Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00964-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00964-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2020-00964-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2020-00964-01 (2540-2022)
Demandante: Carmen Angulo Quiñones
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP
Temas: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Docente
territorial con órdenes de prestación de servicios y contratos de
prestación de servicios. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar parcialmente sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada, contra la sentencia de 17 de noviembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda.
La señora Carmen Angulo Quiñones, por intermedio de apoderada judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 39248 de 30 de diciembre de 2019
y RDP 006151 de 3 de marzo de 2020, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP -, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia
y resolvió negativamente un recurso de apelación, respectivamente.
Como restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente:
«2. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos
administrativos acusados y a título de restablecimiento del derecho
CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a RECONOCER Y
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
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Demandante: Carmen Angulo Quiñones
PAGAR una pensión mensual vitalicia, gracia a la docente CARMEN ANGULO
QUIÑONES, con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el
último año de servicio, incluyendo todos los factores de salario, a partir del 12
de abril de 2010, fecha en que adquirió el status pensional.
3. Igualmente a título de restablecimiento del derecho, condenar al ente
demandado a pagar los valores reconocidos con los reajustes de ley y dicha
condena conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor y los
intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF y si hay incumplimiento, al
día siguiente de su ejecutoria intereses moratorios a la tasa comercial, según el
artículo 192 y ss. de la ley 1437 de 2011.
4. Condenar en costas a la UGPP, por ser vencida en juicio, y por los gastos
procesales adicionales que causó a la actora (honorarios profesionales), con
detrimento al patrimonio de la docente y el perjuicio moral, que conlleva un
proceso judicial, en los términos del artículo 188 del CPACA y en los términos
del artículo 361 del C.G.P.» (sic)
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
Se explicó que la señora Carmen Angulo Quiñones nació el 12 de abril de 1960,
razón por la cual el 12 de abril de 2010 cumplió 50 años de edad. Así mismo, señaló
que prestó servicio como docente nacionalizado en el departamento de Nariño de
la siguiente manera:
• Desde el 28 de noviembre de 1979 y hasta el 30 de noviembre de 1995,
laboró como docente en el municipio de Tumaco, nombrada mediante
decreto municipal.
• A través de órdenes de prestación de servicios, prestó sus servicios a partir
del 1° de septiembre de 1997 hasta el 25 de julio de 2003.
• Por Decreto 1236 de 2003, la entidad territorial la designó como docente, en
donde permaneció hasta el 19 de mayo de 2020.
En vista de lo anterior, aduce que el status pensional lo adquirió el 12 de abril de
2010, al cumplir con 50 años de edad y 20 de servicios como docente territorial o
nacionalizada.
Relató que el 16 de septiembre de 2019 radicó solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP -, la cual fue resuelta
de manera negativa con las resoluciones hoy demandadas.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió el
artículo 53 de la Constitución Política, 1° de la Ley 114 de 1913, 5° de la Ley 116
de 1928, 3° de la Ley 37 de 1933, 4° de la Ley 4ª de 1966 y 15 de la Ley 91 de 1989,
dado que con los actos administrativos censurados la entidad incurrió en violación
directa de la ley sustancial y constitucional por error en la interpretación en cuanto
a los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia.
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Aseguró que no es cierto que para la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 la
docente debía cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, y así lo ha ratificado
el Consejo de Estado y tampoco que, para el 31 de diciembre de 1980, la relación
laboral estuviera vigente.
Solicitó además tener en cuenta las reglas y lineamientos establecidos en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018.
1.4. Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP, presentó escrito con el que se opuso
a las pretensiones de la demanda; señaló que la demandante no cumplió con los
requisitos para acceder a al reconocimiento del beneficio pensional.
Aseveró que, de acuerdo a los documentos aportados, no se acreditaron los tiempos
de servicio docente, ni el tipo de vinculación, tampoco el origen de los recursos con
los que le fueron pagados los salarios, pues solo acreditó certificaciones que
resultan incompletas y no los actos de nombramiento, de modo que no se ha
justificado la ausencia de prueba idónea.
Argumentó que, si en gracia de discusión se aceptaran los mencionados certificados
de tiempo de servicio, el período correspondiente al servicio prestado en el
municipio de Tumaco a partir del 31 de diciembre de 2003 no puede ser tenido en
cuenta por ser de carácter nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989.
Destacó que los tiempos prestados entre el 1º de septiembre de 1997 y el 25 de
septiembre de 2003 con interrupciones, deben desestimarse en atención a que la
vinculación fue por medio de contratos de prestación de servicios, instrumentos
contractuales que no pueden ser tenidos en cuenta por no generar vinculación
directa con las entidades con las que laboró y por no obedecer dicho vínculo a una
relación legal y reglamentaria.
En relación con lo anterior, sostuvo que la existencia del contrato realidad debió
ventilarse en instancia judicial previa a este proceso. Agregó además que la buena
conducta no se ha dilucidado totalmente.
Formuló como excepciones las siguientes: i) prescripción del derecho frente a los
contratos de prestación de servicios; ii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales; iii) cobro de lo no debido; iv) prescripción; y v) solicitud
de reconocimiento oficioso de excepciones.
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1.5. Sentencia de primera instancia
En sentencia de 17 de noviembre de 2021 el Tribunal Administrativo de Nariño
accedió a las pretensiones de la demanda y resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción, respecto de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 16 de septiembre de 2016,
y no probadas las demás excepciones propuestas por la entidad demandada,
por las razones expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos demandados,
contenidos en las Resoluciones No. 006151 de 30 de diciembre de 2019 y No.
RDP 006151 de 3 de marzo de 2020, proferidas por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP,
mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a
favor del demandante.
