Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2021-00039-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 52001-23-33-000-2021-00039-01(1670-2024)
Demandante : Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Disciplinario – supervisor de contrato
incumplimiento de deberes.
Sentencia : Sentencia de segunda instancia
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 3° de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala Segunda de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Fernando Yasmany Ayala Erira en contra de la Nación –
Procuraduría General de la Nación.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
El demandante Fernando Yasmany Ayala Erira, por conducto de apoderado, acude
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:
1.1. Pretensiones.
Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en los fallos disciplinarios
del 26 de septiembre de 2018 de la Procuraduría Provincial de Pasto, por medio del
cual sancionó al actor con destitución e inhabilidad general por el término de diez
(10) años, decisión confirmada en segunda instancia el 27 de marzo de 2019 por la
Procuraduría Regional del Cauca.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) resarcimiento de los perjuicios
materiales dejados de percibir como secretario de despacho del municipio de
Gualmantán, Nariño, por el monto mensual de $ 1.574.248 causados a partir del 28
de abril de 2019, más el 25% de las prestaciones sociales y (ii) condenar a los
perjuicios morales por la suma de 100 S.M.L.M.V., para cada uno de los miembros
Número interno: 1670-2024
Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
del grupo familiar.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
Que el municipio de Albán suscribió los siguientes contratos de ejecución de obras
civiles: (i) 2012-216 del 25 de octubre de 2012, cuyo objeto era el mantenimiento y
adecuación del acueducto de la vereda Tambo Alto; (ii) 2012-220 del 25 de octubre
de 2012, para el mantenimiento y adecuación del acueducto de la vereda La
Estrella; (iii) 2012-268 del 26 diciembre de 2012, para la ampliación del
alcantarillado San Luis del sector Balso; (iv) 2012-210 del 18 de octubre de 2012,
para el suministro de materiales y accesorios destinados al mantenimiento y
adecuación del Acueducto de la vereda El Carmelo; y (v) 2012-235 del 3 de
noviembre de 2012, con el propósito de la construcción de una alcantarilla de la vía
que comunica con las veredas las Primavera y el Socorro de ese municipio.
Que la entidad territorial también celebró otros contratos de suministro de mano de
obra, adquisición de materiales y accesorios: (i) 2012-209 del 18 de octubre de
2012; (ii) 2012-207 del 11 de octubre de 2012; y (iii) 2012-185-1 del 21 de
septiembre de 2012.
Que la investigación disciplinaria se fundó en el informe de técnico de hallazgos
fiscales realizados por la Contraloría General de la República en la etapa de
indagación preliminar del artículo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual no constituye
prueba para declarar la responsabilidad fiscal.
Que la Procuraduría General de la Nación no puede tener como medio de prueba
el informe preliminar de la Contraloría y se equivoca al afirmar que este constituye
un informe pericial, pues solo se trata de un documento de recolección de
información de la fase preliminar de la investigación de responsabilidad fiscal,
además, este no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 226 del CGP.
Que el órgano de control disciplinario negó la práctica del dictamen pericial
solicitado a la Sociedad Nariñense de Ingenieros basado en el análisis completo
realizado por la Contraloría General y con falsa motivación aseguró que el
investigado solicitó que fuera tenido como medio de prueba.
Que la demandada decretó la práctica de un dictamen pericial solicitado a la
Contraloría General de la República y la respuesta de esta entidad indicó que no es
posible designar un profesional idóneo por no disponer de personal, por cuanto se
encuentra en la etapa final de auditorías y otros servidores se encuentran en
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
vacaciones.
Que el órgano de control disciplinario faltó a la verdad al afirmar que comparecen
como designados del Gerente departamental de Nariño de la Contraloría General
de la República, los profesionales Liliana del Pilar Cabrera Estupiñán y Camilo José
Hoyos Zarama, tomando posesión como peritos y estos jamás fueron designados
por la autoridad fiscal, además estaban impedidos porque con anterioridad habían
rendido el informe de la investigación fiscal.
Que el informe técnico de los peritos lo objetó y solicitó nuevamente el decreto de
la prueba pericial de la Sociedad Nariñense de Ingeniería y sin que la demandada
le diera trámite a la objeción y, por el contrario, el órgano de control disciplinario
cerró la investigación y dictó el fallo de primera instancia sancionándolo con
destitución e inhabilidad general, decisión que fue nulitada en segunda instancia
hasta el auto que formuló el pliego de cargos.
Que la Procuraduría Provincial de Pasto, nuevamente formuló pliego de cargos y
decretó como prueba el concepto técnico preliminar de la Contraloría General de la
República y la pericial rendida durante la investigación disciplinaria; en dicho término
insistió en la prueba técnica de la Sociedad Nariñense de Ingenieros, siendo
decretada en providencia del 20 de junio de 2018, pero esta organización contestó
que no podía prestar el servicio por falta de personal, por este motivo reiteró la
solicitud probatoria para que se designara un experto de la lista de auxiliares de la
justicia, pero fue negada al ser considerada como una nueva prueba, sobre esta
decisión interpuso los recursos que le fueron despachados desfavorables.
Que el 16 de septiembre de 2018, la Procuraduría Provincial de Pasto profirió fallo
por medio del cual lo sancionó con destitución e inhabilidad general para el ejercicio
de cargos públicos por el término de 10 años, decisión confirmada por la
Procuraduría Regional del Cauca, el 27 de marzo de 2019.
Que como consecuencia de la sanción impuesta no pudo tomar posesión del cargo
de secretario de Despacho del municipio Gualmatán Nariño, siendo privado de
percibir el salario por valor de $ 1.574.248, más el 25% por concepto de
prestaciones sociales, provocando perjuicios al demandante y a su grupo familiar.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículo 29; Ley 734 de 2002: artículos; 30, 90, 92, 128, 132 y
141; Ley 1437 de 2011 artículo 11 numeral 11; y Ley 1564 de 2012, artículo 50.
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Como concepto de violación, el apoderado del accionante señaló que, los actos
acusados, se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:
Violación al debido proceso.
Asegura que la Procuraduría General de la Nación no podía darle valor de prueba
pericial al concepto practicado por la Contraloría General, documento que solo
corresponde a una simple recolección de información de la fase preliminar de la
investigación fiscal.
Que los profesionales Liliana del Pilar Cabrera Estupiñán y Camilo José Hoyos
Zarama, no podían tener la calidad de peritos en los términos previstos en el
numeral 3 del artículo 50 del CGP, y deben ser excluidos de la lista de auxiliares de
la justicia por ostentar la condición de servidores públicos, adicionalmente, el haber
dado un consejo o concepto, estos servidores se encuentran impedidos de acuerdo
al numeral 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
Violación del derecho de audiencia y de defensa.
Precisa que el 18 de julio de 2018, insistió en la práctica del peritaje a través de la
Sociedad Nariñense de Ingenieros o que en su defecto la prueba fuera realizada
por un perito idóneo de la lista de auxiliares de la justicia.
Que el 25 de julio de 2018, la demandada, negó la práctica a través de la lista de
auxiliares de la justicia, al tratarse de una nueva prueba, decisión en la cual
confundió la solicitud de decreto y práctica de la prueba, además no tuvo en cuenta
que fue pedida y ordenada en tiempo oportuno, sobre esta decisión interpuso los
recursos que fueron despachados desfavorablemente, vulnerando su derecho de
audiencia y de defensa.
