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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2019-00373-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2019-00373-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, los cuales quedarán así: “DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en la Resolución N° RDO-2017-03284 de 19 de septiembre de 2017 y la Resolución No. RDC-2018-01229 de 5 de octubre de 2018, proferidas por la UGPP” 42 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp. 26208 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 52001-23-33-000-2019-00373-01 (28798) Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP liquidar los aportes al sistema de seguridad social a cargo del actor, tomando como IBC lo expuesto por el Consejo de Estado. Así mismo, se declara que no hay lugar a la sanción impuesta en los actos acusados. Finalmente, la entidad deberá devolver al actor las sumas a las que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 y previa verificación de los pagos.” 2. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia. 3. En lo demás, confirmar la sentencia apelada. 4. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 52001-23-33-000-2019-00373-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

29 de mayo de 2025

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00373-01 (28798)
Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 52001-23-33-000-2019-00373-01 (28798)
Demandante RICARDO ALEXANDER ERAZO BENAVIDES
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Liquidación de aportes. Términos para expedir la liquidación
oficial y el acto que resuelve el recurso de reconsideración.
Base gravable independientes. Mensualización de ingresos.
Costos y gastos. Presunción de veracidad de la declaración de
renta. IBC de enero. Aplicación Ley 1753 de 2015. Sanción por
omisión y causal de exculpación. Condena en costas.
Devolución de aportes. Planilla J

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 12 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala Primera de Decisión, que dispuso1:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en la
Resolución Nº RDO-2017-03284 de 19 de septiembre de 2017 y la Resolución No. RDC-2018-
01229 de 5 de octubre de 2018, proferidas por la UGPP, únicamente en lo referente a la
sanción por omisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
DECLARAR que no hay lugar a la sanción impuesta en los actos que se anulan.
TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, de conformidad con lo expuesto.
QUINTO: ACEPTAR el impedimento formulado por el Magistrado Álvaro Montenegro
Calvachy, integrante de la Sala Plena de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño,
conforme a las consideraciones dadas.
SEXTO: En firme esta providencia, procédase al archivo del expediente, previo a las
anotaciones y registros a que dé lugar en el sistema informático de gestión judicial SAMAI.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RDC 2016-03390 del 22 de
diciembre de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), profirió la
Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-03284 del 19 de septiembre de 2017, por medio
de la cual determinó los aportes a salud y pensión a cargo del actor por los períodos
de enero a diciembre de 2014, y lo sancionó por la conducta de omisión.

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Índice 2, expediente digital/ 1.Expediente digital hasta la fecha/18.Fallo
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00373-01 (28798)
Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

Contra la anterior decisión se presentó recurso de reconsideración, el cual fue
resuelto mediante la Resolución Nro. RDC 2018-01229 del 5 de octubre de 2018,
en el sentido de reducir el monto de los aportes y la sanción2.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
“PRETENSIÓN PRINCIPAL:
Se declare la NULIDAD del siguiente acto administrativo:
1. Resolución No. RDO-2017-03284 del 19 de septiembre de 2017: “Por medio de la cual
se profiere a RICARDO ALEXANDER ERAZO BENAVIDES, identificado con la cédula de
ciudadanía (...), liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación de los
aportes al sistema de seguridad social integral en el Subsistema de Salud y Pensiones,
y se sanciona por omisión” cuyos períodos están comprendidos entre enero a diciembre
de 2014, determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad social por
salud y pensión por un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($56.364.000) y sanción por omisión, por un
valor de CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE
($112.728.000).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
A. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que, en caso
de NO conceder la pretensión principal de NULIDAD TOTAL del acto administrativo de
liquidación oficial se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados
en la presente demanda, y si es del caso, proceda a realizar una reliquidación en solo lo
desfavorable a mi poderdante de la presunta deuda fijada por la UGPP en la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración, declarando la nulidad parcial del siguiente
acto:
1. Resolución No. RDC-2018-01229 del 05 de octubre del 2018: “Por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución No. RDO-2017-
03284 del 19 de septiembre de 2017” cuyos períodos están comprendidos entre enero
de 2014 a diciembre de 2014, determinando una presunta obligación al sistema de la
seguridad social por salud y pensión por un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($56.162.200) y sanción
por la omisión anterior, por un valor CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($112.324.400).
B. De igual forma, Señor juez, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi poderdante al
haber interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el dado
caso se obligue a realizar un pago a seguridad social. Solicitamos cordialmente que se le
EXONERE del pago de los intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad
social, permitiéndole a mi representando por medio de la sentencia utilizar la
correspondiente planilla tipo J, la cual se utiliza para condenas de sentencia judicial.
SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
A. Sobre el Daño Emergente:
1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos incurridos en
la defensa jurídica ejercida por mi poderdante durante el proceso de fiscalización de la
UGPP y para interponer la presente demanda de nulidad y restablecimiento. Los valores

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Índice 2, expediente digital/ 1.Expediente digital hasta la fecha/07cd ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
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Índice 2, expediente digital/ 1.Expediente digital hasta la fecha/01CUADERNO 1 PARTE1
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00373-01 (28798)
Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

de los gastos incurridos son un por un valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.450.868), los
cuales se prueban con los contratos de prestación de servicios suscritos con el suscrito
y que se allegan en el acápite de pruebas de la presente demanda.
2. En el caso de una eventual declaración de nulidad total o parcial de los actos atacados,
solicitamos cordialmente, se ordene a la Unidad, la devolución de los dineros pagados
por concepto de pago de seguridad social del año fiscalizado, respeto al CAPITAL,
INTERESES MORATORIOS Y/O SANCIONES POR OMISIÓN INEXACTITUD O MORA.
CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29, 48 y
338 de la Constitución Política; 107, 330, 617 y 618 del Estatuto Tributario; 2, 3 y 5
de la Ley 797 de 2003; 50 de la Ley 1739 de 2014; 18 de la Ley 1122 de 2004; 135
de la Ley 1753 de 2015 y 1º del Decreto 3085 de 2007. Los cargos de nulidad se
resumen de la siguiente manera:

1. Falsa motivación. Principio de reserva de ley
Sostuvo que para el período fiscalizado (2014) era un independiente por cuenta
propia, sin embargo, para esa época el congreso no había definido la base gravable
para ese tipo de sujetos, pues si bien se existía la Ley 1122 de 2007, allí únicamente
se hizo referencia a los contratistas de prestación de servicios. Puso de presente
que ese vacío legal fue subsanado con la expedición de la Ley 1753 de 2015.
También explicó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 ordenó al Gobierno
reglamentar el sistema de presunción de ingresos sobre las actividades económicas
de los declarantes del impuesto de renta, lo cual no ocurrió para el 2014 y, aún en
caso de haberlo cumplido, era un asunto de competencia exclusiva del legislador.
Agregó que, en caso de considerar que sí existía la obligación de aportar, debía
cotizar sobre los ingresos declarados ante la entidad administradora a la cual se
afiliara (artículo 6 de la Ley 797 de 2003) o sobre el salario mínimo legal vigente por
aplicación del principio de favorabilidad.
Puso de presente que el Decreto 806 de 1998 desconoce el principio de jerarquía
normativa al reglamentar los afiliados al sistema, por ser una materia de
competencia del legislador.

2. Notificación. Silencio administrativo positivo

Adujo que la liquidación oficial fue expedida y notificada por fuera del término de los
6 meses que establece el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 (modificado por el
artículo 50 de la Ley 1739 de 2014), esto es, desde la respuesta al requerimiento
para declarar o corregir. Además, aunque el recurso de reconsideración se
interpuso oportunamente, la notificación del acto que lo resuelve se hizo por fuera
del año consagrado por el legislador, configurándose un silencio administrativo
positivo.