TERCERO: ORDENAR a la accionada - UPP - reconocer y pagar la
correspondiente pensión gracia a favor de la señora Carmen Angulo Quiñones,
liquidándola con el 75% del promedio de lo percibido por ella durante el año
anterior a la adquisición del estatus. Se aclara que lo devengado anualmente,
se liquidará teniendo en cuenta una doceava parte de dicha prestación.
CUARTO: Se autoriza a la accionada a hacer los descuentos de ley por salud,
sobre las mesadas reconocidas.
QUINTO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandada, según lo
establecido en este proveído.
SEXTO: Al liquidar las sumas dinerarias en favor de la parte demandante, los
valores serán ajustados en los términos del artículo 192 del CPACA, dando
aplicación a la fórmula de actualización que regularmente se utiliza para estos
casos.
SÉPTIMO, Para efectos de la ejecución de la sentencia se dará aplicación a los
artículos 192 y 195 del CPACA.
OCTAVO: En firme la sentencia archivar el expediente, previa anotación en los
libros y en el programa justicia Siglo XXI» (sic)
Como sustento de lo anterior, el a quo analizó el material probatorio anexado al
expediente, llegando a la conclusión que con base al formato único para expedición
de certificado de historial laboral expedido por la Secretaría de Educación de
Tumaco la demandante prestó sus servicios como docente municipal por un período
superior a 20 años.
No obstante, en lo referente a la acreditación de tiempo de servicios a través de
contratos de prestación de servicios, indicó que los maestros vinculados mediante
la precitada modalidad, están sujetos a los elementos que se ajustan a los de una
relación laboral, ya que, estos determinan las actividades que fueron
desempeñadas, las cuales son consustanciales al ejercicio del educador.
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Igualmente, subrayó que la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1964
expuso que la actividad material ejecutada por los docentes temporales, no tiene
diferencia con la realizada por los profesores que ostentan la condición de
empleados públicos, concurriendo en uno y otro caso, la remuneración,
prestaciones, derechos y obligaciones.
Respecto de la acreditación del tiempo servido en virtud de la suscripción de
contratos de prestación de servicios, ha de decirse que el Consejo de Estado, de
manera reiterada, ha señalado que los docentes de establecimientos públicos de
educación, vinculados a través de contratos de prestación de servicios, están
sujetos a los elementos que se ajustan a los de una relación laboral, habida cuenta
que estos se coligen de las actividades que desempeñan, que son consustanciales
al ejercicio del educador.
De manera que el status pensional se configuró el 12 de abril de 2010, fecha en la
cual cumplió 20 años de servicios, y que presentó la reclamación ante la
administración el 16 de septiembre de 2019, razón por la cual declaró la prescripción
de las mesadas causadas con anterioridad al 16 de septiembre de 2019.
Por último, impuso condena en costas a la parte demandada.
1.6. Recurso de apelación
1.6.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a través de
apoderado, allegó escrito en el que manifestó su inconformidad con la sentencia de
primera instancia, para tal efecto, expuso los mismos argumentos propuestos en la
contestación de la demanda, esto es, que no se tiene certeza sobre los tiempos de
servicio allegados, no existe la prueba idónea en la que conste el tipo de vinculación
de la demandante, que la vinculación posterior a la entrada en vigencia de la Ley 91
de 1989 es nacional, que la vinculación mediante contratos de prestación de
servicios no pueden ser contabilizados y que no hay claridad sobre el origen de los
recursos con los cuales le fueron pagados los salarios.
En relación con las costas, de manera subsidiaria solicitó revocarlas en el evento
de confirmar la decisión del tribunal, toda vez que la oposición no fue temeraria, ni
hubo abuso del derecho, el recurso no es meramente dilatorio y la actora no acreditó
los gastos en los que incurrió, por lo que no se encuentran probados.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
El 5 de julio de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, de no
presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el negocio regresaría al despacho
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para fallo2.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso4, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, solamente la entidad demanda presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a sus reparos.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Carmen Angulo
Quiñones, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 1° de enero de 1980, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizada; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho
reconocimiento.
De resolverse favorablemente el anterior interrogante, se establecerá si le asistió
razón jurídica al a quo al condenar en costas a la entidad demandada.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
2 Conforme al informe secretarial visto en el índice 12 de SAMAI, no se presentaron solicitudes de
pruebas.
3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»
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De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»5
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20186
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».7
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. De los servicios prestados a través de contratos y órdenes de trabajo
El Decreto 2277 de 1979, define la profesión docente, en los siguientes términos:
7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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«Artículo 2. PROFESION DOCENTE. Las personas que ejercen la profesión docente
se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión docente el
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los
distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los
docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles
educativos de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de consejería y orientación de educando, de educación especial, de
alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine el reglamento
ejecutivo.
Artículo 3. EDUCADORES OFICIALES. Los educadores que prestan sus servicios en
entidades oficiales de orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial
y municipal son empleados oficiales de régimen especial que, una vez posesionados,
quedan vinculados a la administración por las normas previstas en este decreto»
Sin embargo, ante la imposibilidad de crear nuevas plazas de maestros y profesores
de enseñanza primaria o secundaria con cargo al presupuesto estatal, las entidades
territoriales optaron, entre otras modalidades8, por proveer los cargos docentes con
personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, a través del contrato de
prestación de servicios.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación9 ha sido clara en señalar que el
tiempo de servicio prestado por los docentes mediante órdenes o contratos de
prestación de servicios, sí resulta computable para efectos de acreditar los 20 años
de ejercicio de la docencia en el nivel territorial o nacionalizado requeridos para ser
beneficiario del derecho pensional reclamado. Así, por ejemplo, en reciente
providencia se sostuvo:
«[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida
cuenta de que la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación
de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que
haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad
de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están
sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia.
