RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2019-00158-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00158-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00158-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el primero (1.º) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se accedió a las pretensiones. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00158-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)
Demandante: Daniel Toloza Castro
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
territorial y nacionalizado. Período mediante OPS. Condena en
costas en primera instancia. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el primero (1.º) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) por
el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Daniel Toloza Castro instauró demanda1 contra la UGPP en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 038439 del 11 de octubre
de 2016, y (ii) RDP 004424 del 7 de febrero de 2017, por medio de las cuales se
negó el reconocimiento de la pensión gracia y se confirmó dicha decisión
respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar esta prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual
devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con
efectividad desde el 18 de septiembre de 2011, y con el debido ajuste de valor sobre

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

las sumas adeudadas por este concepto.

4. Se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195
del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que nació el 18 de septiembre de 1961 y fue vinculado como docente oficial
nombrado en propiedad por el municipio de El Charco para ejercer dicha plaza entre
el 16 de octubre de 1979 y el 31 de diciembre de 1992. Luego suscribió una serie
de contratos de prestación de servicios para desempeñarse como educador de esa
entidad territorial entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de septiembre de 1994.
Finalmente fue designado en dicho cargo de manera permanente por parte de la
referida autoridad desde el 1 de octubre de 1994, al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (13 de marzo de 2019).

6. El 7 de junio de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la
cual fue negada a través del acto demandado, el cual fue confirmado, esto por
considerar que su vinculación como docente fue del orden nacional y al no haber
tenido en cuenta los períodos de labor como maestro contratista.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Consideró vulnerados: los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 1, 3 y 4
de la Ley 114 de 1913; Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933; 1, 2, 3 y 5 del Decreto Ley
2277 de 1979; 1 y 15 de la Ley 91 de 1989; y 2 del Decreto Reglamentario 196 de
1991.

8. Expresó que la pensión gracia no puede limitarse a la literalidad de los requisitos
que se concibieron en un principio, sino que esta prestación debe ser reconocida a
todos los docentes que hubiesen prestado servicios como normalistas o inspectores
educativos, interrumpida o ininterrumpidamente en los niveles de educación
primaria o secundaria o, incluso, puede haberse laborado sólo en este nivel, con la
única acotación de haber estado vinculado antes del 31 de diciembre de 1980.
Destacó que en su caso sí cumplió con las exigencias legales, pues desarrolló su
labor como educador de tiempo completo durante más de veinte años en entidades
educativas oficiales territoriales.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

9. El 23 de abril de 2019 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP,
quien manifestó3 que es verdad que el actor prestó sus servicios entre el 16 de
octubre de 1979 y el año 1992, esto es, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Sin embargo, precisó que no se logró verificar el tipo de vinculación para ese tiempo,
ni el origen de los recursos con los cuales se cancelaron sus salarios. A su vez,
indicó que tendrían que desconocerse los lapsos de trabajo del accionante con base
en contratos de prestación de servicios, pues estos no fueron allegados a la petición
en sede administrativa, ni al presente proceso. Argumentó finalmente que, si bien el
demandante se vinculó mediante Decreto 115 del 5 de diciembre de 1994, debe
esclarecerse el origen de los recursos con los que se cubrió esta plaza, pues puede
corresponder a recursos propios o de la Nación.

10. Propuso como excepciones las de: (i) prescripción del derecho frente a los
contratos de prestación de servicios, (ii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, (iii) cobro de lo no debido, (iv) prescripción, y (v) genérica.

11. El 21 de junio de 20234 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial
con el fin de dictar sentencia anticipada, por lo que se fijó el litigio, se decretaron e
incorporaron las pruebas y se corrió traslado para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

12. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 1.º de diciembre de
2023 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos
demandados y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia a favor del
reclamante desde el 7 de junio de 2016 por efectos de la prescripción de mesadas.
Además, condenó en costas a la entidad demandada en virtud del criterio objetivo.