Así las cosas, debía declararse la nulidad de la actuación de conformidad con lo
previsto en el numeral 3 del artículo 730 del Estatuto Tributario.

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Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

3. Presunción de veracidad de la declaración de renta

Sostuvo que su denuncio rentístico del año 2014 gozaba de presunción de
veracidad, razón por la cual la UGPP no podía desconocer los costos y gastos allí
reportados y tomar únicamente los ingresos para determinar el IBC de los aportes,
actuación que desconocía el principio de buena fe.

4. Falta de competencia de la UGPP

Indicó que la entidad no tenía la facultad para analizar o rechazar las erogaciones
declaradas en renta, pues se trataba de un asunto que estaba en cabeza
únicamente de la DIAN. En ese sentido, debía liquidarse el IBC de los aportes
tomando la renta líquida gravable.

5. Indebida presunción de ingresos

Reprochó que la demandada prorrateara en 12 meses los ingresos brutos
consignados en la declaración de renta del año 2014 desconociendo la certificación
expedida por el contador, la cual daba cuenta de sus ingresos mensuales. Se tiene,
que la UGPP incurrió en una violación normativa al exigir el pago de las
contribuciones sobre una base ajena a la realidad.

Consideró que dicha certificación debía ser analizada, más cuando en otros
procesos de fiscalización la Administración había aceptado las explicaciones del
contador sobre las erogaciones e ingresos.

6. IBC del año anterior

Sostuvo que la liquidación oficial debía declararse nula comoquiera que omitió
liquidar el IBC del mes de enero de 2014 con base en el salario del año 2013, tal
como lo ordenaba la Resolución 2358 de 2016 del Ministerio de Salud. Así se
vulneró su derecho a la igualdad porque en otros casos se liquidó correctamente la
base de cotización.

7. Liquidación de la sanción por omisión

Explicó que el requerimiento para declarar y/o corregir le fue notificado en el año
2017, momento para el cual ya estaba vigente la Ley 1819 de 2016, que contempló
una sanción que le era más favorable, no obstante, la Administración omitió aplicarla
cuando en otros casos similares al suyo lo hizo. Precisó que aun cuando los
requerimientos eran actos de trámite debían estar debidamente motivados y
respetar el principio de correspondencia.

Además, en virtud del cambio normativo, la entidad pudo emitir una ampliación al
requerimiento para declarar y/o corregir para modificar el porcentaje aplicable para
el cálculo de la sanción en aras de respetar la garantía de los derechos del
administrado.

8. Liquidación del IBC. Favorabilidad tributaria

Adujo que para el momento en que fueron proferidos los actos de liquidación ya se
encontraba vigente la Ley 1753 de 2015, por lo que en virtud del principio de
favorabilidad la entidad debió liquidar los aportes sobre el 40% de los ingresos, tal
como lo hizo en casos similares al presente.
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Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

Oposición de la demanda

La UGPP controvirtió las pretensiones del actor, por lo que pasa a exponerse4:

Frente al primer cargo expuso que, de conformidad con los artículos 15 y 157 de
la Ley 100 de 1993; 33 de la Ley 1438 de 2011 y el Decreto 1406 de 1999, los
trabajadores independientes (como el demandante) estaban en la obligación de
afiliarse y pagar las cotizaciones al sistema de seguridad social al contar con
capacidad de pago5.

Por su parte, la base gravable estaba definida en la aludida Ley 100 al disponer que
correspondía a los ingresos efectivamente percibidos para lo cual debía acudirse al
Decreto 510 de 2003. Así mismo, el artículo 30 del Decreto 1406 de 1999 dispuso
que los aportantes estaban obligados a declarar de manera autónoma, por ende,
carecía de fundamento alguno las apreciaciones del actor sobre la falta de
regulación al respecto. Agregó que la base de cotización prevista en la Ley 1753 de
2015 ya se venía aplicando, y que el único factor novedoso fue el límite del 40%.

Respecto al segundo cargo adujo que los actos acusados fueron expedidos y
notificados dentro del término legal para ello.

Sobre el tercer cargo indicó que le fue imposible tomar los costos y gastos de la
declaración de renta del actor debido a que el simple reporte de estos no acreditaba
el cumplimiento de los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad que
exige el artículo 107 del Estatuto Tributario para su reconocimiento. Además, que
en el proceso de fiscalización al demandante se le brindó la oportunidad de ejercer
su derecho de defensa aportando los medios probatorios que estimara pertinente
para la depuración de su base gravable, carga que en todo caso no cumplió, por
ende, no era responsabilidad de la Administración que el resultado le fuera
desfavorable.

En cuanto al cuarto cargo precisó que era contradictorio que en el cargo anterior
el demandante reprochara el desconocimiento de sus erogaciones por parte de la
UGPP para la determinación de la base gravable y, seguidamente, afirmara que la
entidad carecía de competencia para analizar y cuestionar tales conceptos.

A partir de esto refirió que por mandato de las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012;
el Decreto Ley 169 de 2008, los Decretos 3033 y 575 de 2013 contaba con
facultades legales para determinar la correcta liquidación y pago de las
contribuciones, entre las que se encontraba la verificación de los requisitos del
artículo 107 del Estatuto Tributario para la procedencia de las erogaciones, sin que
ello implique asumir competencias ajenas, puesto que su marco de acción son los
aportes al sistema de seguridad social.

En relación con el quinto cargo explicó que el certificado de contador aportado por
el actor no contenía las exigencias previstas en la norma para su validez, por lo que
fue imposible tomarlo como prueba. En ese sentido, la determinación del IBC
obedeció a la mensualización de los ingresos reportados en renta, la aceptación de
algunos costos y la aplicación de la limitante de los 25 SMLMV.

Frente al sexto cargo informe que la determinación del IBC del mes de enero fue

4
Índice 2, expediente digital/ 1.Expediente digital hasta la fecha/04CUADERNO 1 PARTE4.
5
También mencionó las sentencias de la Corte Constitucional C-1089 de 2003 y C-578 de 2009
5
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corregida con la expedición de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, lo que generó la disminución de los aportes y la sanción.

Respecto al séptimo cargo explicó que para el momento en que fue expedido el
requerimiento para declarar y/o corregir no se encontraba vigente la Ley 1819 de
2016, por lo que era improcedente su observancia. No obstante, al proferirse la
liquidación oficial se aplicó lo dispuesto en el artículo 314 ibidem por ser más
favorable para el actor.

Finalmente, en lo atinente al octavo cargo afirmó que en este asunto se aplicaron
las normas vigentes para el momento de los hechos, siendo imposible acatar lo
dispuesto en la Ley 1753 de 2015 por tratarse de una disposición posterior, so pena
de vulnerar el principio de irretroactividad que rige en materia tributaria.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, declaró la nulidad
parcial de los actos demandados por lo siguiente6:

1. Notificación de los actos demandados

De conformidad con el artículo 710 del Estatuto Tributario, la liquidación oficial debe
ser notificada dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo
para dar respuesta al requerimiento especial, a su vez, según el artículo 707 ibidem,
el plazo para atender dicho requerimiento era de 3 meses a partir de su notificación.
De manera que, el plazo para la expedición del acto de liquidación debía
contabilizarse a partir del vencimiento de los 3 meses aludidos, y no a partir de la
fecha de radicación de la respuesta al requerimiento como lo entendía el actor.

En este caso el requerimiento para declarar se expidió el 22 de diciembre de 2016
y fue notificado el 4 de enero de 2017, por lo que el plazo para dar respuesta fenecía
el 4 de abril de 2017. Es a partir de esta última fecha que empezaba a correr el
término para que la UGPP profiriera la liquidación oficial, el cual terminaba el 4 de
octubre del mismo año. Comoquiera que dicho acto fue puesto en conocimiento del
interesado el 25 de septiembre de 2017 no se incurrió en irregularidad alguna.

