Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2021-00044-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2021-00044-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 52001-23-33-000-2021-00044-02
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
11 de junio de 2026
Radicado: 52001-23-33-000-2021-00044-02 (30260)
Demandante: Palmeiras Colombia S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00044-02 (30260)
Demandante: Palmeiras Colombia S.A.
Demandada: DIAN
Temas: Devolución. Saldo a favor. IVA. Causal de rechazo. Retención en la
fuente. Proveedor: Sociedad de comercialización internacional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que
resolvió2:
Primero. Denegar las pretensiones de la demanda, según la parte considerativa de esta providencia.
Segundo. Condenar en costas en primera instancia a la parte demandante en favor de la parte
demandada, conforme a las previsiones del artículo 188 del [CPACA], en concordancia con los
artículos 361 y siguientes del [CGP]. Liquídense por conducto de Secretaría.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Resolución 12257000989771, del 17 de diciembre de 20183, la demandada
rechazó en forma definitiva una solicitud de devolución y compensación del saldo a favor
determinado por la actora en su declaración del tercer bimestre del IVA del año 2017. A
juicio de la demandada, la sociedad incumplió su deber de retener en la fuente a título
del mencionado tributo en operaciones efectuadas con 3 proveedores durante el periodo
objeto de la petición, lo que configuraba la causal de rechazo del numeral 5 del artículo
857 del ET. Este acto fue confirmado con la Resolución 114201403-622-900002, del 10
de febrero de 20204.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
1
Samai CE, índice 3, certificado 57A7DF33C06B64BF 23C89816EF8C2DEC DB677EE0AE0B9973 6CF7D333252A4139 (pdf), p. 1.
2
Samai tribunal, índice 11, certificado 308A9ADFFBB249E6 5C4A3B41155EA4A0 C5D436E657E8CFEF A6800A2DDA737ED4
(pdf), pp. 24 a 25.
3
La decisión fue aclarada mediante el Auto 12257000989771 [sin fecha], el cual precisó que esta no correspondía a un «auto
inadmisorio» sino a un «rechazo definitivo», razón por la cual ordenó la modificación del «Formato 1225» que contenía el acto.
4
Samai tribunal, índice 10, certificados 1BE7C803E6EC6544 A1C87CE4A03FE8CD FCEB4612C3275EB9 CE6E79400EC2CFEB y
C30E7FC782B0D15F E8F642218F82EB34 A501EA0407BC7454 FC04DBB01256132B (pdf), pp. 1 a 3 y 2 a 24.
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Demandante: Palmeiras Colombia S.A.
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:
Primero. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución 114201403-622-900002 del 10 de febrero de 2020 proferida por la [DIAN] por medio
del cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución con número
de formulario 122257000989771 del 17 de diciembre de 2018.
• Resolución con número de formulario 122257000989771 del 17 de diciembre de 2018 proferida por
la [DIAN] mediante la cual se rechazó de manera definitiva la solicitud de devolución y/o
compensación No. 108003285744 de fecha del 9 de octubre de 2018, mediante la cual se solicitó la
devolución del saldo a favor de IVA del III período del 2017 por valor de $134.349.000.
Segundo. Que como consecuencia de la pretensión primera y a título de restablecimiento del
derecho se ordene la devolución del saldo a favor solicitado.
Invocó como vulnerados los artículos 29 de la Constitución; 437-2 (ord. 7), 857 (ord. 5) y
857-1 del ET; y 1.2.4.6.7, 1.2.4.9.1 -letra i)- y 1.3.2.1.12 del Decreto Único Reglamentario
del Sector Tributario (en adelante, DUT), con arreglo al siguiente «concepto de violación»6:
Inició describiendo que, según la resolución que rechazó la solicitud de devolución, esto
obedeció a no haber practicado retención en la fuente a título del IVA en su calidad de
«responsable del régimen común proveedor de sociedades de comercialización internacional » a las
siguientes tres (3) sociedades y facturas: (i) Asociación de Agricultores Proveedores de
Frutos de Santa Elena la Fortaleza (en adelante, La Fortaleza): 2413, 2406, 2434, 2447
y 2458; (ii) Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite (en adelante,
Cenipalma): 15520, 18426, 18428, 18673, 18675, 18676, 18677, 18678 y 18519; y (iii)
Alojamos Palmacol (en adelante, Palmacol): 357. Relató que, para la Administración, tal
omisión vulneraba lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1430 de 2010.
