Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00398-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2019-00398-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00398-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00398-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C once (11) de abril dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 52001-23-33-000-2019-00398-011
Nº Interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 2 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Nubia Ligia Gallón Meza, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de las Resoluciones No. RDP 012346 del 11 de abril
de 2019 y RDP 01884 del 14 de junio de 2019, por medio de las cuales, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP negó el reconocimiento y pago de
la pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a la UGPP
1
Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201900398011100103
2
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
a: “…RECONOCER Y PAGAR una pensión mensual vitalicia gracia a la
docente NUBIA LIGIA GALLON MEZA, con el 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo todos los
factores de salario, a partir del 12 de septiembre de 2012, fecha en que
adquirió el estatus pensional…”
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El 12 de diciembre de 2018 la demandante pidió de la accionada el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, negada a través de las
resoluciones controvertidas, con el argumento de que en la certificación
laboral de la accionante se evidencia que prestó el servicio docente con la
modalidad de órdenes de prestación de servicio y porque, además,
“...conforme a los tiempos de servicio aportados se puede observar que la
señora NUBIA LIGIA GALLON MEZA al 29 de diciembre de 1989 fecha de
expedición de la Ley 91 de 1989 solo acreditó 10 años, 9 meses y 18 días de
servicios, y para la misma fecha solo contaba con 26 años de edad, en
consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación solicitada, por no haber cumplido TODOS los requisitos para
acceder a la pensión gracia de jubilación antes del 29 de diciembre de 1989...”
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Política, el artículo 53
De la Ley 114 de 1913, el artículo 3
De la Ley 37 de 1933, el artículo 3
De la Ley 4 de 1966, el artículo 4
De la Ley 91 de 1989, el artículo 153.
La parte demandante, en resumen, expuso que la demanda realizó una
interpretación errónea de la ley, puesto que no es cierto que la totalidad de los
requisitos para acceder al reconocimiento prestacional perseguido deban
completarse antes del 31 de diciembre de 1980.
Adujo que esa interpretación de la norma contraria la amplia jurisprudencia de
esta Corporación que se ha precisado que no es necesario que el docente
deba tener un vínculo laboral vigente a 31 de diciembre de 1980, ni completar
3
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
la totalidad de los requisitos antes de esa fecha.
2. Contestación de la demanda.
La accionada se opuso a las pretensiones de la demandada. Afirmó que la
demandante no acreditó en debida forma su vinculación, pues no se aportaron
los decretos de nombramiento, ni las actas de posesión, por ello, no se pudo
establecer con claridad la vinculación, el tipo de la misma y el origen de los
recursos con que se pagaron las asignaciones.
Adujo que, suponiendo la validez de los certificados de tiempo servido, se
advierte que la demandante tuvo una vinculación a partir del 31 de diciembre
de 2003, sin embargo, no se pueden tener en cuenta este tiempo habida
cuenta de que es de carácter nacional, de conformidad con lo previsto en la
Ley 91 de 1989, que dispuso que el régimen de los docentes vinculados desde
el 1 de enero de 1990, era nacional.
Argumentó que el tiempo prestado entre el 1 de septiembre de 1998 hasta el 1
de agosto de 2002 (con interrupciones), deben ser desestimados porque la
vinculación se realizó a través de contratos de prestación de servicios y estos no
pueden ser tenidos en cuenta, porque no generan un vínculo directo con la
entidad.
Sostuvo que no se acreditó el desempeño de la labor docente con buena
conducta y honradez porque no se aportó el certificado del municipio en el que
esto constara; tampoco se allegaron los certificados sobre el origen de los
recursos, ni copia auténtica de los contratos de prestación de servicio suscritos
entre la actora y el ente territorial. Por todo lo anterior, considera no se encuentra
probado el cumplimiento de los requisitos de ley para acceder a la pensión
gracia.
Como excepciones propuso las que denominó: prescripción del derecho frente a
los contratos de prestación de servicios, inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales inexistencia de la obligación demandada, cobro de lo
no debido y prescripción.
3. La sentencia de primera instancia.
4
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el 9 de
febrero de 20222, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
condena en costas.
