Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00332-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00332-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00332-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
18 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 52001233300020190033201 (2176-2020)
Demandante: Cilia Alicia Palma Cort és
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social 1.
Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida
el 12 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
1.1. Pretensiones
La señora Cilia Alicia Palma Cort és, por intermedio de apoderad a,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto e n el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, requirió
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 005190 del 1 9 de
febrero de 2019 y RDP 12613 del 22 de abril de 2019 , por medio
1 En adelante UGPP.
2 Expediente digital allegado a
3Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.
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Demandante: Cilia Alicia Palma Cort és
de las cuales, la entidad demandada negó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia .
A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) liquidar y pagar la pensión gracia desde el
5 de abril de 1999 , fecha en la que adquirió el estatus pensional
equivalente al 75% sobre la liquidación efectuada con base en todos
los factores salariales devengados en el «último año de
servicio» (sic); (ii) reajustar las sumas adeuda das aplicando el Índice
de Precio al Consumidor, y en caso de incumplimiento pagar el
interés moratorio establecido en el artículo 192 del CPACA ; y (iii)
pagar costas y agencias en derecho de conformidad con el artículo
188 Idem.
1.2. Hechos que funda mentan la demanda
La señora Cilia Alicia Palma Cortes expuso que nació el 5 de abril
de 1949 y laboró como docente de manera interrumpida del 19 de
septiembre de 1975 hasta el 18 de abril de 2014.
Indicó que e l 6 de noviembre de 2018 solicitó ante la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia y esta fue negada a
través de los actos administrativos demandados.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
La actora argumentó que con los actos adm inistrativos censurados
la entidad incurrió violación directa de la ley sustancial y
constitucional por error en la int erpretación en cuanto a los
requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia.
Adujo que la entidad no dio aplicación al principio fundamental de
aplicación de la «situación más favorable al trabajador en caso de
duda».
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Señaló que no es cierto que para la entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989 la docente debía cumplir con la totalidad de los requisitos
exigidos, y así lo h a ratificado el Con sejo de Estado y tampoco que,
para el 31 de diciembre de 1980, la relación laboral estuviera
vigente.
Solicitó además tener en cuenta las reglas y lineamientos
establecidos en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 .
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA
La UGPP se op uso a la prosperid ad de las pretensiones de la
demanda al considerar que la accionante no cumplió con los
requisitos para acceder a la prestación que reclama .
Aseveró que de las documentales aportadas, no se tiene
debidamente acreditados los tiempos de servicio docente, ni el tipo
de vinculación, ta mpoco el ori gen de los recu rsos co n los que le
fueron pagados los salarios , pues solo acreditó cert ificaciones que
resultan incompletas y no los actos d e nombramiento, de modo que
no se ha justificado la ausencia de prueba idónea.
Indicó que, si en gracia de discusión se aceptaran los mencionados
certificados de tiempo de servicio, el periodo correspondiente al
servicio prestad o en el municipio de Tumaco a partir del 2 de febrero
de 1994 no puede ser tenido en cuenta por ser de carácter nacion al,
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Señaló también que, los tiempos prestados entre el 1.º de febrero
de 1993 y el 31 de diciembre de 1993 con interrupciones , deben
desestimarse en atención a que la vinculación fue mediant e
contratos de prestación de servicios, los que no pueden se r tenidos
en cuenta por no generar vinculación directa con las entidades con
las que laboró y por no tratarse de una vinculación legal y
reglamentaria.
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En relación con los mencionados contratos, indicó que la existencia
del contrato realid ad debió ventilarse en instancia judicial previa a
este proceso. Agregó además que la buena conducta no se ha
dilucidado totalmente.
Propuso las siguientes excepciones (i) inexistencia de vulneración
de principios const itucionales y legales ; (ii) cobro de lo no debido ;
(iii) prescripción ; y (iv) solicitud de reconocimiento oficioso de
excepciones.
3. AUDIENCIA INI CI AL
El Tribunal Administrativo de Nariño , en acatamiento al artículo 180
del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial el 14 de noviembre de
2019, oportunidad en la que fijó el litigio en los siguientes términos:
«Cor r esponde la Co r por ación det er m ina r , si pr ocede declar ar la
nuli dad de los act os adm inist r at ivos cont enidos en las
Resoluc iones Nos. RDP 00519 0 de 19 de f ebr er o de 2019 Y RDP
012613 de 22 de abr il de 2019, a t r avés de las cuales la Un idad
Adm inist r at iva Espe cial de G est ión Pensiona l y Cont r ibuciones
Par af iscales de l a Pr ot ección Soc ia l - UG PP neg ó el
r econocim ient o, liq uidac ión y pago de una pensión gr acia de
j ubilac ión a la doce nt e Cili a Al icia Pa lm a Cor t és, y se r esolvió en
f or m a negat iva un recur so de apelaci ón , r espect ivam ent e.