Precisó que la indebida notificación no era causal de nulidad del acto, sino que
afectaba su eficacia lo que facultaba al interesado para acudir directamente ante la
jurisdicción. No obstante, el demandante interpuso el recurso de reconsideración
quedando en evidencia que tuvo conocimiento de la liquidación oficial, descartando
de plano la nulidad por violación al derecho de defensa y audiencia.

Precisó que como el recurso fue interpuesto el 21 de noviembre de 2017, la entidad
tenía plazo para resolverlo hasta el 21 de noviembre de 2018, y debido a que ello
ocurrió el 5 de octubre de 2018 y notificado el 22 del mismo mes y año (el 21 era
día festivo), también se encontraba dentro del término legal. No prosperó el cargo.

2. Deber de cotizar de los rentistas de capital

Señaló que el actor estaba en la obligación de efectuar los aportes a salud y pensión
por tratarse de empresario, comerciante y rentista de capital, dedicado al “Transporte
de carga por carretera” y “cría de ganado bovino y bufalino”, quien además contaba con
capacidad de pago según su declaración de renta del año 2014.
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Índice 2, expediente digital/ 1.Expediente digital hasta la fecha/18.Fallo
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3. Base gravable

Sostuvo que, contrario a lo señalado por el demandante, el ingreso base de
cotización correspondía a los ingresos percibidos por su actividad económica, que
se determinan fundamentalmente a través de lo declarado en renta. Bajo ese
contexto, los elementos esenciales de la obligación estaban determinados en el
ordenamiento jurídico, puntualmente en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993.

Así, era válido que la UGPP tomara el denuncio rentístico del interesado para
estimar su capacidad de pago y a partir de allí determinar la obligación de cotizar.
A su vez, estimó que era improcedente liquidar el IBC sobre un salario mínimo o
presunción de ingresos al conocerse las sumas reportadas en renta.

Precisó que el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 era inaplicable a este caso ya que
reguló únicamente la base de cotización de los independientes contratistas de
prestación de servicios, categoría diferente al demandante.
4. Presunción de ingresos y reconocimiento de costos y gastos
Expuso que, si el demandante no estaba de acuerdo con la mensualización de los
ingresos que hizo la UGPP, debió aportar las pruebas que evidenciaran las fechas
en que los recursos ingresaron a su patrimonio, sin embargo, en el proceso de
fiscalización optó por guardar silencio y en sede judicial se limitó aportar una
certificación expedida por su contadora sobre los costos, pero sin soporte alguno.
Manifestó que para que los costos sean deducibles son necesarias las facturas con
el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 del Estatuto
Tributario, además se debe probar la causalidad, necesidad y proporcionalidad de
la expensa, de manera que es insuficiente la mera certificación contable.
Destacó que si las erogaciones declaradas en renta son desvirtuadas por la
administración se desvirtúa su presunción de veracidad bajo los parámetros
consagrados en el artículo 746 del mencionado estatuto. De manera que la
inactividad probatoria del actor impidió una decisión diferente por parte de la UGPP.
Agregó que, como en el presente asunto quedaron demostrados los ingresos con la
declaración de renta del contribuyente, no era cierto que la entidad hubiera acudido
a alguna presunción de ingresos. Además, la parte actora incumplió con su carga
de probar la procedencia de los costos y deducciones.
5. Presunción de veracidad de la declaración de renta
Consideró que, si bien las erogaciones declaradas en renta se presumían veraces
por mandato del artículo 746 del Estatuto Tributario, para su reconocimiento estaban
sujetas al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 107 ibidem. En ese
orden, la mera certificación de la contadora era insuficiente para respaldar esa
información, más aún porque del mero registro de las expensas en el denuncio era
imposible determinar su relación con la actividad económica.
Sumado a esto, en los casos en que la Administración solicitara una comprobación
especial, se invertía la carga de la prueba y, en su lugar, le correspondía al
contribuyente probar los hechos en que fundamentó su declaración tributaria,
especialmente cuando alegaba aspectos negativos del tributo como ocurría en este
caso. Destacó que el interesado no desplegó actividad tendiente a demostrar que
sus costos y gastos cumplían con los requisitos establecidos por el legislador.
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6. Competencia de la UGPP
Reiteró que para la determinación del IBC era imposible deducir las expensas de la
actividad productora de renta cuando no se demostrara su relación de necesidad,
causalidad y proporcionalidad.
Seguidamente adujo que, de conformidad con las leyes 1151 de 2007, 1393 de 2010
y 1607 de 2012, el Decreto Ley 169 de 2008 y el Decreto 575 de 2013, la UGPP
contaba con las facultades para determinar la correcta liquidación y pago de los
aportes, y en virtud de estas podía tomar la información reportada ante la DIAN.
Sumado a que las decisiones administrativas deben estar fundamentadas en los
hechos que aparezcan demostrados en el expediente, por ende, quien alega algo a
su favor le asiste el deber de probarlo.
7. Base de cotización desmesurada
Aludió a los principios de irretroactividad y legalidad que rige las actuaciones
tributarias, para no acceder a la solicitud de liquidar el IBC en los términos del
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 ya que las normas tributarias se aplican hacía
el futuro, máxime cuando se trata de contribuciones parafiscales.
8. Procedencia de la sanción
El Tribunal exoneró del pago de ésta al demandante al considerar como válida la
errónea convicción de no estar obligado a afiliarse y realizar los aportes al sistema
de seguridad social, sin que ello implicara la exoneración del pago de las
contribuciones parafiscales ni de los intereses moratorios. Bajo esas
consideraciones declaró la nulidad parcial de los actos demandados, agregando que
no era procedente devolución alguna por la falta de acreditación de pagos por este
concepto.
Sostuvo que no se reconocería daño emergente toda vez que solo se aportó el
contrato de prestación de servicios entre el demandante y su apoderado sin que
fuera posible advertir su desembolso; además, el actor estaba obligado al pago de
las contribuciones parafiscales.
Finalmente, en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley
2080 de 2021, condenó en costas a la UGPP debido a la prosperidad parcial de las
pretensiones (50% de las pretensiones).
Recurso de apelación
Las partes apelaron la sentencia de primera instancia. El demandante7 propuso los
siguientes cargos.
1. Base gravable
Expuso que para el período fiscalizado no estaba afiliado a alguna entidad, por lo
que tampoco contaba con una declaración de ingresos, así le era imposible aplicar
la base de cotización prevista en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993. Señaló que
se acudió a la jurisdicción para que determinara si existía o no IBC para el año 2014.
2. Notificación. Silencio administrativo positivo
Manifestó que una vez atendido el requerimiento para declarar y/o corregir, la
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Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

entidad tenía un plazo de 6 meses para proferir y notificar la liquidación oficial, no
obstante, la UGPP excedió dicho término. Así mismo, el recurso de reconsideración
fue resuelto por fuera del año que dispone el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014,
todo lo cual daba lugar al silencio administrativo.

3. Presunción de veracidad de la declaración de renta

Insistió en el reconocimiento de las erogaciones reportadas en su denuncio
rentístico, y que la actuación de la demandad desconoció la presunción de
veracidad de dicho documento que aplica tanto para los ingresos como los costos y
gastos.

4. Falta de competencia de la UGPP

Alegó nuevamente que la entidad carecía de facultades legales para analizar los
costos y gastos registrados en renta, por ser asunto exclusivo de la DIAN ya que la
Ley 1157 de 2007 no la habilitó para ello.

