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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00661-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00661-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el cuatro (4) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Nariño. En su lugar, se dispone: «TERCERO: ORDENAR al DEPARTAMENTO DE NARIÑO reconocer y pagar la correspondiente sustitución pensional causada por la muerte del Sr. Jorge Rafael Quintana Burbano a favor de su hijo Jorge Rolando Quintana Arturo en un 25% de la prestación, efectiva a partir de fecha en la que se dio cumplimiento al fallo de tutela que ordenó la redistribución de la sustitución Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 52001-23-33-000-2019-00661-01 (0208-2025) pensional, esto es, desde el 25 de octubre de 2019. Se autoriza a la accionada a hacer los descuentos a que haya lugar, por concepto del porcentaje de las mesadas que ya haya cancelado por virtud de la orden de tutela». Segundo. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el cuatro (4) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Nariño. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00661-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00661-01 (0208-2025)
Demandante: Jorge Rolando Quintana Arturo
Demandadas: Departamento de Nariño, María Angelita Leitón y Ana Cristina
Quintana Leitón

Tema: Fecha de efectividad del reconocimiento de la sustitución
pensional. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Nariño,
contra la sentencia proferida el cuatro (4) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Jorge Rolando Quintana Arturo instauró demanda contra el
departamento de Nariño, María Angelita Leitón y Ana Cristina Quintana Leitón, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL

2. Que se declare la nulidad:

i) De la Resolución Nro. 990 del 4 de noviembre de 2015, por medio de la
cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes, en
cuantía del 100%, a favor de la señora María Angelita Leitón, con ocasión
del fallecimiento del señor Jorge Rafael Quintana Burbano.

ii) De la Resolución Nro. 0204 del 27 de marzo de 2019, mediante la cual se
negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor del
señor Jorge Rolando Quintana Arturo.

iii) De la Resolución Nro. 0323 del 10 de mayo de 2019, por medio de la cual
se resolvió el recurso de reposición contra el anterior acto.

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iv) De la Resolución Nro. 141 del 14 de junio de 2019, mediante la cual se
decidió no revocar la Resolución Nro. 0204 del 27 de marzo de 2019.

v) De la Resolución Nro. 0731 del 27 de agosto de 2019, mediante la cual
se modificó el artículo 1 de la Resolución Nro. 990 del 4 de noviembre de
2015.

vi) De la Resolución Nro. 0933 del 25 de octubre de 2019, mediante la cual
se modificó el artículo 1 de la Resolución Nro. 0731 del 27 de agosto de
2019.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reconozca y pague la
sustitución pensional a la que tiene derecho, en su condición de hijo con
discapacidad del señor Jorge Rafael Quintana Burbano, en cuantía del 50%; y que
se reconozca y pague el retroactivo de las mesadas adeudadas, a partir del 20 de
septiembre de 2015, con los debidos intereses moratorios a los que haya lugar, así
como los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor.

HECHOS DE LA DEMANDA PRINCIPAL

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que es hijo y dependía económicamente del señor Jorge Rafael Quintana
Burbano, porque desde que nació sufre de escoliosis severa. Que su padre contrajo
matrimonio con la señora María Angelita Leitón; que falleció el 19 de septiembre de
2015; y que devengaba una pensión que fue reconocida mediante Resolución Nro.
8410 del 30 de noviembre de 1994.

6. Que mediante Resolución Nro. 990 del 4 de noviembre de 2015, se reconoció y
ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes, en cuantía del 100%, a favor de
la señora María Angelita Leitón.

7. Manifestó que el 16 de febrero de 2018, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Nariño emitió un dictamen, en el que certificó que posee un 74.99% de
pérdida de capacidad laboral, cuya fecha de estructuración es el 29 de septiembre
de 2011, por lo que el 11 de febrero de 2019 solicitó el reconocimiento de la
sustitución pensional, en su condición de hijo discapacitado, la cual fue negada
mediante Resolución Nro. 0204 del 27 de marzo de 2019 y se confirmó a través de
Resolución Nro. 0323 del 10 de mayo de 2019.

