de estudio. Observó que se aplicó
la favorabilidad en el cálculo de la sanción por inexactitud.

Condenó en costas a la demandante, ya que la representación judicial y el trámite
procesal implica gastos que debió asumir la demandada.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión de primera instancia20. Afirmó que no es cierto
que no se hubiese manifestado en la etapa de alegatos de la primera instancia,
como se menciona en la página 9 de la sentencia, y que desconocía porque estos
no se allegaron al expediente, siendo que se radicaron oportunamente el 22 de julio
de 2020. Adujo que lo anterior es violatorio del debido proceso y el derecho de
contradicción.

19
Samai Tribunal, índice 8.
20
Samai Tribunal, índice 10.

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Expuso que la liquidación propuesta en el requerimiento adoleció de una grave
falencia y errores aritméticos, pues se liquidó el impuesto sobre la renta a tarifa del
27,22%, lo cual configura causal de nulidad por violación de las normas en las que
el acto debía fundarse.

Advirtió que, en el requerimiento especial, se le trató como contribuyente del
régimen ordinario y por esto precisamente se le aplicó una tarifa errada, yerros que
se corrigieron en la ampliación al requerimiento, justificando la búsqueda de nuevos
hallazgos después de múltiples visitas en la inspección tributaria realizada. Insistió
en que la ampliación al requerimiento especial no puede utilizarse para subsanar
errores en el acto preparatorio. Replicó las consideraciones doctrinales frente al
artículo 708 del Estatuto Tributario para insistir en que la ampliación pretendió
subsanar una causal clara de nulidad del proceso.

Comentó que catalogarle como entidad del régimen ordinario impuso una carga
desorbitante e impagable, pero que en todo caso se allanó a tal calificación en los
años siguientes a 2013.

Dijo que el término de firmeza de la declaración solo se interrumpió por un total de
9 meses por la inspección tributaria, el requerimiento especial y su ampliación y que
la demandada debía notificar la liquidación de revisión antes del 21 de febrero de
2017, pero esta se notificó el 10 de junio de 2017, es decir 1 mes y 6 días después
de que operara la firmeza de la declaración.

Alegó que la Administración olvidó cuantificar las sanciones propuestas en los
requerimientos especiales aplicables a su representante legal y socios21.

Precisó que la DIAN verificó que los costos y deducciones fueron reales y existieron,
pero se negó a aplicar los costos presuntos a la actividad constructora y que
considera que se genera una carga tributaria impagable, además si se considera la
sanción por inexactitud impuesta.

Oposición al recurso de apelación

La demandada solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.22 Insistió en que
se trató a la FUNDACIÓN como contribuyente del régimen tributario especial y que la
exención del excedente se desconoció por cuanto no se registró contablemente la
ejecución de este ni se reinvirtió en el objeto social.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Precisión previa y problema jurídico

Previo a resolver, se pone de presente, que según el artículo 320 del Código
General del Proceso, el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente, sobre los reparos concretos formulados

21
En el expediente se observa que la DIAN hizo varias notificaciones a socios y/o miembros de junta directiva. Ver por
ejemplo folio 2857 Caa.
22
Samai Tribunal, índice 15.

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por el apelante en su escrito de apelación, que, deben ser consonantes con lo
razonado y decidido en primera instancia. Lo anterior es concordante con el artículo
328 ibidem, que limita la competencia del juez de segunda instancia a los
argumentos expuestos por el apelante. Y es que, como lo ha indicado la Sección
Cuarta, «de no ser así, se vulneraría el derecho de contradicción de las partes procesales, además
de asumir competencias indebidas en sede de segunda instancia que desconocerían el principio
justicia rogada.»23

En aplicación de todo lo anterior, ha sido constante la jurisprudencia en señalar que
no le es permitido a las partes la inclusión en sede de apelación de cargos
novedosos, desconocidos y ausentes a lo largo del debate judicial, pues supone el
planteamiento de asuntos que no han sido objeto de controversia, siendo este un
requisito de las normas que regulan el derecho procesal administrativo, las
garantías del derecho al debido proceso y el acatamiento del principio de justicia
rogada.24

