Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2020-00127-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil cuatro (2024)
Radicado : 52-001-23-33-000-2020-00127-01
N° Interno : 6005-2022
Demandante : Ilma Eugenia Pazmiño Ordoñez
Demandado : Departamento del Putumayo
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Sanción moratoria
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 25 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño (Sala Primera de Decisión), que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordoñez, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de los actos administrativos expedidos mediante oficios
SAC 2018EE2627 y oficio del 27 de marzo de 2019 mediante los cuales se
negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al
demandado a: (i) reconocer y pagar la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías parciales prevista en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995
modificada por la Ley 1071 de 2006, por la suma de ($52.743.165); (ii)
reconocer y pagar los intereses moratorios causados sobre la sanción
moratoria contados a partir del primer día en que se causo la mora y hasta la
fecha en que se efectúe el pago total de la obligación. A la fecha de
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Nº Interno: 6005-2022
Demandante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordoñez
Demandado: Departamento del Putumayo
presentación de la demanda el valor asciende a ($60.204.626) (iii) se condene
en costas y agencias en derecho.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante se encuentra vinculada a la Secretaria de Educación del
Departamento de Putumayo como auxiliar administrativo código 407, grado 06
desde el 19 de diciembre de 1988.
Manifiesta que el 22 de julio del 2013, radicó solicitud de reconocimiento de
cesantías parciales ante esa dependencia como consta del radicado SAC de
la SED Putumayo No. 2013PQR16094. Petición que fue resuelta mediante
Resolución No. 3474 del 27 de agosto de 2015.
La Gobernación de Putumayo, ordenó el pago de las cesantías el 9 de octubre
de 2015 por valor de $9.413.909 mediante comprobante de egreso No. 8600.
Indicando, que el término de 60 días para proferir el acto administrativo de
reconocimiento y pago conforme a la norma contenida en la Ley 244 de 1995
modificada Ley 1071 de 2006 venció el 28 de octubre del 2013, trascurriendo
un total de 705 días de mora.
Finalmente, el 13 de febrero del 2018 radicó reclamación de reconocimiento y
pago de su sanción moratoria por pago extemporáneo de sus cesantías
parciales sin que se haya resuelto la solicitud. Posteriormente, mediante
oficios SAC 2018EE2627 y del 27 de marzo de 2019 recibido el 1 de abril del
2019, el demandado manifestó que la sanción moratoria reclamada solo se
cancelaría cuando un juez lo ordenara.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
La Ley 244 de 1995 subrogado por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006
La demandante manifiesta que, de conformidad con los términos fijados en la
ley, la entidad demandada incumplió pues la solicitud para el reconocimiento y
pago de sus cesantías la radicó el 22 de julio del 2013 teniendo la entidad el
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Nº Interno: 6005-2022
Demandante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordoñez
Demandado: Departamento del Putumayo
plazo perentorio de 60 días para realizar las acciones de reconocimiento y
pago de cesantías parciales, es decir que se cumplía el 8 de octubre de 2013.
Pero solo hasta el 9 de octubre del 2015, el Departamento de Putumayo
consignó el dinero en la entidad bancaria.
2. Contestación de la demanda.
El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicando que operó
la prescripción extintiva sobre derechos de índole laboral. Aunado a la ausencia
de reclamar indemnización moratoria por el supuesto pago tardío de las
cesantías al no ser una figura propia del régimen de cesantías al que se
encuentra adscrita la demandante (retroactividad) y finalmente por que los actos
administrativos demandados se expidieron conforme a derecho. Resaltando que
los oficios No. SAC-2018EE2627 del 2019 no contienen una respuesta que
incida en la litis que se debate.
Como excepción propuso la prescripción extintiva, inexistencia del derecho
reclamado por inaplicabilidad de la Ley 50 de 1990 y no aplicabilidad de la Ley
344 de 1996.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Nariño (Sala primera de decisión), mediante
sentencia proferida el 25 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda (con condena en costas)1.
Consideró que, de conformidad con lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006 las cesantías debían reconocerse y cancelarse dentro de los
plazos establecidos. No hacerlo conlleva al pago de la sanción moratoria.