13. Expresó que con las pruebas documentales quedó demostrado que el
accionante mantuvo una vinculación legal y reglamentaria como docente municipal
de la Escuela Urbana de Varones de El Charco (en comisión), desde el 16 de
octubre de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1992, posterior a lo cual, se evidencia
un lapso de 5 meses y 17 días en los que habría prestado sus servicios como
educador en virtud de la orden de trabajo del 15 de enero de 1993. A su vez, se
acreditó su designación posterior en calidad de profesor de la misma entidad
territorial, incorporado a la planta nacionalizada mediante Decreto 115 de 1994, lo
que permite concluir que laboró hasta la fecha certificada en dicha modalidad tanto
en una plaza territorial como nacionalizada.

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

14. Afirmó que se allegaron constancias expedidas por el municipio de El Charco
en las que se indica que el actor desarrolló actividades como docente contratado
entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de septiembre de 1994, pero como solo se aportó
la copia del respectivo contrato con vigencia entre el 13 de enero y el 30 de junio de
1993, se tendrá como tiempo válido de servicio solamente este último equivalente
a 5 meses y 17 días.

15. Con base en lo anterior concluyó que el demandante acreditó un vínculo como
educador antes del 31 de diciembre de 1980, por lo que, con la presunción de su
buena conducta y el cumplimiento de la edad, se advierte que reunió todos los
requisitos para acceder a la pensión gracia, pues especialmente acumuló los 20
años de servicio si se tienen en cuenta los períodos anteriores, así como el
comprendido entre el 5 de diciembre de 1994 hasta el 18 de septiembre de 2011
(fecha del estatus), el cual corresponde a una vinculación de carácter territorial, ya
que el acto de nombramiento fue suscrito directamente por la autoridad municipal,
es decir, en la nominación del demandante no intervino la Nación o alguno de sus
representantes ministeriales que implicara un nombramiento de orden nacional.

16. Precisó que la prescripción de tres (3) años empezó a contar a partir del 18 de
septiembre de 2011, fecha en que el accionante adquirió el estatus pensional, sin
que la solicitud elevada ante la UGPP el 7 de junio de 2016 contara con la entidad
de suspender dicho término, puesto que el mismo habría terminado el 18 de
septiembre de 2014. No obstante, dicho término habría sido susceptible de
interrumpirse a partir de la presentación de la citada solicitud ante la entidad
accionada, de manera que el reconocimiento de las mesadas pensionales se deberá
efectuar a partir del 7 de junio de 2013.

RECURSO DE APELACIÓN6

17. La parte demandada interpuso recurso de apelación. Aseguró que el Decreto
102 del 22 de enero de 1976 creó los Fondos Educativos Regionales – FER, con
manejo propio de su tesorero y transferencia de los recursos de la Nación
destinados a la educación, los cuales debían ser transferidos a los departamentos,
intendencias, comisarías, al distrito capital de Bogotá y a los demás municipios del
país. Destacó que tal norma otorgó la facultad a los entes territoriales para
administrar la planta de personal docente sin modificar la naturaleza nacional de la
vinculación del educador.

18. Añadió que de conformidad con los certificados que reposan en el expediente
administrativo allegado por la UGPP, el reclamante tuvo una vinculación del orden
nacional con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones;
recursos que se consideran de orden nacional y que se encuentran normados en la

6 Ver índice 22 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

Ley 715 de 21 de diciembre de 2001, por lo que los vínculos del actor resultan
incompatibles con la pensión gracia.

19. Sostuvo que, en todo caso, al proceso no se allegó una prueba inequívoca que
permita establecer a ciencia cierta la naturaleza jurídica de las vinculaciones del
docente durante los tiempos que pretende hacer valer.

20. Sobre la condena en costas argumentó que no se evidenció actuación de su
parte que fuera transgresora de los principios de la buena fe y lealtad procesal, por
lo que no era procedente la imposición de esta carga.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

21. El 18 de noviembre de 20257 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

22. El Ministerio Público8 solicitó que se revoque la sentencia apelada. Planteó
que una vez revisado el expediente, respecto de la vinculación del docente no existe
prueba alguna de la que se pueda corroborar sin lugar a duda que dicha vinculación
se llevara a cabo bajo el orden territorial necesario para efectos de acceder a la
pensión gracia. Si bien se anexaron los actos administrativos de nombramiento, los
mismos no proporcionan información clara sobre este aspecto discutido.