8. Que, posteriormente, el departamento de Nariño reconoció la prestación
económica en partes iguales, a saber: 50% a favor de la señora María Angelita
Leitón; y el otro 50% de la prestación económica a Ana Cristina Quintana Leitón, en
su condición de hija con discapacidad.

9. Que luego de presentar una acción de tutela, el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Pasto amparó de manera transitoria sus derechos fundamentales y ordenó a la
Gobernación de Nariño que redistribuyera la prestación, a fin de reconocerle el
derecho.

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10. Que mediante Resolución Nro. 0933 del 25 de octubre de 2019, se modificó el
artículo 1 de la Resolución Nro. 0731 del 27 de agosto de 2019 y se ordenó el
reconocimiento y pago del 50% de la pensión a favor de María Angelita Leitón y, el
porcentaje restante, en partes iguales, a su favor y el de Ana Cristina Quintana
Leitón.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA DEMANDA
PRINCIPAL

11. Se indicaron como normas violadas los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución
Política; y los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

12. En el concepto de violación manifestó que se vulneraron sus derechos
fundamentales a la seguridad social y a una remuneración mínima vital y móvil; y
que los actos demandados se expidieron con violación de las disposiciones legales
en las que debieron fundarse.

13. Con la contestación de la demanda, el departamento de Nariño presentó
demanda de reconvención en los siguientes términos:

PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN

14. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 840 del 30 de diciembre de
1994, por medio de la cual la Caja de Previsión Social de Nariño ─PREVINAR─
reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación a favor del señor Jorge Rafael
Quintana, por no reunir los requisitos establecidos en la Ley 6ª de 1945; y de la
Resolución Nro. 0933 del 25 de octubre de 2019.

15. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la suspensión
definitiva del pago de dicha prestación. De manera subsidiaria, requirió que se
declare la nulidad parcial de los actos demandados y, en consecuencia, que se
reliquide dicha pensión, así como la de sobrevivientes, teniendo en cuenta los
salarios devengados por el fallecido en el último año de servicios, es decir, con corte
al 30 de diciembre de 1991, excluyendo de tal liquidación, aquellos pagos que
legalmente no constituyan salario.

HECHOS DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN

16. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

17. Que mediante Resolución Nro. 840 del 30 de diciembre de 1994, la Caja de
Previsión Social de Nariño ─PREVINAR─ reconoció y ordenó el pago de la pensión
de jubilación a favor del señor Jorge Rafael Quintana Burbano, al estimar que laboró
por 20 años y 16 días al servicio del Estado.

18. Que el señor Jorge Rafael Quintana Burbano falleció el 19 de septiembre de
2015 y la señora María Angelita Leitón solicitó el reconocimiento de la sustitución
pensional.

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19. Indicó que, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero
Civil del Circuito, se emitió la Resolución Nro. 0933 del 25 de octubre de 2019, por
medio de la cual se modificó la Resolución Nro. 0731 del 27 de agosto de 2019, y
se ordenó reconocer, en forma transitoria, el 25% de la pensión de sobrevivientes
en favor del señor Jorge Rolando Quintana Arturo y, el otro 25%, a favor de Ana
Cristina Quintana Leitón.

20. Manifestó que al revisar la documentación que soportó el reconocimiento de la
pensión de jubilación del señor Quintana Burbano, pudo establecerse que no se
realizó conforme a las exigencias establecidas en la Ley 6ª de 1945, la Ley 5ª de
1969, la Ley 33 de 1985 y demás normas vigentes, porque el tiempo de trabajo fue
inferior a los 20 años exigidos por la normativa aplicable.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA DEMANDA DE
RECONVENCIÓN

21. Se indicaron como normas violadas los artículos 2, 6, 29 y 209 de la Constitución
Política; la Ley 6ª de 1945; la Ley 5ª de 1969; la Ley 33 de 1985; la Ley 797 de 2003;
los artículos 101 y 138 de la Ley 1437 de 2011; y el Decreto 1222 de 1986.