Violación al debido proceso, derecho de audiencia y defensa por
desconocimiento de los principios de la sana critica en la valoración de la
prueba testimonial.
Asegura que el fallo de primera instancia del 25 de septiembre de 2018, la
Procuraduría Provincial de Pasto, al valorar las actas de recibo suscrita por los
beneficiarios de las obras, no les dio credibilidad debido a que estas personas no
tienen el conocimiento técnico o contractual, pero se contradice cuando otorga valor
a las declaraciones que afirman que los contratos no se cumplieron.
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Que para soportar la decisión la demandada debía hacer estudios técnicos y
contractuales que requerían de una prueba pericial, razón por la cual no era
suficiente tener plena certeza con los testigos que señalaron que los contratos no
se realizaron y siendo esto contrario a la decisión que acepta el cumplimiento parcial
de las obligaciones contractuales.
Violación al debido proceso por dictar el fallo de segunda instancia por fuera
del término de prescripción.
Precisa que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, establece el término de
prescripción de 5 años de la acción disciplinaria contados a partir del auto de
apertura disciplinaria, el cual fue proferido el 28 de febrero de 2014 y la demandada
tenía hasta el 28 de febrero de 2019 para imponer la sanción debidamente
ejecutoriada, pero esta fue expedida por fuera del término de los 5 años.
2. Contestación de la demanda.
Corrido el traslado de la demanda la Procuraduría General de la Nación, contestó
en los siguientes términos:
Se opone a las pretensiones de la demanda por cuanto los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad y los reproches del demandante corresponden a
interpretaciones subjetivas que no comportan violación al debido proceso o a los
defectos fácticos de valoración probatoria.
Precisa que la destitución e inhabilidad por el término de 10 año impuesta al
demandante fue el resultado de la investigación en la cual garantizó el derecho de
defensa, en el cual el actor controvirtió pruebas y presentó recursos.
Expone que el artículo 130 de la Ley 734 de 2002, establece como medio de prueba
cualquier otro medio técnico o científico con la posibilidad de solicitar apoyo técnico
a otro organismo del Estado para culminar con éxito la investigación, como lo hizo
el operador disciplinario al incorporar el concepto técnico que rindieron los
funcionarios de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental
Territorial Nariño y contrario a lo expuesto no es una simple recolección de
información sino una apreciación técnica rendida por funcionarios que cuentan con
competencia e idoneidad a partir de la que se concluyó que no se cumplió con el
objeto de los contratos cuya supervisión fue encomendada al actor y faltó a la
realidad al certificar cumplidos los objetos contractuales.
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Que el defecto formal que incurrió el auto del 26 de octubre de 2016, fue al indicar
“traslado de concepto pericial”, pero en el expediente se observa que es un informe o
concepto técnico y en nada transforma en ilegal la decisión emitida, además fue una
prueba oportunamente controvertida al punto que el demandante participó en la
visita que los profesionales realizaron a los sitios donde debían ubicarse las obras
contratadas y posteriormente presento objeción al dictamen pericial, la cual fue
objeto de aclaración.
Detalla que la decisión sancionatoria no se basó únicamente en la apreciación de la
prueba que el demandante considera ilegal, sino que partió de la ponderada y lógica
apreciación de todo el acervo probatorio conformada por documentos y testimonios
apreciados bajo la sana critica.
Respecto a la violación al debido proceso, el derecho de audiencia y de defensa por
la negativa de la práctica de la prueba pericial de la lista de auxiliares de la justicia,
precisó que la etapa probatoria estaba vencida y para el momento se contaba con
el concepto técnico legalmente practicado.
Finaliza que no existe prescripción de la acción disciplinaria, pues el fallo de primera
instancia fue proferido el 26 septiembre de 2018 y tenía hasta el 27 de febrero de
2019, para emitir la decisión sancionatoria y notificarla.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas, por considerar:
Considera que, en el fallo de primera instancia del 26 de septiembre de 2018, la
Procuraduría Provincial de Pasto otorgó valor probatorio a los informes periciales,
porque eran claros al concluir que las obras no se habían realizado o no funcionaban
a diferencia de lo que había certificado el actor.
Precisa que el informe presentado por la Contraloría General de la República no es
un documento de simple recolección de información y es una apreciación errada del
actor, puesto que en la actuación disciplinaria existen dos conceptos periciales, uno
de ellos por solicitud realizada por el señor Libardo Martínez Gómez el otro
investigado y el segundo concepto pericial se recaudó como prueba pedida por el
actor.
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Señala que estos son dictámenes periciales que detallan todas las falencias en el
cumplimiento y la ejecución de las obras contratadas, las cuales el demandante
certificó que habían sido cumplidas, por lo tanto, al no favorecerle este resultado
intenta controvertir su validez y restarles mérito probatorio y en el segundo concepto
pericial el actor participó en la práctica de este.
Por otra parte, los funcionarios que rindieron los dictámenes periciales, no están
impedidos pues las normas invocadas por el demandante no aplican en el caso del
decreto de pruebas ordenadas en los procesos para que las entidades y
dependencias oficiales para peritaciones que versen sobre materias propias de la
actividad conforme el artículo 234 del CGP.
Tampoco se presenta vulneración del artículo 128 de la Ley 734 de 2002, pues la
decisión se fundó en las pruebas legalmente obtenidas, entre ellas, el concepto
pericial emitido por los funcionarios de la Contraloría General de la República, cosa
distinta es que el demandante discrepe del contenido y las conclusiones. Además,
la sanción no se sustentó únicamente en los peritajes, sino en las pruebas
testimoniales y documentales recaudadas.
Por último, sobre la prescripción, aseguró que la apertura de la acción disciplinaria
se emitió el 28 de febrero de 2014, y la entidad tenía hasta el 28 de febrero de 2019
para expedir y notificar el acto sancionatorio de primera instancia y verificado que el
fallo principal fue emitido el 26 de septiembre de 2018 y notificado el 1 de octubre
de ese mismo año, no se presenta el fenómeno jurídico invocado.
4. Recurso de apelación.
La parte demandante en la oportunidad procesal interpuso recurso de apelación en
contra la sentencia de primera instancia, solicitando que se revoque, en
consideración a los siguientes:
Reitera que el informe técnico de hallazgos fiscales en que fundó la decisión la
Procuraduría no constituye plena prueba de responsabilidad fiscal y para este
momento no se había dictado auto de imputación fiscal, por ello, insiste que no
puede ser tenida en cuenta como una prueba pericial porque no cumple los
requisitos del artículo 226 del CGP y resultada arbitrario mantener la legalidad de
acto sancionatorio que tiene como sustento un informe preliminar.
Precisa que la “Procuraduría negó la práctica del dictamen pericial solicitado a la Sociedad de
Ingenieros de Nariño, manifestando: “ya obra en el expediente un análisis completo realizado por la
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Contraloría General de la República Gerencia Departamental. Mediante falsa motivación, afirmó la
procuraduría que tal prueba adversa fue solicitada por el propio investigado LIBARDO MARTINEZ
GOMEZ. Afirmación falsa por cuanto jamás el investigado pidió que dicho informe se tuviera como
medio de prueba, hecho que el tribunal niega, afirmando que dicho informe fue emitido a solicitud
del señor MARTINEZ GOMEZ.”
Que solicitó el decreto y la práctica de un peritaje para desvirtuar la responsabilidad
disciplinaria, la cual fue ordenada a la Contraloría General de la República, pero
esta le contestó que no es posible designar un profesional al no disponer de
personal, pero la demandada posesionó a los profesionales Liliana del Pilar Cabrera
Estupiñán y Camilo José Hoyos Zarama que jamás fueron designados por el señor
Gerente Departamental de Nariño de la Contraloría.
