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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2019-00426-01

Fecha
31 de octubre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2019-00426-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia del 16 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño. En su lugar: PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión 142412018000011 del 23 de marzo de 2018 y de la resolución 1420122019000005 del 28 de marzo de 2019, proferidas por la DIAN. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del impuesto sobre la renta del año 2014 de la sociedad TRANSEMCAR P.V. LTDA, la efectuada por el Consejo de Estado en la parte motiva de la presente providencia. 2. Revocar el numeral cuarto de la sentencia del 16 de febrero de 2024 y en su lugar, no condenar en costas en ninguna de las instancias. 3. Reconocer personería al abogado Sebastián Sepúlveda Valencia, identificado con cédula de ciudadanía 1.118.293.519 de Yumbo, Valle del Cauca y T.P. 275.381 del C.S. de la J, como apoderado de la DIAN, en los términos del poder obrante en el índice 12 de Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 52001-23-33-000-2019-00426-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

31 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 52001-23-33-000-2019-00426-01 (28817)
Demandante TRANSEMCAR P.V. LIMITADA
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2014. Adición de
ingresos por contratos de mandato. Deducción de pagos por
auxilios de movilización. Deducción del ICA. Requisitos de
deducibilidad del artículo 107 del Estatuto Tributario. Sanción
por inexactitud. Costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la
demandada contra la sentencia del 16 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño1, que resolvió lo siguiente:
PRIMERO.- Declárase la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones Nos. 142412018000011 del 23 de marzo de 2018, por medio de la cual la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN expidió la liquidación oficial de
revisión por concepto de renta del período gravable 2014, respecto de TRANSEMCAR P.V.
Ltda., y la Resolución No. 1422012019000005 del 28 marzo de 2019 mediante la cual se
resolvió el recurso de reconsideración, de conformidad con la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO.- Ordénase a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN rehacer
la liquidación oficial de revisión por concepto de renta del período gravable 2014 en relación
con la sociedad TRANSEMCAR P.V. Ltda., de conformidad con los argumentos contenidos
en esta providencia, es decir, incluyendo las deducciones que corresponden a los impuestos
pagados (industria y comercio y avisos y tableros) a favor del municipio de Yumbo (V.) (Fs.
100 a 103 archivo 021) y las expensas necesarias correspondientes a restaurante y casino
(Archivo 006 F. 25, 005 F. 7, Archivo 020, anexo 7, Fs. 163 ss.), además, se reliquidará la
sanción por inexactitud teniendo en cuenta las deducciones enunciadas, y con base en lo
establecido en el artículo 647 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 de 2016.
TERCERO. - Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. - Condénase en costas a la parte demandada, a favor de la parte demandante. Se
liquidarán por la Secretaría de esta Corporación. (…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 30 de abril de 2015, Transemcar P.V. Limitada (TRANSEMCAR) presentó su
declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2014,
sin saldo a pagar ni saldo a favor2.

Previa investigación3, el 19 de julio de 2017, la DIAN emitió el requerimiento especial
1
Samai Tribunal, índice 13.
2
Folio 3, Tomo 1, Caa.
3
Auto de Apertura 142820016000312 del 31 de agosto de 2016, Folio 22, Tomo 1, Caa.

1

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00426-01 (28817)
Demandante: Transemcar P.V. Ltda

1423820170000314 en el cual adicionó ingresos brutos (operacionales y no
operacionales), rechazó parcialmente costos de ventas, gastos operacionales de
administración y otras retenciones y propuso sanciones por inexactitud y al revisor
fiscal y representante legal. Como consecuencia de todo lo anterior reliquidó el
impuesto a cargo, determinando un saldo a pagar.

El 23 de octubre de 2017, TRANSEMCAR presentó respuesta al requerimiento
especial5 aceptando parcialmente la adición de ingresos brutos operacionales y el
rechazo de gastos operacionales de administración, y, totalmente, la disminución
de las retenciones, y liquidó sanción, Para el efecto allegó declaración de corrección
presentada el 20 de octubre de 20176, que arrojó un saldo a pagar.

El 23 de marzo de 2018, la DIAN emitió la liquidación oficial de revisión
1424120180000117, en donde resolvió no incorporar la declaración de corrección,
disminuyó la adición de ingresos no operacionales, así como el rechazo de gastos
operacionales de administración, manteniendo en lo demás las glosas propuestas
y reliquidando el impuesto, las sanciones y el saldo a pagar.

El 25 de mayo de 2018, TRANSEMCAR interpuso recurso de reconsideración8, el cual
fue resuelto a través de la resolución 142012019000005 del 28 de marzo de 20199,
que confirmó la liquidación oficial en todos sus aspectos.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las
siguientes pretensiones10:
PRIMERA: Por tratarse de un acto administrativo complejo sírvase declarar la nulidad la
Resolución No. 142412018000011 del 23 de marzo de 2018 (Liquidación Oficial de Revisión),
por concepto de Renta año gravable 2014, en la cual la Administración determino un total
saldo a pagar a cargo de la sociedad TRANSEMCAR P.V. LIMITADA, con NIT 900.171.163-1
en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO
MIL PESOS M/CTE. ($464.064.000), discriminado así: Por concepto de SALDO A PAGAR
POR IMPUESTO la suma de CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($413. 280.000); por concepto de SANCIONES la suma de
CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.
($50.784.000).
SEGUNDA: Por tratarse de un acto administrativo complejo, se declare también la nulidad de
la Resolución No. 1422012019000005 de marzo 28 de 2019, que resolvió el Recurso de
Reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión No. 1424120160000011
de fecha 23 de marzo de 2018, confirmando la misma, proferida por la U.A.E. Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto — G.I.T. de Gestión de Recursos Jurídicos,
confirmando en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA
Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($464.064.000), el total saldo a pagar por la sociedad
TRANSEMCAR P.V. LIMITADA, con NIT 900.171.163-1, discriminado así: Por concepto de

4
Folio 1037, Tomo 6, Caa.
5
Folio 1071, Tomo 6, Caa.
6
Folio 1096, Tomo 6, Caa.
7
Folio 1600, Tomo 9, Caa.
8
Folio 1629, Tomo 9, Caa.
9
Folio 1691, Tomo 9, Caa.
10
Samai Tribunal, índice 11.

2
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00426-01 (28817)
Demandante: Transemcar P.V. Ltda

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO la suma de CUATROCIENTOS TRECE MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($413.280.000); por concepto de
SANCIONES la suma de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL PESOS M/CTE. ($50.784.000); por concepto de renta año gravable 2014.
TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se realice el siguiente pronunciamiento:
1. Que se ordene que la Liquidación privada de Renta No. No. (sic) 91000291681986 de
fecha 30 de abril de 2015, quedo en firme.
CUARTA: Sírvase ordenar se condene en costas a la entidad demandada.

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 1, 2, 6,
29, 95 numeral 9 de la Constitución Política, 263 del Código General del Proceso, 2
del Código Contencioso Administrativo y 647 y 683 del Estatuto Tributario.

