Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00899-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00899-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2020-00899-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2020-00899-01 (2199-2023)
Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de
la sentencia proferida el 8 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Nelson Emilio Toro Ortiz presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución ACMG 46008 del 11 de septiembre de
2006, a través de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 le negó el reconocimiento de
una pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
1 En adelante CPACA.
2
En adelante Ugpp
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00899-01 (2199-2023)
Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada, en un monto
mensual equivalente al 75% del promedio de lo devengado entre el 16 de
noviembre de 2001 y el 16 de noviembre de 2002, con base en la asignación
básica, sobresueldo de coordinador, prima de alimentación y las doceavas de las
primas de vacaciones y de navidad; ii) el reajuste de las sumas adeudadas de
conformidad con los índices de precios al consumidor; iii) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y iv) la condena
en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Nelson Emilio Toro Ortiz nació el 16 de noviembre de 1952, es decir que en el
2002 cumplió 50 años de edad.
• Prestó su servicio como docente alfabetizador desde el 1° de octubre de 1973
hasta el 20 de septiembre de 1976, con vinculación de orden territorial, en los
siguientes términos:
Novedad/Acto Cargo Fecha Fecha final Días
administrativo inicial laborados
Nombramiento/Resolución Profesor de educación 01/10/1973
230 del 02/10/1973 para adultos en el centro
Aranda
Traslado/Resolución 320 Profesor de educación 22/11/1973 31/07/1974
del 22/11/1973 para adultos en el centro 300
Cárcel Judicial
Declara 31/07/1974
Cesante/Resolución 204
del 17/07/1974
Nombramiento/Resolución Profesor de educación 18/09//1974
241 del 18/09/1974 para adultos en el centro
Cárcel Judicial
Nombramiento/Resolución Profesor de alfabetización 04/09/1975
404 del 04/09/1975 en el Centro Cárcel 722
Judicial
Nombramiento/Resolución Profesor de alfabetización 03/09/1976
209 del 03/09/1976 en el Centro Cárcel
Judicial
Tiempo computable 2 años, 10 meses, 2 días 1022
• Prestó sus servicios como profesor de cátedra externa en el Colegio Diego Luis
Córdoba del municipio de Linares (Nariño) durante 5 años, 2 meses y 27 días, en
el lapso comprendido entre el 13 de septiembre de 1982 y el 31 de diciembre de
1988.
• El 6 de marzo de 1989, mediante el Decreto 249 fue nombrado docente de
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Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
tiempo completo en el Colegio Diego Luis Córdoba de Linares (Nariño), con
vinculación nacionalizada que ejerció de manera continua hasta la fecha de
presentación de la demanda. En consecuencia, adquirió el estatus el 16 de
noviembre de 2002.
• El 1º noviembre de 2005, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, el cual
fue negado a través de la Resolución ACMG 46008 del 11 de septiembre de 2006,
con fundamento en que el tiempo de servicio prestado en Nariño como docente
alfabetizador en el Centro Cárcel Judicial no puede tenerse en cuenta, toda vez
que no establece tipo de vinculación.
• El 3 de agosto de 2011, nuevamente solicitó el reconocimiento de la prestación,
el cual fue negado mediante la Resolución UGM 021068 del 19 de diciembre de
2011, por cuanto se desestimó el tiempo laborado como docente alfabetizador y
se concluyó que el requisito de tener una vinculación antes del 31 de diciembre de
1980 no se había cumplido.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 48, 53, 58, 228 y
236 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 1 y 15 de la Ley 91
de 1989; 3 de la Ley 37 de 1933; 1, 3, 4 y 6 de la Ley 116 de 1928; Ley 43 de
1975, 6 del Decreto 081 de 1976, 27 del Decreto 3993 de 1948; 1 del Decreto
2285 de 1955; 5 del Decreto 224 de 1972; 1, 2, 3 y 5 del Decreto Ley 2277 de
1979 y los decretos 1830 de 1966, 358 de 1970.
En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos3:
• Los requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia se
acreditaron, puesto que prestó sus servicios como docente de tiempo completo
durante más de 20 años en entidades educativas oficiales, estuvo vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980 y cuenta con más de 50 años de edad.
