RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2020-00058-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00058-01

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00058-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo previsto en esta providencia. En su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 5026 del 30 de octubre de 2018, expedida por la Secretaría de Educación municipal de Tumaco, Nariño, por la cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada por Julio René Flórez Casanova. Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a Julio René Flórez Casanova una pensión de jubilación por aportes a partir del 24 de octubre de 2018, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones y todos aquellos que la norma señale como factor salarial para los docentes, durante el último año de servicio anterior a esa fecha, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025) Demandante: Julio René Flórez Casanova Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Quinto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Julio René Flórez Casanova realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994. Sexto. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2020-00058-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: Pensión de jubilación docente. Ley 71 de 1988. Docente
vinculado antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 a
través de órdenes de prestación de servicios2

Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda3

1.1.1. Las pretensiones

1. Julio René Flórez Casanova presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 5026 del 30 de octubre de 2018, por medio
de la cual la Secretaría de Educación del municipio de Tumaco le negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho

1 En adelante Fomag.
2 En adelante OPS.
3 Índice 3 Samai Tribunal
4 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

solicitó: (i) el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con lo
previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% de todos los factores de salario
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional; (ii) la
indexación y el ajuste de las sumas que llegaren a reconocerse; (iii) el pago de los
intereses moratorios a los que haya lugar; (iv) el cumplimiento del fallo en los
términos de los artículos 189 y 192 del CPACA; y (v) la condena en costas a la
parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1 Julio René Flórez Casanova nació el 24 de octubre de 1958 y cumplió 55 años
el 24 de octubre de 2013.

3.2 Laboró en el sector oficial de la siguiente manera:

Entidad Desde Hasta
Caja de Crédito Agrario 09-01-1990 09-02-1993
01-09-1997 12-12-1997
02-02-1998 30-04-1998
04-05-1998 26-06-1998
01-09-1998 30-11-1998
18-01-1999 31-03-1999
05-04-1999 30-06-1999
01-09-1999 30-11-1999
Municipio de Tumaco OPS (docente) 13-04-2000 12-05-2000
13-06-2000 12-07-2000
13-07-2000 12-09-2000
13-09-2000 12-12-2000
01-04-2001 30-07-2001
15-11-2001 15-12-2001
01-02-2002 01-06-2002
Municipio de Tumaco PROV (docente) 01-01-2004 23-05-2016
Municipio de Tumaco PRUE (docente) 23-05-2016 16-01-2017
Municipio de Tumaco PROP (docente) 16-01-2017 14-01-2019

3.1. Ingresó al servicio público de educación el 1.º de septiembre de 1997, esto es,
con anterioridad al «27» de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812
de 2003.

3.2. El 15 de septiembre de 2017 adquirió el estatus pensional.

3.3. Laentidad demandada le negó el reconocimiento pensional mediante la
Resolución 5026 del 30 de octubre de 2018, al considerar que el régimen aplicable
era el previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que no contaba con el número de
semanas necesarias para adquirir la pensión de vejez bajo la normativa referida.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; las leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 115 de 1994
y 812 de 2003; y los decretos 224 de 1972, 2563 de 1990 y 1440 de 1992.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. El reconocimiento pensional de jubilación pretendido le fue negado porque, aun
con la inclusión del tiempo trabajado por OPS, contaba con 8.150 días o 1.164
semanas, las cuales eran insuficientes para pensionarse bajo la Ley 100 de 1993,
sin importar que reclamó la prestación de acuerdo con las reglas de la Ley 33 de
1985. La entidad aplicó indebidamente el régimen general de vejez, pese a que
debió aplicar el régimen especial docente.

5.2. La primera vinculación docente era la que determinaba el régimen pensional de
los docentes, de manera que, como su vínculo fue con anterioridad al «27» de junio
de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2002, se le debió aplicar
la Ley 91 de 1989 que remitía a las leyes 33 y 62 de 1985 y sus decretos
reglamentarios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, por lo que su
liquidación debía ser con el 75% del promedio salarial devengado en el último año
de servicio y con la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en
el periodo.