Además, especificó que la demandante no era beneficiaria del régimen
anualizado por cuanto la vinculación se produjo con anterioridad a la vigencia
de la Ley 344 de 1996
1
Folios 13 archivo 39 sentencia
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Demandante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordoñez
Demandado: Departamento del Putumayo
En consecuencia, determinó que la demandante tenía derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
parciales contemplada en la Ley 1071 de 2006 al haberse concretado su
reconocimiento mediante Resolución 3474 del 27 de agosto de 2015 y su pago
el 9 de octubre de 2015.
Además, puntualizó la necesidad de aplicar la regla de unificación
jurisprudencial según la cual cuando se acumulen anualidades sucesivas de
mora en el pago de cesantías, el termino prescriptivo deberá contabilizarse de
manera independiente por cada año. Por lo tanto, operó el fenómeno
prescriptivo del derecho respecto del período comprendido entre el 1 de
noviembre de 2013 y el 12 de febrero de 2015. Igualmente, señaló que, por
tratarse de prestaciones periódicas causadas día a día, no ocurre lo mismo
respecto del lapso transcurrido entre el 13 de febrero y el 8 de octubre de 2015,
tiempo respecto del cual, se reclamaron dentro del término trienal previsto en
el artículo 151 del CPT.
Accediendo al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la demora
en la cancelación de las cesantías parciales por el periodo de 238 días.
Finalmente concluyó, que de los actos administrativos demandados solo el
oficio de fecha 27 de marzo del 2019 definía la situación jurídica particular de
la demandante en el sentido de negarle el reconocimiento de la sanción
pretendida pues el oficio SAC2018EE2621 era un documento de mero trámite.
4. El recurso de apelación.
La parte demandada solicita revocar la sentencia de primera instancia2.
Argumenta que el juez desconoció que la demandante se vinculó con el
Departamento de Putumayo mediante acta de posesión No.7431 del día 19 de
diciembre de 1988 nombramiento efectuado mediante resolución No. 000166
del 4 de diciembre de 1980. Para ocupar el cargo de auxiliar de servicios
generales, código No. 6035 grado No. 02. Es decir que se vinculó con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996. En consecuencia,
2
Folios 309 a 323.
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Demandante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordoñez
Demandado: Departamento del Putumayo
no obra prueba que acredite que la actora se acogió voluntariamente al
régimen de liquidación anual de cesantías.
Afirma que a la demandante le aplican los preceptos legales contemplados en
la Ley 6 de 1945, el Decreto 1252 de 2002, aplicables a los trabajadores del
orden territorial vinculados antes del 30 de diciembre de 1996.
Sostiene que no es procedente el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías reclamadas en el año
2017 y pagadas en el año 2019 pues no le es aplicable la sanción prevista en
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 ni lo establecido en la Ley
344 de 1996.
En definitiva, solicitan se revoque la sentencia proferida de primera instancia
5. Alegatos de conclusión
En auto del 21 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuestos por la parte demandada y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se les corrió traslado para alegar.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 3, el
3
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»
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juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
la Sala deberá resolver:
• Si la demandante en su condición de beneficiario del régimen de
retroactividad de cesantías, puede ser beneficiario de la sanción
moratoria por el inoportuno pago de sus cesantías parciales
• También se deberá determinar conforme a las reglas de unificación de
jurisprudencia a partir de qué momento se cuenta la prescripción de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías consagrada
en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la cesantía de los
empleados territoriales; 2.1.1 sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías en el régimen retroactivo; 2.1.2 Reglas de unificación de la
prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006; 2.2 Hechos probados; 2.3. Caso concreto.
y 2.4 Condena en costas
2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la cesantía de los empleados
territoriales
El auxilio de cesantías es una prestación social a la que todos los empleados
del Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o
prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al
retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir
el riesgo de desempleo»4, que actualmente también promueve el acceso de
los trabajadores a los componentes de educación y vivienda.
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Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Nº Interno: 6005-2022
Demandante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordoñez
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La Ley 6 de 19455 en el artículo 12 letra f) estipula que el monto de esta
prerrogativa es equivalente a un mes de salario por cada año de servicios o
proporcionalmente al lapso laborado. Además, la mencionada norma dispone
que solo hay lugar a pagarla una vez culmine la relación laboral, por lo que
esta forma de reconocimiento recibió el nombre de régimen de cesantías
retroactivo.