Cuestionó la adición de ingresos operacionales, explicando que la demandada los
agregó porque desconoció el contrato de mandato suscrito por ella con los señores
José Antonio Pantoja Romo y José Armando Pantoja Velázquez y Miriam del
Carmen Velásquez Cabrera, en virtud del cual se generaron ingresos recibidos para
terceros y costos propios. Afirmó que la adición de los ingresos genera una
obligación impagable y que los funcionarios se extralimitaron en sus funciones,
violando el espíritu de justicia y la equidad.

Señaló que la DIAN desconoció el manejo tributario de los contratos de mandato, el
cual explicó, y relató que las personas indicadas actuaron como mandantes y ella
como mandataria, razón por la cual tenía la obligación de emitir las facturas por los
servicios prestados en nombre y representación de los mandantes y citó el artículo
3 del Decreto 1514 de 1998 y el Concepto DIAN 009670 de 2001. Indicó que el
contrato con ellos se formalizó con los manifiestos de carga que emitió, donde ella
aparece como titular del servicio y las personas naturales, como propietarias del
vehículo. Dijo que fue correcto facturar los servicios de fletes durante la vigencia del
contrato e identificar los ingresos, pagos y retenciones recibidos y efectuados por
cuenta de los mandantes.

Expuso que la contabilidad, los registros, las declaraciones de los mandantes, las
liquidaciones del impuesto de industria y comercio y los reportes en medios
magnéticos de estos ratifican que los ingresos fueron declarados en cabeza de ellos
y que los costos y deducciones para la prestación del servicio, esto es, pago de
conductores; de combustibles; de alojamientos; de manutención; de peajes; de
cargues; de descargues y de mantenimiento de vehículos, fueron cubiertos por las
personas naturales. Anotó que la demandante participó en la consecución de
clientes y la logística de cargue, descargue y seguridad en carretera.

Resumió las inconsistencias halladas por la demandada, respecto de las cuentas
de cobro presentadas como prueba supletoria de soporte de los costos originados
en contratos de cuentas en participación. Sobre eso alegó que los contratos no son
un costo en sí mismo, sino que los costos registrados por concepto de estos
corresponden a gasolina, peajes, salario del conductor, prestaciones,
mantenimiento, cargues y descargues, entre otros. Explicó que precisamente en sus
costos y deducciones están aquellos asociados a la prestación del servicio, que la
utilidad del socio oculto se lleva como pago que no requiere facturación y que el
socio oculto no debe facturar pues no presta servicios ni vende bienes, tal como
expone el concepto DIAN 030569 de 1999.

3
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00426-01 (28817)
Demandante: Transemcar P.V. Ltda

Aseveró que la liquidación se motivó falsamente, dado que el concepto DIAN 009857
de 2016 que se invoca en ella aplica para vendedores de bienes o prestadores de
servicios, y no para los socios ocultos de un contrato de mandato, quienes no
realizan ninguna de las dos actividades y solo ponen a disposición bienes para el
gestor, quien gestiona el servicio con terceros. Citó el concepto DIAN 41483 de 2004,
para reiterar que al socio oculto no le corresponde facturar la utilidad producto del
contrato de cuentas en participación para que sea reconocido como costo a cargo
de la demandante. Observó que la liquidación de utilidades estaba soportada con
los documentos allegados con la respuesta al requerimiento especial.

En cuanto al desconocimiento de costos de venta por pagos recibidos para terceros,
reprochó que la Administración desconociera los costos de alimentación,
alojamiento y descargue, por falta de factura, dado que estos son reales y tienen
relación de causalidad y proporcionalidad con su actividad, pues los valores
entregados a los conductores como anticipo les permitieron alimentarse,
hospedarse, pagar la gasolina, el cargue y descargue, entre otros, sin lo cual no se
concretaría el servicio. Afirmó que los gastos de carretera no se obtienen de
empresas legalmente constituidas o con RUT e insistió en la proporcionalidad del
gasto frente a la facturación.

Explicó que todo ingreso requiere de un gasto y que con los egresos acreditó la
entrega de recursos a los conductores. Aclaró que no todos los costos fueron 100%
informales y que dicha situación se ha reducido con el tiempo y explicó el concepto
de la prueba supletoria, para luego afirmar que, dada la informalidad del sector de
transporte, no había otra forma de sustentar los costos.

En lo que atañe al rechazo de la deducción por pagos de auxilio de movilización por
falta de aportes a seguridad social, manifestó que el auxilio de movilización cubría
el desgaste adicional de vehículos para los empleados que los ponían a disposición
de la empresa y presentó cuadro con la relación de los empleados a los que se les
pagó el auxilio, la función realizada y los valores máximos que se hubiesen pagado.
Aseguró que ninguno de los pagos superó el 40% del salario ingreso base de
cotización y que el auxilio de rodamiento era necesario, razonable, proporcional y
acorde a las funciones. Concluyó que este no constituye base de pago de aportes
a seguridad social.

Con relación al rechazo de gastos de administración e impuestos, adujo que con el
recurso de reconsideración aportó copia de las facturas que confirman el pago del
ICA al municipio de Yumbo, las cuales fueron desconocidas por la administración y
advirtió que aceptaba solamente el rechazo de $7.343.561. Sobre los gastos de
casino y restaurante expresó que dichas expensas eran normalmente
acostumbradas en su actividad comercial, necesarias para movilizar el personal
administrativo para cubrir contingencias, y que el valor era ínfimo frente a los
ingresos totales, al ser el 0,001% de estos.

Estimó que el impuesto y la sanción por inexactitud impuestos violaron el principio
de legalidad, el debido proceso y el espíritu de justicia.

Afirmó que la sanción por inexactitud no era procedente, dado que los rechazos
obedecieron a requisitos formales y no se configuró la omisión de ingresos. Así
mismo, alegó una diferencia de criterios y consideró inaplicable la sanción dado que
la prueba insuficiente no deriva en la inexistencia del costo o gasto.

4
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Demandante: Transemcar P.V. Ltda

Oposición de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda11. En cuanto a la adición de
ingresos, explicó el proceso de determinación y el contrato de mandato y su
dinámica fiscal para advertir que, a partir de los Decretos 3050 de 1997, 1514 de
1998 y la resolución 000228 de 2013, en ese tipo de contrato es indispensable
determinar si los ingresos percibidos por el mandatario enriquecen su patrimonio o
son recibidos por cuenta y/o en nombre del mandante y el mandatario está llamado
a expedir certificado al mandante, para que este último soporte costos, deducciones
e impuestos descontables. Anotó que el certificado debe ser expedido por cada
período gravable con la cuantía y los conceptos correspondientes y debe ser
firmada por contador y revisor fiscal.

Explicó que, independiente de si el contrato es con o sin representación, el
mandatario debe expedir las facturas por los ingresos que reciba y los terceros
deben expedirlas a su nombre si este adquiere bienes y servicios, sin perjuicio de
que contablemente el mandante deba registrar el NIT de los terceros que le
facturaron al mandatario por ser receptores de los pagos realizados a través del
mandatario. Añadió que el mandante debe reportar la información en medios
magnéticos y el mandatario debe informar las personas de quienes recibió ingresos
para terceros e identificar a estos.

