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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00008-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00008-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 9 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 52001-23-33-000-2019-00008-01 (2938-2022) Demandante: Sandra Margoth Chamorro Jaramillo PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 20 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora Sandra Margoth Chamorro Jaramillo, a favor de la ESE Hospital Pío XII de Colón (Putumayo). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00008-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00008-01 (2938-2022)
Demandante: Sandra Margoth Chamorro Jaramillo
Demandado: ESE Hospital Pío XII de Colón (Putumayo)

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque la
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 20 de octubre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad del oficio
2018-11-211 del 23 de noviembre de 2018, expedido por la entidad accionada,
mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral entre el 1.º de marzo de 2013 y el 28 de febrero de 2017, así como el
pago de las prestaciones derivadas de dicha vinculación, período durante el cual
se desempeñó como fisioterapeuta.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro al mismo
cargo o a uno de igual o superior jerarquía; ii) el pago de las primas de servicios
y de navidad, las cesantías y sus intereses, las indemnizaciones por despido
injustificado y por desvinculación en estado de embarazo, las sanciones
moratorias por la falta de consignación de cesantías y el no pago de sus
intereses, así como la compensación por dotación de calzado y vestido y por
vacaciones causadas y no disfrutadas; iii) la devolución de los aportes al sistema
de seguridad social que realizó y que correspondían a la entidad demandada,
junto con el reconocimiento de la licencia de maternidad; iv) la indexación de las
sumas que se reconozcan y el pago de los intereses moratorios; v) la condena
en costas y vi) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del
CPACA.

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00008-01 (2938-2022)
Demandante: Sandra Margoth Chamorro Jaramillo

3. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado infringió normas
superiores1 en la medida en que los contratos de prestación de servicios
encubrieron una verdadera relación laboral. Además, señaló que su retiro se
produjo cuando se encontraba en estado de embarazo, circunstancia que le
otorgaba estabilidad laboral reforzada.

Contestación de la demanda2

4. La ESE accionada se opuso a las pretensiones argumentando que el
ordenamiento jurídico le permite suscribir contratos de prestación de servicios
para realizar actividades que no pueda desarrollar con el personal de planta o
requieran conocimientos especializados a fin de garantizar el servicio de salud.

5. Indicó que la contratación por prestación de servicios no genera un vínculo
laboral sino una relación civil o comercial, de modo que no se generan
prestaciones sociales ni derechos propios de un contrato de trabajo.

6. Manifestó que las mujeres contratistas por prestación de servicios que se
encuentren en estado de embarazo gozan de estabilidad laboral reforzada
cuando con su forma de vinculación se oculta una auténtica relación laboral, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ahora bien, la
accionante dio a luz a su hijo cuando ya había expirado su contrato y no informó
su condición de madre gestante.

7. Propuso las excepciones de falta de causa o razón para demandar,
prescripción y la genérica.

Sentencia apelada

8. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y la existencia del vínculo
laboral entre las partes procesales desde el 1.° de marzo de 2013 hasta el 28 de
febrero de 2017, de manera interrumpida3. En consecuencia, le ordenó a la
entidad accionada pagar a la demandante las prestaciones sociales legales a las
que tiene derecho, liquidadas con base en los honorarios pactados en los
contratos, causadas durante los siguientes períodos: 15 de enero al 30 de
noviembre de 2015; 17 de febrero al 31 de octubre de 2016 y 1.° de enero al 28
de febrero de 2017.

9. Adicionalmente condenó a la entidad demandada a efectuar los aportes a
pensión en el porcentaje que le correspondía como empleadora. También
dispuso que, de existir diferencias frente a las cotizaciones realizadas por la

1
Artículos 1, 2, 25, 43 y 53 de la Constitución Política; 26 de la Ley 10 de 1990; y 62, 63 y 240 del Código
Sustantivo del Trabajo; y la Ley 1122 de 2007. Además, hizo referencia a las Sentencias C-171 de 2012,
SU-070 de 2013, T-687 de 2008 y T-501 de 2004 de la Corte Constitucional.
2
Aunque la demanda también se dirigió contra el departamento del Putumayo y este la contestó, en la
audiencia inicial celebrada el 5 de diciembre de 2019 se desvinculó a dicha entidad del proceso.
Adicionalmente, en la sentencia de primera instancia se indicó lo siguiente: «Finalmente, en lo que concierne
a la solicitud del Departamento del Putumayo – Secretaría de Salud Departamental, de desvincularlos de la
decisión que se profiera en la presente sentencia, esta Judicatura advierte que se encuentra emitida una
decisión en firme, la cual consistió precisamente en la desvinculación de los mismos, habida cuenta que
(sic) prosperó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva».
3
«desde el 1° de marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2017, salvo los siguientes periodos en los que
se presentó solución de continuidad: del 30 de noviembre de 2013 al 20 de enero de 2014, del 30 de
noviembre de 2015 al 17 de febrero de 2016 y del 31 de octubre de 2016 al 1° de enero de 2017».
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Demandante: Sandra Margoth Chamorro Jaramillo

accionante con base en los salarios que debió devengar, deberá asumir las
sumas faltantes en la proporción que le correspondía como trabajadora.