El artículo 1º. de la Ley 65 de 19466 extendió dicha garantía a los trabajadores
del orden territorial, entre otros, en los siguientes términos:
Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no
escalafonados en la Carrera Administrativa, tendrán derecho al
auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o
discontinuamente, a partir del 1 de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa del retiro.
Parágrafo. - Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los
Departamentos, Intendencias y comisarías y Municipios […].
La norma en cita la reprodujo el Decreto 1160 de 19477 con la aclaración de
que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por cada
año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese
lapso.
Ahora bien, con la expedición del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo
Nacional del Ahorro como un establecimiento público adscrito al entonces
Ministerio de Desarrollo Económico, constituido por las cesantías de los
trabajadores oficiales y empleados públicos, cuyo objeto, entre otros, era
garantizar el pago oportuno del aludido derecho laboral. En esta norma se
individualizó las entidades públicas que debían realizar la liquidación anual del
emolumento, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a
partir del 1º de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la
5
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
6
«Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras».
7
«Sobre auxilio de cesantía».
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cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no
podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración
del respectivo empleado o trabajador.
El citado precepto no era aplicable a los servidores públicos del orden
territorial, quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías dispuesto
en las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo.
Por otra parte, la Ley 50 de 19908 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo
99:
El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva
de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del
12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las
normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con
respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide
definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes
del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre
del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El
empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada retardo.
El artículo 13 de la Ley 344 de 19969 extendió el régimen de cesantías fijado
en la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados con posterioridad a
su entrada en vigor (31 de diciembre de 1996), en los siguientes términos:
Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las
personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado
tendrán el siguiente régimen de cesantías:
8
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
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«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
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a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva
de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin
perjuicio de la que deba efectuar en fecha diferente por la
terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen
que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente
artículo.
Por su parte, el artículo 1º. del Decreto 1582 de 199810 amplió el régimen de
cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores públicos
del orden territorial, así:
El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre
de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el
previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes
de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel
que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las retroactivas que
son dables para quienes se vincularon a la administración pública antes del 30
de diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990,
inicialmente para el sector privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigor (31 de
diciembre de 1996).
Conforme a la normativa trascrita se tiene entonces que los empleados que se
vincularon a partir del 31 de diciembre de 1996 les es aplicable el régimen de
cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la
realización de la liquidación anual de dicha prestación social, suma que deberá
ser consignada en el respectivo fondo de cesantía, con anterioridad al 15 de
febrero del año siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado al
pago de un día de salario por cada uno de retardo.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 previó la
posibilidad para los servidores públicos vinculados con anterioridad a la Ley
10
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
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344 de 1996 que gocen del régimen de retroactividad, acogerse al de
cesantías allí previsto.
En el mismo sentido, de conformidad con el artículo 2 del citado Decreto 1582,
para que los servidores públicos territoriales puedan afiliarse a un fondo de
cesantías y acogerse al nuevo régimen anualizado, se realizará un convenio
entre la entidad territorial y el fondo respectivo, en los siguientes términos:
Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50
de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos
para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel
territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de
retroactividad, es decir, de los vinculados con anterioridad a la
vigencia de la Ley 344 de 1996.
La afiliación de los servidores públicos territoriales a un fondo de
cesantías en el evento previsto en el inciso anterior, se realizará en
virtud de convenios suscritos entre los empleadores y los
mencionados fondos, en los cuales se precisen claramente las
obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se
harán los aportes por la entidad pública, y la responsabilidad de la
misma por el mayor valor resultante de la retroactividad de las
cesantías.
Parágrafo.- En el caso contemplado en el presente artículo,
corresponderá a la entidad empleadora proceder a la liquidación
parcial o definitiva de las cesantías, de lo cual informará a los
respectivos fondos, con lo cual éstos pagarán a los afiliados, por
cuenta de la entidad empleadora, con los recursos que tengan en
su poder para tal efecto. Esto hecho será comunicado por la
administradora a la entidad pública y ésta responderá por el mayor
valor en razón del régimen de retroactividad si a ello hubiere lugar,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 344 de
1996.
En el evento en que una vez pagadas las cesantías resultare un
saldo a favor en el fondo de cesantía, el mismo será entregado a la
entidad territorial.
