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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2019-00255-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00255-01

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00255-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR ordinal tercero de la sentencia del 30 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo Nariño, el cual quedará así: «TERCERO: En consecuencia, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Par afiscales de la Protección Social –UGPP– a reconocer y pagar a favor de la señora Teresa Mercedes Chacón Rodríguez identif icada con cédula 36.994. 907 la pensión gracia a que t iene derecho, equivalente al 75% del promedio de todos los f actores salar iales devengados, establecidos en la ley, en el año inmediatamente anter ior a la consolidación del estatus pensional, est o es, del 18 de julio de 2009 al 18 de julio de 2010. […]» SEGUNDO. REVOCAR EL ORDINAL OCTAVO de la sentencia del 30 de marzo de 2022, prof erida por el Tribunal Administrativo Nariño , que condenó en costas a la entidad accionada, por los motivos expuestos en esta providencia. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás el proveído apelado . CUARTO. No condenar en costas en esta instancia, en atención a lo expresado en esta sentencia. QUINTO: Reconocer personería a la abogada Gloria Ximena Calderón, identificada con cédula de ciudadanía 31.578.572 y portadora de la www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 52001-23-33-000-2019-00255-01 Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. SEXTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00255-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

3 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00255-01 (4496-2022)
Demandante: Teresa Mercedes Chacón Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social 1.

Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandad a contra la sentencia del 30 de
marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que
accedió las súplicas de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda. 2

Teresa Mercedes Chacón Rodríguez , por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 047722

1 En adelante UGPP.
2 Folios 2 al 5 del expediente.
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Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

del 19 de diciembre de 2018 y RDP 010426 del 29 de marzo de 2019 ,
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por
medio de las cuales negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia y confirmó la decisión, respectivamente.

Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la UGPP (i)
concederle la pensión gracia a partir del 15 de marzo de 2014 fecha
en que adquirió el estatus pensional y, (ii) reajustar las sumas
reconocidas de acuerdo con el IPC .

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

La demandante relató que nació el 15 de octubre de 1956, razón por la
cual cumplió los 50 años de edad el 15 de octubre de 2006 . Así mismo,
que prestó servicio docente en el municipio de Ipiales, de la siguiente
manera:

Fechas
Actos de nombramiento Desde Hasta

Resolución 269 del 26 de 14 de diciembre de 30 de junio de 1978
noviembre de 197 6 1976
Decreto 083 del 23 de 1 de octubr e de 1994 Vigente a la fecha de
noviembre de 1994 radicación de la
demanda.

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Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

Precisó que, habiendo cumplido todos los requisitos necesarios, radicó
reclamación para el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual
fue resuelta de manera negativa con las Resoluciones RDP 047722
del 19 de diciembre de 2018 y RDP 010426 del 29 de marzo de 2019 .

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

La demandante, como concepto de violación, argumentó que la entidad
demandada inaplicó las siguientes disposiciones n ormativas: artículos
25 y 53 de la Constitución Política de Colombia; artículos 1, ,2, 3, y 4
de la Ley 114 de 1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928 ; artículo 3 de
la Ley 37 de 1933; artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto 2277 de 1979 y
artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Sostuvo que la entidad demandada incurrió en un desconocimiento de
las normas que regulan la pensión gracia, al negar el reconocimiento
de la prestación reclamada sin tener un argumento específico que
permita concluir los motivos por los cuales llegó a tal decisión.

1.4. Contestación de la demanda.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP señaló
que la demandante no cumplió con los requisitos para beneficiarse de

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Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

la prestación reclamada por cuanto no acreditó ninguna vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 , al no allegar en original
o en copia auténtica de los decretos de nombramiento ni las actas de
posesión que den cuenta la vinculación legal y reglamentaria.

Asimismo, aseguró que el tiempo laborado por la demandante antes
del 31 de diciembre de 1980 no puedo tenerse en cuenta ya que los
prestó como alfabetizadora.

Finalmente, manifestó que , si en gracia de discusión se aceptara la
vinculación del 26 de noviembre de 1977 al 30 de junio de 1978 ,
también fue del orden nacional ya que existió intervención por parte
del Ministerio de Educación.

Sobre el Decreto 083 del 23 de noviembre de 1994, sostuvo que
también fue del orden nacional, tal y como quedó certificado por la
secretaría de educación de Ipiales expedido el 30 de julio de 2018 .

Finalmente, propu so las excepciones denominadas : (i) inexistencia de
vulneración de principios constitucio nales y legales; (ii) cobro de lo
no debido y; (iii) prescripción.

1.5. Trámite en primera instancia.

El 1 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Nariño, al estudia r
la viabilidad para dictar sentencia anticipad a, de conformidad con lo

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dispuesto en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el litigio de la siguie nte manera:

«¿Debe dec lar ar se l a nuli dad de l act o a dm inist r at ivo cont en ido ( sic)
en las Res oluc iones No. RDP 047 722 de l 19 de d iciem br e de 2018 y
No. RDP 01042 6 del 26 de m ar zo de 2019, por m edio de las cuales
se niega el r econoci m ient o y pago de la pe nsión gr acia, a f avor de la
señor a Ter esa M er cedes Rodr í guez Cha cón? ».

1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación 3

El Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la sentencia del 30
de marzo de 2022 , accedió a las pretensiones de la demanda y resolvió
lo siguiente:

«PRI M ERO . - Declarar no conf igur adas las excepcio nes de
inexist enc ia de vuln er ación de pr incip io s const it ucionales y lega les,
así com o de cobr o de lo no debid o pr opuest as por la ent idad
dem andada.

SEG UNDO . - Decl arar la nul idad de l as Resoluc iones N o. RDP
047722 del 19 de d iciem br e de 2018 y No. RDP 010246 de l 29 de
m ar zo de 2019, por m edio de las c uales se negó el r econ oc im ient o
de la pensión gr acia a f avor de la señora T eresa M ercedes Chacón
Rodrí guez.

T ERCERO . - En consecuencia, conde nar a la Uni dad A dmi nist rat i va
Especi al de G est i ón Pensi onal y Cont ri buci ones Paraf i scal es de
l a Prot ecci ón Social –UG PP– a r econocer y pagar a f avor de la
señor a T eresa M ercedes Chacó n Rodrí guez la pens ión gr ac ia a que
t iene der echo, equiv alent e al 75% de l pr om edio de t odos los f act or es
salar ia les deven ga dos, est ablecidos en la ley, en el año

3 Folios 174 al 181.

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Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

inm ediat am ent e ant er ior a la consolida ción del est at us pensiona l,
est o es, del 17 de sept iem br e de 2009 a l 17 de sept iem br e de 2010.

