Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00397-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00397-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00397-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00397-01 (5203-2022)
Demandante: Melquiades Valencia Molano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial. Valor probatorio de las copias
simples. No se exige el cumplimiento de la totalidad de requisitos
antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989. Condena
en costas en primera instancia en vigencia de la Ley 2080 de
2021. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de
2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA PARCIALMENTE
SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor MELQUIADES VALENCIA MOLANO instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 010511 del 30 de marzo de
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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2019, y (ii) RDP 017429 del 7 de junio de 2019; por medio de las cuales la UGPP
negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante y confirmó tal
decisión respectivamente al resolver el recurso de apelación.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa al actor conforme a las previsiones de
la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
este durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto
desde el 11 de mayo de 2012, fecha de consolidación de la prestación solicitada.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el demandante nació el 11 de mayo de 1961. Que en su vida laboral estuvo
vinculado al magisterio como maestro municipal desde el 21 de octubre de 1979 al
20 de mayo de 2016, cargo que se encontraba dentro de la planta de personal del
municipio de Tumaco y cuyo pago se efectuaba con recursos propios. Que,
igualmente durante su permanencia como profesor demostró honradez, buena
conducta y no fue sancionado disciplinariamente.
Que, el 26 de noviembre de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la UGPP. Que la mencionada autoridad negó lo reclamado a través de
la Resolución RDP 010511 del 30 de marzo de 2019. Que presentó recurso de
apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución RDP
017429 del 7 de junio de 2019, en el sentido de confirmar en todas y cada una de
las partes del acto inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron los artículos: 53 de la Constitución Política; 1 y 4 de la Ley 114 de
1913; 5 de la Ley 117 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 4 de la Ley 1966; y 15 de la
Ley 91 de 1989.
Que la UGPP negó el derecho pensional quebrantando cualquier principio
constitucional y legal, esto al interpretar erradamente la Ley 91 de 1989 y la
2 Idem.
3 Idem.
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jurisprudencia de la Corte Constitucional de los años 1999 y 2000. Que lo anterior
implica una insubordinación al cumplimiento de lo ordenado en las leyes y por los
jueces de la República, pues no acató las reiteradas decisiones expedidas por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, porque no es cierto que, para la entrada en
vigencia de la norma en comento, el docente deba cumplir con la totalidad de los
requisitos exigidos por la ley vigente, para que se le reconozca su derecho
pensional.
Que las certificaciones aportadas, y en particular, la expedida por la secretaria de
educación del 25 de junio de 2019, constituyen las pruebas idóneas de la
vinculación de carácter municipal, origen de los recursos, tiempo de servicio, y
demuestra el ingreso al magisterio del actor antes del 1.° de enero de 1981 y durante
más de 24 años de servicio como docente.
Que de las otras pruebas documentales allegadas queda demostrado que el
docente fue un ejemplo para sus alumnos, no reposa en su historial sanción
disciplinaria, y, por tanto, se debe acceder a que se reconozca y pague la pensión
gracia de acuerdo a la normativa que regula materia.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 5 de septiembre de 2019 fue admitida la demanda,4 razón por la cual se notificó
a la UGPP5, quien allegó memorial de contestación6 en el que manifestó que, si bien
es cierto se allegaron certificados de información laboral donde se indica el tipo de
vinculación del docente, se hacía necesario que el reclamante aportara los decretos
mediante los cuales se produjeron los nombramientos, esto con el fin de determinar
la naturaleza de la relación legal y reglamentaria, lo cual no fue posible al momento
de resolver la petición, pese a que era fundamental determinar lo propio en razón a
que el tiempo como docente nacional no es computable para efectos de adquirir la
pensión gracia.
Que, a partir de las Leyes 91 de 1989 y 4 de 1992, se puede extraer que la pensión
gracia se reconoce a los docentes municipales, departamentales y distritales, de
manera que para el efecto se excluye a los docentes nacionales, es decir, los
nombrados directamente por el Ministerio de Educación o aquellos vinculados con
posterioridad a la entrada en vigencia de la primera norma en comento. Que según
estas normas y con base en las pruebas practicadas, se extrae que el demandante
no tiene derecho a la prerrogativa solicitada, pues su tipo de vinculación no fue
precisada en el tiempo de servicio prestado en el municipio de Tumaco.