En caso de pr osper ar los car gos de nulida d en cont r a del act o
dem andado, a t í t ulo de r est ablecim i ent o del der echo se dec idir á
si es pr ocedent e or denar que la Un idad A dm inist r at iva Espec i al de
G est ión Pension al y Cont r ibucio nes Par af iscales de la Pr ot e cción
Socia l - UG PP, r econozca v pague la pe nsión gr acia а la se ñor a
Cil ia Al ici a Palm a Co r t és, cuyo m ont o ascender á al set ent a y cinco
por cient o ( 75%) del pr om edio de salar ios y f act or es que devengó
en el añ o inm ed i at am ent e ant er ior al cum pl im ient o d e los
r equisit os l egal es, est o es, ent r e el 5 de abr il de 199 8 y el 5 de
abr il de 19 99. De se r así , si se debe or denar el r eaj ust e conf or me
al í ndice de pr ecios al consum idor a los int er eses de ley, y si se
debe declar ar la pr escr ipción de a l guna de las m esadas
pensiona les. »
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 4
El Tribunal Administrativo de Nariñ o profirió sentencia el 12 de
4 Folios 137 a 143.
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febrero de 2020 , por medio de la cual declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada ,
así:
«SEG UNDO . - O rdenase a l a Uni dad Admi ni st rat i va Especi al de
G est i ón Pensi onal y Cont ri buci ones Paraf i scal es de l a
Prot ecci ón Soci al - UG PP, r econocer y pagar una pensión gr acia
de j ubilac ión a l a se ñor a Ci l i a Al i ci a P alm a Cort es, ef ect iva a par t ir
del 5 de abr il de 199 9, en cuant í a equivalent e al set ent a y cinco por
cient o ( 75%) del prom edio de t odo lo devengado dur ant e el año
pr evio a la adqu isic i ón de su der echo, e st o es, ent r e el 5 de abr il d e
1998 y el 5 de abr il de 1999.
Teniend o en cuent a que se t r at a de pa g os de t r act o sucesivo, los
valor es que se adeu dan se act ual izar án m es por m es, aplica ndo la
f or m ula indicada en la par t e m ot iva de la pr ovidencia.
Declár ense pr escr it as las m esadas pen siona les ant er ior es al 6 de
noviem br e de 2015.
[ …]
CUA RT O . - Condenase en cost as a la par t e dem andada, a favor de
la par t e dem andant e. Se liquidar án por la Secr et ar í a de est a
Cor por ación .
[ …] ».
El a quo indicó q ue , de acuerdo con las normas que regulan la
materia, así como los lineamientos establecidos en sentencia del
Consejo de Estado de 22 de octubre de 2018, con ponencia de la
consejera Sandra Lisset Ibarra Véle z 5, en un caso de supuestos
jurídicos simila res, se verificó en el presente caso que a través de
la certificaci ón que emitiera la Secretaria de Educación Municipal de
Tumaco, donde , según el Decreto 080 de 19 de septiembre de 1975,
la actora ejerci ó como maestra con vinculación municipal, desde el
19 de septiembre de 19 75 hasta el 30 de diciembre de 1992.
Que, posteriormente, mediante contratos de prestación d e servicios
que celebró el municipio de Tumaco con la actora, como docente, al
servicio del Centro Educación Especial del Municipio de Tumaco,
tiene carácter de municipal, y su contraprestación devino de
5 Radicado 20001-23-39-000-2015- 00529-01(3878-17).
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recursos propios d el municipio, en el periodo comprendido entre el
1.º de febrero hasta el 31 de diciembre de 1993.
Sobre estos, señaló que el Consejo de Estado, ha mantenido su
posición , en el entendido de que , para el cómputo de la pensión
gracia, estos perio dos se deben reconocer de manera oficiosa, ya
que la labor del docente contratista no es independiente, sino que
el servicio se presta de manera personal y subordinada al
cumplimiento de los reglamentos propios del servidor p úblico de la
educación y, porque, para su reconocimiento no se requieren
realizar cot izacion es.
Por último, encontró demostrado que mediante el Decreto 0022 de 2
de febrero de 1994, fue nombrada docente en la Institución
Educativa I.T.P.C del Municipio de Tumaco en propiedad, desde el
17 de enero de 1994 hasta el 18 de abril de 2014 .
Por lo anterior, y dado que la act ora cumplió también el requisito de
la edad, y no fue sancionada disciplinariamente , es merecedora de
la prestación que reclama a partir del 5 de abril de 1999, la cual
deberá ser indexada .
Igualmente, señaló que las mesadas pensionales anteriores al 6 de
noviembre de 2015 se encuentran prescritas, teniendo en cuenta que
la reclamación de la pensión gracia se elevó el 6 de n oviembre de
2018.