Afirmó que, tras analizar las citadas facturas, pudo determinar que no estaba obligada a
practicar la citada retención en «la mayoría de los casos», por cuanto se trataba de compras
de productos agrícolas sin procesamiento industrial por valor igual o inferior a 92
UVT,conforme lo determinan los artículos 1.2.4.6.7 y 1.3.2.1.12 del DUT, y así lo
demostró con el certificado de revisor fiscal aportado en sede administrativa.
Atendido lo anterior, la retención en la fuente del numeral 7 del artículo 437-2 del ET no
era aplicable a las facturas de compra de fruto de palma sin procesamiento industrial
inferiores al prenotado valor, a cuyos efectos, listó, en una tabla, las facturas, con el
detalle de la «base», «% IVA», «IVA», «Total» y «Retención de IVA», para mostrar que, de las
16 facturas sobre las que cuestionó la Administración la falta de retención, solo seis (6)
estaban sujetas a la misma (2413 de la Fortaleza; 18519, 18520, 18673, 18677 con
Cenipalma; y la 357 con Palmacol); cuyo valor de retención incumplida era $179.210.
En ese contexto, destacó que, tal como lo reflejaba su declaración de IVA del tercer
bimestre de 2017, las «compras netas» realizadas durante el periodo fueron de
$1.953.084.000, lo que significaba que si la actora había omitido practicar retención en
la fuente sobre unas compras de $23.894.706, estas solo representaron el 1.22% del
total de las compras netas del periodo, de modo que rechazar el total del saldo a favor
solicitado en devolución en cuantía de $134.894.706 era «exagerado e improcedente», pues
la norma no facultaba a la Administración para rechazar la devolución de la totalidad del
saldo a favor, cuando hubieran faltado «algunas retenciones».
5
Samai tribunal, índice 10, certificado 6CE3144B011C1F8A 171CE67C61EEC512 14151F2BFDD9EAFD F52016B170791172 (pdf),
p. 16.
6
Samai tribunal, índice 10, certificado 6CE3144B011C1F8A 171CE67C61EEC512 14151F2BFDD9EAFD F52016B170791172 (pdf),
pp. 5 a 16.
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Indicó que, a la luz del artículo 857.5 del ET, el rechazo de la solicitud de devolución al
proveedor de SCI exigía que a la fecha de su presentación: (i) no se hubiera cumplido la
obligación de retener; (ii) no se hubiera consignado lo retenido; y (iii) no se hubieran
presentado las declaraciones de retención con pago; todo ello, en relación con las
autoliquidaciones cuyos plazos de presentación y pago estuvieran vencidos al momento
de la solicitud. Sin embargo, no se encontraba probado que la actora no hubiera
presentado las declaraciones de retención en la fuente; por el contrario, presentó y
canceló oportunamente no solo las autoliquidaciones del tercer periodo, sino «todas las
declaraciones» que a la fecha de la solicitud de devolución debían haberse presentado.
Adicionalmente, reiteró que, respecto de la totalidad de las facturas, se demostró
mediante el certificado de revisor fiscal que correspondían a «compras de fruto de aceite de
palma»; no obstante, la Administración, en la resolución del recurso de reconsideración,
consideró que tal aspecto no había sido probado, aduciendo que tal documento carecía
de valor probatorio. Al respecto, adujo que si el certificado no era prueba suficiente,
entonces se estaba frente a «un hecho imposible de probar una vez se han consumido las materias
primas», pues los testimonios de los trabajadores tampoco eran considerados por la DIAN.
