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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2019-00276-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2019-00276-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 23 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño. En su lugar se dispone lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial RDO 2017-03367 del 26 de septiembre de 2017 y la resolución RDC 2018-01321 del 18 de octubre de 2018, por medio de las cuales la UGPP determinó los aportes al sistema de seguridad social por los períodos de enero a diciembre de 2014 a cargo del demandante y lo sancionó por omisión e inexactitud. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reliquidar los aportes al sistema de seguridad social a cargo del demandante, tomando el IBC determinado por el Consejo de Estado, lo cual, a su vez, deberá ser observado al momento de determinar las sanciones respectivas, en las cuales no deberá incluirse la sanción por inexactitud en el subsistema de salud cuya nulidad se declara 37 En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 26 de junio de 2024, exp 28302, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello 38 Sobre este asunto también puede leerse la sentencia del 3 de octubre de 2024, exp 26293. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613) Demandante: José María Chamorro Obando Así mismo, se declara que la UGPP deberá devolver al demandante las sumas a las que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos. 2. Sin condena en costas en ambas instancias 3. Reconocer personería jurídica para actuar en el presente proceso al abogado John Fredy Abril Pinzón, como apoderado de la entidad demandada, en los términos previstos en el poder obrante en el índice 33 de Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 52001-23-33-000-2019-00276-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante JOSÉ MARÍA CHAMORRO OBANDO
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Liquidación de aportes. Notificación del requerimiento de información.
Base gravable trabajador independiente. Mensualización de ingresos.
Reconocimiento de costos y gastos. Competencia de la UGPP. IBC
enero. Aplicación de la Ley 1753 de 2015. Principio de congruencia.
Devolución de aportes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 23 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño que decidió lo siguiente1:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante y en favor de la parte demandada,
ante la no prosperidad de las pretensiones formuladas frente a la entidad, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Las costas deberán ser liquidadas por secretaría según lo previsto en el artículo 365 y
subsiguientes del Código General del Proceso, en la medida de su comprobación.
TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia y con observancia de lo dispuesto en el
artículo 114 del C.G.P., expídase copias de la presente providencia a las partes, si así lo
solicitaren y a su costa.
CUARTO: En firme la presente providencia déjese las notas de rigor en la Plataforma Web
SAMAI y/o en la herramienta informática con la que cuente este Tribunal.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2016-03890 del 30 de diciembre
de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la liquidación oficial
RDO 2017-03367 del 26 de septiembre de 2017, en la que determinó los aportes a
salud y pensión por los períodos de enero a diciembre de 2014 a cargo del
demandante por un valor de $55.443.300, y lo sancionó por omisión por valor de
$66.528.000 y por inexactitud por valor de $13.307.580.

1
Samai del Tribunal. Índice 12

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

Previo recurso de reconsideración, la demandada resolvió el recurso mediante en
la resolución RDC 2018-01321 del 18 de octubre de 2018, en la que redujo el monto
de los aportes a $55.241.500 y las sanciones por omisión a $66.289.000 y por
inexactitud a $13.257.9602.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
PRETENSIÓN PRINCIPAL:
Se declare la NULIDAD TOTAL del siguiente acto administrativo:
1. Resolución No. RDO 2017-03367 del 26 de septiembre del 2017: “Por medio de la cual
se profiere a JOSÉ MARÍA CHAMORRO OBANDO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. (…), liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación de los
aporte al sistema de seguridad social integral en el Subsistema de Salud y Pensiones, y
se sanciona por omisión” cuyos periodos están comprendidos entre enero a diciembre de
2014, determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad social por salud
y pensión por un valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($55.443.300), sanción por la
omisión, por un valor de SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO
MILPESOS M/CTE ($66.528.000), y sanción por inexactitud por un valor de TRECE
MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA M/CTE ($13.307.580).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
A. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que, en caso de
NO conceder la pretensión principal de NULIDAD TOTAL del acto administrativo de liquidación
oficial se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente
demanda, y si es del caso, proceda a realizar una reliquidación en solo lo desfavorable a mi
poderdante de la presunta deuda fijada por la UGPP en la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración, declarando la nulidad parcial del siguiente acto:
1. Resolución No. RDC-2018-01321 del 18 de octubre del 2018: “Por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución No. RDO-2017-0
(sic) del 26 de septiembre del 2017” cuyos periodos están comprendidos entre enero de
2014 a diciembre de 2014, determinando una presunta obligación al sistema de la
seguridad social por salud y pensión por un valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($55.241.500),
sanción por la omisión, por un valor de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($66.289.800) y una sanción
por inexactitud por un valor de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES SESENTA PESOS M/CTE ($13.257.960).
2. De igual forma, Señor juez, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi poderdante al
haber interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el dado
caso se obligue a realizar un pago a seguridad social. Solicitamos cordialmente, que se
le EXONERE del pago de los intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad
social, permitiéndole a mi representado por medio de la sentencia, utilizar la
correspondiente planilla tipo J, la cual se utiliza para condenas de sentencia judicial.
SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

2
Los actos administrativos pueden consultarse en el Samai del Tribunal. Índice 11. 01-09ActuacionesElectrónicas (.zip)
NroActua. Zip. 02. AntecedentesAdministrativos.pdf.
3
Samai. Índice 2. Expediente digital.

2
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

A. Sobre el daño emergente:
1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos incurridos en
la defensa jurídica ejercida por mi poderdante durante el proceso de fiscalización de la
UGPP y para interponer la presente demanda de nulidad y restablecimiento. Los valores
de los gastos incurridos son por un valor de SIETE MILLONES CUATROCUENTOS
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHOPESOS M/CTE ($7.450.868), los
cuales se prueban con los contratos de prestación de servicios suscritos con el suscrito
y que se allegan en el acápite de prueba de la presente demanda.
2. En el caso de una eventual declaración de nulidad total o parcial de los actos atacados,
solicitamos cordialmente, se ordene a la Unidad, la devolución de los dineros pagados
por conceptos de pago de seguridad social del año fiscalizado, r espeto (sic)al CAPITAL,
INTERESES MORATORIOS Y/O SANCIONES POR OMISIÓN, INEXACTITUD O
MORA.
CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29, 48 y
338 de la Constitución Política; 107, 300, 617 y 618 del Estatuto Tributario; 2 y 5 de
la Ley 797 de 2003; 18 de la Ley 1122 de 2007; 50 de la Ley 1739 de 2014; 135 de
la Ley 1753 de 2015; 1 del Decreto reglamentario 3085 de 2007. Los cargos de
nulidad se resumen de la siguiente manera:

1. Principio de reserva de ley

Sostuvo que en el período fiscalizado (2014) era un independiente por cuenta propia
y que para esa época el legislador no había definido la base gravable para esos
sujetos. Si bien la Ley 1122 de 2007 reguló lo relacionado a los contratistas de
prestación de servicios, se trataba de una categoría diferente y sólo con la Ley 1753
de 2015 se reguló la materia. Así, era improcedente que la UGPP asumiera
competencias exclusivas del legislador.

Explicó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 ordenó al gobierno reglamentar el
sistema de presunción de ingresos sobre las actividades económicas de los
declarantes del impuesto de renta, lo cual no ocurrió para 2014, y, en caso de
haberlo cumplido, era un asunto exclusivo del legislador.

Agregó que, ante la inexistencia de norma reguladora de la base gravable, debía
cotizar sobre los ingresos declarados ante la entidad administradora a la cual se
afiliara por mandato del artículo 6 de la Ley 797 de 2003 o sobre el salario mínimo
legal vigente en aplicación del principio de favorabilidad.