10. De igual manera ordenó indexar las sumas adeudadas, declaró la
prescripción de los tiempos de servicios anteriores al contrato del 15 de enero de
2015, condenó en costas a la entidad demandada por haber resultado vencida y
negó las demás pretensiones.

11. Expuso que la señora Chamorro Jaramillo fue contratada entre el 1.º de
marzo de 2013 y el 28 de febrero de 2017 de manera interrumpida para prestar
servicios personales como fisioterapeuta, labor por la cual recibió una
remuneración mensual.

12. Puso de presente la presunción de subordinación en los casos de
profesionales de enfermería según la jurisprudencia del Consejo de Estado y
consideró que se extiende a quienes prestan sus servicios en condiciones
similares.

13. Estimó que la subordinación se encuentra demostrada con base en los
objetos y obligaciones pactados en contratos sucesivos que comprendían
actividades propias de la misionalidad. Además señaló que cumplía horarios y
desarrollaba funciones distintas a las convenidas por instrucción de sus
superiores.

14. Explicó que no procede el reembolso de aportes a pensión y salud puesto
que correspondía a la contratista asumir dichos pagos.

15. Frente a la devolución de los valores cotizados por licencia de maternidad
indicó que se causó por fuera de la relación laboral y fue informada cuando el
vínculo ya había finalizado y que en todo caso fue disfrutada.

16. Precisó que no era posible ordenar el reintegro al cargo que venía
desempeñando o a uno de igual o superior categoría ya que la desnaturalización
de los contratos de prestación de servicios no confiere la condición de empleada
pública.

17. Destacó que existieron interrupciones superiores a 30 días hábiles entre
varios contratos. En consecuencia, como la reclamación administrativa se
presentó el 25 de octubre de 2018, concluyó que operó la prescripción extintiva
de los tiempos reclamados con anterioridad al 25 de octubre de 2015, afectados
por la solución de continuidad salvo en lo relativo a los aportes pensionales.

Recurso de apelación

11. La entidad accionada interpuso recurso de apelación argumentando que
la demandante no cumplió con la carga de demostrar la existencia de la relación
laboral, toda vez que los contratos de prestación de servicios y los testimonios
practicados no acreditan la subordinación.

12. Adujo que no se comprobó que la actora hubiera realizado funciones
permanentes o propias de la entidad, ni que las actividades desarrolladas podían
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ejecutarse con el personal de planta o que no requerían conocimientos
especializados.

13. Resaltó que la señora Miticanoy de Pasuy rindió un testimonio en su
condición de paciente, por lo que su relato no da cuenta de lo que ocurrió dentro
del hospital ni de la relación entre la actora y la demandada. Asimismo, afirmó
que la testigo Ramos Legarda pierde veracidad en tanto su relato presenta
contradicciones y corresponde a manifestaciones de oídas, mas no a situaciones
que le consten directamente.

14. Indicó que no es procedente el reconocimiento de derechos en los
términos de la sentencia, teniendo en cuenta que hubo varias interrupciones
superiores a 30 días hábiles entre los contratos4.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

15. Por auto del 22 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

16. La parte demandante guardó silencio en esta fase procesal.

17. El Ministerio Público rindió concepto a través del cual solicitó confirmar la
decisión apelada debido a que las pruebas allegadas y la naturaleza de las
actividades desarrolladas permiten constatar los elementos de una relación
laboral.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por la parte demandada. Para tal efecto, se
analizará si la actora acreditó la existencia de subordinación continuada durante
la ejecución de los contratos de prestación de servicios.

Análisis del problema jurídico

20. La Sala considera que la actora no acreditó la continuada subordinación
durante los períodos en que se desempeñó como fisioterapeuta en la entidad
accionada, en virtud de contratos suscritos con esta, de acuerdo con los

4
En el recurso de apelación se mencionaron los siguientes períodos de interrupción:
«1. Entre el 30 de noviembre de 2013, hasta el 20 de enero de 2014.
2. Entre el 30 de noviembre de 2014, hasta el 15 de enero de 2015.
3. Entre el 30 de noviembre de 2015, hasta el 17 de febrero de 2016.
4. Entre el 31 de octubre de 2016, hasta el 01 de enero de 2017».
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argumentos que más adelante se desarrollan. Por consiguiente, se revocará la
sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones.