5. Presunción de ingresos

Reprochó que la UGPP aprovechara la omisión del gobierno de reglamentar las
leyes que regularon la determinación del IBC para iniciar procesos de determinación
a los independientes dividiendo sus ingresos brutos en los 12 períodos fiscalizados,
desconociendo que el aporte se realiza sobre lo realmente percibido en el mes.
Destacó que, si bien la entidad expidió la resolución Nro. 1400 del 26 de agosto de
2019, que reguló la presunción de ingresos y costos, esta no era aplicable en este
caso comoquiera que se trataba de un período fiscalizado anterior a su
promulgación. Y, en todo caso, debía tenerse en cuenta la certificación expedida
por su contador, la cual reflejaba la realidad de lo percibido.
6. IBC mes de enero
Sostuvo que, por disposición de la resolución 2358 de 2016 proferida por el
Ministerio de Salud, la demandada debió liquidar el IBC de enero de 2014 tomando
en cuenta el salario mínimo del año 2013. Si bien dicho error fue corregido al
resolver el recurso de reconsideración, lo cierto era que la liquidación oficial fue
motivada de manera indebida con una base superior a la determinada en la norma,
violando a su vez el principio de correspondencia tributaria.
7. Principio de favorabilidad en la liquidación de la sanción
Explicó que el requerimiento para declarar y/o corregir le fue notificado en el año
2017, momento para el cual ya estaba vigente la Ley 1819 de 2016, que contempló
una sanción que le era más favorable, no obstante, la Administración omitió aplicarla
cuando en otros casos similares al suyo lo hizo. Precisó que aun cuando los
requerimientos eran actos de trámite debían estar debidamente motivados, de lo
contrario se desconocería el principio de correspondencia.
8. Liquidación del IBC
Expuso que para el momento en que fueron proferidos los actos de liquidación ya
estaba vigente la Ley 1753 de 2015, por lo que, en virtud del principio de
favorabilidad, la UGPP debió liquidar los aportes sobre el 40% de la base de
cotización, tal como lo hizo en otros casos similares al presente.
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La demandada por su parte apeló lo siguiente8:

1. De la sanción

Explicó que el artículo 647 del Estatuto Tributario, citado por el Tribunal, no era
aplicable al caso objeto de estudio, pues esa norma no estaba cubierta por la
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. En ese sentido, debía atenderse
exclusivamente lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado
por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, por tener un carácter especial.

Sostuvo que la diferencia de criterios no excluía la imposición de la sanción, toda
vez que se trataba de una causal prevista especialmente para algunas conductas,
como la establecida en el artículo 647 del Estatuto Tributario, la cual insiste no era
aplicable al presente asunto.

Adujo que en los actos acusados el actor fue sancionado por omisión en la afiliación
y/o vinculación y pago de los aportes, y no por inexactitud, como lo entendió el
Tribunal, lo cual conllevaba un error procedimental absoluto en su decisión.
Expuso que para el 2014 el actor tenía la obligación de afiliarse y pagar los aportes
al sistema de seguridad social, toda vez que contaba con capacidad de pago según
su declaración de renta, de manera que al no cumplir con su obligación legal era
viable la imposición de la conducta infractora.

2. De la condena en costas
A su juicio, la litis se trataba de un asunto de interés general. Además, exigía la
demostración de los gastos en que incurrieran las partes por lo que, de conformidad
con los artículos 365 del Código General del Proceso y 188 de la Ley 1437 de 2011,
no había lugar al pago de condena alguna.

Oposición a la apelación

Las partes no se pronunciaron en esta oportunidad

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación presentados por las
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la
liquidación oficial Nro. RDO 2017-03284 del 19 de septiembre de 2017 y la
resolución Nro. RDC 2018-01229 del 5 de octubre de 2018, por medio de las cuales
la UGPP determinó a cargo del actor los aportes al sistema de seguridad social por
los períodos de enero a diciembre de 2014, y lo sancionó por omisión.

De conformidad con los argumentos expuestos le corresponde a la Sala analizar: i)
la notificación de los actos demandados; ii) la regulación de la base gravable de los

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Samai del Tribunal. Índice 19.
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aportes al sistema de los independientes; iii) la liquidación del IBC para el mes de
enero iv) la determinación de los ingresos; v) el reconocimiento de los costos y
gastos declarados en renta; vi); la falta de competencia de la UGPP para analizar
las erogaciones del denuncio rentístico; vii) la aplicación de la Ley 1753 de 2015;
viii) la imposición de la sanción y el principio de favorabilidad y ix) la condena en
costas.

Análisis del caso concreto

1. Notificación de los actos demandados

El demandante afirma que una vez remitida la respuesta al requerimiento para
declarar y/o corregir, la entidad tenía un plazo de 6 meses para proferir y notificar la
liquidación oficial, no obstante, la UGPP excedió dicho término. Así mismo, el
recurso de reconsideración fue resuelto por fuera del año que dispone el artículo 50
de la Ley 1739 de 2014, todo lo cual daba lugar al silencio administrativo positivo.

Para decidir, se debe tener presente que las partes no discuten que la norma
procedimental aplicable era el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 (modificado por el
artículo 50 de la Ley 1739 de 2014), el cual establece que la UGPP está obligada a
enviar un requerimiento para declarar y/o corregir que debe ser respondido dentro
de los tres meses siguientes a su notificación. De manera que, “si el aportante no admite
la propuesta efectuada en el Requerimiento para Declarar o Corregir o en el Pliego de Cargos, la
UGPP procederá a proferir la respectiva Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, dentro de los
seis (6) meses siguientes, si hay mérito para ello.”

Así mismo, contra dicha liquidación oficial procede el recurso de reconsideración,
“el cual deberá interponerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la Liquidación
Oficial o la Resolución Sanción. La Resolución que lo decida se deberá proferir y notificar dentro del
año siguiente a la interposición del recurso”.

Precisado lo anterior, se evidencia que en este caso la demandada notificó por
correo el requerimiento para declarar y/o corregir Nro. RCD 2016-03390 del 22 de
diciembre de 2016, el día 4 de enero de 20179.

Bajo esas consideraciones, el plazo de los 3 meses para atender dicho
requerimiento vencía el 4 de abril de 2017, de manera que, era a partir de esa fecha
que se empezaba a contar el término de los 6 meses para la expedición de la
liquidación oficial, y no desde el momento en que fuera radicada la respuesta, como
lo entiende el actor, pues dicha circunstancia no fue consagrada en el mencionado
artículo 180 de la Ley 1607 de 2012.

Ahora bien, el plazo para expedir la Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-03284,
vencía el 4 de octubre de 2017 y, en todo caso fue proferida el del 19 de septiembre
de 2017 y notificada por correo el 25 del mismo mes y año10, es decir, dentro de los
6 meses referidos.

El día 21 de noviembre de 201711 el actor radicó el recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial, el cual fue resuelto mediante la Resolución Nro. RDC
2018-01229 del 5 de octubre de 2018, decisión que fue notificada de manera

9
Antecedentes administrativos. Carpeta “RDC DECLARAR”. “NOTIFICACIÓN”. Si bien en la constancia de la empresa de
correo el año de entrega es ilegible, lo cierto fue que en la liquidación oficial (página 1) dice que ocurrió en esa fecha, la
cual fue reconocida por el actor en el hecho quinto de la demanda.
10
Antecedentes administrativos. Carpeta “LIQUIDACIÓN OFICIAL”. “NOTIFICACIÓN.”
11
CD demanda. Anexos. Escrito recurso de reconsideración.
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personal al interesado el 22 de ese mismo mes y año12, es decir, antes de cumplirse
el año desde la interposición del recurso.

De conformidad con lo expuesto, los actos demandados fueron expedidos y
notificados en los términos del artículo 50 de la Ley 1739 de 2014, razón por la que
no hay lugar a la prosperidad de este cargo.

