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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00329-01

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00329-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 2 de septiembre de 2020, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Jesús Otilio Castillo Rodríguez en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–. SEGUNDO: REVOCAR la condena en costas impuesta en primera instancia, por las razones descritas en esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas en segunda instancia. CUARTO: Reconocer personería a Omar Trujillo Polanía, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 201.792 del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y a Ana María Londoño, identificada con cédula de ciudadanía 1.110.582.594 de Ibagué y tarjeta profesional 354.136 del CSJ, para actuar como apoderados principal y sustituto de la UGPP. QUINTO: En firme esta providencia, archivar el expediente. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00329-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

8 de noviembre de 2024

Radicación: 52001-23-33-000-2019-00329-01 (1511-2021)
Demandante: Jesús Otilio Castillo Rodríguez
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00329-01 (1511-2021)
Demandante: Jesús Otilio Castillo Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: Tiempo de servicios. Acreditación
Subtema 2: Prueba del vínculo laboral. Validez probatoria de la copia simple Subtema 3:
Presupuestos para el reconocimiento de la pensión gracia. Acreditación Subtema 4: Origen
de los recursos de la entidad nominadora no determina la naturaleza de la vinculación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 2 de septiembre de 2020, que accedió a
las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Jesús Otilio Castillo Rodríguez, en condición de docente en el municipio de Tumaco,
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la UGPP, entidad que denegó
la solicitud al considerar que la copia del acta de posesión en el cargo carecía de
validez por no ser auténtica, sumado al hecho de que no allegó las pruebas que
acreditaran la naturaleza de los nombramientos y del origen de los recursos de la
entidad nominadora. El demandante aduce que el acto administrativo incurrió en
desconocimiento de las normas en que debía fundarse, pues no tuvo en cuenta el
derecho constitucional que le asiste al trabajador o pensionado de la situación más
favorable y que no se valoró la certificación emitida por el secretario de educación que
contenía la información necesaria para acceder a la solicitud.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda1

1. Jesús Otilio Castillo Rodríguez presentó demanda en ejercicio del medio de control

1Samai, índice 2, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512,
folios 5 a 33.
1

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00329-01 (1511-2021)
Demandante: Jesús Otilio Castillo Rodríguez
Demandado: UGPP

de nulidad y restablecimiento del derecho, el 19 de junio de 2019, en contra de la
UGPP, con las siguientes pretensiones:

(i) Que se declare la nulidad del Acto Administrativo No. RDP 004917 de 18 de
febrero de 2019, mediante el cual la UGPP negó al actor el reconocimiento y pago
de una pensión gracia, así como del acto administrativo No. RDP 015356 de 20 de
mayo de 2019, que declaró fundado el recurso de queja y resolvió el recurso de
apelación en el sentido de confirmar el acto denegatorio de la solicitud.

(ii) Que se condene a la demandada a reconocer y pagar la pensión gracia
reclamada por el actor, por el servicio docente prestado en el municipio de
Tumaco, a partir de la consolidación del estatus pensional, esto es, el 25 de
diciembre de 2007, con la actualización correspondiente y los intereses moratorios
previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

(iii) Que se condene en costas al ente demandado de acuerdo con lo establecido
en el artículo 188 del CPACA y del artículo 361 del C.G.P.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis:

(i) que nació el 25 de diciembre de 1957, de manera que cumplió 50 años el 25
de diciembre de 2007,
(ii) que se desempeñó como educador municipal en el periodo comprendido
entre el 30 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1977, en un cargo
perteneciente a la planta de personal del municipio de Tumaco y sus salarios
fueron pagados con recursos del ente territorial,
(iii) que ejerció el cargo docente, en virtud de decretos municipales, en los
siguientes periodos: desde el 6 de enero de 1978 hasta el 6 de octubre de
1991 y del 30 de septiembre de 1991 (sic) al 7 de septiembre de 2015, con
remuneración a cargo del municipio,
(iv) que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia el 6 de marzo de
2009 (sic)2, reclamación que fue negada por la UGPP, mediante Resolución
RDP 004917 del 18 de febrero de 2019, con el argumento de que el actor, a
la fecha de expedición de la Ley 91 de 1989, solo acreditó 16 años y 3 mes
de servicios, por lo que no cumplía los requisitos para acceder a la pensión
gracia de jubilación antes del 29 de diciembre de 1989.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

3. El actor citó como normas violadas la Constitución Política, artículo 53; la Ley 91
de 1989, artículo 15; la Ley 114 de 1913, artículos 1 y 4; la Ley 116 de 1928, artículo
5; la Ley 37 de 1933, artículo 3; la Ley 4 y la Ley 91 de 1989, artículo 15.