22. En el concepto de violación señaló que los actos demandados se expidieron
con violación de las disposiciones legales en las que debieron fundarse, porque el
causante no cumplió con los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión
de jubilación, ya que el tiempo real de servicios prestado fue inferior a los 20 años.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

23. La demanda principal se admitió en providencia del 7 de febrero de 20201 y la
demanda de reconvención en providencia del 11 de marzo de 20212.

24. Respecto a la demanda principal, el departamento de Nariño se opuso a las
pretensiones. Indicó que la señora María Angelita Leitón acreditó los requisitos que
exige la norma para ser beneficiaria de la sustitución pensional, máxime cuando fue
la única que se presentó al trámite administrativo luego de que se hicieran las
publicaciones del caso para que las personas interesadas intervinieran.

25. Que contra la resolución de reconocimiento pensional no se interpusieron los
recursos de ley, razón por la que quedó en firme y se creó una situación particular
a favor de la señora María Angelita Leitón, la cual no podía revocarse sin su
consentimiento expreso. Propuso como excepciones las de inexistencia de la
obligación y prescripción3.

26. Las señoras María Angelita Leitón y Ana Cristina Quintana Leitón también
contestaron la demanda. Manifestaron que el departamento de Nariño, al momento
de emitir las resoluciones demandadas, actuó de conformidad con la ley, por lo que
se presumen válidas y carentes de cualquier vicio. Que la única persona que

1 Véase el archivo «03AutoAdmisorio» a índice 2 de SAMAI.
2 Véase el archivo «07Auto Admite demanda con subsanación 2019-00661 (1)» a índice 2 de SAMAI.
3 Véase el archivo «05ContestacionDdaGobernacionNariño» a índice 2 de SAMAI.

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demostró, en sede administrativa, depender económicamente del causante, fue Ana
Cristina Quintana, al tener una discapacidad desde que nació.

27. Propusieron como excepciones las de cobro de lo no debido; inexistencia de la
obligación; ausencia de vicios en los actos demandados; buena fe; ausencia de
causa para demandar; y falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a la
señora María Angelita Leitón, porque la prestación reconocida a favor de esta debe
permanecer incólume, teniendo en cuenta que las pretensiones del demandante
van encaminadas, exclusivamente, a que se le reconozca el porcentaje que cree
que le corresponde, sin aludir al porcentaje legalmente reconocido a favor de María
Angelita Leitón4.

28. Con respecto a la demanda de reconvención dio respuesta el señor Jorge
Rolando Quintana Arturo. Señaló que su padre reunió todos los requisitos para ser
beneficiario de la pensión de jubilación reconocida, porque acumuló más de 20 años
en el servicio público. Igualmente, sostuvo que sí resulta procedente el
reconocimiento de la porción del 25% de la pensión de sobrevivientes que en
calidad de hijo inválido le corresponde, razón por la que no es dable que se
suspenda de manera definitiva, ni transitoria, el pago de la pensión de
sobrevivientes.

29. Propuso las excepciones de caducidad, buena fe, improcedencia de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, inexistencia de la obligación, falta de
legitimación en la causa del demandante en reconvención, aplicación de la teoría
del acto propio, presunción de legalidad, temeridad, cobro de lo no debido e
innominada o genérica5.

30. El 7 de abril de 2022 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas6. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se
dictó sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por el departamento de Nariño.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

31. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del cuatro (4) de octubre de
dos mil veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las pretensiones. Indicó, en
primer lugar, que teniendo en cuenta la certificación emitida por el departamento de
Nariño en la que señalaba que el señor Jorge Rafael Quintana Burbano se
desempeñó como diputado de la Asamblea Departamental entre 1990 y 1991, y que
asistió a 11 de 28 sesiones en 1990, y a 24 de 25 en 1991, por lo que al efectuarse
el cálculo, se tenía que la asistencia a la totalidad de sesiones correspondería a 12
meses de servicio, cuya proporción dio como resultado, para 1990, un total de 4.7
meses y, para 1991, de 11.5 meses, tiempo que suma 16.2 meses.