De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se
trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional […]»10, y si el intérprete judicial, «[…] en un
caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente
8 Vinculación como la interinidad, los nombramientos en provisionalidad e inclusive el ejercicio de la
docencia por horas cátedras.
9 Ver entre otras sentencias del: 15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-
09); 10 de marzo de 2016, radicado 52001 -23-33-000- 2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero
de 2018, Rad: 25000234200020150003201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-
33-000-2016- 00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-33-000-2013-00457-01
(3598-14).
10 Sentencia C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Demandante: Carmen Angulo Quiñones
contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en
el artículo 53 de la CP […]»11
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia. Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante
como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que sea
contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo
estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia. .[…]»12
En conclusión, para efectos de la pensión gracia y en aras de acreditar los 20 años
de ejercicio de la docencia requeridos por la Ley 114 de 1913, deben tenerse en
cuenta los servicios prestados por los docentes vinculados a través de contratos u
órdenes de trabajo o prestación de servicios, en razón a que ejercen las mismas
funciones que los vinculados en propiedad mediante un acto legal y reglamentario.
En este punto, lo relevante es que el docente, al reclamar el derecho, haya prestado
esos servicios en un establecimiento del nivel territorial o nacionalizado.
2.4. Actuación administrativa
Está acreditado que la señora Carmen Angulo Quiñones radicó el 16 de septiembre
de 2019 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, resolviendo dicha entidad de manera negativa a través
de la Resolución RDP 039248 de 30 de diciembre de 201913, así:
«Que se aporta FORMATO UNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS DE HISTORIA LABORAL de fecha 10 de septiembre de
2019 expedido por la SECRETARIA DE EDUCACION DE TUMACO.
Que conforme el certificado señalado el (a) peticionario (a) ha prestado
los siguientes servicios:
[…]
ENTIDAD DESDE HASTA NOVEDAD CARGO VINCULACION MODALIDAD
LABORO
MUN 19791128 20190910 TIEMPO DOCENTE NACIONAL PRIMARIA
TUMACO SERVICIO
11 Ibidem.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 30 de septiembre de 2021, radicación número:
70001-23-33-000-2016-00191-01(0728-18).
13 Documento visible en los folios 33 a 36 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2
del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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Demandante: Carmen Angulo Quiñones
[…]
Que frente a la solicitud de reconocimiento de Pensión de Jubilación
Gracia, es preciso señalar:
Que el FORMATO UNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS
DE HISTORIA LABORAL de fecha 10 de septiembre de 2019 expedido
por la SECRETARIA DE EDUCACION DE TUMACO indica tipo de
vinculación MUNICIPAL.
Que revisado el expediente administrativo de la señora ANGULO
QUIÑONES CARMEN no se observan:
-Actos administrativos de nombramiento tanto para los vinculados antes
de 1980 como para los vinculados posterior a esa fecha sin excepción.
-Actos de posesión del cargo antes y después de 1980.
Que es preciso indicar que mediante Correo Certificado NOR 132935 del
8 de octubre de 2019 se requirió a la señora ANGULO QUIÑONES
CARMEN para que allegara dichos documentos sin que a la fecha se
hayan llegado los mismos.
Que en este punto se debe resaltar que para dar trámite a la solicitud de
reconocimiento pensional, es necesario que la entidad cuente con la
totalidad de los elementos de juicio que permitan tomar de fondo una
decisión de conformidad con la normatividad aplicable, por lo tanto no es
posible efectuar el correspondiente estudio mientras no se alleguen la
totalidad de los correspondientes para tal efecto.
Por tanto no está a cargo de la entidad que reconoce la prestación aportar
dicha prueba documental, por el contrario se encuentra en cabeza del
titular del derecho, toda vez que es el único que posee la facultad de
desvirtuar los hechos y/o documentos base de la prestación solicitada; lo
anterior al tenor de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011
y el Artículo 167 del Código General del Proceso […]
Que en consecuencia se deben aportar los correspondientes actos de
nombramiento y posesión de la interesada […]
[…]
Que por lo anterior es necesario que la interesada junto con la anterior
documentación allegue Formato CETIL expedido por la entidad
correspondiente certificado de tiempos de servicio y certificado de
Factores salariales, en los que se señale fechas de vinculación, tipo de
vinculación, nivel, fuente de recursos, nombre del establecimiento,
Numero del Acto Administrativo de Nombramiento, Fecha del Acto
Administrativo de Nombramiento, Fecha de Posesión, Escalafón y Fecha
de Efectos.
Con base en lo anterior se procederá a negar la solicitud de pensión de
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jubilación gracia solicitada por la señora ANGULO QUIÑONES
CARMEN.» 14
Inconforme con la precitada decisión, la peticionaria interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto negativamente con la resolución RDP 006151 de 3 de marzo
de 202015 expedida por la Ugpp.
2.5. Caso concreto
A efectos de desatar la alzada estima la Sala que se deberá verificar si la
demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás
normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado para el
reconocimiento de la acreencia pensional en discusión, especialmente lo
relacionado con el requisito del tiempo de servicio como docente nacionalizado o
territorial, como a continuación se procede.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
A. Edad
Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que Carmen Angulo Quiñones nació el 12 de abril de
196016, razón por la cual, el 12 de abril de 2010 cumplió 50 años de edad.
B. Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
C. Tiempo de servicio
Respecto de este requisito, se observan las siguientes novedades laborales como
docente oficial:
• Del 28 de noviembre de 1979 al 30 de noviembre de 1995
Por medio del Decreto 199 del 28 de noviembre de 1979, la alcaldía municipal de
Tumaco nombró a la señora Carmen Angulo Quiñones como docente municipal,
tomando posesión el mismo día. Si bien en el expediente no obra copia del acto de
14 Documento visible en los folios 33 a 36 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2
del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
15 Documento visible en los folios 38 a 40 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2
del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
16 Fotocopias de la cédula de ciudadanía y del certificado de registro civil de nacimiento, visible en
los folios 16 y 17 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente digital que
se encuentra en SAMAI.
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nombramiento, sí se allegó por parte del ente territorial copia de la posesión17, en la
que se especificó que el cargo correspondía al de maestra municipal de Tumaco, al
respecto se observa:
En comunicación de igual fecha18, le fue informado al director de la escuela urbana
# 2 de niños Luis Irizar Salazar de Tumaco el nombramiento por parte de la
administración municipal, sobre el particular:
17 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
18 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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Si bien es cierto, en la certificación expedida el 26 de junio de 202119 por la
secretaria de educación de Tumaco se indicó que no se tiene certeza de la
autenticidad del acta de posesión sin número referenciada anteriormente, lo cierto
es que, la entidad territorial aportó el acta de nombramiento y la comunicación de la
designación a la maestra, además, de acuerdo con el formato único para la
expedición de certificado de historia laboral, emitido por la Secretaría de Educación
de Tumaco, el 26 de julio de 2021, se señaló que el «TIPO DE VINCULACIÓN» es
«Municipal» y ratificó la prestación del servicio docente en el interregno de 28 de
noviembre de 1979 al 30 de noviembre de 1995, veamos:
19 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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De lo anterior, se observa que la docente Murillo de Muñoz en efecto fue nombrada
en propiedad para prestar servicio docente escuela urbana # 2 de niños Luis Irizar
Salazar, además, que dicha vinculación inició con el Decreto 199 del 28 de
noviembre de 1979 y se mantuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 1995.
Del acto de posesión allegado a solicitud del Tribunal Administrativo de Nariño, es
preciso resaltar que la nominación fue emanada del alcalde de Tumaco, en calidad
de representante del ente territorial, en uso de las facultades que le son inherentes,
es decir, que no se señala que haya invocado norma que permita inferir que actuaba
como delegado de la Nación; designación que tampoco proviene del Ministerio de
Educación Nacional y no fue allegada alguna evidencia de la que se pueda concluir
que el mismo se efectuó con intervención de la Nación. Sumado a ello, no se
especificó que los pagos de los salarios fueran procedentes de esta cartera.
Adicionalmente, de manera expresa, se registró que se nombraba a la actora como
maestra del municipio de Tumaco y conforme al formato único para la expedición
de certificado de historia laboral, se desempeñó en la escuela urbana # 2 de niños
Luis Irizar Salazar de Tumaco, es decir, que fue nombrada maestra en una plaza
del propio ente territorial.
Ello, por cuanto en la citada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018, sobre la naturaleza de la vinculación docente concluyó:
«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1. de enero de 1976 fue objeto del proceso de
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nacionalización iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a
partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron
nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado por la norma
en cuestión (Ley 43 de 1975).
Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades
de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta
genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.»
Adviértase que esas reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso
particular en conjunto con todos elementos de juicio para concluir sin lugar a
equívoco la naturaleza de la vinculación del respectivo docente.
Lo anterior, resulta necesario para destacar que en el asunto bajo análisis la docente
mantuvo una vinculación de naturaleza territorial (municipal), pues el nombramiento
lo realizó una autoridad del mismo orden, en el acto administrativo no se especificó
que el cargo fuera nacional, o se hubiere sometido a proceso de nacionalización.
En ese orden, en cuanto a la naturaleza de la vinculación, el periodo transcurrido
entre el 28 de noviembre de 1979 al 30 de noviembre de 1995, esto es de 15
años y 2 días, resulta ser de naturaleza territorial, tal y como se explicó
previamente, y resultará válido como tiempo de servicio docente para reconocer la
pensión gracia, siendo, además, prueba de la vinculación previa al 31 de diciembre
de 1980.
• Del 14 de enero de 1996 al 25 de julio de 2003
Durante este período, la señora Carmen Angulo Quiñones prestó servicio por medio
de designaciones temporales, órdenes de prestación de servicios y contratos de
prestación de servicios.
A pesar de que en el expediente no obra copia de los actos de nombramiento, sí se
allegó por parte del ente territorial copia de las comunicaciones suscritas por el
secretario de educación20, en las que se informó a la demandante sobre las
designaciones en provisionalidad en algunas instituciones educativas públicas del
municipio de Tumaco. Sobre el particular:
Comunicación del 14 de enero de 199621 en la que se informó la asignación en la
escuela urbana María Auxiliadora de Tumaco, para reemplazar a una docente que
se encontraba disfrutando su licencia de maternidad.
20 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
21 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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Comunicación suscrita el 24 de septiembre de 199622 en la que se comunicó la
asignación en provisionalidad en la escuela Exporcol de Tumaco.
Comunicación firmada el 8 de octubre de 199623 en la que se informó el traslado a
la escuela R.M. Bishoff de Tumaco, para realizar una licencia.
22 Ibidem.
23 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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Comunicación signada el 7 de abril de 199724 en la que se comunicó la asignación
en provisionalidad en la escuela urbana Buenos Aires de Tumaco.
Igualmente, conforme al formato único para la expedición de certificado de historia
laboral25, emitido por la Secretaría de Educación de Tumaco, el 26 de julio de 2021,
se infiere que efectivamente la señora Carmen Angulo Quiñones fue beneficiaria de
las vinculaciones laborales temporales o en provisionalidad en la entidad territorial.
