Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2018-00416-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2018-00416-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-33-000-2018-00416-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
15 de julio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
Actor: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO Y OTROS
Medio de control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MORALIDAD
ADMINISTRATIVA Y OTROS DERECHOS
Síntesis del caso: la demanda busca que se declare la vulneración del derecho colectivo a la
moralidad administrativa por las presuntas omisiones de las entidades demandadas en la ejecución
del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la atención de hogares
damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectados por los eventos
derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 en el departamento de Nariño. El Tribunal
Administrativo de Nariño negó las súplicas de la demanda por cuanto no se acreditó la transgresión
del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Apela la parte demandante. Se mantiene la
decisión impugnada.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 2 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Nariño (SAMAI índice 78, gestión en otros despachos) que negó las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 23 de marzo de 2018, la Defensoría del Pueblo –
Regional Nariño interpuso demanda de acción popular en contra de la Nación –
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público – Fondo Adaptación – Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca
2
Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Nariño
Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
Apelación de sentencia
(Comfenalco) y la Unión Temporal Techos Nariño1, para que se ampare el derecho
a la moralidad administrativa y, en consecuencia, se acceda a las siguientes
súplicas2:
“1. Que se garantice la protección de los derechos e intereses colectivos
de los hogares identificados en el “PROGRAMA NACIONAL DE
REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA
ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOCALIZADOS EN
ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE AFECTADAS POR LOS
EVENTOS DERIVADOS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-
2011”, para los municipios de: El Tambo, La Unión, Linares, Los Andes,
Olaya Herrera, Ospina, Tumaco, La Cruz, San Pablo, Albán, El Tablón
de Gómez, Samaniego, Buesaco, La Llanada, Mallama, Ricaurte, todos
dentro de la jurisdicción del Departamento de Nariño.-
2. Que se tomen medidas inmediatas tendientes a la reubicación de
viviendas en estado de alto riesgo, registradas en proyectos ya
identificados y seleccionados, con estudios definitivos aprobados con la
expedición por parte del Operador Zonal de los respectivos Planes de
Inversión (PI) y radicados en el Fondo Adaptación y reconstrucción de
las viviendas rurales dispersas igualmente identificadas en sitios
propios, dando cumplimiento a los Decretos no. 4579 de 2010
(Declaratoria de desastre en todo el País); no. 4580 de 2010
(Declaración de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio Nacional), No. 4819 de 2010 (creación del Fondo Adaptación).
3. Que por parte del Fondo Adaptación, adscrito al Ministerio de
Hacienda realice las apropiaciones y reservas presupuestales
(Expedición de los CDRs), con destino a garantizar los recursos
financieros exclusivos a mitigar la calamidad por emergencia invernal de
los años 2010 – 2011, para todos los afectados, sean que hayan incoado
o no las acciones constitucionales siempre y cuando hayan cumplido con
los requisitos establecidos en los Instructivos dictados por la misma
Entidad.
4. Que se disponga la continuidad del Operador Zonal COMFENALCO
VALLE hasta la culminación de los proyectos aprobados y que este
organismo se comprometa de manera seria y oportuna, con un
cronograma de tareas puntuales y de carácter prioritario, para el estudio
y aprobación de los proyectos que a la fecha no cuentan con este
requisito y para los proyectos ya aprobados la emisión de los respectivos
Certificados de Disponibilidad de Recursos – CDRs - para la ejecución
material de la obras de vivienda en los sitios determinados para el efecto,
teniendo en cuenta que dicha aprobación se efectuó con base en las
instrucciones aprobadas por mismo Fondo Adaptación y se realizaron
1
La demanda fue presentada ante los Juzgados Administrativos de la ciudad de Pasto (Nariño), por
reparto del 23 de marzo de 2018 el asunto fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto,
autoridad que en proveído del 9 de abril de 2018 admitió la demanda; empero, en auto del 4 de
septiembre de 2018 declaró su falta de competencia y remitió el asunto al Tribunal Administrativo de
Nariño debido a que la acción popular estaba dirigida contra autoridades del orden nacional.
Sometido a reparto el asunto, el tribunal mediante providencia del 4 de octubre de 2018 inadmitió la
demanda y, posteriormente, en auto de 16 de octubre de 2018 la admitió.
2 Pretensiones transcritas del escrito de corrección de la demanda presentado por la parte actora en
cumplimiento del requerimiento efectuado por el Tribunal Administrativo de Nariño en el auto
inadmisorio del 4 de octubre de 2018.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Nariño
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los compromisos plasmados en actas firmadas por los representantes
del Fondo Adaptación, Comfenalco, Municipios y Contratistas en las
reuniones de seguimientos – CORES – y en las cuales se pacta fechas
para la emisión de CDRs y cronogramas de ejecución de los proyectos.
5. Que el Ministerio de Hacienda realice las transferencias de los
recursos establecidos en los Decretos Ley al Fondo Adaptación, para
dar cumplimiento a su misión de atender a los damnificados en sus
viviendas por la Ola Invernal 2010 – 2011.
6. Que por la firma interventora “Consultoría Colombiana S.A.
“CONCOL”, como parte del Consorcio “Interventoría Reconstrucción
2012” en un gesto de absoluta pulcritud y honestidad que detenta la
moralidad administrativa, efectúe la devolución de los valores que les
fueron cancelados en exceso en cumplimiento de su contrato de
consultoría pero que no corresponden a lo efectivamente adelantado en
su papel de control del programa. La suma entregada por el orden de
los CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000.000),
además que desfinancia el programa, dista de ser equitativa a la pobre
tarea desempeñada y que retrasó de manera significativa por más de 4
años las obras de construcción al punto que amenaza la terminación del
programa sin que se haya cumplido con la finalidad del proyecto.
7. Que El Fondo Adaptación concerte con los oferentes de los proyectos
(constructores) a que mantengan la oferta de los proyectos ya que son
los indicados en el Fondo Adaptación, esto por su conocimiento de los
beneficiarios, la ubicación de los predios cuya consecución ha sido su
tarea, los cuales han sido legalizados jurídicamente, se ha gestionado el
uso del suelo y su tratamiento de urbano, son los propietarios o cuentan
con contratos de compraventa de los mismos, presentaron los estudios
definitivos, previa aprobación por el Operador Zonal y radicados al
FONDO ADAPTACIÓN para su financiamiento.
8. Que por parte de las Empresas Ejecutoras u Oferentes se disponga
la logística adecuada y suficiente para iniciar sus trabajos y la
culminación con la entrega de las obras en un término no superior a siete
(07) meses.
9. Que se defina de manera inmediata la operatividad del desarrollo de
los proyectos al no contar con un operador zonal, ya que al designado
para el Departamento de Nariño COMFENALCO VALLE no se le ha
definido su situación de continuidad.
10.- Que se disponga de todas las herramientas tanto humanas, técnicas
y financieras para que el programa de atención a los damnificados del
fenómeno de la niña 2010 – 2011, cuyo interés colectivo hoy
destacamos culmine exitosamente en beneficio de las familias víctimas
de la acción de la naturaleza” (SAMAI índice 26, gestión en otros
despachos, págs. 7 a 10 archivo digital denominado “021. C. 3. CD. A.
P. REFORMA DEMANDA FS. 503.pdf” - mayúsculas fijas del original).
4
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2. Hechos
Como fundamentos fácticos de la demanda el extremo activo expuso, en síntesis,
los siguientes:
1) Con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante
el Decreto 4580 de 2010 por razón de la grave calamidad pública ocasionada por el
“Fenómeno de La Niña 2010-2011”, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
Legislativo 4821 de 2010 a través del cual creó y reguló los proyectos integrales de
desarrollo urbano (PIDU) con el propósito de facilitar los proyectos de construcción
de vivienda y la reubicación de asentamientos humanos afectados por la ola
invernal.
2) En ese contexto, el Fondo Adaptación suscribió con la Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca (Comfenalco Valle) el contrato no. 081 de 2012 para
realizar las funciones de operador zonal en los departamentos de Atlántico, Cauca
y Nariño; en consecuencia, se obligó a desarrollar todas las actividades necesarias
para proveer soluciones de vivienda en los municipios de El Tambo, La Unión,
Linares, Los Andes, Olaya Herrera, Ospina, Tumaco, Sandoná y Yacuanquer
(Nariño).
3) En el Departamento de Nariño se habilitaron 4.300 familias damnificadas por la
ola invernal y se procedió a la firma del documento de entendimiento que
garantizaba la existencia de un proyecto con características técnicas, jurídicas,
legales y económicas para la solución de vivienda digna.
4) Al propio tiempo, el Fondo Adaptación le adjudicó al Consorcio Interventoría
Reconstrucción 2012 la interventoría contractual de los operadores zonales del
programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para los hogares
damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable con el propósito
de efectuar seguimiento de los estudios definitivos y emitir el plan de intervención
de cada proyecto para su aval por parte del Fondo Adaptación.
5) De los 50 proyectos presentados por el operador zonal Comfenalco Valle para el
Departamento de Nariño la firma interventora solo emitió doce (12) planes de
intervención durante los años 2014 y 2015 y uno (1) para el año 2016, lo cual
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evidencia su pésima gestión; no obstante, pese a la escasa acción del interventor
se le ha pagado la suma de cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000).
6) Transcurridos 6 años desde el inicio del programa se evidencia su
estancamiento, con lo cual la población damnificada se encuentra en un inminente
riesgo de muerte por el estado de conservación de sus viviendas, aunado al hecho
de que en la región cada año se presentan fuertes temporadas invernales que
agravan la situación.
La parte demandante sostuvo que “…con la actuación pasiva de las entidades
accionadas es palmaria la vulneración a la moral administrativa como derecho
colectivo a proteger. Es entonces la ACCIÓN POPULAR la herramienta
constitucional indicada en esta instancia procesal para exigir el cumplimiento cabal
de los preceptos normativos dispuestos en los decretos leyes dictados en defensa
de estas familias damnificadas, por parte de las entidades a cargo de del programa
y asuman sus responsabilidades frente a las comunidades damnificadas”3
(mayúsculas sostenidas y negrillas propias del texto).