CUA RT O . - Las m esadas causadas deber án act ual iza r se co n
f undam ent o en el i n ciso 4° de l ar t í culo 187 de la Ley 1437 del 2011
y deber án indexar se conf or m e a la siguient e f or m ula:

[ …]

Q UI NTO . - Declar ar pr escr it as las m esadas cau sadas con
ant er ior idad al 29 d e agost o de 2015.

[ …] ».

El a quo advirtió que, si bien en el escrito de la demanda no se hizo
ninguna alusión a los servicios prestados por la señora Teresa
Mercedes Chacón Rodríguez en la modalidad de OPS, situación que
tampoco controvirtió la entidad demandada en sede administrativa,
dichas contrataciones se deben tener en cuenta para efectos de
contabilizar el tiempo requerido para el reconocimiento de la pensión
gracia.

En ese orden de ideas, el tiempo ya reconocido sobre la modalidad de
OPS, sumado a las otras vinculaciones (anterior al 31 de diciembre de
1989, esto es, 14 de diciembre de 1977, y el nombramiento en
propiedad del 1 de octubre de 1994) que son válidas para la prestación
reclamada, dan cuenta de los más de 20 años de servicio docente de
la demandante, que junto con el cumplimiento de los demás requisito s,
permiten concluir que a la señora Chacón Rodríguez le asiste el
derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

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Por último, condenó en costas a la UGPP, en los términos de los
artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

1.7. Recurso de apelación 4

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP apeló
la decisión de primera instancia , reiteró los argumentos de la
contestación de la demanda y desatacó que los salarios de la
demandante fueron cancelados con recursos del situado fiscal, lo que
permite concluir que sus nombramientos fueron financiados con
recursos de la Nación, razón por la cual a la demandante no le asiste
el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gr acia.

Finalmente, manifestó que, en caso de confirmarse la decisión de
primera instancia, se debe revocar la condena en costas.

1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia

La parte demandante , la demandada, el Procurador delegado y el
Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

4 Folios 202 al 206.

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El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto, de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5. De
igual manera, es relevante destacar que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 6, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante, por lo que, en el caso de la
referencia, la competencia se encuentra limitada a lo señalado en el
recurso interpuesto por la entidad demandada

2.2. Problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y pos terior decisión
debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿La señora Teresa Mercedes Chacón Rodríguez, en su
calidad de docente oficial , tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión gracia ?

¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas a la
entidad demandada en sede de primera instancia?

5 «ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pron unciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114
de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20
años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a
su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De
manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas
épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y
la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

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Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los sigui e nt es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a c ont inuaci ón de cada uno
de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal n aci onal i zado. Son l os do cent es vincu lados por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al ant es del 1 de enero de
1976 y los v incu lado s a par t ir de est a f echa, de conf or m idad con
lo dispuest o por la L ey 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los doc ent es vincu lados por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al , a par t ir del 1 de enero de
1976, sin el cum p lim ient o del r equ isit o e st ablecido en el ar t í culo
10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr il las f uer a de t ext o] .

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«A rt í cul o 15. A par t ir de la v igenc ia de la pr esent e Le y el
per sonal doce nt e na ciona l y naci onal iza do y el que s e vincu l e con
post er ior idad al 1. de ener o de 1990 ser á r egido por las
sigui ent es dispos ici ones:

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[ …]

A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y dem ás nor m as que las hubier an desar r oll a do o
m odif icado, t uviese n o ll egar en a t ener der echo a la pensi ón de
gr acia, se les r eco nocer á siem pr e y cuando cum plan co n la
t ot alidad de los r equ isit os . Est a pens ión seguir á r econoc iénd ose
por la Caj a Nac iona l de pr evisi ón Soc ial conf or m e al Decr et o 081
de 1976 y ser á com pat ible con la pens ión or dinar ia de j ubilac i ón,
aún en el ev ent o de est ar ést a a car go t ot al o par cia l de la na ción.
[ …] »

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido
que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla
con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes,
esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado,
es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el
particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699
del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón g raci a
no quedan i ncl ui dos l os doce nt es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que, com o dice la Ley 9 1 de
1989, adem ás de haber est ado vinculados hast a el 3 1 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o llegar e n a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la t otalid ad
de r equisit os” . [ …] . » 7

7Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.

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Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o na turaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Esta do en sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 8 previó las siguientes
pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos del si t uado fi scal que ot r or a t r ansf erí a o cedí a
la Nació n a las ent id ades t er r it or iales, en vigencia de la Car t a de
1886 y hast a cuand o per m anecier on en vigor en la Const it ución
de 1991, no obst ant e su or igen o f uent e nacional, una vez se
incor por aban a los pr esupuest os loca les pasaban a ser de
pr opiedad excl usiv a de los r ef er idos ent es en calidad de
r ent as exógenas .

ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o pr opiet ar ios
de los r ecur sos qu e les gir a la Nació n, pr ovenient es de l si st ema
general de part i ci paci ones , por asignación dir ect a del ar t ículo
356 de la Car t a Polí t ica de 1991.

ii i) La f inanc iac ión de los gast os qu e gener aban los f ondos
educat i vos regi onal es no solo depen dí a de los r ecur sos que
gir aba la Naci ón a las ent ida des t e r r it or iales por conc ept o
del si t uado f i scal , sino que t am bié n c or r espondí a a los e nt es
local es dest inar p ar t e de su pr esup uest o par a at ende r al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í culos 29 del
Decr et o 3157 de 1968; y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 198 8) .

iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener ab an los ser vic ios edu cat ivos de los doce nt es

8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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naciona les y nacion aliza dos 1 2 , r esult a f act ible col egir de m aner a
r azonada que lo pr o pio acont ecí a con al gunas de las er ogac i ones
salar ia les or ig inad as por el ser vici o que pr est aban los
educador es t er r it or iales, ya que l os r ecur sos dest inados pa r a t al
f in pr ovení an t ant o de la Nac ión —si t uado f i scal — com o de las
ent idades t er r it or ial es, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so
de esos r ecur sos le per t enecí a de f or ma exclusiva a los e nt es
local es dado que ingr esaban a sus pr esupuest os en calida d de
r ent as exógenas y endógenas.