23. Ahora, sobre la autoridad que realizó el nombramiento precisó que un aspecto
importante que no se tuvo en cuenta en la providencia recurrida fue lo relacionado
con la administración de los denominados FER, que permiten definir los
nombramientos realizados por estos fondos de docentes nacionales, y
nacionalizados, pagados con el Situado Fiscal, y de los docentes territoriales
pagados con recursos de ellos mismos, por lo que no era dable establecer que el
actor era necesariamente territorial.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

24. El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestro oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de

7 Ver índice 35 de SAMAI.
8 Ver índice 39 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

1980. También se verificará si era procedente la condena en costas de primera
instancia en contra de la entidad demandada.

Marco normativo y jurisprudencial

25. Inicialmente debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio educativo prestado al Estado, tal como se determinó en el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913.9

26. De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años
de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en
cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el
artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

27. Adicionalmente, las Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 198910
extendieron este derecho a los profesores de las escuelas normales y a los

9 «Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de

veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente ley […]»
10 «ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el

que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación. B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y
para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

inspectores de la instrucción pública, así como a los maestros de establecimientos
de enseñanza secundaria, pero solo para aquellos que laboraran en plazas
departamentales o municipales, o que hubiesen estado sometidos al proceso de
nacionalización, siempre y cuando hubiesen tenido un vínculo como educadores
oficiales antes del 31 de diciembre de 1980.

28. Respecto de la forma de liquidación de esta prestación, la Ley 24 de 1947
consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de
jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el
último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de
1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio
mensual obteniendo en el último año de servicio».

29. Ahora bien, con el amplio desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en
las sentencias S-699 del 26 de agosto de 1997,11 CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 201812 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,13 se ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales
de su reconocimiento.14

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. En esta providencia se señaló: «[…] dentro del grupo de beneficiarios
de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).
12 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP. En esta providencia se fijaron las siguientes reglas jurisprudenciales de
interpretación: «[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas. […] v) Por tanto, no es dable inferir
que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]»
13 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP. Se precisó lo siguiente: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y
después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».
14 Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas

tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes
de resolución en sede administrativa y judicial.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

30. En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial
o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

31. Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente
es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

32. Por lo expuesto, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia,
el docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en plazas o con nombramientos
de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de
instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad
de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o
relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son
aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a
través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el
nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional,
o por un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

33. Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

34. Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con
la edad, se observa que el demandante nació el 18 de septiembre de 196115, de
modo que cumplió los 50 años el 18 de septiembre de 2011.

35. Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de
servicio del accionante como docente territorial o nacionalizado, se realiza el
siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa
judicial:

• (i) Del 16 de octubre de 1979 al 31 de diciembre de 1992, y (ii) del 13 de
enero al 30 de junio de 1993

36. Conforme a los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitidos el 13 de diciembre de 2015 y el 8 de marzo de 2016 por la
Secretaría de Educación Municipal de El Charco,16 así como de la certificación
laboral del 7 de diciembre de 2015 generada por el alcalde de dicha entidad
territorial;17 se tiene demostrado que el demandante prestó el servicio para la
mencionada autoridad como docente oficial durante los dos períodos bajo estudio.

37. Pues bien, sobre el primer interregno se destaca que en el expediente reposa
el Decreto 064 del 14 de octubre de 1979,18 por medio del cual el alcalde del
municipio de El Charco nombró directamente al actor para que se desempeñara
como maestro seccional en propiedad en la Escuela Rural Mixta del Estero Yanzal
y trasladado a la Escuela Urbana de Varones, exactamente desde el 16 de octubre
de 1979 cuando tomó posesión del cargo.19

38. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte a partir del referido acto
administrativo (que es una de las pruebas esenciales para este tipo de asuntos),
que esta decisión de designación fue adoptada sin la intervención directa o indirecta
del Ministerio de Educación, ni aval de este para que, en virtud de la
desconcentración, el mencionado ente territorial en representación de la Nación
efectuara dicha vinculación.

39. De hecho, tampoco se verifica que se haya presentado autorización de
financiamiento por parte del delegado de dicha cartera gubernamental ante el
respectivo Fondo Educativo Regional en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43
de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma.