Teniendo en cuenta que la actora incurrió en gastos del proceso,
impuso costas a la entidad demandada atendiendo l o dispuesto en
el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y
366 del Código General del Proceso –CGP–.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN
La UGPP solicitó revocar la decisión adversa a los inte reses de la
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entidad y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda para
lo cual, expuso los mismo s argumentos propuestos en la
contestación de la demanda, es decir, que no se tiene certeza sobre
los tiempos de servicio allegados, no existe la prueba idón ea en
donde conste el tipo de vinculación de la demandante ; que la
vinculación posterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989
es nacional; que la vinculación mediante contratos de prestación de
servicios no pueden ser contabilizados y; que no hay claridad sobre
el origen de lo s recursos con los cuales le fueron pagados los
salarios.
En relación con las costas, de manera subsidiaria solicitó revocarlas
en el evento de confirmar la decisi ón del tribunal, toda vez que la
oposición no fue temeraria, ni hubo abuso del derecho, el recurso
no es meramente dilatorio y la actora no acreditó los gastos en los
que incurrió, por lo que no se encuentran probados.
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
6.1 La parte demandante 6, solicitó co nfirmar la sentencia toda vez
que, de acuerdo con las pruebas allegadas , la docente cumplió con
todos los requisitos de ley para acceder a que se le reconozca la
pensión gracia.
6.2 La entidad demandada 7 reiteró lo s argumentos expuestos en el
recurso de apelación .
La Agencia Nacional de Defensa Jurí dica del Estado y el Min isterio
Público guardaron silencio .
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
6 Memorial allegado a SAMAI, visible a índice 13.
7 Memorial allegado a SAMAI, visible a índice 14.
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apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8 y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Códi go
General del Proceso 9.
2.2. Problema s jurídicos
Corresponde a la Sala , de acuerdo con el recurso de apelación
interpuesto por entidad demandada, determinar:
• Si la señora Cilia A licia Palma Cortés en su calidad de docente
oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia
en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y
demás normas que regulan dicha prestación .
• Si le asist ió razón jurídica al a quo al condenar en costas a la
entidad demandada.
2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.3.1. La pensión gracia.
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un té rmino no menor
de 20 años.
Respecto de los co ndicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior.El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por
su parte, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado
al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública y
autorizó la suma de servicios prest ados en diversas épocas al
computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la
inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Con la Ley 37 de 1933, el beneficio se hizo extensivo a los maestros
de escuela que hubieren completado el tiempo de servicio s señalado
por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional», «nacionalizado» y
«territoria l».
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia p ara los docentes al establecer
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen
o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá,
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos .
En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los d e carácter territo ria l y nacionalizado, es decir, con
exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particu lar, la Sala
Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto
de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.
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Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o nat uraleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE -S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 10 previó las
pautas jurisprudenciales a seguir en relación con el presupuesto
proveniente del situado fiscal y la titularidad de los recursos
provenientes del sistema general de participaciones.
Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos
regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados y
en ese sentido se aclaró que el universo de esos recursos con los
que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a su s presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas, por lo que no es dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacion alizados se con vierten en
educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territo rial,
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con
la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.
La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de
docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar
sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en
su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
10Consejo de Estado, Secc ión Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territ orial.
En cuanto al origen de los recursos de la entidad nominadora, se
señaló que lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la certificación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territo rial o nacio nalizada.
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 11, la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisp rudencial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que lo s docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cua ndo acrediten una vinculación
territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciembre de 1980
y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencia l definieron
que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual
son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de
resolución tanto en sede administrativa como judicial.
En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años
en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o in spector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con
alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre
y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los
11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
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demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la edad de 50
años y haber observado buena conducta.
2.3.2 De los servicios prestad os a través de contratos y órdenes
de trabajo
El Decreto 2277 de 1979, define la profesión docente, en los
siguientes términos:
«Artículo 2. PROFESION DOCENTE. Las personas que ejercen la profesión
docente se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión
docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de
educación en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta
definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los
planteles educativos de supervisión e inspección escolar, de programación y
capacitación educativa, de consejería y orientación de educando, de educación
especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine
el reglamento ejecutivo.
Artículo 3. EDUCADORES OFICIALES. Los educadores que prestan sus servicios
en entidades oficiales de orden nacional, departamental, distrital, intendencial,
comisarial y municipal son empleados oficiales de régimen especial que, una vez
posesionados, quedan vinculados a la administración por las normas previstas en
este decreto»
Sin embargo, ante la imposibilidad de crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria con
cargo al presupuesto estatal, las entidades territoriales optaron,
entre otras modalidades 12, por proveer los cargos docentes con
personas instruidas en el ejercicio de la referida activid ad, a través
del contrato de prestación de servicio s.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación 13 ha sido clara en
señalar que el tiempo de servicio pr estado por los docentes
mediante órdenes o contratos de prestación de servicios, sí resulta
12 Vinculación como la interinidad, los nombramientos en provisionalidad e
inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras.