5.3. Su labor como docente oficial fue a partir del 1.º de septiembre de 1992, es
decir antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, de manera que resultaba
excluido de los presupuestos previstos en el régimen general de pensiones, por lo
que, le eran aplicables las leyes 33 y 62 de 1985, en concordancia con la Ley 91
de 1989.

1.2. Contestaciones de la demanda5

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos:

6.1. Julio René Flórez Casanova acreditó períodos de servicio y semanas cotizadas
en distintas entidades públicas, lo cual desvirtuaba que el Fomag fuera
jurídicamente responsable del reconocimiento y pago integral de la pensión
reclamada, porque buena parte de los aportes se realizaron ante otras entidades,
por lo que solo respondería por los períodos efectivamente afiliados y financiados
dentro de su sistema prestacional.

6.2 El artículo 2 del Decreto 3752 de 2003 señaló que las prestaciones sociales
reconocidas por el fondo se limitaban al período de cotizaciones efectivamente
recibido por éste y al pasivo actuarial transferido. Es decir, este mandato legal
impedía atribuirle obligaciones que correspondían a otros organismos del sistema
de seguridad social, por lo que no bastaba solo con acreditar tiempo laborado, sino

5
Samai Tribunal Administrativo de Nariño «0017. Contestación demanda FOMAG», carpeta
005ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_552025zi

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

también era necesario demostrar que aquel estuvo efectivamente cubierto por
aportes trasladados al Fomag.

6.2. La Ley 71 de 1988 dispuso con relación a la pensión por cuotas partes que, era
permitido acumular aportes realizados ante diversas entidades de previsión social
para completar los requisitos pensionales, sin que ello implicara que una sola
entidad asumiera la totalidad de la obligación, por el contrario, cada entidad
respondía según los aportes recibidos en el tiempo de cotización.

6.3. Por último, propuso las excepciones de: (i) ausencia de vulneración de
derechos; (ii) actuación conforme a la ley; (iii) falta de cumplimiento de los
requisitos; (iv) inexistencia de deuda prestacional; y (v) falta de integración del
listisconsorcio necesario por pasiva.

1.3. La sentencia apelada6

7. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia proferida el 8 de noviembre
de 2024 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante. Luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

7.1. Los docentes vinculados al servicio educativo a partir del 27 de junio de 2003,
fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, estaban cobijados por el régimen
pensional de prima media con prestación definida establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003. Criterio ratificado por el parágrafo transitorio 1.º del Acto
Legislativo 001 de 2005, con la salvedad de que el requisito de 57 años para
hombres y mujeres se conservaba.

7.2. Con la expedición de la Ley 100 de 1993, los afiliados al Fomag fueron
exceptuados de la aplicación de sus disposiciones, y en tal sentido, no eran
destinatarios del régimen de transición previsto en su artículo 36. No obstante, por
virtud del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, los docentes vinculados con
posterioridad al 27 de junio de 2003 quedaron sujetos al régimen de prima media
previsto en aquella norma.

7.3. La Ley 812 de 2003 vinculó al régimen general de pensiones a los docentes
que ingresaron después a su entrada en vigencia « 26 de junio de 2003», por tanto,
para reconocer la pensión bajo la Ley 33 de 1985, era requisito que el docente
estuviera vinculado antes de esa fecha, exigencia que no cumplió el demandante,
toda vez que su primera vinculación legal y reglamentaria fue el 1.º de enero de
2004. Por tal razón, la pensión se le debía calcular según dicho régimen que exigía
57 años y 1300 semanas cotizadas.

7.4. Acorde con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General

6
Samai Tribunal Administrativo de Nariño «044 Sentencia de primera instancia», carpeta
005ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_552025zi

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

del Proceso7 había lugar a condenar en costas a la parte demandante, al
comprobar su causación.

1.4. El recurso de apelación8

8. El demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se le reconociera la pensión de jubilación bajo los parámetros
establecidos en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988, por tiempos acumulados
en el sector público y privado, reconocimiento que se debía hacer con la inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año antes de la causación
del derecho, sin condicionarse al retiro definitivo del servicio.