• En virtud de las normas que regulan el reconocimiento de la prestación
pretendida, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, el tiempo laborado
como docente de alfabetización debe tomarse como de educación primaria y
resulta computable, así como el tiempo de servicio prestado con ocasión de
vinculaciones interinas, temporales, órdenes de prestación de servicio, servicio por
cátedra, comoquiera que ejercen iguales funciones a los de vinculación en
propiedad.
En ese sentido, las plazas ocupadas por el docente corresponden a las que el
legislador ha dispuesto como territoriales, máxime si se tiene en cuenta que la
3 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
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primera vinculación, mediante la Resolución 230 de 1973, tuvo ocasión en Pasto y
en virtud del artículo 26 de ese acto administrativo, ese nombramiento se realizó
en el sector rural.
En cuanto a la participación del delegado del Ministerio de Educación Nacional en
las resoluciones 320 del 22 de noviembre de 1973, 209 del 3 de septiembre de
1976, 234 del 20 de septiembre de 1976 en el acápite de las firmas, correspondió
a la participación como miembro de la Junta Administradora del Fondo Educativo
Regional, cuyos recursos han sido considerados propios de los entes territoriales.
Respecto de las horas cátedra, al corresponder a 22 horas semanales deben
considerarse como jornada completa de trabajo, de manera que el tiempo
laborado entre el 13 de septiembre de 1982 y el 31 de diciembre de 1988 deben
contarse continuo.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
exponen a continuación4:
• La vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 es del orden nacional, puesto
que, aunque su nombramiento fue efectuado a través de una resolución
departamental, en esta intervino un delegado del Ministerio de Educación Nacional
entidad que se encontraba a cargo del manejo y financiación de los programas de
alfabetización y educación para adultos.
La calidad de docente alfabetizador de los programas de educación para adultos
conlleva el cumplimiento de un programa de orden nacional, que si bien
corresponde a una categoría de docente oficial no puede afirmarse que sea del
orden territorial. En consecuencia, este tiempo de servicios no puede tenerse en
cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
En cuanto a la vinculación como docente de cátedra externa, no puede
considerarse de orden territorial, comoquiera que no corresponde a una relación
legal y reglamentaria y en ese sentido no existió el vínculo laboral.
Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales; ii) cobro de lo no debido; iii) prescripción y iv)
genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia proferida el 8 de julio de 2022
declaró la nulidad de los actos ACMG 46008 del 11 de septiembre de 2006 y UGM
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Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
021068 del 19 de diciembre de 2011 y como consecuencia condenó a la Ugpp a
reconocer y pagar la pensión gracia, con base en el 75% del promedio de todos
los factores devengados durante el año anterior a la consolidación del estatus
pensional, esto es entre el 16 de noviembre de 2001 y el 16 de noviembre de
2002. Asimismo, declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 29
de julio de 2017 y condenó en costas a la entidad demandada. Lo anterior, con
base en las siguientes consideraciones:
• Respecto del tiempo de servicios como docente alfabetizador, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, debe tenerse en cuenta en el cómputo del
tiempo para el reconocimiento pensional, comoquiera que corresponde a una
auténtica actividad docente desarrollada, en este caso, en el territorio. Aunque en
los decretos de nombramiento haya intervenido el delegado del Ministerio de
Educación, no implica que la vinculación pueda considerarse del orden nacional.
• En cuanto al tiempo laborado por el demandante en la modalidad de horas
cátedra, al encontrar que la intensidad horaria supera el límite establecido en el
primer parágrafo del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, se tomará como jornadas
completas de trabajo al haber prestado más de 4 horas diarias.
• Como consecuencia, al haber acreditado 24 años de servicio y buena conducta
durante el tiempo ejercido como docente, se logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos enjuiciados, de manera que la prestación se
liquidará a partir del 16 de noviembre de 2002 con el 75% del promedio de los
factores devengados durante el año anterior al estatus.
• En relación con la prescripción de las mesadas, toda vez que adquirió el estatus
el 16 de noviembre de 2002, presentó la primera solicitud del reconocimiento
pensional el 1º de noviembre de 2005 y la demanda se radicó el 29 de julio de
2020, aquella operó desde el 29 de julio de 2017 hacía atrás.
