Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00131-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00131-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00131-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de septiembre de 2024
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00131-01 (3509-2023)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00131-01 (3509-2023)
Demandante: José Armando Cuaspud Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Tema: Pensión de Invalidez de miembro de la Policía Nacional.
Ley vigente al momento de estructuración. Se demostró el
porcentaje mínimo exigido del 50% por lesiones o afecciones
médicas ocurridas o contraídas en servicio activo.
Principio de favorabilidad. Aplicación Ley 100 de 1993.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
contra la sentencia proferida el tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por
el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor JOSÉ ARMANDO CUASPUD DÍAZ instauró demanda en contra de la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio No. S-2018- 044964 /ARPRE – GRUPE -1.10
del 8 de agosto de 2018, mediante el cual se negó el derecho a la pensión de
invalidez.
Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a reconocer y pagar
la pensión de invalidez, junto con sus intereses, por haber sufrido una
disminución de la capacidad laboral del 50.80%, con una lesión considerada
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como enfermedad laboral, determinada al momento de su retiro por la Junta
Médica Laboral mediante acta No. 0157 del 27 de julio de 2000.
Que la accionada cumpla la sentencia según los artículos 192 y 195 de la Ley
1437 de 2011.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que se vinculó a la Policía Nacional el 4 de mayo de 1981 en calidad de auxiliar
de policía, que al año siguiente ascendió al grado de agente y fue retirado
mediante Resolución No. 008685 del 31 de mayo de 1995, laborando para la
entidad un total de 14 años, tres meses y 3 días.
Que le fue practicada Junta Médica Laboral el 27 de julio de 2000, conforme al
Acta No. 0157, donde se concluyó una disminución de la capacidad psicofísica
del 50,80%, la cual no fue apelada.
Que, por haber sufrido una disminución de su capacidad laboral superior al
50.80%, tiene derecho a que se le reconozca una pensión de invalidez
correspondiente al 45% del ingreso base de liquidación; más el 1.5% de dicho
ingreso por cada 50 semanas de cotización que tuviere acreditadas con
posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, sin que la misma sea
inferior al salario mínimo mensual legal vigente, como lo dispone el artículo 40 de
la Ley 100 de 1993 y el artículo 2º del Decreto 1157 de 2014.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 13 y 53 de la Constitución
Política; 2º de la Ley 923 de 2004; 40 de la Ley 100 de 1993 y 9º de la Ley 776
de 2002.
En el Concepto de la Violación se señaló que, se desconocieron las
disposiciones constitucionales citadas, por cuanto no se atendió a las
obligaciones en ellas contenidas de reconocer y pagar la pensión de invalidez a
la que tiene derecho el demandante.
Que la afectación a sus derechos fundamentales se acentúa más, cuando al no
reconocérsele la pensión reclamada, también se le desvinculó de los servicios de
salud, que, ante el desamparo de su seguridad social, sus enfermedades se
hacen cada vez más agudas y que no ha logrado obtener un trabajo para costear
sus tratamientos de manera particular.
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Que la Ley 100 de 1993, hace un reconocimiento de la pensión de invalidez y
que es la norma más favorable para el demandante, que así fue esbozado en la
petición que se hizo a la entidad.
Que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aplicado el principio de
favorabilidad y ha garantizado el principio de igualdad, recurriendo a la aplicación
del artículo 9 de la Ley 776 de 2002, que establece que, para efectos del Sistema
General de Riesgos Profesionales, se considera inválida una persona que por
causa de origen profesional no provocada intencionalmente hubiera perdido el
50% o más de su capacidad laboral.
Que, conforme a las actas de las autoridades médico-laborales, las lesiones o
afecciones valoradas al momento del retiro de la Policía Nacional, ninguna ha
sido intencionada por el actor, sino que se deduce que fueron producidas durante
el tiempo que laboró en la Institución.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 7 de marzo de 2019, notificada a la
parte demandada dio respuesta argumentando que la Policía Nacional posee un
reglamento prestacional y pensional especial de carácter constitucional contenido
en los artículos 150 y 218, los cuales fueron desarrollados por el legislador
mediante leyes y decretos con fuerza de ley.
Que la pensión de invalidez es un evento de estricta legalidad que se encuentra
regulado por el Decreto 4433 de 2004, que es una norma de carácter especial y
frente a la cual el Consejo de Estado lo ha determinado igualitario al régimen
general pensional.
Que es necesario tener en cuenta que el demandante no hizo uso de su derecho
a convocar al Tribunal Médico Laboral.
En audiencia inicial celebrada el 4 de noviembre de 2020, el magistrado
sustanciador señaló que la demandada dentro de la contestación no propuso
excepciones, se fijó el litigio, se declaró fallido el intento conciliatorio, se efectuó
el decreto de pruebas y se ordenó correr traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 3 de febrero de
2021, accedió a las pretensiones de la demanda afirmando que, al demandante,
la Junta Médico Laboral registrada en la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 50.80%,
estructurada a partir del examen psicofísico general que sirvió́ de antecedente
sin precisarle fecha.