4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
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Propuso como excepciones las que denominó: (i) prescripción del derecho frente a
los contratos de prestación de servicios, (ii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, (iii) cobro de lo no debido, (iv) prescripción, y (v) genérica
u oficiosa.
El 23 de septiembre de 20207 se ordenó vincular al municipio de Tumaco en calidad
de litisconsorcio necesario, razón por la cual, dicha entidad contestó la demanda
aduciendo la falta de legitimación en la causa por pasiva. El 10 de diciembre de
20208 esta autoridad fue desvinculada al haberse tenido como probada la referida
excepción.
El 12 de marzo de 20219 se resolvió pasar el proceso a despacho para dictar
sentencia anticipada en virtud del artículo 182A del CPACA, razón por la cual se fijó
el litigio conforme a los hechos, pretensiones y argumentos de defensa.
Adicionalmente se decretaron e incorporaron las pruebas solicitadas por las partes
y se les corrió traslado para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para
que conceptuara.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN10
El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 24 de mayo de 2022 con la
que accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad
de los actos reprochados y ordenar a la UGPP que reconociera la pensión gracia a
favor del accionante desde el 11 de mayo de 2011, pero con efectos fiscales a partir
del 26 de noviembre de 2015 por efectos de la prescripción trienal de mesadas que
declaró probada.
Argumentó que, una vez analizadas las pruebas, entre otras el certificado de 25 de
junio de 2019 de la Secretaría de Educación de Tumaco, solo era viable tener en
cuenta los tiempos prestados con vinculaciones legales y reglamentarias, pues se
encontró acreditado que los periodos desde el 21 de octubre de 1979 al 31 de
diciembre de 1992, entre el 1.° de enero de 2004 al 6 de marzo de 2008 y desde
el 7 de mayo de 2008 hasta el 11 de mayo de 2011 (fecha en la cual el actor cumplió
los 50 años de edad y tenía 20 años de servicios), efectivamente fueron laborados
por el actor como docente municipal.
Que adicionalmente aquel demostró el cumplimiento del requisito de la edad y la
buena conducta, por lo que sí le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia por haber satisfecho las exigencias propias de la Ley 114 de 1913 y sus
normas modificatorias.
7 Idem.
8
Idem.
9
Idem.
10 Idem.
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Que, según lo dispuesto en el artículo 365 del CGP era necesario condenar en
costas a la entidad demandada en favor del demandante, las cuales se tasarían por
secretaría conforme a lo señalado en el artículo 366 de la misma norma.
RECURSO DE APELACIÓN11
La parte demandada interpuso recurso de apelación con el que solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones del
reclamante.
Para ello aseguró que, no se encuentran debidamente acreditados los tiempos de
servicio del docente, pese a que es a este al que le corresponde demostrar la
existencia de los actos administrativos que permitan verificar el tiempo de servicios
y remuneraciones económicas percibidas para que sea beneficiario de la pensión
gracia. Que, por esa razón, si en gracia de discusión se acepta la vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980, se debe tener en cuenta que no se verificó qué
tipo de vinculación tenía el accionante, así como tampoco el origen de los recursos
con que se pagaron las asignaciones, ni el original de los actos de nombramiento
que son los documentos idóneos para el efecto.
Que, además, los diferentes certificados de información laboral obrantes en el
cuaderno pensional no son de recibo, puesto que para que estos fueran válidos a
fin de corroborar los tiempos de servicio, aquellos debieron estar expedidos en
formato CETIL, emitidos por la autoridad competente para tal fin, lo que tampoco
cumplió la parte actora.
Que, en todo caso, el tiempo de servicio prestado por el actor en el municipio de
Tumaco a partir del 1 de enero de 2004, no puede ser tenido en cuenta para el
reconocimiento del derecho reclamado por ser este de carácter nacional, ya que se
desestiman para lo propio los períodos prestados con posterioridad al 1.º de enero
de 1990 en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, ya que
corresponde a un lapso acumulado bajo el mismo régimen de los docentes
nacionales.
Que los tiempos de labor oficial en la referida entidad territorial para el interregno
comprendido entre el 13 de abril y el 12 de mayo de 2000 (con interrupciones),
tienen que ser desestimados en la medida en que no se allegan los contratos de
prestación de servicios, en original o copia auténtica. Que, si se aceptara la
certificación de ese tiempo, ello tampoco sería procedente porque esta clase de
vinculación no genera una relación directa con las entidades con las que se laboró,
por lo cual no se puede establecer el régimen prestacional con el cual se vinculó en
desempeño de sus funciones como docente.
