República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00018-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
Tema: retiro del servicio. Subtema 1: retiro por llamamiento a calificar servicios.
Subtema 2: violación de normas superiores, falsa motivación y desviación de poder
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el señor Hugo Leonardo Romero Garavito contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de
Decisión, el 1.° de diciembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Hugo Leonardo Romero Garavito solicitó la nulidad de la Resolución 8322
del 10 de noviembre de 2017, por la cual se le retiró del servicio activo de la Armada
Nacional, por llamamiento a calificar servicios, en condición de teniente coronel, por
cuanto se desconoció el Decreto Ley 1799 de 2000, que regula el procedimiento para
los ascensos, y se incurrió en falsa motivación y desviación de poder. El Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, negó las pretensiones, al
considerar que esa decisión fue el resultado del ejercicio de una facultad discrecional,
por lo que el buen desempeño del demandante no generaba el derecho a permanecer
en el cargo o a ser ascendido, ni mucho menos limitaba tal potestad; además de que
carece de respaldo probatorio el argumento acerca de que fue producto de represalias
por denuncias contra otros oficiales.
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Hugo Leonardo Romero Garavito, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 15 de abril
de 20181, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional,
de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Hugo Leonardo Romero Garavito solicitó que se declarara la nulidad
de la Resolución 8322 del 10 de noviembre de 2017, a través de la cual el Ministerio
de Defensa Nacional lo retiró del servicio activo de la Armada Nacional, por
llamamiento a calificar servicios, en su calidad de teniente coronel, a partir del 1.° de
diciembre del mismo año.
3. A título de restablecimiento del derecho, el señor Hugo Leonardo Romero
Garavito pidió el reintegro al servicio activo, sin solución de continuidad, con el
ascenso al grado que le corresponda; pagarle todos los emolumentos laborales
correspondientes a cada grado una vez se realicen los ascensos; sufragarle los
perjuicios morales; lo anterior con los respectivos intereses e indexación.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
i) El señor Hugo Leonardo Romero Garavito ingresó a la Armada Nacional como
alumno en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova el 1.° de febrero
de 1993 y el 5 de diciembre de 2012 obtuvo su último grado como teniente coronel.
ii) Durante su vinculación desempeñó varios cargos como jefe de Departamento
de Operaciones de la Brigada de Infantería de Marina núm. 3, comandante del
Batallón Fluvial de Infantería de Marina núm. 31 y del Batallón de Infantería de Marina
núm. 13 y coordinador del Grupo Asesor de Campaña Tumaco, en cuyo desempeño
fue destacada su excelente labor. Durante su trayectoria como teniente coronel fue
evaluado y catalogado en las listas de clasificación en los niveles bueno, excelente y
muy bueno.
iii) Mediante Acta 25 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-JUCLA-2.21 del 4 de
octubre de 2017, la Junta Clasificadora de la Armada Nacional resolvió no
recomendarlo para ascenso a coronel, de acuerdo con los artículos 67 del Decreto
1790 de 2000 y 64 del Decreto 1799 de 2000; decisión de la cual fue notificado el 19
1 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 003 InadmisiónDemanda, p. 2 y
004CorrecciónDemanda.
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Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
de octubre de 2017, con oficio 703 MD-CGFM-CARMA-SECARJEDHU-JUCLA-2.25
del 10 mismo mes.
iv) A través de la Resolución 8322 del 10 de noviembre de 2017, notificada el 1.°
de diciembre del mismo año, el Ministerio de Defensa Nacional lo retiró del servicio
activo.
v) Con oficio 20180042370017753/MDNCGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-JUCLA-
1.10 del 10 de enero de 2017, se le informó que no existía acta de la Junta
Clasificadora de la Armada Nacional en la que fuera incluido en lista para ascenso,
porque no fue considerado favorablemente para este propósito con novedad fiscal de
diciembre de 2017; además, la decisión de los ascensos al grado de coronel o capitán
de navío son de libre escogencia del Gobierno nacional, conforme al artículo 67 del
Decreto 1790 de 2000.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas: la Constitución
Política, artículos 2, 25, 29, 53, 125 y 217; la Ley 1437 de 2011, artículo 3, numerales
1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9; el Decreto 1790 de 2000, artículo 103; el Decreto 1799 de 2000,
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60 y 75.
6. Al explicar el concepto de violación, luego de hacer referencia a los fallos SU-
091 y SU-217 de 2016 de la Corte Constitucional, el señor Hugo Leonardo Romero
Garavito adujo que, al margen de la presumida discrecionalidad para la adopción de
la decisión de llamamiento a calificar servicios, es la propia ley contenida en el
reglamento de evaluación y clasificación la que determina que aquella debe ir
precedida de la evaluación de las listas de clasificación del personal, pero la Armada
Nacional ha reconocido que no se tuvo en cuenta ese instrumento, sino que solamente
se verificó que el oficial tuviera el tiempo de servicio suficiente para acceder a la
asignación de retiro, por lo que el acto acusado se expidió en forma irregular, con clara
desviación de poder y falsamente motivado.