2. Presunción de veracidad de la declaración de renta

Manifestó que su denuncio rentístico del año 2014 gozaba de presunción de
veracidad, razón por la cual la demandada no podía desconocer los costos y gastos
allí reportados y tomar únicamente los ingresos para determinar la base de
cotización de los aportes, actuación que en todo caso desconocía el principio de
buena fe que revestía las actuaciones administrativas.

3. Falta de competencia de la UGPP

Indicó que la demandada carecía de competencia para analizar y rechazar las

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

erogaciones declaradas en renta, pues se trataba de un asunto que estaba en
cabeza únicamente de la DIAN. En ese sentido, debía determinarse el IBC de los
aportes tomando la renta líquida.

4. Indebida notificación

Afirmó que la Administración envió la notificación del requerimiento de información
a la dirección informada en el RUT la cual fue devuelta por la oficina de correo,
quedando así imposibilitada de conocer el proceso de fiscalización. Así, la
demandada, antes de notificar sus decisiones por aviso, estaba obligada a
comunicarlas por cualquier medio a su alcance, como teléfonos o correos
electrónicos que obraban en el expediente administrativo.

5. Indebida presunción de ingresos

Reprochó que la Administración prorrateara los ingresos brutos declarados en renta
en 12 meses, desconociendo que el pago a la seguridad social se efectuaba sobre
lo realmente percibido, por mandato del artículo 6 de la Ley 797 de 2003.

Puso de presente que la UGPP desconoció la certificación de su contador sin
sustento alguno, incurriendo así en una violación normativa al exigir el pago de las
contribuciones sobre una base ajena a la realidad. De manera que debía valorarse
dicha prueba o, en su lugar, aceptarse las explicaciones del contador sobre las
erogaciones e ingresos, como se había hecho en otros casos.
6. IBC del año anterior
Señaló que la liquidación oficial debía declararse nula comoquiera que la
administración omitió liquidar el IBC de enero de 2014 con base en el salario del año
2013, tal como lo ordena la resolución 2358 de 2016 del Ministerio de Salud,
actuación que vulneró el principio de igualdad.
7. Principio de correspondencia tributaria

Explicó que en el requerimiento para declarar y/o corregir la demandada calculó la
sanción por omisión, pese a que el demandante había realizado pagos al
subsistema de salud, por lo que era la conducta de inexactitud la que debió
imputarse desde el inicio.

Resaltó que, con la liquidación oficial, la entidad modificó la situación y lo sancionó
por omisión e inexactitud, vulnerando con ello el principio de correspondencia, pues
debió ampliar el requerimiento y corregir dicha situación.
8. Base gravable. Principio de favorabilidad
Sostuvo que la Ley 1753 de 2015 definió la base de cotización para los
independientes por cuenta propia sobre el cuarenta por ciento (40%) de sus
ingresos, por ende, la entidad debió atender dicha disposición, aun cuando fuera
posterior al período fiscalizado, en virtud del principio de favorabilidad que regía la
actuación tributaria.
Así, solicitó que, en caso de no accederse a los cargos de sus aportes le fueran
liquidados sobre el 40% de la utilidad percibida en el año 2014.
Oposición de la demanda

4
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente4:

Sobre el cargo primero indicó que, de conformidad con los artículos 15 y 157 de la
Ley 100 de 1993, 33 de la Ley 1438 de 2011 y 26 del Decreto 806 de 1998, los
trabajadores independientes, incluidos los rentistas de capital, están obligados a
afiliarse a salud y pensión siempre que tengan capacidad de pago.

Además, la base de gravable estaba definida en la aludida Ley 100 de 1993 al
disponer que correspondía a los ingresos efectivamente percibidos, concepto
reglamentado en el artículo 1 del Decreto 510 de 2003. Así mismo, el artículo 30 del
Decreto 1406 de 1999 dispuso que los aportantes estaban obligados a informar a
las administradoras su base de cotización, por lo que carecían de fundamento las
apreciaciones del demandante sobre la falta de regulación sobre la materia.

Agregó que la base de cotización prevista en la Ley 1753 de 2015 solo tuvo como
único factor adicional el límite del 40% del valor mensualizado de los ingresos.

Frente al cargo segundo sostuvo que la declaración de renta tiene un fin específico
consistente en la obligación que se tiene de informar a la DIAN los ingresos sobre los
que recae el citado impuesto y que no puede esperarse de la UGPP que actúe en
igual forma que la DIAN, pues dentro del proceso de fiscalización adelantado por la
entidad, solo es relevante determinar cuáles fueron los ingresos efectivamente
percibidos por el aportante.

Afirmó que para que los costos puedan deducirse en el cálculo del IBC no basta con
que estén reportados en renta, sino que además debe probarse la relación de
causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora de ingreso,
según los artículos 617, 618 y 771-2 del Estatuto Tributario.

Destacó que tomó los valores del denuncio rentístico únicamente para comprobar
la capacidad de pago del demandante, pues lo demás datos allí consignados no
eran de su competencia ni del ámbito del proceso de fiscalización.

Resaltó que las decisiones de la administración deben fundarse en los hechos
probados y en este caso no había lugar a su reconocimiento dado que no se allegó
ninguna prueba que acreditara los costos y gastos.

Respecto al cargo tercero indicó que, por mandato de las leyes 1151 de 2007 y 1607
de 2012; el Decreto Ley 169 de 2008; y el Decreto 575 de 2013, contaba con
facultades para determinar la correcta liquidación y pago de las contribuciones,
entre las que se encontraba la verificación de los requisitos del artículo 107 del
Estatuto Tributario para la procedencia de las erogaciones, sin que ello implique
asumir competencias ajenas, puesto que su marco de acción son los aportes al
Sistema de Seguridad Social.

Con relación al cargo cuarto precisó que la supuesta indebida notificación del
requerimiento de información de ninguna manera invalidaba el proceso de
fiscalización, por cuanto era un acto de trámite previo al inicio de la actuación
administrativa, con el cual se recaudan datos a fin de verificar el pago de los aportes,
de ahí que no fuera susceptible de control judicial.

4
Samai del Tribunal. Índice 11. 01-09ActuacionesElectrónicas (.zip) NroActua 11(.zip) NroActua 11. 01 contestación UGPP.

5
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

Sin perjuicio de lo anterior, explicó que el requerimiento de información fue enviado
a la dirección registrada en el RUT del demandante, la cual fue devuelta por la oficina
de correo por la causal “desconocido”, llevando a su notificación por aviso desde el 17
al 23 de noviembre de 2016, actuación que en todo caso se ajusta a lo dispuesto en
los artículos 563, 565 y 568 del Estatuto Tributario, norma aplicable por la remisión
expresa de la Ley 1151 de 2007.

Sobre el cargo quinto adujo que el demandante se abstuvo de desplegar su carga
probatoria encaminada a demostrar su realidad económica, razón por la cual la
entidad quedó impedida para valorar cualquier aspecto relacionado con sus
erogaciones. Precisó que la certificación del contador no era suficiente en la medida
que carecía de soportes que respaldaran sus afirmaciones y dieran detalle de los
datos allí consignados.

En cuanto al cargo sexto explicó que al resolver el recurso de reconsideración se
modificó el IBC del mes de enero de 2014 conforme a lo dispuesto en el Decreto
3085 de 2007, lo que conllevó la disminución de los ajustes.

Frente al cargo séptimo precisó que el requerimiento para declarar y/o corregir, y la
liquidación oficial se contrajeron a los mismos hechos, esto es, la verificación de los
pagos en salud y pensión por los meses de enero a diciembre de 2014.

No obstante, previo al acto de liquidación, fue imposible verificar el pago de las
contribuciones por parte del demandante, los cuales en todo caso fueron inferiores
a lo que legalmente le correspondía, lo que conllevó la configuración de la conducta
de inexactitud, sin que en el fondo se hubiere modificado los hechos que dieron
lugar al proceso o la vulneración al principio de correspondencia.