De lo anterior se desprende que, incluso, los empleados territoriales
vinculados con antelación al 31 de diciembre de 1996 podían trasladarse del
régimen de cesantías retroactivo al anualizado, siempre que se dieran las
siguientes situaciones: (i) convenio entre la entidad territorial y el fondo de
cesantías y (ii) información y publicidad entre los tres (3) sujetos (ente, fondo
y afiliado) para efectos de poner en conocimiento el traslado.
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2.1.1 Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías en el régimen
retroactivo
Ahora bien, en cuanto a la procedencia o no del reconocimiento de la sanción
moratoria respecto de las cesantías parciales para quienes son beneficiarios
del régimen retroactivo en providencia del 5 de noviembre de 2020, la Sección
A de la Sección Segunda, esta Corporación señaló:
El primer aspecto a señalar es que, con el propósito de definir la
procedencia o no de la sanción moratoria pretendida por los
beneficiarios del régimen de retroactividad de cesantías, respecto
del auxilio parcial o definitivo, el elemento que determina la decisión
es la fuente normativa que sirve de sustento a su
reconocimiento, comoquiera que la resolución de la controversia en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está
sujeta al marco normativo invocado como violado y al desarrollo del
concepto de violación, de manera que no es viable que el juez de lo
contencioso administrativo acuda una normativa diferente a la que
se invoca en la demanda con el fin de resolver el litigio, pues ello
atentaría contra el principio de congruencia.11
Particularmente, en punto a definir si es viable el reconocimiento de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías en el
régimen de retroactividad, reviste especial importancia la fuente
normativa que se invoca, toda vez que una sanción de tal naturaleza
está consagrada en idénticos términos -un día de salario por cada
día de retraso- en diferentes disposiciones de orden legal y, en cada
caso, rigen diversos supuestos fácticos, como para a explicarse:
(….)
Como corolario de lo expuesto, la Sala concluye que las posturas
segunda, tercera y quinta -enunciadas al iniciar este acápite-
adoptadas por las diferentes Subsecciones de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en las providencias citadas, no resultan
contradictorias, sino complementarias y, por ello, se procede a
esquematizar, en concreto, lo que surge del análisis anterior:
11
En lo que respecta al principio de congruencia, en providencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, del 27 de octubre de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2019-
02361-00(REV), M.P. Rocío Araújo Oñate, se señaló:
«115. En virtud de este principio, el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las pretensiones de
la demanda y por los argumentos expuestos en las instancias del proceso, existiendo una correspondencia entre ésta
y los hechos que se esgrimen en la demanda.
116. Se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso que reformó el artículo 305 del Código
de Procedimiento Civil, normas aplicables por remisión a los procesos que se adelantan en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, según lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
117. En torno a esta disposición, el Consejo de Estado ha señalado que la congruencia debe ser interna y externa.
La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia; y la
segunda, esto es la externa, que la decisión contenida en la parte resolutiva se encuentre en concordancia con lo
pedido en la demanda y en su contestación».
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Demandante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordoñez
Demandado: Departamento del Putumayo
• No es viable reconocer la sanción moratoria por la inoportuna
consignación de las cesantías, en el régimen de retroactividad,
prevista en la Ley 344 de 1996, artículo 13, y su decreto
reglamentario 1582 de 1998, así como la Ley 50 de 1990, artículo
99, comoquiera que tales previsiones son exclusivas del sistema de
liquidación anual de la prestación.
• Sí es viable reconocer la sanción moratoria por el pago inoportuno
de las cesantías definitivas en el régimen de retroactividad con
sustento en la Ley 244 de 1995.
• No es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza
en el pago de las cesantías parciales, con invocación de la Ley
244 de 1995, para la prestación parcial reclamada antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006, pues la primera ley
no preveía tal penalidad, respecto del pago parcial del auxilio.