v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los d ocent es t er r it or iales y/ o
naciona liz ados se convier t en en edu cador es nacion ales ( i)
cuando en el act o de su vinculación int er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent id ad t er r it or ial, el de leg ado
per m anent e del M in i st er io de Educ ación Nacion al com o m ie m br o
de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ondo educ at i vo
regi onal , así , est e últ im o, cer t if ique la vacancia de l car go junt o
con la disponib il ida d pr esupuest al 1 3 ; y ( ii) por el ar gum ento de
que los r ecur sos dest inados par a su sost enim ient o t iene n su
or igen o f uent e en la Nación.

vi) Prueba de cal i dad de docent e t erri t ori al . Se r equier e copia
de los act os a dm ini st r at ivos donde con st e el ví nculo, en lo s que
adem ás se pueda es t ablecer con suf ic ie nt e clar idad q ue la p laza
a ocupar sea de aquel las que el leg i slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect iva cer t if icaci ón de la a ut or idad no m inador a que dé cu e nt a
de m aner a inequí v oca que el t ipo de vincul ación al cua l se
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.

vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, fr ent e al r econocim ient o de la pensión
gr acia, es la acr edit ación de l a plaza a ocupar , est o es, que sea
de car áct er t err it orial o nac iona lizad a , pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sala en esta pr ovidencia, en lo que

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00255-01
Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r espec t iva
local idad, o de las exógenas —si t uado f i scal — cuando se
suf r agaban los ga st os a t r avés de los f ondos educat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene que v er con los educad or es
naciona liz ados, las er ogaciones que est os gener aban se
enm ar can en los recur sos del si t uado f i scal , hoy si stema
general de part i ci paci ones . »

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la interpretación del
artículo 15, numeral 2, lite ral a, de la Ley 91 de 1989, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pu e den acceder a la pensión gr acia a nt es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando acr edit en
una vinculac ión t er r it or ial o nacional izad a con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os lega lm ent e
est ablec id os par a su r econocim ient o». 9

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron
que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son
de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de
resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-00278-

01 (3018-2017).

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labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales,
departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como
normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente
nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y
otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y
demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114
de 1913.

2.4 Caso concreto

En atención a las anteriores p recisiones, la Sa la procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si a
la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente a
los tiempos de servicios acreditados.

2.4.1. Actuación administrat iva

El 29 de agosto de 2018 la señora Teresa Mercedes Chacón
Rodríguez solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia
ante la UGPP. La anterior petición fue negada por medio de la
Resolución RDP 0 47722 del 19 de diciembre de 2018 , al indicar que,
el servicio como docente de alfabetización, no puede ser contemplado
como educación formal y en consecuencia no puede contabilizarse
para efectos del reconocimiento de la pensión gracias, más cuando

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no se indicó el tipo de vinculación.

La demandante interpuso recurso de apelación el cual f ue resuelto de
forma negativa por la UGPP a través de las Resolución RDP 010426
del 29 de marzo 2019 , al considerar que la señora Teresa Mercedes
Chacón Rodríguez laboró al servicio oficial desde el 1 d e octubre de
1994, con vinculación del orden nacional y sumado a ello no es válido
el tiempo que ejerció como maestra de alfabetización.

2.5 Análisis del caso concreto

Resulta necesario precisar que para acceder a la pensión gracia, la
interesada debe cumplir la totalidad de los requisitos, a saber: (i)
tener 50 años de edad o más; (ii) acreditar una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980; (iii ) haber
servido en el magisterio como docente oficial un por un término no
menor a 20 años con una naturaleza jurídica del vínculo territorial o

nacionalizado; (iv) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta.

Así las cosas, revisado el expediente y con el objeto de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala encuentra como probado lo
siguiente:

2.5.1 Edad

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La señora Teresa Mercedes Chacón Rodríguez, nació el 15 de octubre
de 1956, por lo que el 15 de octubre de 2006 cumplió 50 años.

2.5.2. Tiempo de servicio

2.5.2.1. Vinculación a partir del 14 de diciembre de 1 976 10 al 30 de
junio de 1978 11.

Se observa que la señora Teresa Merceda Chacón Rodríguez fue
nombrada como profesora de educación para adultos mediante
Resolución 269 del 26 de noviembre de 1976, de conformidad con lo
siguiente:

10 Fec h a a tr av és de l a c ua l la s eñ or a Ter es a Me rc e d es Ch ac ón t o m ó p os es i ó n de l
c arg o .
11 Ex tr em o pr oc es a l n ar r ad o p or l a de m an d a nt e e n l os hec h os de l a d em a nd a y qu e

ad e más f u e ac ep t ad o por la U G PP en la c on tes tac i ó n.

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Del anterior nombramiento, la señora Teresa Mercedes Chacón
Rodríguez, tomo posesión del cargo el 14 de diciembre de 1976, a
saber:

Asimismo, obra certificación suscrita por la Secretaría de Educación

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Departamental de Nariño, dispuso lo siguiente :

De conformidad con lo anterior, la Sala debe precisar que las
vinculaciones de los docentes que desempeñaron su labor en centros
de enseñanza para adultos, esta Sala de Subsecció n 12 ha considerado
que los tiempos de servicios en los cuales se ejerció la labor docente

12 Co ns ej o de Es t a do , S ec c ió n S eg u n da , S ubs ec c ió n A , s en te nc i a d e 3 de oc tu br e
de 20 2 2, r a dic a do 5 2 00 1 - 2 3- 3 3- 00 0- 2 01 4- 0 05 4 0- 01 , ( 2 8 92- 2 01 6) M P. D r. R af a e l
Fra nc is c o Su ár ez V ar g as .

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para la alfabetización de adultos, son computables para efectos de
acceder a la pensión gracia, en la medida, que la educación para
adultos fue reglamentada a través del Decreto 1830 de 1966, el
Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para adultos en
todo el territorio nacional y el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979,
dispuso que el ejercicio de la profesión docente, incluye la
alfabetización de adultos.

Ahora bien, respecto a la naturaleza de la vinculación , se desprende
que para el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 1976 y
el 30 de junio de 1978 , el Secretario de Educación Pública de Nariño,
es quien funge como nominad or, y señaló que el nombramiento realizó
en uso de sus atribuciones legales. Asimismo, se advierte que el
referenciado acto administrativo fue suscrito además del secretario
de Educación, por el Delegado Regional ante el Ministerio de
Educación Nacional.

Sobre el particular, se observa que, si bien en la Resoluci ón que
efectuó el nombramiento de la demandante, no se invocó ninguna
norma adicional a las facultas legales del secretario de Educación
Pública de Nariño , se advierte que dicha vinculación la realizó como
representante del FER de Nariño, de conformidad con el Decreto 102
de 1976, específicamente su artículo 3.° que establece:

«Artículo 3° Las Juntas Administradoras de los F.E. R. se integrarán
así:

[…]

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c) El Secr etario de Educación de la respect iva entidad
territorial[…] ».