Indicó que este principio no aplica para temas sancionatorios, puesto que las
conductas pueden modificarse o hasta desaparecer según las pruebas aportas al
proceso.

Sobre el cargo octavo afirmó que era improcedente aplicar de manera retroactiva lo
dispuesto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, toda vez los aportes son tributos
de causación inmediata.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda5:

1. Competencia de la UGPP, base gravable y principios de irretroactividad y
favorabilidad

Expuso que según los artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993, 26 del Decreto 806
de 1998 y 1 del Decreto 1406 de 1999, los trabajadores independientes con
capacidad de pago (incluidos los rentistas de capital, contratistas y otros) se
encuentran obligados a afiliarse al sistema de seguridad social en salud y pensión.
A su vez, la base de cotización para este tipo de sujetos correspondía a los ingresos
efectivamente percibidos, los cuales debían guardar coherencia con lo reportado
ante la DIAN según los artículos 204 de la Ley 100 de 1993 y 33 de la Ley 1438 de
2011, por tanto, los actos están acorde a las normas vigentes.

5
Samai del Tribunal. Índice 12.

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

Indicó que era imposible aplicar de manera retroactiva lo dispuesto en el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015 porque la conducta por la cual fue fiscalizado el
demandante ya estaba consolidada, y se trataba de impuestos de causación
inmediata.

2. Notificación del requerimiento de información

Indicó que el requerimiento de información fue remitido a la dirección reportada en
el RUT de la demandante, el cual fue devuelto, sin que se desvirtuara que no
correspondía a la dirección informada. Si bien no se cuenta con la publicación del
aviso, ello no fue objeto de debate, pues el demandante reconoce que se procedió
con ese tipo de notificación, procedimiento que fue el ordenado por el legislador. Lo
anterior, denotaba que el actuar de la entidad estaba ajustado a la normativa que
rige la materia.

3. Presunción de veracidad de la declaración de renta y competencia de la
UGPP para analizar costos y gastos

Según lo dispuesto en la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, la
demandada cuenta con las facultades para la fiscalización y determinación de los
aportes al sistema de seguridad social, entre las que se encuentran el cruce de
información con otras entidades y el análisis de los costos y gastos de la declaración
de renta de los obligados, esto con el fin de determinar el monto de los aportes.

Refirió que el demandante no sustentó de manera suficiente la falsa motivación de
los actos demandados en relación con la presunción de veracidad de la declaración
de renta. Sumado a que en el proceso de fiscalización tampoco aportó pruebas que
permitieran analizar los costos en que incurrió en el desarrollo de su actividad
económica, pues ello solo ocurrió con la presentación del recurso de
reconsideración.

4. Indebida presunción de ingresos. Costos y gastos certificados por
contador

Precisó que el demandante guardó silencio durante el proceso de fiscalización sobre
la realidad de sus ingresos y erogaciones, y que solo fue hasta la presentación del
recurso de reconsideración que aportó la documentación que consideró necesaria,
lo que llevó a que la demandada se basara en la declaración de renta del año 2014
para demostrar su capacidad de pago.

Seguidamente indicó que no era posible tomar en consideración el certificado
contador público, toda vez que la administración contaba con la facultad de realizar
las comprobaciones que considerara necesarias. Además, éste no contaba con
soporte contable que respaldara los datos consignados.

Señaló que se desconocía si en otros procesos, en lo que presuntamente se aceptó
certificados emitidos por el mismo contador, se contaba con los comprobantes
correspondientes.

5. IBC del año anterior

Advirtió que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la UGPP
corrigió su error al determinar la base de cotización del mes de enero de 2014 con
fundamento en el Decreto 3085 de 2007.

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Demandante: José María Chamorro Obando

6. Correspondencia tributaria

Sostuvo que la demandada desde el requerimiento para declarar y/o corregir le
imputó debidamente al demandante la sanción por omisión, no obstante, la de
inexactitud obedeció a que, previo a la liquidación oficial, se pudo verificar las
planillas de pago de los aportes a salud, sin que ello implique el estudio de un hecho
nuevo o la obligación de ampliar el requerimiento.

7. Pretensiones subsidiarias

Comoquiera que los cargos no prosperaron tampoco se encontró prueba que
demostrara que el demandante debía menos valores a los liquidados,
correlativamente era improcedente disponer la exoneración de los intereses
solicitados. Negó el reconocimiento del daño emergente, en cuanto estaba sujeto a
la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

8. Costas procesales

Condenó al demandante a su pago porque no prosperaron las pretensiones de la
demanda, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso.

Recurso de apelación

El demandante apeló la decisión de primera instancia por lo siguiente 6:

1. Base gravable

Señaló que la decisión del tribunal se fundamentó en el artículo 19 de la Ley 100 de
1993, sin embargo, para el período fiscalizado no estaba afiliado a alguna entidad
ni contaba con una declaración de ingresos, por lo que le era imposible aplicar la
dicha norma, En consecuencia, acudía a la jurisdicción para que determinara si
existía o no base de cotización para el año 2014.

2. Principio de veracidad de la declaración de renta

Consideró que la UGPP pudo solicitar una comprobación especial o haber decretado
una inspección judicial a fin de identificar las transacciones del 2014. Además, esa
información se encontraba en el denuncio rentístico, en el cual estaban consignados
los costos y gastos, así como la renta líquida, lo cual debía ser valorado en la
liquidación de los aportes. Es por ello por lo que, en aplicación del principio de
veracidad de la declaración de renta, si la Administración tomó los ingresos brutos
también debía reconocer las erogaciones, en lugar de exigir su comprobación.

3. Falta de competencia de la UGPP

Reiteró que la demandada carecía de facultades para analizar las erogaciones de
la renta por ser un asunto exclusivo de la DIAN, puesto que la Ley 1151 de 2007 no
la habilitó para ello.

4. Notificación del requerimiento de información

6
Samai del Tribunal. Índice 14.

8
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

Afirmó que la UGPP contaba con la información del RUT para contactarla, tales como
correo electrónico y números de teléfono, máxime cuando la norma dispone que los
requerimientos deben ser notificados de manera electrónica, personalmente o a
través de la red de mensajería autorizada, para lo cual la administración pudo acudir
a otro medio, como sucedía en el proceso de cobro coactivo y acciones persuasivas.

5. Mensualización de los ingresos

Reprochó que se prorrateara en 12 meses los ingresos brutos de la declaración de
renta para la determinación de la base gravable, pasando por alto que la base se
compone de los ingresos efectivamente percibidos, más cuando para los periodos
fiscalizados el sistema de presunción de ingresos no estaba reglamentado.

Puso de presente que resolución 209 de 2020 de la UGPP reguló la presunción de
costos, pero no era aplicable a este caso por irretroactividad.

6. IBC del mes de enero

Sostuvo que la demandada debió liquidar la base de enero de 2014 tomando en
cuenta el salario mínimo del año 2013, tal como lo hizo en otros asuntos.

7. Principio de correspondencia

Planteó que la UGPP vulneró el principio de correspondencia en materia tributaria
al calcular una sanción por omisión en el requerimiento para declarar y/o corregir,
cuando en su lugar debió imputarle la de inexactitud teniendo en cuenta que si
realizó pagos al sistema. Señaló que el requerimiento se notificó en el 2017, fecha
en la que estaba vigente la Ley 1819 de 2016 que “estipuló que no podía calcularse sanción
por la notificación del requerimiento de información en las conductas de OMISIÓN”.