4. En el concepto de violación, el demandante expuso que el acto demandado
infringió las normas en que debería fundarse, toda vez que la entidad demandada, al

2 La resolución RDP 004917 de 18 de febrero de 2019, acto objeto de la demanda de nulidad, señala que la petición

que motiva la expedición de este acto fue presentada el 31 de agosto de 2018, bajo el radicado SOP 201801040969.
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Demandante: Jesús Otilio Castillo Rodríguez
Demandado: UGPP

negar el reconocimiento pensional, desconoció las certificaciones que dan cuenta del
tiempo de servicio prestado, en particular, la expedida por el secretario de Educación
municipal, fechada el 27 de mayo de 2019, que refiere el origen de los recursos, el
tiempo de servicios y los decretos de nombramiento. Recordó que, de acuerdo con las
reglas de unificación, las transferencias de recursos de la Nación a los municipios
mediante el Sistema General de Participaciones, los convierte en recursos propios del
ente territorial y, en todo caso, lo relevante es la acreditación de la plaza ocupada.

2.2. Contestación de la demanda3

5. El apoderado de la UGPP propuso las excepciones de “inexistencia de vulneración
de principios constitucionales y legales”, “cobro de lo no debido”, “prescripción” y la
innominada o genérica y “Buena Fe”. Para oponerse a las pretensiones afirmó que el
actor no acreditó el tipo de vinculación ni el origen de los recursos de la entidad
nominadora. Tampoco allegó los actos de nombramiento en original o copia auténtica
ni acreditó vinculaciones anteriores al 31 de diciembre de 1980, pues las actas de
posesión fueron aportadas en copia simple.

6. Afirmó que la parte actora tiene la carga de probar los hechos que deben constar
en documentos, como los relacionados con la fecha y el tipo de vinculación y ante la
desaparición de la prueba documental, debió solicitar un proceso de reconstrucción
que permitiera constituir la prueba de dichas vinculaciones. El incumplimiento de este
deber probatorio sustentó la denegación del reconocimiento pensional por no acreditar
el requisito de tiempo de servicio establecido en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913.

2.3. Sentencia de primera instancia4

7. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 2 de septiembre de
2020, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, ordenó a la
accionada reconocer y pagar la pensión gracia a favor del demandante, declaró
probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales con anterioridad al
31 de octubre de 2015 y condenó en costas.

8. Resaltó que el docente, durante su desempeño laboral, no estuvo incurso en
causales de mala conducta ni sanciones disciplinarias y que tampoco se acreditó que
hubiese recibido pensión o recompensa de carácter nacional, incompatible con la
pensión gracia. En relación con el argumento de la accionada de que los salarios del
demandante pudieron provenir de recursos del situado fiscal o del Sistema General de
Participaciones, afirmó que, según la sentencia de unificación del Consejo de Estado,
dicha circunstancia no incide al momento de definir el tipo de vinculación ni mucho
menos determina el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

9.El tribunal concluyó que el actor reunió los requisitos previstos en el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913 para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, motivo por el
cual procedía la nulidad solicitada y, como consecuencia, ordenó el reconocimiento
pensional, con la precisión de que las mesadas causadas con anterioridad al 31 de

3 Samai, índice 2, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512,
folios 218 a 227.
4 Samai, índice 2, archivo 12_520012333000201900329019EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184515.

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Demandado: UGPP

octubre de 2015, se encontraban prescritas, toda vez que la reclamación administrativa
fue presentada el 31 de octubre de 2018.