De acuerdo a la regla fijada en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
para probar la calidad de docente territorial «se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial. […]».
Así las cosas, examinadas en conjunto las comunicaciones referidas en párrafos
anteriores y el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, es
claro que las vinculaciones de la docente las realizó la entidad territorial en plazas
de instituciones educativas públicas del municipio de Tumaco, las cuales tuvieron
lugar en los lapsos que enseguida se señalan: i) escuela urbana María Auxiliadora,
14 de enero de 1996 al 14 de abril de 199626; ii) escuela Exporcol, 24 de septiembre
24 Ibidem.
25 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
26 3 meses.
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de 1996 al 7 de octubre de 199627; iii) escuela R.M. Bishoff, 8 de octubre de 1996
al 8 de enero de 199728 y iv) escuela urbana Buenos Aires, 7 de abril de 1997 al 30
de agosto de 199729.
De acuerdo a lo explicado, si bien en las comunicaciones no intervino el alcalde de
Tumaco, únicamente el secretario de educación municipal, es preciso resaltar que
las nominaciones en los períodos especificados se efectuaron por disposición del
ente territorial, sin invocar ninguna norma que permita inferir que actuó un delegado
de la Nación o que las éstas provinieron del Ministerio de Educación, sumado a ello,
se señaló en el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
que los aportes a seguridad social se realizaron a la entidad de previsión del
municipio de Tumaco, sin especificarse que los pagos de los salarios fueran
procedentes del Ministerio de Educación.
Por lo anterior, se debe entender que la vinculación docente es del orden territorial,
dado que las vinculaciones en las instituciones educativas de la entidad territorial
durante los períodos referidos, fueron canceladas con recursos propios del
municipio de Tumaco, no intervino el Ministerio de Educación en las designaciones,
ni se hizo referencia a la existencia u ocupación de una plaza nacional, por lo tanto,
la prestación del servicio se ejecutó con el objeto de suplir una demanda del servicio
educativo a nivel territorial y esta labor que es computable a efectos de acceder al
reconocimiento de la pensión gracia.
Ahora bien, respecto al período en el que la señora Carmen Angulo Quiñones prestó
servicios mediante órdenes de prestación de servicios y contratos de prestación de
servicios en el municipio de Tumaco, se observa lo siguiente:
Órdenes de prestación de servicios
inicio Final Total días Institución en la que laboró
1 1-sep-1997 30-nov-1997 90
2 1-dic-1997 12-dic-1997 12
3 2-feb-1998 30-abr-1998 86 Escuela urbana Buenos Aires
4 4-may-1998 30-jun-1998 52
5 1-sep-1998 30-nov-1998 89
6 5-abr-1999 30-jun-1999 85
7 8-nov-1999 23-dic-1999 48
Escuela urbana Exporcol
8 13-mar-2000 12-abr-2000 29
9 12-abr-2000 13-may-2000 31
10 13-jun-2000 12-jul-2000 29
Escuela El Morrito
11 13-jul-2000 12-sep-2000 59
En el expediente reposan copias de las órdenes de prestación de servicio antes
citadas30, resaltando, a modo de ejemplo, las siguientes:
27 13 días.
28 3 meses.
29 1 año, 4 meses y 23 días.
30 Documentos disponibles en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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➢ Orden de prestación de servicios para trabajar en la escuela Buenos Aires de
Tumaco
➢ Orden de prestación de servicios para trabajar en la escuela Exporcol de
Tumaco
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➢ Orden de prestación de servicios para trabajar en la escuela El Morrito de
Tumaco:
Es cierto que las órdenes de prestación de servicios no fueron firmadas por la
profesora, a pesar de esto, tienen valor demostrativo de la prestación del servicio,
ya que, la Secretaría de Educación de la entidad territorial, en el formato único para
la expedición de certificado de historia laboral también corroboró que efectivamente
se realizaron actividades de docencia mediante órdenes de prestación de servicios,
a saber:
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De igual manera, en lo atinente a los contratos de prestación de servicios, se
observó:
Contratos de prestación de servicios
inicio Final Total días Institución en la que laboró
1 19-abr-2001 19-jun-2001 60 Escuela Chocorrera Curay
2 3-sep-2001 30-nov-2001 87
3 3-dic-2001 14-dic-2001 11 Escuela rural integrada de
4 8-ene-2002 22-mar-2002 74 Llorente
5 1-abr-2002 28-jun-2002 87
6 21-oct-2002 20-dic-2002 59
Escuela urbana integrada
7 8-ene-2003 7-abr-2003 89
Roberth Mario Bischoff
8 8-abr-2003 25-jul-2003 107
En el expediente reposan copias de los contratos de prestación de servicios antes
citados31, resaltando, a modo de ejemplo, las siguientes:
➢ Contrato de prestación de servicios para laborar en la escuela Chocorrera Curay
de Tumaco
31 Documentos disponibles en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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➢ Contrato de prestación de servicios para laborar en la escuela rural integrada
de Llorente
➢ Contrato de prestación de servicios para laborar en la escuela urbana integrada
Roberth Mario Bischoff de Tumaco
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Así mismo, lo señalado en el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, se detalló lo siguiente:
Todo lo descrito previamente permite colegir que las órdenes de trabajo se emitieron
en aras de cumplir en forma oportuna con las actividades educativas
correspondientes a la relación contractual, es decir, que se logró constatar que se
vinculó a la demandante para prestar el servicio docente y, por ende, no se hace
necesario que exista un proceso previo en donde se haya declarado la figura de la
realidad sobre las formas, por cuanto, la Ley 114 de 1913, lo que está permitiendo
es la retribución a quien haya ejercido la labor docente, sin importar la naturaleza ni
la clase de vinculación.