Que, en un principio el demandante no tendría derecho a la pensión de invalidez
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que reclama, habida cuenta de que el porcentaje que determina su incapacidad
no alcanza el 75% de que habla el régimen especial de pensión de invalidez
aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, esto es, el artículo 89 del Decreto
94 de 1989 y 39 del Decreto Ley 1796 de 2000, tal y como lo argumenta la parte
demandada en su negativa para no acceder a la pensión de invalidez reclamada
por el actor.
Pero que, en casos como este podría aplicarse el régimen pensional contenido
en la Ley 100 de 1993, por ser más beneficioso, debido a que los requisitos para
ser acreedor a una pensión por incapacidad son menores que los contenidos en
los decretos que regulan la materia para los miembros de la Fuerza Pública.
Que la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha dado
prevalencia al principio de favorabilidad, permitiendo que la situación pensional
de un uniformado en cuanto al estado de invalidez, se gobierne por las normas
generales, entendiendo que, si bien tienen estatutos especiales, ese trato
diferencial solo se justifica en la existencia de mejores condiciones para acceder
a los derechos prestacionales.
Que conforme lo anterior, al tenerse acreditado por el actor una pérdida de la
capacidad laboral del 50.80% y al haber completado más de 14 años de servicio,
puede concluirse que le asiste el derecho a la pensión de invalidez, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, cuyo
monto está determinado por el artículo 40 de la misma ley, siendo el mismo del
45%, por tener un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 50.80%.
Señaló que, si las patologías que le fueron determinadas al demandante y que
ocasionaron la disminución de su capacidad laboral, las adquirió durante el
servicio activo en la Policía Nacional, es dable concluir, que en dicho período se
consolidó la situación de invalidez, razón por la cual estimó como tiempo de
estructuración del estado de invalidez, el momento en que el que fue retirado del
servicio, es decir, el 31 de mayo de 1995.
Aplicó la prescripción trienal de las mesadas pensionales, teniendo en cuenta
que el demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez el día 23
de julio de 2018, fecha que se tomó a efectos de contabilizar dicho fenómeno y
por ende consideró que tendría derecho a percibir las mesadas pensionales
causadas desde el 23 de julio de 2015 por prescripción trienal.
Consideró que, de haberse realizado algún pago por concepto de indemnización
por disminución de la capacidad laboral, en atención al principio de
inescindibilidad y teniendo en cuenta que esa indemnización es incompatible con
la pensión de invalidez, deben efectuarse los respectivos descuentos de lo que
se hubiere pagado por dicho concepto.
Por último, condenó en costas a la parte demandada.
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EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación, expresando que las
decisiones objeto de demanda se basaron en el respeto al debido proceso,
porque la disminución de la capacidad laboral fue realizada por el juez natural,
como lo es el Tribunal Médico Laboral y no por otra entidad independiente.
Que en Acta de la Junta Médico Laboral No. 0157 del 27 de julio de 2000;
practicada al demandante, se determinó́ una disminución de la capacidad laboral
del 50.80 % por los índices de lesión allí calificados; que una vez realizada la
notificación, se le informó que de no estar de acuerdo con las decisiones
adoptadas por la Junta Médico Laboral, podía efectuar solicitud de convocatoria
al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar.
Que, la Resolución No 008685 del 31 de mayo de 1995, está revestida de
presunción de legalidad y su emisión se realizó respetando las respectivas
decisiones de los entes médicos y que, frente a los hechos y valoraciones nuevas
que planteó el solicitante no fueron valorados en razón de que no advirtió las
mismas en su petición.
Refirió que la autoridad competente para dictaminar la capacidad psicofísica son
las autoridades médico militares y de policía como lo ordena el artículo 19 del
Decreto 94 de 1989.
Que, revisada la actuación de la entidad de acuerdo con los parámetros del
debido proceso y de la normativa que otorga la pensión invalidez, no le es
aplicable en razón que la norma exige como mínimo que determine una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004.
Que la entidad tiene un trámite propio y que exige unas ciertas calidades que
debe tener el demandante y de las cuales no goza ni ha demostrado, que sin el
lleno de los requisitos de ley como lo ordena que sea una disminución de la
capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio, no es procedente
otorgar la pensión de invalidez.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 26 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
Pronunciamiento de las partes
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Las partes guardaron silencio y el Agente del Ministerio Público no presentó
concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Conforme con el recurso de apelación, la Sala deberá determinar si al señor José
Armando Cuaspud Díaz, le asiste derecho al reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez por pérdida de capacidad laboral durante la prestación de
su servicio como Agente de la Policía Nacional.