2.4 . Recurso de apelación5

10. La parte demandada presentó reparos frente a la prueba documental allegada al
expediente, al considerar que no ofrece certeza sobre los tiempos de servicio ni es
idónea para acreditar el tipo de vinculación, bien como nacional, nacionalizado,
distrital, municipal o departamental, tampoco refiere el origen de los recursos con los
que se financió. Afirmó que el documento idóneo para demostrar la vinculación como
docente es el original o la copia auténtica del decreto de nombramiento, no las copias
simples de actos de posesión que se aportaron al proceso.

11. Precisó que para el reconocimiento de la pensión gracia no basta con que el
docente tenga la condición de territorial y que haya cumplido los 20 años de servicio
oficial, también se requiere que no haya recibido ni reciba actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional, por lo que, así el docente sea territorial, si recibe
sus salarios o subvenciones de la Nación (Situado Fiscal / Sistema General de
Participaciones) no tendrá derecho a ser beneficiario de la pensión gracia, pues
incurriría en la prohibición de doble asignación proveniente de recursos de la Nación.

12. Por último, solicitó “no condenar en costas a la entidad” en ninguna de las
instancias al considerar que la conducta de la parte vencida no fue temeraria, abusiva
o dilatoria.

2.5 . Alegatos de conclusión

13. Mediante auto de 8 de septiembre de 20226, el Despacho corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión.

14. La parte demandada presentó escrito de alegatos mediante memorial de 11 de
noviembre de 20227, a través del cual reiteró los argumentos del recurso.

15. El Ministerio Público, mediante concepto de 29 de noviembre de 20228, solicitó
confirmar la sentencia apelada, al considerar que los recursos con los que se financian
las plazas docentes no constituyen un criterio válido para determinar la naturaleza de
la vinculación, aunado al hecho de que se trata de rentas exógenas que se tornan en
propias una vez ingresan a las entidades territoriales. Afirmó que las pruebas
evidencian que el actor ejerció la docencia en una plaza de naturaleza territorial y
cumple con los requisitos de tiempo de servicio y edad.

16. La Sala, mediante auto de 24 de mayo de 20249, decretó pruebas de oficio para
aclarar puntos dudosos de la presente contienda, en atención a lo establecido en el

5 Samai, índice 2, archivo 14_5200123330002019003290111EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184515.
6 Samai, índice 11.
7
Samai, índice 17.
8 Samai, índice 18.
9 Samai, índice 26.

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inciso segundo del artículo 213 del CPACA. De las pruebas allegadas se corrió
traslado a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del CGP10.

III. CONSIDERACIONES

3.1 . Competencia

17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, según el inciso primero del artículo
150 del CPACA.

3.2 . Problemas jurídicos

18. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación
interpuesto por la demandada11, la Sala procede a resolver los siguientes problemas:

19. ¿Jesús Otilio Castillo Rodríguez demostró a través de prueba idónea el requisito
de tiempo de servicio como docente del nivel territorial, en el municipio de Tumaco
(Nariño), durante los años 1973 a 2017?

20. ¿El origen de los recursos de la entidad nominadora destinados al pago de la
retribución por concepto de salarios, determina la naturaleza del nombramiento de
Jesús Otilio Castillo Rodríguez como docente nacional o territorial?

21. ¿Procede la revocatoria de la condena en costas impuesta en primera instancia
por no encontrarse acreditada una conducta temeraria o de mala fe de la parte vencida
en el proceso?

3.3 . Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–

22. Ley 114 de 1913 creó una “pensión de jubilación vitalicia” para los maestros de
escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor de
veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos últimos
años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre que
cumplieran los siguientes requisitos:

(i) desempeñar el empleo con honradez y consagración;
(ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social y
costumbres;
(iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

23. La Ley 116 de 1928 extendió la prestación pensional a los empleados y profesores
de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública. Posteriormente,
la Ley 37 de 1933 cobijó a los maestros que completaron servicios docentes en
establecimientos de enseñanza secundaria.

10 Samai, índice 34.
11 CGP, artículo 320.

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24. La Ley 43 de 1975 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
materia educativa entre la Nación y los departamentos y municipios al establecer que
“La educación primaria y secundaria oficiales” constituyen un servicio público a cargo
de la Nación. Por tanto, los gastos que este ocasiona, sufragados por “los
Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley”.

25. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980.

26. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia
mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger
la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.

27. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1012 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

28. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como

12“En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.”.
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miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo
anterior porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente de
las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.
En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos
(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados13, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).

3.4 . Verificación del tiempo de servicio

29. En lo atinente al tiempo de servicio prestado por el actor, el certificado de historia
laboral expedido por la secretaria de educación de Tumaco, el 29 de julio de 202414,
en respuesta al requerimiento ordenado en el auto de pruebas dictado por esta Sala,

13 Al respecto, se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
14 Samai, índice 33, archivo 53_RECIBEMEMORIAL_15112021RESPUESTAAOF_0_20240807114426284

Respuesta a prueba de oficio.
7

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Demandante: Jesús Otilio Castillo Rodríguez
Demandado: UGPP

y las certificaciones laborales expedidas por los secretarios de educación el 27 de
mayo de 201915 y el 10 de febrero de 202016, dan cuenta de que el señor Jesús Otilio
Castillo Rodríguez fue vinculado como docente en propiedad, en virtud de los
nombramientos municipales y nacionalizados, cuyas fuentes de financiación
provinieron de recursos propios, así:

Institución educativa Cargo Período Clase de vinculación Tiempo de
Fecha inició Fecha servicios
vinculación finalización en días
vinculación
Escuela Rural Inguapí Docente 30/09/1973 31/12/1977 Vinculación municipal 1530
Carretera
Vereda Imbupi Rio Docente 06/01/1978 6/10/1991 Vinculación municipal 4950
Rosario
I.E ITPC Docente 07/10/1991 7/09/2015 Vinculación nacionalizado 8610
I.E ITPC Docente 08/09/2015 2/05/2017 Vinculación nacionalizado 594

Total días 15684
42 años,
Total años 11 meses,
10 días

30. El Decreto 097 de 30 de septiembre de 197317, incorporado al expediente por la
secretaria de educación de Tumaco en respuesta a la prueba de oficio decretada por
la Sala, informa que el demandante fue nombrado como maestro municipal de Tumaco
con sede en la Escuela Rural “Inguapí Carretera”.

31. El acta de posesión de cargo fechada el 30 de septiembre de 197318, muestra que
el demandante fue nombrado como maestro municipal de la Escuela Rural de Inguapi,
mediante Decreto No. 097 de 30 de septiembre de 1973, documento que fue aportado
en copia por la secretaría de educación municipal, en respuesta a la prueba de oficio
decretada por la Sala.

32. El Decreto 265 del 6 de enero de 197819, incorporado al expediente por la
secretaría de educación de Tumaco en respuesta a prueba de oficio decretada por la
Sala, da cuenta de que el demandante fue nombrado como maestro municipal de
Tumaco con destino a la Escuela Rural Ambupi Rio Rosario.

33. En acta del 10 de enero de 197820, consta que el demandante tomó posesión del
cargo de maestro municipal de la Vereda de Ambupi Rio Rosario, para el que fue
nombrado mediante Decreto No. 265 de 6 de enero de 1978.

34. El Gobernador del Departamento de Nariño, mediante el Decreto 1653 de 30 de
septiembre de 199121, allegado al expediente, nombró al demandante como profesor
de tiempo completo en el Instituto Nocturno la Rosa Zárate.

15
Samai, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512, folio 47.
16 Samai, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512, folio 379.
17 Samai, índice 33, archivo 53_RECIBEMEMORIAL_15112021RESPUESTAAOF_0_20240807114426284
Respuesta a prueba de oficio.
18 Samai, índice 33, archivo 53_RECIBEMEMORIAL_15112021RESPUESTAAOF_0_20240807114426284.

Archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512, folio 413.
19 Samai, índice 33, archivo 53_RECIBEMEMORIAL_15112021RESPUESTAAOF_0_20240807114426284.
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Samai, índice 33, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512,
folio 415 y archivo 53_RECIBEMEMORIAL_15112021RESPUESTAAOF_0_20240807114426284.
21 Samai, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512, folio 411.