8. Principio de favorabilidad

Manifestó que para el momento en que fueron proferidos los actos de liquidación ya
estaba vigente la Ley 1753 de 2015, por lo que la Administración debió liquidar los
aportes sobre el 40% de los ingresos, tal como lo hizo en otros casos similares.

Oposición a la apelación

La demandada guardó silencio.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no se pronunció al respecto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

Le corresponde a la Sección7 decidir el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de la
liquidación oficial RDO 2017-03367 del 26 de septiembre de 2017 y la resolución RDC
2018-01321 del 18 de octubre de 2018, mediante las cuales la UGPP determinó a
cargo del demandante los aportes a salud y pensión por los períodos de enero a
diciembre de 2014 y lo sancionó por omisión e inexactitud.

Por lo anterior, los cargos a resolver en este instancia son los siguientes: i) la
notificación del requerimiento de información; ii) la regulación de la base gravable
de las contribuciones a cargo de los independientes; iii) la liquidación del IBC para el
mes de enero de 2014; iv) la mensualización de los ingresos; v) el principio de
veracidad de la declaración de renta; vi) la competencia de la UGPP para analizar las
erogaciones reportadas en el denuncio rentístico; vii) la aplicación de la Ley 1753
de 2015 y viii) la sanción impuesta en los actos demandados.

Análisis del caso concreto

1. Notificación del requerimiento de información

El apelante señala que la UGPP contaba con la información del RUT para contactarlo
(correo electrónico y número de teléfono), y que, en consecuencia, el requerimiento
de información debió ser notificado de manera personal, electrónica o a través de la
red de mensajería autorizada.

En este caso, las partes no discuten que la demandada remitió por correo certificado
el requerimiento de información a la dirección reportada en el RUT del demandante
y que al ser devuelta por la causal «desconocido», se realizó su notificación por aviso8;
lo que se controvierte es que no se utilizaran otros medios para comunicar el
proceso de fiscalización adelantado en su contra.

Para resolver el asunto, se tiene que, en virtud de la remisión del artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007, la demandada estaba habilitada para aplicar los artículos 565 y
568 del Estatuto Tributario, el primero de los cuales prevé que los requerimientos,
entre otros actos, podrán notificarse por correo, para lo cual se entregará copia del
acto en la última dirección suministrada por el contribuyente en el RUT. La segunda
norma, modificada por el artículo 58 del Decreto Ley 19 de 2012, indica que en caso
de devolución del correo por cualquier motivo diferente al de dirección errada, se
deberá notificar por aviso en la página web de la entidad9.

La Sección considera que las actuaciones adelantadas por la UGPP obedecen a lo
dispuesto en los mencionados artículos, comoquiera que la administración consultó
la dirección informada por el demandante en el RUT, cuestión diferente es que, por
asuntos ajenos a ella, el envío fuera devuelto y se procediera a su notificación por
aviso, procedimiento que fue habilitado por el legislador, sin que fuera obligatorio
acudir a otros medios como llamadas telefónicas como lo pretende el demandante.
Así las cosas, no procede el cargo de apelación.

7
Mediante auto del 21 de agosto de 2025, se declaró infundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis Antonio
Rodríguez Montaño. Samai, índice 45
8
Samai del Tribunal. Índice 11. Carpeta 01- 09ActuacionesElectrónicas (.zip) NroActua. Zip. 02.
AntecedentesAdministrativos.pdf. Páginas 121 y 137.
9
En igual sentido se pronunció recientemente la Sala en sentencia del 20 de febrero de 2025, exp 28953, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.

10
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Demandante: José María Chamorro Obando

2. Base gravable de los aportes a cargo de los trabajadores independientes

El apelante expone que para el período fiscalizado no estaba afiliado a alguna
Administradora, por lo que tampoco contaba con una declaración de ingresos, que
le hubiera permitido determinar la base gravable para el año 2014 según la Ley 100
de 1993. También indicó que acudía a la jurisdicción para que definiera si en el 2014
existía o no base gravable.

Comoquiera que los reparos del apelante están encaminados a discutir la falta de
base gravable, la Sala reiterará el precedente que al respecto se ha fijado10.

En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la
Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 15. AFILIADOS. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones

PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes
principios:

a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera
que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de
solidaridad previstos en esta ley (…)”

“ARTÍCULO. 19.- BASE DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES.
Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de
prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren
ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos.

Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser
subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del
aporte y el subsidio recibido.

En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente. (subraya la Sala)

A su vez, según con el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 «se entienden por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal,
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario»

De conformidad con ello, en la sentencia que aquí se reitera se precisó que, si bien
el inciso primero de esa disposición hace referencia a las personas naturales con
contratos de prestación de servicios, lo cierto es que lo pretendido es reglamentar
el artículo 15 de la mencionada Ley 100 de 1993, «el cual como se citó anteriormente,
hace referencia a los trabajadores independientes y a los ingresos efectivamente percibidos, de ahí
que lo dispuesto en el reglamento cobija a todos los trabajadores independientes sean o no
contratistas».

Ahora, el artículo 107 del Estatuto Tributario permite deducir las expensas
realizadas en el ejercicio de la actividad económica, así:

10
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp 26001, reiterada el 3 de octubre de
2024, exp 26296, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

11
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Demandante: José María Chamorro Obando

ARTÍCULO 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son deducibles las
expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tenga relación de causalidad con las actividades productoras
de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial,
teniendo en cuentas las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes

Así mismo, el artículo 3 del Decreto 510 se refirió a los límites de cotización, por lo
que los aportes no pueden ser inferiores a 1 SMLMV ni superar los 25 salarios,
rango que también resulta aplicable al subsistema de salud.

Sobre este punto la Sección, en la sentencia reiterada, se refirió a la facultad
reglamentaria, especialmente en materia tributaria, señalando que no goza de un
ámbito de regulación autónomo y que el ejecutivo no «puede alterar o modificar el
contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la
administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al
legislador»11. Sobre la base de pensión manifestó lo siguiente:

Así mismo, al estudiar la legalidad de varios actos referentes a los aportes de trabajadores
independientes con contratos de prestación de servicios, tales como el mencionado Decreto
510 de 2003, el Decreto 1703 de 2003 y la Circular Conjunta 00001 de 2004, la Sala determinó
lo siguiente:
“Como se observa, la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores
vinculados por contrato de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el
Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad reglamentaria (art. 189 [11] C.P.), expedir
los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no restrinja o exceda los
límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas” 12.
Además, sobre la circular demandada en dicho proceso, en la que se hace referencia al 40%
del valor bruto mensualizado del contrato proporcional a los ingresos devengados, la Sala
consideró que este último concepto “debe ser objeto de reglamentación, pues si la ley no
define con exactitud los ingresos que sirven de base para la cotización, resulta válido que sea
a través del reglamento que se haga tal definición, respetando los límites legales 13”
Esta misma premisa aplica para este caso, puesto que cuando el legislador hizo referencia a
“ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” no los definió, de ahí que el ejecutivo estaba
facultado para reglamentar la materia, como efectivamente lo hizo en el parágrafo citado, sin
que ello implique asumir competencias que no le corresponden.

Frente al IBC en materia de salud, la Sala hizo referencia al parágrafo 2º del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: «para efectos del cálculo de la base de cotización
de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones
de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las
actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la
periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y
periodicidad de sus ingresos».

Siguiendo con el precedente reiterado, para la determinación del IBC, el tema fue
decantado así:

11
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 24 de febrero de 2015, exp 20998, C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
reiterado en sentencias del 4 de diciembre de 2019, exp 23781 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 14 de septiembre
de 2023, exp 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2006, exp 15399 C.P. Ligia López Díaz
13
Ibidem.