Adujo que el debate no debía centrarse en si tenía la calidad de agente de retención,
puesto que sí la tenía, sino que, el objeto de la controversia era si estaba exenta de
efectuar la retención de IVA, conforme con el artículo 1.2.4.6.7 del DUT, la cual era una
norma «especial», pues exceptuaba de retención los bienes «agrícolas o agropecuarios sin
procesamiento industrial» que no superaran las 92 UVT; de modo que no debía la
Administración remitirse al artículo 1.2.4.9.1 ídem, que consagraba el límite general de
27 UVT para no practicar retención.
Además, el hecho de tener la calidad de agente de retención en virtud del ordinal 7 del
artículo 437-2 del ET no implicaba que la demandada no hiciera ningún análisis o
motivación sobre la existencia de alguna «exención» aplicable, como la del artículo
1.2.4.6.7 del DUT, pues el único argumento de la Administración para rechazar la solicitud
de devolución fue el incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1430 de 2010 que regulaba
la retención por IVA. Explicó que dicho análisis fue efectuado por la resolución de
reconsideración, la cual indicó en forma «expresa» que la sociedad no estaba incursa en
la exención del prenotado artículo porque las pruebas allegadas no demostraban «la
naturaleza del producto» como agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial y, que por
tanto, «la cuantía para aplicar las exenciones» era la señalada en el artículo 1.2.4.9 ejusdem,
de modo que solo estarían exentas las operaciones que no excedieran las 27 UVT. A
partir de ello, concluyó que el «fondo de la decisión» del rechazo se concretó en la
determinación de la naturaleza de los productos comercializados con las empresas La
Fortaleza, Cenipalma y Palmacol, lo cual ocurrió «hace más de 3 años» [en relación con la
fecha de la demanda].
Precisó que en las correspondientes facturas se observaba que los productos objeto de
las operaciones efectuadas con tales compañías fueron «KILOS DE FRUTO DE PALMA ALTO
OLEICO», «KG DE FRUTO DE PALMA HÍBRIDO» y «KILO DE FRUTO DE PALMA» y, precisó que
su actividad principal era la «0126 cultivo de palma para aceite -palma africana- y otros frutos
oleaginosos» y 1030 elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal»; de lo que podía
concluirse que los productos correspondían a la materia prima requerida para la
producción de aceites a partir del cultivo de palma y frutos oleaginosos. Seguidamente,
a partir de la definición de frutos oleaginosos de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y Agricultura (FAO) y de dos estudios realizados por la Federación
de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y el Departamento Nacional de
Planeación, precisó que la palma africana era «una planta oleaginosa de la cual se extraía el
aceite de palma en Colombia» y enfatizó que su objeto era procesar ese tipo de plantas de las
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cuales se extraían los aceites oleaginosos, entre ellos el de palma. Así, el proceso que
realizaba la actora se efectuaba sobre un producto obtenido de la agricultura, pues era a
través del cultivo de la palma africana que se obtenía el fruto de esta para su
procesamiento, lo que venía realizando la sociedad desde su constitución; y, por ello,
realizó la compra de frutos y semillas para la ejecución del objeto social, conforme lo
certificó el revisor fiscal.
Lo anterior evidenciaba que la Administración estaba solicitando la acreditación de una
prueba que resultaba «imposible» de verificar, por tratarse de materia prima adquirida en
el año 2017, que a la fecha se encontraba procesada y comercializada. Insistió en que la
demandada inaplicó la norma especial -art. 1.2.4.6.7 del DUT- por tratarse de la
adquisición de un producto agrícola que no superó las 92 UVT, lo que facultaba al agente
de retención para no efectuar la retención, con lo cual, violentó el derecho de la actora.
Dado que no estuvo obligada a practicar retención en todas las operaciones cuestionadas
que involucraban productos agrícolas, no debió ser rechazada la solicitud de devolución.