En el recurso de apelación, la Sección observa que, por primera vez, la demandante
propone argumentos relativos a la presunta ausencia de cuantificación de las
sanciones al representante legal y a los socios y/o miembros de la fundación. Esto
por cuanto en la demanda no se cuestionó dicha circunstancia, ni ningún aspecto
relacionado con esto, con lo cual dicho argumento no puede ser analizado en esta
instancia, esto como garantía del derecho de defensa de la demandada.
En consecuencia, los problemas jurídicos por resolver se ceñirán a establecer si: i)
se configura una violación al debido proceso por la omisión del análisis de los
alegatos de conclusión, ii) operó la firmeza de la declaración, iii) se incurrió en causal
de nulidad al emitir la ampliación al requerimiento especial, para enmendar yerros
del requerimiento especial, iv) procedía la aplicación de costos presuntos y v) era
dable imponer la sanción por inexactitud.
Se advierte que el contribuyente no presentó argumentos de fondo contra las glosas
propuestas en los actos.
2. Debido proceso y alegatos de conclusión
La demandante alega que, pese a que remitió los alegatos de conclusión en el
trámite de primera instancia, estos no fueron valorados por el a quo, lo cual resulta
violatorio del derecho al debido proceso. Como soporte de lo anterior, anexo al
recurso, remite pantallazo de comunicación de envío de los alegatos, de fecha 24
de julio de 2020, al correo electrónico des05tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co25 y el
documento contentivo de estos. A su vez, en el expediente26, obra constancia del 2
de septiembre de 2020, firmada por el secretario del Tribunal Administrativo de
Nariño, en donde se evidencia que las partes no presentaron alegatos de
conclusión. Esto se indica en igual sentido en la sentencia (página 9).
Para decidir, se reiterará lo dispuesto en la sentencia del 30 de abril de 2025, exp.
28732, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en la cual se precisó que el numeral
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2020, exp. 24222,
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también sentencias del 12 de septiembre de 2019, exp. 22058, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; del 7 de mayo de 2020, exp. 22498, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 9 de septiembre de 2021,
exp. 25008, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, y del 3 de marzo de 2022, exp. 25562, M.P. Milton Chaves García,
entre otras.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 22 de abril de 2021, exp. 25427,
M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
25
Dicha dirección coincide con la que figura en los documentos de envío de notificaciones del auto admisorio de la demanda
obrantes a índice 7 del Samai del Tribunal.
26
Samai Tribunal, índice 7.

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6 del artículo 133 del Código General del Proceso establece como causal de nulidad
del proceso omitir la oportunidad para alegar de conclusión. Esto, por cuanto, como
lo expuso la Sentencia C-107 de 2004, los alegatos de conclusión son de gran
importancia dentro del proceso porque permiten un mejor entendimiento de los
hechos, de los intereses en conflicto, las motivaciones de las partes, y las pruebas
que obran en el expediente.
De ahí que la Corte afirmara que: «la dinámica de los alegatos de conclusión tiene la
virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la oportunidad para esgrimir sus
argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e intereses; y de otra, tal dinámica se
ofrece a los ojos de la autoridad administrativa o del juez correspondiente como un conjunto de
razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite examinar retrospectivamente
todas y cada una de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito procesal
de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio tiempo
que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el fallador para decir el derecho.»
(negrilla del original).

Con todo, debe recordarse que esta causal de nulidad puede ser saneada, de
acuerdo con lo prescrito en el artículo 136 del Código General del Proceso,
especialmente en su numeral 4, el cual dispone que habrá saneamiento «Cuando a
pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.»

En el caso bajo examen, la Sala advierte que, en el marco de la audiencia inicial
celebrada el 9 de julio de 202027, se corrió traslado a las partes para que presentaran
alegatos de conclusión dentro de los diez días siguientes a la celebración de la
diligencia, término que vencía el 24 de julio de esa anualidad. Así, se tiene que el
escrito de alegatos de conclusión presentado por la demandada el 24 de julio de
2020, fue oportuno. Pese a lo anterior, la constancia de secretaria y la sentencia de
primera instancia afirmaron que las partes no presentaron estos.