Que el Tribunal avaló la posesión de los peritos, cuando estos habían rendido el
informe preliminar para iniciar la investigación fiscal y en los términos del numeral 3
del artículo 50 del CGP, por lo que debían ser excluidos de la lista de auxiliares de
la justicia por ostentar un cargo público y además estaban impedidos por emitir con
anterioridad un concepto técnico.
5. Trámite de segunda instancia.
En auto del 29 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)1, en esta instancia se emitirá
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
1
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
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2. Problemas jurídicos.
Corresponde a la Sala establecer si revoca sentencia del 3 de noviembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, que
negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Fernando Yasmani
Ayala Erira en contra de la Procuraduría General de la Nación, para ello se estudiara
lo siguiente:
1. ¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso al valorar el informe técnico
de hallazgos para proferir la decisión sancionatoria?
2. ¿Los servidores públicos de la Contraloría General de la Nación fueron
indebidamente posesionados como peritos en el proceso disciplinario y además no
podían ser auxiliares de la justicia?
3. ¿El órgano de control disciplinario vulneró el debido proceso y el derecho de
defensa en la actuación sancionatoria por cuanto los peritos ya habían rendido un
concepto técnico con anterioridad y estaban inhabilitados para ejercer la experticia
técnica?
Para desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1.
Régimen disciplinario; 2.2. Precedente de unificación de control integral de los actos
disciplinarios; 2.3. La Contraloría General de la Nación, vigilancia de la gestión
fiscal, el control de resultado y el traslado de posibles conductas disciplinarias a la
Procuraduría General de la Nación; 2.4. La supervisión e interventoría en los
contratos estatales; 2.5. La actuación disciplinaria; y 2.6. Caso concreto.
2.1. Marco normativo del proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002.
De acuerdo al artículo 1 de la Ley 734 de 2022, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado y esta se adelanta a través del poder
disciplinario preferente por la Procuraduría General de la Nación, las Personerías
Distritales, Municipales o las oficinas de control interno disciplinario.
Fase previa.
El conocimiento de la noticia disciplinaria se inicia por (i) informe; (ii) compulsa; (iii)
queja; (iv) anónimo cumpliendo los requisitos del artículo 38 de la Ley 190 de 1995
y artículo 27 de la Ley 24 de 1992 y (v) de oficio y el órgano de control de proceder
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según el caso en los escenarios que desarrolla el artículo 150 de la Ley 734 de
2002, que dispone:
El auto inhibitorio parágrafo 1 del artículo 150 Ley 734 de 2002. Procede cuando
se advierta de la actuación: (i) la manifestación temeraria, con tramite sancionatorio;
(ii) hechos irrelevantes, (iii) hechos de imposible ocurrencia y (iv) hechos
manifiestamente incorrectos y difusos, los tres últimos escenarios ponen fin al
proceso.
La indagación preliminar e investigación, esta tiene como fin la verificación de la
ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o se
realizó bajo el amparo de causal de exclusión de la responsabilidad.
La procedencia de la investigación disciplinaria. Se adelanta cuando la
información recibida identifica el autor y el operador iniciara la investigación con la
finalidad de: (i) verificar la ocurrencia de la conducta, (ii) determinar si es constitutiva
de falta (iii) esclarecer los motivos determinantes (iv) establecer las circunstancias
de tiempo, modo y lugar (vi) identificar los perjuicios causados a la administración y
(vii) establecer la responsabilidad del disciplinado.
El auto de cierre de la Investigación. Se presenta por: (i) vencimiento de términos
y (ii) el decreto de pruebas para formular cargos.
Evaluación de la investigación. En esta etapa se pueden presentar los siguientes
escenarios: (i) terminación del proceso artículos 156 y 161 Ley 734, (ii) formulación
de cargos artículo 162 CDU, (iii) migrar al procedimiento verbal artículo 175 ídem,
(iv) cambio de competencia y (iv) incorporación de la unidad procesal artículo 74
Ley 734 de 2002.
Inicio del juicio disciplinario.
Formulación de cargos disciplinarios. “Comprende como primer elemento de la
descripción, caracterización y determinación detallada de la conducta que se le atribuye al servidor,
con la indicación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 2”, esta debe cumplir los
requisitos de procedencia sustanciales y formales, los cuales se precisan:
Requisitos sustanciales artículo 162 CDU: (i) que se halle objetivamente
demostrada la falta y (ii) la existencia de prueba que comprometa la responsabilidad
del investigado.
2
Gaitán Jorge Eliecer. Pliego de Cargos, Ediciones Nueva Jurídica, 2019, pág. 197 y 198.
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Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Requisitos formales artículo 163 ibidem, contiene: (i) la descripción y
determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar y modalidad específica de la conducta: (a) omisión; (b) acción;
(c) extralimitación; y (d) abuso; (ii) Normas violadas y concepto de violación; (iii)
Identificación del autor o autores de la falta, (iv) Análisis de las pruebas por cada
uno de los cargos formulados, (v) exposición fundada de los criterios tenidos en
cuenta para determinar gravedad o levedad de la falta clasificadas en gravísimas,
graves y leves; y (vi) Forma de culpabilidad: a título de dolo, culpa gravísima o
grave.
Fase de descargos: Tiene como justificación garantizar el debido proceso del
imputado, la materialización del derecho de defensa y contradicción, donde el sujeto
procesal si lo considera presenta o no los descargos, etapa donde puede proponer
nulidades, controvertir pruebas, solicitar y aportar pruebas.
Posteriormente, continua la fase probatoria [artículo 168 Ley 734 de 2002] y traslado
de alegatos de conclusión por el término de 10 días y la ley permite este momento
la variación de cargos de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 165 del
CDU.
Fallo. Pone fin a la actuación puede presentarse una decisión sancionatoria o
absolutoria, en el cual se debe observar el siguiente contenido: (i) identificación del
investigado; (ii) resumen de los hechos; (iii) análisis de las pruebas; (iv) análisis de
la valoración jurídica; (vi) fundamentación de la calificación de la falta; (vii) análisis
de la culpabilidad; (viii) razones de la sanción o absolución y; (ix) exposición
fundamentada de los criterios de la graduación para la sanción y definición de la
sanción, contra la decisión procede recurso de apelación.
2.2. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios.
Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 2016, estudió la legalidad de
las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación en
contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó postura de unificación
respecto a los actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el sentido que
corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativo efectuar un
control integral de los actos sancionatorios, precisando:
“[…]
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
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Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe
el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en
sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución
y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo
caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra
todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso
administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.”
Con estos fundamentos, la Sala Plena de este órgano colegiado, estableció las
siguientes reglas:
“Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos
proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en
los siguientes términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral [79] de
los actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción
disciplinaria regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el
recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.”
En ese orden de ideas, corresponde a los jueces ejercer un control integral de los
actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial de los sujetos
procesales e intervinientes en la actuación disciplinaria, en el cual se garanticen los
derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa, la presunción de
inocencia con el fin de garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo.
2.3. La Contraloría General de la Nación, vigilancia de la gestión fiscal, el
control de resultado y el traslado de posibles conductas disciplinarias a la
Procuraduría General de la Nación.