2. Base gravable de los independientes

El demandante expone que para el período fiscalizado no se encontraba afiliado a
alguna administradora, por lo que tampoco contaba con una declaración de ingresos
que le hubiera permitido determinar la base gravable para el año 2014 en los
términos establecidos en la Ley 100 de 1993. También indicó que acudió a la
jurisdicción para que definiera si en ese año existía IBC.

Comoquiera que los reparos del actor están encaminados a discutir la falta de base
gravable, la Sala reiterará el precedente que al respecto ha fijado13.

En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la
Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 15. AFILIADOS. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones
PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes
principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá́ guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera
que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de
solidaridad previstos en esta ley (…)”
“ARTÍCULO. 19.- BASE DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES.
Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de
prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren
ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos.
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser
subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del
aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente”. (Subraya de la Sala)

A su vez, según el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 “se entienden por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal,
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario.”

De conformidad con ello, en la sentencia que aquí se reitera se precisó que, si bien
el inciso primero de esa disposición hace referencia inicialmente a las personas
naturales con contratos de prestación de servicios, lo cierto es que lo pretendido es
reglamentar el artículo 15 de la mencionada Ley 100 de 1993, “el cual como se citó
anteriormente, hace referencia a los trabajadores independientes y a los ingresos efectivamente
percibidos, de ahí que lo dispuesto en el reglamento cobija a todos los trabajadores independientes
sean o no contratistas.”
12
Antecedentes administrativos. Carpeta “LIQUIDACIÓN OFICIAL”. “NOTIFICACIÓN PERSONAL.”
13
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp.26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
12
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Ahora, el artículo 107 del Estatuto Tributario permite deducir las expensas
realizadas en el ejercicio de la actividad económica, así:
“ARTÍCULO 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son deducibles las
expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tenga relación de causalidad con las actividades productoras
de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial,
teniendo en cuentas las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes”

Así mismo, el artículo 3 del Decreto 510 de 2003 se refirió a los límites de cotización,
por lo que los aportes no pueden ser inferiores a 1 SMLMV ni superar los 25 salarios,
rango que también resulta aplicable al subsistema de salud.

Sobre este punto la Sala, en la sentencia reiterada se refirió a la facultad
reglamentaria, especialmente en materia tributaria, señalando que no goza de un
ámbito de regulación autónomo y que el ejecutivo no “puede alterar o modificar el
contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la
administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al
legislador”14.

Sobre la base de pensión manifestó lo siguiente:
“Así mismo, al estudiar la legalidad de varios actos referentes a los aportes de trabajadores
independientes con contratos de prestación de servicios, tales como el mencionado Decreto
510 de 2003, el Decreto 1703 de 2003 y la Circular Conjunta 00001 de 2004, la Sala determinó
lo siguiente:
“Como se observa, la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores
vinculados por contrato de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el
Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad reglamentaria (art.189 [11] C.P.), expedir
los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no restrinja o exceda los
límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas”15.
Además, sobre la circular demandada en dicho proceso, en la que se hace referencia al 40%
del valor bruto mensualizado del contrato proporcional a los ingresos devengados, la Sala
consideró que este último concepto “debe ser objeto de reglamentación, pues si la ley no
define con exactitud los ingresos que sirven de base para la cotización, resulta válido que sea
a través del reglamento que se haga tal definición, respetando los límites legales 16”
Esta misma premisa aplica para este caso, puesto que cuando el legislador hizo referencia a
“ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” no los definió, de ahí que el ejecutivo estaba
facultado para reglamentar la materia, como efectivamente lo hizo en el parágrafo citado, sin
que ello implique asumir competencias que no le corresponden”.

Frente al ingreso base de cotización en materia de salud, la Sala hizo referencia al
parágrafo 2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: “para efectos de
cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional
reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de
educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio
de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar
dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos”.

Siguiendo con el precedente reiterado, para la determinación del IBC, el tema fue
decantado así:
14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 24 de febrero de 2015, exp.20998, C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
reiterado en sentencias del 4 de diciembre de 2019, exp.23781 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 14 de septiembre
de 2023, exp.26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2006, exp.15399 C.P. Ligia López Díaz
16
Ibidem
13
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“En cumplimiento de lo anterior [parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1193], mediante
el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995 17 se dispuso que era competencia de la
Superintendencia Nacional de Salud establecer el sistema de presunción de ingresos, lo que
llevó a la expedición de la Resolución Nro. 9 de 1996.
Posteriormente, el Decreto 806 de 1998, vigente para el año 2014, en su artículo 66
reglamentó la base de cotización para este tipo de trabajadores en los siguientes términos:
“Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud. En ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores
independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes”.
De igual forma, el Decreto 1406 de 1999 señaló:
“ARTICULO 25. INGRESO BASE DE COTIZACION PARA TRABAJADORES
INDEPENDIENTES AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-SGSSS. Las entidades promotoras de salud-EPS deberán, al momento de la
afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores independientes los cuestionarios que,
con el fin de determinar las bases presuntas mínimas de los aportes que dichos trabajadores
deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos de control o aquellos que sean
establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los
que resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en
la cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá
en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del
año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado
en un porcentaje igual al reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso
Base de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda”. (resaltos de la
Sala)
Finalmente, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33, consagró una presunción de capacidad
de pago y de ingresos así:
“ARTÍCULO 33. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Y DE INGRESOS. Se presume
con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo
o podrán ser afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto
a las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del
Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al
sistema estos últimos deberán ser ajustados”. (resaltos fuera del texto)

17
Decreto 1070 de 1995. Artículo 4. Las Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar ofreciendo el Plan Obligatorio
de salud del régimen contributivo a los trabajadores independientes que venían cotizando sobre un ingreso entre uno y
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hubieren afiliado con anterioridad al 20 de abril de 1995.
La Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización.
14
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Por lo anterior se establece que las declaraciones tributarias, como las de renta, son un
indicador de ingresos, lo cual permite evidenciar la capacidad de pago y su obligación de
aportar al sistema, aun en el evento de que no existiera un sistema de presunción de ingresos”.

Así las cosas, sobre la base de cotización de los trabajadores independientes sin
prestación de servicios, la Sala concluyó que el IBC “tanto para salud como para pensión
se compone de los ingresos percibidos por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización
inferior y superior (entre 1 y 25 SMLMV), y en todo caso, el mismo legislador ha señalado que estos
deben corresponder a los ingresos reales, de ahí que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos
presuntos o se omitiera la obligación, deben ajustarse a los declarados ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”

Se tiene entonces, para el año 2014 esta clase de trabajadores independientes,
entre los cuales se encuentra el demandante18, sí contaban con una base
determinada por el ordenamiento jurídico para realizar sus aportes al Sistema de
Seguridad Social sin que dicho elemento estuviera sujeto de modo alguno a la
declaración de ingresos ante la entidad a la cual se encontraba afiliado, como lo
afirmó el apelante, pues se reitera que corresponde a los ingresos realmente
percibidos por el obligado. En consecuencia, no prospera el cargo.

3. IBC del mes de enero

El apelante sostiene que la UGPP, para liquidar el ingreso base de cotización del
mes de enero de 2014, debió tener en cuenta el salario mínimo del 2013.

Sobre este punto, se tiene que, como lo resaltó la demandada y la sentencia de
primera instancia, en la resolución Nro. RDC 2018-01321 del 18 de octubre de 2018,
por la cual se resolvió el recurso de reconsideración, el IBC para el mes de enero
fue ajustado conforme a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 3085 de 2007,
teniendo en cuenta el salario mínimo mensual vigente para el año 2013, lo que
generó la disminución de los aportes y de las sanciones impuestas.

Así las cosas, el error incurrido en la liquidación oficial fue subsanado. Se destaca
que uno de los fines del recurso de reconsideración consiste en que la
Administración revise su actuación y de encontrar alguna falencia esta sea
corregida, sin que ello implique que en este caso se vulnere el principio de
correspondencia. No prospera el cargo.