11 Idem.
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Que, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los representantes de los entes
territoriales (gobernadores y alcaldes) que hacían parte de los FER, expedían actos
de nombramiento y remoción docente (nacional y nacionalizado), cuando los
recursos de financiación provenían del Situado Fiscal, por lo que tales vínculos se
realizaban “delegados” o agentes del Gobierno Central y bajo el aval del Ministerio
de Educación Nacional, mas no como nominador de docentes territoriales.
Que en virtud de ello, no se cumpliría con el requisito contenido en el numeral 3 de
la Ley 114 de 1913, atinente a “que no haya recibido ni recibe actualmente otra
pensión o recompensa de carácter nacional”, pues parte de los salarios devengados
por el demandante como docente se cancelaron con recursos de la Nación y/o del
Sistema General de Participaciones, los cuales hoy según definición de la ley 715
de 2001 están constituidos por los recursos que la Nación transfiere por mandato
de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales,
para la financiación de los servicios de salud, educación y vivienda, lo que genera
que no tenga derecho a la pensión reclamada.
Que sobre las costas debe tenerse en cuenta que, aún bajo la égida de la Ley 1437
de 2011, no cabe la conducta automática a la parte vencida para que proceda dicha
imposición, sino que habrá que considerar la naturaleza de los conflictos que se
resuelven en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que no tienen un
contenido puramente económico, sino que está involucrado el interés público y el
reclamo de derechos de los ciudadanos ante la administración, ámbito distinto al de
la jurisdicción civil, ya que el fundamento de las costas procesales es sancionar el
abuso del derecho o el desgaste judicial innecesario, por lo que en este caso sí cabe
el análisis de la conducta de las partes en el debate.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 5 de octubre de 202212 fue admitido el recurso de apelación. En dicha oportunidad
se dispuso que, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, luego notificar esta
decisión, pasara el proceso a despacho para dictar sentencia a menos que se
presentara solicitud probatoria, lo cual no ocurrió.
Pronunciamiento de las partes
De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez concedido
el recurso y hasta la ejecutoria del auto que lo admitió, los sujetos procesales podían
pronunciarse sobre el mismo.
La parte demandante13 intervino para solicitar que se confirme el fallo apelado,
esto al asegurar que el reclamante cumplió con los requisitos exigidos por la ley
12 Ver índice 4 de SAMAI.
13 Ver índice 9 de SAMAI.
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para acceder a la pensión gracia, pues sus más de 20 años de servicio fueron
pagados con recursos propios del municipio, ingresó al magisterio antes del 1 de
enero de 1981 y no ha sido sancionado disciplinariamente. Que, además, la prueba
allegada en Formato Único para la Expedición de Historia Laboral mostró que el
actor fue nombrado con decreto desde el 21 de octubre de 1979 hasta el 20 de
mayo de 2006, cargo que se encontraba dentro de la planta de personal del
municipio de Tumaco.
La parte demandada14 solicitó nuevamente que se revoque la sentencia recurrida,
bajo el entendido de que no se encuentra probado que el demandante haya
cumplido a cabalidad con los requisitos para ser beneficiario de una pensión gracia,
toda vez que la decisión de acceder a las pretensiones se basó en documentos que
no cuentan con la idoneidad para acreditar la vinculación del educador como
departamental, municipal o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
Posición del Ministerio Público15
El Ministerio Público allegó concepto frente al caso particular, en el cual solicitó que
se confirme el fallo apelado al asegurar que, la sentencia apelada tuvo un análisis
jurídico adecuado pues examinó y halló probado acertadamente lo siguiente: i) la
edad del accionante y su tiempo de servicio; ii) la vinculación oficial antes de la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; iii) la prestación del servicio educativo en
un ente territorial; iv) la cancelación de los salarios con cargo a los recursos del
municipio; y, v) la decisión de prescripción de mesadas. Que, en todo caso, la UGPP
en su recurso no atacó las razones específicas de la ratio decidendi, por lo que se
observa que su impugnación no guarda la congruencia de que trata el artículo 328
del CGP.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente si demostró adecuadamente los relativos a acreditar una o
varias vinculaciones como maestro oficial con carácter territorial o nacionalizado
durante al menos 20 años de servicio, e igualmente algún período en tal calidad
anterior al 31 de diciembre de 1980. Igualmente se estudiará si era procedente la
condena en costas de primera instancia a cargo de la entidad demandada.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