En ese sentido, el hecho de que se haya dejado de practicar una retención respecto de
otras «operaciones en las cuales sí estaba obligado» no implicaba que el «rechazo sea extensivo a
todas las demás operaciones en las cuales estaba exento ». Al efecto, referenció una sentencia de
la Sección según la cual, si un requerimiento especial determinaba un saldo a favor
distinto al solicitado, era procedente la devolución de la suma propuesta en el acto, sin
necesidad de una nueva petición. Y, al hilo de ello, señaló que el rechazo definitivo no
era lo procedente, sino que debía aceptarse la devolución, modificando el saldo a favor,
de ser el caso con requerimiento especial.
Además, era evidente que la demandada no realizó una «investigación acuciosa» de los
conceptos por los cuales se solicitó la devolución, pues los productos agrícolas o
pecuarios estaban «exentos» y generaban saldo a favor, independientemente de que en
otras operaciones se debiera realizar la retención en la fuente; de ahí que la
Administración debió expedir un requerimiento especial en el cual solicitara la corrección
o limitar la devolución a los conceptos y transacciones exentas en lugar de rechazar en
forma definitiva la petición, con lo cual desconoció el artículo 857-1 del ET.
En consonancia con lo anterior, adujo que la resolución que rechazó la devolución solo
enunció el incumplimiento al ordinal 5 del artículo 857 del ET, aun cuando la norma debía
interpretarse en forma armónica con el ordinal 4 ibidem y ello significaba que la falta de
retenciones «en algunos casos» no impedía una investigación previa de «los montos exentos»,
siendo insuficiente rechazar su petición con el argumento de que todas las operaciones
objeto de devolución estaban «encausadas» en el ordinal 5 ídem. Arguyó que la
demandada debió acudir al ordinal 4 ejusdem y al artículo 857-1 del ET para realizar la
investigación previa allí contemplada y, en caso de ser necesario, remitir el expediente al
funcionario competente para la potencial expedición de un requerimiento especial.
Luego, reprodujo apartes de una providencia de esta corporación 7 según la cual, tras
efectuar la investigación previa, si se eliminaba el saldo a favor, había lugar al rechazo
de la devolución; en cambio, de ser modificado, procedía la devolución de la parte no
objetada. Al hilo de ello, afirmó que la Administración incurrió en los siguientes errores
de procedimiento: (i) no realizó la investigación previa, sino que se limitó a rechazar la
solicitud; (ii) al pretermitir lo anterior, no expidió un requerimiento especial en el que se
reconociera solo la parte del saldo a favor a devolver, vulnerando así su derecho; y (iii)
omitió cumplir con lo previsto en el artículo 853 -inciso segundo- relativo a efectuar todas
las actuaciones previas para determinar la procedencia o no de la devolución de los
7
Sentencia 29 de agosto de 2019, exp 001224
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saldos solicitados. Por todo lo anterior, la demandada violó el debido proceso.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora 8. Adujo que no vulneró derecho
alguno porque el procedimiento fue adelantado con apego a las normas legales y
reglamentarias aplicables. A continuación controvirtió los cargos de la demanda, así:
-La solicitud (…) se rechaza por cuanto no se practicó retención (…). Alegó que no era
posible aplicar «la tarifa mínima (…) de 92 UVT» (art. 1.2.4.6.7 del DURT), sino que debía
utilizarse «la tarifa general de 27 UVT» (art. 1.2.4.9.1 ídem). Asimismo, desestimó la
vulneración al debido proceso porque si bien obraba el certificado del revisor fiscal con
el que se pretendió dar fe de que los productos adquiridos se encontraban exonerados
de retención en la fuente a título de IVA, por tratarse de bienes o productos agrícolas o
pecuarios sin procesamiento industrial con cuantía inferior a 92 UVT; lo cierto era que,
acorde con la letra a) del art. 7.3 de la Ley 43 de 1990, los contadores públicos solo
podían expresar su dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información de los
estados financieros y la contabilidad, pero no sobre la naturaleza técnica de los productos
de la transacción; de ahí que la prueba fuera inconducente, impertinente e inútil para
demostrar la ausencia de «procesamiento industrial».