Señaló que, a partir de las verificaciones efectuadas en la inspección tributaria y de
los requerimientos a terceros, se detectó una omisión de ingresos operacionales por
concepto de transporte pues la demandante detrajo todo el valor de las retenciones
certificadas, pero no declaró todos los ingresos correspondientes a esas retenciones
y resaltó que la omisión de ingresos fue ratificada por las diferencias encontradas
en la información reportada por los terceros. Adujo que las retenciones debieron ser
tomadas por el mandante y no por el mandatario y que la certificación emitida por el
mandatario en el marco del contrato carecía de aval de contador público o revisor
fiscal, por lo cual no eran prueba del mandato.

Citó los artículos 507 a 514 del Código de Comercio para explicar el alcance del
contrato de cuentas en participación y reparó en que, en la inspección tributaria, se
informó la existencia de tres socios ocultos con quienes se suscribió dicho contrato
desde 2013. Hizo hincapié en que la demandante manifestó que registró el 100%
de los ingresos de los manifiestos de carga en la contabilidad, discriminando el valor
que le correspondía a ella (8,5%) y al propietario (91,5%), que los gastos se
registraron en la cuenta 61450514 y que los socios ocultos no expiden factura, sino
cuenta de cobro.

Indicó que, a partir de los conceptos DIAN 099275 de 2010 y 009857 de 2016, en
materia de costos y deducciones, hay una tarifa legal probatoria que exige la factura
como soporte de estos, documento que no fue allegado, y que, en caso de admitirse
que podían presentarse documentos equivalentes, los aportados por la sociedad no
cumplían los requisitos de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.

Con sustento en el concepto DIAN 078516 de 2014 y la sentencia del 27 de enero de
2011, exp. 16890 del Consejo de Estado insistió en que todos los pagos solicitados
como deducibles deben estar soportados en facturas o documentos equivalentes
con el lleno de los requisitos legales, lo cual no ocurrió en este caso.

11
Samai Tribunal, índice 11.

5
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Explicó la deducibilidad de pagos por salarios y la obligación de efectuar aportes a
seguridad social para evidenciar que los gastos relacionados con auxilios de
movilización no eran procedentes pues, si bien la demandada afirmó que las
personas receptoras de este eran empleados vinculados con contrato verbal
indefinido, no comprobó el pago efectivo de aportes parafiscales y de seguridad
social, mediante el aporte de documentos.

Sobre el pago del impuesto de ICA, mencionó el artículo 115 del Estatuto Tributario
y a la sentencia C-1003 de 2004 de la Corte Constitucional, para evidenciar que las
copias de las transferencias al municipio de Yumbo no permitían advertir que estas
correspondieran al pago del ICA de 2014 sino de 2013 y que la declaración no tenía
constancia de pago e incluso el total a pagar figuraba en 0. En ese sentido, las
facturas y recibos de pago no demostraron que el pago del impuesto hubiese
ocurrido en 2014.

Frente a los gastos de casino y restaurante, definió los requisitos de necesidad,
causalidad y proporcionalidad contra el ingreso percibido y cuestionó los dos
primeros aspectos dado que el objeto de la empresa es prestar el servicio de
transporte, de manera que las actividades de casino y restaurante no se relacionan
con este y no hay prueba de que sean indispensables ni de la relación entre el gasto
y el objeto.

Descartó la violación a los principios de legalidad y debido proceso dado que los
actos estaban debidamente motivados. Defendió la imposición de la sanción de
inexactitud al encontrar que la declaración contiene datos inexactos, esto es,
deducciones, costos y gastos improcedentes e ingresos omitidos, resaltando que
dio aplicación al principio de favorabilidad. Dijo que demandante registró
voluntariamente los datos en la declaración y no se demostró la diferencia de
criterios. Solicitó condenar en costas al demandante.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño declaró la nulidad parcial de los actos y
condenó en costas a la demandada, con fundamento en las siguientes
consideraciones:12

Descartó la violación al debido proceso, al evidenciar que el trámite se adelantó con
apegó al procedimiento de ley y se garantizaron las oportunidades para controvertir
los actos.

Aceptó la adición de ingresos, después de señalar que la totalidad de las
retenciones fueron declaradas por la demandante y no por los mandantes, con lo
cual se evidencia que las operaciones o ingresos se constituyeron, no por virtud de
los contratos de mandato, lo cual haría procedente que el mandatario declarara los
costos y deducciones, sino directamente por la sociedad, lo que implica una
imprecisión en el reporte de ingresos y advirtió que la demandante no allegó prueba
con requisitos idóneos para tener por cierto que esos ingresos los percibió para
terceros. Explicó que en el evento en que los ingresos fueran para terceros, en virtud
de los contratos de mandato, era aquellos quienes los debía denunciar, así como la
totalidad de las retenciones en la fuente respecto de esos ingresos, lo cual no
ocurrió.

12
Samai Tribunal, índice 13.

6
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Avaló el rechazo de los costos de los contratos de cuentas en participación, para lo
cual citó la sentencia del 27 de junio de 2018, exp. 21745, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez del Consejo de Estado e indicó que las utilidades de los socios
ocultos son un ingreso para ellos y un costo para el gestor, el cual debe estar
soportado en facturas o documentos idóneos, las cuales no se aportaron, existiendo
tarifa legal.

Advirtió que la informalidad del sector de transporte no obsta para que se requieran
las facturas y ratificó la no deducibilidad de los costos de pagos recibidos para
terceros.

Consideró procedente el rechazo de la deducción de auxilios de movilización,
después de explicar que, salvo pacto de exclusión, estos son parte del salario y, por
ende, factor para determinar el ingreso base de cotización. Observó que los auxilios
se pagaron en forma permanente, con promedio mensual durante el año gravable
2014 y, en consecuencia, debían integrar la base de cotizaciones para seguridad
social. Reconoció que, si bien en los contratos aportados en sede administrativa se
excluyeron algunos pagos, estas exclusiones fueron ocasionales y, dada la
actividad de la empresa, los auxilios eran permanentes. Estimó que los pagos no
eran deducibles al no acreditarse el pago a seguridad social siendo salariales como
se evidencia de su habitualidad y que la demandante no probó los términos y
condiciones del pacto del auxilio.

Negó el rechazo de la deducción del ICA, al evidenciar que las facturas y las
consignaciones acreditaban que el impuesto fue pagado y los datos de quien lo
pagó, el monto y su beneficiario y que dichos documentos se presentaron
oportunamente. Ordenó reliquidar el impuesto, aceptando la deducción. También
desestimó el rechazo de la deducción de los pagos de casino y restaurante, citó las
sentencias de unificación del 26 de noviembre de 2020 y del 21 de noviembre de
2012, exp. 18488, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, para concluir que el
gasto era deducible pues se incurrió en este para mejorar la prestación del servicio
de transporte y era necesario.

Afirmó que la sanción por inexactitud era procedente, pero era excesiva y ordenó
reliquidarla, observando el principio de favorabilidad.

Condenó en costas a la demandada debido al trámite procesal que debió asumir el
demandante.

Recursos de apelación

La demandante apeló la decisión de primera instancia13. Manifestó que reiteraba lo
expuesto en la demanda en el sentido de que los ingresos del contrato de mandato
fueron declarados como ingresos para terceros y de que permitir el desconocimiento
del acuerdo de voluntades transgrede los principios de equidad y justicia pues exigir
que el mandante y el mandatario tributen sobre los mismos ingresos, genera una
doble imposición.