3. Trámite procesal en primera instancia
1) La demanda fue presentada el 23 de marzo de 2018 y asignado el conocimiento
del asunto al Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto que en auto del 9 de abril de
2018 admitió la demanda4; el día 26 de esos mismos mes y año admitió la adición
de la demanda en cuanto a la inclusión de los proyectos de vivienda desarrollados
por el Gobierno Nacional para superar los perjuicios ocasionados por el fenómeno
de la niña 2010 -2011 en los municipios de Olaya Herrera; Albán; Magüi Payan; La
Unión y Buesaco y; el 10 de mayo de ese año, admitió la demanda respecto de la
Empresa Techos Nariño y vinculó a la firma auditoria IC-CONCOL5.
2) Posteriormente, tomando en consideración que la acción popular estaba dirigida
contra autoridades del orden nacional declaró su falta de competencia y remitió el
3 SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, pág. 7 archivo digital denominado “021.C.3.
CD.AP.REFORMA DEMANDAFS.503.pdf”.
4 Proceso tramitado en esa instancia bajo el número de radicación 52001-33-31-004-2018-00050-
00, posteriormente, debido a la remisión del asunto por competencia al tribunal se le asignó nuevo
número de radicación, esto es, 52001-23-33-000-2018-00416-00.
5
SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, págs. 6 a 8 archivo digital denominado “064.
C.7.OFICIOAPROCURADOR95YOTROSDOCUMENTOSFS.258A298.pdf”.
6
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asunto al Tribunal Administrativo de Nariño mediante auto del 4 de septiembre de
20186.
3) En proveído del 4 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo de Nariño
inadmitió la demanda para que la parte demandante acreditara el requisito previo
ante las autoridades accionadas, subsanado el defecto, admitió la demanda el 16
de octubre de 20187.
4) Los días 23 de agosto y 7 de septiembre de 2022 se celebró audiencia de pacto
de cumplimiento que se declaró fallida ante la ausencia de ánimo de las partes
demandadas8.
5) En auto del 30 de abril de 20199, el Tribunal Administrativo de Nariño negó la
acumulación de la demanda solicitada por la Constructora Bosa SAS y los señores
Pablo Colón Mora Moreno, María Mercedes Narváez, Imelda María Ortiz Caicedo,
Andrea Patricia Toro Pantoja, Gloria Luzmila Chamorro Riascos, Ludy del Carmen
Pantoja Toro, Graciela Amparo Luna Romo, Benito Antonio Nicolás Caicedo
Cundar, José Felipe Urbano Pantoja, José Héctor Bravo, Blanca Esperanza Bravo
Legarda, Alba Trinidad Pantoja Toro, Deifilia Corina Checa de Pantoja, Ovidio Colón
Estrada Melo, Luz Amanda Bravo, Gerardo Ramiro Pantoja López y Oscar Andrés
Rodríguez y, en su lugar, los aceptó como coadyuvantes de la parte activa, junto
con el señor Luis Alfredo Mora Valencia y los señores Willar Rodríguez en calidad
de presidente del Concejo Municipal de San Pablo, Mario Alberto Trujillo Cerón en
la condición de alcalde del municipio de San Pablo, Alirio Jesús Mora Rosero como
alcalde del municipio de Mallama, Javier López Fernández en calidad de personero
del municipio de San Pablo, Éider Julián Martínez Rosero en condición de alcalde
del municipio de Ricaurte, y Juan Pablo Barrera Fajardo como alcalde del municipio
de El Tambo; asimismo, en auto del 31 de agosto de 2022 se aceptó la intervención
como coadyuvante del señor Diego Antonio Canal Albán10.
6 SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, págs. 1, 3 a 7 y 28 a 30 archivo digital denominado
“019.C.3ACTADE REPARTOJUZGADOFS.425A450.pdf”.
7 SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, págs. 1 y 6 a 10 archivo digital denominado
“020.C.3ACTADEREPARTOTRIBUNALFS.451A502.pdf” y págs. 1 a 3 archivo digital denominado
“023.C.3.AUTOADMISORIOYOTROSDOCTOSFS.505A537.pdf”.
8 SAMAI índices 27 y 42, gestión en otros despachos.
9 SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, págs. 3 a 12 archivo digital denominado
“042.C.4.AUTONIEGAACUMULACONYOTROSDOCUMENTOSFS.719A748.pdf”.
10 SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, archivo digital denominado “117.AUTO
ACEPTACOADYUVANCIA”.
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Apelación de sentencia
4. Posición de las entidades demandadas
4.1 La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Esta entidad accionada manifestó que sus funciones fundamentalmente consisten
en la elaboración del Presupuesto General de la Nación para su posterior
aprobación por parte del Congreso de la República, por lo cual no es responsable
de la presunta vulneración de los derechos colectivos de los hogares identificados
como afectados por el “Fenómeno de La Niña 2010-2011”, pues, de conformidad
con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010 la
entidad encargada de la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas
afectadas por el evento climático presentado entre los años 2010 y 2011 es el Fondo
Adaptación, entidad descentralizada por servicios del orden nacional que, si bien
está adscrita a la cartera ministerial, tiene personería jurídica y goza de autonomía
presupuestal y financiera que le permite ejercer su funciones de forma
independiente11.
4.2 Fondo Adaptación
1) Esta otra entidad accionada12 se opuso a la prosperidad de las súplicas de la
demanda sobre la base de afirmar que ha realizado todas las gestiones necesarias
para que el operador zonal cumpla sus obligaciones de entrega de las soluciones
de vivienda; igualmente, que al proceso no se aportaron elementos de convicción
que den cuenta de la vulneración del derecho colectivo cuyo amparo se pretende.
2) Al propio tiempo, invocó como excepciones las que denominó: i) inepta demanda
por el no agotamiento del requisito de procedibilidad, consistente en el
requerimiento previo a la entidad para que adoptara las medidas de protección del
derecho o interés colectivo en los términos de los artículos 144 y 161 numeral 4 del
CPACA; ii) improcedencia de la acción popular para reclamar derechos de carácter
11 SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, págs. 23 a 47 archivo digital denominado “023. C.
3. AUTO ADMISORIO Y OTROS DOCTOS FS. 505 A 537”.
12 SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, págs. 3 a 48 archivo digital denominado
“024.C.3CONSTESTACIONDMDA.DELFONDODEA.YOTROSDOCTOSFS.538A566pdf”.
8
Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Nariño
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particular y de contenido subjetivo; iii) inexistencia de vulneración del derecho
colectivo alegado, iv) improcedencia de la acción popular para proteger derechos
constitucionales fundamentales individuales y, v) excepción genérica.
3) Explicó que de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 4819 de
2010 al Fondo Adaptación le compete el desarrollo de la tercera etapa de atención
de la emergencia invernal derivada del Fenómeno de La Niña ocurrido entre los
años 2010 y 2011, correspondiente a la recuperación, construcción y
reconstrucción de las zonas afectadas por ese evento climatológico, etapa cuyo
desarrollo se proyectó desde el año 2014 hasta el 2018; en ese contexto se enmarcó
el “programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención
de los hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable
afectadas por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011”, para
cuya ejecución se diseñó un esquema institucional basado en la contratación de
operadores zonales encargados de la provisión de soluciones de vivienda a la
población incluida en el Registro Único de Damnificados a través de un proceso
compuesto por cuatro (4) fases, a saber: i) verificación de la demanda, ii) definición
del plan de intervención, iii ) acompañamiento social y iv) ejecución.
4) En ese orden, mediante Resolución no. 340 del 29 de abril de 2015 se adoptó el
Instructivo general del programa nacional de vivienda que reglamentó el proceso
encaminado a lograr la solución de vivienda; por lo tanto, por tratarse de un
procedimiento reglado tanto el Fondo Adaptación como los operadores zonales y
las interventorías deben ceñir su actuación al protocolo allí previsto, por lo cual, no
es posible entregar viviendas sin cumplir con los pasos previstos, pues, su
desconocimiento conllevaría una afectación del principio de legalidad y de la
correcta distribución del gasto público.
4.3 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Esta cartera ministerial13 rebatió las pretensiones de la demanda por considerar que
no tuvo injerencia en los hechos que originan la presente acción debido a que sus
funciones se limitan a dictar la política en materia habitacional y no a la ejecución
13 SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, págs. 3 a 12 archivo digital denominado
“036.C.3.CONTESTACIONDEMANDADEMINVIVIENDAFS.601A621.pdf”.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Nariño
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Apelación de sentencia
del “Programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la
atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no
mitigables afectadas por los eventos derivados por el Fenómeno de La Niña 2010-
2011”, por esa misma razón propuso las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva y de inexistencia de vulneración de los derechos colectivos por
parte del Ministerio.
4.4 Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca -Comfenalco Valle
Delagente-
1) Por su parte, esta entidad demandada controvirtió las súplicas de la demanda14
y pidió ser absuelta de responsabilidad por cuanto cumplió con todas las gestiones
a su cargo para la normal ejecución del contrato no. 081 de 2012 15, conforme la
reglamentación fijada en la Resolución no. 340 de 2015.
2) Puso de presente que en virtud de la suscripción del contrato no. 081 de 2012
con el Fondo Adaptación, en su condición de operador zonal, realizó las actividades
de verificación para determinar las familias elegibles para su inclusión en planes de
intervención o en proyectos de vivienda, al punto que logró la aprobación y
contratación de 15 planes de intervención de los cuales 2 fueron suspendidos por
el Fondo Adaptación sin motivación legal, así como también de 4 planes de
intervención en sitio aprobados por la interventoría contractual, pero, cuya ejecución
no se logró porque el fondo no expidió los certificados de disponibilidad
presupuestal; posteriormente, tras el vencimiento de los contratos de interventoría
Comfenalco emitió la aprobación de 29 planes de intervención de los cuales solo
fue posible la contratación de 3 y la ejecución de uno de ellos, por la negativa del
fondo a desembolsar los recursos asignados a esos proyectos; luego, finalizado el
plazo de ejecución del contrato, el Fondo Adaptación decidió que se desarrollaran
las actividades encaminadas a lograr la culminación de los proyectos de vivienda
contratados con Comfenalco hasta el 31 de diciembre de 2017, los cuales se
respaldarían mediante la suscripción de acuerdos parciales conforme lo estipulado
14 SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, “041.C.4.CONTESTACIONPOR
COMFAMILIARFS.684A718.pdf”.