14 Ver índice 11 de SAMAI.
15 Ver índice 10 de SAMAI.
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entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»16. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199717 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201818
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
18Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,19 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
19 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 51001-23-33-000-2019-00397-01 (5203-2023)
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Inicialmente, estima la Sala necesario precisar que si bien el demandante, tanto en
vía administrativa como judicial, solicitó tener en cuenta un período laborado como
docente a través de contrato de prestación de servicios comprendido entre el 13 de
abril y el 12 de mayo de 2000, este no será valorado en esta instancia para analizar
el cumplimiento del requisito del tiempo de labor oficial, toda vez que en primera
instancia este tampoco fue analizado al asegurar que el lapso de la vinculación legal
y reglamentaria satisfacía plenamente esta exigencia, y, además, el actor no aportó
la orden de prestación de servicio para poder demostrar lo propio.
Lo anterior se asegura en la medida en que, al ser una situación jurídica
desfavorable para la parte actora, era esta quien debía haber apelado dicho punto
a fin de que la segunda instancia estuviera habilitado para estudiarlo, ya que en la
presente oportunidad solo impugnó la entidad accionada sin efectuar reparo alguno
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sobre tal interregno, sino, por el contrario, confirmando que aquel no puede ser
computado.
Por otro lado, es adecuado pronunciarse sobre uno de los argumentos de
impugnación de la entidad demandada relacionado con que solo se aportaron
copias simples de los actos de nombramiento, así como de la certificación de
historia laboral que, adicionalmente no fue expedida en el formato CETIL, lo cual en
su criterio implica que debe restársele credibilidad a dichos documentos.
Al respecto la Subsección precisa que, en razón de la libertad probatoria sin
formalidades de que trata el artículo 165 del CGP, así como en atención a las
posibilidades de contradicción de los medios de convicción en el proceso judicial,
no es acertado asegurar que a los elementos referidos anteriormente se les deba
disminuir valor demostrativo por tratarse de copias simples o no estar generados
bajo una formalidad específica.
De hecho, por haber sido aportados, decretados y practicados como pruebas, lo
que se deduce es que estos cumplen con la carga probatoria de la parte activa
prevista en el artículo 167 ibidem, de manera que aquellos tienen que ser estudiados
conforme a las reglas de la sana crítica a fin de extraer todas las circunstancias de
hecho y de derecho que permitan tener como cierto los supuestos de la demanda,
tal como previamente ya lo ha estimado esta corporación en casos similares.20
Definido lo anterior, el objeto de debate en esta oportunidad se circunscribe a
determinar si el actor cumplió con todas las exigencias normativas para acceder a
la prerrogativa pretendida, especialmente, verificando si demostró una o varias
vinculaciones nacionalizadas o territoriales antes del 31 de diciembre de 1980 y 20
años de servicio bajo tales calidades.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado en el marco normativo relacionado
con la edad, se observa que el accionante nació el 11 de mayo de 1961,21 de modo
que cumplió los 50 años el 11 de mayo de 2011.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
del reclamante como docente territorial o nacionalizado, (el cual es punto de debate
en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor
acreditados en la presente causa judicial:
• (i) Del 21 de octubre de 1979 al 31 de diciembre de 1992 y (ii) del 1.º de
enero de 2004 al 20 de mayo de 2016
20 Posición que ya fue planteada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; por ejemplo, en
sentencia del 30 de mayo de 2019. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00709-01 (4114-2016).
21 Según copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento que reposan en el expediente digital
del índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 51001-23-33-000-2019-00397-01 (5203-2023)
Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido el 8 de octubre de 2018 por la Secretaría de Educación Municipal de
Tumaco,22 efectivamente se tiene demostrado que el demandante laboró como
docente oficial durante los dos períodos bajo estudio mediante unas vinculaciones
que, según dichos documentos, se asegura que fueron territoriales (del nivel
municipal).
Ahora, en el caso concreto se observa que no fueron allegados los actos
administrativos de nombramiento relacionados con estos lapsos, razón por la cual,
para poder determinar la naturaleza de los vínculos del docente, deberá acudirse a
la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 que señaló como podría
comprobarse lo propio al señalar lo siguiente:
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]»
Sobre el particular se precisa que, esta regla jurisprudencial es aplicable para
determinar no solo el vínculo territorial, sino también el de cualquier naturaleza como
nacional o nacionalizado. De esta forma, para el caso concreto se precisa que, como
sustento del tiempo de servicio en comento, obra la aludida certificación por medio
de la cual el mismo municipio de Tumaco (que se afirma empleador del accionante),
reconoció de manera expresa que este se desempeñó bajo sendas relaciones
legales y reglamentarias del orden territorial, nombrado por los Decretos 111 del 21
de octubre de 1979 y 1235 del 31 de diciembre de 2003 respectivamente.