12
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En cumplimiento de lo anterior [parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1193], mediante
el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995 14 se dispuso que era competencia de la
Superintendencia Nacional de Salud establecer el sistema de presunción de ingresos, lo que
llevó a la expedición de la Resolución Nro. 9 de 1996.
Posteriormente, el Decreto 806 de 1998, vigente para el año 2014, en su artículo 66
reglamentó la base de cotización para este tipo de trabajadores en los siguientes términos:
“Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud. En ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores
independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes”.
De igual forma, el Decreto 1406 de 1999 señaló:
“ARTICULO 25. INGRESO BASE DE COTIZACION PARA TRABAJADORES
INDEPENDIENTES AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-SGSSS. Las entidades promotoras de salud-EPS deberán, al momento de la
afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores independientes los cuestionarios que,
con el fin de determinar las bases presuntas mínimas de los aportes que dichos trabajadores
deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos de control o aquellos que sean
establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los
que resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en
la cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá
en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del
año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado
en un porcentaje igual al reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso
Base de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda”. (resaltos de la
Sala)
Finalmente, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33, consagró una presunción de capacidad
de pago y de ingresos así:
“ARTÍCULO 33. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Y DE INGRESOS. Se presume
con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo
o podrán ser afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto
a las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del
Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al
sistema estos últimos deberán ser ajustados”. (resaltos fuera del texto)

14
Decreto 1070 de 1995. Artículo 4. Las Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar ofreciendo el Plan Obligatorio
de salud del régimen contributivo a los trabajadores independientes que venían cotizando sobre un ingreso entre uno y
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hubieren afiliado con anterioridad al 20 de abril de 1995.
La Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización.

13
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Por lo anterior se establece que las declaraciones tributarias, como las de renta, son un
indicador de ingresos, lo cual permite evidenciar la capacidad de pago y su obligación de
aportar al sistema, aun en el evento de que no existiera un sistema de presunción de ingresos.

Así las cosas, sobre la base de cotización de los trabajadores independientes sin
prestación de servicios, entre los que se cuentan los rentistas de capital, la Sección
concluyó que el IBC: «tanto para salud como para pensión se compone de los ingresos percibidos
por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización inferior y superior (entre 1 y 25
SMLMV), y en todo caso, el mismo legislador ha señalado que estos deben corresponder a los
ingresos reales, de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos presuntos o se omitiera la
obligación, deben ajustarse a los declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)»

Se tiene entonces que, para el año 2014, esta clase de trabajadores independientes,
entre los cuales se encuentra el demandante15, sí contaban con una base
determinada por el ordenamiento jurídico para realizar sus aportes al Sistema de
Seguridad Social, sin que dicho elemento estuviera sujeto de modo alguno a la
declaración de ingresos ante la entidad a la cual se encontraba afiliado, como lo
afirmó el apelante, pues se reitera que corresponde a los ingresos realmente
percibidos por el obligado. En consecuencia, no prospera el cargo.

3. IBC del mes de enero

El apelante sostiene que, para liquidar el ingreso base de cotización del mes de
enero de 2014, la UGPP debió tener en cuenta el salario mínimo del 2013.

Sobre este punto, se tiene que, como lo resaltó la demandada y la sentencia de
primera instancia, en la resolución RDC 2018-01321 del 18 de octubre de 2018, que
resolvió el recurso de reconsideración, el IBC para el mes de enero fue ajustado
conforme a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 3085 de 2007, teniendo en
cuenta el salario mínimo mensual vigente para el año 2013, lo que generó la
disminución de los aportes y de las sanciones impuestas.

Así las cosas, el error incurrido en la liquidación oficial fue subsanado. Se destaca
que uno de los fines del recurso de reconsideración consiste en que la
Administración revise su actuación y de encontrar alguna falencia esta sea
corregida, sin que ello implique que en este caso se vulnere el principio de
correspondencia16. No prospera el cargo.
4. Mensualización de los ingresos

En este caso, la UGPP tomó los ingresos reportados en la declaración de renta del
demandante del año 2014 por valor de $670.369.00017 y seguidamente dividió dicha
suma en partes iguales por los 12 meses del año fiscalizado, lo que a su vez fue
limitado al tope de los 25 SMLMV, es decir, la suma de $15.400.000.

El demandante reprocha la mensualización efectuada, pues el ingreso base de
cotización debió atender lo realmente percibido y no la aplicación de presunciones.

15
En el RUT del demandante se informó como actividad económica la 4923 que corresponde a transporte de carga por
carretera.

16
En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia del 29 de mayo de 2025, exp 28798, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello
17
Así se lee en el anexo del requerimiento de información.

14
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Al efecto, con la demanda fueron aportados diferentes medios de pruebas18, dentro
de las cuales se encuentra el balance general19 y el certificado de contador que dan
cuenta de ingresos mensuales por la suma de $537.828.00020, así:

MES INGRESOS MES INGRESOS

Enero $66.300.800 Julio $25.030.400

Febrero $44.819.000 Agosto $20.791.600

Marzo $37.022.000 Septiembre $45.820.000

Abril $40.404.200 Octubre $52.113.000

Mayo $44.400.000 Noviembre $60.802.000

Junio $29.878.000 Diciembre $70.447.000

Lo anterior denota que el demandante soportó la mensualización de los ingresos
percibidos por valor de $537.828.000.

No obstante, la sala no pasa por alto que, en el anexo del requerimiento de
información, la UGPP señaló que, en el denuncio rentístico del año 2014, el
demandante reportó que percibió la suma de $670.369.000, lo cual no fue
controvertida en sede administrativa ni judicial.

En consecuencia, se observa que entre lo probado y lo declarado existe una
diferencia de $132.541.000, valor que deberá ser prorrateado en partes iguales por
los 12 meses fiscalizados, dada la omisión probatoria del interesado21, originando
ingresos de $11.045.083 por período.

Por ende, se concluye que la distribución de los ingresos para efectos este caso
será la siguiente:

Ingresos Diferencia ingresos
Mes Total Ingresos
Soportados declarados en renta

Enero $66.300.800 $11.045.083 $77.345.883

Febrero $44.819.000 $11.045.083 $55.864.083

Marzo $37.022.000 $11.045.083 $48.067.083

Abril $40.404.200 $11.045.083 $51.449.283

Mayo $44.400.000 $11.045.083 $55.445.083

Junio $29.878.000 $11.045.083 $40.923.083

Julio $25.030.400 $11.045.083 $36.075.483

18
Samai. Índice 2. Expediente digital. PDF anexos demanda.
19
Ibidem. PDF Soportes en digital. Página 5.
20
Ibidem. Archivo denominado certificación.
21
En los mismos términos se hizo en la sentencia del 9 de noviembre de 2023, exp 26936, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello

15
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Agosto $20.791.600 $11.045.083 $31.836.683

Septiembre $45.820.000 $11.045.083 $56.865.083

Octubre $52.113.000 $11.045.083 $63.158.083

Noviembre $60.802.000 $11.045.083 $71.847.083

Diciembre $70.447.000 $11.045.083 $81.492.083

Total $537.828.00 $132.541.000 $670.369.000

Así las cosas, se encuentra que este cargo de apelación prospera, razón por la cual
se revocará la sentencia de primera instancia para declarar la nulidad parcial de los
actos.

5. Reconocimiento de costos y gastos declarados en renta

El demandante indica que, si la UGPP tomó los ingresos declarados en renta,
también debió tener en cuenta los costos y gastos allí reportados, los cuales se
presumían veraces.

Sobre este asunto, la Sección22 ha manifestado que, la remisión al denuncio privado
no puede ser parcializada, es decir, únicamente valorar los ingresos, sino que
también deben tenerse en cuenta los costos y gastos en que incurrió el
contribuyente para desarrollar la actividad productora de renta, puesto que la
presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 cobija a toda la declaración.