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00329-01 (1511-2021)
Demandante: Jesús Otilio Castillo Rodríguez
Demandado: UGPP

35. El acta del 7 de octubre de 199122, da cuenta de la posesión del demandante como
maestro de tiempo completo del Instituto Nocturno Rosa Zárate, nombrado en virtud
del Decreto No. 1653 de 30 de septiembre de 1991.

36. La Resolución 541 del 1 de septiembre de 201523, acredita el nombramiento del
señor Jesús Otilio Castillo Rodríguez, en el cargo de rector, en la planta global de
personal docente y administrativo del Departamento de Nariño, financiado con
recursos del Sistema General de Participaciones.

37. La Resolución 682 del 18 de abril de 2017, da cuenta del nombramiento en
propiedad del demandante como etno-educador-rector, en la planta global de personal
docente, para la prestación del servicio educativo en el departamento de Nariño,
financiado con recursos del sistema general de participaciones.

38. La Resolución 00992 del 2 de mayo de 201724, evidencia la vacancia definitiva del
cargo de docente que ocupaba el señor Jesús Otilio Castillo Rodríguez.

39. Ahora bien, sobre la validez de las pruebas allegadas a la actuación en copia
simple, el artículo 244 del CGP establece que los documentos aportados en original o
copia se presumen auténticos, salvo que se alegue su falsedad, y tienen el mismo
valor probatorio que el original, excepto cuando exista disposición legal que exija la
presentación del original o de una determinada copia, o que la parte contra quien se
aducen solicite el cotejo con el original, supuesto que no se configura en el presente
caso.

40. Así, las pruebas documentales demuestran que el señor Jesús Otilio Castillo
Rodríguez acreditó más de 40 años en el servicio docente, vinculado mediante actos
administrativos expedidos por la alcaldía de Tumaco y por la Gobernación de Nariño,
durante los periodos comprendidos entre el 30 de septiembre de 1973 y el 31 de
diciembre de 1977, del 6 de enero de 1978 al 6 de octubre de 1991, financiado con
recursos propios de los entes territoriales. También acreditan la vinculación como
docente nacionalizado desde el 7 de octubre de 1991 hasta el 2 de mayo de 2017, en
virtud de los nombramientos realizados por el gobernador de Nariño. Los recursos que
financiaron las vinculaciones nacionalizadas tuvieron su origen en “haberes de
recursos propios”.

41. Asimismo, se encuentra demostrado que el demandante conservó la expectativa
de obtener el derecho a la pensión gracia porque se encontraba vinculado como
docente territorial a 31 de diciembre de 1980, tal como consta en el Decreto de
nombramiento No. 097 de 1973 y el acta de posesión, documentos suscritos por el
alcalde y el secretario general de Tumaco.

42.En este orden, el argumento de inconformidad expuesto por el apoderado del ente
demandado no es de recibo, porque las pruebas documentales allegadas en copia

22 Samai, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512, folio 409.
23 Samai, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512, folios 333 a

339.
24 Samai, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512, folios 399 a

400.
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Demandante: Jesús Otilio Castillo Rodríguez
Demandado: UGPP

simple acreditan los nombramientos del demandante en instituciones educativas del
nivel territorial, tanto municipal como departamental, documentos que, vale decir, se
presumen auténticos, porque “existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado,
manuscrito, firmado” o “de la persona a quien se atribuye”25 y no han sido tachados de
falsos. Además, la información que contienen coincide con la expuesta en las
certificaciones e historias laborales aportadas al expediente.

43. En relación con el argumento de la demandada sobre la falta de prueba respecto
de la financiación con recursos propios de los salarios del demandante, la Sala observa
que en el plenario se encuentra acreditado, con las certificaciones y actos de
nombramiento, que los recursos provinieron de los entes territoriales. Al respecto,
viene oportuno considerar que, de acuerdo con las reglas de unificación dispuestas
por esta Sección, el origen de los recursos destinados a la financiación de los salarios
de los docentes no incide en la determinación del tipo de vinculación ni tampoco en la
viabilidad del reconocimiento del derecho a la pensión gracia, pues lo que se debe
esclarecer es que la plaza ocupada sea de carácter territorial.