Adujo que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 remite a los artículos 127 y 128 del
Código Sustantivo del Trabajo que dispone cuáles son los pagos que no constituyen
salario y afirmó que los auxilios de movilización representaron un pago por mera
liberalidad y, por tanto, su deducibilidad no podía rechazarse por no acreditarse el
13
Samai Tribunal, índice 17.

7
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Demandante: Transemcar P.V. Ltda

pago de seguridad social sobre estos. Dijo que las personas vinculadas por nómina
sí estaban aportando al sistema.

La demandada presentó recurso de apelación.14 Insistió en que los documentos
aportados por la demandante no acreditan de manera inequívoca el pago del ICA
del período gravable 2014, pues las transferencias no evidencian que los pagos
correspondan a los impuestos en cuestión, ni hay constancia de pago de la
declaración presentada.

Sobre los gastos de casino y restaurante, advirtió que no se evidencia la relación
directa de necesidad y causalidad de estos gastos con la actividad productora de
renta de la demandante, pues aunque esta presentó pruebas de la realización de
dichos gastos, no se demostró de manera inequívoca su indispensable vinculación
con la obtención de la renta o su condición de gastos normalmente acostumbrados
en la actividad de transporte, de forma que no hay evidencia suficiente que
demostrara su necesidad y proporcionalidad.

Estimó procedente la sanción por inexactitud, pues el análisis fue objetivo, detallado
y apegado a la justicia y equidad tributaria. Descartó la diferencia de criterios que
no exime de demostrar los costos, deducciones e ingresos.

Se opuso a la condena en costas a partir de la sentencia del 4 de mayo de 2023,
rad. 52001-23-33-000-2019-00122-01 del Consejo de Estado que establece que
cuando los actos se anulan parcialmente y no hay parte vencida, el juez no puede
condenar en costas.

Oposición a la apelación

Las partes no presentaron oposición a las apelaciones.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema jurídico

Previo a resolver los cargos de apelación, la Sección resalta que los actos
administrativos propusieron las siguientes glosas:
• Glosa 1: Adición de ingresos brutos operacionales: Adiciona ingresos omitidos, los cuales
se evidenciaron principalmente por diferencias entre las retenciones declaradas y la
información reportada por terceros. Así mismo, indican que la demandante no presentó prueba
idónea sobre el mandato que alegó para indicar que esos ingresos no eran propios.
• Glosa 2: Costos no procedentes: compuesto por el (i) desconocimiento de pagos recibidos
para terceros por concepto alimentación, alojamiento y descargue, todos ellos por ausencia
de factura. Y (ii) de costos por contratos de cuentas en participación, por no estar soportados
en factura, y considerando que las cuentas de cobro aportadas no cumplían con los requisitos
de los artículos 615, 617 y 771-2 del Estatuto Tributario.
• Glosa 3: Deducciones no procedentes: Desconocimiento de gastos operacionales de
administración por no acreditar los aportes a seguridad social de los (i) auxilios de movilización
y (ii) de diversos pagos de honorarios; (iii) la deducción del ICA, al no estar probado el pago y
14
Samai Tribunal, índice 15.

8
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al encontrarse diferencias entre el valor contabilizado y el soportado documentalmente; y (iv)
de pagos de casino y restaurante por no estar acreditada la necesidad, causalidad y
proporcionalidad.
• Glosa 4: Rechazo de retenciones en la fuente tomadas en exceso.

En la demanda, se formularon cargos de nulidad respecto de las tres primeras
glosas, frente a lo cual el Tribunal avaló la adición de ingresos efectuada por la DIAN
en la Glosa 1; aceptó el rechazo de los costos contenidos en la Glosa 2; y negó el
rechazo de algunos de los elementos de la Glosa 3 (pago del ICA y pagos de casino
y restaurante.
Contrastando lo anterior con el recurso de apelación presentado por la demandante,
se observa que este únicamente se encaminó a controvertir la decisión del Tribunal
en cuanto a la adición de ingresos y el rechazo de gastos operacionales de
administración respecto de los auxilios de movilización y que las demás glosas no
fueron objeto de recurso, por lo que la Sección se abstendrá de analizarlos. Lo
propio ocurrirá respecto a la procedencia o no de la declaración de corrección
presentada pues TRANSEMCAR nunca lo discutió (ni en la apelación ni en la
demanda).

En efecto, se recuerda el criterio expuesto en las sentencias del 9 de abril de 2025,
exp. 26144, del 9 de mayo de 2024, exp. 28297, y del 11 de octubre de 2024, exp.
27637, M.P: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, frente al alcance del recurso de
apelación, en las que se indicó que, según el artículo 320 del Código General del
Proceso, el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente respecto de los reparos concretos formulados por el
apelante. Esto en concordancia con el artículo 328 ibidem, conforme con el cual la
competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos
por el recurrente, de tal forma que no es dable examinar aspectos no planteados en
el recurso.

Despejado lo anterior, de conformidad con los cargos de apelación formulados por
las partes, la Sección juzga la legalidad de los actos demandados, mediante los
cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2014
presentada por TRANSEMCAR. En particular, corresponde determinar si era
procedente: i) la adición de ingresos propuesta por la DIAN, ii) el rechazo de gastos
operacionales de administración por auxilios de movilización por no acreditarse los
aportes a seguridad social, iii) la aceptación de la deducción del ICA, iv) la aceptación
de los gastos de casino y restaurante y v) la imposición de la sanción por inexactitud.

2. Análisis del caso concreto

2.1. Adición de ingresos

Los actos demandados propusieron adicionar ingresos brutos operacionales por
concepto de transporte, en cuantía de $130.310.647, dadas las diferencias
detectadas entre el detalle de ingresos por terceros registrado en los libros auxiliares
(fls. 514 a 605 Caa) aportados por la demandante, y la información exógena
reportada por esos mismos terceros, así como las respuestas de estos a los
requerimientos de información efectuados por la Administración15. Así mismo, la
DIAN constató que la TRANSEMCAR tomó la totalidad de las retenciones practicadas y
certificadas, incluso aquellas relacionadas con los ingresos que omitió.
15
Fls. 488 a 501, 806 a 823, 826 a 854, 864 a 872, 924 a 955, 956 a 973, 974 a 989, 990 a 997, 998 a 1006, 1007 a 1021,
Caa.

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Con la respuesta al requerimiento especial, la demandante aceptó haber tomado la
totalidad de las retenciones en la fuente y presentó cuadro con las correcciones
pertinentes, así como relaciones de manifiestos de soportes de viaje de terceros,
informes generales de manifiestos de carga, copias de la tarjeta de propiedad de
los vehículos y auxiliares de contabilidad16. TRANSEMCAR explicó que en el marco de
un contrato de mandato había contabilizado la utilidad o pérdida de dicha operación
en la cuenta 41, sin perjuicio de que reportó los ingresos recibidos por terceros en
la información exógena y en la cuenta 28150501.