7. Afirmó que la decisión del comando de la Armada Nacional de no ascenderlo
debió estar precedida de un procedimiento reglado legalmente, que no puede ser
desconocido por normas de menor jerarquía, como un decreto.
8. Expresó que puso en conocimiento de las autoridades competentes «hechos
de corrupción del Mayor CIM CARRILLO que a la postre dieron lugar a que este, en
represalia presentara quejas en [su] contra», que motivaron realmente la decisión del
comando de la Armada Nacional de no considerar su ascenso, pese a sus excelentes
calidades personales y profesionales, para luego disponer su retiro del servicio, por lo
que se quebrantaron los principios de objetividad, publicidad e imparcialidad, lo que,
además, evidenciaba que el acto acusado fue expedido con desviación de poder, al
tener en cuenta criterios subjetivos.
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
2.2. Contestación de la demanda
9. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a través de
apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que los ascensos y
proyecciones dentro de la línea de mando militar se realizaba de conformidad con los
cupos que existían para el grado inmediatamente superior; igualmente, los militares
que no eran considerados para ascenso al grado de coronel debían dar paso a los
oficiales que venían dentro de la línea piramidal de la institución, razón por la cual la
gran mayoría de ellos una vez son comunicados de su no escogencia para ascenso,
pasaban su retiro voluntario o solicitaban su ingreso al escalafón complementario.
10. Aseveró que el Gobierno nacional determinaba libremente a cuáles oficiales
decidía llamar a calificar servicios, hacer cursos, salir al exterior o retirar cuando lo
estimaba conveniente para los intereses institucionales; decisiones que en ningún
momento obedecían a un querer personal de sancionar o premiar.
11. Agregó que el accionante tuvo la oportunidad de solicitar su ingreso al
escalafón complementario, lo cual no realizó, pero le hubiera permitido permanecer
cinco años más en la fuerza, con el pago del sueldo y prestaciones del grado
inmediatamente superior2.
2.3. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, en la sentencia
del 1.° de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte accionante3. Consideró que la entidad demandada, conforme al
marco legal y jurisprudencial aplicable, hizo uso de una facultad discrecional respecto
al ejercicio del poder jerárquico en las Fuerzas Militares y procedió en debida forma a
efectuar el retiro del demandante por llamamiento a calificar servicios, en tanto
contaba con 23 años, 11 meses y 3 días de servicio, previo concepto de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, contenido en el acta de la sesión del 4
de octubre de 2017, en la cual se anotó que el demandante cumplía el requisito de
tiempo de servicios para acceder a la asignación de retiro.
13. Arguyó que, acerca de las listas de clasificación de personal que el demandante
echó de menos, no era cierto que para la motivación del acto que disponía el retiro
por llamamiento a calificar servicios fuera necesario acudir a las listas de clasificación
del personal de las Fuerzas Militares, ya que el hecho de estar incluido en alguna de
ellas no implicaba automáticamente que debía reconocerse el ascenso, pues ello,
además, dependería como lo dispone el Decreto 1799 de 2000, de la existencia de
vacantes y de que la necesidad del servicio lo permitiera; adicionalmente, esa
normativa no establecía que esas listas de clasificación debían preceder o motivar el
acto de retiro por llamamiento a calificar servicios.
14. Explicó que, pese a que en la demanda se sugería que el acto de retiro por
2 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 009ContestaciónDemanda.
3 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 030 Sentencia Primera Instancia.
4
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llamamiento a calificar servicios obedeció a represalias en contra del accionante por
las quejas presentadas contra uno de los miembros de la Armada Nacional y por las
denuncias formuladas frente a actos de corrupción, no se demostró dicha aseveración,
sino que el actor se limitó a afirmarlo en la demanda sin respaldo probatorio, pese a
que quien alegaba haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura del
llamamiento a calificar servicios tenía bajo su responsabilidad la carga de probar que
en efecto así ocurrió, obligación que en este caso no se cumplió.
2.4. Recurso de apelación
15. El señor Hugo Leonardo Romero Garavito, mediante su apoderado, interpuso
recurso de apelación4 para que se revocara la sentencia de primera instancia y se
accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
16. Señaló que el tribunal (i) inaplicó varias de las reglas del precedente judicial
contenido en los fallos SU-091 de 2016, SU-217 de 2016, SU-237 de 2019 y C-819
de 2005; (ii) incurrió en falta de valoración probatoria y (iii) desconoció que las
causales de nulidad invocadas fueron probadas.