De la pensión de invalidez en el régimen especial de la fuerza pública.
El Decreto 94 de 1989, por el cual se reforma el estatuto de la capacidad
sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal
civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, en su artículo 89 preceptúa:
«Artículo 89. Pensión de invalidez del personal de Oficiales,
Suboficiales y Agentes. A partir de la vigencia del presente Decreto,
cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la
Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio,
que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad el
sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión
mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas
señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así: a) El 50% de dichas
partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución del 75%
de la capacidad sicofísica. b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de
lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que
exceda del 75% y no alcance al 75% y no alcance el 95%. c) El 100 % de
dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución
de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%. (…)».
Más adelante, el Decreto 1796 de 2000, por el cual se regula la evaluación de la
capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre
incapacidades, indemnizaciones, entre otros, estableció en el artículo 38 la
pensión de invalidez para Oficiales, Suboficiales, Agentes, y Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, así:
«ARTICULO 38. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA EL
PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, AGENTES, Y PERSONAL
DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. Cuando mediante
Junta Médico-Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de
Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual
o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere
el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una
pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que
expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las
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partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad
con los porcentajes que a continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco
por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco
por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco
por ciento (95%).
PARÁGRAFO 1. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral
no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de
invalidez.
PARÁGRAFO 2. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía
Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993,
continuará rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las
normas pertinentes del decreto 094 de 1989».
Posteriormente, la Ley 923 de 2004 previó en su artículo 3° los elementos
mínimos que tendría que considerar el Gobierno Nacional cuando reglamentara
la materia, estableciendo lo siguiente respecto de la pensión de invalidez:
«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública,
que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
(…)
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto,
será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la
capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los
Organismos Médico -Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes
especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de
acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad
laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para
acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al
cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso
será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables
para la asignación de retiro. […]». (Resaltado intencional).
Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 del 2004, se
expidió el Decreto Reglamentario 4433 de 2004 sobre el reconocimiento y
liquidación de la pensión de invalidez, estableció:
«ARTÍCULO 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
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prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía
Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras
subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por
la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de
conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con
fundamento en las partidas computables que correspondan según lo
previsto en el presente decreto:
(…)»
No obstante, en sentencia del 28 de febrero de 2013, dentro del proceso radicado
11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238–2007), proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado se declaró la nulidad de la expresión «igual o
superior al setenta y cinco por ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del Decreto
4433 de 2004 pues, con base en lo regulado en el numeral 3.5 del artículo 3.° de
la Ley 923 de 2004, se concluyó que el Gobierno Nacional había excedido la
competencia que le fue otorgada para regular la materia al fijar un parámetro
distinto del 50%. Sobre el particular, sostuvo en esencia la Corporación:
«[…] Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho
al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu,
cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el
derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que si
esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por la propia
ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no
puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto
en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos
superiores a los establecidos por esa ley. De la confrontación entre lo
dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, y el contenido
del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, surge que mientras aquél
establece que no se tiene el derecho a la pensión de invalidez o al sueldo
de retiro correspondiente cuando la disminución de la capacidad laboral sea
inferior al 50%, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al señalar que se
tiene derecho al reconocimiento y liquidación de esa prestación social
cuando la incapacidad laboral de los servidores públicos allí mencionados
sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio activo, en realidad
lo que establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%, no
existe el derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice desarrollar lo
dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta
a la que estableció el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma
que, además excluye del derecho a quienes deberían ser beneficiarios del
mismo […]».
Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos
pronunciamientos, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas por
la Ley 923 de 2004, expidió el Decreto 1157 de 2014. El artículo 2° de esta
normativa consagró lo relativo al reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez.
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Régimen general de la pensión de invalidez consagrado en la Ley 100 de
1993.
Los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993, regulan los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez de origen común y los parámetros para definir
el monto en que ella debe ser reconocida, estableciendo que hay lugar a esta
prestación cuando se sufre una pérdida de capacidad laboral igual o superior al
50% que no tenga por causa un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.
La Ley 100 de 1993 previó como exigencias para acceder a la pensión, además
de la declaratoria de invalidez en el porcentaje anteriormente aludido, los
siguientes:
«Artículo. 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de
los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por
lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de
invalidez, y
b) Que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.
Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente ley.».
Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 modificó dichos requisitos al
(i) aumentar el número de semanas mínimas de cotización exigidas a 50; (ii)
eliminar el trato diferenciado entre afiliados que se encontraran cotizando al
sistema y los que no lo estuvieran al momento de estructuración del estado de
invalidez y (iii) exigir fidelidad de cotización al sistema con cotizaciones mínimas
del «veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado
de invalidez».