Adicionalmente, en lo atinente al primer interregno bajo examen obra el acta del 21
de octubre de 1979,23 por medio de la cual el alcalde de la referida autoridad
posesionó al demandante en el cargo de “profesor municipal”, plaza que, por su
misma denominación implica que estaba prevista en su propia planta de personal y
para la cual fue nombrado mediante el primer acto enlistado anteriormente,
expedido por el referido funcionario, ello sin que se advierta intervención directa o
indirecta de la Nación en dicha designación.
Lo anterior ratifica que el actor materialmente prestó el servicio como educador
oficial, y que lo propio tuvo lugar en virtud de una relación sostenida con el municipio
en mención, quien fue la misma entidad que emitió la certificación con indicaciones
precisas de los extremos temporales de ambos períodos, la naturaleza de las plazas
ocupadas y la referencia de los actos de nombramiento o la forma de ingreso;
aspectos que son la esencia para poder tener en cuenta estas pruebas como
22 Idem.
23 Idem.
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Radicado: 51001-23-33-000-2019-00397-01 (5203-2023)
inequívocas a fin de acreditar un tiempo de labor oficial, aun pese a estar aportadas
en copias simples como ya se precisó al inicio de este acápite.
Aclarado tal punto, y, a partir de estos medios probatorios, se extrae con claridad
que los dos vínculos legales y reglamentarios del reclamante tuvieron lugar por
decisión autónoma y directa del alcalde del municipio de Tumaco, lo que indica que
el primero actuó en calidad de docente territorial, ya vez que no es dable asegurar
que la plaza ocupada haya sido del orden nacional únicamente porque la segunda
designación en 2004 ocurrió en vigencia de la Ley 91 de 1989, pues lo cierto es que
no se encontró ningún registro que advirtiera una vinculación directa o indirecta con
el Ministerio de Educación que es el criterio esencial para determinar la naturaleza
jurídica nacional de la labor prestada.
Lo expuesto se justifica también en la medida en que en ningún momento se
evidenció que los cargos ejercidos por el accionante hayan sido de aquellos propios
de la planta de personal de la Nación, o que hubiese sido vinculado por el ente
territorial como representante de la mencionada cartera en virtud de una
autorización legal, más aún porque la misma UGPP en el acto administrativo
demandado (Resolución RDP 010511 del 30 de marzo de 2019) 24 que negó la
petición pensional del demandante, reconoció expresamente ambos lapsos como
“municipales”, y, por tanto, solo basó su negativa en asegurar que no había
acreditado el cumplimiento de todos los requisitos para adquirir el derecho antes de
la promulgación y vigor de la Ley 91 de 1989.
Para la Sala, tal argumento no es compartido, ya que carece de cualquier asidero,
pues esta Corporación en la sentencia SUJ-030-CE-S2-2021, a través de la cual
unificó jurisprudencia, precisó la regla en cuanto al entendimiento que debe
otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a) de dicha norma para efectos de
reconocer la pensión gracia de jubilación en los siguientes términos:
«[…] Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»
En ese sentido, no se desconoce el alcance de la Sentencia C-489 de 2000 si se
cumplen los requisitos después de la vigencia de la Ley 91 de 1989, pues, a partir
de las apreciaciones efectuadas en la mencionada decisión, «[...] [esta nunca] dispuso
un límite temporal, consistente en que la pensión gracia únicamente se podría reconocer a
quienes hubieran reunido todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989; [cualquier]
conclusión [en ese sentido] […] resulta[ría] contradictoria con las demás sentencias de
constitucionalidad que han abordado asuntos similares».
24 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 51001-23-33-000-2019-00397-01 (5203-2023)
Por ende, el único límite temporal que se impuso radicaba en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980; protegiéndose el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes que tenían la expectativa de ser beneficiarios de
aquella.