8.1. Su vinculación con el sector público fue a través de la Caja de Crédito Agrario
de 1990 a 1993; el municipio de Tumaco mediante OPS de 1997 al 2002; y
finalmente en provisionalidad y en propiedad del 2004 al 2019, lo cual equivalía a
21 años, 1 mes y 3 días, con los cuales acreditaba el requisito de tiempo mínimo
para lograr el reconocimiento pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985 o la
Ley 71 de 1988.

8.2. Adicionalmente, su vínculo como docente oficial inició en 1997, es decir, antes
del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

1.5. Trámite en segunda instancia

9. Por medio de auto del 22 de julio de 2025, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido 5 del artículo 247 del CPACA9.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda

7 En lo que sigue CGP.
8
Samai Tribunal Administrativo de Nariño «048 Recurso de apelación», carpeta
005ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_552025zi
9 Tal y como se indicó en el auto del 22 de julio de 2025. Samai, índice 4, actuación «Auto que

admite recurso de apelación», documento «6Autoqueadmite_12382024admiterecurs.pdf) NroActua
4».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».

2.2. Los problemas jurídicos

12. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

12.1 ¿si los tiempos de servicio docente laborados por Julio Réne Flórez Casanova
bajo OPS pueden computarse para acreditar el tiempo de servicio para el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de
1988?

12.2. ¿si Julio Réne Flórez Casanova es beneficiario de las prerrogativas dispuestas
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 por tener una vinculación a la docencia
oficial con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia y, en
consecuencia, puede acceder a la pensión de jubilación por aportes prevista en la
Ley 71 de 1988?

12.3 ¿La pensión regulada en la Ley 71 de 1988 es compatible con el salario
percibido en ejercicio de la docencia o para recibirla el docente debe retirarse del
servicio?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

13. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…]
un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma
continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte10. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas11.

14. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción12. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]

10
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
11
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
12
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»13. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

15. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él
unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa
y fue expuesto en sus antecedentes legislativos14. Está integrado por dos
regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad». Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos,
la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del
Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones
que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.

16. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

17. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que

13
Preámbulo y artículo 6.
14
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida. [resalta la Sala]

18. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto
al vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de
Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200315.

19. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

20. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de Prestaciones sociales a
Entidad responsable
docente vinculación cargo
Las causadas hasta
29/12/1989 y en adelante, los La extinta Cajanal y el Fondo Nacional
Vinculados por reajustes y la sustitución de del Ahorro o las que hicieren sus veces.
nombramiento pensiones
Nacional
del gobierno
Las causadas a partir del
nacional La nación y pagadas por el Fomag
29/12/1989

Las causadas hasta el Las respectivas entidades territoriales
31/12/1975 y en adelante, los o las cajas de previsión, o las entidades
reajustes y la sustitución de que hicieren sus veces, a las cuales
pensiones venía vinculado este personal

La nación o las respectivas entidades
Las causadas en el período territoriales o las cajas de previsión, o
de nacionalización (1/1/1976 las entidades que hicieren sus veces
Nacionalizado – 31/12/1980), los reajustes y (estas entidades deben contribuir en
la sustitución de pensiones los porcentajes establecidos en el art. 3
Vinculados por de la Ley 43/75).
nombramiento
de entidad
territorial antes Las respectivas entidades territoriales
y después del o las cajas de previsión social, o las
1/1/1976 (Ley Las causadas y no pagadas entidades que hicieren sus veces, a las
43/75) entre el 1/1/1981 y el cuales estaba vinculado ese personal.
29/12/1989 La nación debe hacer los aportes
correspondientes, en virtud de lo
pactado en los convenios respectivos.

Las causadas a partir del
La nación y pagadas por el Fomag
29/12/1989

15
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

21. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen
prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad
anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor,
los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1.° de enero de 1990 en
adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

22. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i)
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

23. La Ley 60 de 199316 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del
régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les
aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas
antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de
previsión social al cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que
se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

24. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres
Toro, sobre el tema objeto de análisis, precisó:

«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones
señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación
– ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’,
como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que
estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales

16 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad

con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y
los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365
de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad
constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en
materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art.
146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de
1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se
aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su
artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el
contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial
en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo
otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica
que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales.
Además, las pensiones de jubilación de las docentes reconocidas en su tiempo al
amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo
disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el
carácter de ‘especiales’. […]».

25. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen
legal especial.

26. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia
pensional, en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone
que los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio.

2.3.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988

27. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente
su aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento
es lo hasta ahora expuesto:

28. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes,
a partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de
cesantías aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del
articulo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre
pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional
que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de
extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite»17 (se destaca).

29. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la
Ley 33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.

30. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7)
de manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores
públicos, sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los
empleados de carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo
contenido en la última ley mencionada que remite para efectos pensionales de los
docentes al «régimen vigente para los pensionados del sector público nacional».
El que la ley se aplique también a trabajadores particulares no le quita este alcance
y descifrarlo de este modo desconoce su propio campo de reglamentación.

18
31. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían
a todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones,
su monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.

32. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector

17 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la
República del 17 de octubre de 1989.
18 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.

33. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»19 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta
última ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados « del sector
público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única
aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

34. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe
prevalecer la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en
virtud del principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista
más de una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que
mayor provecho otorgue al trabajador20. En ese orden, la que más se ajusta a la
protección de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues
amplía su grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el
texto normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

35. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que
avala la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que
la ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7
por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de

19
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
20 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre

cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia
de este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento
de causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor
provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente,
puede aplicarse este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual
siempre habrá de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-
2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

36. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la
Ley 71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.

37. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa
dirección va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento
diferenciado y más favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya
razón de ser radica en la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y
que consiste en enseñar en los planteles oficiales de educación21.

38. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:

38.1. (i) desconoce que el hecho de ser « docente oficial» otorga por sí mismo el
derecho a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace
parte de los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público
nacional» a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

38.2. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio
1 del Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100
de 1993 a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de
junio de 2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que
hubiesen cotizado de manera exclusiva en el sector público;

21
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza
en planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación,
enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas
y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto
de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

38.3. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y

38.4. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación
con el IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen
de transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior22.

39. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia
y que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los
docentes oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el
sector público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del
régimen pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el
numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o
nacionalizado vinculado a partir del 1. ° de enero de 1981 o del 1. ° de enero de
1990. En ninguno de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado
tiempo la docencia oficial.

40. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley,
se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía
tales requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en
conjunto con la que señala a continuación la norma y que reza que «[e]stos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional», que, según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988
por quererlo el legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin
excepción y, por lo tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los
empleados del sector nacional, además de contener los derechos mínimos
pensionales en su favor.

41. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a
los fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en
el sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las
disposiciones del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese
periodo mínimo la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al
entendimiento integral que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa
dirección se reitera, va en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una
comprensión más gravosa para el docente y, además, se adiciona la norma con
un requisito que no fue fijado por el legislador.

22 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación

del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

42. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de
1989 es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981
hasta antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003),
que acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del
privado, pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales
circunstancias y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.

43. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si
bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus
reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo
cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no
implica que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales
porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

44. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría
a aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y
que solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó
de su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley
mencionada.

45. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91
de 1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
incluido su artículo 7.

2.3.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988

46. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos
de la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:

Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55)

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento
y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas.

47. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado
20 años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión
de cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y
60 si es hombre.

48. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada
por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:

Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o.
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o
más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo,
20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de
Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector
público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros
de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez
y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando
haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión
social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional,
departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los
Seguros Sociales. […]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la
ley.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

49. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por
aportes, los precitados artículos 623 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron
en un 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios.

2.3.4 Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales

50. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es
el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1.º).

51. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200324, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

[…] Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad
de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de
estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones. […].

23
La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la
edad, el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El
ingreso base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero
ponente Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11),
declaró la nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado
el artículo 6° del Decreto 2709 de 1994.
24 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones
que le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

52. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación,
en sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201925, precisó:

«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son
dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o
vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres […]».

53. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al
servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente
regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición

25 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio. […]». [Se resalta]

54. En cuanto a las reglas anteriores, en particular sobre los factores que se deben
tener en cuenta, es necesario precisar que esta Sala ha sostenido 26 que además
de los previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, deben incluirse todos aquellos
que han sido señalados en las normas expedidas por el gobierno nacional para los
docentes en los que se establezca otro emolumento con carácter salarial, siempre
que se hubiere devengado por el docente, los que, entonces, deben integrar la
base de la liquidación pensional.

55. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años27. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».

26 Entre otras, puede consultarse la sentencia del 12 de septiembre de 2024, radicado 05001-23-

33-000-2021-00447-01 (0140-2023), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
27 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

56. Así las cosas, tal y como se consideró en la sentencia proferida de manera
reciente por esta Subsección28, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
legislativo 1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo
depende de si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 del 2003, así:

56.1. i) los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir
55 años de edad29 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988
que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20
años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de
reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y

56.2. ii) los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
Decreto 1158 de 199430.

57. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.

58. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados
en los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables
las disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes
de los servidores públicos inmersos en esa situación.

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29
A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son
mujeres y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
30
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

2.3.5. Sobre el cómputo del tiempo de servicios prestados por los docentes
en virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento
pensional

59. El Estatuto de la profesión docente31 definió este término en el artículo 2
como el «[…] ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación
en los distintos niveles […]» y a los educadores como el término genérico de quienes
la ejercieren.

60. Asimismo, el artículo 44 ibidem estableció dentro de los deberes de los
docentes la relativa a «[…] [c]umplir las órdenes inherentes a sus cargos que les
impartan sus superiores jerárquicos […]» y en el 45 la prohibición de abandono o
suspensión de labores en forma injustificada o sin autorización previa.

61. La Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, resolvió una
demanda de constitucionalidad en contra del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, al
considerar que vulneraba el principio de igualdad, que consistía en no extender un
determinado régimen legal pese a que desde el punto de vista la actividad material
que desempeñaban los docentes temporales era idéntica a los docentes-
empleados públicos.

62. En igual sentido, el Consejo de Estado32 indicó que la definición legal de
labor docente señalada en precedencia es aplicable a todos los maestros aun
cuando laboren por hora cátedra, en armonía con el artículo 104 de la Ley General
de Educación (115 de 1994) al prever que «[…] [e]l educador es el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los
educandos», y como tal están sometidos de manera permanente a las directrices
emitidas por el Ministerio de Educación y las secretarías de educación, así como a
su inspección y vigilancia, sin que gocen de autonomía.

63. Así las cosas en razón de la naturaleza de la función docente, el principio
de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia,
puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
conlleva una verdadera relación de trabajo sobre la formalidad que haya querido
ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de
contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están
sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia33.

31
Decreto 2277 de 1979.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre del 2020,
radicación 54001-23-33-000-2012-00181-01(0235-14). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 19 de enero de 2017, radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

64. En la sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 201634, hizo
referencia a la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de
servicios y señaló que esta modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter
personal de su labor ni es ajena al elemento subordinación existente con el servicio
público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos
i) están sometidos a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones; ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos; y iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen,
motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección
especial por parte del Estado.

65. Ahora bien, se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento
de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de
contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que
únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la
forma contractual35.

66. Por último, en la señalada providencia de unificación se definió que en
materia de aportes pensionales, las reclamaciones de los aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad,
por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas
no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de
acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA) 30, y por ende, pueden
ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la administración
no puede sustraerse del pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una
pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que
posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.

2.4. Caso en concreto

2.4.1 Hechos probados

67. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

34
Dentro del expediente con radicación 23001233300020130026001 (0088-2015).
35
En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite
la acumulación de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa
a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir
contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que
les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75, numeral
3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de
febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

67.1. Julio René Flórez Casanova nació el 24 de octubre de 195836.

67.2. Mediante la Resolución 5026 del 30 de octubre de 2018 expedida por el
secretario de educación municipal le fue negada la solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión de vejez, por considerar que no cumplía con el tiempo de
servicio establecido en la Ley 100 de 199337.

