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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00571-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00571-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo de Nariño, conforme a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante de acuerdo con lo señalado en la parte motiva. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00571-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 52001-23-33-000-2018-00571-01 (2626-2023)
Demandante : Ana Belén Arteaga Torres
Demandado : Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.,
Departamento de Nariño y Jaime Alberto Arteaga Coral
Llamado en : Universidad de Medellín.
garantía
: Concurso de méritos para la designación del gerente de una
Tema empresa social del Estado. Alcance del control judicial sobre
los resultados. Corrección del consolidado de resultados y
revocatoria directa. Falsedad alegada de los resultados.
Decisión : Confirmar la sentencia de primera instancia. El control de
legalidad sobre un concurso de méritos no habilita al juez para
recalificar las pruebas. La facultad de corregir el consolidado
de resultados radicaba en la junta directiva de la entidad, pero
no podía ejercerse contra una orden judicial en firme ni sin el
consentimiento del titular de los derechos creados por el acto.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la
sentencia proferida el 26 de agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo de Nariño2.

I. ANTECEDENTES

Demanda3-4

1 Índice 02 SAMAI, actuaciones de segunda instancia. Expediente Digital archivo 43.
2
Índice 02 SAMAI, actuaciones de segunda instancia. Expediente Digital archivo 41.
3 Índice 02 SAMAI, actuaciones de segunda instancia. Expediente Digital archivo 01,07 y 12
4 La demanda fue objeto de reforma en dos oportunidades, al ser inadmitida por el juez administrativo y, posteriormente,

al ser remitida por competencia, por el Tribunal. En Consecuencia, se tendrá en cuenta la demanda presentada ante
el Tribunal y su correspondiente subsanación.

Radicación: 52001-23-33-000-2018-00571-01 (2626-2023)
Demandante: Ana Belén Arteaga Torres.

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, solicitó que se declarara la nulidad del Decreto No. 043 del 6 de febrero de
2018 y sus actos derivados, mediante el cual el Gobernador de Nariño, nombró en
propiedad a Jaime Alberto Arteaga Coral como Gerente del Hospital Universitario
Departamental de Nariño E.S.E.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se la designara en ese cargo y que
se le pagaran los salarios, las prestaciones sociales y los demás emolumentos dejados
de percibir desde la fecha del nombramiento hasta la designación efectiva.

3. Como fundamento de sus pretensiones expuso que se inscribió en el concurso y fue
admitida, según el acta 390-2580-310 del 17 de junio de 2016, y que fue citada a las
pruebas escritas del 10 de julio de 2016, las cuales presentó.

4. El 31 de julio de 2016 la Universidad de Medellín publicó los resultados preliminares
de la prueba comportamental, en los que asignó 94,33 puntos a Jaime Alberto Arteaga
Coral y 85,33 puntos a Ana Belén Arteaga Torres. Dos horas después, mediante el acta
390-2580-640, corrigió esos puntajes por un error del sistema y fijó 78,33 puntos para el
primero y 96,33 para la segunda. Contra esa corrección, Arteaga Coral promovió acción
de tutela. El juez de primera instancia5 declaró desierto el concurso; el de segunda
instancia6 revocó esa determinación, dispuso en su lugar mantener vigente la primera
publicación, favorable al accionante, y advirtió que la autoridad administrativa debía
acogerse a los parámetros legales si hallaba configurada una causal de revocatoria.
Dentro del nuevo término de reclamaciones, la parte demandante pidió que se revocara
esa publicación y se dejaran en firme los segundos resultados, con fundamento en el
reconocimiento del error que la propia Universidad había efectuado.

5. Relató que el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. comisionó al
asesor de control interno, Omar Córdoba Salas, para verificar el procedimiento
adelantado en la Universidad de Medellín7. Después de revisar, bajo protocolos de
seguridad, las hojas de respuesta originales de ambos aspirantes, el asesor concluyó que
«del cotejo de las pruebas comportamentales objeto de la acción de tutela en comento,
se pudo establecer que el puntaje total otorgado a los aspirantes Jaime Arteaga Coral y
Ana Belén Arteaga, corresponden al publicado en forma definitiva en la página WEB de
la Universidad y el Hospital».

6. Señaló que, pese a ese informe, el 29 de diciembre de 2016 la Universidad de Medellín
respondió su reclamación y mantuvo vigente la primera publicación, para lo cual invocó
el estricto cumplimiento del fallo de tutela. El 30 de enero de 2017, mediante el acta 390-
2580-802, se publicaron los resultados definitivos consolidados, que asignaron a Arteaga
Coral un ponderado de 83,70 y a Arteaga Torres uno de 81,29. La parte demandante
calificó esa determinación como un error de hecho por “falso juicio de existencia”, en la
medida en que tergiversó los resultados reales del componente comportamental.

5 Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Pasto
6 Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto
7 Verificación practicada los días 14 y 15 de septiembre de 2016. El informe fue rendido el 20 de septiembre de 2016.

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Demandante: Ana Belén Arteaga Torres.

