RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2019-00558-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00558-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00558-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00558-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237–2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Proceso de incorporación de docentes -
Ley 60 de 1993-. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 3 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

La señora Judith Fabiola Burgos Revelo, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 039229 de 17 de octubre de
2017 y RDP 047999 de 26 de diciembre del mismo año, proferidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia.

Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia,
liquidada con el 75% de lo devengado en el año inmediatamente anterior a obtener
el estatus pensional; así mismo, sean canceladas las mesadas adeudadas con los
respectivos reajustes de ley, desde el momento de la adquisición del estatus
pensional hasta que se haga efectivo el pago.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=52001233300020190
0558011100103

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

De la lectura de la demanda, se extrae que la señora Judith Fabiola Burgos Revelo
radicó el 20 de junio de 2017 petición ante la UGPP, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, considerando que cumplía con los
requisitos para su reconocimiento.

Principalmente, explicó que laboró como docente de manera ininterrumpida desde
el 3 de diciembre de 1973 hasta, por lo menos, la reclamación del derecho
pensional, cumpliendo así los 20 años de servicio requeridos por la ley.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

En síntesis, como argumento de lo pretendido, indicó que cumplió con el único
requisito establecido por la Ley 37 de 1933 para acceder a la pensión gracia, esto
es, los 20 años de servicio en colegios de secundaria; aun así, cumplió, aunque
considera que no era obligatorio, con los requisitos establecidos en la Ley 114 de
1913, los 50 años de edad, la buena conducta y no estar en el grupo de docentes
excluidos por la mencionada ley, por cuanto para la expedición de esta, 1913, no
había nacido aún.

Adicionalmente, considera que el trabajo como docente por más de 20 años no
distingue el origen del nombramiento (nacional o territorial), únicamente el requisito
es haber laborado como docente en colegios de educación secundaria, lo cual
cumplió la demandante. Así mismo, explicó que no recibe pensión o recompensa
por parte de la Nación, pues es el Fondo Prestacional del Magisterio quien se
encarga de realizar los pagos de la pensión jubilación ya reconocida.

Señaló que, malintencionadamente, la jurisprudencia actual del Consejo de Estado
ha vulnerado el derecho a la igualdad respecto de los docentes nombrados por el
Ministerio de Educación Nacional, pues se les niega el derecho prestacional por
aplicación de la Ley 114 de 1913, siendo contrario a derecho y a los
pronunciamientos de la Corte Constitucional.

1.4. Contestación de la demanda

Admitida la demanda el 3 de diciembre de 2019, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, una vez notificada, presentó escrito con el que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones; al efecto, sostuvo que la vinculación docente de la
demandante fue del orden nacional, por tal razón no le asiste el derecho a ser
beneficiaria de la pensión gracia, pues la mencionada prestación social legalmente
se estableció para los docentes con vinculaciones del orden territorial y/o
nacionalizado, por lo que en el caso particular, no se cumple con los requisitos
mínimos exigidos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

1.5. Sentencia de primera instancia

Con fallo de 3 de noviembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Nariño negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial
que regulan la pensión gracia, analizó el cumplimiento de requisitos, llegando a la
siguiente conclusión:

La señora Judith Fabiola Burgos Revelo, para el momento de radicación de la
reclamación administrativa, tenía más de 50 años edad, así mismo, que laboró como
docente oficial con dos vinculaciones; una, por el término de 8 meses y 14 días
como docente nacionalizado, y otra, como docente de vinculación nacional, desde
el 20 de agosto de 1973 hasta el 25 de junio de 2015.

En atención a ello, recordó que la vinculación de naturaleza nacional no puede ser
tenida en cuenta para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, pues así lo
han establecido la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, además, aclaró
que la expedición de la Ley 60 de 1993 no cambia automáticamente el tipo de
vinculación.

Finalmente, condenó en costas a la UGPP toda vez que encontró configuradas las
causales de los artículos 365 y 366 del CGP en concordancia con el artículo 188 del
CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

1.6. Recurso de apelación

A través de apoderado, la señora Judith Fabiola Burgos Revelo presentó recurso
de apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia.