En la liquidación oficial, la DIAN resaltó que la demandante facturó a nombre propio
los servicios de transporte y estos fueron objeto de retenciones en la fuente, sin que
obrara prueba de las retenciones practicadas por ella en calidad de mandataria ni
de la certificación que debía expedir en favor de sus mandantes. Con el recurso de
reconsideración, TRANSEMCAR adujo que el contrato de mandato se suscribió entre
esta y tres (3) personas naturales (José Antonio Pantoja Romo, Miriam Del Carmen
Velásquez Cabrera y José Armando Pantoja Velásquez), el cual se formalizó con
los manifiestos de carga emitidos por ella como mandatario, siendo titular del
servicio y expuso que la distribución de ingresos, como consecuencia del mandato,
estaba debidamente soportada. La resolución que resolvió el recurso de
reconsideración insistió en que la demandante detrajo el 100% de las retenciones,
como si los ingresos fueran propios, lo cual se consideraba un hecho confesado.

En la demanda, TRANSEMCAR reiteró los argumentos propuestos en el recurso de
reconsideración y, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal señaló que la
demandante debía demostrar la operación y los costos asociados a este y que la
glosa se fundamentó en la disparidad entre los valores reportados como ingresos y
los costos deducidos. Precisó que la totalidad de las retenciones fue declarada por
la demandante, como mandataria, y no por los mandantes, lo cual implicó una
imprecisión en el reporte de ingresos; resaltó que TRANSEMCAR no allegó prueba con
requisitos idóneos para tener por ciertos los ingresos que percibió para terceros y
que eran los mandantes quienes debían registrar la totalidad de las retenciones en
sus denuncios, lo cual no ocurrió y confirmó la glosa propuesta.

En la apelación, TRANSEMCAR reiteró lo expuesto en la demanda sobre el hecho de
que los ingresos del contrato de mandato fueron declarados como recibidos para
terceros y que permitir el desconocimiento del acuerdo de voluntades transgrede
los principios de equidad y justicia, al exigir que el mandante y el mandatario tributen
sobre los mismos ingresos, lo cual generaría una doble imposición.

Para decidir, sea lo primero precisar que la demandante aduce la existencia de un
contrato de mandato, el cual no ha sido acreditado en el curso de la discusión con
cualquier tipo de prueba diferente a una copia de este, considerando que este tipo
de acto jurídico no requiere de solemnidad y que la misma demandante alega que
el mismo no fue celebrado por escrito. TRANSEMCAR explica que, en el marco de ese
supuesto contrato obró como mandataria de los terceros José Antonio y José
Armando Pantoja y Miriam del Carmen Velásquez (mandatarios).

Para comprobar la relación jurídica y el hecho de que los ingresos no son propios
de la demandante, se verificó el libro mayor aportado por esta17, en donde se
evidencia que en la cuenta 2815 -Ingresos recibidos para terceros-, TRANSEMCAR
registró los siguientes movimientos:
16
Fls. 1101 a 1358 Caa
17
Fl 90 y ss, Caa.

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• José Antonio Pantoja Romo: Movimiento débito y crédito de $103.829.683 con saldo a 31 de
diciembre de 0
• José Armando Pantoja Velásquez: Movimiento débito y crédito de $14.637.510 con saldo a 31
de diciembre de 0
• Miriam del Carmen Velásquez Cabrera: Movimiento débito y crédito de $108.000 con saldo a
31 de diciembre de 0

De conformidad con el Plan Único de Cuentas (PUC), vigente para la época de los
hechos, la cuenta 2815 registra en los créditos los valores recibidos a nombre de
terceros, mientras que en los débitos figuran los valores entregados a estos, de tal
forma que el registro evidencia las sumas reconocidas como ingresos para terceros.
En ese sentido, el total de ingresos que figuran en la cuenta para los supuestos
mandantes es de $118.575.193, suma que no es coincidente con la diferencia
detectada por la Administración, a partir de los cruces con terceros y de los valores
base de las retenciones descontadas por la demandada en su declaración, los
cuales ascienden a $130.310.647

También se comprueba que, durante el trámite administrativo, TRANSEMCAR aportó
informes auxiliares específicos de la cuenta 41450507, en donde se evidencia un
registro de Servicios de Transporte 8,5% y 91,5%18 que identifican al tercero José
Antonio Pantoja y a otros (con los cuales la DIAN efectuó cruces de información);
cuadros titulados ingresos vehículos propios, vehículos de terceros; y contratos de
cuentas en participación, que figuran sin firmas ni certificación19; así como informes
de ingresos de tractomulas de José Armando Pantoja que totalizan $96.504.56520.

Adicionalmente, se verifica que, con ocasión de la respuesta al requerimiento
especial, la demandante aportó cuadros, sin firmas ni certificación, de relaciones de
manifiestos, informes de manifiestos de carga, copias de tarjetas de propiedad de
vehículos y nuevamente los auxiliares de las cuentas 41450507 y 281505051 que
identifican terceros distintos a los anunciados como parte del contrato de mandato,
como por ejemplo el señor Juan Carlos Gómez Moreno, manifiestos de carga y
facturas21.

Al evaluar el contenido de las pruebas reseñadas se observa que estas son
insuficientes para acreditar que la suma de $130.310.647 provenía de la ejecución
de contratos de mandato y que no correspondían a ingresos propios por actividades
de transporte, sino que eran de terceros, a lo cual se suma que la demandante
detrajo la totalidad de las retenciones que le practicaron terceros, y no excluyó
aquellas que hubieran correspondido a los supuestos ingresos de sus mandantes,
circunstancia que por demás es acepta en forma expresa.

Tampoco es clara la proporción de los ingresos que correspondía a sus mandantes
(solo aparece una referencia en la cuenta 41450507, en donde se evidencia un registro de Servicios
de Transporte 8,5% y 91,5%, sin mayor explicación) y si bien, existía regulación tributaria
que respaldaba la distribución de ingresos en el transporte terrestre automotor y la
repartición de estos entre los propietarios de vehículos y las empresas
transportadoras22, la proporción depende de la negociación entre las partes, la cual
nunca fue probada en este caso.

18
Fls. 514 a 606 Caa.
19
Fls. 607 a 612 Caa.
20
Fls. 732 a 733 Caa.
21
Fls. 1113 a 1358 Caa.
22
Para la época de los hechos ya estaba en vigencia el artículo 102-2 del Estatuto Tributario.

11
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Así mismo, los cuadros y relaciones obrantes en el expediente no están firmados ni
certificados por el representante legal, ni por revisor fiscal o contador, de manera
que no dan certeza de lo allí expuesto, además de que los auxiliares de las cuentas
41450507 y 281505051 registran terceros ajenos a los que menciona el
demandante como parte del contrato, impidiendo llegar al convencimiento de que lo
allí registrado efectivamente corresponda a un mandato. Además, los manifiestos
de carga y las tarjetas de los vehículos no dan certeza sobre los términos y
condiciones del mandato aducido.

Finalmente, TRANSEMCAR tampoco probó que las personas naturales hubiesen
declarado los ingresos (a pesar de señalarlo así en la demanda) o que existiera una doble
tributación, pues no obran en el expediente copia de las declaraciones de renta de
estos o sus anexos, ni certificaciones de contador o revisor fiscal de los mismos, por
lo que no puede constatarse la alegada violación a los principios de justicia y
equidad y una doble tributación.