7. Expuso, además, que el Acuerdo 017 del 6 de julio de 2017 publicó el listado de
elegibles, en el que se incluyó a una tercera aspirante, Nohora Cecilia Espinoza Pérez,
listado que fue confirmado por el Acuerdo 018 del 1° de agosto de 2017. El Acuerdo 040
del 12 de diciembre de 2017 publicó la terna definitiva, integrada por Arteaga Coral, con
83,70 puntos; Espinoza Pérez, con 82,73; y Arteaga Torres, con 81,14. Esa terna fue
confirmada por el Acuerdo 005 del 1° de febrero de 2018. Mediante el Decreto 043 del 6
de febrero de 2018, el gobernador de Nariño nombró en propiedad a Jaime Alberto
Arteaga Coral como gerente del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

8. Sostuvo que, con independencia de la tutela, mantener vigente la primera calificación
era ilegal, pues la realidad probatoria mostraba que el puntaje correcto era de 96,33 para
ella y de 78,33 para Arteaga Coral, sin que la Universidad ni la entidad hospitalaria
corrigieran el error, lo que incidió en la elección del gerente.

9. Los cargos de nulidad formulados fueron tres. El primero, que la junta directiva del
Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., pese a contar con facultad
expresa para corregir de oficio o a petición de parte el consolidado de resultados ante un
error comprobado en el procesamiento de datos, se abstuvo de ejercerla y se amparó en
el cumplimiento de una orden judicial. El segundo, que debió acudir a la revocatoria
directa del acto que mantuvo el puntaje errado, tal como lo había habilitado el fallo de
tutela de segunda instancia. Y el tercero, que, pese a conocer el error a través del informe
del asesor de control interno, no adelantó gestión alguna para aplicar esa revocatoria ni
para ejercer su facultad oficiosa de corrección, con lo cual consintió y favoreció la
designación de Jaime Alberto Arteaga Coral como gerente, en desmedro del debido
proceso administrativo y de los derechos fundamentales al trabajo y al acceso a los
cargos públicos.

El Llamamiento en garantía8

10. El llamamiento en garantía fue formulado por el Hospital Universitario Departamental
de Nariño E.S.E. con el fin de que la Universidad de Medellín compareciera al proceso y
que, en caso de que el Hospital resultara condenado a favor de la demandante Ana Belén
Arteaga Torres, fuera la Universidad quien le reembolsara, total o parcialmente, los
montos que tuviera que pagar por esa condena, así como los gastos procesales en que
incurriera.

11. El llamamiento en garantía tuvo dos fundamentos: uno contractual, pues la
Universidad de Medellín había sido la entidad contratada (contratos N° 00001-2016 y
00002-2016) para operar el concurso de méritos, con obligaciones expresas de atender
y resolver reclamaciones y acciones judiciales relacionadas con las pruebas y sus
resultados, y de garantizar la legalidad y objetividad de las decisiones tomadas en ese
marco; y, el otro, competencial pues según el Hospital, era la Universidad, y no el Hospital
ni su junta directiva, quien detentaba la función administrativa para revocar las actas de
publicación de los puntajes del concurso, por lo que la irregularidad que la demandante
alegaba (el mantenimiento de la primera calificación, presuntamente errada) se originó

8 Índice 02 SAMAI, actuaciones de segunda instancia. Expediente Digital archivo 20.

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Demandante: Ana Belén Arteaga Torres.

en la actuación de la Universidad como autoridad administrativa delegada del proceso de
selección.

Las Contestaciones de la demanda y del llamamiento en garantía:

La contestación de la demanda del Departamento de Nariño9:

12. En la oportunidad procesal correspondiente, el Departamento de Nariño presentó
escrito de contestación de la demanda en el que formuló excepciones previas y de mérito
como se sintetiza a continuación:

13. Excepciones previas: Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. No
demandar todos los actos que conforman el acto administrativo complejo e indebida
individualización de las pretensiones: El Departamento sostuvo que la parte actora no
individualizó debidamente el acto demandado, pues el nombramiento contenido en el
Decreto 043 de 2018 forma parte de un acto administrativo complejo integrado también
por la publicación de las pruebas comportamentales y de los resultados definitivos
consolidados expedidos por la Universidad de Medellín, así como por los Acuerdos 040,
038 y 039 de la Junta Directiva; al no haberse demandado la totalidad de esos actos,
consideró configurada una inepta demanda.

14. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios: Con el mismo
fundamento del acto complejo, el Departamento argumentó que la demanda no vinculó a
todos los sujetos cuya voluntad concurrió a la formación del acto: la Universidad de
Medellín y la Junta Directiva del Hospital, siendo indispensable su presencia, ya que la
sentencia debe ser única y de igual contenido para todos los integrantes de esa relación
jurídico-procesal, sin que pudiera declararse la nulidad del nombramiento dejando
vigentes los actos previos de esas otras autoridades.

15. Como excepciones de mérito formuló las siguientes: Inexistencia del acto
administrativo que se pretende declarar nulo: El Departamento alegó que el Decreto 043
de 2018 ya fue sacado de la vida jurídica en virtud de la sentencia T-059 de 2019 de la
Corte Constitucional, la cual dejó sin efectos los Acuerdos 017 y 019 de 2017 (que
excluyeron a la aspirante Gladys Myriam Sierra Pérez) y, como consecuencia, todas las
actuaciones administrativas posteriores, entre ellas el propio decreto de nombramiento;
por tanto, sostuvo que no existía en el momento un acto administrativo con vida jurídica
susceptible de ser declarado nulo.