15 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital del

índice 2 de SAMAI.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

40. En ese orden de ideas, se extrae con claridad que tal vínculo del accionante en
este tiempo examinado tuvo lugar por decisión autónoma y directa del referido
alcalde, lo que indica que tal relación legal fue en calidad de docente territorial, en
la medida en que no cumplió las condiciones para ser considerada de naturaleza
nacional o nacionalizada conforme los criterios del artículo 1.º de la Ley 91 de 1989.

41. Lo expuesto porque tal situación se ajusta a la interpretación que se desarrolló
en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la
cual es territorial la plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o
municipio respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto,
tal como se corroboró para estos tiempos de servicio, y como bien lo indica la
referida norma que señala lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»

42. Por otra parte, para el segundo lapso obra la orden de prestación de servicios
del 13 de enero de 1993,20 con la que el alcalde del municipio de El Charco contrató
al accionante para que ejerciera funciones de maestro seccional de la aludida
institución educativa entre la mencionada fecha y el 30 de junio de 1993, pagado
directamente con recursos del ente local.

43. Si bien se observa para este último tiempo bajo estudio que la forma en la que
el reclamante se desempeñó como maestro estatal fue en virtud de OPS, mas no
de una relación legal y reglamentaria, lo cierto es que no se puede desconocer la
naturaleza propia de la labor educativa, la cual comporta en esencia una actividad
reglada y sometida a directrices de política pública que conlleva asumir que, en
realidad, tal relación contractual era verdaderamente un vínculo laboral encubierto
que tiene plenos efectos en materia del reconocimiento de derechos prestacionales
como la pensión gracia.

44. Respecto de esta afirmación, basta con resaltar como lo hizo esta Corporación
en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 que, en el caso de los
maestros del Estado, no existe duda sobre la prestación personal del servicio, así
como la remuneración que estos perciben por esa labor debido a la esencia del
contrato celebrado, al igual que la subordinación y dependencia a la que están
sometidos debido a la falta de autonomía y discrecionalidad que se predica del
desarrollo de las funciones educativas, pues este servicio está regulado por los
lineamientos revisados, controlados y materializados en órdenes de un superior.

20 Ibid.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

45. Esta postura jurisprudencial obedece al hecho de que debe garantizarse el
principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades en
materia laboral, básicamente en la medida en que debido a que el desarrollo de la
función docente implica necesariamente un elemento de subordinación intrínseco
derivado de la regulación y control de las actividades educativas por parte de las
autoridades, así como la prestación personal del servicio y el cumplimiento de
condiciones de formación y experiencia, lo que realmente se genera es un vínculo
laboral entre la administración y los educadores contratados, el cual puede
deducirse en casos particulares como el que es objeto de discusión, sin que deba
exigirse el pronunciamiento judicial previo que así lo declare.

46. Además, resulta adecuado acudir a la tesis que esta Corporación ha sostenido
en casos similares al presente, cuando se ha precisado que la normativa especial
de la pensión gracia no excluyó tal forma de labor oficial contractual para consolidar
aquel derecho, toda vez que lo esencial para adquirirlo es que el reclamante
compruebe que ejerció funciones como educador oficial en plazas del orden
territorial o nacionalizado, lo cual ocurre en el asunto bajo examen si se tiene en
cuenta que el actor fue contratado para desempeñarse como profesor del municipio
de El Charco, es decir, con una vinculación de naturaleza territorial.

47. A esta conclusión se arriba al considerar que no existe prueba de que al OPS
fue expedida conforme al proceso de nacionalización de la Ley 43 de 1975 ni se
registra información de intervención directa por parte del Ministerio de Educación
Nacional, tiempo que se tendrá del orden territorial.

48. En consecuencia, los tiempos de labor oficial del demandante como educador
estatal de naturaleza territorial, comprendidos entre el 16 de octubre de 1979 y el
31 de diciembre de 1992, y del 13 de enero al 30 de junio de 1993 (13 años, 8
meses, y 2 días), sí deben ser tenidos en cuenta para cumplir la exigencia de 20
años de servicio necesarios para acceder al derecho solicitado.

• Del 5 de diciembre de 1994, al menos hasta al 7 de junio de 201621

49. De conformidad con el Formato Único para la Expedición del Certificado de
Historia Laboral generado por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño
el 8 de marzo de 2016,22 efectivamente se podría determinar que el demandante
laboró como docente oficial durante el lapso bajo estudio en el municipio de El
Charco.