Proclamó que, en virtud del ordinal 7 del artículo 437-2 del ET, la demandante debió
actuar como agente retenedor de IVA para el bimestre 3 del 2017 y, aunque esto no era
absoluto, puesto que se observaban reglas especiales en las normas aplicables, que
podían relevar a la demandante de hacerlo, era necesario detallar y soportar las
operaciones que presuntamente originaron el saldo a favor solicitado. Bajo tal ilación,
destacó que la norma ibidem estableció un régimen subjetivo para que los «responsables
del régimen común, proveedores de sociedades de comercialización internacional » no practicaran
retenciones cuando celebraran operaciones con: (i) entidades estatales o con
participación pública mayoritaria; y (ii) grandes contribuyentes o sujetos designados como
agentes de retención por la entidad, lo cual no ocurrió en este caso, pues al verificar los
terceros con los que su contraparte acordó las operaciones controvertidas, se estableció
con el RUT que durante el bimestre objeto de la solicitud, estos pertenecían al «régimen
común» y no ostentaban las calidades antes señaladas, lo que constituía la «primera razón»
por la que la actora debió practicar retención.
En lo atinente a las cuantías mínimas no sometidas a retención por IVA, destacó que,
atendida la remisión del artículo 1.3.2.1.12 del DUT a las cuantías mínimas de renta,
existía la opción para el agente retenedor de no practicarla sobre los pagos o abonos en
cuenta que se originaran en la adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios
sin procesamiento industrial, cuyo valor no excediera de 92 UVT (2.931.028 para 2017),
e, igualmente, se exceptuaban de retención los pagos o abonos en cuenta por «otros
ingresos», cuya cuantía fuera inferior a 27 UVT ($860.193 para 2017).
Ahora bien, para el caso, las facturas proferidas por las sociedades La Fortaleza,
Cenipalma y Palmacol reflejaban que la demandante había comprado «Kilos de fruto de
palma alto oleico», «Kg de fruto de palma Híbrido» y «Kilo de fruto de palma»; sin embargo, no
obraba prueba que permitiera dilucidar si correspondían a bienes o productos «agrícolas o
pecuarios sin procesamiento industrial»; y, al no demostrarse eso, no era posible aplicar la tarifa
mínima de retención de las 92 UVT. Adujo que la actora tuvo la oportunidad de aportar
pruebas -tanto con la solicitud de devolución como con el recurso de reconsideración-
8
Samai tribunal, índice 10, certificado D761A78A8C1B370E 6115F34E64DFF236 F1E00F6BD43BAC6B 67370246ED1629FC (pdf),
pp. 3 a 21.
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que hubiesen permitido verificar la naturaleza de los «productos facturados», conforme lo
preveían los ordinales 1 y 4 del art. 744 del ET; sobre todo, cuando la causal de rechazo
fue la ausencia de retención de IVA en tales transacciones y, la demandante arguyó que
no debió practicarla por tratarse de los citados bienes, por lo que el actor estaba obligado
a probar tal circunstancia, conforme con el artículo 167 del CGP, de ahí que no fuera
posible aplicar la cuantía no sujeta a retención de las 92 UVT. Así, consideradas en forma
individual las transacciones de compra con las tres sociedades antes identificadas, se
advertía que las mismas superaban los 27 UVT [lo cual mostró en cuadro detallando el
proveedor, número y valor de la factura], por tanto, la demandante debió practicar la
retención de IVA.