La anterior conclusión23 se sustenta en que i) el artículo 250 del Código General del
Proceso señala que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es
indivisible; ii) la UGPP puede solicitar comprobaciones especiales de las
erogaciones, pero la declaración de renta demuestra tanto los ingresos como las
erogaciones, sin que sea admisible que este documento acredite las situaciones
que perjudican al demandante, pero no las que lo benefician; y iii) la presunción de
veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta no puede ser controvertida
por una autoridad distinta a la DIAN, conforme el artículo 702 del Estatuto Tributario
y el decreto que lo reglamenta.
Según el precedente citado, le asiste razón al demandante, en el sentido de que la
demandada no puede desconocer los costos y gastos registrados en la declaración
de renta, en la medida que la administración parte de los ingresos de dicha
declaración, también debe tomar las erogaciones igualmente registradas allí a
efectos de determinar el IBC de los aportes al sistema de seguridad social.
En ese sentido, se considera que hay lugar al reconocimiento de las erogaciones,
destacando que, al igual que ocurrió con los ingresos, en el certificado expedido por

22
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 24 de noviembre de 2022, exp 26206, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.

23
En este mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp 26808, reiterada
en las sentencias del 4 de abril de 2024, exp 28342 y del 21 de agosto de 2025, exp 29803 , C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.

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Demandante: José María Chamorro Obando

el contador24 se discriminó el monto para cada mes del año 2014, por la suma de
$489.205.200, así:

Mes Costos Gastos Total

Enero $7.830.700 $50.655.000 $58.485.700

Febrero $8.334.000 $30.500.000 $38.834.000

Marzo $8.778.800 $24.579.000 $33.357.800

Abril $8.500.000 $28.302.000 $36.802.000

Mayo $8.052.300 $31.708.000 $39.760.300

Junio $11.300.000 $16.600.000 $27.900.000

Julio $11.478.900 $18.000.000 $29.478.900

Agosto $10.602.000 $14.440.000 $25.042.000

Septiembre $8.740.000 $30.900.000 $39.640.000

Octubre $7.212.800 $38.969.200 $46.182.000

Noviembre $7.720.000 $45.152.000 $52.872.000

Diciembre $6.330.500 $54.520.000 $60.850.500

Total $104.880.000 $384.325.200 $489.205.200

Ahora bien, en el anexo del requerimiento de información25, se consignó que los
costos declarados en renta fueron de $607.156.000, cifra que no fue controvertida
por las partes y, que, de conformidad con el precedente mencionado, debe tenerse
en cuenta.
Así las cosas, entre los costos soportados con las pruebas allegadas por el
demandante y los del denuncio rentístico existe una diferencia de $117.950.800,
que será dividida en partes iguales para cada uno de los meses del año 2014, de
manera que la totalidad de los costos aceptados en esta instancia corresponde a lo
siguiente:

Total costos y Diferencia
Mes Total
gastos soportados erogaciones de renta

Enero $58.485.700 $9.829.233 $68.314.933

Febrero $38.834.000 $9.829.233 $48.663.233

Marzo $33.357.800 $9.829.233 $43.187.033

Abril $36.802.000 $9.829.233 $46.631.233

24
Ibidem. Archivo denominado certificación.
25
PDF antecedentes administrativos. Página 112.

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

Mayo $39.760.300 $9.829.233 $49.589.533

Junio $27.900.000 $9.829.233 $37.729.233

Julio $29.478.900 $9.829.233 $39.308.133

Agosto $25.042.000 $9.829.233 $34.871.233

Septiembre $39.640.000 $9.829.233 $49.469.233

Octubre $46.182.000 $9.829.233 $56.011.233

Noviembre $52.872.000 $9.829.233 $62.701.233

Diciembre $60.850.500 $9.829.233 $70.679.733

Total $489.205.200 $117.950.800 $607.156.000

De manera que el IBC para el demandante quedará así:

Mes Ingreso Costo Ingreso depurado IBC26

Enero $77.345.883 $68.314.933 $9.030.950 $9.031.000

Febrero $55.864.083 $48.663.233 $7.200.850 $7.201.000

Marzo $48.067.083 $43.187.033 $4.880.050 $4.880.000

Abril $51.449.283 $46.631.233 $4.818.050 $4.818.000

Mayo $55.445.083 $49.589.533 $5.855.550 $5.856.000

Junio $40.923.083 $37.729.233 $3.193.850 $3.194.000

Julio $36.075.483 $39.308.133 -$3.232.650 $0

Agosto $31.836.683 $34.871.233 -$3.034.550 $0

Septiembre $56.865.083 $49.469.233 $7.395.850 $7.396.000

Octubre $63.158.083 $56.011.233 $7.146.850 $7.147.000

Noviembre $71.847.083 $62.701.233 $9.145.850 $9.146.000

Diciembre $81.492.083 $70.679.733 $10.812.350 $10.812.000

Se destaca que para los meses de julio y agosto la depuración el IBC arrojó déficit,
es decir, que no existe base para cotizar, asunto sobre el cual la Sección ha
manifestado que si «después de realizada la mensualización […] se genera para cada periodo
un valor inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, la demandante no tiene la obligación de
realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social por estos conceptos»27.

26
Valores aproximados en aplicación del artículo 10 del Decreto 1406 de 1999
27
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de julio de 2023, exp. 26641, C.P. Milton Chaves García, reiterada
en sentencia del 2 de noviembre de 2023, exp. 26639, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 23 de noviembre de
2023, exp. 26613, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Demandante: José María Chamorro Obando

Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que el deber de aportar presupone
«la existencia de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su
cotización»28.

En ese contexto, se ordenará a la UGPP reliquidar el IBC según el cálculo efectuado
en la presente providencia.

6. Competencia de la UGPP

El recurrente señala que la entidad carecía de facultades legales para analizar los
costos y gastos de la declaración de renta, y no podía rechazarlos fundamentándose
en la Ley 1151 de 2007.

Para resolver se tiene que, el artículo 156 de la citada ley creó a la UGPP y, dentro
de sus funciones, previó la de realizar:
Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna
liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. Para este efecto,
la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran sistemas
de información de contribuciones parafiscales de la Protección Social y podrá solicitar de los
empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos
parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los
hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta
misma función tendrán las administraciones públicas. Igualmente la UGPP podrá ejercer
funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos
recursos. (…) (subrayas fuera del texto)

En el Decreto Ley 169 de 2008, artículo 1º, se reglamentó el ejercicio de las
funciones de la UGPP y se estableció que para ejercer el seguimiento, colaboración
y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones, contaría con amplias facultades para adelantar acciones como
solicitar información, verificar la exactitud de las declaraciones, adelantar las
investigaciones que considere convenientes, solicitar explicaciones y documentos,
requerir informes o testimonios, efectuar cruces de información con las autoridades
tributarias, entre otros29.

Así, destaca la Sección que dentro de las competencias asignadas a la demandada
se incluye la verificación de la información que obtenga del cruce de información
con otras entidades, como en efecto lo hizo con los ingresos de la declaración de
renta del demandante del año 2014 para la determinación de la base de las
contribuciones de ese período. No obstante, y de conformidad con el precedente
reiterado en el cargo anterior, lo que le está vedado es desconocer las erogaciones
del denuncio rentístico cuando precisamente esa fue la prueba valorada para la
determinación de los ingresos.

Precisado lo anterior, la Sección no dará prosperidad al presente cargo, comoquiera
que ya se ordenó el reconocimiento tanto de los costos debidamente soportados,
como de la diferencia encontrada con lo declarado en renta, asunto que finalmente
era el que perseguía el demandante con los argumentos aquí analizados, al estar
enfocados a la improcedencia de su rechazo por parte de la UGPP ante una presunta
falta de competencia.