67.3. De acuerdo con el formato único para la expedición de certificados de
historia laboral del Fomag38, se evidencias los siguientes tiempos laborados por
Julio René Flórez Casanova como docente al servicio del municipio de Tumaco:

NOVEDADES DESDE HASTA TOTAL DIAS
01-09-1997 12-12-1997 101
02-02-1998 30-04-1998 88
04-05-1998 26-06-1998 52
01-09-1998 30-11-1998 89
18-01-1999 31-03-1999 72
05-04-1999 30-06-1999 85
Vinculación OPS Escuela Guayacana OPS 01-09-1999 30-11-1999 89
13-04-2000 12-05-2000 29
13-06-2000 12-07-2000 29
13-07-2000 12-09-2000 59
13-09-2000 12-12-2000 89
01-04-2001 30-07-2001 119
15-11-2001 15-12-2001 30
Vinculación Escuela Guayacana 01-02-2002 01-06-2002 120
PROVISIONAL
Vinculación Escuela Guayacana 01-01-2004 23-05-2016 4462
PROVISIONAL
Vinculación Escuela Guayacana PERIODO DE 23-05-2016 16-01-2017 233
PRUEBA
Vinculación Escuela Guayacana PROPIEDAD 16-01-2016 14-05-2019 1198
TOTAL DIAS 6944

67.4. De conformidad con el reporte de semanas cotizadas en pensiones
expedido por Colpensiones, actualizado al 7 de junio de 201939, presentaba la
siguiente información:

Nombre o razón social Desde Hasta Semanas
Metálicas modernas F 07-09-1982 12-01-1984 70.43
Caja de crédito agrario 09-01-1990 09-02-1993 161.14
Universidad de Nariño 01-11-2016 30-11-2016 4.29
Universidad de Nariño 01-12-2016 31-12-2016 1.29
Universidad de Nariño 01-05-2017 31-05-2017 4.29
Universidad de Nariño 01-06-2017 30-06-2017 1.29
Universidad de Nariño 01-09-2017 30-11-2017 12.86
Universidad de Nariño 01-12-2017 31-12-2017 1
Universidad de Nariño 01-02-2018 28-02-2018 3.71
Universidad de Nariño 01-03-2018 31-05-2018 12.86
Universidad de Nariño 01-06-2018 30-06-2018 2.14
Total semanas cotizadas 275.29

36 Samai Tribunal Administrativo de Nariño «0006. FLOREZ CASANOVA JULIO RENE - DEMANDA

Y ANEXOS», carpeta 005ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_552025zi, folio 42.
37
Samai Tribunal Administrativo de Nariño «0006. FLOREZ CASANOVA JULIO RENE - DEMANDA
Y ANEXOS», carpeta 005ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_552025zi, folio 19 - 22
38 Ibidem, folio 22 - 24
39
Samai Tribunal Administrativo de Nariño «0006. FLOREZ CASANOVA JULIO RENE - DEMANDA
Y ANEXOS», carpeta 005ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_552025zi, folio 25 - 28

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

67.5. Los factores salariales devengados durante los años de 2009 a 2018, fueron
los siguientes40:

Factores salariales Año
Asignación básica, prima de alimentación, prima de movilización, 1/12 prima de 2004
vacaciones y prima de navidad. 2005
2006
2007
2008
Asignación básica, 1/12 prima de vacaciones y prima de navidad 2009
Asignación básica, prima de movilización, 1/12 prima de vacaciones y prima de 2010
navidad. 2011
Asignación básica, prima de servicios, bonificación mensual DC 1566 1/junio/14-31, 2014
1/12 prima de vacaciones y prima de navidad. 2015
2016
2017
2018
Asignación básica y bonificación mensual docentes 2019

2.4.2. Análisis sustancial

68. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el 8 de
noviembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la parte actora.