Ahora, del análisis del memorial allegado, se evidencia que, en este, salvo por el
argumento de la ausencia de cuantificación de las sanciones al representante legal
y a los socios, aspecto que no es plausible de estudio de acuerdo con lo indicado
líneas arriba, la FUNDACIÓN reiteró íntegramente los hechos y los argumentos
propuestos en la demanda. Resáltese además que los alegatos propuestos no se
refirieron a aspectos de la actuación procesal surtida, más que para reiterar lo ya
expuesto.

En consecuencia, en este caso la sentencia de primera instancia no omitió un
análisis de lo incluido en los alegatos, dada la reiteración de los fundamentos de la
demanda, con lo cual no se afectó el derecho de defensa de la demandante. Lo
expuesto demuestra que, pese a la irregularidad, la actuación procesal cumplió su
finalidad. Además, se garantizó el derecho de defensa gracias a que la FUNDACIÓN
tuvo la oportunidad de interponer el recurso de apelación, para obtener un
pronunciamiento de todos los aspectos que esta considerara relevante y que
hubiesen sido expuestos en los alegatos de conclusión.

Por lo anterior este cargo de la apelación no está llamado a prosperar.

3. Firmeza de la declaración
En virtud del artículo 684 del Estatuto Tributario, la Administración cuenta con
amplias facultades de fiscalización para la correcta y oportuna determinación de los
tributos, las cuales le permiten adelantar las investigaciones, decretar las pruebas y
27
Samai Tribunal, índice 7.

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realizar las diligencias que estime conveniente a estos efectos. En desarrollo de
estas, el artículo 779 ibidem autoriza a la DIAN para practicar inspecciones tributarias
con el fin de verificar la existencia de hechos gravables, entre otros aspectos, para
lo cual habilita que dentro de esta diligencia se decreten todos los medios de prueba
que sean pertinentes y necesarios.

El artículo 706 del mismo Estatuto, determina que el término para notificar el
requerimiento especial se suspende, por tres meses, cuando se practica la
inspección tributaria de oficio, los cuales se contarán a partir de la notificación del
auto que la decrete. A su vez, el artículo 714 ibidem (en la redacción vigente para la
ocurrencia de los hechos) disponía que la declaración quedará en firme «si dentro de los
(2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado
requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea,
los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.»

Con fundamento en las anteriores normas, el criterio jurisprudencial vigente de esta
Sección28 dispone que, la suspensión del término de firmeza de la declaración está
sujeto a una condición, cual es la existencia o practica real de la inspección tributaria29
, circunstancia que valga la pena mencionar no se discute en el presente asunto.

De otro lado, el artículo 708 del Estatuto Tributario menciona que, dentro de los tres
meses siguientes al vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial, la
Administración puede ordenar, por una sola vez, su ampliación, concediendo para
esto un término de entre 3 a 6 meses. Así mismo, el artículo 710 ibidem establece
que, vencido el plazo para dar respuesta al requerimiento especial o su ampliación,
la Administración cuenta con 6 meses para notificar la liquidación oficial de revisión.

Al efecto, es preciso aclarar que es la notificación del requerimiento especial el hito
procesal relevante para evitar el acaecimiento de la firmeza de la declaración. En
consecuencia, si bien los actos subsiguientes deben respetar los términos previstos
en la ley para su expedición y notificación, es el requerimiento especial el acto
administrativo que impide el acaecimiento de la firmeza. Así, no es cierto, como lo
afirma la demandante, que todas las actuaciones administrativas debían haberse
surtido dentro del plazo de los dos años (hoy tres) que estable la ley como término
general de firmeza.