15 Suscrito el 16 de agosto de 2012 y con desarrollo de actividades entre el 26 de octubre de 2012 y
el 15 de enero de 2018.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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Apelación de sentencia
en el parágrafo único de la cláusula decimotercera; por lo cual, finiquitado el negocio
jurídico es el Fondo Adaptación el llamado a ejecutar y contratar los planes de
intervención que no fueron contratados por Comfenalco para la atención de las
familias beneficiarias.
Al mismo tiempo, explicó que el documento de entendimiento que firmaban los
beneficiarios correspondía a la oferta inmobiliaria existente, sin que su suscripción
implicara automáticamente la existencia de un proyecto, sino que, “este documento
relacionaba la aceptación por parte del beneficiario al proyecto por el escogido y al
constructor contar con las familias necesarias que le daban un punto de equilibrio
económico en la ejecución del mismo”16.
3) Finalmente, destacó que si bien Comfenalco Valle Delagente no pudo finalizar la
atención total de los registros, esa situación obedeció a que el Fondo Adaptación
no dispuso los recursos necesarios para tal fin; de modo que, la omisión en la
atención de la población damnificada por la temporada invernal 2010-2011 es
atribuible de forma exclusiva al Fondo Adaptación.
4.5 Consorcio Interventoría Reconstrucción 201217
1) El consorcio conformado por las sociedades Consultoría Colombiana SA,
Engevix Engenharia SA Sucursal Colombia y Cuéllar Serrano Gómez SA pidió
desestimar la pretensión elevada en su contra18 por cuanto no vulneró los derechos
de los accionantes, sino que, “cumplió con su objeto contractual y obligaciones en
el rigor establecido por el Contrato y el Estado para protección y seguridad de las
personas que han de habitar las viviendas, teniendo en cuenta además, que el
cumplimiento de los mismos garantizan y justifican la pertinencia de las inversiones
que se realizan con recursos públicos”19.
16 Ibidem, pág. 21.
17 En proveído del 10 de mayo de 2018 el Juzgado Cuarto Administrativo de Pasto vinculó al proceso
a la sociedad Interventora IC-CONCOL SA, como parte del Consorcio Interventoría Reconstrucción
2012.
18
SAMAI índice 26, gestión en otros despachos, págs. 1 a 8 archivo digital denominado “045.
C.5.CONTESTACIONDECONSORCIOFS.1A33.pdf”.
19 Ibidem págs. 7 y 8.
11
Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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Apelación de sentencia
2) Indicó que suscribió con el Fondo Adaptación el contrato no. 023 de 2013 para
realizar la interventoría contractual a los operadores zonales del Programa nacional
de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares
damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectados por el
Fenómeno de la Niña 2010 — 2011, cuyo plazo de ejecución finalizó el 3 de
septiembre de 2016 y; el contrato no. 182 de 2016 para efectuar la interventoría
legal y técnica a las fases de estructuración y aprobación de los planes de
intervención formulados por los operadores zonales a nivel nacional, el cual tuvo un
plazo de duración de cinco (5) meses contados desde el 26 de octubre de 2016; en
ese contexto, de su gestión como interventoría se logró la aprobación de 536
proyectos para 28.149 viviendas con valor aprobado de $1.173.854.863.378 y de
169 proyectos con una entrega de 8.024 unidades residenciales a los beneficiarios,
por lo cual la pretensión no. 6 de la demanda consistente en que devuelva los
recursos que le fueron pagados por la realización de la interventoría no está llamada
a prosperar, dado que cumplió el objeto de los contratos sin que se le hubieran
efectuado requerimientos de incumplimiento.
4.6 Unión Temporal Techos Nariño
No contestó la demanda.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia del 2 de agosto de 202420 negó
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, con apoyo en
el siguiente razonamiento:
1) No se demostró una amenaza o vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa por parte de las entidades accionadas, sino que, por el contrario, el
acervo probatorio revela que el Fondo Adaptación y Comfenalco Valle como
operador zonal procuraron el cabal cumplimiento del objeto del contrato 081 de
20 SAMAI índice 78, gestión en otros despachos.
12
Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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Apelación de sentencia
201221, tanto así que acudieron a mecanismos judiciales para satisfacer las
obligaciones contractuales y de esa forma cobijar a la mayor parte de población
focalizada como víctima de la temporada invernal ocurrida entre los años 2010 y
2011.
En esa dirección, se acreditó que en el marco de la ejecución contractual se
estructuraron y contrataron 15 planes de intervención para 1.721 viviendas en las
modalidades de compraventa y reubicación; sin embargo, en lo que atañe al plan
de intervención en el Departamento de Nariño, a la fecha de vencimiento del plazo
de ejecución (30 de enero de 2018) quedaba pendiente el cumplimiento de
obligaciones por parte de Comfenalco Valle lo que conllevó a que las partes
contratantes los días 25 de abril y el 30 de mayo de 2018 suscribieran acuerdos
parciales a través los cuales se logró la entrega de 415 soluciones de vivienda en 5
planes de intervención.
Empero, debido a la falta de cumplimiento íntegro de las obligaciones a cargo del
operador zonal, el Fondo Adaptación promovió una demanda de controversias
contractuales ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para que se declare el
incumplimiento del contratista y se haga efectiva la cláusula penal pecuniaria; en
todo caso, habida cuenta de las entregas parciales efectuadas posteriormente por
Comfenalco Valle, las partes de manera paralela al proceso judicial han mantenido
reuniones y mesas de trabajo con el propósito de finiquitar los planes de
intervención finalizados, entregados y legalizados para lo cual han realizado dos
acuerdos conciliatorios que, mediante providencias del 21 de abril de 2023 y 23 de
junio de 2023, fueron aprobados por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
2) En ese marco fáctico y jurídico, no es posible concluir que la actuación de las
entidades accionadas es contraria al comportamiento ético que rige las actuaciones
públicas, en tanto que no se probó la existencia de un interés particular en desmedro
21 El cual consistió en “realizar las funciones de OPERADOR ZONAL en los Departamentos de
ATLÁNTICO, CAUCA y NARIÑO. En desarrollo de dicho objeto, COMFENALCO VALLE DE LA
GENTE se obliga para con EL FONDO ADAPTACIÓN a desarrollar todas las actividades necesarias
para proveer de soluciones de vivienda en los departamentos de ATLÁNTICO, CAUCA y NARIÑO,
en el marco del "PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS PARA LA ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/ O LOCALIZADOS EN
ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE AFECTADAS POR LOS EVENTOS DERIVADOS DEL
FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011" teniendo en cuenta los resultados de la verificación del
Registro único de Damnificados (mayúsculas sostenidas del original).
13
Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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Apelación de sentencia
del erario ni un proceder contrario a la buena fe, a la legalidad y a la satisfacción del
interés general.
6. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación a través
del cual solicitó revocar la decisión de primera instancia y acceder a las súplicas de
la demanda22. Los argumentos del recurso son, en síntesis, los siguientes:
1) El fallo apelado no tuvo en cuenta los presupuestos de la acción popular y basó
sus conclusiones en el informe presentado por el Fondo Adaptación el 6 de octubre
de 2023, el cual no cumple con estándares de imparcialidad y de credibilidad habida
cuenta de que fue elaborado por una de las entidades accionadas que, en esa
condición procesal, tiene interés directo en el resultado del proceso,
particularmente, en que se denieguen las pretensiones de la demanda.
2) La decisión adoptada no acompasa con la concepción del Estado Social y
Democrático de Derecho toda vez que el juez de primer nivel efectuó una
interpretación restrictiva de los derechos e intereses colectivos invocados en la
demanda y omitió aplicar el principio de favorabilidad consagrado tanto en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en el derecho interno,
conforme al cual debe privilegiarse la interpretación más beneficiosa para su
protección; en ese orden, el tribunal desconoció que en el presente evento se
configuran los elementos sustanciales de procedencia de la acción popular, pues,
han transcurrido más de 12 años desde que inició el programa de reubicación y
reconstrucción de vivienda para los hogares damnificados por la temporada invernal
de los años 2010 y 2011 en 16 municipios del Departamento de Nariño sin que se
haya cumplido en su totalidad el objeto contractual, circunstancia que afecta a miles
de personas en condición de especial protección constitucional por su situación de
vulnerabilidad y que comporta una vulneración a los derechos e intereses colectivos
a la moralidad administrativa y al patrimonio público, en conexidad con el derecho
a la vivienda digna de los beneficiarios de dicho proyecto.
22 SAMAI índice 80, gestión en otros despachos.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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3) Adicionalmente, no tuvo en cuenta que el derecho a la vivienda digna está
consagrado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a través de
diversos instrumentos de regulación normativa como la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales aprobado por la Ley 16 de 1972, así como también en el
ordenamiento jurídico colombiano y, por ello, la Defensoría del Pueblo instauró la
presente acción con el fin de exigir que las entidades demandadas adopten medidas
que eviten atentados a la vida, la seguridad y la integridad personal de los
damnificados por el “Fenómeno de la Niña 2010-2011”.
4) Es clara la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa debido a
la pérdida de recursos públicos por la no ejecución de los proyectos de construcción
de vivienda que se contrataron por el Fondo Adaptación, además, porque pese a
que en el año 2011 se aprobó y priorizó el “Programa nacional de reubicación o
construcción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados
en zonas de alto riesgo no mitigable afectados por los eventos derivados por el
Fenómeno de La Niña 2010 – 2011” a la fecha no se ha culminado ante la omisión
en la asignación de recursos al Fondo Adaptación por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, conforme se acreditó con el memorando interno del 4
de octubre de 2023, circunstancia que no puede entenderse como un argumento
válido para excusar el incumplimiento de las obligaciones asumidas en defensa de
los derechos colectivos, en la medida que la falta de disponibilidad presupuestal no
enerva la acción.