No debe olvidarse que, de acuerdo con el artículo 167 del Código General del
Proceso, incumbe a la parte probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ella alega, lo cual se traduce para el caso concreto
en que una vez que la DIAN propone la adición de ingresos y que la demandante
ataca la adición argumentando que los mismos no era propios sino de terceros y
que esos terceros lo declararon en su denuncio rentístico, le competía a esta probar
con evidencia idónea y suficiente su afirmación, esto es, la existencia del contrato
de mandato, las condiciones de este, el tratamiento tributario que se dio e incluso,
que los terceros declararon ese ingreso, nada de lo cual, como ya se indicó líneas
anteriores, no ocurrió.

En consecuencia, habiéndose encontrado que no está demostrado en el acervo
probatorio que los ingresos eran de terceros, se confirmará la sentencia de primera
instancia en este aspecto.

2.2. Auxilio de movilización

Inicialmente, el requerimiento especial desconoció las deducciones de pagos por
auxilio de rodamiento, por cuanto los beneficiarios de estos no tenían vinculación
laboral con la empresa y los pagos no se habían soportado en factura. La
demandante adujo que los terceros sí estaban vinculados por nómina, como lo
demostraba el auxiliar por tercero y los pagos a la seguridad social realizados
respecto de ellos. Agregó que los contratos fueron verbales.

En la liquidación oficial, la DIAN analizó las pruebas aportadas y concluyó que el
auxilio de movilización no fue objeto de base de cotización a los aportes a seguridad
social, frente a lo cual, en el recurso de reconsideración, TRANSEMCAR adujo que a
los terceros se le pagaron los aportes a seguridad social y, adicionalmente, un
auxilio de movilización convenido con ellos para cubrir «el desgaste adicional de los
vehículos de su propiedad (de los terceros) y el combustible que gastaban los empleados en mención
ya que ellos aparte de movilizarse hasta la empresa - colocaban su vehículo a disposición de ella,
teniendo en cuenta los cargos y responsabilidades que estos empleados realizaban en ese momento
y teniendo en cuenta que la sociedad tiene sedes en las ciudades de PASTO (Municipio de
Catambuco) de BOGOTA, (Municipio de Mosquera) y de Cali (Autopista Cali Yumbo)». Al
respecto, presentó un promedio mensual de dichos pagos y afirmó que ninguno de
ellos superó el 40% del salario que es IBC. La resolución que resolvió el recurso
señaló que los beneficiarios de los pagos no tenían vinculación laboral, ni se
soportaron los pagos en factura o documento equivalente.

12
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En la demanda, la TRANSEMCAR replicó los argumentos planteados en el recurso de
reconsideración. En la contestación, la DIAN expuso que, si bien la demandante
enunció que las personas se vincularon por nómina, no se acreditó el pago de
aportes a seguridad social ni se allegaron las facturas como soporte de los pagos.

La sentencia de primera instancia avaló el rechazo de la deducibilidad de los pagos
bajo el argumento de que los auxilios de movilización o rodamiento eran
constitutivos de salario, al constituir un pago permanente que se promedió
mensualmente durante 2014 y, en consecuencia, estaban sujetos a la base de
cotización de aportes parafiscales; ello, sin perjuicio de que, para el Tribunal,
TRANSEMCAR no probó el pacto que generó el reconocimiento de los auxilios. En la
apelación, el demandante plantea que los pagos se hicieron por mera liberalidad y
que los empleados sí realizaron los aportes a seguridad social.

Para decidir, se reitera las reglas fijadas por el Consejo de Estado23 para la
aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 y el tratamiento de los pagos no
constitutivos de salario, siendo estas que:
1. El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y riesgos
profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los términos
del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza remuneran el trabajo
o servicio prestado al empleador.
2. En virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y
trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes al
Sistema de Seguridad Social.
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes se
calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente de la
denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación del servicio) y, además, los que
las partes de la relación laboral pacten que no integrarán el IBC, en el monto que exceda el
límite del 40% del total de la remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los medios de
prueba pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de aportes
al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente fiscalizador objeta
los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de aportes, por considerar que
sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o aportante justificar y demostrar la
naturaleza no salarial del pago realizado, a través de los medios probatorios pertinentes.

También conviene traer a colación el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo,
de cuyo tenor literal se deriva que no constituyen salario los siguientes conceptos:
• Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, tales
como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, entre otros. Lo que recibe en dinero
o en especie, no para su beneficio sino para desempeñar sus funciones, por lo tanto, no son
para enriquecer su patrimonio, como gastos de representación, medios de transporte,
elementos de trabajo, entre otros. Las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX
del Código Sustantivo del Trabajo.Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales
acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal, cuando las
partes así lo hayan dispuesto expresamente, por ejemplo, alimentación, habitación o
vestuario, primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

Obsérvese de la anterior norma, por un lado, que, los tres primeros grupos no tienen
per se connotación salarial, mientras que el cuarto grupo regula aquellos conceptos
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 9 de diciembre de 2021,
exp.25185, M.P. Milton Chaves García

13
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que, a pesar de ser salariales, son objeto de pactos de exclusión y, por el otro, que
en el numeral segundo se agrupan aquellos pagos efectuados por el empleador
para el desempeño de las funciones del empleado, dentro de los cuales se incluyen
los medios de transporte.

De otro lado, la jurisprudencia de esta Sección24 ha establecido que lo determinante
para establecer si un pago constituye salario no es su eventualidad o habitualidad,
sino su esencia y el hecho de que se hubiese pactado así por las partes.

Para el caso concreto, es importante advertir, en primer lugar, que la vinculación
laboral de los terceros no fue discutida en la liquidación oficial de revisión, hecho
que tampoco fue controvertido por la DIAN en ninguna de las etapas judiciales, con
lo cual no será este un tema de análisis en esta sede. En segundo lugar, se
evidencia que la demandante explicó que los pagos por auxilio de movilización se
pactaron con los empleados y que la Administración hubiese cuestionado o exigido
prueba de dicho pacto, por lo que el requerimiento efectuado por el Tribunal como
remate de su análisis en el sentido de que la sociedad demandante no probó los
términos y condiciones del pretendido pacto no fue un aspecto cuestionado en los
actos demandados y tampoco podía ser exigido por el Tribunal en la sentencia.

Aunado a lo anterior, TRANSEMCAR explicó que los pagos se realizaron para
reconocer gastos de transporte por el uso de vehículos propios de los trabajadores,
en ejercicio de sus funciones, para desplazamientos a distintas sedes de la
empresa. Por tanto, es evidente que esos pagos se hicieron para efectos del
desempeño de las funciones de los empleados, y no se entregaron en su beneficio,
de forma que se enmarcan dentro del numeral segundo del artículo 128 del Código
Sustantivo de Trabajo y, al tener naturaleza no salarial, no podía exigirse la
comprobación del pago de aportes a seguridad social para que procediera su
deducibilidad en el impuesto sobre la renta, sin que por demás se hubiese
cuestionado el incumplimiento del tope establecido en el artículo 30 de la Ley 1393
de 2010.

En consecuencia, prospera el cargo y se reconocerá la deducción de los pagos por
$19.466.666 y reliquidará el impuesto a cargo.