16. Falta de causa para reclamar la realización del nombramiento y el pago de salarios y
prestaciones: El Departamento argumentó que, incluso, si en gracia de discusión se
hubiese mantenido vigente la segunda publicación de resultados comportamentales (la
favorable a la demandante), al recalcular el puntaje ponderado definitivo bajo ese
escenario la demandante tampoco habría ocupado el primer lugar, pues ese puesto
correspondería a Gladys Myriam Sierra Pérez en virtud de la sentencia T-059 de 2019;

9 Índice 02 SAMAI, actuaciones de segunda instancia. Expediente Digital archivo 15

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Demandante: Ana Belén Arteaga Torres.

en consecuencia, sostuvo que no había lugar al reconocimiento de los salarios y
prestaciones reclamados.

La contestación de la demanda del Hospital Universitario Departamental de
Nariño10:

17. La excepción previa planteada fue la de Ineptitud de la demanda por falta de los
requisitos formales o indebida formulación de pretensiones: El Hospital sostuvo que,
atendiendo a la naturaleza del acto demandado, la demandante debió atacar el acto
definitivo que condujo a la concreción de las circunstancias que alegaba como contrarias
al debido proceso, esto es, la lista de elegibles publicada mediante el Acuerdo 038 del 23
de noviembre de 2017, y no el Decreto 043 del mismo año; y que, en el evento de
considerarse que se trataba de un acto administrativo complejo, correspondía a la
demandante conformar y reprochar la totalidad de sus componentes, por lo que la
demanda carecería de los requisitos suficientes para que el Tribunal emitiera un análisis
de fondo.

18. Las excepciones de mérito fueron las siguientes:

19. Caducidad de la acción: El Hospital argumentó que el término de cuatro meses
previsto en la Ley 1437 de 2011 para el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho debía contabilizarse no desde la notificación del Decreto 043 de 2018, sino
desde el Acuerdo 038 del 23 de noviembre de 2017 acto que, a su juicio, ponía fin al
concurso al fijar la lista de elegibles (cuyos recursos fueron resueltos mediante Acuerdo
039 del 12 de diciembre de 2017); de manera que el término habría vencido el 12 de abril
de 2018, fecha anterior a la solicitud de conciliación prejudicial radicada el 5 de junio de
2018, por lo que la caducidad ya habría operado para entonces.

20. Inexistencia del derecho reclamado a título de restablecimiento: El Hospital sostuvo
que no podía darse por sentado que la demandante cumpliera las condiciones para
ocupar el primer lugar de la lista de elegibles y ser nombrada Gerente, pues, según sus
cálculos, aun aplicando hipotéticamente el puntaje de la prueba comportamental que ella
reclamaba como válido, el ponderado resultante (82,74) seguía siendo inferior al obtenido
por los dos primeros aspirantes de la terna surgida tras la Sentencia T-059 de 2019
(Gladys Myriam Sierra Pérez y Jaime Alberto Arteaga Coral), cuya inclusión y variación
en el orden de mérito hacía jurídicamente imposible acceder a la designación pretendida.

21. Incompetencia del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. para
revocar los puntajes asignados por la Universidad de Medellín: El Hospital argumentó
que, conforme al marco contractual y normativo del concurso, la entidad que detentaba
la competencia para revocar los actos de calificación de las pruebas comportamentales
era la Universidad de Medellín, como institución delegataria de esa función administrativa
por virtud del contrato suscrito, siendo ella, y no la Junta Directiva del Hospital, la
encargada de agotar los trámites legales para corregir cualquier circunstancia indicativa
de que sus propios actos no se ajustaban a la realidad fáctica o legal del concurso.

10 Índice 02 SAMAI, actuaciones de segunda instancia. Expediente Digital archivo 17

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La contestación al llamamiento en garantía de la Universidad de Medellín11

22. Como excepción previa se formuló la de Falta de legitimación en la causa material
por pasiva. La Universidad de Medellín sostuvo que no cuenta con capacidad ni
competencia jurídica para expedir los actos administrativos que se demandan, ya que su
intervención se limitó a operar el proceso de selección hasta la consolidación de la
información, correspondiendo la expedición de los actos administrativos al Hospital
Universitario Departamental de Nariño; adicionalmente, señaló que el llamamiento se
fundamenta en una relación contractual (contrato 00001-2016) ya liquidada
bilateralmente, sin obligaciones pendientes entre las partes, por lo que solicitó su
desvinculación del proceso.

23. La excepción de mérito formulada fue la de hecho superado, la Universidad solicitó
que se negaran las pretensiones de la demandante por hecho superado, señalando que
el objeto de la litis ya fue revisado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-
059 de 2019, en cumplimiento de la cual la Junta Directiva del Hospital, mediante Acuerdo
N° 011 del 9 de julio de 2019, conformó una nueva terna de elegibles y nombró como
gerente a Gladys Myriam Sierra Pérez, de modo que los actos administrativos
originalmente demandados carecerían de validez y no le asistiría razón a la demandante.

Sentencia apelada12

24. El Tribunal administrativo de Nariño, mediante sentencia del 26 de agosto de 2022,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
Formuló como problema jurídico central el de establecer si debía declararse la nulidad
del Decreto 043 del 6 de febrero de 2018, por el cual se nombró a Jaime Alberto Arteaga
Coral como gerente del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., y anticipó
que esa nulidad no procedía.