21. De acuerdo con la prueba documental recaudada, la demandante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:

Contrato de prestación de servicios Plazo o duración Objeto
2013-03-355 del 1.° de marzo de 20135 1/3/2013 al 31/5/2013 Fisioterapeuta
2013-06-593 del 4 de junio de 20136 4/6/2013 al 30/6/2013 Fisioterapeuta
2013-07-659 del 2 de julio de 20137 2/7/2013 al 31/7/2013 Fisioterapeuta
2013-08-773 del 1.° de agosto de 20138 1/8/2013 al 31/8/2013 Fisioterapeuta
2013-09-952 del 2 de septiembre de 20139 2/9/2013 al 30/9/2013 Fisioterapeuta
2013-10-1135 del 1.° de octubre de 201310 1/10/2013 al 31/10/2013 Fisioterapeuta
2013-11-1333 del 6 de noviembre de 201311 6/11/2013 al 30/11/2013 Fisioterapeuta
2014-01-164 del 20 de enero de 201412 20/1/2014 al 31/1/2014 Fisioterapeuta
2014-02-302 del 3 de febrero de 201413 3/2/2014 al 30/4/2014 Fisioterapeuta
2014-05-532 del 2 de mayo de 201414 2/5/2014 al 31/5/2014 Fisioterapeuta
2014-06-733 del 3 de junio de 201415 3/6/2014 al 30/6/2014 Fisioterapeuta
2014-07-932 del 1.° de julio de 201416 1/7/2013 al 31/7/2014 Fisioterapeuta
2014-08-1151 del 1.° de agosto de 201417 1/8/2014 al 30/9/2014 Fisioterapeuta
2014-01-1424 del 1.° de octubre de 201418 1/10/2014 al 31/10/2014 Fisioterapeuta
2014-11-1606 del 4 de noviembre de 201419 1/11/2014 al 30/11/2014 Fisioterapeuta
2015-01-144 del 15 de enero de 201520 15/1/2015 al 30/6/2015 Fisioterapeuta
2015-07-459 del 1.° de julio de 201521 1/7/2015 al 31/7/2015 Fisioterapeuta
2015-08-685 del 5 de agosto de 201522 1/8/2015 al 30/11/2015 Fisioterapeuta
2016-02-151 del 17 de febrero de 201623 17/2/2016 al 15/5/2016 Fisioterapeuta
2016-05-246 del 16 de mayo de 201624 16/5/2016 al 31/5/2016 Fisioterapeuta
2016-06-279 del 1.° de junio de 201625 1/6/2016 al 30/6/2016 Fisioterapeuta
2016-07-357 del 1.° de julio de 201626 1/7/2016 al 31/7/2016 Fisioterapeuta
2016-08-441 del 1.° de agosto de 201627 1/8/2016 al 31/8/2016 Fisioterapeuta
2016-09-549 del 1.° de septiembre de 201628 1/9/2016 al 31/10/2016 Fisioterapeuta
2017-01-48 del 1.° de enero de 201729 1/1/2017 al 31/1/2017 Fisioterapeuta
2017-02-205 del 1.° de febrero de 201730 1/2/2017 al 28/2/2017 Fisioterapeuta

22. En primera instancia se practicaron los testimonios de las señoras Luz
Myriam Ramos Legarda y Isabel Miticanoy de Pasuy, de los cuales se destaca lo
siguiente:

i) La señora Luz Myriam Ramos Legarda relató que laboró en la entidad
accionada durante 38 años y que allí conoció a la demandante, quien se
desempeñó como fisioterapeuta desde el 1.º de marzo de 2013 hasta el

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28 de febrero de 2017, vinculada mediante contratos de prestación de
servicios. Señaló que esta debía asistir los martes y jueves al centro de
salud San Francisco y que también cumplía sus labores en la sede central
en la mañana y en la unidad mental en la tarde, donde realizaba
agendamiento de pacientes, valoraciones iniciales, atención en consulta
externa, urgencias y hospitalización y terapias físicas y respiratorias,
actividades que no podía delegar.