2.3. Deducción del ICA

En el trámite administrativo, la demandada rechazó los gastos por deducción del ICA
pagado por la demandante al municipio de Yumbo, por cuanto encontró diferencias
entre el valor que figuraba en la conciliación fiscal25 y el que aparecía en el libro
mayor en la cuenta 5115050126, en el libro auxiliar27 y en el balance de prueba28.
Adicionalmente, verificó las transferencias bancarias29 y concluyó que no había
evidencia de que estas se hubiesen hecho por concepto de ICA de 2014,
considerando, además, que la declaración registró un total a pagar de cero30.

La sentencia de primera instancia desestimó la glosa a partir de las facturas y
comprobantes de pago allegados por el demandante desde la sede administrativa
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 5 de abril de 2018, exp.21598,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
25
Fl. 122 Caa.
26
Fl. 92 Caa.
27
Fl. 458 Caa.
28
Fl. 110 Caa.
29
Fls. 459, 460 y 462 Caa.
30
Fl. 461 Caa.

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y sostuvo que el impuesto fue pagado, y los documentos reflejaban los datos de
quien canceló, el monto y su beneficiario.

La DIAN apeló la decisión en este aspecto, y expuso que las pruebas allegadas por
la demandante no acreditaban de manera inequívoca el pago del ICA del período
gravable 2014, pues las transferencias no evidencian que los pagos correspondan
a los impuestos en cuestión, ni hay constancia de pago de la declaración
presentada.

Se revisa el expediente, y se encuentra como parte del acervo probatorio:

• Documentos aportados por TRANSEMCAR (1680 a 1683 Caa), que corresponden a las facturas
394913 y 394802 por el período octubre 2011/ septiembre de 2014, que la identifican como
sujeto pasivo. La factura 394313 discrimina un valor de $4.449.957 y los siguientes conceptos:
«Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Intereses, Anticipo, Sanciones Extemporaneidad,
Alumbrado Público, Intereses Alumbrado Público por el año 2013».
• El valor anterior figura en el comprobante de transacción de Bancolombia, obrante a fl. 1681
Caa, realizada a favor del municipio de Yumbo, el 30 de septiembre de 2014.
• No obstante, el valor por concepto de industria y comercio y avisos y tableros, según la factura
indicada asciende únicamente a $3.044.928 (fl 1680, Caa).
• Así mismo, consta la factura 394802 (fl 1682, Caa) por un valor de $14.829.200, con los
siguientes conceptos: «Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Intereses, Anticipo, Interés de
Anticipo, Intereses y Alumbrado Público».
• Esa cantidad aparece en el comprobante de transacción de Bancolombia, obrante a fl. 1673
Caa, en favor del municipio de Yumbo, con fecha del 30 de septiembre de 2014.
• Ahora bien, la suma por concepto de avisos y tableros de la factura 394802 equivale a
$9.384.750.

El artículo 115 del Estatuto Tributario, en su versión vigente para la época de los
hechos, establecía que era deducible el 100% del impuesto de industria y comercio
efectivamente pagado en el año o período gravable, siempre que tuviera relación
de causalidad con la actividad económica del contribuyente. TRANSEMCAR, desde la
sede administrativa y ahora en sede judicial, reconoce que, del valor total de la
glosa, esto es $19.773.239, debe rechazarse $7.343.561. No obstante, adujo que
la diferencia, $12.429.678, sí estaba debidamente soportada en las facturas y
comprobantes allegados con lo cual debía aceptarse la deducción.

La Sección considera que, contrario a lo afirmado por la Administración, de los
documentos allegados sí es posible concluir que el pago del impuesto de industria
y comercio en el año 2014 existió, toda vez que hay plena coincidencia entre el valor
de los recibos y el de las consignaciones del 30 de septiembre de 2014, que se
realizaron en favor del municipio de Yumbo y se identifica el destinatario y quien
efectúa el pago. En ese sentido, dado que se dan los supuestos previstos en el
artículo 115 del Estatuto Tributario que fueron inicialmente cuestionados, esto es
que está acreditado el pago efectivo del impuesto en el año o período gravable, se
reconocerá como deducible la suma de $12.429.678, correspondiente a los
conceptos de industria y comercio y avisos y tableros desglosados en los recibos.

Frente al hecho de que la declaración figurase en ceros, debe advertirse que esta
puede pagarse en momento posterior, sin que la ausencia de pago al momento de
la presentación implique una inconsistencia, más aún cuando sí hay un subtotal y
un total a pagar por todos los impuestos. De manera que este hecho no era
suficiente para desvirtuar la deducción, como lo pretendió la DIAN. En consecuencia,

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el cargo no prospera.

2.4. Deducción de gastos de casino y restaurante

Los actos administrativos demandados cuestionaron la necesidad, causalidad y
proporcionalidad de los gastos de casino y restaurante registrados por la
demandante en su declaración. En sede administrativa y en la demanda,
TRANSEMCAR se limitó a afirmar que los gastos eran necesarios para la prestación
del servicio, para la movilización de personal administrativo para atender
contingencias tales como accidentes y/o siniestros en carreteras, varadas de
vehículos, entre otras y que el valor de estos era ínfimo frente a los ingresos
percibidos por la empresa (0,001% del valor total). Empero, no allegó pruebas de
su dicho.
El Tribunal citó en su fallo las sentencias de unificación del 26 de noviembre de 2020
y del 21 de noviembre de 2012, exp. 18488, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, para explicar que el gasto era deducible, pues la demandante incurrió
en este para mejorar la prestación del servicio de transporte y era necesario. La
DIAN, en la apelación advirtió que no se evidencia la relación directa de necesidad y
causalidad de estos gastos con la actividad productora de renta de TRANSEMCAR y
que, aunque esta presentó pruebas de la realización de dichos gastos, no logró
demostrar de manera inequívoca su indispensable vinculación con la obtención de
la renta o su condición de gastos normalmente acostumbrados en la actividad de
transporte, de forma que no hay evidencia suficiente sobre su necesidad y
proporcionalidad.

Para resolver, la Sección reiterará el criterio expuesto en la sentencia de unificación
del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, que
estableció las reglas de decisión frente al alcance de los requisitos de causalidad,
necesidad y proporcionalidad del artículo 107 del Estatuto Tributario:
1. Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas
realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de renta.
Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es determinante la
obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo.
2. Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en una
situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar o mejorar
la actividad generadora de renta. La razonabilidad comercial de la erogación se puede valorar
con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las condiciones del mercado
donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del
contribuyente, entre otros. Salvo disposición en contrario, no son necesarios los gastos
efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén encaminados a objetivos
económicos sino al consumo particular o personal; las donaciones que no estén relacionadas
con un objetivo comercial; las multas causadas por incurrir en infracciones administrativas;
aquellos que representen retribución a los accionistas, socios o partícipes; entre otros.
3. La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de un criterio
comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora conforme a la
situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el que desarrolla su
actividad productora de renta.
4. Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades
administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga
argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con
su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y
tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta.

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Demandante: Transemcar P.V. Ltda

Como se advierte, y dando expresa aplicación al numeral 4 de la sentencia en cita,
el contribuyente tiene la carga de la prueba para demostrar el cumplimiento de los
requisitos de deducibilidad del artículo 107 del Estatuto Tributario, por lo cual no
basta con realizar afirmaciones genéricas frente a la necesidad, causalidad y
proporcionalidad, sino que debe demostrarse el cumplimiento de los tres requisitos.