25. Para sustentar tal conclusión, el Tribunal hizo primero un recuento probatorio de los
actos administrativos que conformaron el trámite del concurso de méritos. Relacionó el
Acuerdo 014 de 2016, que reglamentó la convocatoria y delegó en la Universidad de
Medellín la ejecución del proceso de selección; el Acuerdo 017 del 26 de mayo de 2016,
que lo modificó; el contrato 001 de 2016 suscrito entre la entidad hospitalaria y esa
universidad; el acta 390-2580-640 del 9 de agosto de 2016, por la cual se publicaron los
resultados definitivos de la prueba comportamental; y el informe del asesor de control
interno, Omar Córdoba Salas, que dio cuenta de la verificación practicada sobre las
pruebas de los aspirantes Arteaga Coral y Arteaga Torres.

26. Reseñó el fallo de tutela de segunda instancia proferido el 2 de noviembre de 2016
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. Relacionó los sucesivos acuerdos
expedidos por la junta directiva de la entidad hospitalaria entre 2017 y 2019, entre ellos
los Acuerdos 017, 021, 023, 026, 029, 036, 037, 038, 039 y 040, por medio de los cuales
se excluyó y se reincluyó en distintas ocasiones a la aspirante Gladys Myriam Sierra
Pérez, se ajustaron las calificaciones de antecedentes y, por último, se conformó la terna
de elegibles remitida al gobernador. Dejó constancia del Decreto 043 de 2018, que

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designó a Arteaga Coral, y de la sentencia T-059 de 2019 de la Corte Constitucional, que
amparó los derechos de Gladys Myriam Sierra Pérez, dejó sin efectos los Acuerdos 017
y 019 de 2017 y ordenó reiniciar el concurso. Se refirió también al Acuerdo 003 del 10 de
abril de 2019, por el cual la entidad hospitalaria dio cumplimiento a esa sentencia y
publicó un nuevo listado de elegibles en el que Gladys Myriam Sierra Pérez obtuvo el
primer lugar con 84,66 puntos.

27. En el análisis del caso concreto, se detuvo en el origen de la controversia, esto es, la
doble publicación de los resultados de la prueba comportamental efectuada por la
Universidad de Medellín el 31 de julio de 2016, que en un primer momento asignó 94,33
puntos a Arteaga Coral y 85,33 a la parte demandante, y que dos horas después fue
corregida con la inversión de esos resultados a 78,33 y 96,33, respectivamente. Explicó
que ese segundo ajuste dio lugar a la tutela promovida por Arteaga Coral, la cual culminó
con la orden de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto de mantener vigente la
primera publicación, que era la que contenía el error, y de declarar la nulidad del acto que
había corregido el puntaje.

28. Precisó que la decisión de la junta directiva de conservar el puntaje errado no
obedeció a un capricho de la entidad, sino al estricto cumplimiento de esa orden judicial.
Advirtió, además, que la parte demandante contaba con la posibilidad de solicitar la
corrección del puntaje con apoyo en el informe de auditoría interna, gestión que, según
las pruebas, no adelantó. Examinó también el argumento relativo a que la junta directiva
debió acudir a la revocatoria directa, frente al cual indicó que esa facultad, conforme al
contrato 001 de 2016, radicaba primordialmente en la Universidad de Medellín, sin
perjuicio de que la entidad hospitalaria también hubiera podido corregir irregularidades
con fundamento en el artículo 41 del CPACA.

29. A partir de esas premisas, el Tribunal efectuó un ejercicio comparativo de puntajes,
construido sobre la lista de elegibles publicada mediante el Acuerdo 003 del 10 de abril
de 2019 y el reajuste de la calificación de antecedentes allí dispuesto. Con el consolidado
que incorporaba el puntaje errado y que efectivamente se aplicó, la parte demandante
obtuvo 81,14 puntos y ocupó el tercer lugar de la terna. Aun con el ponderado recalculado
a partir del puntaje real de la prueba comportamental, esto es, 96,33, el resultado habría
sido de 82,79 puntos, cifra igualmente inferior a la de Gladys Myriam Sierra Pérez, que
fue de 84,664 y que determinó su elección. De esa comparación concluyó que, aun en el
escenario más favorable, la parte demandante no habría alcanzado el primer lugar de la
terna ni, por tanto, el derecho a ser nombrada.

30. Descartó que el acto de nombramiento hubiera vulnerado la Ley 1122 de 2007 o el
Decreto 800 de 2008, por cuanto el proceso de selección culminó con la conformación
de una terna ajustada a esas normas. Desestimó la excepción de inexistencia del acto
demandado, propuesta por el Departamento de Nariño y por el Hospital Universitario
Departamental de Nariño E.S.E. Advirtió que la sentencia T-059 del 14 de febrero de
2019, que amparó los derechos fundamentales de Gladys Myriam Sierra Pérez, dejó sin
efectos los Acuerdos 017 del 6 de julio de 2017 y 019 del 1° de agosto de 2017, así como
las actuaciones administrativas posteriores, entre ellas el Decreto 043 de 2018. Con todo,
concluyó que esa desaparición sobreviniente no impedía examinar la legalidad del acto

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respecto de los efectos que produjo mientras estuvo vigente, razón por la cual abordó el
fondo de la controversia.