Señaló que la demandante tenía un horario de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. y
de 1:30 p. m. a 5:30 p. m. de lunes a viernes, aunque no le consta si
diligenciaba registros de ingreso y salida. Añadió que debía presentar
informes mensuales y que debía mantener disponibilidad los sábados,
domingos y festivos en caso de ser requerida.

Manifestó que, de no atender las órdenes impartidas, podía ser
desvinculada y que la demandante le comentó que los permisos que
solicitaba para ausentarse de sus funciones le eran negados. Agregó que
la entidad le suministraba el consultorio, las camillas, las sábanas y las
toallas para la realización de las terapias. También refirió que la señora
Chamorro Jaramillo se retiró cuando estaba próxima a tener su hijo y que,
al regresar de la licencia, su puesto había sido ocupado por otra persona.
Indicó que no le consta si recibió llamados de atención, que en la entidad
había otros dos fisioterapeutas contratistas y que portaba un carné de
identificación suministrado por la Gerencia.

ii) La señora Isabel Miticanoy de Pasuy señaló que fue paciente de la actora
durante cuatro (4) años, aproximadamente, «La señora Isabel Miticanoy
de Pasuy señaló que fue paciente de la actora durante aproximadamente
cuatro (4) años, por intervalos. Indicó que la accionante cumplía un horario
«como de 7:30 a 5, a 5:30» de lunes a viernes, lo que le constaba porque
le solicitaba agendar las citas en la mañana o en la tarde.

Manifestó que le realizaba terapias físicas que incluían masajes y
estiramientos, así como la aplicación de «aparatos» fríos y calientes.
Añadió que el doctor Azael Ortega le impartía órdenes, aunque no las
presenció directamente y lo deduce por su condición de gerente.
Finalmente, indicó que la demandante dejó de trabajar en el hospital
cuando estaba próxima a tener su hijo.

23. En esas condiciones, la prueba documental y testimonial demuestra que
la demandante se desempeñó como fisioterapeuta en la entidad accionada,
actividad por la cual recibió el pago de los honorarios pactados en los contratos
de prestación de servicios. En consecuencia, la prestación personal del servicio
y la remuneración se hallan suficientemente acreditadas, aspecto que, además,
no fue objeto de reparo en la alzada.

24. En cuanto a la continuada subordinación, esta corresponde al poder
jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la actividad del
trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en que este debe
desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e instrucciones,
someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria. No se trata,
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Demandante: Sandra Margoth Chamorro Jaramillo

por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o verificación del
servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la que la autonomía
del contratista queda comprometida por la sujeción constante a la voluntad de
quien requiere el servicio31.

25. De conformidad con una interpretación armónica de los artículos 3, 4 —
numerales 1 y 4—, 5 —numeral 2— y 14 de la Ley 80 de 1993, entre los
contratistas y las entidades públicas debe existir una relación de entendimiento,
colaboración y coordinación orientada a la ejecución idónea y oportuna del objeto
convenido. Ello implica, de una parte, que el contratista debe atender las
directrices necesarias para la correcta ejecución del contrato y cooperar para el
cabal cumplimiento de lo pactado; y, de otra, que la entidad pública conserva la
potestad de ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución,
así como de verificar periódicamente la calidad y oportunidad de los servicios
prestados. Por ello, la sola presencia de tales facultades no permite, por sí
misma, inferir la existencia de subordinación continuada.

26. A lo anterior se suma lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, según los cuales las entidades estatales tienen el deber de vigilar de
manera permanente la correcta ejecución del objeto contractual a través de
supervisores o interventores, a quienes corresponde efectuar seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista. En desarrollo de
esa función, están facultados para requerir informes, aclaraciones y
explicaciones sobre la ejecución del contrato. De ahí que las solicitudes de
verificación, reporte o acreditación del servicio, en principio, se inscriban dentro
de las potestades propias de la supervisión contractual y no constituyan, sin más,
una manifestación de subordinación continuada.

27. Desde esa perspectiva, quien pretenda la declaratoria de
desnaturalización de contratos de prestación de servicios con fundamento en el
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades debe acreditar que las
actividades se ejecutaron bajo continuada subordinación. Sin embargo, del
examen integral del acervo probatorio la Sala concluye que la accionante no
satisfizo esa carga, pues los elementos de convicción recaudados no permiten
establecer que la entidad demandada hubiera ejercido sobre ella un poder
permanente de dirección en lo concerniente al modo, al tiempo, al lugar y a la
cantidad del trabajo.