La Constitución Política de 1991, en el artículo 113 al establecer la estructura del
Estado, organizado por las ramas del poder público, la legislativa, ejecutiva y
judicial, a su vez, instituyó otros órganos autónomos e independientes para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado y si bien cada uno tiene funciones
separadas estos colaboran armónicamente para la realización de los fines.
El artículo 117 refiere a dos órganos de control. El primer de ellos, el Ministerio
Público a quién: “corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del
interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.”,
según el artículo 118.
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Por su parte, el segundo corresponde a la Contraloría General de la Nación que
“tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración ”, conforme
el art. 119 CP.
Al respecto del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público
y en especial de las Contralorías en cumplimiento de los fines del Estado, la Corte
Constitucional en sentencia C- 127 de 2002, precisó:
“En esta perspectiva se expresa la estructura del Estado bajo la fórmula de las tres
ramas del poder público acompañadas por unos órganos autónomos e independientes,
cuya razón de ser común estriba en el cumplimiento de las funciones del Estado.
Donde, el alinderamiento de las respectivas competencias apareja una
colaboración armónica en cabeza de todos los órganos y entidades que integran
la estructura del Estado, de suyo ligada a un concepto de GESTIÓN PÚBLICA que
a tiempo que involucra tanto a los entes ejecutores como a los controladores,
prefigura y determina los nuevos lineamientos del control fiscal que hoy militan
en el ordenamiento superior de cara a un gestor fiscal revestido de mayor
autonomía y correlativas responsabilidades.3 Sin lugar a dudas, tal ha sido la
connotación que ab initio prohijó el Constituyente bajo la locución “control fiscal
posterior y selectivo”. [Destaca la Sala]
Con arreglo a estos parámetros aparecen las contralorías en sus diferentes niveles
ejerciendo un poder de vigilancia que consulta los dictados de la auditoría moderna, en
el entendido de que la Administración goza de plena autonomía e independencia para
el desarrollo de su gestión fiscal, surtido lo cual emerge el control selectivo con un
sentido retrospectivo e integral que finalmente debe dar cuenta del examen cuantitativo
y cualitativo realizado sobre la materialidad de dicha gestión fiscal. Congruentemente
las contralorías no hacen parte de ninguna rama del poder público, como tampoco del
nivel central o del nivel descentralizado, pues, sencillamente, constituyen órganos
autónomos e independientes, lo cual debe redundar en la independencia requerida en
todo hacer controlador”.
Como se observa la competencia de los órganos autónomos e independientes esta
ligada al cumplimiento de las funciones del Estado cuyas competencias funcionales
asignadas a cada entidad u organismo esta precedida de la colaboración armónica
entre los distintos órganos y entidades para el cumplimiento de los fines estatales.
En ese sentido, el artículo 267 superior establece que a la Contraloría General de
la República como órgano autónomo e independiente vigilancia y ejerce el control
fiscal de la función pública de la gestión realizada por los funcionarios o particulares
que manejan recursos públicos, para realizar esta función cuenta con el mecanismo
administrativo del control y vigilancia posterior, selectivo, preventivo y concomitante
que se realizará en tiempo real en el seguimiento permanente de las fases de
3
Al respecto el régimen de contratación estatal concurre estipulando una mayor autonomía y correlativas responsabilidades
en cabeza del ordenador del gasto.
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ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, con la finalidad la
defensa y protección del patrimonio público.
En el marco de acción a cargo la Contraloría General de la Nación en el control y
vigilancia, monitoreo, control de denuncias, hallazgos fiscales, indagaciones
preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, tiene un deber de poner en
conocimiento de otras autoridades las presuntas conductas disciplinarias o penales,
para esto, el ordenamiento jurídico, estableció que el órgano de control fiscal en ese
ejercicio de colaboración armónica, puede: “coordinar con las diferentes autoridades
públicas, dentro del ámbito de sus competencias, la realización de acciones conjuntas de vigilancia
y control, relacionadas con la reacción inmediata frente a riesgos de daño fiscal inminente .”
(Decreto 2067 de 2000 artículo 42 numeral 7); además, tiene el deber de poner en
conocimiento a otras autoridades entre ellas; “Fiscalía General de la Nación, organismos
de seguridad del Estado y las demás autoridades judiciales o administrativas, la comisión de hechos
presumiblemente irregulares o ilegales que aparezcan en el proceso disciplinario”. (Decreto 2067
artículo 45 numeral 7), pues no se puede pasar por alto que todo servidor público le
corresponde “denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviera
conocimiento” (numeral 24 artículo 34 de la Ley 734 de 2002).
En ese sentido, los informes preliminares realizados por la Contraloría General de
la República cuando en estos se adviertan presuntas conductas de delitos o faltas
disciplinarias las cuales superen los hallazgos administrativos, debe trasladar estos
documentos a las autoridades competentes, Fiscalía o Procuraduría General de la
Nación, para que en el ejercicio de su autonomía inicien las investigaciones según
cada caso.
Al respecto, de los informes preliminares elaborados por la Contraloría General de
la República el artículo 271 de la C.P., dispone:
“Artículo 271. Los resultados de los ejercicios de vigilancia y control fiscal, así como las
indagaciones preliminares a los procesos de responsabilidad, adelantados por la
Contralorías tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez
competente”.
Como se observa de los pilares de la estructura del Estado, la colaboración
armónica entre las distintas Ramas del Poder Público, juega un papel primordial en
nuestra sociedad con el objetivo de garantizar que las entidades en ejercicio de sus
funciones y controles, cuando adviertan otro tipo de conductas diferentes a las
investigadas procedan a realizar el respectivo traslado a las autoridades
competentes para que en ejercicio de sus funciones realicen las actuaciones
conducentes para establecer la infracción penal o disciplinaria de acuerdo a la
información que la Contraloría General de la Nación haya recaudado en la etapas
de vigilancia y control fiscal.
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2.4. La supervisión e interventoría en los contratos Estatales.
La Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, en el artículo 4° se establecen los derechos y deberes de
las entidades Estatales, para la consecución de los fines estatales, para ello;
exigirán al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado (numeral
1) además. “Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o
bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por
los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan” (numeral 4) y exigirán la calidad de los bienes y servicios
adquiridos por las entidades.
Ahora bien, el legislador en este marco normativo estableció el principio de
responsabilidad para los servidores públicos que “están obligados a buscar el cumplimiento
de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución
del contrato” y responderán por sus actuaciones y omisiones antijuridicas (numerales 1° y 2° artículo
26)
Para el cumplimiento de los deberes y derechos de la entidad cuando se trata de la
vigilancia permanente de la correcta ejecución idónea y oportuna de un contrato
estatal con el fin de proteger la moralidad administrativa y prevenir actos de
corrupción en la actividad contractual, el legislador estableció las figuras de
supervisión e interventoría para ejercer este tipo de control previsto en el artículo 83
de la Ley 1474 de 2011 que disponen:
(…)
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean
requeridos.
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de
la interventoría.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través
del supervisor.
Además de lo anterior, el artículo 84 ibidem, sobre la responsabilidad de los
supervisores e interventores, destaca:
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“ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones
a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables
por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.
PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002>
quedará así:
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos
por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias,
o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
PARÁGRAFO 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8o, numeral 1, con el
siguiente literal:
k) <sic> <Literal CONDICIONALMENTE exequible> El interventor que incumpla el
deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato.
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa
correspondiente.
PARÁGRAFO 3o. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad
de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna
de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este
de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean
imputables al interventor.