31. Con base en lo anterior, el Tribunal concluyó que, si bien existió una actuación errada
al mantenerse como definitivo un puntaje que contenía yerros, esa decisión fue adoptada
por la junta directiva en acatamiento de una orden judicial y que, en todo caso, aun con
el cómputo del puntaje real de la prueba comportamental, la parte demandante no habría
ocupado el primer lugar de la terna de elegibles, razón por la cual no había lugar a
declarar la nulidad del Decreto 043 de 2018.

32. Por último, sobre las costas procesales, el Tribunal recordó que su imposición,
conforme al artículo 365 del CGP, obedece a un criterio objetivo derivado de la derrota
procesal, sin que sea necesario examinar la conducta ni la buena o mala fe de las partes,
para lo cual invocó la sentencia C-157 de 2013 de la Corte Constitucional. Explicó el
procedimiento para la tasación de las agencias en derecho y de las expensas, y precisó
que esa liquidación corresponde a la secretaría del despacho y no puede fijarse en la
propia sentencia. Sobre esa base, condenó en costas de la instancia a la parte
demandante, por haber resultado vencida, y dispuso que su liquidación se realizara
conforme a los artículos 365 y 366 del CGP.

El recurso de apelación13

33. La parte demandante estructuró el recurso alrededor de un cargo general,
consistente en que la sentencia apelada incurrió en error de hecho y de derecho por
indebida valoración de la prueba e interpretación errónea de los enunciados jurídicos.
Ese cargo lo desarrolló a partir de dos líneas argumentativas.

34. La primera línea se centró en la valoración probatoria del puntaje obtenido en la
prueba comportamental. Sobre este punto, la parte recurrente reconstruyó de manera
detallada, a lo largo de veinticuatro numerales, el trámite del concurso de méritos. Ese
recuento comprendió la expedición del Acuerdo 014 de 2016, la doble publicación de
resultados preliminares del 31 de julio de 2016, el fallo de tutela del Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas de Pasto que declaró desierto el concurso, su revocatoria por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Pasto y las sucesivas publicaciones de resultados, hasta
la conformación de la terna de elegibles y el nombramiento de Jaime Alberto Arteaga
Coral mediante el Decreto 043 de 2018. Con ese recuento procuró demostrar que el
puntaje real obtenido en la prueba comportamental era de 96,33 y el de Arteaga Coral de
78,33, según lo verificado en el informe del asesor de control interno. Sobre esa base
afirmó que tanto la Universidad de Medellín como la entidad hospitalaria incurrieron en
error de hecho por falso juicio de existencia, al mantener en la calificación definitiva unos
resultados que distaban de la realidad probada, circunstancia que, a su juicio, incidió de
manera determinante en la conformación de la terna de elegibles y en la elección del
gerente.

35. La segunda línea argumentativa se dirigió a cuestionar la legalidad de los actos
administrativos previos al Decreto 043 de 2018, bajo la causal de expedición irregular por

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Demandante: Ana Belén Arteaga Torres.

ilegalidad de esos actos y violación de las normas superiores en que debía fundarse el
nombramiento. Entre ellas, invocó los artículos 1, 13, 25, 29, 40, numeral 7, 121, 125 y
209 de la Constitución Política; los artículos 192 y 195, numeral 4, de la Ley 100 de 1993;
el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007; el Decreto 800 de 2008; la Resolución 165 de 2008;
los artículos 93 y 94 del CPACA; y los Acuerdos 014 de 2016, 040 de 2017 y 005 de
2018. Dentro de esta causal formuló tres razones concretas.

36. Adujo, en primer lugar, que la junta directiva de la entidad hospitalaria, pese a contar
con la facultad expresa prevista en el parágrafo 1° del artículo 50 del Acuerdo 014 de
2016 para modificar de oficio o a petición de parte el consolidado de resultados cuando
se comprobara un error en el procesamiento de datos, se abstuvo de ejercerla y se limitó
a invocar el cumplimiento de la orden judicial proferida por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Pasto.

37. Sostuvo, en segundo lugar, que la junta directiva debió acudir a la revocatoria directa
del acto que mantuvo el puntaje errado, tal como lo había habilitado de manera expresa
el fallo de tutela de segunda instancia, sin que hubiera adelantado ese trámite.

38. En tercer lugar, que, pese a conocer el error a través del informe rendido por el asesor
de control interno, la entidad no adelantó gestión alguna para ejercer la revocatoria directa
ni su facultad oficiosa de corrección, con lo cual consintió y favoreció la designación de
Jaime Alberto Arteaga Coral en el cargo de gerente.

39. Con sustento en esos cargos, el recurso concluyó que la conservación de una
calificación errada en la prueba comportamental, que incidió en el resultado final del
concurso, desconoció los principios de participación, publicidad e igualdad que rigen la
función administrativa, el debido proceso y los derechos fundamentales al trabajo y al
acceso a los cargos públicos. Por esa razón, solicitó revocar la sentencia del 26 de agosto
de 2022 y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

40. Ninguna de las partes cuestionó la decisión que desestimó la excepción de
inexistencia del acto demandado, de manera que ese punto quedó por fuera del debate
de la segunda instancia.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

41. Mediante auto proferido el 24 de octubre de 202414 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte actora.

42. En la misma providencia se advirtió a las partes del proceso que hasta que dicho auto
cobrara ejecutoria contaban con la posibilidad de pronunciarse respecto del recurso de
apelación presentado por la parte actora. En esta oportunidad solo el Departamento de

14 Índice 14 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.