5) Aun cuando en la demanda no se invocó expresamente la vulneración del
derecho e interés colectivo al patrimonio público, el tribunal, en virtud de sus
facultades legales que le permitían proferir una sentencia ultra y extra petita, debió
ordenar su amparo en la medida en que la violación del derecho a la moralidad
pública evidencia, a su vez, el detrimento patrimonial por la falta de ejecución
completa del proyecto de inversión; asimismo, el aquo desconoció la naturaleza
principal de la acción popular al sostener que el Fondo Adaptación y Comfenalco
Valle estaban procurando cumplir con el objeto del contrato a través del medio de
control de controversias contractuales.
6) Por último, el tribunal erró al denegar las súplicas de la demanda con fundamento
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en la ausencia de medios de prueba que acreditaran la vulneración de los derechos
e intereses colectivos invocados, porque, ante la existencia de un déficit probatorio,
lo procedente era acudir a la carga dinámica de la prueba y al decreto oficioso de
medios de convicción con el propósito de aproximarse a la verdad material.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto del 7 de febrero de 202523, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo del litigio.
2) La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfenalco Valle)24 se
pronunció en relación con el recurso de apelación con el fin de que se confirme la
decisión de primera instancia porque no se acreditó una vulneración o amenaza a
la moralidad pública como tampoco la existencia de actos de corrupción, en tanto
que en el marco del contrato no. 081 de 2015 no recibió, manejó o administró
recursos públicos habida cuenta de que los pagos a los contratistas de obra los
transfería el Fondo Adaptación directamente a los patrimonios autónomos
constituidos por ellos; al propio tiempo, puntualizó que el número de planes de
intervención aprobados por la interventoría contractual fue de 15 proyectos
correspondientes a 1.721 unidades de vivienda, de los cuales 8 proyectos ya se
encuentran terminados y liquidados al 100%.
3) En similar sentido, el Fondo Adaptación25 solicitó mantener la decisión de primera
instancia, pues, “…a pesar de las vicisitudes presentadas en la ejecución del
Contrato 081 de 2012 por parte del operador zonal Comfenalco
Valle, adelantó las gestiones a su cargo, conforme a lo previsto en el Instructivo
General del Programa Nacional de vivienda - Resolución No. 340 de 2015 - y de
acuerdo a sus competencias a efecto de satisfacer la necesidad de la población
damnificada previo cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios previstos
para ello en la normatividad aplicable a dicho proyecto, incluso con posterioridad a
la terminación de la relación contractual adelantó las gestiones administrativas y
judiciales pertinentes a efecto de lograr la entrega de las viviendas”26.
23 SAMAI índice 5.
24 SAMAI índice 14.
25
SAMAI índice 15.
26 Ibidem pág. 7.
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Apelación de sentencia
4) El representante del Ministerio Público27 rindió concepto a través del cual
recomendó revocar la sentencia de primera instancia por estimar acreditada la
vulneración a los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y al
patrimonio público, pues, de conformidad con el informe presentado por el Fondo
Adaptación el 6 de octubre de 2023, en desarrollo del contrato no. 081 de 2012 se
entregaron 1.016 viviendas quedando pendiente de entrega 705 unidades de lo cual
se deduce que, pasados más de diez (10) años de la suscripción del negocio
jurídico, de las 4.276 soluciones de vivienda proyectadas solo se ha cumplido con
el 25% de ejecución, lo cual evidencia que los recursos económicos destinados no
han surtido su finalidad lo que configura un detrimento patrimonial, aunado al hecho
de que el incumplimiento contractual vulnera el derecho constitucional a una
vivienda digna de las personas damnificadas que se han visto obligadas a
permanecer en las zonas de riesgo.
5) En proveído del 25 de noviembre de 202528, la Sección Primera del Consejo de
Estado remitió el expediente a esta Sección por estimar que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 le corresponde
asumir su conocimiento, por razón de que el proceso versa sobre un asunto
contractual y la presunta vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa.
6) Posteriormente, mediante auto del 23 de enero de 202629 se negó la solicitud de
pruebas efectuada en segunda instancia por la Caja de Compensación Familiar del
Valle del Cauca (Comfenalco Valle) y se concedió a la parte demandante el término
de cinco (5) días para que sustentara su recurso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración30 con
27 SAMAI índice 16.
28 SAMAI índice 22.
29 SAMAI índice 30.
30 Esta Corporación es competente para conocer de las acciones populares originadas en actos u
omisiones de las entidades públicas o privadas que desempeñen funciones administrativas de
conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998. En este caso concreto la acción
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el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
análisis del caso concreto y, 3) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La demanda está dirigida a que se declare que las entidades demandadas
vulneraron el derecho colectivo a la moralidad administrativa por su actuación
pasiva en la ejecución del programa nacional de reubicación y reconstrucción de
viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña
2010-2011 en el departamento de Nariño, que conllevó a que trascurridos más de
seis (6) años de la ocurrencia de los hechos no se hubiera cumplido con el
suministro de soluciones de vivienda a los damnificados con la consecuente
afectación para el patrimonio público por las sumas pagadas a la interventoría
contractual pese a su escasa actividad en la aprobación de los planes de
intervención diseñados por el operador zonal Comfenalco Valle.
El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por considerar
que no se demostró una vulneración o amenaza al derecho colectivo a la moralidad
administrativa en tanto que el Fondo Adaptación y Comfenalco Valle han procurado
el cumplimiento del contrato no. 081 de 2012, y de lo acreditado no se advierte que
su actuación persiguió un fin particular en desmedro del patrimonio público o del
interés general.
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia por considerar que
el tribunal efectuó una valoración probatoria deficiente y una interpretación
restrictiva de los derechos e intereses colectivos invocados, pues, la falta de
culminación en el Departamento de Nariño del programa de reubicación y
reconstrucción de viviendas para los damnificados del fenómeno de La Niña 2010-
está formulada contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, el Fondo de Adaptación, la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca
(Comfenalco Valle Delagente) y el Consorcio Interventoría Reconstrucción 2012 por la vulneración
del derecho colectivo a la moralidad administrativa; en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto
por el numeral 13 del artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Tercera de esta Corporación
es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de las sentencias proferidas por
los tribunales administrativos frente a las acciones populares en que se invoque vulneración o
amenaza del derecho a la moralidad administrativa.
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2011, evidencia por sí misma la vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa lo cual, a su vez, es demostrativo de una afectación al patrimonio
público, en conexidad con el derecho a la vivienda digna de la población beneficiaria
del proyecto del sector vivienda.
En ese orden, el centro de la controversia planteada radica en establecer si la parte
actora demostró, idónea y fehacientemente, la violación de los derechos colectivos
invocados en la demanda. La Sala confirmará la sentencia impugnada porque los
argumentos del recurso de apelación no están llamados a prosperar por cuanto los
elementos de convicción resultan insuficientes para acreditar la transgresión de los
derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio
público en conexidad con la vivienda en condiciones dignas.
2. Análisis del caso concreto
2.1 La acción popular y los derechos colectivos invocados
1) El artículo 88 de la Constitución Política consagró la acción popular como un
mecanismo para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados
con el espacio, el patrimonio, la seguridad y la salubridad públicas, el ambiente, la
moralidad administrativa, la libre competencia económica y otros de similar
naturaleza.
En desarrollo de su función reguladora, el legislador expidió la Ley 472 de 1998 31,
la cual en el artículo 2 definió las acciones populares como “los medios procesales
para la protección de los derechos e intereses colectivos”, cuyo ejercicio tiene como
finalidad “evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible”.
De este modo, la acción popular se erige como un mecanismo expedito de
protección de los derechos colectivos, caracterizada por su naturaleza pública, que
implica que puede ser ejercida por toda persona natural o jurídica, así como también
31 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
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por organizaciones no gubernamentales, cívicas o populares, por entidades
públicas que cumplan funciones de control, intervención y vigilancia y, por el
Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros
Distritales y Municipales, en lo relacionado con sus competencias; igualmente, se
distingue por su carácter principal y autónomo en tanto que su procedencia no está
supedita a la inexistencia de otros mecanismos de defensa judicial.
2) En lo que concierne a las facultades del juez de la acción popular, la
jurisprudencia de unificación de esta Corporación ha reconocido la posibilidad de
que profiera fallos ultra y extra petita y, en ese sentido, pueda abordar el estudio de
derechos colectivos que no fueron expresamente invocados en la demanda como
amenazados o transgredidos, siempre y cuando se cumplan los siguientes dos
requisitos: i) estén íntimamente ligados con los derechos o intereses cuya
protección se solicitó de forma expresa y ii) en el devenir procesal la contraparte
haya podido ejercer su derecho de contradicción y defensa; en relación con dichos
presupuestos la Sala Plena del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:
“Sin embargo, la Sala considera que esta es la oportunidad pertinente para
precisar dicha postura en el sentido de establecer que el juez de la acción
popular puede pronunciarse sobre derechos colectivos que no han sido
invocados en la demanda como vulnerados o amenazados, siempre y
cuando tengan una estrecha relación con los derechos respecto de los
cuales sí haya existido una solicitud expresa de protección y cuando la parte
demandada se haya pronunciado sobre ellos a lo largo del proceso, es decir,
que haya podido ejercer su derecho de defensa.
Lo anterior en atención a que aunque en materia de acciones populares se
encuentra de por medio la salvaguarda de derechos e intereses colectivos
que -como se dejó dicho-, sobrepasan el aspecto individual o meramente
subjetivo, no puede dejarse de lado que la protección de los mismos se
ventilan a través de un proceso judicial dentro del cual se deben respetar las
garantías mínimas constitucionales para las partes, concretamente el debido
proceso y como máxima expresión del mismo el derecho de defensa.