69. La parte actora solicitó que se revocara la sentencia proferida por el a quo
y, en su lugar, se le reconociera la pensión de jubilación bajo los parámetros
establecidos en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988, por tiempos acumulados
en el sector público y privado, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año antes de la causación del derecho, sin condicionarse
al retiro definitivo del servicio.

70. Así las cosas, el estudio en el sub judice se limitará a determinar si el tiempo
que laboró el demandante como docente con ocasión de contratos u órdenes de
prestación servicios podía ser computado para el reconocimiento de la pensión de
jubilación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, con el fin de
acreditar el requisito exigido por la Ley 812 de 2003, para beneficiarse del régimen
de transición allí previsto.

71. De las pruebas aportadas al expediente «cuadro relacionado párrafo 73 y 74»,
se observa que Julio René Flórez Casanova acreditó 23 años y 14 días de
cotizaciones, con inclusión de las 227.42 semanas de cotización por sus servicios
en el sector privado. Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo
81 de la Ley 812 de 2003, por cuanto estuvo vinculado al servicio público educativo
oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley (desde el 1.º de
septiembre de 1997), de manera que, tenía derecho al reconocimiento pensional
de conformidad con el régimen que beneficiaba a los servidores públicos del orden
nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

40
Ibidem, folio 34 - 37

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

72. Por lo anterior, al demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes con inclusión de los factores sobre los cuales
efectuó cotizaciones durante el último año de servicios y todos aquellos que la
norma señale como factor salarial para los docentes, en aplicación de lo estipulado
en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994. El estatus pensional lo adquirió el
24 de octubre de 2018, fecha en la que acreditó los requisitos de edad -60 años o
más- (pues nació el 24 de octubre de 1958) y 20 años de aportes acumulados en
las diferentes entidades de previsión social, de conformidad con el artículo 7 de la
Ley 71 de 1988 y el decreto ibidem para el reconocimiento de la prestación de
jubilación, debido a la acumulación de tiempos públicos y privados

73. Al respecto, es necesario precisar que contrario a lo señalado en la
apelación, es irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 hubiera sido en virtud de contratos y órdenes de prestación de
servicios y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el
beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no estableció
condición alguna adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público
educativo oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizado o territorial.

74. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal
y reglamentario»41

75. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio
acreditados bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la
pensión reclamada, aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta, pues los derechos en materia
laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de
vínculo en virtud del cual se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con
la anuencia del Estado da lugar a una verdadera relación laboral con él, lo que le
permite el reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de
las prestaciones sociales.

76. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,

41 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),

proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.

77. De esta manera, si bien, Julio René Flórez Casanova estuvo vinculado a través
de una relación contractual por más de 4 años, esa situación desconocía las
disposiciones del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según las
cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía
justificación constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en
contraste, vulneraba los derechos laborales irrenunciables de aquellos quienes
tenían previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas
contenidas en la ley y no en el contrato.

78. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la entidad
recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria por
tener acreditados los aportes a pensión, pues lo cierto es que el Fomag podría
adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener el traslado del
bono pensional e incluso ante las entidades territoriales en las que el demandante
prestó sus servicios a efectos de que estas asuman los aportes que debieron
realizarse en virtud de esas vinculaciones contractuales y así garantizar la
financiación de la prestación.

79. Lo anterior es así, toda vez que se constituye en un deber de la entidad acudir
a los mecanismos legales para recaudar esas sumas de dinero, pues así se
desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley
100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de
2003; cuyo trámite no puede afectar el reconocimiento prestacional, de
conformidad con el inciso final del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de
1993.

80. Así pues, los servicios prestados por el demandante en la modalidad contractual
o de OPS en el municipio de Tumaco resultan válidos para determinar que estuvo
vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, podía pensionarse con las normas
vigentes aplicables, la cual, para su caso era la Ley 71 de 1988.

81. En ese sentido, resulta necesario resaltar que no solo una vinculación legal y
reglamentaria es útil para acceder al derecho reclamado, pues esta Subsección ha
señalado que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que define su
relación con el Estado42, sino lo que se evidencia de esa relación, de forma que el

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:

16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

ejercicio de la función docente a través de otras modalidades, como la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales.