13Ver entre otras sentencias del: 15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000
2007 91356 01 (1465 -09); 10 de marzo de 2016, radicado 52001 -23-33-000-
2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
250002342000201500 03201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado
52001-23-33-000-2016- 00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado
17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).
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computable para efectos de acreditar los 20 años de ejercicio de la
docencia en el nivel territorial o nacionalizado requeridos para ser
beneficiario del derecho pe nsional reclamado. Así, por ejemplo, en
reciente providencia se sostuvo:
«[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida
cuenta de que la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación
de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que
haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa
modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta
que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.
De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando
se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional […]»14, y si el intérprete judicial, «[…] en un
caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente
contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base
en el artículo 53 de la CP […]»15.
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado
por el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para
que sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite,
previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
.[…]» 16
En conclusión, para efectos de la pensión gracia y en aras de
acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia requeridos por la
Ley 114 de 1913, deben tenerse en cuenta los servicio s prestados
por los docentes vinculados a través de contratos u órdenes de
trabajo o prestació n de servicios, en razón a que ejercen las mismas
funciones que los vinculados en propiedad mediante un acto legal y
reglamentario. En este punto, lo relevante es que el docente, al
14 S e n t e n c i a C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
15 I b i d e m .
16Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 30 de septiembre de
2021, radicación número: 70001-23-33-000-2016-00191-01(0728-18).
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reclamar el derecho, haya presta do esos servicios en un
establecimiento del nivel territoria l o nacionalizado.
2.4. Caso concreto
2.4.1 Actuación admini strativa
I) El 6 de noviembre de 2018 , la accionante solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
II) La UGPP mediante la Resolución RDP 005190 del 19 de
febrero de 2019 , negó la petición, para lo cual , argumentó que los
tiempos obrantes en el plenario no podía ser tenidos en cuenta por
tratarse de una vinculación nacional .
Indicó, además, que, al 29 de diciembre de 1989, la actora solo
acreditó 14 años de servicio y contaba con solo 40 años de edad por
lo que no cumplió con todos los requisitos a la entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989.
III) La actora interpuso recurso de apelación, resuelto por medio
de la Resolución RDP 12613 del 22 de abril de 2019 , que confirm ó
la decisión con los mismos argumentos expuestos en el acto
administrativo recurrid o y adicionalmente, señaló que los tiempos
laborados por orden de prestación de servicio , no pueden ser
tenidos en cuenta.
2.4.2 Hechos probados y análisis del caso concreto
2.4.2.1 La demandante nació el 5 de abril de 1949 17, por tanto,
el mismo día y mes de 1999, cumplió 50 años de edad.
2.4.2.2 Respecto del tiempo de servicio docente , se observa lo
siguiente:
A) Del periodo comprendido entre el 19 de septiembre de 1975 y
17 A s í
consta en la copia de la cédula de ciudadanía allegada con la demanda,
así como en el registro civil de nacimiento.
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el 30 de diciembre de 1992 , nombrada mediante el Decreto 080
del 19 de septiembre de 1975
• Según el Acta del 19 de septiembre de 1975, la actora tomó
posesión del cargo de « Maestra Municipal de Tumaco,
nombrada mediante Decreto Nro. 080 del 19 de septiembre de
1975, emanado de la Alcaldía Mu nicipal de T umaco». La
posesión se realizó ante el secret ario de educación y e l
secretario general de Tumaco.
• De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Hist oria Laboral, emitido por la Secretaría de
Educación de Tumaco, el 13 de enero de 2020, se señala que
el «TIPO DE VINCULACIÓN» es « Municipal».
Se relacionaron los siguientes extremos temporales así:
Acorde con las piezas reseñadas, lo que constituye relevancia para
determinar si la docente tiene el derecho o no al reconocimiento de
la pensión gracia, es si fue nombrad a docente antes del 31 de
diciembre de 1980 y si se t rató de una vinculación de carácter
territorial o nacionalizada .
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Del acto de posesión allegado a solicitud del Tribunal Administrativo
de Nariño, es preciso resaltar que la nominación fue emanada del
alcalde de Tumaco , en calidad de representante del ente territorial,
en uso de las facultades que le son inherentes, es decir, que no se
señala que haya invocado norma que permita inferir que actuaba
como delegado de la Nación; designación que tampoco proviene del
Ministerio de Educación Nacional y no fue allegada alguna evidencia
de la que se pu eda concluir que el mismo se efectu ó con
intervención de la Nación . Sumado a ello, no se especific ó que los
pagos de los salarios fueran procedentes de esta cartera .
Adicionalmente, de manera expresa, se registró que se n ombraba a
la actora como maestra del municipio de Tumaco y conforme al
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral ,
se desempeñó en la Escuela María Auxiliadora de Tumaco , es decir,
que fue nombrada maestra en una plaza del propio ente territorial .
Sobre este nombramiento es posible determinar que ocurrió antes
del 31 de diciembre de 1980, lo que por regla general correspondería
a un vínculo territorial o nacionalizad o .