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Demandante: Ana Belén Arteaga Torres.

Nariño15 presentó el escrito de traslado correspondiente en el que reiteró sus argumentos
de defensa.

Ministerio Público

43. No se presentó concepto del Ministerio Público en segunda instancia, en primera
instancia sí16.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

44. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Con
fundamento en la norma anterior, se abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

45. Conforme a los reparos formulados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala
establecer, en primer lugar, si el Tribunal valoró indebidamente la prueba al avalar la
conservación de los puntajes de la primera publicación de la prueba comportamental,
esto es, 94,33 para Jaime Alberto Arteaga Coral y 85,33 para la parte demandante, pese
a que la propia Universidad de Medellín había reconocido que los reales eran 78,33 y
96,33, respectivamente. El Tribunal sostuvo que esa conservación obedeció al estricto
cumplimiento de una orden judicial. La parte apelante afirma, por el contrario, que la
administración incurrió en un error con incidencia determinante en la conformación de la
terna y en la designación del gerente.

46. En segundo lugar, la Sala determinará si la junta directiva del Hospital Universitario
Departamental de Nariño E.S.E. estaba obligada a revocar el acto que mantuvo el puntaje
errado o a corregirlo de oficio, en ejercicio de la facultad prevista en el parágrafo 1.° del
artículo 50 del Acuerdo 014 de 2016, y si la omisión de ese deber configura la causal de
expedición irregular respecto de los actos previos al Decreto 043 de 2018. El Tribunal
concluyó que tal competencia radicaba primordialmente en la Universidad de Medellín,
en su condición de operadora del concurso. La parte apelante sostiene que correspondía
a la junta directiva, habilitada para ello tanto por el reglamento de la convocatoria como
por el fallo de tutela de segunda instancia. En tercer lugar, la Sala establecerá si la
subsistencia del error en el puntaje de la prueba comportamental priva de veracidad al
fundamento fáctico del Decreto 043 de 2018. El Tribunal descartó que el nombramiento
hubiera desconocido la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 800 de 2008, por cuanto el proceso

15 Índice 20 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.
16 Índice 02 SAMAI, actuaciones de segunda instancia. Expediente Digital archivo 38.

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Demandante: Ana Belén Arteaga Torres.

de selección culminó con una terna ajustada a esas normas. La parte apelante afirma
que la calificación definitiva mantuvo unos resultados que distaban de la realidad probada
y que ese vicio se comunicó al acto de nombramiento.

Análisis

47. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, aunque con precisiones que
corrigen parcialmente su motivación. Tres consideraciones sustentan esta decisión. La
primera, que la conservación de los puntajes de la primera publicación obedeció al
acatamiento de una orden judicial de tutela que había anulado el acto corrector. La
segunda, que la facultad de corregir el consolidado de resultados correspondía a la junta
directiva de la entidad hospitalaria, pero su ejercicio estaba supeditado a un
consentimiento que no podía obtenerse. Y la tercera, que los motivos del acto demandado
no resultan falsos, sin que obre en el expediente prueba autónoma del puntaje que la
parte demandante reclama como verdadero.

El alcance del control judicial sobre los resultados del concurso de méritos

48. La parte apelante sostuvo que el puntaje real obtenido en la prueba comportamental
era de 96,33 y el de Arteaga Coral de 78,33, según lo verificado en el informe del asesor
de control interno, y que la conservación de los resultados de la primera publicación
configuró un error de hecho con incidencia determinante en la conformación de la terna
de elegibles y en la elección del gerente.

49. Advierte la Sala, de manera preliminar, que este reparo reproduce en términos
prácticamente idénticos el cargo formulado en la demanda17. Tal reiteración no impide su
estudio, pero sí delimita su alcance, pues el recurso no controvierte las razones por las
cuales el Tribunal desestimó el cargo, sino que insiste en la premisa fáctica de la que
aquel ya se ocupó. Al respecto debe señalarse que el juez de lo contencioso
administrativo, cualquiera que sea la instancia en que actúe, no puede erigirse en
calificador ulterior de un concurso de méritos, pues ello supondría sustituir a la
administración en el ejercicio de competencias que le fueron atribuidas de manera
privativa.

50. Su función se circunscribe al control de legalidad, dirigido a verificar si la entidad
aplicó los parámetros objetivos fijados para el concurso, que en este caso estaban
consignados en el Acuerdo 014 de abril de 201618 y en el Acuerdo 017 del 26 de mayo
de 201619. Ese control, sin embargo, no se agota en una verificación formal. Cuando la
propia administración reconoce que un resultado publicado no corresponde a lo
realmente obtenido en la prueba, como aquí sucedió, corresponde al juez establecer si
existía un deber jurídico de corregirlo, a quién incumbía y si su inobservancia alcanza a

17 Ver hechos 8.10 y 12 de la demandada.
18
Acuerdo 014 del 22 de abril de 2016, expedido por la junta directiva del Hospital Universitario Departamental de
Nariño E.S.E. Índice 02 SAMAI, actuaciones de segunda instancia; expediente digital, archivo 19.
19
Acuerdo 017 del 26 de mayo de 2016. Índice 02 SAMAI, actuaciones de segunda instancia; expediente digital,
archivo 19.