Expuso que, del material probatorio arrimado al proceso, se pudo establecer
que la vinculación como docente de la accionante fue antes del 31 de
diciembre de 1980 y para el momento de la adquisición del estatus (12 de
septiembre de 2012 ya había laborado como docente municipal adscrita a la
Secretaría de Educación de Tumaco, por un periodo superior a 20 años laboró
por más de 20 años.
Indicó que se habían aportado los certificados sobre historia laboral de la
demandante, en los términos descritos por la jurisprudencia de esta
Corporación y que en dichos formatos se evidencia con claridad el tipo de
vinculación y la naturaleza de las plazas a ocupar. Adicionalmente se acreditó
que los salarios devengados por la demandante fueron pagados con recursos
propios del municipio.
Sostuvo que el Consejo de Estado, de manera reiterada, ha precisado que los
docentes de establecimientos públicos de educación, vinculados a través de
contratos de prestación de servicios, están sujetos a los elementos que se
ajustan a los de una relación laboral porque se colige que las actividades que
desempeñan son consustanciales al ejercicio del educador y, por ello, el
periodo certificado bajo esta modalidad es aceptado para el computo del
tiempo para el reconocimiento de la prestación.
Refirió que, además, se encuentra acreditado que la accionante no ha sido
sancionada, ni penal ni disciplinariamente.
Por consiguiente: concluyó que: “… la demandante reunió todos los requisitos
consagrados en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, es poseedora del derecho
al reconocimiento y pago de una pensión gracia, en consecuencia, los actos
administrativos no se ajustan a derecho y, por tanto, están viciados de nulidad
…”
2
Expediente digital.
5
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
y ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a al demandante, con
el 75% del promedio de lo devengado en el año anterior a la adquisición del
estatus.
Con respecto a la prescripción, declaró probadas las mesadas causadas con
anterioridad al 28 de noviembre de 2015, porque la reclamación administrativa
se presentó el 28 de noviembre de 2018.
4. El recurso de apelación.
La parte demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia3.
Sostuvo que no se encuentra debidamente acreditado que la demandante se
vinculó al servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980; y que, si se
aceptara lo anterior, no se encuentra catalogada el tipo de vinculación, ni el
origen de los recursos con que se pagaron las asignaciones.
Sostuvo que el tiempo de servicio con el municipio de Tumaco a partir del 31
de diciembre de 2003, no puede ser tenido en cuenta por tratarse de un
periodo como docente nacional, de acuerdo con el articulo 15 de la Ley 91 de
1989, que indicó que los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990
eran del orden nacional.
Alegó que el tiempo prestado para el municipio de Tumaco en la modalidad de
orden de prestación de servicios, desde el 1 de septiembre de 1998 hasta el 1
de agosto de 2002 deben desestimarse en tanto no se aportaron los contratos
de prestación de servicios en original o copia autentica y porque, además, este
tipo de vinculación no es legal y reglamentaria; por ello, no pueden
contabilizarse para el reconocimiento de la pensión.
Indicó que la actora recibió emolumentos y prestaciones financiadas con
recursos del presupuesto nacional, porque las trasferencias que la nación
efectuaba a las entidades territoriales en vigencia del acto legislativo 01 de
1968 y hasta antes de la aplicación de la Ley 60 de 1993, no eran recursos
propios de las entidades territoriales.
3
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, archivo «EXPEDIENTE
DIGITAL» índice 2.
6
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto del 8 de noviembre de 20224, el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por
la Ley 2080 de 25 de enero de 2023, de acuerdo con el numeral 4 del artículo
247 del CPACA, modificado por la aludida ley, desde la notificación del auto
admisorio, hasta la ejecutoria de dicha providencia; podían pronunciarse sobre
la alzada. Sin embargo, el agente del Ministerio Público y la demandada
guardaron silencio.
5.1. Parte demandante.
El apoderado de la actora solicitó que se confirme la sentencia cuestionada
dado que la demandante cumple con los requisitos exigidos por la ley para
acceder a la pensión gracia; situación que se encuentra acreditada con los
medios de prueba arrimados al proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)5, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
4
Índice 4.
5
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
7
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones. Para
el efecto se analizará si a la accionante le asiste razón jurídica para reclamar
de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos
exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas
que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no laboró por
lo menos veinte (20) años como maestra con vinculación territorial o
nacionalizada en instituciones educativas departamentales, distritales o
municipales.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2.