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles
incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o
adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos
públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que
se ocasionen.
PARÁGRAFO 4o. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad
se aplicará en los términos previstos en el artículo 7o de la Ley 80 de 1993, respecto
del régimen sancionatorio”.
De la norma que precede, se identifica que la inobservancia por parte del supervisor
o interventor de sus labores de vigilancia durante la ejecución del contractual puede
generarles una falta gravísima. En esa dirección, tenemos las de omitir la
verificación de la calidad de los bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones
técnicas según el caso, además, de certificar y/o recibir bienes, obras y servicios a
satisfacción sin que estos cumplan los requisitos o estén culminados a cabalidad.
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con lo expuesto, el ordenamiento jurídico colombiano establece
diversos mecanismos de control por parte de las diferentes ramas del poder para
la realización de los fines del Estado y en materia de colaboración armónica la
entidad contratante tiene el deber de vigilar la contratación a través de la
supervisión e interventoría según sea el caso; la Contraloría General de la
República en el ejercicio de la vigilancia y control y la vigilancia posterior, selectiva,
preventiva y concomitante en la contratación estatal cumple un rol en la verificación
del uso de los recursos públicos y que la obras o servicios contratados hayan sido
debidamente ejecutados de acuerdo a los estudios previos, pliego de condiciones
planeados por la entidad pública y en el caso que estos no cumplan se procederá
con el proceso de responsabilidad fiscal y de un posible traslado de las conductas
constitutivas delitos o faltas disciplinarias, estas últimas que corresponden a la
Procuraduría General de la Nación para verificar el comportamiento de los
servidores públicos.
2.5. La actuación disciplinaria.
2.5.1. La Procuraduría Provincial de Pasto mediante auto del 28 de febrero de 2014,
inició investigación disciplinaria contra los señores Libardo Martínez Gómez,
Fernando Ayala y Yuly Gutiérrez, en sus calidades de alcalde, secretario de obras
y jefe de control interno de la Alcaldía de Albán (N), con ocasión a la queja
interpuesta por el señor Marco Antonio Botina Ordoñez; la que fue remitida por la
Personería del Municipio de Albán, por las posibles irregularidades contractuales4.
2.5.2. Mediante auto del 7 de julio de 2014, la Procuraduría Provincial de Pasto, en
virtud de la solicitud probatoria realizada por del investigado Libardo Martínez
Gómez en la diligencia de versión libre decretó como medio de prueba los informes
técnicos de las visitas realizadas por la Contraloría General de la República en el
municipio de San José de Alban5 (N), sobre los siguientes contratos:
N. de contrato Fecha Nombre Contratista Observaciones
2012-216 25/10/12 Edgar Erazo No cumplió
No cumplió. El contratista informa que
2012-220 25/10/12 Alberto Rueda él no suscribió ese contrato que la firma
que ahí aparece no es (fs. 581-582)
No cumplió. El contratista informa que
2012-208 26/12/12 Alberto Rueda él no suscribió ese contrato que la firma
que ahí aparece no es (fs. 581-582)
No cumplió. El contratista informa que
2012-210 18/10/12 Omar Cerón él no suscribió ese contrato que la firma
que ahí aparece no es (fs. 712-713)
4
Folios 141 a 145 expediente primera parte
5
Folios 146 y 145 expediente primera parte
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
No cumplió. El contratista informa que
2012-209 18/10/12 Omar Cerón él no suscribió ese contrato que la firma
que ahí aparece no es (fs. 581-582)
No cumplió. El contratista informa que
2012-213 13/09/12 Omar Cerón él no suscribió ese contrato que la firma
que ahí aparece no es (fs. 581-582)
2012-235 3/11/12 Fernando Arcos No se cumplió
2012-217 25/10/12 Álvaro Gómez El contrato no se ejecutó, pero tampoco
se pago
No cumplió. El contratista informa que
él no suscribió ese contrato que una
2012-207 11/10/12 Carlos Ordoñez vez le hicieron firmar unos papeles y
que tampoco realizó la obra ahí
indicada (1590)
2012-185-1 21/09/12 José Morales No se cumplió
2.5.3. En cumplimiento al decreto de pruebas, la Contraloría Departamental de
Nariño remitió informe técnico y resultados de visitas realizadas al municipio de
Albán (N), relacionadas con los contratos 2012-216, 2012-220, 2012-210, 2012-209,
2012-213, 2012-235, 2012-217, 2012-207, 2012-185-1.
2.5.4. Mediante auto del 29 de diciembre de 2015, la Procuraduría Regional de
Nariño, al resolver el recurso de apelación propuesto por el investigado Libardo
Martínez Gómez contra el auto que resolvió las solicitudes de pruebas que éste
había elevado, decretó de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de
cierre de la investigación disciplinaria.
2.5.5. En auto del 21 de abril de 2016, por medio del cual el procurador provincial
de Pasto formuló pliego de cargos en contra de los señores Libardo Gómez y
Fernando Yasmany Ayala Erira.
2.5.6. El 28 de noviembre de 2017, la Procuraduría Regional de Nariño, declaró la
nulidad de lo actuado, a partir del auto de fecha 21 de abril de 2016, por medio del
cual se formuló el pliego de cargos, pues se había atribuido responsabilidad
disciplinaria al demandante por haber participado en la actividad contractual en
detrimento del erario, imputación fáctica que se adecuaba a lo previsto en el numeral
31 del art. 48 de la Ley 734 de 2002, pero que no había sido incluida en el pliego de
cargos, así como tampoco la vulneración del principio de responsabilidad.
2.5.7. La Procuraduría Provincial de Pasto, en auto del 18 de mayo de 2018 formuló
pliego de cargos6 en contra del señor Fernando Yasmin Ayala Erira en su calidad
de Secretario de obras e infraestructura del municipio de Albán, Nariño, que en
principio le fue indilgado:
6
Folios 329 a 352 expediente primera parte
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
“1.- Posiblemente participar en la actividad contractual, en detrimento de patrimonio
público del municipio de Albán (N). puesto que suscribió las certificaciones de
cumplimiento de los contratos 2012-216 el 20 de diciembre de 2012; 2012-268 el 29 de
diciembre de 2012: 2012-209 el 20 de octubre de 2012 2012-213 en octubre de 2012:
2012-235 el 3 de noviembre de 2012: 2012-207 el 25 de octubre de 2012 y 185-1 el 11
de octubre de 2012, a sabiendas de que no se había cumplido con el objeto contractual,
y con las que dio lugar a que se pague el valor de los contratos referidos, detrimento
que puede ascender a la suma VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 21.680.941 M/C), tal como se desprende
el informe técnico de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la
República fechado el 13 de octubre de 2016, dejando de presente que algunos avances
de obra se hicieron con posterioridad a las visitas realizadas por esa misma entidad en
los años 2013 y 2014, y obviamente al pago total de los contratos.