32. Que, bajo esa lógica, el requisito del tiempo de servicios se encontraba
satisfecho, al contar con más de 20 años como servidor público, por cuanto también
laboró en la Contraloría General de Nariño, en el Servicio Seccional de Salud de
Nariño, en la Rama Judicial, en el departamento de Nariño y en el municipio de

4 Véase el archivo «07ContestacionDemandaAngelicayAnaCristina» a índice 2 de SAMAI.
5 Véase el archivo «09Contestación Demanda de Reconvención» a índice 2 de SAMAI.
6 Véase el archivo «25ActaAudienciaInicial» a índice 2 de SAMAI.

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Tumaco; además de tener 64 años, al momento de su reconocimiento.

33. En lo que respecta a la liquidación de la pensión otorgada al señor Quintana
Burbano, expresó que se constató que el acto administrativo que reconoció el
beneficio pensional tuvo en cuenta lo devengado en el último año de servicios y,
como asistió a casi la totalidad de sesiones (24 de 25), ello corresponde a un año
computable para efectos pensionales, teniendo en cuenta el sueldo, dietas y toda
aquella asignación que haya percibido para el cálculo de su monto, tal como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 1723 de 1964.

34. Argumentó que como el señor Jorge Rafael Quintana Burbano acreditó el
cumplimiento de todos los requisitos conforme a la normativa pensional aplicable al
momento de la solicitud para acceder a una pensión de jubilación y se encuentra
debidamente liquidada, el acto administrativo de reconocimiento pensional es legal
y carece de vicios de nulidad.

35. En segundo lugar, expuso que el señor Jorge Rolando Quintana Arturo acreditó
ser hijo del causante y poseer una invalidez superior al 50%, la cual se estructuró
en 2011, esto es, antes de la fecha de fallecimiento de su padre. Que, frente al
requisito de la dependencia económica, las pruebas permitieron concluir que el
demandante enfrenta, a diario, actitudes de rechazo en razón a su aspecto físico, lo
que le ha imposibilitado una vinculación laboral estable que le permita acceder a
condiciones económicas que le garanticen las condiciones mínimas para llevar una
vida digna.

36. Manifestó que como la demandada no logró controvertir lo anterior, podía
estimarse que el accionante cumplió con los requisitos establecidos para acceder a
la pensión sustitutiva que se generó con ocasión del fallecimiento de su padre.

37. Con base en lo anterior, negó las pretensiones de la demanda de reconvención;
y declaró la nulidad de los actos administrativos demandados en la demanda
principal. A título de restablecimiento del derecho, ordenó al departamento de
Nariño reconocer y pagar la correspondiente sustitución pensional causada por la
muerte del señor Jorge Rafael Quintana Burbano, a favor de Jorge Rolando
Quintana Arturo, en un 25% de la prestación, efectiva a partir del 19 de septiembre
de 2015 y autorizó a la accionada a hacer los descuentos a que haya lugar, por
concepto del porcentaje de las mesadas que canceló por virtud de la orden de tutela.

38. Negó las demás pretensiones y se condenó en costas a la parte vencida7.

RECURSO DE APELACIÓN

39. El departamento de Nariño interpuso recurso de apelación parcial. Manifestó
que su motivo de inconformidad tenía que ver con el numeral 3 de la parte resolutiva
del fallo, que ordenó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en favor
del señor Jorge Rolando Quintana Arturo en un 25%, efectiva a partir del 19 de
septiembre de 2015.