82. Por otro lado, resulta oportuno precisar que en razón a que el derecho
pensional es de carácter imprescriptible y en cuanto a las mesadas pensionales
adeudadas, tampoco se configuró, comoquiera que entre la adquisición del estatus
pensional del demandante (24 de octubre de 2018) y la petición de reconocimiento
pensional (23 de agosto de 201843) no trascurrieron de 3 años, según el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968, por ende el pago de las correspondientes mesadas
procede a partir del 5 de abril de 2016.

83. Por último, en lo concerniente al argumento del apelante, según el cual «el
reconocimiento pensional no debe estar condicionado al retiro del servicio de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 por pertenecer al ramo docente»,
al respecto, la Sala advierte que el Decreto 2709 de 1994, por el cual se reglamentó
el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, en su artículo 2 establece:

[…] Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley. […]

84. La disposición transcrita al expresar «salvo las excepciones previstas en la ley»
reconoció la existencia de situaciones en las que un pensionado bajo ese régimen,
podía recibir mesada pensional sin necesidad de acreditar su retiro del servicio,
como en efecto lo estableció el legislador a favor de los docentes oficiales, desde
el año 1972, razón por la cual no es dable condicionar el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio, máxime
cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes44.

"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a
través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador
oficial... "
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
43 Fue presentada previamente, en razón a que su petición se había fundamentado en la Ley 33

de 1985.
44
En igual sentido, ver sentencias de esta sala de decisión de (i) 8 de agosto de 2019, expediente
05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y (ii) 25 de
septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

85. Finalmente, se precisa que la decisión de computar la totalidad del tiempo
de servicio no desconoce la necesidad de contar con los recursos necesarios para
la financiación de la prestación, por lo que, de conformidad con las leyes 71 de
1988, 100 de 1993 y el Decreto 3752 de 2003, el Fomag tiene «derecho a repetir
contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de
Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a
ellos», por lo que se exhortará a esta entidad con el fin de que adelante ante
Colpensiones las gestiones necesarias para que la prestación sea financiada con
los aportes que se efectuaron y debieron efectuarse durante toda la vida laboral de
la docente.

86. Así las cosas, se impone a revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se
anulará la Resolución 5026 del 30 de octubre de 2018, por la cual se denegó el
reconocimiento de la pensión de jubilación. A título de restablecimiento del derecho
se condenará a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes a partir del 24 de octubre de 2018, con el 75%
de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de
servicio anterior a esa fecha, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y los artículos
6º y 8º del Decreto 2709 de 1994.

2.6. Costas

87. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

88. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

89. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma45.

45En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

90. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

91. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y
revocará la condena impuesta en primera instancia.

3. Conclusión

92. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Julio René Flórez
Casanova es beneficiario de la Ley 71 de 1988, por lo que le será reconocida la
pensión de jubilación por aportes, con inclusión de los factores sobre los cuales
efectuó cotizaciones durante el último año de servicio y todos aquellos que la
norma señale como factor salarial para los docentes. En consecuencia, se
revocará la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Nariño y en su lugar se accederá a las pretensiones de la
demanda

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo previsto en esta providencia. En su lugar se
dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 5026 del 30 de octubre de 2018,
expedida por la Secretaría de Educación municipal de Tumaco, Nariño, por la cual
se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada por Julio René
Flórez Casanova.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar a Julio René Flórez Casanova una pensión de jubilación por aportes a partir
del 24 de octubre de 2018, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó
cotizaciones y todos aquellos que la norma señale como factor salarial para los
docentes, durante el último año de servicio anterior a esa fecha, de conformidad
con la Ley 71 de 1988 y los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Radicado: 52001-23-33-000-2020-00058-01 (1238-2025)
Demandante: Julio René Flórez Casanova

Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Quinto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás
entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Julio René Flórez
Casanova realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709
de 1994.

Sexto. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que
devengue Julio René Flórez Casanova mientras continúe en el ejercicio de la
docencia oficial. No lo será en otro tipo de empleos.

Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.

Octavo. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Ausente con excusa
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Aclara el voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

BG

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.