A continuación, afirmó que no era dable «discriminarse o hacerse procedente en partes la solicitud
de devolución», sino que esta debía proceder en forma integral; de modo que al
determinarse el incumplimiento de la obligación de efectuar las retenciones en las
transacciones cuyos montos superaban el límite para no practicarlas, era procedente su
rechazo, en aplicación del artículo 857.5 del ET, de cuyo contenido se podía establecer
que para que fuera viable la devolución, además de los requisitos generales debían
cumplirse las siguientes condiciones: (i) haber efectuado la retención; (ii) consignar lo
retenido; y (iii) presentar las declaraciones con pago de los periodos cuyo plazo de
presentación y pago estuvieran vencidos a la fecha de presentación de la solicitud, lo que
no se cumplió en este caso respecto de tres proveedores. Finalizó aseverando que se
efectuó una debida valoración probatoria, que las piezas procesales respaldaban la
legalidad de la actuación y que las afirmaciones del demandante carecían de sustento
fáctico y jurídico, porque no aportó pruebas que atestaran sus afirmaciones.
-No se realizó una investigación acuciosa de los conceptos por los cuales se solicitó
devolución(…). Reivindicó que los actos demandados gozaban de legalidad, en tanto, se
tipificaba una de las causales contempladas en el artículo 857 del ET; no estando la
Administración obligada a adelantar una «investigación previa», pues dicha verificación solo
era procedente al ocurrir alguno de los hechos señalados en el artículo 857-1 ídem, lo
cual no aconteció en este caso, dado que el rechazo obedeció a la configuración de la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 857 ejusdem, que era «una causal de rechazo de
control de obligaciones tributarias y no de discusión de saldo a favor ». En apoyo de lo anterior,
reprodujo apartes de una providencia de la Sección9, a partir de la cual concluyó: (i) que
no era obligación de la Administración adelantar una investigación previa, ya que las
causales de inadmisión y rechazo se consagraron a efectos de realizar una verificación
sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo del solicitante, como lo
determinaba el artículo 857 ídem, sin discutir la información contenida en la declaración
sobre la que se pretendía la devolución.
Por último, solicitó declarar «la excepción que logre probarse (…)» (innominada).
-(…) [R]econocimiento de costas y agencias en derecho (…). Defendió la procedencia de
dicha condena a su favor por el desgaste que implicaba acudir a la vía judicial para
defender actos que gozaban de legalidad y que observaron el debido proceso. Así,
solicitó decretar las costas que se demostraran al momento de su liquidación y agencias
en derecho.
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Consejo de Estado, sentencia de fecha 03 de diciembre de 2020, exp:24021. CP Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Radicado: 52001-23-33-000-2021-00044-02 (30260)
Demandante: Palmeiras Colombia S.A.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda10. Si bien estableció que lo facturado
correspondía a fruto de palma de aceite, producto sin procesamiento industrial -acorde
con la descripción de la factura y la tarifa del IVA aplicada (5%) por el proveedor, la cual
correspondía a los productos señalados en el artículo 468-1 del ET, aspecto en el que le
asistía la razón al apelante en no estar obligado a practicar retención sobre compras que
no superaran las 92 UVT; lo cierto era que el propio demandante había reconocido que
no practicó retención sobre facturas que superaron dicho límite, lo que implicaba el
rechazo de la devolución a la luz del artículo 857-5, sin que pudiera entenderse de tal
normativa que la obligación de retener podía cumplirse parcialmente, como lo alegaba el
demandante.
Finalmente, condenó en costas, las cuales ordenó liquidar por secretaría.
Recurso de apelación
La actora recurrió la decisión del tribunal11, a cuyos efectos adujo que la sentencia
019669 de 2015 aclaró que la DIAN debía iniciar un procedimiento tendiente a modificar
la declaración privada, con la expedición de un requerimiento especial12; sin embargo, en
este caso, no se efectuó una investigación sobre los hechos y mucho menos, se expidió
un acto preparatorio que estableciera un menor saldo a favor susceptible de pedirse en
devolución respecto de las declaraciones de IVA, o un mayor valor por concepto de
retenciones dejadas de practicar para el caso de las declaraciones de retención en la
fuente; con lo cual, lo procedente era la devolución de la totalidad del saldo a favor
solicitado, pues la ausencia de lo anterior, daba a entender que no había incongruencias
o inexactitudes en las declaraciones privadas presentadas.