• Finalmente, en virtud del artículo 356 del Código General del Proceso, la Ugpp
fue condenada al pago de las costas, por encontrarse vencida en el presente
litigio.
1.4. El recurso de apelación
La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia5 y en su lugar
se negaran las pretensiones de la demanda. Al respecto, reiteró los argumentos
expuestos en la demanda y señaló que:
• La vinculación que se dio con ocasión de las resoluciones 230 del 2 de octubre
de 1973, 320 del 22 de noviembre de 1973, 204 del 17 de julio de 1974, 241 del
18 de septiembre de 1974, 404 del 4 de septiembre de 1975, 209 del 3 de
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Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
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Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
septiembre 1976 y 234 del 20 de septiembre de 1976, aunque fue efectuada por el
secretario de educación pública del departamento de Nariño y el delegado del
Ministerio de Educación Nacional, es del orden nacional, puesto que en esa época
el manejo y financiación de los programas de alfabetización y educación para
adultos se encontraba a cargo del Ministerio de Educación Nacional. Por lo que,
ese tiempo de servicios no puede ser computado para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia.
• El tiempo laborado por la docente antes del 31 de diciembre de 1980, no puede
ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, al ser de orden
nacional por cuanto ejerció su actividad como docente en educación no formal,
esto es en calidad de alfabetizador.
• En igual sentido ocurre con el tiempo laborado como docente de hora cátedra,
puesto que, al haber intervenido el delegado del Ministerio de Educación Nacional
en los actos administrativos de nombramiento, implicó que su vinculación fuera del
orden nacional.
Así las cosas, en tanto parte de los salarios devengados fueron pagados con
recursos de la nación, no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, puesto que, no es suficiente que tenga la calidad de docente territorial, sino
que debe acreditar que no ha recibido salarios o subvenciones de la nación.
Finalmente, en el evento de ordenar el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, la condena en costas no resultaría procedente, comoquiera que no fue
acreditada la conducta temeraria o abusiva por parte de la entidad.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que
los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5
del artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
En esta oportunidad, el Ministerio Público no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
Se circunscribe a resolver ¿si las vinculaciones que ostentó Nelson Emilio Toro
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Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Ortiz como alfabetizador, antes del 31 de diciembre de 1980, pueden ser
computadas para efectos del reconocimiento de la pensión gracia?
Y, como consecuencia de lo anterior, ¿si Nelson Emilio Toro Ortiz acreditó los
requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de
conformidad con las normas que la regulan?
2.2. Marco normativo
La Ley 114 de 19136 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20
años de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no
recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años
de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con
honradez, consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación7 señaló que «el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
Posteriormente, las leyes 116 de 19288 y 37 de 19339, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así10:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni
recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte
de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
6 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de
algunos empleados».
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
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Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la
Ley 43 de 197511 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de
198912, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia,
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200013 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente
que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y
demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar
los requisitos de edad y tiempo de servicio.
Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala14 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del
artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o
recompensa nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por
la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198915 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
11 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y
se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras
disposiciones».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
13 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
14 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Radicado: 52001-23-33-000-2020-00899-01 (2199-2023)
Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que
se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los
servicios al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó
esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201816, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
16 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 52001-23-33-000-2020-00899-01 (2199-2023)
Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial».
En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202217, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».18
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 52001-23-33-000-2020-00899-01 (2199-2023)
Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
plaza territorial o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño
como docente. No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse
vinculado en la fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados
los tiempos laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio
sea continuo.
2.3. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• Nelson Emilio Toro Ortiz nació el 16 de noviembre de 195219.
• Mediante la Resolución 230 del 2 de octubre de 1973 « [p]or el cual se hacen unos
nombramientos en la sección de educación de adultos», el secretario de educación
pública lo nombró profesor del Centro “Aranda”, suscrita por el mencionado
secretario, el coordinador general de educación y el delegado del Ministerio de
Educación20. De otra parte, el parágrafo 1 de este acto, dispuso que «[l]os
anteriores nombramientos se pagarán con cargo al presupuesto nacional».