17. Respecto del primer aspecto, adujo que la Corte Constitucional, en la sentencia
SU-237 de 2019, precisó que el juez no puede limitarse solo a verificar el cumplimiento
de los requisitos generales, sino que debe evitar que el acto se haya expedido con
motivos fraudulentos y de abuso de poder, según las pruebas aportadas por las partes
dentro del proceso administrativo.
18. Expresó que la entidad reconoció que en este caso solo se tuvo en cuenta que
el oficial cumpliera el tiempo para acceder a la asignación de retiro, lo cual fue avalado
por el tribunal, pues se olvidó que la facultad de llamar a calificar servicios no fue
establecida para facilitar las decisiones subjetivas del mando, sino que debía estar
ceñida a las normas que rigen la carrera de los miembros de las Fuerzas Militares y
era obligación del juez verificar si la finalidad perseguida con esta facultad se cumplió,
en armonía con los artículos 125 y 127 de la Constitución Política.
19. Manifestó que, para adoptar la decisión de no ascenso y posterior retiro, no se
llevó a cabo el proceso de la evaluación y clasificación del oficial, sino que la entidad
demandada erróneamente consideró que se trataba de una decisión libre, para lo cual
invocó los artículos 67 del Decreto 1790 de 2000 y 64 del Decreto 1799 de 2000, sin
que se expusiera ningún tipo de argumento, ni se evidenciara que el oficial no cumplía
con los requisitos para ascenso o la entidad demandada no contara con las vacantes
o cuál era la razón para considerar que no era conveniente su ascenso.
20. Sostuvo que el acto administrativo objeto de controversia no fue expedido con
fundamento en el buen servicio, sino la consecuencia de no haberlo ascendido al
grado de coronel con base en el concepto subjetivo de la junta asesora al omitir
realizar el proceso de evaluación y clasificación contenido en el Decreto 1799 de 2000.
4 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 032 Apelación Sentencia Parte Demandante.
5
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Además, en el Acta 009 de 2017 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, donde
se recomendó retirar del servicio al actor, no se evidenciaba ningún referente
argumentativo acerca de su evaluación.
21. Agregó que no se tuvo en cuenta que la decisión acusada realmente fue
suscitada a raíz de las denuncias presentadas por el oficial en contra de uno de sus
subalternos, de quien obtuvo como represalia una queja disciplinaria en su contra,
pero en lugar de realizar las investigaciones con el fin de determinar la realidad, lo que
se hizo fue sancionarlo anticipadamente al negar su ascenso y consecuencialmente
al ordenar su retiro del servicio.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
22. Mediante auto del 11 de agosto de 20225, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 6 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
25. ¿Se encuentran acreditadas la infracción del Decreto Ley 1799 de 2000, la falsa
motivación y la desviación de poder alegadas por el demandante, que desvirtúe la
presunción de legalidad de la Resolución 8322 del 10 de noviembre de 2017, a través
de la cual se le retiró del servicio activo de la Armada Nacional, por llamamiento a
calificar servicios, en su condición de teniente coronel?
5 Samai, índice 4.
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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26. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para la
procedencia de este tipo de retiro, (iii) la falsa motivación y (iv) la desviación de poder.
A partir de las anteriores consideraciones (v) se destacarán los hechos probados
relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico
planteado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios
27. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se
encuentra regulado en el Decreto Ley 1790 de 2000, que dispone la figura del
llamamiento a calificar servicios, como una modalidad de desvinculación basada en
razones institucionales y de servicio (artículo 100, literal a, numeral 3).
28. En efecto, el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, modificado por el
artículo 25 de la Ley 1104 de 2006, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios, cuando el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para tener
derecho a la asignación de retiro.
29. Por su parte, el artículo 99 de dicha normativa prevé que el retiro de «los grados
de oficiales generales y de insignia, coronel o capitán de navío, se hará por decreto
del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el comandante general o comandantes
de fuerza». Asimismo, «Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia».
30. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) tener el tiempo mínimo de servicio que
da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la junta
asesora, en caso de los oficiales, excepto para los del grado de general o de insignia.
31. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido
objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado7 y de la Corte
Constitucional8, dando lugar a lineamientos que delimitan, dentro del marco
constitucional y legal, el ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en
la naturaleza constitucional de la fuerza pública como garante de la integridad, la
convivencia y la seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento
institucional que permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos
armados, facilitando el ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a
7 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-
2016-00385-
00(AC).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.
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la manera ordinaria de culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.
32. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura; por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 señaló que:
a) No consagra el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho
de cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura
implica el ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al cese
de las funciones del oficial, no significa una sanción, despido o exclusión
deshonrosa.
b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea
jerárquica de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción
continua, lo cual no es otra cosa que la normal renovación del personal en los
cuerpos armados y la manera corriente de culminar una carrera en la misma.
c) El llamamiento hace parte de las atribuciones inherentes al ejercicio del
poder de mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y
policiales deben disponer de los poderes para sustituir eficazmente, en la
medida de las necesidades y conveniencias, los mandos superiores y medios
de la institución, con base en apreciaciones y evaluaciones de naturaleza
institucional.
33. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en los fallos SU-217 de 2016 y SU-237
de 2019, que revisó cuatro tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos
adoptaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra actos
administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.
34. Respecto al tiempo mínimo señalado por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que una vez sea desvinculado de la institución,
como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.
35. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con
otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:
Es importante llamar la atención que, si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros
de las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo
por la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el
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punto de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se
establece frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.
36. De la misma manera, la sentencia señaló que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del Gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:
En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extratextual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.
37. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y
excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:
Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.
38. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como lo ha
hecho el Consejo de Estado9, no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces
administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumplan con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (comoquiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).
39. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
efectos de la presente providencia, señaló que:
En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a
la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten10.
40. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien están
sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la contemplada en las
normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración,
se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la fuerza pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de culminar la carrera
militar o policial.
3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios
41. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo: (i) el tiempo mínimo de servicio para
acceder a la asignación de retiro y (ii) el concepto previo de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de
oficiales generales o de insignia. Dicho concepto constituye un presupuesto habilitante
para la expedición del acto definitivo.
42. A su turno, según la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal11.
43. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la Junta Asesora constituye una actuación previa que integra el
10 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01(0357-12).
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
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procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».
44. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 se reiteró que la junta
asesora no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo
de servicio y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».
45. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en desarrollo de la citada junta,
dado que las consideraciones de los comandantes de las distintas fuerzas en relación
con su personal son de inmediato cumplimiento. En este punto, debe precisarse que
la aprobación posterior de las actas de la junta asesora constituye una formalidad, lo
que se explica en el hecho de que solo hasta que culmine la sesión de la junta es
posible confeccionar el acta, esto es, el documento físico, el cual se suscribe por
quienes intervinieron en su expedición, una vez concurran al desarrollo de una nueva
junta12.
3.3.3. La falsa motivación
46. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición13. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.
47. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad» 14.
En ese orden, lo actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos
presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.
48. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión15. En otros términos,
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado
05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-
03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de
2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
11
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
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esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad16. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos17:
Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
falsamente motivado.
49. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)18.
50. En lo que se refiere al acto administrativo de retiro por llamamiento a calificar
servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar o policial
retirado cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es
procedente, que existe concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares, lo cual es aplicable para los oficiales, excepto para los del
grado de general o de insignia, por así ordenarlo el artículo 99 del Decreto 1790 de
2000.
51. Bajo este supuesto, cuando se alegue que no es cierto que se cumplieron los
requisitos señalados en el Decreto 1790 de 2000, para la procedencia del llamamiento
a calificar servicios, pese a que en el acto se indicó ello, o en el evento en que se citan
otros motivos distintos a aquellos, es viable el estudio de la causal de nulidad de falsa
motivación. Lo contrario, significaría dejar sin defensa a quien pretende desvirtuar la
legalidad del acto por estas razones y, por ende, se vulneraría su derecho al debido
proceso.
3.3.4. La desviación de poder
52. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que
hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el
propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador,
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,
proceso con radicado 2006-00348.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de
septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia
se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
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quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en los artículos 2
constitucional y 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general19.
53. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés
general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo 20. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina21 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público» 22.
54. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»23.
55. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»24.
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443.
20 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto
administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
21 Younes Moreno, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis, 2016.
22 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los
siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
23 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-
24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, proceso con radicado interno 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia
que indicaba que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
13
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
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3.4. Hechos probados
56. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
57. Según la hoja de vida emitida por la Armada Nacional el 8 de enero de 201525,
el señor Hugo Leonardo Romero Garavito prestó sus servicios al Ejército Nacional
desde el 16 de febrero de 1993 hasta el 22 de septiembre de 1997 y para la Armada
del 23 de septiembre de 1997 al 1.° de marzo de 2018, para un total de tiempo de
servicios de 23 años, 11 meses y 3 días; su último grado fue el de teniente coronel,
que ejerció desde el 15 de diciembre de 2012, y el último cargo fue el de jefe de
departamento de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Poseidón. Asimismo, se
indicó que durante su trayectoria militar obtuvo calificaciones que en su mayoría
oscilaron entre bueno y muy bueno, 89 felicitaciones, 9 condecoraciones y 6
distinciones26, además de no haber sido objeto de sanciones.