En la misma línea, adujo que para rechazar la solicitud, debieron concurrir las siguientes
circunstancias: (i) suspensión del término de devolución por 90 días, toda vez que para
la Administración había indicios de inexactitud (no haber practicado las retenciones); (ii)
emisión de un requerimiento especial para modificar las declaraciones de retención en la
fuente (periodos 2017-5 y 2017-6), para incluir las retenciones no practicadas, toda vez
que se estaba frente a un procedimiento reglado, a través del cual, debía demostrar la
Administración que se dejaron de practicar retenciones en la fuente y expedir los actos
administrativos que permitieran su defensa; y (iii) expedición de un requerimiento
especial que modificara la declaración de IVA del tercer bimestre del año 2017, para
reclasificar el saldo a favor de «susceptible de devolución», a «sin derecho a devolución y
compensación, susceptible de ser imputado al periodo siguiente».
Ahora bien, en caso de que el juez de segunda instancia encontrara debidamente
probada la falta de retenciones en la fuente sobre algunas compras que superaron las 92
UVT, planteó que insistía en la proporcionalidad, pues, según podía advertirse en la
declaración del 3.° bimestre de 2017, las compras netas realizadas fueron de
$1.953.084.000, de las cuales la actora omitió practicar retención de IVA sobre compras
por valor de $23.894.706, lo que equivalía al 1.22% del total de las compras del periodo.
Así, pretender rechazar la totalidad del saldo a favor en cuantía de $134.349.000 por una
omisión de retención por valor de $179.210 -cifra inmaterial- resultaba completamente
10
Samai tribunal, índice 11, certificado 308A9ADFFBB249E6 5C4A3B41155EA4A0 C5D436E657E8CFEF A6800A2DDA737ED4
(pdf), pp. 11 a 24.
11
Samai tribunal, índice 14, certificado 2294B67D53C4B779 CBB7F235B983909D 0D5C12E6B6D8572C B0E806DA4CD3E68E
(zip), 2 (pdf), pp. 3 a 8.
12
Se advierte que este número de radicación no corresponde a algún proceso de la Sección Cuarta. Adicionalmente, el extracto no
logra asociarse a alguna sentencia judicial; algunos apartes coinciden en el buscador con extractos de conceptos de la DIAN -Oficio
071930 de 2005 y Concepto 002713 del 23 de abril de 2024- y citas de apartados del artículo 857 del ET.
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desproporcionado y contrariaba tanto el espíritu de justicia que regía las actuaciones de
la Administración (art. 683 del ET) como el principio de equidad tributaria (arts. 95.9 y 363
constitucionales), pues imponía una mayor carga de la que correspondía, lo que incluso
tenía un efecto confiscatorio.
Argumentó que, acorde con una «lectura detenida» del artículo 857-5 del ET, para que
procediera la causal de rechazo en cuestión, debían concurrir tres supuestos: (i) incumplir
el deber de retener en la fuente; (ii) no haber consignado lo retenido; y (iii) no haber
presentado las declaraciones con pago. Si bien, aunque para la Administración se
entenderían cumplidas las dos primeras, no podía afirmar que la actora no presentó todas
las declaraciones de retención en la fuente que a la fecha de la solicitud debía haber
satisfecho. Además, dicha disposición no facultó en forma expresa a la Administración
para rechazar totalmente la solicitud de devolución «cuando se hayan omitido únicamente
algunas retenciones», de modo que la autoridad estaba en la posibilidad de devolver
parcialmente el saldo.
Pronunciamientos finales
La demandada13 planteó que no debía reabrirse «el debate probatorio» ni examinar la
naturaleza del procedimiento de devolución como si correspondiera al de «determinación
oficial» del tributo. En lo demás, coincidió con la conclusión del a quo, según la cual las
operaciones cuestionadas que superaron el límite cuantitativo de 92 UVT -art. 1.2.4.6.7
del DUT- debían someterse a retención en la fuente y su incumplimiento implicaba el
rechazo de la devolución y no la obligación de adelantar un proceso de determinación
oficial. Consideró que el recurso de apelación no desvirtuaba la ratio decidendi de la
sentencia, ya que: (i) no se acreditaron errores de derecho; (ii) no hubo indebida
valoración probatoria; y (iii) no se refutó la configuración objetiva de la causal aplicada
por la Administración.