Al respecto, el artículo 5 de la Ley 472 de 1998 consagra el deber para el
juez de la acción popular de velar “por el respeto al debido proceso, las
garantías procesales y el equilibrio entre las partes” por lo que es claro que
en aras de garantizar los derechos e intereses de la colectividad no puede
sacrificarse el derecho fundamental constitucional al debido proceso.
(…)
Entonces, pese a que como se mencionó el juez puede amparar derechos e
intereses colectivos diferentes a los indicados por el actor en el trámite de
agotamiento del requisito de procedibilidad y en la demanda, siempre y
cuando los mismos se relacionen con la causa petendi, para proceder en tal
forma además se requiere que se haya garantizado el debido proceso del o
20
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los demandados en el sentido de que se les haya permitido pronunciarse
sobre el mismo en alguna de las oportunidades procesales”32.
2.2 Hechos probados
Con las anteriores precisiones de índole normativo y jurisprudencial, con el
propósito de resolver los cargos de la alzada resulta indispensable el examen de los
medios de convicción aportados, con los cuales se encuentran debidamente
probados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión:
1) El 16 de agosto de 2012, el Fondo Adaptación y la Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca (Comfenalco Valle) celebraron el contrato de prestación
de servicios no. 081 de 201233, cuyo objeto según lo previsto en la cláusula primera
consistió en realizar las funciones de operador zonal en los departamentos de
Atlántico, Cauca y Nariño, para lo cual se obligó a desarrollar todas las actividades
necesarias para proveer de soluciones de vivienda en los municipios de los referidos
departamentos en el marco del Programa nacional de reubicación y reconstrucción
de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del Fenómeno de La
Niña 2010-2011 teniendo en cuenta los resultados de la verificación del Registro
Único de Damnificados.
Como obligaciones contractuales Comfenalco Valle asumió la presentación para
aprobación por parte del Fondo Adaptación del “Plan de Intervención”, documento
en el cual se establecería el número de beneficiarios del programa y se determinaría
cuáles soluciones de vivienda debían ejecutarse mediante reconstrucción en sitio y
cuáles mediante reubicación, dicha obligación incluía la realización de las siguientes
actividades:
Etapa en la que se identificaría la oferta existente
Reubicación de vivienda de interés social y prioritaria y, en
caso de no existir o resultar insuficiente, se
identificarían los predios aptos para la
construcción de las soluciones habitacionales,
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Seis Especial de Decisión,
sentencia de unificación del 5 de junio de 2018, expediente de radicación número: 15001-33-31-001-
2004-01647-01(SU)(REV-AP). CP Carlos Enrique Moreno Rubio.
33 SAMAI, índice 26, gestión en otros despachos, carpeta digital “027.C.3.C.D.DISCO2 FS.567”,
archivo denominado “1. CONTRATO 081 de 2012.pdf”.
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así como también el tipo de vivienda que se
construiría.
Reconstrucción en sitio Determinaría el nivel de riesgo de los predios
donde se adelantaría la reconstrucción, se
identificarían las medidas de mitigación que
deberían implementarse y se definiría el tipo de
viviendas a construir.
Acompañamiento social a los Se efectuaría la caracterización de los núcleos
beneficiarios familiares de los beneficiarios.
Asimismo, se comprometió a proveer soluciones de vivienda para los beneficiarios
en las modalidades de construcción de vivienda nueva, la construcción en sitio o la
adquisición de vivienda nueva o usada, para ello asumiría la adquisición,
distribución y control de materiales, la contratación de la mano de obra, así como
también la gestión contractual, pólizas, supervisión e interventoría requeridas para
la ejecución de las soluciones habitacionales, de conformidad con los lineamientos
técnicos y operativos definidos por el Fondo Adaptación en el manual operativo.
En la cláusula tercera del negocio jurídico se pactó que el valor estimado del
contrato sería de hasta treinta mil trescientos ochenta millones novecientos
dieciocho mil dieciséis pesos ($30.380.918.016) y, posteriormente, mediante otrosí
no. 3 se estipuló en treinta y un mil ochocientos seis millones seiscientos seis mil
ciento noventa y siete pesos ($31.806.606.197)
El plazo de ejecución contractual inicialmente se acordó en veinticuatro (24) meses
desde la suscripción del acta de inicio; no obstante, mediante otrosí no. 6 del 26 de
octubre de 2015 se amplió hasta el 31 de diciembre de 2017, empero, el contrato
fue suspendido entre el 28 de diciembre de 2017 y el 27 de enero de 2018, por lo
cual, el término de ejecución finalizó el 30 de enero de 2018.
A su vez, las partes convinieron que si a la terminación del contrato por decisión de
alguna de ellas o por vencimiento del plazo contractual subsistían obligaciones
pendientes a cargo de Comfenalco Valle estas seguirían desarrollándose hasta su
culminación, salvo estipulación en contrario (parágrafo de la cláusula décima
tercera).
En desarrollo de lo anterior, el 25 de abril de 2018 el Fondo Adaptación y
Comfenalco Valle firmaron el Acuerdo parcial no. 1 a través del cual fijaron el
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procedimiento y las acciones concretas para dar aplicabilidad a la cláusula décima
tercera del contrato no. 081 de 2012 y establecieron el 30 de noviembre de 2018
como fecha máxima para la entrega de 1.325 unidades de vivienda
correspondientes a 9 proyectos pendientes de terminación, entrega y legalización
en los Departamentos de Nariño, Cauca y Atlántico, de las cuales 516 residencias
se encontraban ubicadas en los municipios de La Unión, Linares y Olaya Herrera
en el Departamento de Nariño; además, que 16 proyectos con 1.110 unidades de
vivienda no terminadas serían objeto de acuerdos parciales que debían suscribirse
antes del 31 de mayo de 201834.
Posteriormente celebraron el Acuerdo parcial no. 2 en el que Comfenalco Valle se
comprometió a realizar las gestiones necesarias para garantizar la terminación,
entrega y legalización de 650 unidades de vivienda en los departamentos objeto del
contrato en la modalidad de reconstrucción con un plazo máximo de entrega hasta
el 31 de octubre de 2018, de las cuales 199 estaban en el municipio de Linares
(Nariño), 126 en el municipio de Ospina (Nariño) y 97 en La Unión (Nariño).
2) Igualmente, el 11 de febrero de 2013 el Fondo Adaptación suscribió con el
Consorcio Interventoría Reconstrucción 2012 el contrato no. 023 de 201335 para
realizar la interventoría contractual a los operadores zonales36 del Programa
nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares
damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los
eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011, durante un plazo de 30
meses37 contados desde la suscripción del acta de inicio por un valor de hasta
cuarenta y siete mil ciento sesenta y siete millones trescientos cuarenta y tres mil
ciento treinta y seis pesos ($47.167.343.136), suma que a través de otrosí no. 3 del
21 de julio de 2016 se adicionó en ocho mil cuatrocientos cuatro millones
novecientos tres mil dieciséis pesos ($8.404.903.016) para un total de cincuenta y
34
SAMAI, índice 26, gestión en otros despachos, carpeta digital “027.C.3.C.D.DISCO2 FS.567”,
archivo denominado “9.ACUERDOPARCIALNo1.pdf”.
35 SAMAI, índice 26, gestión en otros despachos, carpeta digital “027.C.3.C.D.DISCO2 FS.567”,
archivo denominado “5.Contrato023de2013InterventoríaOperadore.pdf”.
36 Colsubsidio, Comfama, Comfandi, Comfenalco Valle, Comfenalco Cartagena, Comfacesar,
Comfenalco Santander, Comfaguajira, Comfachocó, Corporación Minuto de Dios, Federación de
Cafeteros y Comfamiliar Cartagena, según lo estipulado en el otrosí no. 1 del 15 de agosto de 2014
al contrato no. 023 de 2012.
37 Prorrogados por doce (12) meses, hasta el 3 de septiembre de 2016, mediante otrosí no. 1.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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Apelación de sentencia
cinco mil quinientos setenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil ciento
cincuenta y dos pesos ($55.572.246.152).
El 27 de febrero de 2019 las partes liquidaron de común acuerdo el referido contrato,
oportunidad en la que dejaron consignado que el valor ejecutado ascendió a
$54.565.234.658,12 como resultado de la ejecución efectiva del objeto contractual
(acreditada mediante informe final de supervisión), razón por la cual se declararon
a paz y salvo por todo concepto.
3) Luego, el 19 de octubre de 2016, el Fondo Adaptación y el Consorcio
Interventoría Reconstrucción 2012 celebraron el contrato no. 182 de 201638 con el
fin de que el contratista efectuara la interventoría técnica y legal a las fases de
estructuración y aprobación de los planes de intervención formulados por los
operadores zonales en el marco del programa nacional de reubicación y
reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados
del Fenómeno de La Niña 2010-2011; el plazo de ejecución se pactó en cinco (5)
meses y la remuneración se acordó en la suma de $4.998.924.000; finalmente, el
24 de octubre de 2018 las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral del
contrato, en la que establecieron que la remuneración del contratista ascendió a
$4.998.445.044, valor que correspondía a la ejecución del objeto contractual y
manifestaron encontrarse a paz y salvo por todo concepto.
4) El 4 de octubre de 2023, el Asesor III -ET Infraestructura Resiliente Sección
sector de vivienda del Fondo Adaptación rindió informe39 del cual se destacan los
siguientes aspectos:
a) Por Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional declaró el
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional
por la grave calamidad pública derivada de la temporada invernal; posteriormente,
mediante Decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010 se creó el Fondo Adaptación40
con el objeto de atender la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas
38
SAMAI, índice 26, gestión en otros despachos, carpeta digital “027.C.3.C.D.DISCO2 FS.567”,
archivo denominado “6.Contrato182de2016.pdf”.