Sin embargo, si se reclama con posterioridad a la entrada en
vigencia de esta última disposición, con invocación exclusiva
de la Ley 244 de 1995 sí es viable reconocerla, en la medida en
que se demuestren los supuestos de hecho exigidos para su
causación. (subrayado fuera de texto)
• Sí es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza en
el pago de las cesantías parciales y/o definitivas, en el régimen
de retroactividad, con invocación de las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006 -en cuanto a esta última, con la salvedad hecha en
el punto anterior-, pues estas leyes prevén esa penalidad sin
distinción del régimen de liquidación de la prestación. Se aclara
que aunque la primera de ellas solo la previó para el retiro
definitivo del servicio, la segunda es modificatoria de la anterior
y la hizo extensiva a la tardanza en el pago de las cesantías
parciales.” ( subrayado fuera de texto)
De conformidad con el citado precedente, las normas que se invoquen en la
solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria determinarán el
marco normativo con el cual se analizara las pretensiones.
2.1.2 Reglas de unificación de la prescripción de la sanción moratoria por
pago inoportuno Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006
Mediante sentencia de Unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre
del 2023 la Sección Segunda del Consejo de Estado, determinó que la
causación de la sanción moratoria dependía de que el derecho fuera exigible,
por ende, si el auxilio no se reclama en tiempo expira la oportunidad de
solicitarlo. De ahí que toda la responsabilidad recaiga en el beneficiario quien
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tiene la obligación de actuar de forma acertada para que la penalidad no se
pierda.
En consecuencia, se fijó la siguiente regla de unificación:
(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el
incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por
el artículo 151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la
penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal
para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se
presenta después de los tres años contados desde su
exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria
derivada del pago tardío o no pago de las cesantías definitivas se
interrumpe por una sola vez con la reclamación oportuna, y por un
lapso igual de tres años, que no puede ser entendido como un
término que habilita al beneficiario para presentar múltiples
solicitudes, sin que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de
extinguido el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive
la oportunidad para reclamar la sanción moratoria.
De conformidad con la citada postura se procederán analizar el material
probatorio allegado para resolver las objeciones del recurso de alzada
2.2. Hechos probados.
i) Resolución No. 0044 del 19 diciembre 1988, por medio del cual el
Ministerio de Educación Nacional nombró a la señora Ilma Eugenia Pasmiño
Ordoñez en el cargo de auxiliar de servicios generales de la delegación del
Fondo Educativo Regional del Putumayo. (fl 28 archivo 31 contestación
demanda-cuaderno principal
ii) Acta número 7431 de fecha 19 de diciembre de 1988, mediante la cual
la demandante toma posesión como auxiliar de servicios (fl 27 archivo 31
contestación demanda-cuaderno principal)
iii) Resolución No. 3474 del 27 de agosto de 2015, por medio del cual la
Secretaría de educación departamental de Putumayo reconoció las cesantías
parciales. En este acto administrativo se detalla que la demandante radicó la
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solicitud de reconocimiento y pago el 22 de julio del 2013. A su vez, se precisa
que de conformidad con el certificado expedido por el Coordinador de la
oficina de historias laborales de Educación Departamental del Putumayo la
demandante labora como Auxiliar Administrativo, Código 407 grado 6 desde
el 19 de diciembre de 1988 prestando sus servicios en la Institución Educativa
ciudad Mocoa de forma ininterrumpida (archivo 12 Resolución 3474 cuaderno
principal)
iv) La notificación personal del acto administrativo se efectuó el 2 de
septiembre del 2015. Sin que se hubiera interpuesto recurso alguno.
(archivo 10 cuaderno principal)
v) La secretaría de educación de Putumayo el 30 de junio de 2016 bajo el
asunto de referencia: «respuesta a derecho de petición» informó que el pago
de las cesantías parciales de la señora Ilma Eugenia Pazmiño se realizó el
día 10 de agosto de 2015 mediante resolución No. 86000 de octubre. (archivo
10- cuaderno principal)
vi) Comprobante de egreso N.8600 de la Gobernación del Putumayo
mediante el cual se transfiere el valor reconocido por concepto de cesantías
al banco BBVA el 9 de octubre de 2015 (archivo 11 comprobante de egreso
cuaderno principal)
vii) El 13 de febrero del 2018 la demandante radicó solicitud de pago de
sanción moratoria ante la Gobernación de Putumayo. (archivo 05 solicitud
pago sanción moratoria- cuaderno principal)
viii) Mediante oficio del 27 de marzo de 2019 la secretaría de educación de
Putumayo bajo el asunto de referencia: «respuesta a derecho de petición
PUT2019ER005347» manifestando que la sanción moratoria no procede ipso
facto sino que de depende de la existencia de la mala fe de la administración
la cual debe ser acreditada por quien la alega en juicio. Por lo tanto, no podía
determinar el monto de la mora teniendo en cuenta que esta se cancelaría
por orden judicial (archivo 18 Respuesta secretaria educación -cuaderno
principal)
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ix) En respuesta a la prueba de oficio decretada el 4 de diciembre del 2023, el