58. A través del acta 25 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-JUCLA-2.21 del 4
de octubre de 2017, se dejó registro de la reunión de la Junta Clasificadora de la
Armada Nacional para determinar el ascenso del personal de oficiales con novedad
fiscal de diciembre de 2017, en la que se decidió no recomendar al teniente coronel
Hugo Leonardo Romero Garavito, conforme a los artículos 67 del Decreto 1790 de
2000 y 64 del Decreto 1799 de 2000, por no haber sido considerado favorablemente
para ascenso27. Determinación comunicada al accionante el 19 de octubre de 201728.
59. El 6 de octubre de 2017, conforme al acta 009, se reunió la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional con el fin de realizar la evaluación sobre el retiro por
llamamiento a calificar servicios, entre otros oficiales, de Hugo Leonardo Romero
Garavito, en la que se advirtió que las disposiciones normativas y jurisprudencia
constitucional aplicables al caso permitían que el Gobierno nacional adoptara este tipo
de decisiones cuando el personal cumplía con el tiempo necesario para obtener
asignación de retiro, al ser un instrumento que permitía reestructurar el poder
jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, que lo facultaba para sustituir
a los mandos de diferentes niveles con celeridad, cuando así las necesidades y
conveniencias lo recomendaban29.
60. Mediante la Resolución 8322 del 10 de noviembre de 2017, el ministro de
defensa nacional retiró del servicio activo de la Armada Nacional al teniente coronel
Hugo Leonardo Romero Garavito, por llamamiento a calificar servicios, en atención a
que, en sesión del 6 de octubre de 2017, registrada en acta 009/17, la junta asesora
del Ministerio de Defensa para las Fuerza Militares así lo recomendó por
unanimidad30.
25 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 002 AnexosDemanda, pp. 15 a 26.
26 Algunas evaluaciones, distinciones y felicitaciones fueron aportadas con la demanda. Samai, índice 2,
ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 002 AnexosDemanda, pp. 30 a 175.
27 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 002 AnexosDemanda, pp. 8 a 13.
28 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 002 AnexosDemanda, p. 14.
29 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 014RespuestaArmadaNacional, pp. 12 a 16.
30 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 002 AnexosDemanda, pp. 3 a 5.
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
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61. En el aludido acto se citaron apartes de la mencionada acta, en la que se
invocaron las normas y jurisprudencia aplicables a este tipo de desvinculación, para
señalar que la permanencia del personal uniformado no dependía solamente de una
hoja de vida en la que no se advirtiera la existencia de antecedentes penales o
disciplinarios en su contra, sino cobraba especial relevancia las necesidades de la
fuerza; y que en el caso del teniente coronel, este contaba con más de quince (15)
años de servicios, para ser beneficiario de una asignación de retiro, por lo que podía
procederse con la mencionada causal de desvinculación.
62. La citada resolución fue notificada el 1.° de diciembre de 2017 al señor Hugo
Leonardo Romero Garavito31.
63. A través del oficio 20180042370017753/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-
JEDHU-JUCLA-1.10 del 10 de enero de 2017, el secretario de la Junta Clasificadora
de la Armada Nacional respondió a una petición formulada por el señor Hugo
Leonardo Romero Garavito, en el sentido de indicarle que no existía acta de la Junta
Clasificadora de la Armada Nacional donde fuera incluido en lista para ascenso, ya
que se elaboraba para ascenso al personal de oficiales y suboficiales que eran
considerados favorablemente y él no lo fue, con novedad fiscal diciembre de 2017;
igualmente, la decisión de los ascensos al grado de coronel o capitán de navío son de
libre escogencia del Gobierno nacional, como lo señalaba el artículo 67 del Decreto
1790 de 200032.
3.5. Caso concreto.
64. El señor Hugo Leonardo Romero Garavito controvierte la legalidad de la
Resolución 8322 del 10 de noviembre de 2017, que lo retiró del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios, en resumen, al estimar que se desconoció la
jurisprudencia constitucional acerca de la obligación del juez de verificar si el acto fue
emitido con motivos fraudulentos y con abuso del poder, máxime cuando no se llevó a
cabo el proceso de evaluación y clasificación del oficial, ni se expuso como sustento
de tal decisión el incumplimiento de los requisitos para ascenso, la inexistencia de
vacantes o el porqué de la inconveniencia de su promoción, por lo que no fue expedido
con fundamento en el buen servicio, sino solo por no haber sido ascendido, lo que
denota el nexo causal con las denuncias por él formuladas contra otro oficial.