7 Véase a índice 29 de SAMAI del Tribunal.

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40. Que el departamento canceló los dineros de la pensión de sobrevivientes, en
un primer momento, a favor de la señora María Angelita Leitón, en un monto del
100%; y luego en una proporción del 50% para esta y del 50% para la hija, tal y
como se determinó en la Resolución Nro. 0731 del 27 de agosto de 2019.

41. Indicó que, por lo anterior, no puede condenarse a cancelar dos veces, pues
quien debe reintegrar ese dinero son las señoras María Angelita Leitón y Ana
Cristina Quintana Leitón, porque la forma en que se profirió la sentencia está
condenándose al departamento a cancelar dos veces esa suma, teniendo en cuenta
que, al momento de fallecer el causante, la única persona que reclamó la pensión
de sobrevivientes fue la señora María Angelita Leitón, en calidad de cónyuge
supérstite8.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

42. El 31 de marzo de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría conceptuar
hasta antes que el proceso ingresara para fallo9.

43. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.

44. Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES DE LA SALA

45. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar a partir de cuándo debe
materializarse el reconocimiento de la sustitución pensional que se ordenó a favor
del señor Jorge Rolando Quintana Arturo, es decir, desde el día siguiente al
fallecimiento del causante o desde la ejecutoria de la sentencia, para evitar un pago
doble de la prestación.

Fecha de efectividad del reconocimiento de la sustitución pensional

46. La sustitución pensional tiene por objeto proteger a la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, de manera que las personas que dependían
económicamente del causante puedan continuar cubriendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación socioeconómica con que contaban
cuando el pensionado o afiliado aún vivía.

47. Ante la posibilidad de que suscite controversia por el reconocimiento de esta
prestación entre los posibles beneficiarios del causante, una vez se encuentre
probado que aquellos tienen derecho a percibirla, se reconocerá en los porcentajes
correspondientes y, por regla general, desde la muerte del pensionado, tal y como

8 Véase a índice 31 de SAMAI del Tribunal.
9 Véase a índice 4 de SAMAI.

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se sostuvo en las sentencias del 22 de abril de 201010, 7 de marzo de 201311 y 25
de junio de 201312, al ser este el momento a partir del cual puede hacerse exigible
la materialización del aludido beneficio económico, sin que haya lugar al reintegro
de las sumas recibidas de buena fe.

48. No obstante, de forma excepcional y, según las particularidades de cada caso,
la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que
es posible efectuar el reconocimiento en una fecha diferente a la referida, tal y como
se expondrá.

49. En sentencia del 24 de julio de 2008, la Subsección B señaló que el derecho
pensional se reconocería en favor de la cónyuge supérstite a partir del momento en
que el hijo que tuvo con el causante cumplió los 25 años. En esa oportunidad se
explicó que si bien no hubo un reconocimiento formal de la prestación para la
cónyuge desde la muerte del pensionado, lo cierto era que a su hijo sí se le
reconoció el 100% de aquella y fue disfrutada por los dos, habida cuenta de que ella
era su representante legal, es decir que, al constituir una unidad familiar, se vio
beneficiada del 100% de la pensión13.

50. Luego, la Subsección A, en providencia del 21 de octubre de 2009, concluyó
que la pensión debía reconocerse en favor de la hija del causante a partir de la fecha
en que la Administración profirió el acto que negó la prestación. Expuso que el
reconocimiento no se ordenó desde la muerte del progenitor, en la medida en que
para ese momento la entidad desconocía su existencia. En otras palabras: surtidos
los trámites administrativos, solo la cónyuge y el hijo del pensionado reclamaron el
derecho, de ahí que se les otorgó en un 50% a cada uno. A su vez, estimó que la
entidad tenía la obligación de asumir, a título de condena, el doble pago por no
haber reconocido a tiempo la pensión porque, en su criterio, cuando se presentó la
nueva beneficiaria pudo modificar el acto de reconocimiento inicial, pero no lo hizo14.