Situación que es consonante con el artículo 6 de la Ley 43 de 1975
que establece «Los recursos de que tratan los artículos anteriores serán
administrados por los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los
planes que establezca el M inisterio de Educación Nacional ».

Ahora, en lo que corresponde a determinar cuándo un docente es de
carácter territorial o nacionalizado, resulta relevante destacar que la
Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que se
surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en
dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente,
expuso:

«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la
"nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período
de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían
dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de
Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos , en nada se oponía a la
Constitución entonces en v igor, que existiera para éstos últimos la
denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913,
posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de
1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus
efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o

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reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella
antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del
empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general
prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público,
situación ésta que resulta igualmente acompasada con la
Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º,
numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la
igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohibe (sic) dispensar trato diferente y discriminado "por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica", na da de lo cual ocurre en este caso. […]»
(Negrilla de la Sala)

Así las cosas, resulta necesario para destacar que en el nombramiento
bajo análisis la docente fue nombrad o por el secretario de Educación
Pública de Nariño con posterioridad a la nacionalización adelantada
por la Ley 43 de 1975 , con la intervención del delegado regional ante
el Ministerio Nacional, situación que permite concluir que las
vinculaciones fueron de carácter nacionalizado.

En esos términos, esta Sala 13 ha precisado que en casos como este
« El car áct er nacion aliza do de la des ign ación t am bién e ncu ent r a r espaldo
en el ar t í culo 1 de la Ley 91 de 1989, en t ant o dispone que son
naciona liz ados aqu ellos «d ocent es vi nculados por nom br am ient o de
ent idad t er r it or ia l an t es del 1 d e ener o d e 1976 y los v incul a dos a par t ir de
est a f echa, de conf or m idad con lo d is puest o por la Ley 43 de 1975 ».
Criterio que igualmente sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia

13Ver entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 2023. Radicado: 81001 -23-
33-000-2013-00128-01 (1518-2015).

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C-085 de 2002, al señalar que los « d ocent es naciona liza dos» son «los
vincul ados ant es d el 31 de dic iem br e de 1980, por las ent idades
t er r it or iales ». No obstante, se precisa que dichas reglas
jurisprudenciales deben analizarse en cada caso particular en
conjunto con los demás elementos de juicio para concluir sin l ugar a
equívoco el tipo de vinculación de la respectiva docente.

De manera que, teniendo en cuenta que en el nombramiento bajo
análisis la docente fue nombrad a por el secretario de Educación
Pública de Nariño , con posteriorida d al 1 de enero de 1976 con
ocasión de la nacionalización, la referida regla jurisp rudencial cobra
mayor importancia porque permite junto con la valoración de la
Resolución de nombramiento, concluir que la naturaleza de la
vinculación de la demandante fue nacionalizad a.

Así, se concluye que, en el nombramiento realizado para el periodo
de tiempo comprendido entre el 14 de diciembre de 1976 al 30 de
junio de 1978 , fue de carácter nacionalizado y resultaría válido para
el computo de pensión gracia , además de ser la prueba de la
vinculación con anterioridad al 31 diciembre de 1980 .

2.5.2.2. Vinculación entre el 1 de enero de 1990 y el 30 de
septiembre de 199 4 (de forma interrumpida) 14.

14 L aspr es e nt es ór d en e s d e s er v ic i o, o br an e n e l ex pe d ie n te d i g it a l v is i b le a 2
de l Sis t em a d e G es t ió n J u dic i a l – S A M AI - (C arp e ta ex p e di e nt e a d m in is tra t iv o )

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Sobre el particular, se tiene que e l gobernador del departamento de
Nariño, vinculó a la demandante al servicio docente en el Colegio
Departamental de Promoción Social Cristo Obrero , a través de orden
de prestación de servicios, con el objeto de que la señora Teresa
Mercedes ejerciera como maestra en el área de idio mas para los
periodos comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1990;
1 de septiembre y el 31 de diciembre de 1990; el 1 de enero y el
30 de junio de 1991; 1 de mayo y el 3 0 de junio de 199 2; 15 de
septiembre y el 15 de noviembre de 1992; 20 de enero y el 5 de
mayo de 1993; 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 1993; 12
de enero y el 30 de marzo de 1994; 1 de abril y el 24 de junio de
1994; 5 de septiembre y el 30 de septiembre de 1994 .

Los tiempos relacionad os en precedencia, fueron certificados el 28 de
noviembre de 1995, por el Co legio Departamental de Promoción
Social “Juventudes de Cristo Obrero” .

Sobre el particula r, l a Sala precisa que a efectos de la pensión gracia,
lo que se debe acreditar a través de los contratos es el objeto de los
mismos, es decir, que efectivamente se haya vinculado a la
accionante para prestar el servicio do cente por cuanto , la Ley 114 de
1913 lo que está permitiendo es la retribución a quien haya ejercido
la labor docen te, por lo tanto, los servicios prestados por los docentes
vinculados a través de contratos u órdenes de prestación de servicios,
para reconocer la pensión que se reclama, deben ser tenidos en
cuenta para el cómputo del reconocimiento de dicha prestación, toda

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vez que durante el lapso laborado mediante esta modalidad, se
entienden configurados los elementos de la relación laboral que son
inherentes a la actividad realizada por los maestros.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación 15 ha sido clara en
señalar que el tiempo de servicio prestado por los docentes mediante
órdenes o contratos de prestación de servicios, sí result a computable
para efectos de acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia en
el nivel te rrito rial o nacionalizado requeri dos para ser b eneficiario del
derecho pensional reclamado. Así, por ejemplo, en reciente
providencia se sostuvo:

«[ …] En est os casos, dada la nat ur aleza de la f unción docent e, el
pr incip io de l a pr im ací a de la r eal idad sobr e las f or m alida des cobr a
especia l r eleva ncia, habida cu ent a de que la labor desem peñada a
t r avés de cont r at os u ór denes de pr est ación de ser vicios desent r aña
una ver dader a r elación de t r abaj o sobr e la apar iencia que haya
quer ido ocult ar l a, com oquier a que los m aest r os vinculados baj o esa
m odalida d de cont r a t ación, se ins ist e, cum plen sim i lar es f u nciones a
los de plant a que est án suj et os a un especí f ico r égim en legal y
r eglam ent ar io y, adem ás, deben acr edit ar igual es cond ici ones de
f or m ación y exper iencia.