banco BBVA certificó que de la revisión de los extractos de la cuenta de
ahorros No. 598-047355, perteneciente a la demandante evidenció que se
realizó “deposito cheques propio banco” el día 13 de octubre de 2015, por
valor de $ 9.413.909
2.3. Caso concreto.
De las pruebas relacionadas, se colige que la demandante (i) fue nombrada
mediante Resolución No. 0044 del 19 de diciembre de 1988 en el cargo de
auxiliar administrativo, tomando posesión del cargo en la misma data de
conformidad con el acta de posesión No. 7431; (ii) se encuentra afiliada al
Fondo de Cesantías del Personal Administrativo Nacionalizado de la
Educación de Putumayo; (iii) el 22 de julio del 2013 solicitó el pago de sus
cesantías parciales; (iv) mediante Resolución No. 3474 del 27 de agosto del
2015 se le reconoció su derecho, precisando que la señora Ilma Eugenia
Pazmiño labora ha trabajado de forma ininterrumpida desde el 19 de diciembre
de 1988 (v) El 13 de febrero del 2018 radicó ante la Gobernación de
Putumayo la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
los 710 días de mora.
Teniendo en cuenta el material probatorio y el precedente jurisprudencial
citado en líneas anteriores, no son procedentes las objeciones del demandado.
Aunque la señora Ilma Pazmiño se vinculó con anterioridad a la vigencia de la
Ley 344 de 1996, el elemento que determina la procedencia del
reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías es el
marco normativo invocado en la solicitud.
En efecto, en la petición radicada el 13 de febrero de 2018, se solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la dilación en la entrega de
las cesantías parciales, de conformidad con lo establecido en la Ley 244 de
1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006. Así las cosas, al haberse
presentado la reclamación con posterioridad a la entrada en vigencia de esta
última disposición, sí es viable el reconocimiento de la sanción moratoria en el
régimen retroactivo, como lo ha precisado la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
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Resuelto el principal problema jurídico, se procede a revisar los supuestos de
hecho exigidos para la causación de la sanción moratoria.
De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que la
demandante solicitó el pago de sus cesantías parciales el 22 julio de 2013. Por
lo tanto, el acto administrativo debió expedirse en el término de 15 días exigido
en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, esto es, el 13 de agosto de 2013, de
modo, que la Resolución 3474 del 27 de agosto de 2015 fue extemporánea.
Visto lo anterior, siguiendo el criterio hermenéutico de la Sala, se tiene que el
término de exigibilidad de la sanción moratoria en el sub lite empezó a correr
desde 1 de noviembre de 2013, como se muestra en el siguiente cuadro:
Reclamación para el pago de las cesantías 22 de julio de 2013
parciales
Vencimiento del término para el 13 de agosto de 2013
reconocimiento - 15 días (Art. 4 L.
1071/2006
Vencimiento del término de 28 de agosto de 2013
ejecutoria – 10 días (Arts. 76 y 87
CPACA)
Vencimiento del término para el pago - 45 días 31 de octubre de 2013
(Art. 5 Ley 1071 de 2006)
Ahora bien, aunque se decretó una prueba de oficio en la que el banco BBVA
certificó que el 13 de febrero de 2015 se realizó un "depósito de cheque propio
banco" por valor de $9.413.909, esta fecha es posterior al comprobante de
egreso No. 8600 del pago de las cesantías parciales por parte de la
Gobernación de Putumayo, el cual se efectuó el 9 de octubre de 2015. En
consecuencia, la Sala acogerá esta última fecha como el día en que fueron
puestas las cesantías, lo cual ocurrió de forma extemporánea.