Teniendo en cuenta lo expuesto, en el caso concreto se encuentra probado, en lo
que interesa a la controversia, lo siguiente:
· El 21 de mayo de 2014, la Fundación presentó extemporáneamente la declaración del
impuesto sobre la renta de 2013, con saldo a favor (fl. 5 Caa). De conformidad con el artículo
12 del Decreto 2972 de 2013, el plazo para declarar de la demandante vencía el 23 de abril
de 201430.
· El 02 de marzo de 2016, la Administración emitió el Auto de Inspección Tributaria Nro.
142382016000010 a la actora, el cual fue notificado por correo certificado el 07 de marzo de
ese mismo año a la dirección registrada en el RUT (fls. 15 y 16 Caa).
· El 08 de julio de 2016, la DIAN emitió el requerimiento especial nro. 142382016000017. El
acto se notificó por correo certificado el 13 de julio de 2016 a la dirección registrada en el RUT
(fl. 1921 a 1953 Caa).
· El 30 de septiembre de 2016, el demandante dio respuesta al requerimiento especial (fls. 1964

28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 2 de febrero de 2023. exp.
26826, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de junio de 2021, exp.
25403, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez
30
De acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT del contribuyente “9”.

11
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a 1966 Caa).
· El 20 de diciembre de 2016, la Administración profirió la ampliación al requerimiento especial
nro. 142412016000003, acto notificado por correo certificado el 22 de diciembre de 2016 a la
dirección del contribuyente para cuya respuesta se otorgaron tres meses (fl. 2823 a 2852 Caa).
· La Fundación dio respuesta a la ampliación el 22 de marzo de 2017, en forma oportuna (fls.
2861 a 2874 Caa).
· El 08 de junio de 2017, la demandada expidió la liquidación oficial de revisión
142412017000015 (fls. 2949 a 2077 Caa), acto notificado por correo el 10 de junio de 2017 (fl.
2996 Caa).
· La actora interpuso recurso de reconsideración el 10 de agosto de 2017, el cual fue resuelto
con resolución 142012018000005 del 22 de junio de 2018, notificada el 04 de julio de 2018
(fls. 3006 a 3024 Caa).

A partir de lo expuesto, como quiera que se cumplieron los requisitos para que la
inspección tributaria produjera efectos suspensivos, el término de firmeza de la
declaración, que vencía inicialmente el 21 de mayo de 2016, esto es dos años
después de su presentación extemporánea, se prorrogó por tres meses, hasta el 21
de agosto de 2016. Por lo anterior, la declaración privada presentada por la
demandante no estaba en firme en la medida en que el requerimiento especial se
notificó oportunamente el 13 de julio de 2016.
Además, la FUNDACIÓN presentó la respuesta al requerimiento especial el 30 de
septiembre de 2016, en forma oportuna, y la DIAN procedió a expedir ampliación al
requerimiento especial el 20 de diciembre de 2016, una vez vencido el término de
respuesta del requerimiento, evento que ocurrió el 13 de octubre de 2016 y dentro
de los tres meses previstos por el artículo 708 del Estatuto Tributario. Dicho acto
fue notificado el 22 de diciembre de ese año, igualmente en forma oportuna. La
demandante dio respuesta el 22 de marzo de 2017, dentro de los tres meses
siguientes a la notificación de la ampliación. El 08 de junio de 2017, dentro de los
seis meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta a la ampliación
(plazo que feneció el 22 de marzo de 2017), la demandada emitió la liquidación
oficial de revisión, también en forma oportuna.
Por todo lo anterior, la declaración no estaba en firme cuando se notificó el
requerimiento especial y los actos administrativos se comunicaron oportunamente,
de forma tal que debe descartarse el cargo del apelante.
4. Del requerimiento especial y su ampliación
El requerimiento especial estableció que, dada la actividad de la FUNDACIÓN y la no
reinversión del excedente, la demandante pertenecía al régimen ordinario y era una
entidad asimilada a las sociedades limitadas. Así, entre otras cosas, incluyó como
renta gravable el excedente no reinvertido y reliquidó el impuesto a una tarifa
superior a la vigente. En la ampliación al requerimiento especial, la Administración
reconoció expresamente que se había cometido un error en la determinación de la
tarifa del impuesto, lo cual, entre otras razones, motivaba la emisión de la
ampliación.
Así mismo, enmendó la afirmación hecha en el acto preparatorio, en el sentido de
reconocer a la FUNDACIÓN como contribuyente del régimen tributario especial pero
que incumplió las condiciones de acceso a la exención del beneficio neto o
excedente. En virtud de ello, recalculó el impuesto aplicando la tarifa del 20% propia
de los contribuyentes de dicho régimen.