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Demandante: Ana Belén Arteaga Torres.

viciar el acto demandado y si el fundamento fáctico del acto resulta falso. A ese examen
se contraen los apartes siguientes.

De los mecanismos de corrección previstos en el reglamento de la convocatoria

51. Sostuvo la parte apelante que la junta directiva del Hospital Universitario
Departamental de Nariño E.S.E. contaba con la facultad expresa, prevista en el parágrafo
1° del artículo 50 del Acuerdo 014 de 2016, para modificar de oficio o a petición de parte
el consolidado de resultados cuando se comprobara un error en el procesamiento de
datos, y que se abstuvo de ejercerla para ampararse en el cumplimiento de la orden
judicial.

52. Le asiste razón en cuanto a la titularidad de esa facultad. El parágrafo 1.° del artículo
50 del Acuerdo 014 de 2016 dispone que «el consolidado de resultados obtenidos por los
aspirantes, únicamente podrá ser modificado por la Junta Directiva, de oficio, a petición
de parte o como producto de solicitudes de corrección de resultados cuando compruebe
que hubo error en el procesamiento de datos, caso en el cual deberá incluirse o ajustarse
el puntaje obtenido por el aspirante o excluirse al aspirante cuando se configure una
causal prevista en este Acuerdo o en la ley». En el mismo sentido, el inciso segundo del
artículo 54 ibidem prevé que «la lista de elegibles también podrá ser modificada por la
Junta Directiva, de oficio, a petición de parte o como producto de las solicitudes de
corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y resueltas reubicando a
uno o varios aspirantes cuando compruebe que hubo error, caso en el cual deberá
ubicársele en el puesto que le corresponda».

53. De ambas disposiciones se desprende que el reglamento de la convocatoria radicó
en la junta directiva, y no en la Universidad de Medellín, la competencia para modificar el
consolidado de resultados y la lista de elegibles ante un error en el procesamiento de
datos. En este punto la Sala precisa la motivación de la sentencia apelada, que atribuyó
esa competencia primordialmente a la Universidad de Medellín con fundamento en el
contrato 001 de 2016, pues las obligaciones contractuales de la operadora del concurso
no podían desplazar la atribución que el propio reglamento confirió al órgano de dirección
de la entidad.

54. Debe señalarse que la parte demandante sí acudió a los mecanismos de reclamación
previstos en la convocatoria. Dentro del término abierto después del fallo de tutela de
segunda instancia, comprendido entre el 19 y el 23 de diciembre de 2016, solicitó que se
revocara la primera publicación y se dejaran en firme los segundos resultados, petición
que la Universidad de Medellín resolvió el 29 de diciembre de 2016, oportunidad en la
que mantuvo vigente aquella publicación. No es exacto, por tanto, sostener sin matices
que la interesada omitió toda gestión dirigida a la corrección del puntaje.

55. Ninguna de esas precisiones conduce, sin embargo, a la prosperidad del cargo. El
fallo proferido el 2 de noviembre de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto no se limitó a ordenar que se mantuviera vigente la primera
publicación: declaró la nulidad del acta que había corregido los puntajes. Ejercer en esas

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condiciones la facultad del parágrafo 1° del artículo 50 habría equivalido a reproducir por
vía administrativa el mismo acto que la autoridad judicial acababa de anular.

56. La facultad reglamentaria de corrección no habilita a la administración para
desatender una decisión judicial ejecutoriada. Su ejercicio presupone que el acto por
corregir permanezca a disposición de la entidad, presupuesto que no se cumplía en este
caso, en el que la vigencia de la publicación cuestionada provenía de una orden de tutela
y no de una determinación autónoma de la administración. Cosa distinta es que ese
mismo fallo hubiera advertido que la autoridad administrativa podía desplegar
competencias legales si hallaba configurada una causal de revocatoria, planteamiento al
que se contrae el reparo siguiente.

De la revocatoria directa y la competencia para ejercerla

57. La parte apelante afirmó que la junta directiva debió acudir a la revocatoria directa
del acto que mantuvo el puntaje errado, tal como lo habilitó el fallo de tutela de segunda
instancia, y que, pese a conocer la irregularidad por el informe del asesor de control
interno, no adelantó gestión alguna en ese sentido, con lo cual consintió y favoreció la
designación del gerente.

58. Precisa la Sala cuál es el acto cuya revocatoria se reclama. No lo es el Decreto 043
del 6 de febrero de 2018, expedido por el gobernador de Nariño y cuya nulidad se
persigue por la vía de este medio de control, sino la publicación de los resultados de la
prueba comportamental efectuada el 31 de julio de 2016 y mantenida vigente por decisión
judicial. De ese acto, y no del nombramiento, predica el recurso el deber de revocatoria.

59. Conforme al artículo 93 del CPACA, la revocatoria directa procede de oficio o a
solicitud de parte, de modo que la facultad no es privativa de la entidad autora del acto.
Con todo, cuando se trata de actos de carácter particular y concreto, el artículo 97 de la
misma codificación supedita su revocación al consentimiento previo, expreso y escrito del
titular de los derechos que el acto reconoció y, a falta de este, impone a la administración
demandar su propio acto ante esta jurisdicción.