21 Esta fecha corresponde a un período que pudo ser incluido dentro del analizado en vía administrativa y que

respeta el principio de la decisión previa, pues la reclamación prestacional fue presentada el 7 de junio de 2016.
Ver Resolución RDP 038439 del 11 de octubre de 2016 obrante en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
22 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

50. Ahora, a partir del Decreto 115 del 5 de diciembre de 1994 y del acta de
posesión de la misma fecha,23 se corrobora que el actor fue nombrado en propiedad
por parte del alcalde de la referida entidad territorial, para que se desempeñara
como educador de su planta de personal con carácter nacionalizado en virtud de la
conversión de plazas de docentes contratados, esto por autorización y aval del
Ministerio de Educación a través del FER de Nariño, y en virtud de las facultades de
la Ley 29 de 1989.

51. Con base en lo anterior, al revisar esta documentación lo que se evidencia es
que esta decisión de vinculación fue efectuada por el municipio de El Charco, pero
con la intervención indirecta del delegado del Ministerio de Educación con funciones
de ordenador del gasto del respectivo FER, pues si bien no se observa la firma de
este funcionario, si se advierte que las acreencias de esta docente serían pagadas
con recursos del Sistema General de Participaciones.

52. A partir de este material probatorio es posible arribar a la conclusión de que el
demandante fue maestro nacionalizado durante el interregno bajo estudio, para lo
cual es adecuado resaltar que el Consejo de Estado24 ha precisado sobre dicha
clasificación aludida que: «El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra
respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975».

53. Bajo este contexto y de conformidad con el artículo 1.º de Ley 91 de 1989, se
puede concluir que el cargo desempeñado por el reclamante fue creado o
transformado en vigencia y cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo
los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud de los cuales, los ingresos
para atender el proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) a través de las rentas derivadas del SGP, con
sujeción a los planes que en su momento debía establecer la mencionada cartera
gubernamental, lo cual permitía que el nombramiento fuera efectuado por un alcalde
conforme el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, tal como ocurrió en este caso.

54. Si bien tal norma también permitía lo propio para ocupar plazas de maestros
nacionales, lo cierto es que de acuerdo con la lectura del acto administrativo de
nombramiento, no se observa que el Ministerio de Educación hubiese intervenido
en esta decisión en calidad de nominador, sino solo como ente autorizador del gasto
a través del respectivo fondo regional para garantizar el pago de las acreencias del
docente, mas no para ejercer facultad como empleador al no precisarse ni advertirse

23 Ibid.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

en ningún aparte del acto que el cargo a ocupar estuviese previsto en la estructura
propia de la mencionada cartera gubernamental.

55. Acerca del reparo de impugnación relativo a que después de la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989 los docentes que se vincularan serían del orden
nacional por el hecho de que los recursos con los que son financiados se derivan
de rentas exógenas por transferencias de la Nación, la Sala debe precisar
inicialmente que el marco jurídico salarial no afecta el tipo de plaza o la clase de
nombramiento con el que se haya designado al educador, pues esto dependerá de
la naturaleza del empleador y del cargo a ocupar bajo los criterios del artículo 1.º de
la Ley 91 de 1989.

56. En todo caso, frente al criterio del origen de los recursos como sustento para
determinar la vinculación de un maestro oficial, se debe precisar que aun así se
demuestre que las acreencias del actor fueron cofinanciadas por autorización del
Ministerio de Educación, lo cierto es que tal y como se expuso en el acápite del
marco normativo, lo relevante frente al reconocimiento del derecho en litigio es que
la vinculación y el cargo a ocupar por la docente sea de carácter territorial o
nacionalizado.

57. Se recuerda que a la luz de los lineamientos fijados por la Sala en la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018, el pago de los haberes laborales de los
educadores territoriales y nacionalizados con cargo «[…] a las rentas endógenas de
la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— […] hoy sistema general
de participaciones.», no implica que los recursos que enmarcan la prestación del
servicio sean de naturaleza nacional y por consiguiente le otorguen dicha calidad a
la plaza que la educadora oficial ostenta.