51. Más adelante, la misma Subsección ordenó, en decisión del 20 de febrero de
2020, reconocer la pensión de sobrevivientes a la cónyuge desde la fecha en que
la entidad pensional suspendió el pago de la prestación en cumplimiento de un fallo
de tutela. Lo anterior, porque las mesadas causadas entre el deceso del pensionado
y la fecha de suspensión fueron debidamente canceladas a aquella, previo a acudir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo15.

52. Igualmente, en providencia del 8 de abril de 2021, se estimó que la sustitución
pensional debía reconocerse en favor de la cónyuge supérstite a partir del día
siguiente en que falleció el pensionado, pero con efectos fiscales desde la ejecutoria
de la sentencia que confirmó el reconocimiento de la prestación, o a partir del acto
que ordenó la suspensión del pago del 50% de la mesada en controversia, si ello
ocurrió primero. Explicó que los pagos no podían realizarse desde la fecha del
deceso, en razón a que la cónyuge no reclamó el reconocimiento de la prestación
dentro del trámite legal que para el efecto surtió la Administración, es decir, que no

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Rad. 27001-23-31-000-2002-00221-01 (1955-2007).
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Rad. 76001-23-31-000-2008-00732-01 (0339-2012).
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Rad. 17001-23-31-000-2007-00006-02 (2217-2012).
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Rad. 25000-23-25-000-2002-04620-01 (8344-2005).
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Rad. 25000-23-25-000-1998-01427-01 (4520-2004).
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Rad. 05001-23-33-000-2017-02535-01 (1452-2019).

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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00661-01 (0208-2025)

podía beneficiarse de su actuar negligente16.

53. Por su parte, la Subsección B consideró, en proveído del 5 de agosto de 2021,
que la pensión de sobrevivientes debía reconocerse en favor de la compañera
permanente desde la fecha en que falleció la cónyuge supérstite, habida cuenta de
que aquella pidió la sustitución pensional más de 10 años después de ocurrida la
muerte del pensionado. Al respecto, destacó que su desidia no podía beneficiarle e
ir en detrimento del erario17.

54. Recientemente, esta Subsección, en providencia del 18 de septiembre de 2025,
encontró ajustada la decisión del tribunal de disponer el pago de las mesadas
derivadas de la sustitución pensional reconocida a la demandante a partir de la
fecha de la ejecutoria de la sentencia de primera instancia; ello, a fin de no imponer
un doble pago a la entidad. Se consideró que como la Administración efectuó
desembolsos por concepto de mesadas a quien en su momento consideró y
demostró ser la única titular del derecho; una decisión contraria afectaría la
sostenibilidad financiera del sistema pensional18.

55. Como se observa, puede concluirse que, por regla general, el reconocimiento
pensional se ordena a partir de la muerte del pensionado, pero, excepcionalmente,
puede decretarse a partir de otras fechas, según las particularidades de cada caso.
Por consiguiente, en cada situación será necesario examinar que la falta de
reconocimiento pensional no se debió a una actuación u omisión imputable a la
Administración pues, de ser así, dicha carga no podrá trasladarse a los beneficiarios
de la prestación que reclamaron su derecho en un término razonable.

56. En otras palabras: es imprescindible que el juez de instancia analice de forma
individual cada asunto, para determinar si el derecho se reconoce desde el deceso
del pensionado o en una fecha distinta.

Resolución del caso en concreto

57. Mediante Resolución Nro. 0840 del 30 de diciembre de 1994, la Caja de
Previsión Social de Nariño ─PREVINAR─ reconoció y ordenó el pago de la pensión
de jubilación a favor del señor Jorge Rafael Quintana Burbano19.

58. De acuerdo con el registro civil de nacimiento, el señor Jorge Rolando Quintana
Arturo es hijo de Jorge Rafael Quintana Burbano20, quien falleció el 19 de
septiembre de 2015, según consta en el registro civil de defunción con indicativo
serial Nro. 0885381121.