2.- Al parecer realizar objetivamente una descripción tipica consagrada en la ley como
delito sancionable a título de dolo, cuando se comente con ocasión de la función, en
este caso la consagrada en el articulo 286 bajo la denominación de "falsedad ideológica
en documento público" puesto que suscribió lasccertificaciones de cumplimiento de los
contratos 2012-216 el 20 de diciembre de 2012; 2012-268 el 29 de diciembre de 2012;
2012-209 el 20 de octubre de 2012; 2012-213 en octubre de 2012; 2012-235 el 3 de
noviembre de 2012: 2012-207 el 25 de octubre de 2012 y 185-1 el 11 de octubre de
2012, a sabiendas de que no se había cumplido con el objeto contractual
3.- Participar en la actividad contractual al parecer desconociendo el principio de
responsabilidad señalado en los numerales 1 y 2 del articulo 26 de la ley 80 de 1993,
ya que, como secretario de obras del municipio de Albán para la época de los hechos,
estaba obligado a buscar el cumplimiento de los contratos objetos del reproche, y no lo
hizo, dando lugar a que se paguen en su totalidad a sabiendas que no se habían
cumplido”.
DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO
Y LUGAR.
[…]
A su turno el señor FERNANDO YASMANI AYALA ERIRA quien para el periodo
comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2012, se desempeñó como
Secretario de Obras e Infraestructura del Municipio de Alban, pudo haber incumplido
sus obligaciones de buscar el cumplimiento de los contratos tantas veors citados y a
sabiendas de que no se habia cumplido con el objeto contractual de los mismos
procedió a expedir certificaciones de cumplimiento, con los ue se realizó el pago, en
detrimento del patrimonio del estado.
TIPO DE FALTA Y CRITERIOS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA
DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA MISMA
[…]
En cuanto al actuar que se le reprocha al ingeniero FERNANDO YASMANI AVALA
ERIRA. en su condición de Secretario de Obras e Infraestructura del Municipio de Alban
(N), se tiene que dada la forma en que ocurrieron los hechos, los mismos que en
principio se encuadran en la violación del numeral 1 y 31 del articulo 48 de la ley 734
de 2002, el Despacho de acuerdo a lo previsto en el articulo 43 de la ley en cita,
provisionalmente califica la conducta como GRAVISIMA, puesto que sabía que las
obras no se habia ejecutado unas, y otras se ejecutaron parcialmente como lo
demuestra el informe de la Gerencia Departamental de la Contraloria General de la
Nación, y aun así certificó la entrega a satisfacción de la misma, consignando en
documentos situaciones diferentes a la realidad, con las que dio lugar a que se pague
los contratos objeto de la investigación en detrimento del patrimonio económico del
Municipio de Albán (N).
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
FORMA DE CULPABILIDAD
Ahora bien, el ingeniero FERNANDO YASMANI AYALA ERIRA en su calidad de
Secretario de Obras e Infraestructura del Municipio de Alban (N). de conformidad a los
medios de prueba obrantes en esta actuación disciplinaria, sin duda se tiene que el
disciplinado conocia y era consciente del alcance de sus acciones, de hecho por virtud
de su cargo manipuló las circunstancias para poder ejecutar su designio, es decir, para
burlar el deber funcional sin justificación alguna, certificando que los contratos tantas
veces citados se cumplieron a satisfacción cuando conocia que ello no era asi, razón
por la cual en forma provisional se considera que actuó en forma DOLOSA”.
2.5.8. La Procuraduría Provincial de Pasto, mediante fallo del 26 de septiembre de
2018, sancionó al actor con destitución e inhabilitado por el término de 10 años para
ejercer cargos públicos7.
2.5.9. Por medio de auto del 14 de noviembre de 2018, la Procuraduría Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa resolvió el impedimento presentado por
el Procurador Regional de Nariño y dispuso designar para el conocimiento del
proceso disciplinario a la Procuraduría Regional del Cauca8.
2.5.10. La Procuraduría Regional del Cauca, mediante fallo de segunda instancia
del 27 de marzo de 2019, desató el recurso de apelación presentado por el actor y
confirmó la decisión de primera instancia que lo sancionó con destitución e
inhabilidad9.
2.6. Caso concreto.
El señor Fernando Yasmany Ayala Erira, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho pretende la nulidad de los fallos disciplinarios
proferidos por la Procuraduría Provincial de Pasto y la Regional del Cauca, mediante
los cuales le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término
de diez (10) años, al hallarlo responsable de la falta gravísima a título de dolo, por
suscribir las actas de cumplimiento de los objetos contractuales e incurrir en
falsedad ideológica y omitir el principio de responsabilidad contractual.
En la actuación administrativa sancionatoria, la Procuraduría General de la Nación
estableció que el Secretario de Obras e Infraestructura Fernando Yasmani Ayala
Erira, expidió entre los meses de octubre a diciembre de 2012, certificaciones de
cumplimiento de objetos contractuales, sin estar ejecutadas las obras en su
totalidad, permitiendo un detrimento patrimonial de $ 21.680.941 M/C, por lo que
estructuró una conducta que realizó con infracción del artículo 48 numeral 1 de la
7
Folios 24 a 74 expediente primera parte
8
Folios 95 y 96 expediente primera parte
9
Folios 97 a 127 expediente primera parte
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
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ley 734 de 2002 que remite al artículo 286 del Código Penal, además de omitir el
principio de responsabilidad de la Ley 80 de 1993; asimismo, catalogó la
culpabilidad como gravísima a título de dolo, razón por el cual lo sancionó con
destitución e inhabilidad general por el término de 10 años para ejercer cargos
públicos.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Nariño, negó las pretensiones de la
demanda, bajo las siguientes precisiones que: (i) la entidad otorgó mérito probatorio
a los informes periciales que fueron objeto de objeción y aclaración; además, estos
no constituyen simples informes preliminares como los denominó el actor, por el
contrario son dictámenes que detallan las falencias advertidas en el cumplimiento y
ejecución de las obras contratadas; en cuanto al segundo concepto pericial rendido
en 2016, el señor Ayala Erira hizo parte de las visitas realizadas por los peritos en
los lugares donde se tenían que llevar a cabo las obras; (ii) refirió que los servidores
públicos de la Contraloría General de la República si pueden rendir el dictamen
pericial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 del CDU y el 234 del
CGP; (iii) señaló que los funcionarios que rindieron los informes periciales no
estaban impedidos y la interpretación del numeral 11 del artículo 11 del CPACA, no
es la acertada y que para el caso de los peritos se aplica el artículo 130 de la ley
734 de 2002, así como las reglas previstas en el artículo 258 de la Ley 600 de 2000
y el artículo 141 CGP; y (iv) sobre la prescripción indicó que el fallo de primera
instancia se emitió el 26 de septiembre de 2018, decisión principal que no superó el
término para proferir la decisión sancionatoria.
Inconforme con la decisión el actor interpone recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia con los siguientes reparos: (i) precisa que el informe
de hallazgos de la Contraloría no constituye plena prueba y resulta arbitrario
mantener la legalidad de los actos sancionatorios; (ii) asegura que los profesionales
Liliana del Pilar Cabrera Estupiñán y Camilo José Hoyos Zarama fueron
irregularmente posesionados porque no fueron designados por el Gerente
Departamental de la Contraloría de Nariño y debían ser excluidos de la lista de
auxiliares de la justicia; y (iii) finaliza que los peritos estaban impedidos pues habían
rendido concepto técnico en la Contraloría General de la República.
De acuerdo a lo anterior, la Sala a continuación procederá a resolver los cargos
indicados en el recurso de apelación relacionados con los problemas jurídicos bajo
análisis.
¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso al valorar el informe
técnico de hallazgos para proferir la decisión sancionatoria?
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
El actor considera que el informe de hallazgos de la Contraloría no constituye plena
prueba de responsabilidad fiscal y no cumple los requisitos de dictamen pericial de
conformidad con el artículo 226 del CGP y resulta arbitrario mantener la legalidad
de los actos sancionatorios con fundamento en ese medio de prueba.