44. Así las cosas, lo relevante para el reconocimiento de la pensión gracia es acreditar
la calidad de docente territorial con los actos administrativos donde conste el vínculo y
muestren con suficiente claridad que la plaza sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales o, en su defecto, con la certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta, de manera inequívoca, que el tipo de vinculación del
docente oficial es de carácter territorial.

45. En el presente asunto obran certificados de tiempos de servicio expedidos por los
secretarios de educación del municipio de Tumaco, en los que consta que el
demandante, en los periodos comprendidos entre el 30 de septiembre de 1973 y el 31
de diciembre de 1977, y del 6 de enero de 1978 al 6 de octubre de 1991, se desempeñó
como maestro municipal, cargo que se encontraba en la planta de personal del
municipio de Tumaco, y su financiación provenía de recursos propios del municipio.
De la misma manera, acreditan que el tiempo comprendido entre el 7 de octubre de
1991 y el 2 de mayo de 2017, lo prestó como docente en propiedad, con vinculación
nacionalizada, por lo que es dable inferir que prestó el servicio por más de 40 años26.

46. Vale precisar que, en el caso bajo estudio, se encuentra acreditado con el registro
civil de nacimiento27 que el demandante nació el 25 de diciembre de 1957, por lo que
cumplió 50 años de edad el 25 de diciembre de 2007. También está demostrado con
la certificación expedida por la secretaría de educación del municipio, el 11 de febrero
de 202028, que el señor Jesús Otilio Castillo Rodríguez no fue sancionado
disciplinariamente, por lo que desempeñó el cargo docente con honradez y
consagración.

25 CGP, artículo 244.
26 Samai, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512, folio 379.

27
Samai, índice 2, archivo 03 CD FOLIO 114, folio 22.
28 Samai, índice 2, archivo 5_520012333000201900329012EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20210518184512,
folio 383.
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Demandante: Jesús Otilio Castillo Rodríguez
Demandado: UGPP

3.5 . Conclusión

47. Por lo anterior, la Sala considera que hay lugar a confirmar la sentencia apelada,
dado que los documentos aportados al expediente constituyen pruebas idóneas para
acreditar que el demandante cumplió con los requisitos exigidos por el legislador para
tener derecho a la pensión gracia, esto es, cuenta con más de 50 años, ejerció la labor
docente con honradez y buena conducta, fue vinculado como maestro antes del 31 de
diciembre de 1980 y prestó servicio como maestro por más de 41 años, en plazas
territoriales y nacionalizadas, financiadas con recursos del ente territorial.

3.6 . Costas

48. En lo atinente a la inconformidad expresada por el órgano demandado frente a la
condena en costas impuesta en primera instancia, la presente providencia acoge, por
razones de seguridad jurídica e igualdad, el criterio de interpretación mayoritario29 de
la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe.

49. Por lo tanto, como la sentencia apelada no sustentó la condena en costas en la
acreditación de una conduta temeraria o de mala fe del ente demandado, se revocará
dicha decisión, conforme a lo solicitado en el recurso de apelación.

50. En igual sentido, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la UGPP haya incurrido en las anteriores conductas.

3.7. Reconocimiento de personería

51. La Sala reconocerá personería a Omar Trujillo Polanía, para que actúe como
abogado principal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, en los términos y para
los efectos del poder otorgado mediante escritura pública No. 0167 de 16 de enero de
2024, que se encuentra en el índice 23 de Samai, y a la abogada sustituta Ana María
Londoño.

29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00329-01 (1511-2021)
Demandante: Jesús Otilio Castillo Rodríguez
Demandado: UGPP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Nariño, el 2 de septiembre de 2020, en cuanto accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Jesús Otilio Castillo Rodríguez en contra
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP–.

SEGUNDO: REVOCAR la condena en costas impuesta en primera instancia, por las
razones descritas en esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en segunda instancia.

CUARTO: Reconocer personería a Omar Trujillo Polanía, identificado con cédula de
ciudadanía 1.117.507.855 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 201.792 del
Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y a Ana María Londoño, identificada con
cédula de ciudadanía 1.110.582.594 de Ibagué y tarjeta profesional 354.136 del CSJ,
para actuar como apoderados principal y sustituto de la UGPP.

QUINTO: En firme esta providencia, archivar el expediente.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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