De igua l f or m a, en lo que r espect a a est e t ipo de vincul ación, en
par t icular cuando se t r at a de m aest r os, la Cor t e Const it ucional es del
cr it er io que la «[ …] pr im ací a de la r ealida d sobr e las f or m alidade s

15 V e r
entre otras sentencias del: 15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007
91356 01 (1465-09); 10 de marzo de 2016, radicado 52001 -23-33-000-2013-
00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad: 25000234200020150003201
(2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016- 00499-
01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001 -23-33-000-2013-00457-01
(3598-14).

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est ablecid as por los suj et os de las relaci ones labor al es , es un
pr incip io con st it ucio nal [ …] » 16, y si el intér pr et e j udicial, «[ …] en un
caso concr et o, decide, por que lo encuent r a pr obado, ot or gar le a un
docent e cont r at ist a el car áct er de t r aba j ador al ser vici o de l Est ado,
puede hacer lo con b ase en el ar t í culo 53 de la CP [ …] » 17.

En est os casos, dada la nat ur aleza d e la f unción docent e, el pr incip io
de la pr im ací a de la r ealidad sobr e las f orm alidades cobr a especial
r elevanci a, puest o que la l abor desem pe ñada a t r avés de ór denes de
pr est ación de ser vic ios desent r aña una ver dader a r elació n d e t r abaj o
sobr e la apar ie ncia que haya quer id o o cult ar la, com oquier a que los
m aest r os vinculados baj o esa m odalidad de cont r at ación, se insist e,
cum plen sim il ar es f unciones a los de p lant a que est án suj et os a un
especí f ico r égim en l egal y r eglam e nt ar i o y, adem ás, deben acr edit ar
igua les cond icio nes de f or m ación y ex per ienci a. Por t ant o, la Sa la
valid a el t iem po labor ado por el accionant e com o docent e m ediant e
cont r at os de pr est ación de ser vicios, para que sea cont abiliz ado con
el ej er cido en pr op i e dad, cir cunst ancia q ue le per m it e, pr evi o est udio
de su caso part icula r , acceder al r econocim ient o de la pensi ón gr acia.
. [ …] » 18

En este punto, es necesario señalar que obra en el proceso certificado
emitido por el Colegio Departamental Social Juventudes de Cristo
Obrero, a través del cual hizo con star que la señora Teresa Mercedes
Chacón Rodríguez, trabajó para la institución como profesora de hora
cátedra mediante contratos con el departamento de Nariño, de
conformidad con lo siguiente:

16 S e n t e n c i a C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
17 I b i d e m .

18 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, sentencia de 30 de septiembre de 2021,
radicación número: 70001-23-33-000-2016-00191-01(0728-18).

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De la anterior certificación, no obran en el expediente los contratos
departamentales correspondientes a los años 1986 – 1987; 1987 –
1988; 1988 – 1989; 1989 – 1990, razón por la cual estos periodos no
pueden ser tenidos en cuenta para efectos de reconocimiento de la
pensión gracia por cuanto no se cuenta con los presupuestos para
determinar su objeto y duración exacta.

En conclusión, para efectos de acceder a la pensión gracia y en aras
de acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia requeridos por la
Ley 114 de 1913, deben tenerse en cuenta los servicios prestados por
los docentes vinculados a través de contratos u órdenes de prestación

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de servicios, en razón a que ejercen las mismas funciones que los
vinculados en propiedad mediante un acto legal y regla menta rio. En
este punto, lo relevante es que el docente , al reclamar el derecho ,
haya prestado esos servicios en un establecimiento del nivel territorial
o nacionalizado , situación que fue acreditada mediante los contratos
allegados, por lo que dichos tiempos deben incluirse en el cálculo
para acceder a la pensión gracia.

En esos términos, no cabe duda para esta Sala que dichas
vinculaciones mediante órdenes de prestación de servicio son
computables para acceder a la pensión gracia al dar cuenta de que
la demandante fue vinculad a al servicio del departamento de Nariño ,
como docente en l os períodos referido s, labor que como se dijo,
resulta ser efect iva para acceder al beneficio de la pensión gracia,
pues las leyes que regulan la materia la concibieron como una
compensación o retribución a favor de los maestros que laboraran en
el nivel territorial sin exigir una calida d de vinculación específica 19.

En ese orden de ideas, se concluye que la docente Teresa Mercedes
Chacón Rodríguez a través de los contratos y las ordenes de
prestación de servicios, señalados en los acápites del 2.5.2. 2, tuvo una
vinculación con carácter departamental por cuanto los recursos con los
que fueron cancelados, se hicieron con cargo al departamento y no se

19 E n
igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección
Segunda Subsección A del 27 de junio de 2018, radicado interno 3597-2015, y
más recientemente en sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado interno
4868-2015. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00255-01
Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

observa ninguna intervención por parte del gobierno Nacional.

Todo lo anterior, quiere decir que los tiempos de servicios prestados
por la demandante entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1990; 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 1990; el 1 de enero y el 30 de
junio de 1991; 1 de mayo y el 30 de junio de 1992; 15 de septiembre
el 15 de noviembre de 1992; 20 de enero y el 5 de mayo de 1993;
1 de septi embre y el 20 de diciembre de 1993; 12 de enero y el 30
de marzo de 1994; 1 de abril y el 24 de junio de 1994; 5 de
septiembre y el 30 de septiembre de 1994 , resultarían válidos para
acceder a la pensión gracia por tratarse de una vinculación del orden
departamental.

2.5.2.3. Vinculación en tre el 23 de noviembre de 19 94 y el 11 de
noviembre de 2020 .

Al respecto, se e ncuentra que mediante Decreto 083 del 23 de
noviembre de 1994 , la señora Teresa Mercedes Chacón Rodríguez fue
nombrada en propiedad por el alcalde del municipio de Ipiales, como
maestra del colegio de Promoción Social Cristo Obrero , a saber:

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Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

De la vinculación referenciada , la actora tomó posesión del cargo de
maestra del Colegio de Promoción Social Cristo Obrero el 23 de
noviembre de 1994 .