Ahora, en lo que corresponde a determinar cuándo un docente es de
carácter territoria l o nacionalizado, resulta relevante destacar que
la Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, litera l b), de la Ley 91
de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación
que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían
sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) t erritoriales.
Específicamente, expuso:
«3. 2. 2. Así m ism o, se obser va por la Cor t e que, ant es de la
" naciona lizac ión" d e la educac ión pr i m ar ia y secundar ia of icial
decr et ada por la Ley 43 de 1975 par a ser cum plida en un per í odo
de cinco añ os, es deci r hast a el 31 de di ci embre de 1980,
exi st í an dos cat e g orí as de docent es of i ci al es, a saber: l os
naci onal es, vi ncul ados l aboral ment e de manera di rect a al
M i ni st eri o de Educaci ón Naci ona l ; y l os t erri t ori al es,
vi ncul ados l aboralment e a l os depart ament os , en nada se oponí a
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a la Const it ución ent onces en vigor , q ue exist ier a para ést os
últ im os la denom ina da " pensión gr acia" , de que t r at a la Ley 114 de
1913, post er ior m ente ext endida a otr os docent es por las leyes 116
de 1928 y 37 de 1933, com o t am poco se opone la pr olongaci ón de
sus ef ect os en el t i em po par a quiene s act ualm ent e la disf r ut an, o
r eunier on l os r equi sit os sust ancia les par a t ener der echo a ell a
ant es del 31 de diciem br e de 1980, pues la diver sidad del
em pleador ( nación o depar t am ent o) , perm it í a, conf orm e a la Car t a,
est ablecer un t r at o dist int o y una exc epción al pr incip io gener al
pr ohibit ivo de devengar dos asignacio nes del Tesor o Público,
sit uación ést a qu e r esult a igu alm e nt e acom pasada con la
Const it ución Po lí t ic a de 1991, pues la nor m a acusada ( ar t í culo 4º ,
num er al 3º Ley 114 de 1913) , en nada vulner a e l pr inc ipi o de la
igua ldad consagr ad o por el art í culo 13 de la Car t a M agna, el cual
pr ohibe ( sic) dispe n sar t r at o dif er ent e y discr im inado " por r azones
de sexo, r aza, or ige n nacion al o f am i liar , lengua, r el igió n, o pini ón
polí t ica o f ilos óf ica" , nada de l o cual o cur r e en est e caso. [ …] »
(Negrilla de la Sala)
Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado
de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territoria l antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por l a Ley 43 de 1975 ». En similar
sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C -085 de 2002,
indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoria les».
Sumado a lo anterior, en lo que corre sponde a dicha diferencia esta
Corporación en la citada sentencia de unificación CE -SUJ2-011-
18 del 21 de juni o de 2018 , concluyó:
«Por su par t e, se ent iende por personal naci onal i zado ( i) aquel
que siendo t er r it or ia l ant es del 1. de en er o de 1976 f ue obj et o del
pr oceso de nacional izació n inic iado con la expedic ión de la Ley 43
de 1975; y ( ii) los q ue a par t ir de esa f echa se hayan vi nc ulado a
una plaza de aquellas que f uer on naciona liz adas en vir t ud,
t am bién, del a ludi do pr oceso adel ant ado por la nor m a en cu est ión
( Ley 43 de 1975) .
Ent r e t ant o, debe ent ender se por personal t errit ori al el vinculado
por ent idades de es e or den a par t ir del 1. de ener o de 1976 , sin el
cum plim ient o de l r e quisit o est ab lec ido en el ar t í culo 10 d e la Ley
43 de 1975; est o es, que la plaza a ocupar haya sido cr eada de
f or m a exclusiva por el ent e local y los g ast os que est a gene r e se
cubr a n con car go a su pr opio pr esupues t o. »
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Adviértase que esas reglas jurisprud enciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con los todos elementos de juicio
para concluir sin lugar a equívoco el tipo de vinculación del
respectivo docente.
Lo anterior permit e colegir que, para dicho periodo, la docente, en
principio ostentarí a una vinculación territorial, pues la misma tuvo
lugar antes de la nacionalización de que trata la Ley 43 de 1975 .
Lo anterior, coincide con la informació n contenida en la certificación
relacionada que indica que el tipo de vinculación es municipal.
Por consiguiente, esta Corporación concluye que la accionante
ocupó el cargo de educadora en el periodo analizado y que la
naturaleza de la vinculación fue territorial , lo que permite que sean
tenidos en cuenta a efectos de la pensión gracia , por lo cual, este
tiempo es susceptible de acreditar la vinculación antes del 31 de
diciembre de 1980 y de ser contabilizado para efectos de colmar el
requisito de tie mp o de servicio s exigido para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia (20 años).
B) Del periodo comprendido entre el 1.º de febrero y el 1 de julio
de 1993 y entre e l 13 de septiembre y el 31 de diciembre de
1993, nombrad a mediante contrato / orden de prestación de
servicios.