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En la demanda, la Fundación ha cuestionado que la ampliación se hubiese utilizado
para enmendar los yerros del acto preparatorio, dado que dicha oportunidad
procesal no puede utilizarse para tal fin. La sentencia de primera instancia reseñó
que la DIAN mantuvo los beneficios y especialidad del régimen tributario al que
pertenecía la demandante, pues los actos no se sustentaron en el cambio de un
régimen de tributación, sino que se orientaron a determinar si los beneficios sobre
el excedente eran aplicables.

Con la apelación, la demandante insiste en que la liquidación propuesta en el
requerimiento adoleció de errores, al liquidarse un impuesto con una tarifa errónea
e insistió en que la ampliación al requerimiento no puede utilizarse para subsanar
errores del acto preparatorio. Así mismo, evidenció que en el requerimiento especial
se le trató como contribuyente del régimen ordinario, lo cual impuso una carga
desorbitante e impagable y que se allanó a tal calificación en años siguientes a 2013.

Para decidir, la Sala observa que los reparos se dirigen a controvertir el
requerimiento especial, que es un acto de trámite, es decir no pone fin a la actuación
administrativa ni define de fondo la situación jurídica, por lo que no es susceptible
de control de legalidad ante la jurisdicción.31 Con todo, en la medida en que la
demandante plantea inconformidades con la forma en la que la Administración
utilizó la ampliación al requerimiento especial, debe precisarse que esta Sección ha
señalado que:32
«Conforme con el artículo 708 del E.T, la ampliación del requerimiento especial es un acto
que puede expedir la administración, por una sola vez, después de conocer la respuesta al
requerimiento especial o incluso sin dicha respuesta. Tiene como propósito incluir hechos y
conceptos no contemplados en el requerimiento especial, para lo cual la administración puede
decretar las pruebas que considere necesarias. También, puede proponer una nueva
determinación oficial de impuestos, anticipos, retenciones y sanciones33.
En cuanto a la ampliación al requerimiento especial, la Sección ha precisado que34:
“De los términos del artículo 708 del E.T. se desprende que la ampliación al requerimiento especial, permite no solo
que se incluyan hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, sino que además se proponga una
nueva determinación oficial modificando el valor de los impuestos, anticipos, retenciones y “sanciones”. Ello implica
que mediante la ampliación existe la posibilidad no solo de que se pueda complementar y corregir el requerimiento
inicial sobre los aspectos que allí se proponía modificar, sino también la de proponer nuevos puntos, hechos y
conceptos, de los que pueda surgir una nueva liquidación del impuesto o las sanciones”
Así pues, la ampliación del requerimiento especial es el acto que debe proferir para completarlo, corregir los yerros
en que haya incurrido en la propuesta de modificación del impuesto y las sanciones e, incluso, proponer una nueva
determinación de los tributos y sanciones.”

A partir de lo expuesto, se evidencia que, contrario a lo señalado por el apelante,
por expresa disposición legal, la ampliación al requerimiento especial puede
proponer una nueva liquidación y modificar los impuestos, anticipos, retenciones y
sanciones. En ese sentido, se ha interpretado que, en la ampliación, se puede
complementar o corregir el acto preparatorio, lógicamente concediendo las
garantías pertinentes para que el contribuyente ejerza su defensa con la
oportunidad para dar respuesta a dicha ampliación. En consecuencia, sí es viable
que esta se utilice para corregir yerros del requerimiento especial.

31
Véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de junio de 2021,
exp. 22385, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de junio de 2021, exp. 23954,
M.P. Milton Chaves García.
33
Sentencias del 11 de junio de 2020, Rad. 52001-23-33-000-2014-00037-01 (22269). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
del 10 de octubre de 2018, Rad. 25000-23-27-000-2012-00473-01 (20751), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 24
de octubre de 2013, Rad. 25000-23-27-000-2003-01402-01 (18191), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
34
Sentencia del 7 de septiembre de 2001, Rad. 70001-23-31-000-1998-0673-01(12179), M.P. María Inés Ortiz de Barbosa,
reiterada en sentencia de 23 de noviembre de 2005, radicado 50001-23-31-000-1996-05912-01 [14891].