60. Los derechos derivados de la publicación mantenida vigente favorecían a Jaime
Alberto Arteaga Coral, quien había obtenido precisamente la orden judicial que dispuso
su conservación. La revocatoria exigía, en consecuencia, su consentimiento, cuya
obtención resultaba manifiestamente improbable. Así lo advirtió el propio juez
constitucional, en el pasaje que el recurso transcribe: «al no contar la administración con
el consentimiento del titular o éste se niegue para el efecto, en este caso Jaime Alberto
Arteaga [Coral] no otorgue ese consentimiento y aquélla persiste en considerar que existe
una de las causales legales para su revocatoria, deberá entonces, demandar su propio
acto».

61. La advertencia contenida en el fallo de tutela no impuso, entonces, un deber
incondicionado de revocar. Remitió al régimen del CPACA, cuyos requisitos no podían
satisfacerse sin la anuencia del titular de los derechos. Y aun si se admitiera que la
administración debió promover la nulidad de su propio acto ante esta jurisdicción, tal

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omisión no se traduce en un vicio de expedición irregular del Decreto 043 de 2018, pues
la causal invocada supone que los actos previos adolezcan de un defecto imputable a la
administración en el procedimiento de formación de la voluntad, y no que esta haya
dejado de ejercer una acción judicial frente a un acto cuya vigencia le venía impuesta por
un juez.

62. La invocación del artículo 94 del CPACA tampoco altera esta conclusión, pues esa
disposición regula los eventos en que la revocatoria directa solicitada por el interesado
resulta improcedente y, lejos de imponer un deber de revocar, restringe las condiciones
de su ejercicio.

63. Así las cosas, la omisión reprochada no configura la causal de expedición irregular
alegada, pues no puede reputarse irregular la abstención de ejercer una facultad cuyo
ejercicio estaba condicionado a un consentimiento que no se había obtenido ni podía
presumirse. El cargo, en consecuencia, no está llamado a prosperar.

De la alegada falsedad de los resultados de la prueba comportamental

64. Resta examinar si la subsistencia del error en el puntaje de la prueba comportamental
configura la causal de nulidad que se atribuye al Decreto 043 de 2018. El reproche, en
su formulación sustancial, consiste en que el acto demandado se apoya en unos
resultados que no corresponden a lo realmente obtenido en la prueba, de suerte que su
fundamento fáctico sería falso. Así entendido, el cargo no está llamado a prosperar, por
tres razones.

65. La primera es que los motivos del acto demandado no son falsos. El Decreto 043 del
6 de febrero de 2018 tuvo por fundamento la existencia de una terna de elegibles
conformada mediante el Acuerdo 040 del 12 de diciembre de 2017 y en firme por virtud
del Acuerdo 005 del 1° de febrero de 2018, en la que Jaime Alberto Arteaga Coral
ocupaba el primer lugar. Ese motivo es cierto. Y conforme al artículo 28 de la Ley 1122
de 2007 y al artículo 72 de la Ley 1438 de 2011, invocado de manera expresa en el
Acuerdo 040, el nominador debe designar a quien haya alcanzado el más alto puntaje
dentro de la terna que se le remite, sin margen de apreciación sobre las calificaciones
que la integran. Otro tanto cabe decir de los acuerdos que conformaron la lista de
elegibles y la terna, cuyo fundamento fue el consolidado de resultados vigente, que existía
y tenía el contenido que aquellos le atribuyeron.

66. La segunda es que la discordancia denunciada solo podría predicarse del acta de
publicación de los resultados de la prueba comportamental del 31 de julio de 2016, único
acto en el que se habría producido la divergencia entre lo publicado y lo realmente
obtenido. Ese acto no fue demandado, y su vigencia no provino de una determinación
autónoma de la administración sino de la orden impartida por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto. Tener por falso su contenido en este proceso, para
derivar de allí la nulidad de los actos que lo aplicaron, comportaría desconocer por vía
indirecta una decisión judicial en firme.

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67. La tercera es que no obra en el expediente prueba autónoma del puntaje que la parte
demandante reclama como verdadero. El único documento que consigna los guarismos
de 78,33 y 96,33 es el acta que el juez de tutela declaró nula. El informe del asesor de
control interno, según su texto, se limitó a señalar que el puntaje total otorgado a los
aspirantes «corresponden al publicado en forma definitiva en la página WEB de la
Universidad y el Hospital», sin fijar cifra alguna, y no se practicó experticia ni cotejo que
permitiera establecerla. La Sala no podría, en consecuencia, declarar la falsedad de los
motivos sin apoyarse precisamente en el acto retirado del ordenamiento.

68. No se acredita, por tanto, la causal de nulidad invocada. El cargo no prospera y la
sentencia apelada se confirmará, con las precisiones de motivación que se han dejado
consignadas.

Condena en costas

69. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

70. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

71. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

72. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte actora, por cuanto
no prosperaron los argumentos expuestos en su recurso de apelación encaminados a
desvirtuar la decisión de fondo adoptada por el Tribunal. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Nariño.

73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Ana Belén Arteaga Torres.

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022, por el Tribunal
Administrativo de Nariño, conforme a lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante de
acuerdo con lo señalado en la parte motiva.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
que integran la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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