Alegó que es beneficiaria de la pensión gracia por remisión expresa de la Ley 37 de
1933, la cual a su consideración extendió a los docentes de secundaria y nacionales
tal beneficio. Señaló que el vínculo nacional que traía la accionante mutó a territorial
a partir de la descentralización de la educación, por disposición de la Ley 60 de
1993, razón por la cual, el tiempo de servicio comprendido desde la vigencia de esta
es del orden territorial.

Concluyó que la vinculación no es propiamente nacional, puesto que los dineros con
los que fueron cancelados los salarios provenían del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones, por tanto, el vínculo tiene una naturaleza territorial o
nacionalizada.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Con auto de 16 de abril de 2024, se admitió el recurso de apelación.

La señora Judith Fabiola Burgos Revelo, la UGPP, el Agente del Ministerio
Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta
etapa procesal.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada
–demandante-, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Judith Fabiola
Burgos Revelo, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias
para hacerse acreedor a tal prestación.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación

Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución Política
de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran
encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera,
a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará
el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]»
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:

«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar
a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de educación y la
asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de
los distritos.»

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal, departamental
y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la descentralización, en la cual […]
las entidades territoriales consolidan su autonomía administrativa como operadores de la
organización de los servicios de educación […]», se expidió la Ley 715 de 2001.

Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:

«Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos,
distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]
Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a
los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado
y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. […]»

En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

2.4. Actuación administrativa

La señora Judith Fabiola Burgos Revelo, actuando a través de apoderado, radicó el
30 de junio de 2017 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual fue negada a través de la
Resolución RDP 039229 de 17 de octubre de 2017, por cuanto los tiempos de
servicio eran del orden nacional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto de manera negativa por medio de la Resolución RDP
047999 de 26 de diciembre del mismo año.

2.5. Caso concreto

Pasa la Sala a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

Consejo de Estado, para el reconocimiento de la acreencia pensional en discusión.
Debiendo analizarse, además, si el traslado a una plaza nacionalizada y la
incorporación ocurrida en virtud de la “departamentalización y municipalización” de
la educación, implica que el tiempo servido a partir de ello, modificó la naturaleza
de la vinculación nacional a territorial, resultando válido el tiempo de servicio
docente prestado.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

a. Edad

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que la señora Judith Fabiola Burgos Revelo nació el 26
de marzo de 19507, razón por la cual, el 26 de marzo de 2000 cumplió 50 años de
edad.

b. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; siendo pertinente destacar que, en
todo caso, dicho aspecto no fue objeto de reproche por la demandada.

c. Tiempo de servicio

Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial;
requisito este sobre el que gira la controversia en esta instancia:

• Vinculación desde el 16 de octubre de 1972 hasta el 30 de junio de 1973
(8 meses y 15 días)

En el expediente reposa copia del Decreto 1188 de 26 de octubre de 19728, por
medio del cual el gobernador de Nariño, en uso de sus facultades legales, hizo el
nombramiento de diferentes docentes en el ramo de educación para adultos. Allí,
se observa que la señora Judith Fabiola Burgos Revelo fue nombrada como
profesora en el Centro Club de Leones del municipio de Pasto, con retroactividad al
16 de octubre de 1972.

7 Copia de la cedula de ciudadanía visible en expediente digital que se encuentra en SAMAI.

8 Documento visible en el folio 42 del archivo “001”, disponible en SAMAI.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

De lo descrito previamente, para la Sala no hay duda de que la señora Burgos
Revelo se desempeñó durante el tiempo mencionado como docente en el municipio
de Pasto.

En cuanto a la naturaleza de la vinculación, se observa que el acto de nombramiento
fue suscrito por el gobernador de Nariño, quien funge como nominador y que en uso
de sus facultades legales determinó la vinculación de varios docentes al servicio de
la educación departamental, entre los cuales se encontraba la hoy demandante.