59. El señor Jorge Rafael Quintana Burbano procreó a Ana Cristina Quintana Leitón
con la señora María Angelita Leitón22, con quien contrajo matrimonio el 7 de
diciembre de 201123.

16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Rad. 47001-23-33-000-2017-00246-01 (4147-2019).
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Rad. 08001-23-33-000-2012-00022-01 (1290-2015).

18 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Rad. 17001 23 33 000 2015 00582 01 (1344–2020).
19 Véase a folios 155-159 PDF del archivo «COPIA DEMANDA RAFAEL QUINTANA».
20 Véase a folio 283 PDF, ibid.
21 Véase a folio 217 PDF, ibid.
22 Véase a folio 425 PDF, ibid.
23 Véase a folio 205 PDF, ibid.

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60. Mediante Resolución Nro. 990 del 4 de noviembre de 2015, se reconoció y
ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes, en cuantía del 100%, a favor de
la señora María Angelita Leitón, con ocasión del fallecimiento del señor Jorge Rafael
Quintana Burbano24.

61. El señor Quintana Arturo presentó, el 11 de febrero de 2019, una petición de
reconocimiento de la sustitución pensional25, la cual se respondió, negativamente,
a través de la Resolución Nro. 0204 del 27 de marzo de 2019, en consideración a
que la prestación ya se había reconocido a favor de la señora María Angelita
Leitón26. A través de las Resoluciones Nro. 0323 del 10 de mayo 201927 y Nro. 141
del 14 de junio de 201928, se resolvieron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.

62. Por medio de la Resolución Nro. 0731 del 27 de agosto de 2019, se modificó el
artículo 1 de la Resolución Nro. 990 del 4 de noviembre de 2015, para disponer que
la prestación se reconocería en un 50% a favor de la señora María Angelita Leitón
y el otro 50% a favor de la señora Ana Cristina Quintana Leitón29.

63. Al conocer el anterior acto administrativo, el señor Jorge Rolando Quintana
Arturo interpuso acción de tutela, la cual se resolvió, en segunda instancia por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto. En fallo del 10 de octubre de 2019, se
dispuso lo siguiente:

«[…] V. RESUELVE

PRIMERO. - MODIFICAR los numerales PRIMERO Y TERCERO de la
sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Civil Municipal el
09 de septiembre de 2019, y en su lugar disponer:

“PRIMERO. – TUTELAR DE MANERA TRANSITORIA el amparo de los
derechos fundamentales deprecados por Jorge Rolando Quintana Arturo,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. – ORDENAR a la Gobernación de Nariño, por conducto de su
represente legal o quien haga sus veces, que dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación de esta sentencia, de no haberlo hecho, proceda a realizar la
redistribución de la pensión de sobrevivientes del causante Jorge Rafael
Quintana Burbano, disponiendo, en lo pertinente, su reconocimiento y pago, de
manera transitoria, en la proporción que corresponda, al señor Jorge Rolando
Quintana Arturo identificado con C.C. N° 12.985.137.

La decisión se mantendrá hasta tanto se resuelva de fondo y en definitiva
por parte de la jurisdicción competente, el reconocimiento o denegación
de la prestación reclamada, y siempre que el actor enfile la demanda
respectiva dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de este
fallo.” […]»30 (negrillas fuera de texto).

64. Con base en la anterior orden judicial, se expidió la Resolución Nro. 0933 del
25 de octubre de 2019, por medio de la cual se modificó el artículo 1 de la

24 Véase a folios 249-253 PDF, ibid.
25 Véase el archivo «02AnexosDemanda» a índice 2 de SAMAI.
26 Véase a folios 401-403 PDF del archivo «COPIA DEMANDA RAFAEL QUINTANA».
27 Véase a folios 675-679 PDF, ibid.
28 Véase a folios 689-695 PDF, ibid.
29 Véase a folios 729-733 PDF, ibid.
30 Véase a folios 827-835 PDF, ibid.