Hechos probados; 2.3. Caso concreto y 2.4. Condena en costas.
2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento
a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la
actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 19136 consagró por primera vez la pensión
gracia:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente Ley.
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
6
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la
Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 7, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 19288 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual9.
La Ley 37 de 193310 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199811,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el
no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema,
concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las
facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los
7
«[S]obre Instrucción Pública».
8
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
10
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
11
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
9
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones
para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del
Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos
sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan
ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de
jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene
una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar
la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197512, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
“…
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del
1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente
de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.”
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
12
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
10
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
“[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que
se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer
referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino
de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31
de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y,
por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley13.”
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
“Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
13
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
11
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento.”
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202014, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto
es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese
año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que
precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores
y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:
“…
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral
de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de
1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen
“un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito
entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre
de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y
territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación,
por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por
concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980
y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y,
para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere
14
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de
Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor,
que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por
las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la
prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella
antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados
(nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato
distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el
artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada,
no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo
150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las
leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del
Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros
docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se
conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa”
la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza
suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas,
es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y
que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que
se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad
cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto
por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la
acusación15 [se subraya y destaca].”
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
15
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del
1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la
Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
13
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales
o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
2.3. Hechos probados.
i) Según cédula de ciudadanía, la demandante nació el 12 de septiembre de
1962; por consiguiente, cumplió 50 años de edad en la misma fecha de 2012.
ii) De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral, emanado de la secretaría de educación de Tumaco, la
demandante prestó sus servicios desde el 12 de marzo de 1979 hasta el 31
de diciembre de 1992, vinculada por Decreto 071 del 12 de marzo de 1979,
como docente municipal de la escuela San Juan Rio Mira de Tumaco.
iii) Conforme con el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral, emanado de la secretaría de educación de Tumaco, del 25
de junio de 2019; la demandante prestó sus servicios como maestra, con
vinculación municipal, bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicio,
así:
Establecimiento Periodo
Escuela Bocas de Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de
Cajapi Tumaco noviembre de 1998
Escuela Bocas de Desde el 18 de enero hasta el 31 de marzo de
Cajapi Tumaco 1999
Escuela Bocas de Desde el 5 de abril hasta el 30 de junio de 1999
Cajapi Tumaco
Escuela Bocas de Desde 13 de marzo hasta el 12 de abril de 2000
Cajapi Tumaco
Escuela Bocas de Desde 13 de abril hasta el 12 de mayo de 2000
Cajapi Tumaco
Escuela Bocas de Desde el 13 de mayo hasta el 12 de junio de
Cajapi Tumaco 2000
Escuela Bocas de Desde el 13 junio hasta el 12 de julio 2000
Cajapi Tumaco
Escuela Bocas de Desde el 13 de julio hasta el 12 de septiembre
Cajapi Tumaco de 2000
Escuela Bocas de Desde el 13 de septiembre hasta el 12 de
Cajapi Tumaco diciembre de 2000
Escuela Bocas de Desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio de
14
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
Cajapi Tumaco 2001
Escuela Bocas de Desde el 9 de julio a 9 de agosto de 2001
Cajapi Tumaco
Escuela Bocas de Desde el 15 de noviembre hasta el 15 de
Cajapi Tumaco diciembre de 2001
Escuela Bocas de Desde el 14 de enero hasta el 1 de mayo de
Cajapi Tumaco 2002
Escuela Bocas de Desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto de 2002
Cajapi Tumaco
Además, vinculada por Decreto 1235 del 31 de diciembre de 2003, como
docente de la Ciudadela Tupac, en el municipio de Tumaco; desde el 1 de
enero de 2004 hasta el 20 de mayo de 2016.
iv) El Formato Único para la expedición de certificado de salarios, expedido
por la Secretaría de Educación de Tumaco, del 25 de junio de 2019, indica que
la actora en los años 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, devengó la asignación
básica, la prima de alimentación, prima de vacaciones y de navidad; como
factores salariales.
v) Según el Formato Único para la expedición de certificado de salarios,
expedido por secretaría de educación de Tumaco, del 25 de junio de 2019,
indica que la actora para los años 2014 y 2016 devengó la asignación básica,
la prima de alimentación, prima de vacaciones y de navidad, la bonificación
mensual y la prima de alimentación; como factores salariales.
vi) Certificación expedida por el secretario de educación de la alcaldía de
Tumaco, en la que consta que, para la fecha de expedición (25 de junio de
2019) de la misma, la accionante se encontraba vinculada como docente en
propiedad con tipo de vinculación municipal, con fuente de recursos propios.
vii) De conformidad con el certificado ordinario de antecedentes Nr.