4. Mensualización de los ingresos

El demandante aseguró que era improcedente dividir los ingresos declarados en los
12 meses del año 2014, pasando por alto que se trataba de un tema no
reglamentado por el Gobierno Nacional. A su vez reparó que se desconoció el
certificado del contador que discriminó los valores percibidos durante el período
fiscalizado.

La Sala evidencia que la UGPP tomó los reportados en la declaración de renta
($365.803.000), y los dividió en partes iguales por los 12 meses del año 2014, a
partir de lo cual determinó la base gravable de los aportes a la seguridad social, y
descartó la certificación de contador al no contar con soportes.

18
En la declaración de renta se consignó como actividad económica la 04923 que corresponde a transporte de carga por
carretera Así mismo, en el RUT se registró como actividad secundaria 0141 cría de ganado bovino y bufalino. Ambos
documentos se aportaron como pruebas con la demanda. Además estas actividades fueron reconocidas por la UGPP al
momento de resolver el recurso de reconsideración.
15
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Al efecto, la Sala advierte que con la demanda se aportó certificación de la
contadora del actor la cual tiene como anexo una relación de los ingresos
mensuales por la suma de $148.281.10019, así:

Mes Ingresos Mes Ingresos
Enero $3.000.000 Julio $9.976.000
Febrero $12.070.600 Agosto $7.821.180
Marzo $3.320.600 Septiembre $7.821.180
Abril $10.150.000 Octubre $7.821.180
Mayo $13.300.000 Noviembre $7.821.180
Junio $26.729.000 Diciembre $38.450.180

Lo anterior denota que el actor soportó la mensualización de los ingresos que
percibió por valor de $148.281.100; sin embargo, la Sala no puede desconocer que
en el denuncio rentístico del año 201420 el contribuyente reportó la suma de
$365.803.000, lo cual no controvirtió en sede administrativa ni judicial. En esas
condiciones, se advierte que entre lo probado y lo declarado existe una diferencia
de $217.521.900, valor que deberá ser prorrateado en partes iguales por los 12
meses fiscalizados, dada la omisión probatoria del interesado21, originando ingresos
de $18.126.825 por período.

En conclusión, la distribución de los ingresos del demandante es la siguiente:

Diferencia ingresos
Mes Ingresos soportados Total ingresos
declarados en renta
Enero $3.000.000 $18.126.825 $21.126.825
Febrero $12.070.600 $18.126.825 $30.197.425
Marzo $3.320.600 $18.126.825 $21.447.425
Abril $10.150.000 $18.126.825 $28.276.825
Mayo $13.300.000 $18.126.825 $31.426.825
Junio $26.729.000 $18.126.825 $44.855.825
Julio $9.976.000 $18.126.825 $28.102.825
Agosto $7.821.180 $18.126.825 $25.948.005
Septiembre $7.821.180 $18.126.825 $25.948.005
Octubre $7.821.180 $18.126.825 $25.948.005
Noviembre $7.821.180 $18.126.825 $25.948.005
Diciembre $38.450.180 $18.126.825 $56.577.005
Total $148.281.100 $217.521.900 $365.803.000

Así las cosas, este cargo de apelación prospera, razón por la cual se modificará la
sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar a la UGPP liquidar el IBC
de los aportes tomando los ingresos determinados en esta providencia.

5. Reconocimiento de costos y gastos declarados en renta

El demandante indica que, si la UGPP tomó los ingresos declarados en renta,
también debió tener en cuenta los costos y gastos allí reportados, los cuales se
presumían veraces.

Al respecto, es útil poner de presente que, como lo expuso la Sala 22, la remisión a
este denuncio privado no puede ser parcializada, es decir, únicamente valorar los
19
Índice 2, expediente digital/ 1.Expediente digital hasta la fecha/ 05CD Demanda y anexos/ INFORME EXCEL
MENSUAL.pdf
20
Índice 2, expediente digital/ 1.Expediente digital hasta la fecha/05CD Demanda y anexos/ DECLARACION DE RENTA.pdf
21
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 24 de noviembre de 2022, exp. 26206, reiterada en sentencia del
7 de marzo de 2024, exp. 26882, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 24 de noviembre de 2022, exp. 26206, reiterada en sentencia del
7 de marzo de 2024, exp. 26882, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

ingresos, sino que también deben tenerse en cuenta los costos y gastos en que
incurrió el contribuyente para desarrollar la actividad productora de renta, puesto
que la presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 cobija a toda la
declaración23. Sobre el particular, la Sección se pronunció en los siguientes
términos:
“En ese orden de ideas, si la UGPP tiene como sustento probatorio la declaración del impuesto
sobre la renta presentada por el demandante por el año gravable 2014, en los renglones 35 a
40, referidos a los ingresos, también debe tener en cuenta aquellos rubros que debe erogar
para desarrollar su actividad, en las condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario; esto es, los renglones correspondientes a costos y gastos denunciados, que deben
cumplir con los requisitos de dicha norma. Esta conclusión resulta reforzada con lo dispuesto
en el artículo 250 del Código General del Proceso, según el cual “La prueba que resulte de los
documentos públicos y privados es indivisible”.
Ahora bien: la UGPP bien podría solicitar comprobaciones especiales de las erogaciones que
pueden deducirse del ingreso base de liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad
Social, pero en el caso concreto estas se encuentran demostradas a través del mismo medio
probatorio que utilizó la demandada para acreditar los ingresos efectivamente percibidos por
el demandante. No es admisible que la declaración del impuesto de renta del aportante permita
acreditar aquellas situaciones que le perjudican, pero que se divida para desatender lo que le
beneficia.
La Sala insiste en la presunción de veracidad de la declaración de renta del demandante por
el año 2014, la cual no puede ser modificada o controvertida por otra autoridad diferente a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante liquidación de revisión,
conforme con el artículo 702 del Estatuto Tributario y el Decreto 4048 de 2008. En
consecuencia, el cargo de apelación está llamado a prosperar, por lo que de los ingresos que
sirven para determinar el IBC deben deducirse los costos y gastos reportados en la declaración
del impuesto sobre la renta del demandante” 24.

Según el precedente citado, se insiste en que la UGPP no puede desconocer los
costos y gastos registrados en la declaración de renta, puesto que, para este asunto,
ese fue el medio probatorio utilizado para determinar el monto de los ingresos25.

En ese contexto, considera la Sala que hay lugar al reconocimiento de las
erogaciones, destacando que, al igual que ocurrió con los ingresos, en el certificado
expedido por la contadora se discriminó el monto de las erogaciones para cada mes
fiscalizado, por la suma de $306.376.100, así:

Mes Costos y gastos Mes Costos y gastos
Enero $25.858.215 Julio $18.431.166
Febrero $36.326.996 Agosto $22.708.666
Marzo $25.064.166 Septiembre $20.133.166
Abril $37.521.767 Octubre $18.965.666
Mayo $30.903.166 Noviembre $22.487.621
Junio $28.296.522 Diciembre $19.678.983

Ahora bien, en la declaración de renta el interesado consignó que sus erogaciones
ascendían a la suma de $321.000.000, suma que no fue controvertida por las partes
y que, de conformidad con el precedente mencionado, debe tenerse en cuenta.