28. De entrada, no está acreditado que la entidad accionada hubiera impuesto
un horario de trabajo a la demandante. En todo caso, esta corporación ha
precisado que el cumplimiento de un horario no demuestra por sí solo la
existencia de subordinación continuada, pues ciertas actividades exigen una
organización del tiempo para su adecuada ejecución. Así ocurre en este caso, en
el que las terapias requerían convocar a los pacientes en horarios determinados
para organizar la prestación del servicio, sin que ello implique afectar la
autonomía de la contratista.

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00008-01 (2938-2022)
Demandante: Sandra Margoth Chamorro Jaramillo

29. Ninguna de las testigos indicó cuáles eran las órdenes que, al parecer,
impartían los subgerentes, ni la frecuencia o los medios a través de los cuales se
daban, lo que impide comprender el contexto en que se producían. Esta falencia
no permite establecer si existieron instrucciones que comprometieran la
autonomía de la contratista en cuanto al tiempo, modo, lugar y cantidad del
trabajo.

30. La señora Luz Myriam Ramos Legarda no observó llamados de atención
hacia la demandante y su afirmación según la cual esta habría podido ser
desvinculada si no cumplía sus tareas corresponde a una conjetura, pues tal
situación no ocurrió. En el mismo sentido, la testigo Isabel Miticanoy de Pasuy no
presenció que algún funcionario impartiera órdenes a la accionante, sino que lo
dedujo de la condición de gerente del señor Azael Ortega.

31. Ahora bien, la primera de las declarantes afirmó que a la demandante
siempre le negaban permisos. Sin embargo, aclaró que ese conocimiento
provenía de lo que la actora le había comentado, por lo que no se trata de un
hecho que le conste y tampoco existe respaldo en las pruebas documentales.

32. De igual manera, no es posible inferir subordinación a partir de que las
labores se hubieran desarrollado en las instalaciones de la entidad con los
elementos suministrados por esta como consultorio, camilla, toallas y sábanas,
ni por el uso de un carné de identificación. Tales circunstancias evidencian una
forma de coordinación logística para la adecuada prestación del servicio, sin que
se demuestre que afectaran la autonomía.

33. La Sala no comparte la tesis del Tribunal según la cual la presunción de
subordinación atribuida a las labores de enfermería se extiende a la fisioterapia.
Aunque se trata de profesiones afines en el área de la salud, tienen regulación y
objeto distintos conforme a los artículos 3 de la Ley 266 de 199632 y 1 de la Ley
528 de 199933.

34. El Tribunal sostuvo además que la accionante desarrolló tareas no
previstas en los contratos de prestación de servicios. Sin embargo, esta

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«Artículo 3. Definición y propósito. La enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter
social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características
socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la salud y
en el bienestar.
El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general promover la salud, prevenir la
enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor,
proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona.
Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, sociales y
humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías.
Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, la comunidad y a su entorno; ayudar
a desarrollar al máximo los potenciales individuales y colectivos, para mantener prácticas de vida saludables
que permitan salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida».
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«Artículo 1. De la definición. La fisioterapia es una profesión liberal, del área de la salud, con formación
universitaria, cuyos sujetos de atención son el individuo, la familia y la comunidad, en el ambiente en donde
se desenvuelven.
Su objetivo es el estudio, comprensión y manejo del movimiento corporal humano, como elemento esencial
de la salud y el bienestar del hombre. Orienta sus acciones al mantenimiento, optimización o potencialización
del movimiento así como a la prevención y recuperación de sus alteraciones y a la habilitación y
rehabilitación integral de las personas, con el fin de optimizar su calidad de vida y contribuir al desarrollo
social. Fundamenta su ejercicio profesional en los conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y
humanísticas, así como en sus propias teorías y tecnologías».
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circunstancia no está acreditada y, en todo caso, no permite explicar de qué
manera se habría configurado una subordinación continuada.

35. En consecuencia, la Sala comparte los argumentos del recurso de
apelación en cuanto a que la parte actora no cumplió con la carga de demostrar
la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios. Por ello se
revocará la sentencia de primera instancia y se negarán las pretensiones.

36. Finalmente, la Sala pone de presente que el Tribunal negó las
pretensiones relacionadas con la licencia de maternidad y con la sanción por
despido en estado de embarazo, motivo por el que se abstendrá de pronunciarse
sobre estos aspectos, pues no fueron objeto de apelación.

La condena en costas de ambas instancias

37. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

38. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

39. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

40. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará el fallo apelado,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
revoca la sentencia de primera instancia. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

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PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 20 de octubre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión. En su lugar, NEGAR
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Sandra Margoth Chamorro Jaramillo, a favor de la ESE Hospital Pío XII de Colón
(Putumayo). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

JMMC

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