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• De acuerdo con la información allegada en el Formato Único para
la Expedición de Historia Laboral , ant es referido , respecto a este
específico periodo, se señala que los aportes a segurid ad social
se realizaron a la entidad de previsión del municipio de Tumaco.
De la lectura de referido contrato , es posible colegir que el objeto
del mismo fue la presta ción del servicio docente en el Centro de
Educación Especial que funciona en el municipio de Tu maco , por
cinco (5) meses .
Invocó como soporte , a efectos de declaratoria de caducidad e
inhabilidades , invo có las normas con tenidas en el Decreto 222 de
1983 «Por el cual se e xpiden nor m as sobr e cont r at os de la Nación y sus
ent idades descent r a lizad as y se dict an ot r as disposicio nes» .
De manera expresa, se indica que el valor del contrato se imputa al
presupuesto del municipio de Tumaco, correspondiente a la vigencia
fiscal de 1993.
En ese orden, es dable concluir que el representante del ente
territorial no invocó normas que permitan inferir que actuaba como
delegado de la Nación y, por tanto, la designación no p roviene del
Ministerio de Educación Nacional ; t ampoco fue allegada alguna
evidencia de la que se pu eda concluir que dicho nombramiento se
efectuó con intervención de la Nació n y estuvo suscrito únicamente
por el alcalde municipal y la cont ratista.
Lo anterior no se p uede confundir , pues, contrario a lo manifestado
por la entidad demandada, lo que se pretende en un proceso para
obtener el denominado contrato realidad o como se denomina
actualmente, relación laboral subyacente, la figura de la realidad
sobre las formas t iene otro objetivo y es el reconocimiento de las
diferencias salariales e n igualdad de condiciones a quienes tienen
una vinculación de planta desconociendo la actividad docente que
ejerció independientemente de cómo se hubiese dado la vinculación ,
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de acuerdo con lo expuesto en el marco normativo relacionado ut
supra.
En este sentido lo relevante es que el docente al reclamar el derecho
haya prestado esos servicios en un establecimiento del nivel
territorial o nacionalizado , tal y como ocurre en el presente caso.
Ahora bien, en relación con el periodo comprendido entre el 13 d e
septiembre y el 31 de diciembre de 1993, obra copia de la orden de
trabajo suscrita por el secretario de educación municipal en el que
indica lo siguiente:
Lo anterior permite colegir que la orden de trabajo se emitió en aras
de cumplir en forma opor tuna con las actividades educativas
correspondientes al año lectivo , es decir, que se logra co nstatar que
se le vinculó para p restar el servicio d ocente y, por ende, no se hace
necesario que exista un proceso previo en donde se haya declarado
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la figura de la realidad sobre las form as , por cuanto , la Ley 114 de
1913, lo que está permitiendo es la retribución a quien haya ej ercido
la labor docente, sin importar la naturaleza ni la clase de
vinculación .
Teniendo en cuenta que, en el asunto bajo análisis, la docente fue
contratada por la entidad territorial, después de la nacionalización
adelantada por la Ley 43 de 1975, no cabe duda para esta Sala que
dichas vinculacion es mediante contrato de prestación de servicio y
orden de trabajo resultan computables para acceder a la pensión
gracia pues dan cuenta de que la demandante fue vinculada al
servicio del municipio de Tumaco, co mo docente en el periodo
referido, labor que , como se dijo, resulta ser efectiva para acceder
al beneficio de la pensión gracia, pues las leyes que regulan la
materia la concibie ron como una compensación o retribu ción a favor
de los maestros que laboraran en el nivel territoria l sin exigir una
calidad de vinculación específica 18, por lo que es dable co ncluir que
ostentó una vinculación nacionalizada .
Cabe advertir además que , en este caso, el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral emitida por el FO MAG
indica que la naturaleza jurídica del vínculo correspondería al
municipal, situación que si bien no coincidiría con la interpretación
de esta Sala, ello no obsta para que estos tiempos sean tenidos en
cuenta para el cálculo, en aras de acreditar los 20 años de servicio.
C) Del periodo comprendido entre el 17 de enero de 1994 y el 18
de abril de 2014, nombrada mediante el Decreto 0022 del 2
de febrero de 1994.
18 E n
igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección
Segunda Subsección A del 27 de junio de 2018, radicado interno 3597-2015, y
más recientemente en sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado interno
4868-2015. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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[…]
[…]
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Alcalde Municipal de Tumaco Secretario de Educación Mcpal.» ( s i c )
Del análisis del acto de nombramiento, se evidencia que el
nominador fue el representante del ente local, es decir, el alcalde
municipal de Tumaco , Nariño quien invocó las facultades contenidas
en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y los Decreto s Ley 2277 de
1979 y 1706 de 1989 .
En cuanto a la Ley 29 de 1989 se tiene:
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«Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito
Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados,
plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo
en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y
que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los
cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las
disponibilidades presupuestales correspondientes.