23
Artículo 746. Presunción de veracidad. Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en
las correcciones a las mismas o en las respuestas a los requerimientos administrativos siempre y cuando que sobre tales
hechos no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley lo exija.
24
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp. 26808, reiterada en las sentencias del 15
de junio de 2023, exp. 26698 y del 4 de abril de 2024, exp. 28342, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
25
Si bien en la demanda reposa la declaración de renta del año 2013 y no la del 2014, lo cierto es que el monto de las
erogaciones consta en el anexo del requerimiento de información, suma que en todo caso no fue controvertida por las
partes. PDF antecedentes administrativos. Página 112.
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Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

Así las cosas, entre los costos soportados con las pruebas allegadas por el actor y
los del denuncio rentístico existe una diferencia de $14.623.900, la cual será dividida
en partes iguales para cada uno de los meses del año 2014, de manera que la
totalidad de los costos aceptados en esta instancia corresponde a lo siguiente:

Total costos y gastos Diferencia mensualizada con
Mes Total
soportados los registrados en renta
Enero $25.858.215 $1.218.658 $27.076.873
Febrero $36.326.996 $1.218.658 $37.545.654
Marzo $25.064.166 $1.218.658 $26.282.824
Abril $37.521.767 $1.218.658 $38.740.425
Mayo $30.903.166 $1.218.658 $32.121.824
Junio $28.296.522 $1.218.658 $29.515.180
Julio $18.431.166 $1.218.658 $19.649.824
Agosto $22.708.666 $1.218.658 $23.927.324
Septiembre $20.133.166 $1.218.658 $21.351.824
Octubre $18.965.666 $1.218.658 $20.184.324
Noviembre $22.487.621 $1.218.658 $23.706.279
Diciembre $19.678.983 $1.218.658 $20.897.641
Total $306.376.100 $14.623.900 $321.000.00026

De conformidad con lo expuesto, se determina la base de cotización del actor así:

Ingreso
Mes Ingreso Costo IBC27
depurado
Enero $21.126.825 $27.076.873 -$5.950.048 $0
Febrero $30.197.425 $37.545.654 -$7.348.229 $0
Marzo $21.447.425 $26.282.824 -$4.835.399 $0
Abril $28.276.825 $38.740.425 -$10.463.600 $0
Mayo $31.426.825 $32.121.824 -$694.999 $0
Junio $44.855.825 $29.515.180 $15.340.645 $15.341.000
Julio $28.102.825 $19.649.824 $8.453.001 $8.453.000
Agosto $25.948.005 $23.927.324 $2.020.681 $2.021.000
Septiembre $25.948.005 $21.351.824 $4.596.181 $4.596.000
Octubre $25.948.005 $20.184.324 $5.763.681 $5.764.000
Noviembre $25.948.005 $23.706.279 $2.241.726 $2.242.000
Diciembre $56.577.005 $20.897.641 $35.679.364 $15.400.000

Se destaca que para los meses de enero a mayo la depuración del IBC arrojó un
déficit, es decir, que no existe base para cotizar, asunto sobre el cual la Sección ha
manifestado que si “después de realizada la mensualización […] se genera para cada periodo
un valor inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, la demandante no tiene la obligación de
realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social por estos conceptos” 28 lo cual tiene sustento
en que el deber de aportar presupone “la existencia de un ingreso efectivo por parte del
trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización” 29.

Además, para el mes de diciembre la base de cotización se limita a los 25 SMLMV
de la época30 y para los demás períodos corresponde a los ingresos efectivamente
percibidos.
En ese contexto, se ordenará a la UGPP reliquidar el IBC según el cálculo efectuado
por esta Sala en la presente providencia.
26
Valor aproximado
27
Valores aproximados en aplicación del artículo 10 del Decreto 1406 de 1999
28
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de julio de 2023, exp.26641, C.P. Milton Chaves García, reiterada
en sentencia del 2 de noviembre de 2023, exp.26639, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 23 de noviembre de
2023, exp.26613, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
29
C-1089 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis
30
El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2014 era de $616.000.
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Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

6. Competencia de la UGPP
El recurrente señala que la entidad carecía de facultades legales para analizar los
costos y gastos de la declaración de renta, y no podía rechazarlos fundamentándose
en la Ley 1151 de 2007.

Para resolver se tiene que, el artículo 156 de la citada ley creó a la UGPP y, dentro
de sus funciones, previó la de realizar “Las tareas de seguimiento, colaboración y
determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la Protección Social. Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán
enviar las entidades que administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la
Protección Social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores
administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente para
establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto
de tales recursos. Esta misma función tendrán las administraciones públicas. Igualmente la UGPP
podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de
estos recursos. (…) (subrayas fuera del texto)

En el Decreto Ley 169 de 2008, artículo 1º, se reglamentó el ejercicio de las
funciones de la UGPP y se estableció que para ejercer el seguimiento, colaboración
y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones, contaría con amplias facultades para adelantar acciones como
solicitar información, verificar la exactitud de las declaraciones, adelantar las
investigaciones que considere convenientes, solicitar explicaciones y documentos,
requerir informes o testimonios, efectuar cruces de información con las autoridades
tributarias, entre otros31.

Así, destaca la Sala que dentro de las competencias asignadas a la UGPP se
incluye la verificación de la información que obtenga del cruce de información con
otras entidades, como en efecto lo hizo con los ingresos de la declaración de renta
del demandante del año 2014 para la determinación del IBC de las contribuciones
de ese período. No obstante, y de conformidad con el precedente reiterado en el
cargo anterior, lo que le está vedado a la entidad es desconocer esas erogaciones
del denuncio rentístico cuando precisamente esa fue la prueba valorada para la
determinación de los ingresos.

Precisado lo anterior, la Sala no dará prosperidad al presente cargo, comoquiera
que ya se ordenó el reconocimiento tanto de los costos debidamente soportados,
como de la diferencia encontrada con lo declarado en renta, asunto que finalmente
era el que perseguía el actor con los argumentos aquí analizados, al estar
enfocados a la improcedencia de su rechazo por parte de la UGPP ante una
presunta falta de competencia.

7. Principio de favorabilidad

Sostiene el apelante que el momento en que fueron proferidos los actos de
liquidación ya estaba vigente la Ley 1753 de 2015, por lo que la UGPP, en virtud del
principio de favorabilidad debió liquidar los aportes sobre el 40% de los ingresos, tal
como lo hizo en otros casos similares.

Para resolver este asunto, se pone de presente que esta norma aplica desde su
vigencia, es decir, de julio de 2015 en adelante, y no para los períodos anteriores a

31
Ver sentencia del 3 de octubre de 2024, exp.26293, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

éste como lo pretende el actor32. Se aclara que en materia sustantiva impositiva no
hay lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, so pena de vulnerar el
principio de irretroactividad de la ley tributaria, consagrado en los artículos 338 y
363 de la Constitución Política33.

8. Imposición de la sanción

Sobre este asunto se pone de presente que el tribunal levantó la sanción por omisión
considerando que se configuró el eximente de responsabilidad debido a la errónea
convicción que tenía el actor de no estar obligado a afiliarse ni realizar el pago de
los aportes al sistema de seguridad social.

El demandante pese a que este aspecto le fue favorable apeló la decisión de primera
instancia, reclamando la aplicación de la Ley 1819 de 2016 por resultarle más
favorable.

Por su parte la UGPP en su recurso de apelación plantea que en este caso debía
atenderse exclusivamente lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012
(modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016) , por tener un carácter especial.
Además, la diferencia de criterios no excluía la imposición de la sanción, toda vez
que se trataba de una causal prevista especialmente para algunas conductas, como
la del artículo 647 del Estatuto Tributario, la cual no se aplicó al presente.

Agregó que en los actos acusados el actor fue sancionado únicamente por omisión
y no por inexactitud, como lo entendió el Tribunal, lo cual conllevaba un error
procedimental absoluto de su decisión. En todo caso, para el año 2014 el
demandante tenía la obligación de afiliarse y pagar los aportes al sistema de
seguridad social al contar con capacidad de pago según su declaración de renta, de
manera que al no cumplir con su deber era viable la imposición de la conducta
infractora.