El Decreto 083 del 23 de noviembre de 1994, fue aclarado por el
Decreto 086 de 1994 en el sentido de establecer que la docente fue
nombrada en propiedad por incorporación , situación que se
encuentra en consonancia con el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley

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60 de 1993 , en la medida que, la docente venía vinculada a través de
órdenes de servicio, como quedó analizado en el inciso anterior.
Norma que establecía lo siguiente:

«L os doc e nt es t e m por a les v i nc u l a dos p or c o ntr at o a los s erv ic ios e duc a tiv os
es t at a l es a nt es d e l 3 0 d e j u n io de 1 99 3 q ue l l en e n l os re q u is i t os d e l a
c ar r er a doc e nt e, s er án i nc or p or ad os a l a s p l a nt as d e p ers on a l d e l os
de p ar t a me n tos o d e l o s d is tr it os e n d on d e v i en e n pr es t a nd o s us s erv ic i os ,
pr ev i o es tu d i o de nec es id a des y a mp l i ac ió n d e l a p l an ta de p ers on a l. La
v i nc u l ac ió n d e los doc e nt es t e mp or a les s er á g ra d ua l , p ero d e ber á
ef ec t u ar s e d e c o nf or m id a d c o n u n pl a n de i nc or p orac i ó n q ue s er á
pr o p or c io n a l a l i n c r em en t o an u a l d e l s it u a do f is c al y c o n rec urs os pro p i os
de l as e nt i da d es t er r i tor i a les y e n un t ér m i no no m ay or a l os s e is a ñ os
c on t ad os a p ar tir de la p u bl ic ac ió n d e l a pr es en t e Ley 20» .

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación del departamento de
Nariño, el 18 de noviembre de 1999, certificó lo siguiente:

20Pa rá gr af o d ec l ar a d o i nex e qu i b le p or l a s en t enc i a C - 5 55 d el 6 d e d ic i e m bre de
19 9 4; n o obs t an te , s e enc o ntr a ba v i g e nt e al mo m e nt o de l a ex pe d i c i ón d e l D ec r et o
08 3 de l 2 3 d e n ov i e m br e d e 19 9 4, p or m e d i o d e l c ua l s e r ea l iz ó l a inc or po rac i ón
de la de m an d an t e.

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Asimismo , la Secretaría de Educación de la Gobernación de Nariño,
el 27 de mayo de 2003 emitió certificado de tiempos de servicios en
el que además señaló que la vinculación de la demandante a partir
del 23 de noviembre de 1994, fue de carácter nacionalizado de forma
continua, a saber:

Sobre la vinculación de la señora Chacón Rodríguez, obra en el
proceso certificado de historia laboral expedido por el FOMAG el 11
de noviembre de 2020 , en el que se indicó que el régimen de
pensiones de la demandante fue de carácter Nacional. En
consecuencia, l a prueba referenciada , no desvirtúa la certificación
expedida por la S ecretaría de Educación de Nariño, en la que se

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especificó que la actora tení a una vinculación nacionalizada, pues
FOMAG se refiere al régimen de pensiones y no al t ipo de vinculación .

Así las cosas, se observa que el Decreto 083 del 23 de noviembre de
1994, fue proferido por el representante del ente territorial (alcalde del
municipio de Ipiales), con el fin de que la señora Teresa Mercedes
Chacón ejerciera la labor de maestra en el Colegio de Promoción Social
Juventud de Cristo Obrero.

Ahora bien, en el de creto analizado se advierte que el alcalde
municipal de Ipiales invocó las atribu ciones conferidas por el artículo
9 de la Ley 29 de 1.989 y los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989.
En ese sentido, se tiene que la autoridad territorial señaló que el
nombramiento lo efectuaba en ejercicio de las facultades conferidas
por dichas normas, las cuales disponen:

Ley 29 de 1989 «A rt í cul o 9º . - El ar t ículo 54 quedar á así : Se
asi gna al A lcal de M ayor del D ist r it o Esp ecial d e Bogot á, y a l os
al cal des muni ci pales, l as f unci ones de nombrar , tr asladar ,
r em over , cont r olar y, en gener al adm inist r ar el personal docent e
y adm inist r at ivo de los est abl eci mi ent os educat i vos naci onal es
o naci onal i zados , plazas of ic ia les de coleg ios coop er at i vos,
pr ivados, j or nadas adici onal es, t eniend o en cuent a las nor m as
del Est at ut o Docente y la Carr er a Adm inist r at iva vigent es y que
expidan en adel an t e el Congr eso y el G obier no Nacional,
aj ust ándose a los ca r go s vacant es de las plant as de per sona l que
apr uebe el G obi er no Nacio nal y las d ispon ibi li d ades
pr esupuest ales cor r espondie nt es.
[ …]

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Parágraf o 1º . - Los sal ari os y prest aciones soci al es de est e
personal , cont i nuarán a cargo de l a Naci ón y de l as ent i dades
t erri t ori al es que l as crearon .

Parágraf o 2º . - La Nación no asum e r esponsabi li dad alguna por
los nom br am ient os que excedan las plant as de personal
apr obadas por el G obier no Nacion al par a la r espect iva
j ur isdicción m un icip al y par a la j ur isd i cción de l a I sla de San
Andr és, ni naciona li zar á el per sonal así designado. Ver art ícul o
6 Ley 60 de 1993 L ey 91 de 198 9 y ar t í cul o 176 Ley 115 de
1994.

Los nom br am ient os y dem ás novedad es de per sonal qu e se
lleg asen a pr oducir por f uer a de las r espect ivas plant as de
per sonal o cont r aviniendo las nor m as del Est at ut o Docent e y de
la Car r er a Adm inist r at iva y las dispon i bil idades pr esup ues t ales
cor r espondient es, ser án de exclusiva r esponsabil i dad del
m unicip io o ent ida d t er r it or ial que los h i cier e, y suyas las ca r gas
civi les, adm inist r at i vas y labor ales que de t ales act uacion es se
despr endan. El f unc ionar io que pr oduj er e el nom br am ient o o la
novedad de per sonal, incur r ir á en causal de m ala cond uct a, y
r esponder á solid ar ia m ent e con la ent idad que dicho f uncion ar io
r epr esent e. Ver art ícul o 106 Ley 115 d e 1994 .
[ …] »

Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 establece el régimen especial
para regular las condiciones de ingreso y demás situaciones
administrativas sobre el ejercicio de la profesión docente; y el Decreto
1706 de 1989 reglamentó los artículos 7, 10 y 18 de la Ley 29 de
1989.

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Sobre el particular, se precisa que el nombramiento en uso de las
facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no significa
per se que la vincu lación sea nacional o nacionalizada, puesto que en
virtud de esa disposición normativa se asigna ron a los alcaldes
municipales las funciones de nombrar, trasladar, remo ver, controlar
y, en general, administrar e l personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacional es o nacionalizados. Sin
embargo, lo que sí se desvirtúa es qu e la vinculación tenga carácter
de territorial.