[…]
Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a
cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon.
Parágrafo 2º.- La Nación no asume responsabilidad alguna por los nombramientos
que excedan las plantas de personal aprobadas por el Gobierno Nacional para la
respectiva jurisdicción municipal y para la jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni
nacionalizará el personal así designado.
Los nombramientos y demás novedades de personal que se llegasen a producir por
fuera de las respectivas plantas de personal o contraviniendo las normas del
Estatuto Docente y de la Carrera Administrativa y las disponibilidades
presupuestales correspondientes, serán de exclusiva responsabilidad del municipio
o entidad territorial que los hiciere, y suyas las cargas civiles, administrativas y
laborales que de tales actuaciones se desprendan. El funcionario que produjere el
nombramiento o la novedad de personal, incurrirá en causal de mala conducta, y
responderá solidariamente con la entidad que dicho funcionario represente.
[…]»
Sobre el particular, se precisa que el nombramiento en uso de las
facultades otorgadas en el artícu lo 9 de la Ley 29 d e 1989, no
significa per se que la vinculación sea nacional, puesto que en virtud
de esa disposición normativa se asignaron a los alcaldes
municipales las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar
y, en general, administrar el person al docente y administrativo de
los estab lecimientos educativos nacional o nacionalizados.
El Decreto Ley 2277 de 1979, Estatuto Docente, «Por el cual s e
adopt an nor m as sob r e el ej er cicio de la pr of esión docent e» , dispuso en
el «Capítulo II» lo relativo a las condiciones generales para ejercer
la docencia, y en el artículo 5 reguló lo relat ivo a no mbramientos,
para lo cual, determinó que a partir de la vigencia de ese decreto
sólo podrían ser nombrados para ejercer la docencia e n planteles
oficiales de educa ción quienes posean título docente o a crediten
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estar inscritos en el escalafón nacional docente, de conformidad con
los requerimientos establecidos para cada uno de los distintos
niveles del sistema educativo nacional.
Así, el artículo 61 ibidem señala lo pertinente a los traslados de
docentes por parte de la entidad nominadora, mientras que el 69
reglamentó lo concerniente a las renuncias que de manera libre
pueden presentar aquellos maestros que se desempeñen en
propiedad.
Por su parte, el Dec reto 1706 de 1989 , entre otras cosas, definió las
funciones de la Junta Nacional del Escalafón Docente y reglamentó
los artículos 7, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989, con la intención de
desarrollar un régimen que se adecuara a la administración de la
prestación del servicio educativo.
Pues bien, de acuerdo con dicha normativa, se observa que las
mismas no delegan de modo alguno en el representante territorial
facultades para nombrar docentes en nombre de la Nación, por el
contrario, como se puede colegir, lo que se pretende con estas es
regular de manera clara conceptos como traslados, renuncias y
nombramientos para la debida administración del servicio educativo
por parte del nominador.
Además, este acto administrativo fue suscrito por el a lcalde y su
secretario de educación , es decir, sin intervención alguna de
representantes del gobierno Nacional.
Como se señaló anteriormente, el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral del FOMAG , indica q ue el tipo de
vinculación es municipal, aunque en realidad sería na cionalizado ,
sin que ello interfiera para que dichos tiempos sean contabilizados.
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente de la
señora Cilia Alicia Palma Cortés no se modificaron pues , como se
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observa, la vincula ción de la educadora se mantuvo incólume al no
existir ruptura del vínculo laboral, sit uación que se corroboró con la
certificaciones allegadas a solicitud del a quo, suscritas por la
secretaria de educación municipal de Tumaco 19 que indican q ue su
vinculación como maestra fue municipal y , adicionalmente, se indicó
de manera expresa e inequívoca que su pago se efectuaba con
recursos propios d el municipio , así:
En el mismo sentido, la que a continuación se relaciona:
19 D e l 13 de enero de 2020.
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Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que la accionante acreditó
los 20 años de servic io requeridos p ara la pensión gracia el 14 de
enero de 1996 .
CALCULO DE PERÍODO
ACTO ADMINISTRATIVO FECHA INICIO FECHA FINAL
DIA MES AÑO DIA MES AÑO (-)DIA
Decreto 080 del 19 de septiembre de 1975 19 9 1975 30 12 1992 6222
Contrato O.P.S 0026 del 1 de febrero de 1993 1 2 1993 1 7 1993 151
Orden de trabajo 13 9 1993 31 12 1993 109
Decreto 0022 del 2 de febrero de 1994 17 1 1994 14 1 1996 718
7200
2.4.2.3 En relación con el requisito de buena conducta, certificación
por parte de la Secretaría de Educación de Tumaco a solicitud del a
quo, que da cuenta que, revisad os los archivos que reposan en esa
entidad y en la hoja de vida de la accionante , se pudo constatar
«[ q] ue la m encionada docent e NO REG ISTRA SAN CI Ó N DI SCI PLI NARI A
ALG UNA en su hist o r ia labor al des de su ingr eso hast a su r et ir o. » (sic)
A este respecto, se presume la buena fe de la interesada en cuanto
al cumplimiento del requisito de honradez, consagración y buena
conducta, pues adicionalmente, dicho tópico no fue objeto de
discusión en sede administrativa o en la primera instancia .