• Mediante la Resolución 320 del 22 de noviembre de 1973 «[p]or el cual se hacen
unos nombramientos, aclaraciones y traslados en la sección de educación de adultos», el
secretario de educación pública lo trasladó como profesor del Centro “Aranda” al
Centro “Cárcel Judicial”, suscrita por el mencionado secretario, el coordinador
general de educación y el delegado del Ministerio de Educación 21.
• A través de la Resolución 204 del 17 de julio de 1974, «[p]or el cual se dicta una
disposición en la Sección de Educación de Adultos», declaró cesante a «todo el
personal que viene desempeñando los cargos de profesores de educación de adultos en
el departamento de Nariño, a partir del 31 de julio de 1974» y se indicó que «[l]os
aspirantes a desempeñar estos cargos, para el nuevo periodo, deberán solicitar hoja de
inscripción en la oficina respectiva». Esta decisión fue adoptada con sustento en las
siguientes consideraciones:
«Que se hace necesario realizar reubicación de las plazas destinadas a la Educación
de Adultos en el Departamento, asignadas por el Ministerio de Educación Nacional;
Que es de suma trascendencia e importancia, seguir los lineamientos trazados por una
educación funcional para adultos en el territorio nacional, para adelantar un programa
integrado;
Que la Resolución No. 1891 de mayo 5 de 1972, emanada del Ministerio de Educación
Nacional reglamenta lo referente a nombramientos del Personal Docente al servicio de
la Educación de Adultos».
19 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2, según el
registro civil de nacimiento.
20
Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2
21 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
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Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
• Mediante la Resolución 241 del 18 de septiembre de 1974 « [p]or la cual se hacen
los nombramientos del personal de educación de adultos», el secretario de educación
pública lo nombró profesor del Centro de Educación de Adultos “Cárcel Judicial”,
suscrita por el mencionado secretario, el coordinador general de educación y el
delegado del Ministerio de Educación22.
• Mediante la Resolución 404 del 4 de septiembre de 1975 « [p]or el cual se nombra
el personal de profesores de educación de adultos», el secretario de educación pública
lo nombró profesor del Centro “Cárcel Judicial” al Centro “El Calvario”, suscrita por el
mencionado secretario, el coordinador general de educación y el delegado del
Ministerio de Educación23.
• Mediante la Resolución 209 del 3 de septiembre de 1976 «[p]or el cual se hacen
nombramientos en la sección de educación de adultos», el secretario de educación
pública lo designó como profesor del Centro “Cárcel Judicial”, suscrita por el
mencionado secretario, el coordinador general de educación y el delegado del
Ministerio de Educación24.
• Mediante la Resolución 234 del 20 de septiembre de 1976 « [p]or el cual se hacen
nombramientos y unos traslados en la sección de educación de adultos», le fue
aceptada la renuncia al cargo de profesor de alfabetización, acto que fue suscrito
por el secretario de educación pública, el coordinador general de educación y el
delegado del Ministerio de Educación25.
• El 14 de julio 2005 el coordinador del programa de educación para adultos,
proyecto “Nariño Territorio Libre de Analfabetismo” certificó que Nelson Emilio
Toro Ortiz desempeñó el cargo de docente alfabetizador al servicio del Estado en
el Centro “Cárcel Judicial” desde el 22 de noviembre de 1973 hasta el 30 de junio
de 1976, sin interrupción alguna26.