En consecuencia, es claro para la Sala que la docente Carmen Angulo Quiñones se
desempeñó como docente en el municipio de Tumaco a través de órdenes de
prestación de servicio y contratos de prestación de servicios. Vale la pena aclarar
que, si bien el servicio docente no fue por intermedio de un nombramiento sino a
través de órdenes de prestación de servicio y contratos de prestación de servicios,
ello no impide que ese tiempo de ejercicio en la enseñanza municipal sea tenido en
cuenta para el cómputo de la pensión gracia, en la medida en que para acceder a
la mencionada prestación no importa la fuente de la vinculación, sino la naturaleza
jurídica del vínculo, es decir, nacionalizada o territorial.
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Demandante: Carmen Angulo Quiñones
Sobre la suscripción de órdenes o contratos de prestación de servicio docente,
según el análisis de la Corte Constitucional en sentencia C-555 de 1994, al estudiar
la legalidad de los artículos 6 de la Ley 60 y 105 de la Ley 115 de 1994, se interpretó
que los docentes vinculados por intermedio de contratos y órdenes de prestación
de servicio de manera permanente se encontraban en condiciones de desigualdad,
principalmente en lo que a prestaciones se refiere, respecto de quienes sí estaban
adscritos a la planta de personal docente del ente territorial, razón por la cual, en
los términos indicados por dicha Corporación, se llegó a la conclusión de que toda
labor docente realizada de manera continua y permanente resultará válida para
efectos de tenerla en cuenta en asuntos prestacionales.
En tanto el Consejo de Estado en sentencia de 6 de mayo de 201032, como la Corte
Constitucional en sentencia C-954 de 2000, se han pronunciado en manera similar
al precisar lo siguiente:
«Tiempo de servicios cumplidos para efectos de la pensión gracia. Argumenta el actor
en su alegato de conclusión que en los contratos de prestación de servicios con
docentes se presenta la concurrencia de los elementos esenciales de una relación de
trabajo, vale decir, actividad personal del trabajador, continuada subordinación
respecto de la entidad empleadora y un salario como retribución del servicio. El
artículo 1º de la Ley 91 de 1989, arriba transcrito, dispone que se considera como
personal nacional, nacionalizado o territorial a “los docentes vinculados por
nombramiento” ya sea del Gobierno nacional o de la entidad territorial y el artículo 15
ibídem exige que la pensión gracia se otorga a los docentes “vinculados hasta el 31
de diciembre de 1980”, siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos.
No obstante lo anterior, estima la Sala que como al momento en que el actor empezó
a prestar sus servicios como docente no había entrado en vigencia la citada ley,
entonces se debe acoger lo dispuesto en la Ley 114 de 1913 que no estableció la
forma de vinculación para acceder a la pensión graciosa, sino que, consagró tal
prestación a los maestros oficiales “que hayan servido en el magisterio por un tiempo
no menor de veinte años”. Una posición similar adoptó la Corte Constitucional, en
sentencia C-954 de 2000 al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 2º del literal A) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 "Por la cual se crea el
Fondo de Prestaciones del Magisterio", señalando lo siguiente:
“(…) si bien las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 se habían encargado de ampliar
el marco de aplicación de la pensión gracia, haciéndola extensiva a todos los
maestros del sector oficial sin importar la fuente de su vinculación , el hecho de
que el reconocimiento de esa prestación quedara supeditado a la exigencia de
no recibir otra recompensa de la Nación encontraba un claro fundamento,
primero, e n el principio de libre configuración legislativa, el cual le permite al
Congreso de la República fijar los objetivos generales relacionados con el
régimen prestacional de los servidores públicos y, segundo, en la razón o causa
que inicialmente inspiró la consagración legal de la gracia: establecer un
estímulo o retribución a favor de los maestros del nivel territorial cuyos salarios
eran sustancialmente inferiores a los recibidos por los docentes nacionales.
Esta diferencia se originaba en el déficit presupuestal que permanentemente
acompañaba a los Departamentos y Municipios ante los bajos ingresos fiscales
que percibían, lo cual, por supuesto, les impedía remunerar en forma justa y
adecuada la labor desarrollada por los maestros de las escuelas primarias que,
32 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 76001 23 31 000 2005 00578 01 (1883-2008).
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por mandato expreso de la Ley 39 de 1903, debían ser nombrados y pagados
por las mencionadas entidades territoriales (Subrayado fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior y con el acervo probatorio allegado al expediente, se
encuentra que el actor está vinculado a la docencia oficial desde el 18 de noviembre
de 1979, según la certificación del Instituto Técnico Industrial “Antonio José
Camacho”, vale decir, cumple con el requisito legal del tiempo de servicios (20 años)
para tener derecho a la pensión gracia de jubilación. Así lo ha dispuesto la Sala al
sostener que “si se desvirtúa el contrato de prestación de servicios, y se acepta la
existencia de una verdadera relación laboral es apenas lógico que produzcan plenos
efectos, ello es, que el tiempo laborado sea útil para efectos del reconocimiento de la
pensión de jubilación”.»
En línea de lo anterior, esta Sala considera que los tiempos de labor docente que
prestó Carmen Angulo Quiñones a través de órdenes de prestación de servicios y
contratos de prestación de servicios se ejecutaron cumpliendo con el objeto de los
mismos, esto es, el ejercicio docente.