129761467, del 2 de julio de 2019, de la Procuraduría General de la Nación,
la demandante no registraba sanciones, ni inhabilidades vigentes
Actuación administrativa
i) El 12 de diciembre de 2018, la actora formuló reclamación administrativa
ante la UGPP, orientada a obtener la pensión gracia.
15
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
ii) Mediante Resolución RDP 012346 de 11 de abril de 2019, la UGPP negó el
reconocimiento de la pensión gracia pedida por la demandante el 17 de mayo
de ese año, dado que parte de su vinculación al servicio docente lo realizó por
vinculación mediante órdenes de servicios y, además, no completó la totalidad
de los requisitos al 29 de diciembre de 1989.
2.3. Caso concreto.
La señora Nubia Ligia Gallón Meza acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la anulación del acto administrativo
por el cual se le negó el reconocimiento de la pensión gracia.
El Tribunal Administrativo de Nariño accedió a las pretensiones de la
demanda, por considerar la accionante ha prestado sus servicios en calidad
de docente territorial, como lo certificó la secretaría de educación de Tumaco,
vinculación que ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980 (12 de marzo de
1979) por lo que es destinataria de la pensión gracia.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, en el que insiste en que la accionante no acreditó el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la Ley para acceder a la pensión gracia, porque no
se aportaron los actos administrativos de nombramiento, no existe claridad
sobre la clase de vinculación, ni el origen de los recursos y porque, además,
parte del tiempo aportado lo fue con vinculación por órdenes de servicio.
De las pruebas antes enunciadas se desprende que la accionante nació el 12
de septiembre de 1962 y prestó sus servicios para la educación oficial así:
Tiempo
Acto de
Nominador Desde Hasta laborado
nombramiento
A M D
Municipio de Decreto 071 del 12 de
12/3/79 31/12/92 13 9 20
Tumaco marzo de 1979
Orden de prestación de
01/9/89 30/11/98 3 0
servicios
Orden de prestación de
18/01/99 31/03/99 2 14
servicios
Orden de prestación de
05/04/99 30/06/99 2 26
servicios
16
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
Orden de prestación de
13/03/00 12/04/00 1 0
servicios
Orden de prestación de
13/04/00 12/05/00 1 0
servicios
Orden de prestación de
13/05/00 12/0600 1 0
servicios
Orden de prestación de
13/06/00 12/07/00 1 0
servicios
Orden de prestación de
13/07/00 12/09/00 2 0
servicios
Orden de prestación de
13/09/00 12/12/00 3 0
servicios
Orden de prestación de
20/03/01 20/06/01 3 1
servicios
Orden de prestación de
09/07/01 09/08/01 1 1
servicios
Orden de prestación de
23/11/01 23/12/01 1 1
servicios
Orden de prestación de
14/01/02 01/05/02 3 18
servicios
Orden de prestación de
01/06/02 01/08/02 2 1
servicios
Decreto 1235 del 31 de
01/01/04 20/05/16 8 8 12
diciembre de 2003
Total tiempo de servicio 24 8 4
En tal virtud, el 12 de diciembre de 2018 la actora pidió de la UGPP el
reconocimiento de la pensión gracia, negado con los actos administrativos
enjuiciados, puesto que, en criterio de la entidad, acreditó el cumplimiento de
los requisitos legales
Pues bien, en lo atinente al período laborado por la demandante desde el 12
de marzo de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1992, se evidencia que con
Decreto 071 del 12 de marzo de 1979 fue nombrada como maestra, para
corroborar este hecho se encuentra el formato para la certificación de historia
laboral, documento que para la Sala tiene valor probatorio para demostrar que
la docente se vinculó al servicio público antes del 31 de diciembre de 1980.