Para resolver este asunto, se pone de presente que desde la demanda el actor
planteó la falta de regulación de la base gravable de los aportes a cargo de los
independientes, de ahí que el tribunal en su decisión analizara el eximente de
responsabilidad de la sanción bajo una diferencia de criterio con la administración
sobre la obligación de pagar los aportes. Sumado a esto, en el recurso de apelación
el demandante insistió en la falta de normas para determinar el IBC de las
contribuciones parafiscales34.

Al respecto, esta Sección y la Corte Constitucional35 han señalado que “no es
admisible una responsabilidad tributaria objetiva. Es decir, que no será válido que la autoridad
tributaria, en ejercicio de la potestad sancionadora, imponga una sanción al contribuyente solo por
la constatación del resultado censurable previsto en la norma que regula la infracción”36.

32
En iguales términos se pronunció la Sala en sentencias del 23 de noviembre de 2023, exp.27594, y del 4 de abril de 2024,
exp.28342, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
33
Artículo 338. (…) Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.
34
A esto se suma que en la apelación la UGPP no discutió que la decisión del Tribunal vulnerara el principio de congruencia
de las decisiones judiciales. En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 4 de abril de 2024, exp. 28342 y
recientemente en sentencia del 8 de mayo de 2025, exp. 29441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
35
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-597 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
36
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de agosto de 2016, exp. 19851, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, reiterada en la sentencia del 11 de junio de 2020, exp. 21640, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
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Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

Bajo este contexto, el error sobre el derecho aplicable como causal de exoneración
de responsabilidad punitiva, constituye la materialización, en el régimen
sancionador tributario, de la prohibición constitucional de formas de responsabilidad
objetiva en las que la sanción se impone simplemente como consecuencia de la
realización de la conducta sancionable, sin tener certeza de la responsabilidad
subjetiva del infractor37, de ahí que su estudio o valoración sea procedente “ya sea que
la legislación lo reconozca explícitamente o que omita mencionarlo en el texto de las normas
sancionadoras.”38

Es por lo anterior que aunque la sanción de que trata el artículo 179 de la Ley 1607
de 2012 resulta independiente y autónoma de la establecida en el artículo 647 del
Estatuto Tributario, la Sala, de manera pacífica ha considerado que “Aunque el artículo
197 de la Ley 1607 de 2012 no prevé la “diferencia de criterios sobre el derecho aplicable” como
causal eximente de las sanciones previstas en dicha norma, ello no excluye que sobre estas pueda
predicarse el “error sobre el derecho aplicable”, que pueda exonerar de la sanción al sujeto pasivo.
Lo anterior, por cuanto, como lo ha señalado la Sala, ese error constituye “una figura ínsita en el
contenido de las disposiciones punitivas”, como garantía del debido proceso” 39:

Descendiendo al caso concreto, el Tribunal consideró como válida la errónea
convicción del demandante de no estar obligado a afiliarse y realizar los aportes al
sistema de seguridad social de ahí que, el actor considerara que no estaba obligado
a cotizar al sistema.

La Sala comparte dicha postura, pues se ha considerado que “la literalidad de la norma
llevaba a fundamentar un entendimiento de que en la categoría de trabajador independiente no
residía la de los comerciantes, así que ha sido producto de las decisiones judiciales la clarificación
de que, en una interpretación amplia de los artículos 13, 15, 156 y 157 de la Ley 100 de 1993, en la
categoría de independientes estaban integrados aquellos que no cuentan con un contrato de trabajo
o una relación legal o reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago”40

De esta manera, era viable que el demandante creyera que no estaba obligada a
pagar los aportes a favor del sistema de seguridad social en salud y pensión, y la
consecuente convicción de que no estaba incurriendo en algún comportamiento que
contraviniera el ordenamiento jurídico41.

En esas condiciones, se impone a la Sala negar el recurso de apelación formulado
por la entidad y confirmar la sentencia apelada al respecto.

Así mismo no hay lugar a estudiar los reparos propuestos por el demandante en su
recurso de apelación sobre la sanción propuesta en el requerimiento para declarar
y/o corregir, comoquiera que la misma fue anulada.

9. Condena en costas

La UGPP solicita que se revoque la decisión de primera instancia que la condenó al
pago de costas, comoquiera que la litis se trataba de un asunto de interés público,
que además exigía la demostración de los gastos en que incurrieran las partes, lo
cual no ocurrió.

37
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 9 de junio de 2022, exp.25944 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
38
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de junio de 2020, exp.26140, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
39
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021, exp.25158, C.P. Milton Chaves
García reiterada el 5 de mayo de 2022, exp.25553. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y el 30 de marzo de 2023,
exp.26628 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
40
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de octubre de 2024, exp.26883, C.P. Wilson Ramos Girón.
41
Esta posición también fue expuesta en la sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp. 24719. Reiterada en las sentencias
del 7 de marzo de 2024, exp. 26882 y del 4 de abril del mismo año, exp. 28342 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00373-01 (28798)
Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

Para resolver el asunto, se observa que, en este caso, prosperaron parcialmente
las pretensiones de la demanda por lo que no hay lugar a su imposición, de
conformidad con el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso
aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, la Sala se abstendrá de condenar en costas en primera y segunda
instancia, razón por la cual se revocará el ordinal cuarto de la sentencia apelada.

10. De las demás pretensiones de la demanda

En cuanto a la pretensión subsidiaria relacionada con la devolución de las sumas
pagadas por concepto de aportes, se tiene que el artículo 311 de la Ley 1819 de
2016 dispuso que en los eventos en que se declare la nulidad total o parcial de los
actos administrativos y se ordene la devolución de aportes, la UGPP debe proferir
un acto mediante el cual ordene a las administradoras de los distintos subsistemas
la devolución de los montos determinados.

Como en este caso hay lugar a la nulidad parcial de los actos demandados, la Sala
ordenará a la UGPP que, previa verificación de los pagos realizados por el
demandante realice la devolución de los montos que resulten con observancia de la
mencionada norma.

El demandante también solicitó que “se le EXONERE del pago de los intereses moratorios
del capital por deuda a la seguridad social, permitiéndole a mi representado por medio de la
sentencia, utilizar la correspondiente planilla tipo J, la cual se utiliza para condenas de sentencia
judicial”, es decir que vincula la exoneración de intereses al uso de la planilla tipo J.
Sobre el asunto la Sala reitera que el uso de esta planilla dependerá de la que
conforme a los reglamentos se deba utilizar según la situación particular del
aportante y la causa que da origen al pago de las contribuciones, por lo que no
corresponde en esta oportunidad impartir directriz en ese sentido42.

Conclusión

La Sala modificará los ordinales primero y segundo de la sentencia apelada en el
sentido de ordenarle a la UGPP la reliquidación de los aportes a cargo del actor de
conformidad con el IBC determinado por esta Sala. Sumado a esto, también será
procedente la devolución de las sumas de dinero a que hubiere lugar previa
verificación. Finalmente, no habrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, los cuales
quedarán así:
“DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en la Resolución N°
RDO-2017-03284 de 19 de septiembre de 2017 y la Resolución No. RDC-2018-01229 de 5 de
octubre de 2018, proferidas por la UGPP”

42
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp. 26208 C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto
22
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00373-01 (28798)
Demandante: Ricardo Alexander Erazo Benavides

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se
ordena a la UGPP liquidar los aportes al sistema de seguridad social a cargo del actor,
tomando como IBC lo expuesto por el Consejo de Estado.
Así mismo, se declara que no hay lugar a la sanción impuesta en los actos acusados.
Finalmente, la entidad deberá devolver al actor las sumas a las que haya lugar, de conformidad
con lo previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 y previa verificación de los pagos.”

2. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia.

3. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

4. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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