Lo descrito previamente, permite concluir que las novedades laborales que rodearon
la prestación del servicio de la señora Judith Fabiola Burgos Revelo fueron
ocasionadas por autoridad del orden territorial, en este caso, la gobernación de
Nariño, sin que se observe la intervención u orden de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional; además, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley
43 de 1975 por medio de la cual se nacionalizó la educación en Colombia.

Resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C – 084 de
1999, al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley
91 de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió
conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así:
(i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:

«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización" de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en
nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos
la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente
extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco
se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del
31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio
general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta
que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio
de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe (sic)
dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual ocurre en este
caso. […]» (Negrilla de la Sala)

Por su parte, esta Sala ha precisado que «El carácter nacionalizado de la designación
[…] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C – 085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales».

Sumado a lo anterior, en lo que corresponde a dicha diferencia esta Corporación en
la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
concluyó:

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial
antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con
la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de
ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere
se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

Adviértase que esas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con todos elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco la naturaleza de la vinculación del respectivo docente.

Lo anterior, resulta necesario para destacar que en el asunto bajo análisis el docente
mantuvo una vinculación de naturaleza territorial (departamental), pues fue
nombrado por el gobernador de Nariño, con anterioridad a la expedición de la Ley
43 de 1975 por medio de la cual se adelantó la nacionalización.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

Por tanto, el tiempo de servicio trascurrido entre el 16 de octubre de 1972 hasta el
30 de junio de 1973, es decir, 8 meses y 15 días, resulta ser de naturaleza
territorial, tal y como se explicó previamente, tiempo de labor que resulta válido
para la pensión gracia.

• Vinculación desde el 20 de agosto de 1973 en adelante

Si bien en el expediente no se observa copia del acto de nombramiento, sí se allegó
copia del acta de posesión suscrita el 13 de diciembre de 1973 por el alcalde
municipal de San José de Alban, Nariño, en donde se especificó que la demandante
«ha sido designada por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 12350 de
fecha 3 de diciembre de 1.973, a partir del 20 de agosto del corriente año […]» como
docente de secundaria en el Colegio Nacional “Juan Ignacio Ortiz” del mencionado
municipio.

De igual manera, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría de Educación de Nariño, en certificado de 17 de marzo de 2017 indicó
que la docente se mantuvo en el cargo desde el 20 de agosto de 1973 hasta el 25
de marzo de 2015, fecha de retiro del servicio, así:

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

Ahora, la naturaleza de su vinculación es nacional, no sólo porque así quedó
certificado, sino porque la anterior circunstancia no es discutida por la parte
demandante, ya que tanto en el escrito de demanda como de apelación reconoce
que fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional.

De manera que, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el
personal nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por
nombramiento del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió. En ese orden de
ideas, el periodo antes referenciado, no es computable para acreditar los 20 años
de servicio con el fin de acceder a la pensión gracia.

Sobre el particular, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1º, dejó claro que un docente
«nacional» es el que es nombrado por el Gobierno nacional, a saber:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional».

En igual sentido, esta Corporación en reciente sentencia de unificación SUJ-030-
CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 sentó la siguiente regla jurisprudencial:

«Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar la
siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15, numeral
2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión gracia de
jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.» (Negrilla de la
Sala)

Sumado a ello, esta Corporación en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997,
citada por el apoderado de la demandante en el escrito de apelación, se señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»9

Ahora bien, con el recurso se arguye que al no aceptarse por el tribunal de instancia
que el vínculo laboral docente mutó de nacional a departamental, se desconoce la
Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado, entre otros.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de

agosto de 1997.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

Pues bien, el apoderado del accionante argumentó que la docente pasó a ser del
orden territorial, toda vez que, en aplicación de la Ley 60 de 1993, se suscribió un
compromiso para que la Nación entregara al departamento los bienes, el personal
y los establecimientos del sector educativo.