En efecto, sobre la valoración de pruebas para el reconocimiento pensional, la
sentencia CE-SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2), indicando lo siguiente34:
“Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias
relacionadas con el reconocimiento de pensión gracia, […] en
el sentido de que […] (iv) para acreditar la calidad de
docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además
17
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que
dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al
cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial”. (Negrilla fuera de texto)
De ahí que, la Sala advierte que la demandante acreditó los tiempos de
servicio prestados como docente con el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, suscrito por un funcionario competente de la
secretaría de educación de Tumaco, documento en el cual se afirma que el
tipo de vinculación de la actora era municipal. Se indica también la fecha de
inicio y terminación y los actos administrativos a través de los cuales se produjo
la vinculación.
Así pues, la secretaría de educación de Tumaco certificó de manera
inequívoca que la docente se vinculó mediante nombramiento por Decreto 071
del 12 de marzo de 1979, documento que acredita la vinculación como docente
territorial para el año 1979.
Entonces, para la Sala son válidos, a efectos de pensión gracia de jubilación,
los tiempos de servicio acreditados por la accionante a través del formato único
de historia laboral emitido por el ente territorial nominador, por lo que se
desestiman las alegaciones efectuadas por la UGPP sobre el particular.
Por otra parte, la entidad recurrente alegó que la accionante prestó sus
servicios como docente nacional, a partir del 1º de enero de 2003, sin
embargo, se encuentra en el expediente certificado del secretario de
educación de Tumaco, en la que consta que el tipo de vinculación es municipal,
pagada con recursos propios, adicional el formato para la expedición de tiempo
(que se comentó en párrafos anteriores); también indica que su vinculación fue
municipal.
Sobre el particular, la Sala recuerda que la jurisprudencia de esta Subsección
mediante sentencia del 28 de enero de 202116, precisó que la prestación del
servicio docente por órdenes de trabajo es válida para efectos del
16
expediente 52001-23-33-000-2016-00261-01 (2304-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter
18
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
reconocimiento de la pensión gracia., porque esta modalidad de vinculación
no es ajena a quienes se incorporen a la planta docente de las entidades
territoriales en propiedad, puesto que las funciones que cumplen unos y otros
son similares en el campo educativo17.
En consecuencia, el tiempo servido por la actora mediante la modalidad de
órdenes de prestación de servicios también debe ser tenido en cuenta para
computar el tiempo para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
En relación con el origen de los recursos y la naturaleza de la vinculación del
docente, la sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201818, precisó
algunos aspectos para interpretar los requisitos para acceder a la pensión
gracia. En lo que toca con el origen de los recursos de la entidad nominadora,
lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia es la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada; pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago
de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas- situado fiscal- cuando se sufragaban
los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que
ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estas generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal., hoy sistema general de
participaciones. los recursos para el pago del personal docente denominado
cofinanciado, sostuvo:
En vista de lo anterior, en este asunto, se encuentra acreditado que la actora
prestó sus servicios como docente municipal y de acuerdo con la certificación
expedida por el secretario de educación de Tumaco, las acreencias laborales
se pagaron con recursos propios.
A manera de corolario, se tiene que la accionante colmó los requisitos
necesarios para acceder a la pensión gracia, como son el haber prestado los
servicios en condición de maestro territorial por más veinticinco años (25)
años, vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 (12 de marzo de 1979),
contar con 50 años de edad (los cumplió el 12 de septiembre de 2012) y
17
Corte Constitucional, sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
18
Expediente No.25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014)
19
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
observar una buena conducta en su desempeño como docente (lo cual no ha
sido desvirtuado), razones por las que es dable acceder al reconocimiento de
la referida prestación, como lo dispuso el a quo.
2.4. Condena en costas.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
[…]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se
hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará
en costas a la parte vencida y en consecuencia revocará la condena impuesta
en primera instancia.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda; salvo la condena en costas, que se revocará.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de febrero de 2022, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, excepto lo relacionado con la condena en costas, que se revoca.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Aceptar la renuncia presentada por el abogado Jhon Jairo Bustos
Espinoza, identificado con la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior
20
Numero interno: 3754-2022
Demandante: Nubia Ligia Gallón Meza
Demandado: UGPP
de la Judicatura, como apoderado de la UGPP19.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
19
Índice 18
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.