Así las cosas, se reitera, que la sanción moratoria es una penalidad ante la
omisión en el reconocimiento de las prestaciones sociales. Por lo tanto,
vencido el plazo para pagar las cesantías sin que esta se logre efectuar,
incurre en mora al tenor de los parágrafos de los artículos 2 de la Ley 244 de
1995 y 5 de la Ley 1071 de 2006
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En virtud de lo anterior, la entidad demandada trasgredió su obligación de
efectuar el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, causándose la
mora desde el 1 de noviembre de 2013 (día siguiente al vencimiento del
término para pagar las cesantías parciales) hasta el 8 de octubre de 2015 (un
día antes de que la Gobernación de Putumayo pusiera a disposición el pago
de las cesantías).
Ahora bien, procede la Sala a efectuar el estudio de la prescripción en el
asunto. Si bien es cierto que en la Ley 244 de 1995 subrogada por la Ley 1071
de 2016 no se consagró expresamente la prescripción frente a la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías, ello no quiere decir que la
sanción moratoria es imprescriptible. Una de las características del derecho
sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles. En este
contexto, debe tenerse en cuenta que, en la sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016, con ponencia del doctor Luis Rafael Vergara Quintero, el
Consejo de Estado señaló que en estos asuntos es procedente aplicar el
artículo 151 del CPTSS, el cual dispone lo siguiente
“PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador},
sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.”
(Negrilla y subraya fuera del texto)
De manera que, en la providencia de unificación antes citada, entre otras
providencias emanadas de la Sección Segunda de esta Corporación, se ha
dado el alcance transcrito al término prescriptivo de que trata el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo. Se ha concluido que el conteo de los tres
años para su configuración surge desde el vencimiento de los términos
precisos con los que el empleador cuenta para expedir el acto de
reconocimiento y efectuar el pago de la prestación, y vence al cumplirse los
tres años subsiguientes, so pena de la configuración del fenómeno extintivo.
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A su vez, se reitera la discusión analizada y trazada en la Sentencia de
unificación del 2 de noviembre del 2023, mediante la cual, se fijó las reglas y
la responsabilidad que tiene el interesado de reclamar la sanción moratoria por
el pago tardío de las cesantías –caso sub litem- dentro de los tres años
siguientes a la exigibilidad de la penalidad. En efecto, la reclamación
interrumpe la prescripción, por una sola vez, siempre y cuando esta se realice
dentro del plazo fijado en la ley.
Acorde con lo anterior, la mora empezó a causarse el 1 de noviembre de
2013; por lo tanto, a partir de ese momento se hizo exigible. En tales
condiciones, la reclamación debía presentarse ante la administración a más
tardar el 1 de noviembre de 2016. Sin embargo, la reclamación en sede
administrativa dirigida a obtener la sanción moratoria por la tardanza en el
pago de las cesantías parciales se radicó el 13 de febrero de 2018 ante la
Gobernación de Putumayo. Esto significa que la petición se formuló cuando ya
habían transcurrido más de tres años desde que la obligación se hizo exigible,
lo cual conlleva la configuración de la prescripción extintiva de la sanción
moratoria.
Bajo estas condiciones, y aunque la Gobernación de Putumayo no cumplió con
los plazos fijados en la normatividad para realizar el pago de las cesantías
parciales, esto no exime al demandante de haber acudido oportunamente ante
la administración para solicitar el reconocimiento de la sanción moratoria.
Dicha solicitud fue radicada un año después, cuando ya había expirado la
posibilidad de reconocimiento de dicha penalidad.
Lo que impone en consecuencia revocar la sentencia apelada que accedió a
las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar probada la
prescripción extintiva de la sanción moratoria de las cesantías parciales, según
se explicó en precedencia.
2.4. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
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procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto, en primera instancia la parte demandada
fue vencida en el proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo
de la actuación, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la
defensa propia de sus intereses. Así las cosas, dado que el fallo apelado, en
el numeral quinto de la parte decisoria lo condenó en costas, se dispondrá su
revocatoria, conforme se ha precisado.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Nariño (Sala Primera de Decisión), para en su lugar declarar
probada la prescripción extintiva de la sanción moratoria de las cesantías
parciales, según se explicó en precedencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de mayo de 2022, por medio del
cual el Tribunal Administrativo de Nariño (Sala Primera de Decisión) accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda para en su lugar declarar
probada la prescripción extintiva de la sanción moratoria de las cesantías
parciales, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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