• El 13 de abril de 2005 la coordinadora sección constancias de la Secretaría de
Educación de Nariño certificó que Nelson Emilio Toro Ortiz prestó su servicio
como docente en el nivel de básica secundaria, por encargo, de orden
nacionalizado, de manera continua, en el plantel Diego Luis Córdoba en Linares
(Nariño), en los siguientes términos27:
Novedad/Acto administrativo Fecha de Fecha final Duración
inicio
Nombramiento docente en 01/01/1989 31/08/1989 8 meses
propiedad/Decreto 249 del 06/03/1989
Encargo coordinador/Decreto 042 del 01/09/1989 30/09/1991 2 años, 1 mes
22
Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
23
Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
24
Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
25
Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
26 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
27 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
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17/01/1990
Encargo coordinador/Decreto 1670 del 01/10/1991 28/10/1992 1 año, 1 mes
01/10/1991
Encargo coordinador/Decreto 19 del 29/10/1992 18/09/1994 3 años, 10 meses, 19
29/10/1992 días
Encargo coordinador/Decreto 059 del 19/09/1994 30/08/1995 11 meses, 12 días
19/09/1994
Encargo coordinador/Decreto 097 del 31/10/1995 17/09/1996 1 año, 16 días
31/10/1995
Encargo coordinador/Decreto 068 del 18/09/1996 08/09/1997 11 meses, 21 días
18/09/1996
Encargo coordinador/Decreto 063 del 09/09/1997 16/02/1999 1 año, 5 meses, 8
09/09/1997 días
Encargo coordinador/Decreto 128 del 17/02/1999 01/05/2000 1 año, 2 meses, 15
17/02/1999 días
Encargo coordinador/Decreto 0451 del 02/05/2000 12/10/2000 5 meses, 11 días
02/05/2000
Encargo coordinador/Decreto 0921 del 13/10/2000 10//07/2003 2 años, 20 días
13/10/2000
Encargo coordinador/Decreto 0669 del 11/07/2003 activo 1 año, 5 meses, 3
11/07/2003 días
Duración 16 años, 3 meses, 15
días
• El 28 de julio de 2005 la coordinadora de sección constancias de la Secretaría de
Educación de Nariño certificó que el demandante fue vinculado como profesor de
hora cátedra en el Colegio Diego Luis Córdoba de Linares (Nariño), de la siguiente
forma28:
Resolución Desde – hasta Duración
062 del 13/10/1982 13/10/1982 – 30/06/1983 22 horas
076 del 01/09/1983 Año lectivo 1983-1984 22 horas
246 del 14/09/1984 14/09/1984 – 30/06/1985 22 horas
137 del 27/08/1985 01/09/1986 – 30/06/1986 22 horas
295 del 03/09/1986 01/09/1986 – 30/06/1987 22 horas
039 del 10/08/1987 01/09/1987 – 30/06/1988 22 horas
057 del 07/10//1988 Septiembre
059 del 31/10/1988 octubre
060 del 21/11/1988 Noviembre y diciembre de 1988
Además, señaló que «a partir del 1º de enero de 1989 fue nombrado docente de tiempo
completo, mediante Decreto 249 del 6 de marzo de 1989».
• El 1º de junio de 2005 la Procuraduría General de la Nación certificó que Nelson
Emilio Toro Ortiz no registra sanciones ni inhabilidades29.
28 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
29 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
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Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
• Mediante las resoluciones 46008 del 31 de agosto de 2006 y UGM 021068 del 19
de diciembre de 2011 Cajanal y la UGPP negaron el reconocimiento y pago de la
pensión gracia30.
• El 23 de mayo de 2011 la Secretaría de Educación de Nariño, mediante el
formato único para la expedición de la historia laboral certificó que Nelson Emilio
Toro Ortiz prestó su servicio como docente del nivel de básica secundaria, en
propiedad, con vinculación nacionalizada, desde el 6 de marzo de 1989 hasta el 1º
de enero de 2011, es decir por 23 años, 4 meses y 22 días31.
2.4. Análisis sustancial
El Tribunal Administrativo de Nariño accedió a las pretensiones de la demanda al
considerar que la demandante acreditó los requisitos para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.
La Ugpp presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que contrario a lo
concluido en dicho proveído, Nelson Emilio Toro Ortiz no acreditó los requisitos
establecidos en las normas que regulan el reconocimiento de la prestación
pretendida, por cuanto, la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 es del
orden nacional, puesto que en esa época el manejo y financiación de los
programas de alfabetización y educación para adultos se encontraba a cargo del
Ministerio de Educación Nacional.
Ahora bien, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, solo son acreedores de la pensión gracia aquellos docentes que
acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, así como los demás requisitos para esos efectos, estos son,
50 años de edad, tener experiencia como docente oficial en plazas del nivel
territorial o nacionalizado por no menos de 20 años y haber ejercido la docencia
con buena conducta.