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Así, lo dispuesto en el requerimiento especial frente a la tarifa aplicada para
recalcular el impuesto y el hecho de que la FUNDACIÓN debiera pertenecer al régimen
ordinario fue enmendado por la ampliación al requerimiento especial, de manera
que no se es cierto la imposición de una carga desorbitante e impagable. Además,
el hecho de que la demandante se hubiese allanado al régimen ordinario
posteriormente fue exclusivamente imputable a su actuar. Nótese que la ampliación
reprochó, entre otros, la reinversión del beneficio neto o excedente sin
desnaturalizar la tipología de contribuyente del declarante y corrigió las
imprecisiones del acto preparatorio.

Por consiguiente, no prospera el cargo.

5. Reconocimiento de costos presuntos

En los actos administrativos demandados, la DIAN propuso el rechazo de costos y
deducciones con base en las siguientes razones: i) algunos de ellos no cumplían con la
relación de causalidad ni los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, circunstancia que no
fue demostrada por la Fundación, ii) otros se rechazaron con fundamento en que los beneficiarios
del pago no se encontraban inscritos en el RUT pese a prestar servicios gravados con IVA, iii) parte
de los costos y deducciones desconocidos correspondían a erogaciones a nombre de terceros, o a
partidas rechazadas por incumplimientos de requisitos formales en los documentos soporte tales
como la ausencia de identificación del NIT y beneficiario del pago, del NIT del adquirente, la
discriminación del impuesto asumido o por corresponder a documentos de vigencias anteriores, iv)
algunos de los soportes arrimados no cumplían los requisitos de los artículos 617 y 771-2 del Estatuto
Tributario para fungir como soportes de gastos o costos o eran ilegibles y v) otras erogaciones se
rechazaron por cuanto no se acreditaron los aportes al sistema general de seguridad social,
correspondían a documentos emitidos por personas fallecidas, no había coincidencia entre el nombre
y la cédula del tercero o existían inconsistencias con los valores declarados.

Las anteriores inconsistencias no fueron desvirtuadas por la FUNDACIÓN, quien, en
la demanda, reconoció que los costos tenían falencias formales que intentó
subsanar en la medida de sus capacidades. En dicha oportunidad procesal, solicitó
la aplicación de los costos presuntos, invocando indistintamente los artículos 82 y
87 del Estatuto Tributario, para dar aplicación al principio de prevalencia de la
verdad real sobre la formal y al espíritu de justicia.
La sentencia de primera instancia confirmó el rechazo propuesto de los costos y
deducciones al advertir que la FUNDACIÓN no probó que el desconocimiento fuera
equivocado, ni las falencias de la Administración cuando liquidó el tributo. En la
apelación, la demandante aduce que los costos y deducciones fueron reales y
existieron y cuestionó que la demandada se hubiese negado a aplicar los costos
presuntos a la actividad constructora.
Sea lo primero precisar que los actos administrativos demandados cuestionaron el
cumplimiento de los requisitos sustanciales para acceder a la deducción, entre
otros, la ausencia de relación de causalidad, falencias diversas en los documentos
aportados y otros aspectos cuyo incumplimiento fue aceptado en forma expresa por
la demandante.
En ese sentido, no basta con alegar la realidad de las erogaciones para que estas
procedan, en la medida en que no se desvirtuaron los hallazgos de la Administración
ni en sede administrativa, ni ahora en sede judicial, debido a la insuficiente actividad
probatoria desplegada por la FUNDACIÓN para acreditar las exigencias de ley.
Ahora bien, frente a la aplicación de los costos presuntos, se precisa aclarar por
una parte que, el artículo 87 del Estatuto Tributario regulaba los costos y