Así las cosas, esta Sala tiene el convencimiento de que la
accionante (i) p restó sus servicio s como docente de carácter
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; (ii)
cumplió 50 años de edad el 5 de abril de 1999, fecha en la que
alcanzó el estatus pensional ; (iii) acreditó 20 años de servicios el
14 de enero de 1996 ; y (iv) no existen pruebas de que haya incurrido
en causal de mala conducta, lo que indica que es beneficiari a de la
pensión gracia.
• De la prescripción de las mesa das pensionales
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Demandante: Cilia Alicia Palma Cort és
Ahora bien, la accionante adquirió el derecho a la pensión gracia el
5 de abril de 1999 , solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia el 6 de noviembre de 2018 y la d emanda fue
presentada el 19 de junio de 2019 20.
Dilucidado lo anterior, cobra relevancia recordar que , el término de
prescripción empieza a correr desde la fecha en la que el derecho
se hace exigible y la interrupción ocurre por una sola vez en un lapso
igual contado desde la reclamación administrativa.
En ese orden, sin mayores disquisiciones sobre el particular,
teniendo en cuenta que se trata de una obligación periódica , la
petición en sede administrativa tuvo la virtualidad de interrumpir el
fenómeno de la prescripción por encontrarse dentro de los tres años
anteriores a la presentación de la demanda de manera que se
configuró el fenómeno de la prescripción de las mesadas causadas
con anterioridad al 6 de noviembre de 2015, tal y como lo dispuso el
a quo.
• ¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas a la
entidad demanda da en sede de primera instancia?
La UGPP solicitó revocar la condena en costas por con siderar que
debió tenerse en cuenta que no hubo temeridad ni mala fe y advirtió
que la d emandante no acreditó haber incurrido en gasto alguno,
razón adicional para revocar la condena impuesta.
Ahora bien, resulta necesario recordar que en lo que respecta a este
punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá a la tesis
que se hab ía sostenido con anteriorid ad a la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, pues se entiende que la decisión de primera
instancia fue proferida previamente a la referida circunstancia.
20 S e g ú n consta en el Acta Individual de Reparto.
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Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la
sentencia apelada ( 12 de febrero de 2 020 ), asumir que, en virtud del
criterio objetivo va lorativo para la im posición de las costas, debía
excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la temeridad de las
partes y, en consecuencia, procedía la referida co ndena contra la
parte demanda da por haber resultado vencida en juicio .
Ahora, en lo que corresponde a la d emostra ción de la causación de
las agencias esta Sala considera que fue razonable la decisión del
tribunal, pues contrario a lo manifestado por la en tidad, la
accionante tuvo que incurrir en gast os para contratar un abogado
que iniciara y llevara adelante el proceso judicial para obtener el
reconocimiento pensional, con las implicaciones que ello acarrea.
Por lo anterior, habrá de confirmarse lo dispuesto en la sentencia
recurrida sobre ese tópico.
3. Conclusión
Conforme a lo expuesto, la señora Cilia Alicia Palma Cortés logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, por lo
que le asiste el derecho a la pensión gracia .
En ese sentido, esta Subsección considera que deberá confirmarse
la sentencia proferida el 12 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Nariño , que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda .
4. Condena en costa s
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas a la UGPP, comoquiera que si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o n o, lugar a condenar en costas,
lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
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Demandante: Cilia Alicia Palma Cort és
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión del
recurso de apelación , no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se suste ntaron las razones en defensa
jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.
5. Otras determinaciones
Según consta en el aplicativo SAMAI , mediante memorial visible a
índice 13, la abogada el abogado Gloria Ximena Arellano Calderón ,
identificad a con la cédula de ciudadanía 31.578.572 y tarjeta
profesional 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura , solicitó
el reconocimiento de personería para actuar como apoderad a
judicial de la entidad demandada, para lo cual, adjuntó el poder
contenido en la escrituras públicas 602 del 12 de febrero de 2020
otorgada en la Notaría 73 de Bogotá D.C. , por lo que , le será
reconocida personería para actuar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia proferida el 12 de febrero de
2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño , que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la
señora Cilia Alicia Palma Cortés contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP–, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia .
SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia por lo
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Demandante: Cilia Alicia Palma Cort és
expuesto.
TERCERO. Reconocer personería a la abogada Gloria Ximena
Arellano Calderón , portadora de la tarjeta profesional 123.175 del
Consejo Superior de la Judicatura para representar a la entidad
accionada .
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecuto riada esta provide ncia devolver e l expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023) .
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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