El debido proceso agrupa unas garantías previstas en el ordenamiento jurídico a
favor del sujeto inmerso en una actuación judicial o administrativa, dentro de las
cuales contamos como las que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las
disposiciones legales preexistentes al acto que se le imputa, el procedimiento debe
ser adelantado por funcionario competente y este debe cumplir la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
Ahora bien, la valoración probatoria realizada en el proceso sancionatorio juega un
papel principal con el fin de determinar o no la responsabilidad del investigado,
razón por la cual las pruebas pueden ser estudiadas en el ejercicio del control
integral que le corresponde al Juez contencioso administrativo conforme lo ha
predicado esta Corporación en sentencia del 16 de julio de 202010, donde expuso:
“En la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, referida en el acápite de las cuestiones previas a resolver en esta
sentencia, se definió que la interpretación normativa y la valoración probatoria hechas
en sede disciplinaria son controlables judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
De esta manera, la integralidad que se predica del control de legalidad que ejerce esta
jurisdicción especializada, sobre las decisiones sancionatorias, debe entenderse en el
sentido de que el operador judicial se encuentra plenamente investido de la facultad de
evaluar la situación fáctica y jurídica sometida a su estudio, sin ninguna restricción, toda
vez que solo a partir de una ponderación objetiva y razonable de los medios de prueba
puede decirse que el acto administrativo de carácter disciplinario se encuentra
debidamente motivado”.
En ese orden de ideas, la Sala procederá a realizar el estudio de los medios de
prueba analizados en los actos demandado para establecer si la decisión
disciplinaria se fundó solo en el informe de hallazgos de la Contraloría General de
la República y si esta no constituye un medio de prueba.
Al respecto, de los informes preliminares elaborados por la Contraloría General de
la República el artículo 271 de la C.P., dispone:
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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Consejero Ponente: William Hernández Gómez
Bogotá, D.C, Dieciséis (16) De Julio de Dos Mil Veinte (2020) Referencia: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2011-00284-00 (1068-2011)
Número interno: 1670-2024
Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
“Artículo 271. Los resultados de los ejercicios de vigilancia y control fiscal, así como las
indagaciones preliminares a los procesos de responsabilidad, adelantados por la
Contralorías tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez
competente”.
En virtud de la norma que antecede, los informes cuyo resultado hayan sido
efectuados en el ejercicio de vigilancia y control fiscal de la Contraloría tendrán valor
probatorio, además, el artículo 130 de la Ley 734 de 2002 modificado por el artículo
50 de la ley 1474 de 2011, permite como medio de prueba “cualquier otro medio de
prueba técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico ”, los cuales pueden ser
rendidos por entidades públicas según el artículo 165 del CGP; así las cosas, valorar
el informe elaborado por la autoridad fiscal en el proceso disciplinario no constituye
una causal de violación al debido proceso, pues no se puede perder de vista que
éste ingresó al proceso por solicitud del interviniente e investigado en este mismo
proceso el señor Martínez Gómez y por ello fue ordenado por la autoridad
disciplinaria mediante auto del 7 de julio de 2014, para luego valorarse debidamente
en la actuación disciplinaria.
Adicional a lo anterior, el informe no fue el único medio para establecer la
responsabilidad en la decisión disciplinaria, luego que se confrontó con otros
documentos y testimonios, y entre ellos se destaca:
Contratos Pruebas relevantes para establecer la
responsabilidad del actor.
2012-216 del 25 de octubre de 2012 cuyo objeto Declaraciones de los señores Hernando Gómez
fue el mantenimiento y adecuación del Armero, Giraldo Portilla Toro, Casilda Gómez y
acueducto de la vereda el Tambo Alto. Olga del Carmen, residentes en dicha verdad
Contratista. Edgar de Jesús Erazo Calvache que declararon bajo gravedad de juramento que
las obras contratadas no se ejecutaron.
La Contraloría General de la República en el
apoyo técnico realizó una nueva valoración y
determinó que el valor ejecutado es inferior al
contratado en la suma de $ 1.492.815.
2012-268 del 26 de diciembre de 2012. Objeto Declaración del señor Alberto Eucario Rueda
ampliación del alcantarillado de San Luis El quien aseguró: no haber suscrito el contrato y
Balso. Contratista Alberto Eucario Rueda. que la firma que aparece en el documento no es
suya.
La Contraloría General de la República en este
contrato encontró como valor de obra de no
ejecutada la suma de $ 1.200.000.
2012-210 del 18 de octubre de 2012, cuyo La Contraloría General de la República en la
objeto es el suministro de materiales y revisión del sitio encontró que existía un valor
accesorios para el mantenimiento y adecuación menor por el contratista en la suma de $
de la vereda El Carmelo. Contratista. Omar 3.979.500.
Efrén Cerón Jurado.
En la declaración del señor Omar Efrén Cerón
Jurado informó que él no suscribió el contrato y
tampoco recibió el pago a pesar que el cheque
aparentemente aparece endosado a Javier
Delgado.
2012- 209 del 18 de octubre de 2012, cuyo La Contraloría General de la República
objeto era el suministro de materiales, concluyó que, si bien existen coincidencias en
repuestos, accesorios con destino al las órdenes de entrega, no son representativas
mantenimiento y adecuación de las redes de respecto al valor del contrato y después de las
Número interno: 1670-2024
Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
acueductos rurales del municipio. Contratista. verificaciones documentales y en el sitio el valor
Omar Efrén Cerón Jurado. de materiales sin justificar o verificar en la obra
o stock del almacén ascienden a la suma de $
5.157.600
2012-213 del 2 de octubre de 2012, objeto La Contraloría General de la República en
suministro de materiales, repuestos, accesorios septiembre de 2016, se trasladó al sitio de
de construcción con destino a programas de ejecución de las obras y si bien en las órdenes
mejoramiento de viviendas. Contratista. Omar de entrega hubo una coincidencia estas no son
Efrén Cerón Jurado. representativas al valor del contrato
encontrando un valor sin justificar del valor de
los materiales sin justificar o verificar en obra de
$ 11.007.500
2012-235 del 3 de noviembre de 2012. Objeto La Contraloría General de la República al
la construcción de una alcantarilla ubicada en la verificar la ejecución del contrato concluyó un
vía que comunica a las veredas primavera y el mayor valor pagado por la suma de $ 2.745.906
socorro. Contratista Fernando Arcos Realpe. de los cuales el contratista reintegró el valor de
$ 2.650.504.
2012-207 del 11 de octubre de 2012. Objeto En declaración del señor Juan Carlos Ordoñez
desarrollar programas de adecuación, sondeo y Caiza manifestó bajo la gravedad de juramento
desalojo de sedimentos en la red de no haber suscrito el contrato, no haberlo
alcantarillado del municipio. Contratista. Juan ejecutado y no haber recibido ningún pago, ni
Carlos Ordoñez Caiza. tampoco endoso el cheque que obra a su
nombre
2012-185-1 del 21 de septiembre de 2012, La Contraloría General de la República informa
objeto del contrato trabajos de mantenimiento y que al contratista se le pagó un excedente de $
recuperación de la red principal del 4.875.451 de obra no ejecutada y el contratista
alcantarillado de la vereda Fátima del municipio reintegra el valor de $ 2.951.635.
de Alban. Contratista. José Luis Morales
Bolaños.