No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C-428 de 2009, declaró la
inexequibilidad del requisito de fidelidad de cotización al sistema, por ende, el
artículo 1° de la referida ley, quedó del siguiente tenor:
«ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE
INVALIDEZ. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. El
nuevo texto es el siguiente:> Tendrá derecho a la pensión de invalidez el
afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
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1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por enfermedad:
Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3)
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad
de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%)
del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de
edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Los
menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han
cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior
al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de
las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo
se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.».
Según lo anterior, son tres los factores que permiten determinar si resulta
procedente el reconocimiento de este derecho en el Sistema General de
Seguridad Social. 1. La disminución de la capacidad laboral igual o mayor al 50%,
2. Se debe identificar la fecha de estructuración de la invalidez y, 3. Contabilizar
el número de semanas cotizadas para ese entonces.
El principio de favorabilidad y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
Cuando al momento de causarse algún derecho se está en presencia de dos o
más disposiciones jurídicas vigentes que proveen una solución al caso, en virtud
del principio de favorabilidad, se debe escoger, en su integridad, el texto
normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario
del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad de aplicar
parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo que resulta más
beneficioso. Lo anterior en virtud de lo que se conoce como el principio de
inescindibilidad.
Los miembros de la Fuerza Pública y la Policía Nacional se encuentran
exceptuados de la aplicación del régimen general de la Ley 100 de 1993 en virtud
de su artículo 279, sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha admitido que
en aquellos eventos en los que las normas del régimen especial son distintas a
las del general, representando para sus destinatarios una desmejora injustificada
y evidente que se traduce en un trato discriminatorio y, por consiguiente, violatorio
del derecho a la igualdad sean aplicadas las normas de carácter general 1, en el
1 T-393 de 2 de julio de 2013
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00131-01 (3509-2023)
mismo sentido han sido los pronunciamientos por parte del Consejo de Estado2
al permitir que, con apoyo en el principio de favorabilidad y el derecho a la
igualdad, se apliquen las normas del régimen general de seguridad social a los
miembros de la Fuerza Pública.
Resolución del caso concreto
Se tiene que el demandante prestó sus servicios en la Policía Nacional, como
auxiliar de policía entre el 4 de mayo de 1981 al 30 de abril de 1982 y como
agente nacional desde el 1º de mayo de 1982 hasta el 31 de mayo de 1995, para
un total de tiempo de servicio de 14 años, 3 meses y 10 días3.
Que el retiro del servicio se dio a través de la Resolución No. 008685 del 31 de
mayo de 1995, por voluntad de la Dirección General4.
Que, siendo valorado por la Junta Médica Laboral No. 0157 del 27 de julio de
2000, se le determinó una disminución de la capacidad psicofísica
correspondiente al 50.80%, clasificándolo como no apto para el servicio5.
Ahora, se hace necesario destacar que el régimen aplicable en el reconocimiento
de la pensión de invalidez, es el vigente a la fecha de estructuración6, en esta
medida, podría decirse que el régimen que debe aplicarse al caso del
demandante es el especial contenido en el Decreto 94 de 1989, cuyo artículo 89
exige a los Agentes de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad
laboral igual o superior al 75% y es evidente no lo cumple, porque su calificación
es de 50.80%, sin embargo, en este caso, es viable valerse, por favorabilidad,
del régimen general de pensiones, que prevé una disminución de la capacidad
laboral superior al 50% para poder ser beneficiario de la pensión de invalidez.
Esto conlleva, a que se consolide el porcentaje mínimo requerido para que el
demandante sea beneficiario de la pensión de invalidez, al cumplir con los
presupuestos de los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, una
disminución de la capacidad laboral superior al 50%, que para el caso del actor
se acreditó que la disminución de la capacidad psicofísica corresponde al 50.80%
y haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a
la fecha de estructuración, teniendo en cuenta que el demandante durante su
vinculación prestó sus servicios por el término de 14 años, 3 meses y 10 días.
2 En este sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 3 de mayo de 2018, radicado:
76001-23-31-000-2012-00059-01 (3189-17).
3 Folio 14.
4 Folio 20 y 21.
5 Folios 18 al 19.
6 Subsección B. radicado: 68001-23-33-000-2015-00114-01(3259-16). Tesis reiterada por la Subsección
A
en sentencias del 15 de agosto de 2019, radicado: 25001-23-42-000-2012- 01404-01(4267-15);
del 13 de septiembre de 2021, radicado: 08001-23-33-000-2017-01393- 01(5256-19) y del 14 de
octubre de 2021, radicado: 76001233300020130057201 (2029- 2019); entre otras.
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Por las razones expuestas, se confirmará la decisión apelada, en cuanto ordenó
el reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en la Ley 100 de
1993.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del
art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las partes en sus escritos
expusieron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del 3 de febrero de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
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Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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