39 SAMAI índice 54, gestión en otros despachos.
40 Entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y
financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
24
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afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, denominada fase III, mediante la
estructuración y gestión de proyectos y en sesión no. 007 de 24 de noviembre de
2011 el Fondo Adaptación aprobó y priorizó el proyecto “Programa nacional de
reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados
o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos
derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011” para proveer soluciones de
vivienda a: (i) población afectada registrada, (ii) propietarios, poseedores de
viviendas destruidas o poseedores de baldíos con viviendas afectadas y (iii)
aquellas comunidades localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
b) Para la implementación de los proyectos del sector se creó el instructivo general
del programa nacional de vivienda en el cual se fijaron los lineamientos de
intervención de las viviendas destruidas reportadas en el Registro Único de
Damnificados.
c) El esquema de operación está compuesto por el Fondo Adaptación, los
Operadores Zonales, la Interventoría Contractual, los contratistas del fondo y sus
interventorías; para el caso de los operadores zonales, el Plan de Intervención
constituye la hoja de ruta para la provisión de las residencias, debe ser socializado
con los beneficiarios y actores involucrados y aprobado por el interventor contractual
para, una vez cumplido este último requisito, iniciar su ejecución la cual puede darse
por la modalidad de reconstrucción en sitio o mediante reubicación a través de
adquisición de viviendas o de desarrollo de nuevos proyectos; además, para los
casos de reconstrucción en sitio, el operador zonal es autónomo para definir el
esquema de comercialización de las soluciones de vivienda para ser presentadas
al potencial beneficiario con quien luego de elegida la más conveniente tiene que
suscribir un documento de entendimiento en el que el beneficiario se compromete
a recibirla y el operador a mantener las condiciones para el suministro de esta.
d) El contrato no. 081 de 2012 suscrito con el operador zonal Comfenalco Valle
finalizó su plazo de ejecución el 30 de enero de 2018 debido a que quedaron
obligaciones pendientes de cumplimiento las partes suscribieron dos acuerdos
parciales en virtud de los cuales se entregaron 415 viviendas en 5 planes de
intervención que no surtieron el proceso de legalización, es decir, “el operador zonal
cumplió parcialmente con la entrega de las viviendas comprometidas, quedando
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pendientes entre otros el plan de intervención solicitado por el ente control que no
fueron culminados en el marco del cronograma establecido (noviembre de 2018)”41.
e) Por el referido incumplimiento el Fondo Adaptación instauró demanda
contencioso administrativa en ejercicio del medio de control jurisdiccional de
controversias contractuales en la que solicitó el pago de los perjuicios causados y
la liquidación judicial del contrato, proceso que se tramita ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico en el expediente de radicación no. 08001-23-33-003-
2018-01062-00; sin embargo, de manera paralela el Fondo Adaptación y
Comfenalco Valle realizaron gestiones para poder cerrar los planes de intervención
debidamente finalizados y mediante acuerdos conciliatorios han pactado el pago de
las obras realizadas42.
f) Como consecuencia de la ola invernal ocurrida entre los años 2010 y 2011 en
el departamento de Nariño resultaron afectadas 6.408 viviendas, de ese total 1.870
no fueron consideradas elegibles, por lo cual la población beneficiaria se redujo a
4.538 familias; en ejecución del contrato no. 081 de 2012, el operador zonal
estructuró planes de intervención para la construcción de 1.721 viviendas, de las
cuales 1.016 fueron entregadas, quedando pendientes 623 casas debido a que 82
beneficiarios fueron atendidos directamente por el Fondo Adaptación.
5) Posteriormente, en cumplimiento del requerimiento efectuado en auto de mejor
proveer del 2 de abril de 2024 dictado por la primera instancia43, el Fondo
Adaptación rindió informe del 12 de abril de ese año en el que constan, entre otras,
las siguientes circunstancias relacionados con la ejecución del contrato no. 081 de
2012:
a) El esquema de operación consistía en que el operador zonal estructuraba y
presentaba para aprobación de la interventoría contractual los proyectos de
intervención a los cuales dentro del plazo contractual se les realizaba la respectiva
asignación de recursos, sujeta a la disponibilidad y priorización de estos.
41 Ibid., pág. 8.
42 Mediante providencia del 21de abril de 2023 se aprobó el acuerdo conciliatorio a través del cual
se cerraron 13 planes de intervención correspondientes a 2.376 viviendas.
43 SAMAI índice 64, gestión en otros despachos.
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b) En ejecución del referido negocio jurídico Comfenalco Valle estructuró y
contrató 15 planes de intervención para la atención de 1.721 viviendas en las
modalidades de compraventa y reubicación; el 30 de enero de 2018 finalizó el plazo
de ejecución contractual quedando obligaciones pendientes de cumplimiento por el
operador zonal en el Departamento de Nariño, por lo cual el Fondo Adaptación
acudió a la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el pago de los
perjuicios por daño emergente y el valor de la cláusula penal pecuniaria pactada en
la cláusula décima séptima del contrato no. 081 de 2012 y la cláusula primera del
otrosí no. 8 equivalente al 10% del valor total del contrato; empero, luego de esto
Comfenalco Valle ha realizado entregas parciales.
c) De forma paralela al proceso judicial, el Fondo Adaptación y Comfenalco Valle
han realizado mesas de trabajo encaminadas a concluir los planes de intervención
finalizados, entregados y debidamente legalizados a través de la suscripción de
acuerdos conciliatorios sujetos a la aprobación del Tribunal Administrativo del
Atlántico; autoridad que en providencia del 21 de abril de 2023 aprobó el acuerdo a
través del cual se cerraron 13 planes de intervención correspondientes 2.376
viviendas y se espera la celebración y aprobación de otros acuerdos conciliatorios
adicionales, debido a que el operador zonal por iniciativa propia ha terminado
proyectos de vivienda como el proyecto de Miranda y el proyecto Manati.
6) El 23 de abril de 2024, el municipio de Buesaco (Nariño) certificó que “(…)
dentro del proyecto de vivienda "programa nacional de reubicación y reconstrucción
de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados por el fenómeno de la
niña 2010- 2011", para el año 2020 se asignaron 160 unidades, en la “Urbanización
Villa Sofía propiedad horizontal” con ciento sesenta (160) beneficiarios, de los
cuales 26 son del Fondo Adaptación y 134 de Comfenalco Valle delegante”44.
Igualmente, el municipio de Albán informó que en el año 2017 COMFENALCO
VALLE y la empresa constructora Unión Temporal Techos Nariño suscribieron un
contrato de obra con un alcance de 128 apartamentos más obras adicionales que
fueron suspendidas hasta que se resuelva el litigio jurídico entre el Fondo
Adaptación y Comfenalco Valle45.
44 SAMAI índice 75, gestión en otros despachos.
45 SAMAI índice 73, gestión en otros despachos.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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Apelación de sentencia
De manera preliminar al análisis de mérito sobre los derechos e intereses colectivos
cuya protección se solicita, la Sala advierte que el argumento del recurrente según
el cual el tribunal de primera instancia sustentó su decisión exclusivamente en el
informe rendido por el Fondo Adaptación el 4 de octubre de 2023 que, además, no
podía ser valorado por cuanto provenía de una de las entidades accionadas y en tal
condición tenía interés directo en el resultado del proceso, no está llamado a
prosperar por las siguientes dos razones.
En primer lugar, el referido informe fue válidamente decretado como prueba en el
proveído del 13 de septiembre de 2023 proferido en el curso de la primera instancia
de este proceso y frente a su decreto e incorporación como medio probatorio no se
presentó oposición; de modo que constituía un elemento de convicción susceptible
de valoración conforme a las reglas de la sana crítica, a la par, el actor popular no
formuló objeción, tacha o cuestionamiento alguno respecto de su contenido ni
promovió actividad probatoria encaminada a desvirtuar la información allí plasmada.
En segundo término, la lectura integral de la sentencia apelada permite colegir que
las conclusiones allí consignadas se soportaron en la valoración efectuada por el
aquo del material probatorio recaudado durante el trámite procesal y no, como lo
sostiene el extremo recurrente, en un único medio de prueba; por lo tanto, como
dicho cargo de la apelación carece de vocación de prosperar procede la Sala a
abordar el estudio de fondo de los derechos colectivos cuya protección se solicita.
2.3 Derecho colectivo a la moralidad administrativa
1) El derecho colectivo cuya protección judicial reclama el actor de la acción
popular está consagrado en el literal b) del artículo 4 de la ley 472 de 1998, el texto
es el siguiente: “[a]rtículo 4. Derechos e intereses colectivos. Son derechos e
intereses colectivos, entre otros los relacionados con: (…) b) [l]a moralidad
administrativa”.
2) En ese contexto, en relación con el contenido y alcance del concepto de
moralidad administrativa como interés colectivo susceptible de protección judicial a
través de la denominada acción popular, la Sección Tercera del Consejo de
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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Estado46 ha sostenido que la razón de ser de este interés colectivo radica en la
función administrativa, la cual está sujeta a una serie de principios dirigidos a
garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, especialmente los que se refieren
al patrimonio público.
3) Adicionalmente, para que pueda hablarse de lesión a este derecho e interés
colectivo debe existir, necesariamente, una trasgresión al ordenamiento jurídico, al
tiempo que debe acreditarse la mala fe de la administración.
La actuación de la administración debe ser de tal magnitud que desnaturalice la
función pública ejecutada y la corrupción debe desembocar en la satisfacción de
intereses particulares.
Por lo tanto, no toda irregularidad administrativa, como tampoco no cualquier
incumplimiento o quebranto de la normatividad que rija o regule determinado
procedimiento administrativo constituye, per se, violación de la moralidad
administrativa, pues, para ello se requiere la existencia o presencia de un elemento
que denote un propósito o finalidad contrario a los cometidos para los cuales están
instituidos los procedimientos y atribuidas las competencias administrativas, como
por ejemplo, el ánimo o interés de satisfacer o alcanzar un interés personal, de
grupo o de terceros, que, resulta opuesto o diferente al preestablecido, en cada
caso, por el constituyente y el legislador.