Se demostró que la demandante se desempeñó como maestra en contratación en
la escuela urbana Buenos Aires, la escuela urbana Exporcol, la escuela El Morrito,
la escuela Chocorrera Curay, la escuela rural integrada de Llorente y en la escuela
urbana integrada Roberth Mario Bischoff del municipio de Tumaco. Adicionalmente,
se puede inferir razonablemente que se trataba de plazas territoriales por tratarse
de instituciones educativas a cargo del municipio. Además, como se indicó
anteriormente, los contratos fueron suscritos por una autoridad del orden territorial,
sin intervención de la Nación, tampoco se especificó que la plaza a ocupar fuera
nacional y en muchos se menciona expresamente que los honorarios serían
pagados con recursos del presupuesto del municipio contratante.
Así las cosas, sin entrar a desconocer los vínculos contractuales existentes en las
siguientes fechas: i) 1° de septiembre de 1997 y el 30 de noviembre de 1997; ii) 1°
de diciembre de 1997 al 12 de diciembre de 1997; iii) 2 de febrero de 1998 al 30 de
abril de 1998; iv) 4 de mayo de 1998 al 30 de junio de 1998; v) 1° de septiembre de
1998 al 30 de noviembre de 1998; vi) 5 de abril de 1999 al 30 de junio de 1999; vii)
8 de noviembre de 1999 al 23 de diciembre de 1999; viii) 13 de marzo de 2000 al
12 de abril de 2000; ix) 12 de abril de 2000 al 13 de mayo de 2020; x) 13 de junio
de 2000 al 12 de julio de 2000; xi) 13 de julio de 2000 al 12 de septiembre de 2000;
xii) 19 de abril de 2001 al 19 de junio de 2001; xiii) 3 de septiembre de 2001 al 30
de noviembre de 2001; xiv) 3 de diciembre de 2001 al 14 de diciembre de 2001; xv)
8 de enero de 2002 al 22 de marzo de 2002; xvi) 1° de abril de 2002 al 28 de junio
de 2002; xvii) 21 de octubre de 2002 al 20 de diciembre de 2002; xviii) 8 de enero
de 2003 al 7 de abril de 2003; xix) 8 de abril de 2003 al 25 de julio de 2003 y sin que
decisión se emita pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta o subyacente para la precitada época, sí debe
entenderse que la señora Carmen Angulo Quiñones ejerció funciones propias e
inherentes a la labor docente al servicio del Estado que le permiten beneficiarse de
la pensión objeto de estudio.
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Por lo tanto, se determina que las vinculaciones mediante designaciones temporales
y en provisionalidad, así como las acaecidas a través de órdenes de prestación de
servicios y contratos de prestación de servicios con el municipio de Tumaco, son
del orden territorial, pues en ellas no intervino el Ministerio de Educación en las
vinculaciones y contrataciones, tampoco se advirtió la ocupación de una plaza
nacional, en ese sentido, la labor de maestra se ejecutó para para suplir una
demanda del servicio educativo territorial, tanto así que las designaciones y
contrataciones fueron por el tiempo de 5 años, 2 meses y 20 días33, circunstancia
que denotó permanencia en el servicio, y luego nombrada en provisionalidad y
posteriormente de forma permanente, circunstancias que se analizarán a
continuación.
• Del 1° de enero de 2004 en adelante
Por medio del Decreto 1235 de 31 de diciembre de 2003, emanado de la alcaldía
de Tumaco se nombró a la señora Carmen Angulo Quiñones como docente en
provisionalidad; al respecto, el mencionado docente tomó posesión el 1° de enero
de 2004 ante el alcalde municipal y el secretario de educación de Tumaco. Si bien
en el expediente no obra copia del acto de nombramiento, sí se allegó por parte del
ente territorial copia de la posesión34, en la que se especificó que el cargo
correspondía al de maestra en la Institución Educativa R.M. Bishoff de Tumaco, al
respecto se observa:
33 El tiempo con vinculaciones temporales fue de 1 año, 11 meses y 6 días, las órdenes de prestación
de servicios se ejecutaron durante 1 años, 8 meses y 10 días, y mediante contratos de prestación
de servicios por 1 año, 7 meses y 4 días.
34 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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Del mencionado acto de nombramiento se desprende que el alcalde municipal de
Tumaco es quien funge como nominador de la profesora nombrada, y actuó bajo
las facultades legales conferidas por la Constitución y las Leyes 115 de 1994,
artículo 153 como administrador de la educación municipal, 715 de 2001, bajo el
entendido de la administración de recursos por parte del ente territorial, y los
Decretos 804 de 1995 y 1278 de 2002, por medio de los cuales se reglamenta la
prestación del servicio docente para grupos étnicos y se dicta el estatuto de
profesionalización docente, respectivamente.
En relación de todo lo anterior, no solo con este último periodo referenciado, la
Secretaría de Educación de la entidad territorial, en respuesta a un requerimiento
realizado por el Tribunal Administrativo de Nariño en la primera instancia del
proceso de la referencia, allegó constancia con fecha de 26 de julio de 202135 en la
que indicó lo siguiente:
35 Documento disponible en el índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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Respecto del extremo temporal, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio-Secretaría de Educación de Tumaco, en certificaciones expedidas el 19
de mayo de 20203627 y el 26 de julio de 202137 indicó que la demandante sostuvo
una vinculación de tipo municipal, además, que permaneció vinculada como
provisional desde el Decreto 1235 de 31 de diciembre de 2003, con fecha de
posesión de 1 de enero de 2004 hasta el 23 de mayo de 2016. De lo descrito se
observa lo siguiente:
Posteriormente, la alcaldesa de Tumaco a través del Decreto 0295 de 23 de mayo
de 2016 nombró a la demandante en período de prueba como docente de básica
primaria en la sede principal de la Institución Educativa Liceo Nacional Max Seidel
de Tumaco, sin intervención directa o indirecta de la Nación, iniciando sus labores
el 24 de mayo de 2016 conforme el acta de posesión 0877. Lo anterior se aprecia
en la siguiente imagen:
36 Ibidem.
37 Ibidem.
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Luego de que la señora Carmen Angulo Quiñones superó satisfactoriamente el
periodo de prueba, mediante el Decreto 0042 de 16 de enero de 2017 fue nombrada
en propiedad, iniciando sus labores en la misma fecha conforme el acta de posesión
0495. Lo anterior se aprecia en la siguiente imagen:
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Lo descrito previamente, permite concluir que los nombramientos en período de
prueba y en propiedad con ocasión de la realización de un concurso de méritos,
fueron ocasionadas por autoridad del orden territorial, en este caso, la alcaldía
municipal de Tumaco, sin que se observe la intervención u orden de la Nación–
Ministerio de Educación Nacional; si bien fueron con posterioridad a la expedición
de la Ley 43 de 1975 por medio de la cual se nacionalizó la educación en Colombia,
no se observa en los mencionados actos administrativos que la plaza a ocupar
corresponda a una que haya sido objeto de ese proceso de nacionalización, de igual
manera, se destaca que de acuerdo al formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, emitido por la Secretaría de Educación de Tumaco, el
26 de julio de 2021, la docente se encuentra activa y desempeñando el cargo al día
de expedición del documento, veamos:
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Todo lo anterior, y coherente con los decretos de nombramiento y posesión, así
como lo certificado por la entidad territorial, permite concluir que los tiempos
analizados corresponden a vinculaciones de naturaleza territorial; razón por la cual,
este período resulta computable para determinar el derecho a la pensión gracia
reclamada, el cual corresponde al interregno comprendido entre el 1° de enero de
2004 al 26 de julio de 2021 que equivale a 17 años, 6 meses y 25 días.
Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y
apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica, a esta Sala no le
queda duda que la accionante acreditó el requisito de 20 años de prestación de
servicios de la siguiente forma: lapso de 28 de noviembre de 1979 al 30 de
noviembre de 1995, 15 años y 2 días; interregno de 14 de enero de 1996 al 25 de
julio de 2003, 5 años, 2 meses y 20 días38 y periodo del 1° de enero de 2004 al 26
de julio de 2021, 17 años, 6 meses y 25 días, los cuales corresponden a 37 años,
9 meses y 17 días. Adquiriendo el status el 12 de abril de 2010, fecha en que
cumplió con la edad requerida, pues el tiempo de servicio lo satisfizo desde el 12 de
38 El tiempo se estableció con los periodos en los que hubo vinculaciones de carácter temporal, o se
ejecutaron órdenes de prestación de servicios y contratos de prestación de servicios.
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enero de 2001.
Encontrándose prescritas las mesadas pensionales con anterioridad al 16 de
septiembre de 2016, habida cuenta que la reclamación administrativa se presentó
ese mismo día y mes del año 2019.
2.6. De la condena en costas de primera instancia
Finalmente, la parte demandada elevó su inconformidad también frente a la
condena en costas, para lo cual este último sostuvo que las actuaciones de la
entidad pública no han sido temerarias y se realizó un adecuado ejercicio de
defensa, en el que se han fundamentado razonablemente los escritos interpuestos.
Al respecto, es importante señalar que esta Sección había sostenido la tesis de que
el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos necesarios o
útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los denominados gastos o
expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros,
como son los indispensables para traslado de testigos y la práctica de la prueba
pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, entre
otros.
Tras la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 no implicaba la condena de manera «automática» u «objetiva», para
quien resultara vencido en el litigio. En consideración a que debían observarse una
serie de factores tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en
el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, aspectos que el
juez debía ponderar para sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis
mínimo en el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla
o no.
Luego esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió aquella posición
y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era necesario evaluar la
conducta de las partes -temeridad o mala fe-, sino los aspectos previstos en el
Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365.
No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente fue modificado
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar que «En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de analizar si
la contestación de la demanda y el recurso de apelación de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social-UGPP se presentaron con carencia manifiesta de fundamento legal.
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Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo no efectuó
dicho estudio y, además, verificados los referidos documentos presentados por el
recurrente, no puede considerarse que estos se presentaron sin sustento legal.
En ese orden, esta Sala considera que deberá revocar la condena impuesta en
contra de la Ugpp pues la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo no tuvo
en cuenta la modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, tal como se expuso.
2.7. Conclusión
Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que la sentencia de
primera instancia deberá ser confirmada parcialmente, toda vez que la docente
Carmen Angulo Quiñones cumplió con todos los requisitos exigidos por las normas
que regulan la pensión gracia, y por tanto es beneficiaria de dicha prestación legal.
Así mismo, se observa que las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de
Nariño en la sentencia de 17 de noviembre de 2021 se ajustan a los preceptos
legales y jurisprudenciales que aplican para el caso concreto tal y como se analizó
en esta providencia, a excepción de la condena en costas que será revocada, ya
que, el a quo no analizó la modificación introducida por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021 al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
2.8. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
demandante, comoquiera que, si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar
a condenar en costa s, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de
las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en
esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la
revisión de la demanda, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, en
la contestación de la demanda se sustentaron las razones en defensa jurídica de
sus intereses y, por ende, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del 17 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que condenó en costas a
la entidad pública demandada, por los motivos expuestos en esta providencia.
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Demandante: Carmen Angulo Quiñones
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida que accedió a las
pretensiones de la demanda radicada por la señora Carmen Angulo Quiñones
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y
efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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