En este sentido, la Sala procederá a verificar si Nelson Emilio Toro Ortiz acreditó
una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, según lo descrito en el
párrafo anterior. Al respecto, en el expediente se encuentra acreditado que fue
vinculado como profesor de alfabetización mediante las resoluciones 230 del 2 de
octubre de 1973, 320 del 22 de noviembre de 1973, 241 del 18 de septiembre de
1974, 404 del 4 de septiembre de 1975 y 209 del 3 de septiembre de 1976, en los
Centros “Aranda”, “Cárcel Judicial” y “El Calvario” de Nariño, todas suscritas por el
secretario, el coordinador general de educación y el delegado del Ministerio de
Educación.
30 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2.
31 Índice 2 del aplicativo Samai. Documento: ED_ONEDRIVE_20230302(.zip) NroActua 2..
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Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
En relación con las vinculaciones anteriores al 31 de diciembre de 1980, se
advierte que, de conformidad con las consideraciones contenidas en la Resolución
204 del 17 de julio de 1974, estas designaciones se efectuaron en «plazas
destinadas a la Educación de Adultos en el Departamento, asignadas por el Ministerio de
Educación Nacional», esto es, que en el periodo comprendido entre el 1° de octubre
de 1973 y el 20 de septiembre de 1976 prestó sus servicios en una plaza del
orden nacional.
Lo anterior tiene sustento en el material probatorio que obra en el expediente,
según el cual, de conformidad con: i) el Decreto 230 del 2 de octubre de 1973, la
plaza en la que fue vinculado se financió con recursos del presupuesto nacional; ii)
la Resolución 204 del 17 de julio de 1974, tuvo como objetivo reubicar las plazas
asignadas por el Ministerio de Educación Nacional; iii) la Resolución 241 del 18 de
septiembre de 1974, a través de la cual fue designado como profesor del Centro
de Educación de Adultos “Cárcel Judicial”, en el parágrafo dispuso «[l]os profesores
de educación de adultos reelegidos, no necesitan acta de posesión», lo que permite
concluir que la designación se efectuó en el programa del ministerio señalado en
la referida Resolución 204, esto es en una plaza del orden nacional, situación que
se reitera en los actos contenidos en las resoluciones 404 de 1975 y 209 de 1976.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que, aunque las vinculaciones
que ostentó el demandante, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, se
efectuaron a través de actos suscritos por el secretario de educación pública del
ente territorial, estas se efectuaron en plazas «asignadas por el Ministerio de
Educación Nacional», en el marco del programa de educación para adultos que
estaba cargo de esta cartera ministerial. En ese orden, la naturaleza de la plaza en
la que fue designado el docente, contrario a lo concluido por el a quo, es del orden
nacional, por lo que no es posible computar ese tiempo de servicios para el
reconocimiento de la pensión gracia.
Lo anterior, en línea con lo reiterado por la Sección Segunda de esta Corporación
en sentencia de unificación32, según la cual «[e]n cuanto al personal nacional la regla
es clara. Tanto el marco jurídico que rige la aludida prestación como la doctrina legal en la
materia son explícitos en advertir que los docentes nacionales no tienen derecho a su
reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición no se puede computar con el
servido en calidad de educador nacionalizado o territorial».
Asimismo, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, se advierte que
no se acreditó otra vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo que,
concluye esta Subsección que Nelson Emilio Toro Ortiz no es acreedor del
reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no acreditó todos los requisitos
para esta prestación. Por lo expuesto se revocará la sentencia proferida el 8 de
julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Nariño, y en su lugar se negarán
las pretensiones de la demanda.
32
Expediente: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 52001-23-33-000-2020-00899-01 (2199-2023)
Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.33
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas impuesta
por el Tribunal Administrativo de Nariño y se abstendrá de imponerlas en esta
instancia.
3. Conclusión
El demandante no acreditó una vinculación como docente territorial o
nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980, requisito sin el cual no es
posible acceder al reconocimiento de la prestación. Con fundamento en lo
expuesto, se revocará la sentencia proferida el 8 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Nariño y, en su lugar se negarán las pretensiones de la
demanda.
33En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
16
Radicado: 52001-23-33-000-2020-00899-01 (2199-2023)
Demandante: Nelson Emilio Toro Ortiz
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 8 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Nariño, en su lugar negar las pretensiones de la demanda
presentada por Nelson Emilio Toro Ortiz en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, por las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Vmtl
17
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