28
C-1089 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis
29
Ver sentencia del 3 de octubre de 2024, exp.26293, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello

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Demandante: José María Chamorro Obando

7. Principio de favorabilidad

Sostiene el apelante que para el momento en que fueron proferidos los actos de
liquidación ya estaba vigente la Ley 1753 de 2015, por lo que, en virtud del principio
de favorabilidad, la administración debió liquidar los aportes sobre el 40% de los
ingresos, tal como lo hizo en otros casos similares.

Para resolver este asunto, se pone de presente que esta norma aplica desde su
vigencia, es decir, de julio de 2015 en adelante, y no para los períodos anteriores a
éste como lo pretende el demandante30. Se aclara que en materia sustantiva
impositiva no hay lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, so pena de
vulnerar el principio de irretroactividad de la ley tributaria, consagrado en los
artículos 338 y 363 de la Constitución Política31.

8. Sanción

El apelante planteó que la UGPP vulneró los principios de favorabilidad y
congruencia, pues, al haber efectuado el pago de los aportes del período fiscalizado,
la conducta que debió imponerse en el requerimiento para declarar y/o corregir fue
la de inexactitud y no la de omisión, más aún porque la omisión «había sido suprimida
por la Ley 1819 de 2016» en los casos en los que se corrija lo adeudado antes de la
notificación del requerimiento. Indicó que el cambio abrupto hecho en la liquidación
oficial de los conceptos y factores considerados en el requerimiento para declarar
y/o corregir rompe con el principio de correspondencia tributaria y con el principio
de congruencia tributaria.

Agrega que el requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado en el año 2017,
momento para el cual ya estaba vigente la Ley 1819 de 2016, es decir, la entidad
decidió aplicar «una norma que se encontraba modificada».

Previo a resolver este cargo, se pone de presente que los argumentos relacionados
con que la Ley 1819 de 2016 presuntamente suprimió la conducta por omisión y que
era la aplicable no fueron propuestos desde la demanda. Al respecto, se recuerda
que la jurisprudencia de esta sección ha sido constante en señalar que no le es
permitido a las partes la inclusión en sede de apelación de cargos nuevos,
desconocidos y ausentes a lo largo del debate judicial, pues supone el
planteamiento de asuntos que no han sido objeto de controversia, siendo este un
requisito de las normas que regulan el derecho procesal administrativo y las
garantías del debido proceso32.

Precisado lo anterior, en los términos de la apelación, la Sección determinará si se
desconoció el principio de congruencia por haberse tenido en cuenta, en la
liquidación oficial factores distintos a los considerados en el acto previo.

30
En iguales términos se pronunció la Sala en sentencias del 23 de noviembre de 2023, exp.27594, y del 4 de abril de 2024,
exp.28342, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
31
Artículo 338. (…) Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.
32
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de febrero de 2023, exp.26454, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.

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Demandante: José María Chamorro Obando

La entidad al momento de proferir el requerimiento para declarar y/o corregir RCD
2016-03890 del 30 de diciembre de 2016, propuso la sanción por no declarar así33:
Como resultado de la investigación adelantada, se evidenció que EL OBLIGADO:
i) No cumplió con la obligación de afiliarse y/o reportar la novedad de ingreso al Sistema
General de Pensiones y al régimen contributivo del Sistema General de Salud en calidad
de cotizante, durante los periodos de enero a diciembre de 2014, y en consecuencia, no
realizó el pago de aportes correspondientes.
La anterior situación demuestra un presunto incumplimiento frente a las disposiciones legales
referidas en el acápite de fundamentos de derecho del presente requerimiento para declarar
y/o corregir, por consiguiente, la conducta de omisión genera la sanción por no declarar
prevista en el numeral 1º del artículo 317 de la Ley 1819 de 2016.

Posteriormente en la liquidación oficial RDO 2017-03367 del 26 de septiembre de
2017 la demandada mantuvo la sanción por omisión para el subsistema de pensión,
sin embargo, señaló que como se logró establecer que el demandante realizó pagos
por salud para el año 2014, pero por valores inferiores, se configuró la conducta de
inexactitud. La actuación se concretó en lo siguiente34:
Ahora bien, teniendo en cuenta que EL OBLIGADO no respondió el requerimiento para
declarar y/o corregir en el término establecido en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012,
modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014. Procede este despacho de oficio a
verificar con la base de datos de liquidación de aportes PILA, administrada por el Ministerio
de Salud y de la Protección social, con el propósito de determinar si el señor JOSE MARIA
CHAMORRO OBANDO con C.C. (…), realizó pagos a los subsistemas de Salud y Pensiones.
Evidencia este despacho, que EL OBLIGADO realizó pago de aportes; por tal motivo, esta
Subdirección procedió a verificar y aplicar los pagos realizados al subsistema de Salud,
efectuados en el año 2014, que corresponde al año fiscalizado; pagos que se encuentran
registrados en las Planillas Integradas Liquidación de Aportes –PILA, que no habían sido
confirmados con la mencionada cartera ministerial, planillas que se relacionan a continuación:
(…)
Sea lo primero indicar que, con los pagos realizados por EL OBLIGADO al subsistema de
Salud en término a las vigencias fiscalizadas del año 2014, este despacho logró establecer
que el señor JOSE MARIA CHAMORRO OBANDO con C.C. (…), sí cumplió con la obligación
de afiliación al régimen contributivo del Sistema General de Salud en calidad de cotizante, por
lo anterior no hay lugar para imponer la sanción de omisión, como también los ajustes
propuestos en el subsistema de Salud.”
Respecto del subsistema de Pensiones al no evidenciar este despacho pagos PILA a los
periodos enero a diciembre de 2014, persiste la conducta de omisión impuesta en el
requerimiento para declarar y/o corregir para este subsistema.
Ahora bien, luego de realizar la validación de las planillas PILA, se evidencia que los pagos
realizados al subsistema de salud se realizaron sin tener en cuenta la totalidad del IBC
propuesto para cada periodo, es decir, EL OBLIGADO efectuó el pago de aportes por un valor
inferior al que legalmente se encontraba obligado. Así las cosas, se procedió a realizar las
modificaciones pertinentes, generado, en primer lugar, que se subsanara la conducta de
omisión, bajo el entendido de que se demostró la afiliación y/o vinculación en el subsistema
de Salud para los periodos de enero a diciembre de 2014.

No obstante lo anterior, al haber realizado los pagos por un valor inferior al que legalmente se
encontraba obligado, se configura la conducta de inexactitud, por lo que la diferencia entre el
valor determinado por concepto de aportes a la seguridad social por esta Subdirección, y el
efectivamente pagado, para el subsistema de Salud, se verá reflejado en la mencionada
conducta”.

33
Página 9 del acto.
34
Páginas 8 y siguientes del acto de liquidación.

21
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Demandante: José María Chamorro Obando

Es decir, en este acto, la demandada analizó los pagos que efectuó el demandante,
y determinó que los mismos contienen inexactitudes, por lo tanto, modificó la
conducta de omisión establecida inicialmente el requerimiento para corregir y
declarar, para determinar la conducta de inexactitud.

Al respecto, se encuentra que el artículo 708 del Estatuto Tributario, aplicable por
remisión expresa del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, establece que el
funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de
los tres (3) meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo,
ordenar su ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime
necesarias.

La norma señala que la ampliación podrá incluir hechos y conceptos no
contemplados en el requerimiento inicial, así como proponer una nueva
determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones

Así, para el caso de la UGPP, de conformidad con la norma transcrita, dentro de los
3 meses siguientes a la fecha del vencimiento de la respuesta al requerimiento para
corregir y/o declarar, se podrá ordenar por una sola vez la ampliación, con el fin de
incluir hechos y conceptos y sanciones no previstos en el requerimiento inicial.