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deducciones imputables a profesionales independientes, comisionistas, arquitectos
o ingenieros contratistas que fuesen personas naturales, por lo que dicha norma no
era aplicable a la FUNDACIÓN. Por otra, el artículo 82 ibidem consagra los métodos
supletorios para establecer los costos generados por los contribuyentes del
impuesto a la renta, como una forma de materializar los principios de justicia y
equidad que rigen el sistema tributario y, en particular, el principio de capacidad
contributiva, que se deriva de los principios de igualdad, solidaridad, equidad,
progresividad y no confiscatoriedad35.
Así, cuando no es posible establecer los costos bajo el método directo, es decir
atendiendo a las pruebas que deben ser el soporte de estos, el artículo 82 del
Estatuto Tributario permite su determinación a través de una estimación indirecta,
en primer lugar, y, eventualmente, usando una estimación objetiva, dependiendo
en ambos casos de que se cumplan los requisitos para acceder a esas
metodologías36.
Debe entonces tenerse presente que, para efectos de aplicar lo indicado
anteriormente, la Sección37 ha establecido que los métodos de estimación indirecta
y de estimación objetiva del artículo 82 del Estatuto Tributario no derogan las
exigencias probatorias a cargo de quien solicita el reconocimiento de costos en la
venta de activos fijos o movibles, ni lo eximen de las consecuencias derivadas de
su negligencia probatoria.
Adicionalmente, ninguno de los dispositivos previstos en el artículo 82 del Estatuto
Tributario está habilitado para estimar supletoriamente los costos de prestaciones
de servicios o de actividades distintas a la venta de activos, ni para estimar los
gastos deducibles de la renta bruta.
Descendiendo al caso concreto, se tiene que, en primer lugar, los ingresos
obtenidos por la FUNDACIÓN no derivaron de la venta de activos, dado que su objeto
era la construcción de obras civiles y la realización de consultorías e interventorías,
según se adujo en la visita del 06 de abril de 2016 (fl. 22 Caa) y lo anotó la DIAN en la
contestación de la demanda, argumento frente al cual no se presentó inconformidad.
Con todo, aún si esta fuese aplicable, en segundo lugar, se observa que el rechazo
de costos deviene de la inactividad probatoria de la demandante, quien no acreditó
la relación de causalidad de las erogaciones, ni allegó constancia de inscripción en
el RUT de los terceros cuestionados, ni tampoco adjuntó soportes con cumplimiento
pleno de los requisitos exigidos legalmente. En consecuencia, tampoco sería
posible aplicar lo dispuesto en el artículo 82 del Estatuto Tributario, por lo indicado
anteriormente, con lo cual el cargo no prospera.

6. Sanción por inexactitud

La Sección estima procedente la sanción por inexactitud en la medida en que se
omitieron ingresos y se incluyeron costos y deducciones improcedentes, y la
demandante no alega causales exculpatorias.

Así mismo, se pone de presente que esta fue calculada de conformidad con lo
dispuesto en el 648 del Estatuto Tributario, aplicándose la tarifa del 100%. En
consecuencia, los argumentos frente al hecho de que la sanción genere una carga

35
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-293 de 2020. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger.
36
Sentencia del 5 de junio de 2025, exp. 29037, M.P. Wilson Ramos Girón.
37
Ibidem

15
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Radicado: 52001-23-33-000-2018-00400-01 (28890)
Demandante: Fundación Pacífico es futuro

impagable no son de recibo en la medida en que la sanción se determinó de
conformidad con lo dispuesto en la Ley.

7. Costas

En primer lugar, no habrá pronunciamiento frente a la condena en costas impuesta
en primera instancia, dado que no se apeló la decisión del Tribunal de imponerlas.

Ahora, en cuanto a la condena en esta instancia, de conformidad con lo previsto en
el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión
expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y conforme al acuerdo PCSJA-12355 del 28 de
noviembre de 2025, se condena en costas a la parte demandante. Las agencias en
derecho se tasan en un (1) SMMLV. Por tanto, se ordenará al Tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo
366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 12 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

2. CONDENAR en costas a la demandante según lo explicado en la parte motiva
de esta sentencia. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al
respectivo incidente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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