En ese sentido se ha pronunciado la Sala Plena del Consejo de Estado, además de
los elementos objetivos que deben analizarse para establecer la vulneración de ese
derecho colectivo es necesario que concurra el elemento subjetivo que, implica un
juicio sobre la conducta del funcionario para establecer el ánimo o interés de
satisfacer o alcanzar un interés personal indebido o ilegítimo para sí con terceras
personas, al respecto ha puesto de presente lo siguiente:
“No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la
moralidad pública sin hacer el juicio de moralidad de la actuación
del funcionario para establecer si incurrió en conductas amañadas,
46 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de 16 de marzo de 2006, expediente 2004-00118-
02 (AP), MP María Elena Giraldo Gómez; de 21 de mayo de 2008, expediente AP-01415, MP Ramiro
Saavedra Becerra y, de 23 de enero de 2009, expediente AP-2003-0013, MP Ruth Stella Correa
Palacio.
29
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corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta función
pública.
Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que
esa acción u omisión del funcionario en el desempeño de las
funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral; debe
evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del
cumplimiento del interés general, en aras de su propio
favorecimiento o del de un tercero.
Este presupuesto está representado en factores de carácter
subjetivo opuestos a los fines y principios de la administración,
traducidos en comportamientos deshonestos, corruptos, o
cualquier denominación que se les dé; en todo caso, conductas
alejadas del interés general y de los principios de una recta
administración de la cosa pública, en provecho particular”47
(negrillas adicionales).
4) En ese marco conceptual y jurisprudencial la Sala encuentra que en el presente
asunto los elementos subjetivo y objetivos requeridos para la configuración de la
violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa no se encuentran
acreditados.
En efecto, esta Corporación en decisiones de unificación ha determinado que para
la configuración de la trasgresión del derecho colectivo de la moralidad
administrativa “desde el punto de vista del interés colectivo tutelable a través de la
acción popular, es necesario que se demuestre el elemento objetivo que alude al
quebrantamiento del ordenamiento jurídico y el elemento subjetivo relacionado a la
comprobación de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la
correcta función pública”48.
Ahora bien, en cuanto a la prueba de los elementos requeridos para tener por
configurada la violación del derecho colectivo de la moralidad administrativa esta
Corporación ha determinado lo siguiente:
“De aquí que, la prueba del elemento subjetivo referido a la disposición o
el ánimo materializado a través de conductas deshonestas en función de
anteponer los intereses particulares, en detrimento de los intereses
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de diciembre de
2015, expediente 11001-33-31-035-2007-00033-01, MP Luis Rafael Vergara Quintero. Asimismo,
esta Subsección en reiteradas providencias se ha pronunciado sobre el contenido y alcance del
derecho a la oralidad administrativa, al respecto ver sentencia de 26 de marzo de 2025, expediente
17001-23-33-000-2017-00866-01 (70.933), MP Fredy Ibarra Martínez, con aclaración de voto del Dr.
Alberto Montaña Plata.
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de
2018, expediente 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU), MP William Hernández Gómez.
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generales, le corresponde a la parte actora, en tanto le incumbe probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen49 y sin que tal conducta se presuma ante una acusación
de haberse pretermitido iniciar un proceso de fiscalización tributaria en un
contexto como el que se ha explicado”50.
5) En ese orden, en relación con el fondo de la controversia, estima la Sala que la
apreciación del acervo probatorio no permite concluir, fundada y válidamente, que
las actuaciones desplegadas por parte de las autoridades demandadas hayan sido
torticeras, engañosas, revestidas o teñidas de mala fe, encaminadas a favorecer a
terceros en desconocimiento de los fines de la función administrativa o a obtener
provechos ilícitos o indebidos; por el contrario, lo que se advierte es la
implementación y desarrollo de un programa nacional de alta complejidad, en el que
intervenían diversos actores (autoridad pública, operador zonal, contratista de obra,
interventor contractual), encaminado a mitigar y superar las afectaciones padecidas
por los damnificados de la temporada invernal presentada en los años 2010 y 2011,
por lo tanto, mal podría afirmarse que ha existido vulneración del derecho colectivo
a la moralidad administrativa invocado en la demanda.
6) Ahora bien, en relación con los derechos colectivos a la defensa del patrimonio
público y vivienda digna su amparo no fue expresamente deprecado en la demanda;
sin embargo, en el recurso de apelación se solicitó su protección por estar
íntimamente ligados con el derecho a la moralidad administrativa en tanto que el
desarrollo parcial del programa nacional de reubicación y reconstrucción de vivienda
para la población damnificada por el Fenómeno climático de La Niña 2010-02011
supuso una afectación del patrimonio público, así como también la imposibilidad de
que los afectados accedan a una vivienda digna.
A propósito de lo anterior, reitera la Sala que la jurisprudencia de unificación ha
reconocido la posibilidad de que el juez popular extienda la protección a derechos
e intereses colectivos distintos de aquellos expresamente invocados por el actor en
la demanda; sin embargo, dicha facultad no es absoluta en la medida que encuentra
un límite en las garantías del debido proceso, particularmente, en el derecho de
defensa de la contraparte.
49 Cita tomada del texto original “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
27 de marzo de 2014, expediente, 201002404 AP”.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2021,
expediente 25000-23-24-000-2010-00734-01, MP José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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El aludido límite adquiere especial relevancia cuando el asunto se encuentra en
sede de segunda instancia, pues, en principio, no resultaría compatible con tales
garantías decretar el amparo de derechos o intereses colectivos completamente
ajenos al litigio respecto de los cuales la parte demandada no tuvo oportunidad de
pronunciarse ni de ejercer adecuadamente su defensa.
Sin embargo, esa circunstancia no se presenta en el caso del epígrafe, pues, si
bien la demanda se cimentó fundamentalmente sobre la base de la presunta
vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, lo cierto es que de
una revisión integral del libelo introductorio se advierte que los supuestos fácticos
expuestos y las consideraciones jurídicas formuladas por el actor también se
relacionan con la eventual afectación de los derechos colectivos al patrimonio
público y a la vivienda digna como consecuencia de las omisiones e irregularidades
atribuidas a las entidades demandadas en la ejecución del programa nacional de
reubicación y reconstrucción de vivienda para la atención a la población damnificada
por el fenómeno de La Niña acaecido durante los años 2010 y 2011 51.
Por consiguiente, habida cuenta de que la eventual afectación de los derechos
colectivos al patrimonio público y a la vivienda digna se desprende de los mismos
hechos y circunstancias que sirven de sustento a la controversia planteada en la
demanda y, en esa dirección, la parte demandada pudo controvertir esas
situaciones y ejercer su derecho de defensa, la Sala abordará su análisis a la luz
51 En efecto, en el acápite de la demanda denominado “la acción popular o interés colectivo (aspecto
normativo y jurisprudencial)” el actor popular discurrió sobre los derechos al patrimonio público y a
la vivienda digna en los siguientes términos:
“Con todo esta herramienta resulta vital a la hora de proteger y recuperar los recursos estatales
cuando su finalidad está comprometida por la desidia oficial de funcionarios que no están a la altura
de su compromiso administrativo y deba la colectividad afectada acudir a un medio eficaz para
corregir dichas falencias. La vulneración de un derecho colectivo no solamente se perfila cuando
está en juego la seguridad ambiental de una comunidad o cuando los consumidores vean peligrar
su canasta de servicios sino y con mayor razón cuando se conculcan derechos fundamentales como
en este caso el que se tiene a una vivienda digna en ligazón con el derecho a la vida en condiciones
dignas, cuando su implementación peligra no por falta de recursos económicos o disponibilidad
presupuestal sino por la incuria y falta de diligencia oficial.
De otra parte, el Consejo de Estado en aval a este medio constitucional en profusos
pronunciamientos ha relievado la importancia del patrimonio público y su defensa, como pasamos a
reseñar a renglón seguido:
(…)
En lo que tiene que ver con la vivienda propiamente dicha, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha adoptado diversas posiciones, las cuales fueron recogidas y unificadas en la
Sentencia C-359 de 2013, en la que se precisó que dicho postulado tiene una doble connotación,
pues de un lado, tiene rasgos de derecho prestacional, y de otro, como fundamental autónomo, no
obstante, siempre va a estar precedido de 2 facetas, a saber: i) positiva, dada por sus deberes de
realización en forma gradual y progresiva; y ii) negativa, esto es de abstención”.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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del material probatorio obrante en el expediente con el fin de establecer si se
acreditó una lesión o amenaza a tales garantías colectivas.
2.4 El derecho colectivo a la defensa del patrimonio público
1) Este derecho colectivo consiste en la potestad y expectativa que se radica en
cabeza de los asociados de esperar que el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones del Estado estén adecuadamente destinados a la finalidad que se les
ha señalado constitucional y legalmente, de tal forma que sean asignados según los
parámetros fijados por el ordenamiento jurídico, con criterios de eficiencia y rectitud.
La Corporación, acerca del contenido y alcance del derecho objeto de análisis, en
oportunidad previa puntualizó52:
“Por patrimonio público debe entenderse el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que pertenecen al Estado, tanto los que se hallan en cabeza de
la Nación como de las personas jurídicas estatales… El derecho o interés
colectivo a su defensa viene a ser, entonces, la aptitud o legitimación que
tienen todas las personas en Colombia para esperar que tales bienes se
preserven y se apliquen a los fines que corresponden, de modo que su
tenencia, uso y disposición se haga con celo y cuidado, por ende con
sujeción a las disposiciones y formalidades que los regulan, de suerte que el
Estado no sea privado de los mismos de manera contraria al ordenamiento
jurídico…”
2) En el asunto de la referencia, la Sala tampoco advierte una violación o amenaza
del patrimonio público por cuanto no se probó que los recursos destinados a la
ejecución del contrato no. 081 de 2012 celebrado en el marco del Programa nacional
de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares
damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los
eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011 hayan sido indebidamente
apropiados, desviados de su finalidad o empleados en actividades ajenas al
cumplimiento del objeto contractual.