Nótese entonces que, en casos como el presente, en los que el
alcalde ejerce las funciones de nombrar el personal docente con
fundamento en las atribuciones legales de la Ley 29 de 1989, deberán
analizarse integralmente todos los elementos probatorios que obren
en el plenario para llegar a la convicción de la naturaleza jurídica del
vínculo del educador, pues tal como se ant icipó el legislador en la
referida norma otorgó atribuciones a los representantes de las
entidades territoriales para administrar y encargarse de las
situaciones administrativas en general que se presentaran con
profesores tanto nacionales como nacionaliza dos.

Del acto administrativo analizado , se colige que los pagos de las
prestaciones de la demandante se hicieron con cargo al Fondo
Educativo Regional, cuya administración, conforme a la Ley 24 de
1989, estaba a cargo del representante legal de la entida d territorial y
la financiación de los gastos que generaban los FER de pendía de los

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recursos que la Nación y las entidades territoriales de stinaban para
el funcionamiento, dineros que debían manejarse de manera separada
en los términos del inciso 2.° del a rtículo 60 ejusdem.

Así, se tiene que el FER, tal como se aclaró en la sentencia de
unificación del 2018, atendía los gastos que generaban los servicios
educativos de los docentes nacionales y nacionalizados.

Lo anterior, no permite establecer con suficiente clarida d que la plaza
a ocupar sea nacional o nacionalizada, toda vez que como se advirtió
las disposiciones legales invocadas (Ley 29 de 1989) y el origen de
los recursos para e l pago de salarios de la de mandante (FER, situado
fiscal, hoy sistema general de particip aciones), no conduce a concluir
la naturaleza jurídica del vínculo, por tanto, en casos como este, en
los términos que se previó en la sentencia de unificación SUJ-11S2
del 21 de junio de 2018 , cobra relevancia la certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo
de vinculación al que se encuentra sometido la docente oficial.

En este punto, se pone de relieve que , en el caso concreto, el
certificado de tiempos expedido el 27 de mayo de 2003 por la Secretaría
de Educación de la Gobernación de Nariño indicó que la vinculación
de la demandante a partir del 23 de noviembre de 1994 fue de
carácter nacionalizado de forma continua.

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Adicional a ello, n o se puede desconocer que este nombramiento se
hizo con el fin de mantener la continuidad de los docentes que venían
vinculados por contratos, como lo es el caso de la actora, quien
ostentaba una vinculación territorial con el departamento de Nariño en
virtud de la modalidad contractual, por ende, se evidencia una
continuidad en la prestación del servicio al departamento .

En ese orden de ideas, el análisis integral del acto administrativo de
nombramiento y de las pruebas obrantes en el proceso, permite
concluir que el tiempo de servicio prestado por la demandante entre
el 23 de noviembre de 1994 y el 11 de noviembre de 2020 (fecha
de la última certificación expedida por el FOMAG), result a váli do para
concederle el reconocimiento de la pensión gracia, ya que fueron del
orden nacionalizado.

Por consiguiente , los tiempos de servicios de la señora Teresa
Mercedes Chacón Rodríguez , fueron prestados en los siguientes
extremos temporales:

Fechas
Actos de Desde Hasta Total
nombramiento y
tipo de
vinculación
Resolución 269 14 de diciembre de 30 de junio de 1 año, 6
de 1976 1976 1978 meses y 18
Nacionalizado días

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O rd en de 1 de enero de 1990 30 de junio de 6 meses, 1 día
pres t ac i ó n de 1990
s erv ic i os
terr i tor i a l
Terr it or i a l

O rd en de 1 de septiembre de 31 de diciembre de 4 meses, 2
pres t ac i ó n de 1990 1990 días
s erv ic i os
Terr it or i a l

O rd en de 1 de enero de 1991 30 de junio de 6 meses, 1 día
pres t ac i ó n de 1991
s erv ic i os
Terr it or i a l

O rd en de 1 de mayo de 1992 30 de junio de 2 meses, 1 día
pres t ac i ó n de 1992
s erv ic i os
Terr it or i a l

Orden de 15 de septiembre de 15 de noviembre 2 meses, 2
prestación de 1992 de 1992 días
servicios 1135
Terr it or i a l

Orden de 20 de enero de 1993 5 de mayo de 1993 3 meses, 17
prestación de días
servicios 226
Terr it or i a l

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O rd en de 1 de septiembre de 20 de diciembre de 3 meses, 21
pres t ac i ó n de 1993 1993 días
s erv ic i os
Terr it or i a l

O rd en de 12 de enero de 1994 30 de marzo de 2 meses, 20
pres t ac i ó n de 1994 días
s erv ic i os
Terr it or i a l

Orden de 1 de abril de 1994 24 de junio de 2 meses, 25
prestación de 1994 días
servicios 1135
Terr it or i a l

Orden de 5 de septiembre de 30 de septiembre 27 días
prestación de 1994 de 1994
servicios 226
Terr it or i a l

Decreto 083 de 23 de noviembre de 11 de noviembre 25 años, 11
1994 1994 de 2020 meses y 20
Nacionalizado días.

Así las cosas, los servicios presta dos por la demandante como
docente nacionalizada entre el 14 de diciembre de 1976 y el 30 de
junio de 1978 ; los servicios prestados a través de OPS desde el 1 de
enero y el 30 de junio de 1990; 1 de septiembre y el 31 de
diciembre de 1990; el 1 de enero y el 30 de junio de 1991; 1 de
mayo y el 30 de junio de 1992; 15 de septiembre y el 15 de
noviembre de 1992; 20 de enero y el 5 de mayo de 1993; 1 de
septiembre y el 2 0 de diciembre de 1993; 12 de enero y el 30 de

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marzo de 1994; 1 de abril y el 24 de junio de 1994; 5 de septiembre
y el 30 de septiembre de 1994 , de manera interrumpida , y el t iempo
laborado como docente nacionalizada entre el 23 de noviembre 1 994
y 11 de noviembre de 2020, resulta válido para efectos de
contabilización del tiempo de 20 años para hacerse beneficiaria de la
pensión gracia. Para un total de 30 años , 4 meses y 13 días .

De conformidad con lo anterior, se advierte que el 18 de julio de 2010
la señora Teresa Mercedes Chacón Rodríguez cumplió 20 años de
servicio y consolidó el estatus pensional, por cuanto para ese momento
ya contaba con más de 50 años de edad y no está en d iscusión el
desempeño en los empleos con honradez, consagración y buena
conducta.