65. Sobre el particular, sea lo primero precisar que si bien las actas de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares comportan actos
preparatorios33, que no son pasibles de juzgamiento, al servir de fundamento del acto
administrativo de retiro del servicio, pueden valorarse por parte del juez para establecer
31 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 002 AnexosDemanda, p. 6.
32 Samai, índice 2, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_1352022(.zip), 002 AnexosDemanda, p. 7.
33 Aquellos que se producen en el curso del procedimiento administrativo y conducen al acto definitivo. Al respecto,
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de agosto de 2020, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2014-00109-01.
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
la legalidad de dicha decisión34.
66. Ahora bien, la Resolución 8322 del 10 de noviembre de 2017, objeto de
demanda, tuvo como sustento la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para las Fuerzas Militares acerca del retiro del servicio activo del teniente
coronel Hugo Leonardo Romero Garavito por llamamiento a calificar servicio.
67. La sesión de dicha junta se realizó el 6 de octubre de 2017 (acta 009), en la que
se advirtió que las disposiciones normativas aplicables, en particular las del Decreto
1790 de 2000, autorizaban que el Gobierno nacional adoptara este tipo de decisiones
cuando el personal cumplía con el tiempo necesario para obtener una asignación de
retiro, al ser un instrumento que permitía reestructurar el poder jerárquico de mando y
conducción de la fuerza pública, que lo facultaba para sustituir a los mandos de
diferentes niveles con celeridad, cuando así las necesidades y conveniencias lo
recomendaban, como lo ha precisado la Corte Constitucional en los fallos SU -091 y T-
107 de 2016.
68. Por ende, en tal acta se anotó que al contar el teniente coronel Romero Garavito
con más de 15 años de servicios, tiempo que lo hacía acreedor de la asignación de
retiro, y luego de estudiar la propuesta de retiro, se decidía por unanimidad que era
procedente por la aludida causal.
69. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los fines
de la figura del llamamiento a calificar servicios descritos en la sentencia SU-091 de
2016 de la Corte Constitucional —reiterada en la SU-237 de 2019—, en la que se
argumentó que:
Constituye […] una de las formas normales de terminación de la carrera activa, y a su
vez, bajo el entendido de que corresponde a la necesidad de las Fuerzas Militares de
mantener una estructura piramidal en la que solo unas pocas excepciones van a lograr
llegar a los escaños más altos de la pirámide jerárquica. Esta herramienta permite,
con el mayor respeto a los derechos de los oficiales y suboficiales - pues solo opera
cuando se han cumplido los requisitos para la asignación de retiro, - y dentro de la
dignidad propia de la milicia – pues se mantiene el rango y los honores – que la
institución disponga de una herramienta que le permita pasar a la reserva activa a los
miembros de la institución, sin tener que buscar motivaciones distintas a la
recomendación de la Junta Asesora que corresponda.
70. En consecuencia, se colmaron los requisitos previstos en los artículos 99 y 103
del Decreto Ley 1790 de 2000, esto es, el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares y la consolidación del
derecho a la asignación de retiro, por lo que no se advierte falsa motivación del acto
administrativo acusado. Igualmente, cabe precisar que la recomendación de dicha
junta tiene carácter discrecional en relación con la determinación sobre la
permanencia o no en el servicio del uniformado sin que sea necesario que dejen
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2025, proceso con radicado
76001-23-33-000-2016-00668-01 (0967-2024).
16
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
anotadas las razones de desempeño laboral, en armonía con lo indicado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-091 y SU-217 de 2016, reiteradas en la SU-237
de 2019.
71. Al respecto, la Sala recuerda que, en criterio de la Corte Constitucional, exigir
una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios, «desnaturaliza
la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría automáticamente el
ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible
no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza
Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal»35.
72. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios tiene como finalidad la renovación de personal, busca garantizar la
dinámica de la carrera de los uniformados y se constituye como una herramienta de
relevo y permeabilización en pro del mejoramiento y excelencia institucional. Por ende,
tampoco es exigible la posibilidad de darle a conocer al interesado los fundamentos o
soportes de la recomendación de la junta asesora, al ser un instrumento indispensable
para la renovación de los cuadros de mando de la fuerza pública, precedida por
razones de conveniencia institucional. Igualmente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios no es absoluto y, en consecuencia, quien es retirado de la institución puede
volver a ser reincorporado
73. En línea con lo anterior, si bien el señor Hugo Leonardo Romero Garavito
durante su trayectoria militar obtuvo varias condecoraciones, distintivos militares,
felicitaciones y evaluaciones de desempeño cuyas calificaciones, en su mayoría,
oscilaron entre bueno y muy bueno, estas circunstancias no le otorgaban un fuero de
estabilidad absoluta que impidiera su desvinculación.
74. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la estructura jerárquica de
la fuerza pública es piramidal, es decir, que en la medida en que se asciende se
restringe progresivamente el número de cupos, por lo tanto, no todos los oficiales que
tengan una buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles36.
75. Como se anotó, en el asunto examinado se observa que en la sesión del 4 de
octubre de 2017 la Junta Clasificadora de la Armada Nacional decidió no recomendar
al teniente coronel Hugo Leonardo Romero Garavito para ascenso y tampoco obra
concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para ese mismo
propósito, y, a su vez, esta última procedió a adoptar la recomendación de su
desvinculación por llamamiento a calificar servicios, al establecer que completó los
requisitos para recibir la asignación de retiro, pero el demandante reprochó que se
omitió tener en cuenta el proceso de evaluación y clasificación reglado en el Decreto
1799 de 2000.
76. Sobre este último aspecto, resulta oportuno aclarar que, de conformidad con el
35 Corte Constitucional, SU-091 de 2016.
36 En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,
proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).
17
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
numeral 3 del artículo 57 del Decreto 1512 de 2000, la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional tiene, entre otras, la función de recomendar el ascenso y el
llamamiento a calificar servicios de los oficiales de las Fuerzas Militares;
determinaciones que obedecen a causas distintas37. Asimismo, mientras que los
requisitos para obtener el primero encuentran su regulación en los artículos 51, 53 y
55 del Decreto 1790 de 2000, el segundo en los artículos 100 y 103 del Decreto 1790
de 2000, el cual, como se explicó, exige que la consolidación del tiempo para obtener
asignación de retiro.
77. En el expediente está demostrado que, al amparo del Decreto 1790 de 2000,
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa sustentó la recomendación sobre la
desvinculación del teniente coronel Hugo Leonardo Romero Garavito por llamamiento
a calificar servicios, en que alcanzó los requisitos para obtener la asignación de retiro
y la necesidad de reestructurar el poder jerárquico de mando; no obstante, también se
evidencia que la Junta Clasificadora de la Armada Nacional no lo aconsejó para
ascenso; decisión para la cual, si bien le precede el cumplimiento de unos requisitos,
también implica el ejercicio de una facultad discrecional, sometida a las necesidades
del servicio y a las vacantes existentes (artículo 64 del Decreto 1799 de 2000), en
armonía con el artículo 67 de ese mismo decreto para el grado de coronel38.
78. Por consiguiente, tal como lo sostuvo esta Subsección, en la sentencia del 27
de junio de 202539, «que un uniformado cumpla con todos los requisitos legales para
ser ascendido no es garantía de que ello ocurra, puesto que en todo caso es una
decisión discrecional del gobierno nacional en atención a los criterios indicados», por
lo que la inexistencia de una lista de clasificación que lo incluyera no constituye
condición para la selección discrecional a cargo del Gobierno nacional para el ascenso
al grado de coronel o capitán de navío, en el que confluyen el mayor nivel de mando
y una responsabilidad superior, ni para el llamamiento a calificar servicios.
79. Así las cosas, como lo ha precisado esta Subsección, i) «aunque hubiese
logrado este requisito y todos los demás que exigía la norma referida [Decreto 1799 de
2000], no era obligatorio para el gobierno nacional decretar su promoción; y ii) el retiro
por llamamiento a calificar servicios ocurrió al comprobarse el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la asignación de retiro y previo concepto de la junta Asesora
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).
38 «Artículo 67. Ascenso a coronel o capitán de navío. Para ascender al grado de Coronel o Capitán de Navío, el
Gobierno Nacional escogerá libremente entre los Tenientes Coroneles o Capitanes de Fragata que hayan cumplido
las condiciones generales y especiales que este Decreto determina.
PARÁGRAFO 1°.Los Tenientes Coroneles o Capitanes de Fragata que no fueren diplomados como oficiales de
Estado Mayor, para ascender al grado de Coronel o Capitán de Navío, deberán acreditar un título de posgrado en
su especialidad, obtenido de acuerdo a las normas de educación superior.
PARÁGRAFO 2°.El requisito exigido en el parágrafo 1 del presente artículo será exigible transcurridos 2 años de
la entrada en vigencia del presente Decreto, lapso durante el cual continuará vigente el consagrado en el parágrafo
del artículo 63 del decreto 1211 de 1990.
PARÁGRAFO 3°.De acuerdo con las necesidades de las fuerzas y teniendo en cuenta la situación institucional, el
Gobierno Nacional podrá exigir un curso como requisito para ascenso al grado de Coronel o Capitán de Navío».