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Resolución Nro. 0731 del 27 de agosto de 2019. Esa resolución dispuso que la
prestación se reconocería en un 50% a favor de la señora María Angelita Leitón y
el otro 50%, en partes iguales, a favor de la señora Ana Cristina Quintana Leitón y
el señor Jorge Rolando Quintana Arturo31.

65. Posteriormente, el señor Jorge Rolando Quintana Arturo interpuso la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho el 16 de diciembre de 2019, es decir,
dentro del término de los 4 meses que otorgó el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Pasto32.

66. Para la Sala, de conformidad con lo anterior, le asiste razón a la entidad
apelante cuando solicita que se modifique el ordinal tercero de la parte resolutiva
del fallo de primera instancia, porque se observó que el señor Quintana Arturo,
desde octubre de 2019, disfruta del reconocimiento de la sustitución pensional, con
ocasión de la protección constitucional transitoria que se le concedió.

67. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, resulta palmario que con
lo dispuesto en la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, estaría
imponiéndosele un doble pago a la entidad al ordenarle que el reconocimiento se
realice desde el día siguiente al fallecimiento del causante, porque la Administración
efectuó desembolsos por concepto de mesadas a quien en su momento consideró
y demostró ser la única titular del derecho, máxime si se tiene presente que el
demandante dejó transcurrir más de 3 años, desde el fallecimiento de su padre,
para presentar la solicitud de reconocimiento pensional.

68. En esa medida, con el fin de proferir una decisión que no sea contraria a la
orden de protección constitucional transitoria que emitió el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Pasto, así como una decisión que no afecte la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, se modificará el ordinal tercero de la sentencia
proferida el cuatro (4) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

69. En su lugar, se dispondrá que el departamento de Nariño reconozca y pague la
correspondiente sustitución pensional al demandante, en un 25% de la prestación,
efectiva a partir de la fecha en la que se dio cumplimiento al fallo de tutela que
ordenó la redistribución de la sustitución pensional del causante Jorge Rafael
Quintana Burbano, en la proporción que corresponda, al señor Jorge Rolando
Quintana Arturo, esto es, desde el 25 de octubre de 2019.

70. Finalmente, respecto a que las señoras María Angelita Leitón y Ana Cristina
Quintana Leitón deben reintegrar el dinero pagado, se considera que la porción de
las mesadas reclamadas fue recibida de buena fe por estas. En efecto, el artículo
83 de la Constitución Política prevé que las «[…] actuaciones de los particulares y
de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

31 Véase a folios 879-887 PDF, ibid.
32 Véase el archivo «03AutoAdmisorio» a índice 2 de SAMAI.

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71. A su vez, el artículo 164, numeral 1, literal c del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que no habrá lugar a
recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe, presunción que admite
prueba en contrario, por lo que a quien la controvierte le corresponde comprobar
que el particular actuó de mala fe. Además, se reitera que la decisión adoptada, en
ningún caso está comprometiendo un doble para por parte de la entidad.

De la condena en costas en segunda instancia

72. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

73. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; y, en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

74. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

75. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, porque
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial,
por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida
en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el cuatro (4) de
octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Nariño. En
su lugar, se dispone:

«TERCERO: ORDENAR al DEPARTAMENTO DE NARIÑO reconocer y
pagar la correspondiente sustitución pensional causada por la muerte del Sr.
Jorge Rafael Quintana Burbano a favor de su hijo Jorge Rolando Quintana
Arturo en un 25% de la prestación, efectiva a partir de fecha en la que se dio
cumplimiento al fallo de tutela que ordenó la redistribución de la sustitución

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pensional, esto es, desde el 25 de octubre de 2019.

Se autoriza a la accionada a hacer los descuentos a que haya lugar, por
concepto del porcentaje de las mesadas que ya haya cancelado por virtud de
la orden de tutela».

Segundo. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el cuatro (4) de
octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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