De los documentos allegados al expediente, se observa que la docente Judith
Fabiola Burgos Revelo laboró por más de 41 años; sin embargo, a partir del
nombramiento efectuado mediante la Resolución 12350 de 1973, se presentó una
continua dependencia laboral de la demandante respecto de la Nación, pues fue
nombrada de manera directa por el Ministerio de Educación y permaneció en ese
mismo cargo hasta su retiro en marzo de 2015; por lo que existe certeza de que el
tipo de vinculación es nacional.

Si bien con el proceso de descentralización de la educación, y la creación del
sistema general de participaciones, se transfirieron los recursos de la Nación a los
entes territoriales, dicha circunstancia por sí sola no implica un cambio en la
naturaleza del vínculo docente; siendo pertinente señalar que, aunque con la Ley
60 de 1993 se dispuso la descentralización de ciertas competencias de la Nación
respecto de los entes territoriales, en su artículo 6.º se señaló que «el régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y
las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en
ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de
remuneraciones». (Resaltos de la Sala)

A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal nacional son
los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia de
los nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de
entidad territorial.

En ese orden, las condiciones de la vinculación docente de la demandante no se
modificaron a pesar de la novedad de la incorporación a la planta territorial,
comoquiera que el último nombramiento del que fue objeto se efectuó en 1973, en
el que se indicó que pertenecía a la nómina nacional; y si bien de ahí en adelante
se presentaron situaciones administrativas, ello no afectó su relación laboral, pues,
como quedó claro, la vinculación de los educadores con la que venían antes de la
designación en una plaza nacional y la incorporación a la planta de personal docente
se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral.

El anterior criterio ha venido siendo reiterado por esta Corporación, entre otras, en
sentencia de 28 de enero de 202110:

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-

01 (363-2018).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se destaca que
(i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional; (ii) Manizales era el lugar
geográfico en el que desarrollaba su funciones, circunstancia que no mutaba la
naturaleza de su vinculación, dado que la vacante que ocupaba y el colegio en el que
laboraba eran nacionales; y (iii) no se trató de una nueva designación, tanto es así
que no hubo modificación en cuanto al régimen salarial que le reconocía la Nación.
En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación el 10 de
febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…] prestaba sus servicios
como Docente plaza Nacional […]», lo cual no varió por la incorporación del
departamento de Caldas.
[…]
Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se financió el empleo
de la accionante, el acto de incorporación hace referencia al situado fiscal que si bien
atendía los gastos que generaban los servicios educativos nacionalizados y
territoriales, también lo hacía respecto de los nacionales como en este caso, en el
que, se reitera, la plaza era nacional sin que exista en el plenario prueba en
contrario.»11

Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento de la aquí demandante fue del
orden nacional y que las novedades de las que fue objeto administrativamente no
modificaron dicha naturaleza, es claro que el tiempo de servicio docente desde el
20 de agosto de 1973 hasta el 25 de marzo de 2015 es de naturaleza nacional, y
por lo tanto no es posible tenerlo en cuenta para efectos de la pensión gracia
deprecada; no acreditando la demandante el requisito de 20 años de servicio como
docente territorial o nacionalizada, como lo dispuso el a quo, razón suficiente para
confirmar la sentencia objeto de alzada, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

2.3. Conclusión

En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados en el
recurso de apelación, pues, no había lugar a considerar que la señora Burgos
Revelo tuvo un vínculo territorial, pues se insiste, se mantuvo en el orden nacional
conforme al acto administrativo de nombramiento. Con fundamento en lo antes
expuesto, tampoco se advierte un desconocimiento de la jurisprudencia de esta
Corporación ni de la Constitución.

Así, se itera que la demandante no cumple con el requisito de acreditar 20 años de
servicio docente territorial o nacionalizado, razón por la cual, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas de segunda
instancia comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar

11 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-

01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00558 00 (1237-2024)
Demandante: Judith Fabiola Burgos Revelo

a condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de
las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda; de
acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.