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).
18
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
del Ministerio de Defensa»40. Por lo tanto, el acto administrativo censurado se
encuentra ajustado a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que se evidencie
una falsa motivación.
80. Por otro lado, en cuanto a la desviación de poder, en el expediente no existe
evidencia que permita concluir que la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares respondió a motivos ajenos a los fines
constitucionales del servicio, máxime cuando no hay prueba que dé cuenta de las
denuncias presentadas por el señor Hugo Leonardo Romero Garavito, frente a las
cuales afirmó que fueron razón de represalias —tampoco comprobadas dentro del
proceso—.
81. Adicionalmente, es importante anotar que, si bien en el escrito de demanda se
mencionó a un mayor de apellido Carrillo, a quien el actor dijo haber denunciado, lo
cierto es que, se insiste, además de no haber pruebas en el expediente que conduzcan
a corroborar tal hecho, en todo caso tampoco se evidencia injerencia alguna de dicho
oficial en las Juntas Clasificadora de la Armada Nacional y Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, ni mucho menos participación en ellas.
82. En esa medida, la Sala considera que en esta oportunidad la existencia del
tiempo de servicio requerido y del concepto previo de esa junta impide inferir un
propósito diferente al que la ley contempla. Lo anterior, porque la desviación de poder
debe tener un definido respaldo probatorio que lleve al juzgador a la certeza
incontrovertible de que los motivos que la administración tuvo para expedir el acto
enjuiciado son ajenos a los que la ley señala para tal efecto. Por ende, al demandante
le correspondía demostrar que su desvinculación tuvo motivos distintos al relevo de los
cuadros de mando de las Fuerzas Militares, dada la presunción de legalidad del acto,
en armonía con el fallo SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional41; carga probatoria
que omitió.
83. En este punto, la Sala reitera que el buen desempeño del cargo no se traduce
en una estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la fuerza
pública para acudir a la facultad de retiro por llamamiento a calificar servicios. De
manera tal que las circunstancias atinentes a las felicitaciones, condecoraciones,
buenas calificaciones y ausencia de sanciones en el ejercicio del cargo, como esta
corporación lo ha sostenido, no generan por sí solas fuero de estabilidad en el
empleo42. La idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las
funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia, pues lo
normal es el cumplimiento de los deberes por parte del funcionario.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).
41 «[Q]uien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios,
podrá presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga
la demostración probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos. De esta
manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la motivación del acto de llamamiento
a calificar servicios, que se presume responde a la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los
alegatos que sobre uso fraudulento se presenten».
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 20120, expediente 05001-
23-31-000-2002-00428-01 (0871-11).
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
84. Por lo tanto, de las pruebas documentales obrantes en el expediente, no se
encuentra probado que la expedición del acto administrativo censurado hubiese
obedecido a razones diferentes a las del mejoramiento del servicio; de tal suerte que
tampoco se acreditaron los vicios de falsa motivación y desviación de poder alegados
por el señor Hugo Leonardo Romero Garavito; por el contrario, se concluye que fue
expedido con apego a las condiciones exigidas en el Decreto Ley 1790 de 2000 para
el ejercicio de la facultad discrecional de retiro por llamamiento a calificar servicios.
3.6. Costas
85. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario43 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
86. Por lo tanto, la Sala revocará la condena en tal sentido proferida en primera
instancia y se abstendrá de imponer costas en esta, dado que no se advierte que el
señor Hugo Leonardo Romero Garavito haya incurrido en las anteriores conductas.
3.7. Conclusión
87. La Subsección concluye que el retiro del entonces teniente coronel Hugo
Leonardo Romero Garavito por la causal de llamamiento a calificar servicios se ajustó
al Decreto Ley 1790 de 2000, por cuanto se acreditó que el oficial contaba con el
tiempo mínimo de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro y medió
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas
Militares, presupuestos habilitantes para la expedición del acto, sin que sea exigible
el proceso de clasificación establecido para los ascensos de los militares en el Decreto
1799 de 2000; además de que no se comprobó que esa decisión obedeció a hechos
inexistentes, erróneos o ajenos a los fines previstos por la ley.
88. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia apelada, en cuanto
accedió en forma parcial a las pretensiones de la demanda, y se revocará la condena
43 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00018-01 (2454-2022)
Demandante: Hugo Leonardo Romero Garavito
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
en costas impuesta a la parte vencida.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala Segunda de Decisión, del 1.° de diciembre de 2021, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva.
Segundo: Revocar el ordinal segundo de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, el 1.° de diciembre de 2021, que
condenó en costas a la parte demandante.
Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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