3) De otro lado, no se probó la afirmación efectuada en la demanda según la cual
los contratos no. 023 de 2013, cuyo objeto consistió en realizar la interventoría
contractual a los operadores zonales, y el no. 182 de 2016 referente a la
52 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de febrero de 2004, expediente 2002-559,
MP Rafael Ostau de Lafont Planeta. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
de 5 de febrero de 2004, expediente 2002-1964, MP Ricardo Hoyos Duque.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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interventoría técnica y legal a las fases de estructuración y aprobación de los planes
de intervención formulados por aquellos, ambos suscritos entre el Fondo
Adaptación y el Consorcio Interventoría Reconstrucción 2012, hubiesen
desfinanciado el programa del sector vivienda o generado una afectación al
patrimonio público ni que la remuneración acordada y reconocida al interventor por
su gestión careciera de correspondencia con las actividades que desarrolló, pues,
en realidad en el proceso se acreditó que dichas relaciones negociales fueron
debidamente ejecutadas y, posteriormente, liquidadas de común acuerdo,
oportunidad en la que, además, las partes reconocieron el cumplimiento de las
obligaciones asumidas, certificaron la ejecución de los recursos comprometidos y
se declararon a paz y salvo por todo concepto.
4) En ese orden, la sola circunstancia de que no se hubiesen alcanzado los
resultados previstos en la ejecución del programa nacional de reubicación y
reconstrucción de vivienda para los damnificados por la ola invernal acaecida entre
los años 2010 y 2011 no permite inferir, por sí sola, una afectación cierta y concreta
del patrimonio público que torne procedente su protección en esta instancia judicial.
2.5 El derecho a la vivienda digna
En el recurso de apelación, el extremo actor sostuvo que el tribunal de primera
instancia desconoció el alcance que el ordenamiento jurídico interno y los
instrumentos de protección internacional reconocen al derecho a la vivienda digna,
pues, es clara su violación debido a que pasados más de doce (12) años de
presentada la temporada invernal no se ha brindado una solución habitacional a la
población damnificada del Departamento de Nariño, por lo cual, en una visión
comprensiva del litigio el aquo debió emitir una providencia ultra y extra petita que
protegiera dicho derecho.
En relación con lo antedicho, advierte la Sala que el artículo 51 de la Constitución
Política establece que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna,
para lo cual el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de
vivienda.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
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Apelación de sentencia
Al propio tiempo, en el numeral 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)53 reconoce como derecho de toda
persona un nivel de vida adecuado para sí y su familia , nivel que comprende, entre
otros aspectos, el acceder a una vivienda adecuada.
En relación con el derecho a la vivienda digna, la Corte Constitucional ha
determinado que se trata de un derecho fundamental autónomo con contenido
prestacional54 habida cuenta que “(i) los instrumentos internacionales que
consagran las obligaciones del Estado colombiano precisan que todos los Derechos
Humanos deben ser garantizados; (ii) el modelo de Estado Social de Derecho
conlleva el reconocimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales –en
adelante DESC- como fundamentales; (iii) todos los derechos comprenden
mandatos de abstención y de prestación, y esto no es óbice para negar su
naturaleza fundamental; (iv) a pesar de que las prestaciones requeridas para la
satisfacción de esta garantía deben ser precisadas por las instancias del poder es
común a todos los derechos constitucionales cierto grado de indeterminación; y (v)
una cosa es la naturaleza del derecho y otra su eficacia, por lo que un derecho
fundamental puede tener distintos grados de eficacia” 55.
Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que “[p]or lo que hace a la defensa
del derecho a la vivienda digna, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
esta es una prerrogativa de un importante contenido prestacional cuya protección
podría ser alcanzada, prima facie, por conducto de la acción popular. Ahora bien,
sin perjuicio de dicha dimensión colectiva, la Corte ha insistido en que existen
eventos en los que la acción de tutela está llamada a proceder como un mecanismo
53 Aprobado mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968.
54 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-359 de 2013. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. “Si
bien el derecho a la vivienda digna tiene una doble connotación, ya que de un lado evidencia rasgos
típicos de un derecho de prestación y, por otro, comporta las características propias de un derecho
fundamental, en la actualidad se señala que constituye un derecho fundamental autónomo, debido
a su estrecha relación con la dignidad humana, que además facilita su pronta y efectiva garantía por
distintos instrumentos constitucionales y legales, habiéndose indicado, por esta Corporación, que el
derecho a la vivienda digna impone al Estado la carga de organizar, según sus posibilidades fiscales
y de gestión, sistemas y procedimientos específicos que permitan atender oportuna y
satisfactoriamente las necesidades de vivienda de la población, lo que conlleva el deber de proveer
las condiciones adecuadas para dotarlas de un lugar digno para vivir con sus familias, al abrigo de
las inclemencias ambientales y en la consecución de su proyecto de vida; y ha de regularse por el
legislador y promoverse por el ejecutivo, al demandar un claro desarrollo legal previo”.
55 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-016 de 2021. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Nariño
Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
Apelación de sentencia
–definitivo o transitorio– de protección de este derecho fundamental, en particular
cuando se ve comprometida alguna de sus facetas fundamentales”56.
En este panorama, la Sala reconoce la especial relevancia constitucional del
derecho a la vivienda digna y la posibilidad de decretar su amparo por vía de la
acción popular; empero, en este evento, la sola subsistencia de viviendas
pendientes de entrega no permite concluir, en las particulares circunstancias del
caso, la afectación de la dimensión colectiva del derecho invocado.
A propósito de lo anterior, el compilado probatorio revela que para la atención de
los hogares damnificados por la temporada invernal presentada en los años 2010 y
2011 se diseñó e implementó una política pública nacional específica que cobijaba
al Departamento de Nariño, en desarrollo de ese programa de atención se
celebraron diversas relaciones contractuales para su ejecución, particularmente, la
contratación de un operador zonal que efectuaría los planes de intervención, la
interventoría técnica, legal y contractual que se encargaría de su aprobación y la
contratación de constructores de obra para ejecutar materialmente los proyectos de
vivienda.
En ese contexto, si bien el material probatorio da cuenta de que no todas las
soluciones habitacionales inicialmente proyectadas habían sido culminadas al
momento de promoverse la acción popular, tal circunstancia, por sí sola, no resulta
suficiente para concluir la existencia de una vulneración del derecho a la vivienda
digna atribuible a una conducta omisiva o arbitraria de las entidades demandadas,
pues, la efectividad de este derecho no puede evaluarse exclusivamente a partir del
grado de cumplimiento de las metas inicialmente previstas en una política pública.
Además, en el proceso se acreditó que las circunstancias que incidieron en que no
fueran finiquitadas la totalidad de viviendas cuya construcción o reubicación se
proyectó en el marco del contrato no. 081 de 2012 dieron lugar a que tanto el Fondo
Adaptación como el operador zonal Comfenalco Valle promovieran los respectivos
medios de control de controversias contractuales con el fin de que se definan
56
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-393 de 2025. MP. Vladimir Fernández Andrade.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Nariño
Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
Apelación de sentencia
judicialmente los eventuales incumplimientos y las responsabilidades derivadas de
su ejecución.
De igual manera, se probó que de forma paralela a dichos litigios el Fondo
Adaptación y Comfenalco Valle han continuado gestionando la entrega de las
soluciones habitacionales restantes y documentando su materialización mediante la
suscripción de acuerdos conciliatorios en los que se reconoce la entrega de
viviendas, algunos de los cuales ya han sido aprobados por el juez natural del
proceso ordinario contractual.
Finalmente, en cuanto al argumento de recurrente según el cual el tribunal debió
dinamizar la carga probatoria y decretar de oficio los elementos de convicción que
estimara pertinentes para determinar la amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos invocados por el actor es preciso señalar, de un lado, que no le
asiste razón al recurrente porque, en efecto, el tribunal aquo en ejercicio de sus
facultades legales el 2 de abril de 2024 dictó auto de mejor proveer en el que decretó
oficiosamente medios de prueba encaminados a esclarecer la controversia.
En segundo término, debe advertirse que en materia de acciones populares el
artículo 30 de la Ley 472 de 1998 es expreso y claro en determinar que la obligación
de demostrar los hechos y pretensiones en la demanda le corresponde a la parte
demandante; sin embargo, “(…) si por razones de orden económico o técnico” no
se pudiera cumplir con ese deber procesal, el juez puede adoptar órdenes para
suplir deficiencias, pero, esta no es precisamente la circunstancia que compone este
caso, pues, no se trata de una situación de orden económico ni fáctico que impidiera
al demandante aportar la prueba, sino que el reparo formulado en el recurso de
apelación se dirige, en esencia, a cuestionar la suficiencia del material probatorio
obrante en el expediente y las conclusiones alcanzadas por el fallador de primera
instancia a partir de su valoración, circunstancia que no puede confundirse con los
supuestos excepcionales que habilitan la intervención oficiosa del juez para suplir
la carga probatoria de las partes.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Nariño
Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
Apelación de sentencia
3. Condena en costas
En relación con este aspecto procesal el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 dispone
lo siguiente:
“Artículo 38.- Costas. El juez aplicará las normas de
procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al
demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos
ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea
temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las
partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios
mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las
demás acciones a que haya lugar.” (negrillas adicionales).
Según dicho precepto en los procesos promovidos en ejercicio de la acción popular
únicamente hay lugar a condenar en costas, en este caso, al actor, parte vencida a
quien le fue resuelto desfavorablemente el recurso de apelación que interpuso,
cuando la valoración de la conducta de este permita establecer que obró en forma
temeraria o de mala fe.
En ese marco legal entonces la Sala se abstendrá de condenar en costas al actor
en esta instancia por cuanto su conducta procesal no corresponde a las condiciones
que para ese efecto exige la norma que regula la materia, pues, no está teñida de
mala fe ni temeridad dado que no es constitutiva de abuso del derecho ni puede
calificarse como torticera, maliciosa ni malintencionada, presupuesto este
indispensable para adoptar aquel tipo de decisión.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida el 2 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Nariño.
2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.
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Expediente 52001-23-33-000-2018-00416-02 (73.883)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Nariño
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Apelación de sentencia
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Magistrado
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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