En esos términos, se modificará el fallo de primera instancia, en el
sentido de establecer como fecha de consolidación del estatus
pensional el 18 de julio de 2010, puesto que en primera instancia se
señaló el 17 de septiembre de 2010 . Como consecuencia, se ordenará
el reconocimiento y pago de la pensión equivalente al 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la consolid ación del estatus pensional
adquirido por la actora, al considerar que es un aspecto indispensable
reformar 21, pero con la precisión de que los efectos fiscales serán a

21 « A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a

deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitacio nes.

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partir del 29 de agosto de 2015, por prescripción trienal, tal como se
explicará a continuación .

2.6. De la prescripción.

Teniendo en cuenta que procede el reconocimiento de la prestación
reclamada, es necesario determinar si se configura la prescripción,
para lo cual se t iene presente que la demandante consolidó su
derecho de pensión el 18 de julio de 2010 con el acreditamiento de
los 20 años de servicio, presentó la reclamación el 29 de agosto de
2018, y la demanda fue radicada el 14 de mayo de 2019.

En ese orden de ideas, es claro que se configuró el fenómeno jurídico
de la prescripción, por cuanto, si bien entre la fecha de reclamación
y la de la demanda no se superó el tiempo de tres años, lo cierto es
que entre la fecha de la consolidación del esta tus pensional ( 18 de
julio de 2010) y la reclamación ( 29 de agosto de 2018 ) sí
transcurrie ron más de tres años.

Es de anotar que dicho fenómeno opera en materia pensional sobre

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fu era indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella .
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
(Negrilla de la Sala)

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las mesadas que hubiese lugar a reconocer y no sobre el derecho en
sí mismo, por lo que, siendo la interesada aún titular de la prerrogativa
jurídica reclamada ante la UGPP, la prescripción debe co ntarse desde
el momento en que se radicó la reclamación (29 de agosto de 2018),
de modo que hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 29 de agosto de 2015,
como bien lo señaló el a quo.

2.7. ¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas a la
entidad demandada en sede de primera instancia?

La entidad demandada solicitó re vocar la sanción por concepto de
costas. Al respecto, es importante señalar que esta Sección había
sostenido la tesis de que el concepto de las c ostas del proceso
comprendía todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y los denominados gastos o expensas del
proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros,
como son los indispensables para traslado de testigos y la práctica de
la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación, pólizas, copias, etc.

Tras la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo
que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de
manera «automática» u «objetiva», para quien resultara vencido en el
litigio. Ello, en consideración a que debían observarse una serie de

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factores tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de prueba s
en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en
donde el juez debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la
decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el que el director
del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no.

Sin embargo, esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016,
varió aquella posición y acogió el criterio objetivo -valorativo al concluir
que no era necesario evaluar la conducta de las partes –temeridad o
mala fe–, sino los aspectos previstos en el Código General del
Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365 .

No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente fue
modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de
precisar que «En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal ».

Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos
de analizar si la oposición presentada por la UGPP puede considerarse
que se presentó con carencia manifiesta de fundamento legal.

Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo
no efectuó dicho estudio y, además, verificada la contestación de la
demandada presentada por la entidad demandada, no puede
considerarse que la misma se presentó sin sustento legal .

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En ese orden, esta Sala considera que deberá revocar la condena
impuesta en contra de la UGPP, pues la decisión adoptada por el
tribunal no tuvo en cuenta la modificación que introdujo la Ley 2080 de
2021 al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, tal como se expuso.

2.8. Conclusión.

De acuerdo con el material probatorio, la Sala encuentra que la señora
Teresa Mercedes Chacón Rodríguez cumple con todos los requisitos
exigidos para el reconocimiento y pago de una pensión gracia, en la
medida que tuvo una vinculación con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980, no existen reproches sobre su buena conducta como docente
oficial, cumplió co n más de los veinte años de servicio como docente
territorial (departamental ) y nacionalizada , adquirió 50 años de
edad el 15 de octubre de 2006 , y consolidó su estatus el 18 de julio
de 2010, fecha en que cumplió el tiempo de servicio co mo docente.

Finalmente, se resalta que del análisis probatorio efectuado que fue
sustento de la presente providencia para determinar el tip o de
vinculación del educador, no se advierte que hubiese sido objeto de
tacha por alguna de las partes, de manera que conserva validez.

3. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas a la Unidad Adminis trativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001-23-33-000-2019-00255-01
Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había,
o no, lugar a condena r en costas, lo cierto es que actualmente, con la
entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un
estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la
carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al
hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
del recurso de apelación, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en defensa
jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenar á en costas.

4. Otras determinaciones

Según consta en el aplicativo SAMAI, mediante memorial visib le en el
índice 10, fue allegado poder otorgado por la entidad demandada a la
abogada Gloria Ximena Calderón, identificada con cédula de
ciudadanía 31.578.572 y portadora de la tarjeta profesional 123.175
del Consejo Superior de la Judicatura, mediante escritura pública 172
del 17 de enero de 2023 de la Notaría 73 de Bogotá, por lo que, al
acreditar los requisitos legales, le será reconocida personería para
actuar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

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Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR ordinal tercero de la sentencia del 30 de marzo
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo Nariño, el cual
quedará así:

«TERCERO: En consecuencia, condenar a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Par afiscales de la
Protección Social –UGPP– a reconocer y pagar a favor de la señora
Teresa Mercedes Chacón Rodríguez identif icada con cédula
36.994. 907 la pensión gracia a que t iene derecho, equivalente al 75%
del promedio de todos los f actores salar iales devengados,
establecidos en la ley, en el año inmediatamente anter ior a la
consolidación del estatus pensional, est o es, del 18 de julio de 2009
al 18 de julio de 2010.
[…]»

SEGUNDO. REVOCAR EL ORDINAL OCTAVO de la sentencia del 30
de marzo de 2022, prof erida por el Tribunal Administrativo Nariño , que
condenó en costas a la entidad accionada, por los motivos expuestos
en esta providencia.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás el proveído apelado .

CUARTO. No condenar en costas en esta instancia, en atención a lo
expresado en esta sentencia.

QUINTO: Reconocer personería a la abogada Gloria Ximena Calderón,
identificada con cédula de ciudadanía 31.578.572 y portadora de la

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Demandante:Teresa Mercedes Chacón Rodríguez

tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP.

SEXTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”,
y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023 ).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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