En el expediente, se encuentra acreditado que la demandante registró diversos
gastos con distintos beneficiarios en la cuenta 519560 Casino y restaurante31, los
cuales, explicó, correspondían a pagos por alimentación del gerente por motivo de
sus viajes a distintas sedes, sin perjuicio de que se evidenciaron gastos por
refrigerios, almuerzos, desayunos y servicios diversos, entre otros. TRANSEMCAR
explicó que los gastos son necesarios, por cuanto se requiere movilización del
personal para atender contingencias; no obstante, no allegó pruebas de ello, y
tampoco sustentó cómo los gastos registrados son necesarios y proporcionales,
bajo criterios de mercado; se extrañan pruebas que acrediten tales condiciones en
el expediente.

En consecuencia, ante la ausencia de prueba, le asiste razón a la Administración
frente al hecho de que no se acreditaron los requisitos del artículo 107 del Estatuto
Tributario, con lo cual se revocará la sentencia de primera instancia en lo
concerniente, para confirmar el rechazo propuesto en los actos.

3. Sanción por inexactitud

La demandante no presentó reparos específicos frente a la sanción por inexactitud,
mientras que la demandada considera que debe confirmarse aquella planteada en
los actos.

Al respecto, se estima que la sanción por inexactitud es procedente en este caso
debido a que, según lo explicado líneas arriba, la demandante incluyó costos y
deducciones improcedentes, que derivaron en un menor salgo a pagar, en los
términos del artículo 647 del Estatuto Tributario y, adicionalmente, omitió ingresos.

No obstante, se resalta que la DIAN detrajo de la base de liquidación de la sanción
por inexactitud los costos y deducciones que rechazó en sus actos administrativos
por incumplimiento de requisitos formales, dentro de los que se encuentran los
pagos por auxilio de movilización32, nada de lo cual fue objeto de discusión, motivo
por el cual se mantendrá la forma como esta fue determinada por la DIAN en los
actos demandados y sólo se reducirá la base determinada por la DIAN única y
exclusivamente en atención a la aceptación del ICA pagado, así:

Sanción DIAN Consejo de Estado
Renta líquida declarada 175.756.000 175.756.000
Ingresos omitidos 130.311.000 130.311.000
Costos rechazados 1.430.520.000 1.430.520.000
Deducciones rechazadas 86.944.000 74.514.322
(-) Costos requisitos formales 1.430.520.000 1.430.520.000
(-) Deducciones requisitos formales 19.647.000 19.647.000
Renta líquida inexactitud 373.544.00033 360.934.322
Impuesto sobre la renta 93.396.000 90.233.581

31
Fls. 326 y 327 Caa.
32
Liquidación Oficial, página 39: “Cabe aclarar que, según Concepto de la DIAN 079365 del 11 de diciembre de 2013, la
sanción por inexactitud no procede en los casos de rechazo de costos y deducciones por el no cumplimiento de requisitos
formales, que, para el caso en cuestión, corresponden a los Costos rechazados por los requisitos formales por valor de
$1.430.520.000 y deducciones rechazadas por el auxilio de movilización por valor de $19.467.000”.
33
Este valor corresponde a lo indicado por la DIAN en sus actos, pero la sumatoria de los factores anteriores correspondería
realmente a $373.364.000

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Demandante: Transemcar P.V. Ltda

Sanción DIAN Consejo de Estado
(-) Anticipo 2014 1.398.000 1.398.000
(-) Retenciones 59.159.000 59.159.000
(+) Anticipo 2015 17.955.000 17.955.000
Saldo a pagar 50.784.000 47.631.581
Base sanción 50.784.00034 47.631.000
Tarifa 100% 100%
Sanción 50.784.000 47.631.000

4. Decisión

En atención a la aceptación de los gastos operacionales de administración por
concepto de auxilios de movilización en cuantía de $19.466.666 (redondeado a miles
$19.467.000) y del ICA pagado en la suma de $12.429.678 (redondeado a miles $12.430.000),
y la reliquidación de la sanción de inexactitud, se modificará la sentencia de primera
instancia y el impuesto a cargo, la sanción de inexactitud y el saldo a pagar se
determinan como sigue:

Concepto Declaración inicial DIAN Consejo de Estado
Ingresos brutos operacionales 7.699.291.000 7.829.602.000 7.829.602.000
Ingresos brutos no operacionales 50.643.000 50.643.000 50.643.000
Total ingresos netos 7.749.934.000 7.880.245.000 7.880.245.000
Costos de venta 6.839.901.000 5.409.382.000 5.409.382.000
Total costos 6.839.901.000 5.409.382.000 5.409.382.000
Gastos operacionales de administración 519.817.000 432.873.000 464.770.000
Gastos operacionales de ventas 127.605.000 127.605.000 127.605.000
Otras deducciones 86.855.000 86.855.000 86.855.000
Total deducciones 734.277.000 647.333.000 679.230.000
Renta líquida del ejercicio 175.756.000 1.823.530.000 1.791.633.000
Renta presuntiva 28.177.000 28.177.000 28.177.000
Renta líquida gravable 175.756.000 1.823.530.000 1.791.633.000
Impuesto sobre la renta gravable 43.939.000 455.882.500 447.908.000
Total imp a cargo 43.939.000 455.882.000 447.908.000
Anticipo del año gravable 1.398.000 1.398.000 1.398.000
Autorretenciones 0 0 0
Otros conceptos 60.496.000 59.159.000 59.159.000
Total retenciones año gravable 60.496.000 59.159.000 59.159.000
Anticipo año gravable siguiente 17.955.000 17.955.000 17.955.000
Saldo a pagar por impuesto 0 413.280.000 405.306.000
Saldo a favor 0 0 0
Sanciones 0 50.784.00035 47.631.000
Total saldo a pagar 0 464.064.000 452.937.000
Total saldo a favor 0 0 0

5. Costas

Para efectos de decidir sobre la condena en costas, es importante advertir que, dado
que, para el caso que aquí se analiza se declara la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, no se impondrá condena en costas en esta instancia
y se revocará la condena impuesta por el a quo, al no existir parte vencida en el
proceso, en los términos del artículo 365.5 del Código General del Proceso,
aplicable de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, prospera la
apelación de la demandada al efecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

34
Este valor está indicado en la página 40 de la liquidación oficial, pero el valor de la sumatoria es de 50.794.000.
35
Ibidem.

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Demandante: Transemcar P.V. Ltda

FALLA

1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia del 16 de febrero
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

En su lugar:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión
142412018000011 del 23 de marzo de 2018 y de la resolución 1420122019000005
del 28 de marzo de 2019, proferidas por la DIAN.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del
impuesto sobre la renta del año 2014 de la sociedad TRANSEMCAR P.V. LTDA, la
efectuada por el Consejo de Estado en la parte motiva de la presente providencia.

2. Revocar el numeral cuarto de la sentencia del 16 de febrero de 2024 y en su
lugar, no condenar en costas en ninguna de las instancias.

3. Reconocer personería al abogado Sebastián Sepúlveda Valencia, identificado
con cédula de ciudadanía 1.118.293.519 de Yumbo, Valle del Cauca y T.P.
275.381 del C.S. de la J, como apoderado de la DIAN, en los términos del poder
obrante en el índice 12 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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