Por su parte, se encuentra que el artículo 711 del Estatuto Tributario establece que
«la liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a
los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la
hubiere».

De igual forma, la Sección ha señalado que35:

[C]omo quiera que el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, obliga a la Administración a
proponerle al obligado las modificaciones procedentes frente a las autoliquidaciones, antes de
proferir el acto definitivo, con ese acto previo se fija el debate tributario y todas las glosas que
se estiman procedentes respecto de las declaraciones fiscalizadas, sin que sea válida la
modificación de los hechos que las sustentan, salvo por la potestad de proferir la ampliación
del acto preparatorio conforme al artículo 708 del ET, pues este «permite a la Autoridad
tributaria incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, así como
proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y
sanciones, y, en ese contexto, decretar las pruebas que estime necesarias para llegar al
convencimiento de los hechos discutidos por el sujeto pasivo» (sentencia del 10 de octubre
de 2018, exp. 20751, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Esa potestad para redirigir la
discusión se reconoce a la demandada quien, por la remisión normativa en comento, también
está obligada a respetar la regla de correspondencia entre la obligación tributaria propuesta y
la determinada oficialmente (artículo 711 del ET). (…)
2.2- Ahora, cuando la Administración opta por ampliar el requerimiento para declarar o
corregir, necesariamente se modifica el dies a quo para proferir la liquidación oficial, porque
debe asegurarse el ejercicio del derecho de defensa y contradicción del obligado, quien podrá
oponerse a las glosas de la ampliación dentro del plazo señalado en el artículo 708 ibidem y,
consecuentemente, la Autoridad tributaria proferirá el acto definitivo, dentro de los seis meses
siguientes al vencimiento del plazo que tiene el obligado para contestarla (artículo 180 de la
Ley 1607 de 2012)”.

De acuerdo con lo dicho, con el acto previo se fija el debate y todas las glosas que
se estiman procedentes respecto de las declaraciones fiscalizadas, sin que sea

35
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de junio de 2022, exp.25573, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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válida la modificación de los hechos que las sustentan. Esto, sin perjuicio de la
posibilidad que se tiene de proferir la ampliación del acto preparatorio conforme al
artículo 708 del Estatuto Tributario.

Así, en la ampliación del requerimiento para corregir y/o declarar la UGPP puede
incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento, así como proponer
las sanciones a que haya lugar.

Con ello, se tiene que la liquidación oficial se contraerá exclusivamente a la
declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el
requerimiento para corregir y/o declarar, o en su ampliación si la hubiere, esto es, a
hechos y sanciones respecto de los cuales el particular pudo ejercer su derecho de
defensa.

Así las cosas, para el caso que se analiza se encuentra que, en el requerimiento
para declarar y/o corregir, la UGPP impuso la sanción por omisión respecto al
régimen contributivo del Sistema General de Salud, no profirió ampliación a ese
requerimiento y, en la liquidación oficial, modificó la conducta para imponer la
sanción de inexactitud. Por ello, se verifica que, en este punto, la demandada
desconoció el principio de congruencia alegado.

En consecuencia, le asiste razón a la parte apelante, por lo que se declarará la
nulidad de la sanción por inexactitud en el subsistema de salud y se mantendrá la
sanción por no declarar u omisión en pensión, la cual deberá ser reliquidada de
conformidad con el IBC determinado por la Sección en el cargo 5.

De las demás pretensiones de la demanda y condena en costas
El demandante, en sus pretensiones subsidiarias, solicitó que como consecuencia
de una nulidad parcial se ordenara la exoneración del pago de intereses moratorios
y se le permita usar la planilla tipo J para condenas de sentencias judiciales; la
devolución de las sumas pagadas por concepto de aportes y el reconocimiento del
daño emergente causado, el cual consiste en los gastos asumidos para ejercer su
derecho de defensa en el trámite administrativo.
Frente al primer punto, que consiste en la exoneración de intereses, el demandante
lo vinculó al uso de la planilla tipo J, sobre lo cual, la Sección reitera que su uso
dependerá de la que conforme a los reglamentos se deba utilizar según la situación
particular del aportante y la causa que da origen al pago de las contribuciones, por
lo que no corresponde en esta oportunidad impartir directriz en ese sentido36.
Con relación a la devolución de los aportes pagados, el artículo 311 de la Ley 1819
de 2016 dispuso que en los eventos en que se declare la nulidad total o parcial de
los actos administrativos y se ordene la devolución de aportes, la UGPP debe proferir
un acto mediante el cual ordene a las administradoras de los distintos subsistemas
la devolución de los montos determinados.
Como en este caso hay lugar a la nulidad parcial de los actos demandados, se
ordenará a la UGPP que, previa verificación de los pagos realizados por el

36
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp 26208 C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto

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demandante, adelante el procedimiento correspondiente para la devolución que
resulte procedente de las órdenes aquí dadas.
Frente al daño emergente alegado (pago de los gastos incurridos en la defensa
jurídica ejercida durante el proceso de fiscalización de la UGPP y para interponer la
presente demanda), la Sección observa que este hace parte de la condena en
costas, razón por la cual se estudiarán de manera conjunta37.
Condena en costas
Si bien en este caso el tribunal condenó en costas a la parte demandante, como en
esta instancia las pretensiones prosperaron parcialmente, la Sección revocará esa
decisión y se abstendrá de imponer condena en costas en ambas instancias,
conforme el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso (aplicable
por remisión del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011)38.

Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sección revocará la sentencia de primera
instancia, para en su lugar, declarar la nulidad parcial de los actos acusados, debido
a que prosperaron los cargos relacionados con la mensualización de los ingresos y
el reconocimiento de los costos y gastos declarados en renta y con la improcedencia
de la sanción de inexactitud en el subsistema de salud.

En ese sentido y, a título de restablecimiento del derecho, la demandada deberá
reliquidar los aportes conforme al IBC determinado por la Sección, lo cual también
deberá observarse para la sanción por omisión para pensión y fondo de solidaridad
que es la única que debe imponerse. Sumado a esto, también será procedente la
devolución de las sumas a las que hubiere lugar previa verificación de ello.
Finalmente, no habrá lugar a condena en costas en ninguna instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 23 de junio de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Nariño. En su lugar se dispone lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial RDO 2017-03367 del
26 de septiembre de 2017 y la resolución RDC 2018-01321 del 18 de octubre de 2018, por
medio de las cuales la UGPP determinó los aportes al sistema de seguridad social por los
períodos de enero a diciembre de 2014 a cargo del demandante y lo sancionó por omisión e
inexactitud.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se
ordena a la UGPP reliquidar los aportes al sistema de seguridad social a cargo del demandante,
tomando el IBC determinado por el Consejo de Estado, lo cual, a su vez, deberá ser observado
al momento de determinar las sanciones respectivas, en las cuales no deberá incluirse la
sanción por inexactitud en el subsistema de salud cuya nulidad se declara

37
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 26 de junio de 2024, exp 28302, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello
38
Sobre este asunto también puede leerse la sentencia del 3 de octubre de 2024, exp 26293. C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00276-01 (28613)
Demandante: José María Chamorro Obando

Así mismo, se declara que la UGPP deberá devolver al demandante las sumas a las que haya
lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa
verificación de los pagos.

2. Sin condena en costas en ambas instancias

3. Reconocer personería jurídica para actuar en el presente proceso al abogado
John Fredy Abril Pinzón, como apoderado de la entidad demandada, en los
términos previstos en el poder obrante en el índice 33 de Samai.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

25
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