En ese orden de ideas, para la Sala es claro que la entidad demandada verificó con
diferentes medios de prueba, la conducta del actor en su condición de supervisor
de los contratos y Secretario de Obras e Infraestructura del Municipio de Alban,
Nariño, quien certificó el cumplimiento a satisfacción de las obras, pese a que los
contratistas no habían cumplido con el objeto contractual, con el agravante que
estaban destinadas al saneamiento básico de la comunidades rurales de ese ente
territorial, hechos que en su conjunto rompen con los principios de la función pública
y los fines esenciales del Estado.
De suerte que la entidad demandada ejerció la función de buscar la verdad real [art.
129 CDU] y la decisión sancionatoria se fundó en el mérito de las pruebas que
establecieron con certeza la existencia de la falta y la responsabilidad del
investigado; en conclusión, no le asiste la razón al demandante de cuestionar el
informe de la Contraloría General de la República pues este no fue el único medio
de probatorio que determinó la falta disciplinaria, además la oportunidad para
controvertir la prueba por parte de los sujetos procesales es a partir del momento
que tenga acceso en la actuación disciplinaria, pues de lo contrario convalida la
actuación [parágrafo artículo 143 ibidem], por lo que el cargo formulado será
denegado.
¿Los servidores públicos de la Contraloría General de la Nación fueron
indebidamente posesionados como peritos en el proceso disciplinario y no
podían ser auxiliares de la justicia?
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Asegura el demandante que los profesionales Liliana del Pilar Cabrera Estupiñán y
Camilo José Hoyos Zarama fueron irregularmente posesionados, porque no fueron
designados por el Gerente Departamental de la Contraloría de Nariño y no podían
ejercer esa función de acuerdo al numeral 3 del artículo 50 del CGP
Sobre este punto, la Sala reitera que el artículo 137 del CDU, modificado por el
artículo 50 de la ley 1474 de 2011, permite como medio de prueba “cualquier otro medio
de prueba técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico”, en ese sentido, el Código
General del Proceso, en el artículo 234 reguló las “peritaciones de entidades o
dependencias oficiales” así:
“Artículo 234. Peritaciones de entidades y dependencias oficiales. Los jueces
podrán solicitar, de oficio o a petición de parte los servicios de entidades y
dependencias oficiales para peritaciones que versen sobre materias propias de la
actividad de aquellas. Con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo
para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben
rendir el dictamen.
[…]”
Advertido lo anterior, las normas procesales permiten las peritaciones realizadas
por entidades o dependencias oficiales y en virtud de esta disposición de orden
público la autoridad disciplinaria estaba facultada para ordenar la prueba pericial a
las entidades y dependencias oficiales, entre ellas, a la Contraloría General de la
República y para ello posesionó a dos funcionarios de esa autoridad fiscal el día 9
de agosto de 2016, donde obran los actos de nombramiento y posesión expedidos
por ese órgano, sin que el demandante logre demostrar su dicho que fueron
nombrados de forma irregular.
Por otra parte, el actor considera que la posesión de los peritos vulnera el numeral
3 del artículo 50 del CGP, que trata sobre la exclusión de la lista de auxiliares de la
justicia. “A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial.” En ese entendido, se
advierte una interpretación errada del demandante, por cuanto dicha disposición
regula de manera precisa los oficios públicos ocasionales y que están
reglamentados por el Consejo Superior de la Judicatura en virtud de la competencia
establecida en el numeral 3 del artículo 618 de la Ley 1562 de 2012, que para hacer
parte de la lista de auxiliares de la justicia se ingresa mediante convocatoria y, en
el caso que ingresen a un cargo público quedara excluida.
No obstante lo anterior, los peritos que fueron posesionados en el proceso
disciplinario no hacen parte de esta lista de auxiliares de la justicia, pues son
personas vinculadas mediante una vinculación legal y reglamentaria a la
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Contraloría General de la República y por ello, la Ley permite que las entidades y
dependencias oficiales realicen peritaciones propias sobre su materia y en ese
sentido, le asiste la razón a la primera instancia, al precisar que “[…] de ninguna manera
esa disposición puede entenderse como la prohibición de que algún funcionario adscrito a alguna
dependencia del Estado pueda rendir un informe técnico o pericial a solicitud de las autoridades
judiciales o disciplinarias […]”. Así las cosas, el cargo formulado no tiene vocación de
prosperidad.
¿El órgano de control disciplinario vulneró el debido proceso y el derecho de
defensa en la actuación sancionatorio por cuanto los peritos ya habían
rendido un concepto técnico con anterioridad y estaban inhabilitados para
ejercer la experticia técnica?
El actor considera que los peritos Juan Camilo José Hoyos Zamara y Liliana del
Pilar Cabrera Estupiñán, estaban impedidos para desarrollar esta labor en virtud
que estos realizaron previamente el informe de hallazgos que sirvió de medio de
prueba para la investigación sancionatoria demandada.
Sobre este asunto en particular, el numeral 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de
2011, regula los conflictos de interés y causales de impedimento y recusación, esto
es, cuando se tenga un interés general propio de la función pública entre en conflicto
de interés particular y directo del servidor público y en el caso el actor invoca que
los servidores habían “dado consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa ”,
disposición que de entrada no es aplicable a este caso, pues si bien los servidores
públicos fueron los que realizaron el informe de hallazgos fiscales, esto fue por un
mandato legal y reglamentario de las funciones de su cargo en el cual no se
presenta un interés particular y directo.
Por otra parte, cuando se trata de los medios de prueba, entre ellos, la peritación su
trámite en la actuación disciplinaria se regula por las Ley 600 de 2000 y para
determinar si un perito se encuentra o no impedido para rendir un dictamen técnico,
es preciso señalar que el artículo 258 de la Ley 600 de 2000, aplicable por remisión
expresa del CDU, dispone que los impedimentos recusaciones de estos son los
mismos que le aplican a los funcionarios judiciales, es decir, los del artículo 141 del
CGP, que establece como causal de recusación. “Haber conocido del proceso o realizado
cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de
sus parientes indicados en el numeral precedente”. En ese sentido, no se configura la causal
invocada en vista que la naturaleza del proceso fiscal constituye una actuación
totalmente distinta a la disciplinaria, en referencia a su alcance y objetivos, lo cual
no prefigura el reproche, aunado que en la actuación disciplinaria el demandante
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
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participó en la práctica y desarrollo de la misma convalidándola, razón suficiente
para despachar de forma desfavorable el cargo planteado.
Finalmente, de la valoración integral de los actos disciplinarios demandados, se
observa que, la entidad demandada adelantó el procedimiento ordinario con apego
a la Ley 734 de 2002, donde el demandante tuvo la oportunidad de estar
representado por su defensor de su confianza, quien actuó en las etapas del
proceso, hizo uso de los recursos, formuló nulidades y participó en el recaudo de
los medios de prueba que sirvieron de fundamento para imponer la decisión
sancionatoria, en virtud de lo expuesto, la Sala no advierte causal de nulidad alguna
de los actos acusados, razón suficiente para confirmar la decisión de primera
instancia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
2.7. Condena en costas.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, “[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación […]”. Siendo así, teniendo en cuenta que en
el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida y procederá a revocar la
condena en costas ordenada en la primera instancia.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia del 3º de
noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Fernando Yasmany Ayala
Erira, salvo la condena en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3° de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Fernando Yasmany Ayala Erira, salvo la condena en costas
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
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Demandante: Fernando Yasmany Ayala Erira
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SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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