58. En ese sentido, el argumento planteado por la parte apelante, relacionado con
que el presupuesto que solventa la provisión de los cargos docentes proveniente
del SGP determina el carácter nacional del cargo desempeñado por el accionante,
no encuentra respaldo en esta instancia, pues como se dijo, tal circunstancia no
tiene la virtualidad de afectar o modificar la naturaleza de la plaza.

59. Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por el actor como docente nacionalizado durante el lapso transcurrido
entre el 5 de diciembre de 1994 y el 7 de junio de 2016 (21 años, 6 meses y 2
días), observa la Sala que, sumando este más los 2 primeros períodos analizados
previamente de naturaleza territorial, el reclamante satisfizo el requisito de cumplir
más de 20 años al servicio educativo como maestro con vinculaciones compatibles
con la esencia de la pensión gracia, pues en total acumuló a la fecha en que se
concretó la decisión previa para la entidad, más de 35 años, 2 meses y 4 días que
resultan suficientes para consolidar el derecho en litigio.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

60. Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
el accionante se desempeñó como tal al servicio del municipio de El Charco en
virtud de un nombramiento del orden territorial desde el 16 de octubre de 1979, es
decir, en un momento previo a la primera fecha en comento, por lo que está colmado
el presupuesto analizado.

61. En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de
la buena conducta del demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe del
interesado en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

62. Con base en lo expuesto, se estima que resultó acertado el estudio del tribunal
de primera instancia en el fallo apelado para acceder el reconocimiento de la
pensión solicitada por el demandante, de suerte que habrá de confirmarse dicha
providencia.

63. En materia de análisis sobre la prescripción, se advierte que, entre las fechas
de exigibilidad del derecho (18 de septiembre de 2011 por cumplimiento de la edad,
ya que el tiempo de servicio lo había adquirido con anterioridad), de radicación de
la reclamación administrativa (7 de junio de 2016),25 y de la interposición de la
demanda (13 de marzo de 2019)26 transcurrieron más de los 3 años de que tratan
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, por lo que las mesadas adeudadas
deberían reconocerse con efectos fiscales desde el 7 de junio de 2013.

64. Sin embargo, en el fallo apelado se ordenó el pago de los montos adeudados a
partir del 7 de junio de 2016, lo cual resulta desfavorable para el actor y beneficioso
para la parte accionada. Aun así, lo cierto es que como el demandante no apeló
esta decisión específica, se entiende que estuvo conforme con la misma y, por tanto,
en procura de evitar un pronunciamiento que afecte la situación creada a la entidad
demandada en primera instancia, y bajo el entendido de que fue la única apelante,
deberá confirmarse el fallo también en este aspecto para no hacer más gravosa su
condena, tal como se encuentra proscrito en virtud del artículo 328 del CGP.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

65. Pues bien, en lo que respecta a este punto de impugnación de la parte
demandada, la Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena

25 Ver parte motiva del acto demandado en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
26 Ver sello de radicación en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

66. En este contexto, es preciso aclarar que, contrario a lo sostenido por la parte
apelante sobre el análisis de su conducta procesal, el término «dispondrá» de la
referida norma equivale a condenar a la parte vencida como regla general, y no
debe interpretarse como una facultad del juez para decidir si procede o no la
condena, además porque la norma no permite efectuar valoración alguna sobre su
procedencia en razón de la actuación de las partes como se aseguró en el recurso,
salvo cuando se trate de procesos donde se ventile un interés público.

67. Es por ello que, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley no fue establecer una regla nueva o distinta a la objetividad de la
condena, sino aclarar que, incluso en procesos de interés público, si la demanda
carece manifiestamente de fundamento legal, también procede la condena.

68. De esta forma, se creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos, pero tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá, es decir, ordenará, la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

69. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

70. Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente la condena en costas
impuestas en primera instancia contra la parte demandada al haber sido vencida en
juicio ante la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues esto implicó una
decisión desfavorable en su contra.

71. Por lo mismo, también se fijará lo propio en esta instancia a su cargo como
recurrente, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación.

72. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00158-01 (1814-2024)

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el primero (1.º) de diciembre de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual
se accedió a las pretensiones.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.