Así pues, el hecho que el docente haya acreditado los 50 años o los 20 años de
labor oficial después de 1989 no resulta un argumento plausible para considerar
que no podía acceder a la pensión gracia, pues queda claro que el cumplimiento de
los requisitos, incluido el de los tiempos de servicio, podía darse con posterioridad
al 29 de diciembre de esta última anualidad, lo que de entrada demuestra la falsa
motivación de los actos reprochados en este proceso.
Con todo, lo cierto es que el hecho de que la misma entidad demandada en vía
administrativa sí hubiese tenido en cuenta los dos períodos de labor oficial educativa
bajo el orden municipal, a fin de que el solicitante pudiera computarlos con el ánimo
de adquirir la pensión gracia, en este escenario judicial impediría desconocer lo
propio en detrimento de la situación favorable del maestro, cuando en realidad las
pruebas practicadas (así no incluyeran el acto de nombramiento), más que
controvertir este punto, lo que hicieron fue convalidarlo.
Incluso, es de destacar que en la mencionada certificación de historia laboral no se
señala que las plazas ejercidas por el accionante hubiesen sido creadas y ocupadas
en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del
artículo 6.° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso
de nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos Regionales
(FER) con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio
de Educación, intervención que tampoco se encuentra en las pruebas en mención
y que por tanto permite descartar de entrada el argumento de impugnación sobre el
supuesto carácter nacional de la vinculación por el origen de la financiación.
Ello se ajusta entonces a la interpretación que se desarrolló en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la
plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo,
y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto, lo cual sí se podría
inferir de las pruebas practicadas como se expuso anteriormente, porque la referida
conclusión se ajusta a la noción que de esta clase de vinculación consagró el
artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 cuando señaló lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
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Radicado: 51001-23-33-000-2019-00397-01 (5203-2023)
Por consiguiente, los tiempos de labor oficial del demandante como educador
estatal territorial (i) del 21 de octubre de 1979 al 31 de diciembre de 1992 (13
años, 2 meses y 10 días) y (ii) del 1.º de enero de 2004 al 20 de mayo de 2016
(12 años, 4 meses y 19 días), efectivamente pueden computarse para cumplir la
exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder a la prerrogativa
solicitada, la cual se encuentra debidamente acreditada si se tiene en cuenta que,
en conjunto, el total de servicio acumulado del actor fue de 25 años, 6 meses y 29
días.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
el accionante laboró como tal al servicio del municipio de Tumaco en virtud de un
nombramiento para ocupar una plaza territorial del 21 de octubre de 1979 al 31 de
diciembre de 1992, es decir, en un período previo a la primera fecha en comento,
por lo que está colmada la exigencia analizada.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta del demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia y mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe del
interesado en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia acertó en
el fallo apelado al acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por la parte
activa, de manera que, tal como lo manifestó y solicitó el Ministerio Público, se
confirmará dicha providencia.
Lo anterior incluye el análisis de la prescripción, pues, teniendo en cuenta el 11 de
mayo de 2011 como la fecha de consolidación del estatus, se advierte que, en
efecto, entre esa data y la presentación de la petición de reconocimiento pensional
(26 de noviembre de 2018)25 y la interposición de la demanda (25 de julio de 2019)26,
transcurrieron más de 3 años de los previstos para el efecto en los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, de manera que sí era
necesario declarar la prescripción trienal de mesadas, tal como lo hizo el juez de
origen, respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 26 de noviembre de
2015.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
25 Ver la parte motiva del acto demandado que obra en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
26 Ver sello de radicación en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 51001-23-33-000-2019-00397-01 (5203-2023)
Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la entidad demandada, actualmente
no existe un fundamento que justifique la imposición de esta carga solo por el hecho
de ser vencido en juicio, por lo que considera que esta orden debe ser revocada.
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera
instancia (24 de mayo de 2022).
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.
Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:
En el caso bajo estudio, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos expuestos en la contestación de la demanda, en el recurso de
apelación y en el memorial de intervención presentados por la entidad accionada,
no revisten una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. La parte pasiva en sus intervenciones indicó razones en defensa jurídica de
sus intereses, por eso, al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo se
revocará esta imposición en su contra en primera instancia y se dispondrá
abstenerse de lo propio por ese concepto en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: REVOCAR EL ORDINAL OCTAVO de la sentencia apelada que
condenó en costas de primera instancia a la parte demandada.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida que accedió a
las pretensiones de la demanda.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Omar Trujillo Polanía, y como apoderada sustituta a la abogada Ana María
Londoño, ambos portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y 354.136
respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 22 de
SAMAI.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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