El ministerio público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos
de apelación planteados por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia, que negó su nulidad.
Problemas jurídicos
2- Corresponde a la Sala definir: (i) si la Administración tenía la obligación de adelantar
una «investigación previa » que condujera -eventualmente- a la expedición de un
requerimiento especial en el cual se propusiera la modificación de la autoliquidación de
IVA del periodo en cuestión o de las declaraciones de retención en la fuente de los
periodos 2017-5 y 2017-6, para incluir las retenciones no practicadas; (ii) si el
incumplimiento parcial del deber de practicar retenciones en la fuente por IVA posibilitaría
la devolución parcial, porque el artículo 857.5 del ET no facultaba a la Administración a
rechazar en su totalidad la solicitud de devolución del saldo a favor «cuando se omitieran
algunas retenciones» y, además, por la desproporción entre el valor de la retención omitida
[$179.210] y el total del saldo a favor que fue solicitado en devolución [$134.349.000-]; y
13
Samai CE, índice 12, certificado 1359F5D7CDE925FA 6AD068FFB8CE3656 2FDD3AF2B41ED93F B8566F8C40BBE8F1 (pdf),
pp. 1 a 9.
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(iii) si no procedía la causal de rechazo, porque aunque se hubiera incumplido el deber
de efectuar y consignar algunas retenciones, no dejó de presentar las declaraciones con
pago, condición que debía concurrir a efectos del artículo 857.5 para la configuración de
la causal.
Análisis del caso concreto
Preliminarmente, se advierte que la apelante actora no debate que una parte del saldo a
favor solicitado en devolución provenga de operaciones diferentes a las vinculadas con
bienes adquiridos para vender a las SCI, como sería el caso de la suma de $1.168.000
que, según los antecedentes, corresponde a retenciones en la fuente que le practicaron.
3- Frente al primer problema jurídico, la apelante planteó que la DIAN debió iniciar un
procedimiento tendiente a modificar la declaración privada, con la expedición de un
requerimiento especial; sin embargo, en el caso en cuestión, no efectuó una investigación
y, menos aún, expidió dicho acto preparatorio que estableciera un menor saldo a favor
susceptible de ser solicitado en devolución respecto de las declaraciones de IVA, o un
mayor valor en las declaraciones de retención en la fuente por concepto de las
retenciones no practicadas, lo que significaba que tales declaraciones no tenían
incongruencias ni inexactitudes.
Asimismo, adujo que la Administración debió suspender el término de devolución por 90
días, por la detección de indicios de inexactitud -no practicar retención- y emitir
requerimientos especiales en relación con las declaraciones de retención en la fuente de
los periodos mayo y junio de 2017 -para incluir las retenciones no practicadas-, y por el
tercer bimestre del IVA de 2017 -para reclasificar el saldo a favor de «susceptible de
devolución», a «sin derecho a devolución y compensación, susceptible de ser imputado al periodo
siguiente»-.
En contraposición, la demandada descartó la obligación de adelantar una «investigación
previa», pues dicha verificación solo era procedente cuando se presentaba alguno de los
hechos previstos en el artículo 857-1 ídem, lo que no ocurrió en este caso, dado que el
rechazo obedeció a la configuración de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 857
ejusdem, que era «una causal de rechazo de control de obligaciones tributarias y no de discusión de
saldo a favor».
Por su parte, el a quo estimó que se configuró la causal de rechazo invocada por la
autoridad, en tanto, la propia contribuyente admitió que no practicó retención en la fuente
sobre algunas operaciones de compra, sin que pudiera entenderse de tal normativa que
la obligación de retener podía cumplirse parcialmente, como lo señalaba el demandante.
3.1- Para dilucidar el debate planteado, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio de
decisión que orientó la sentencia del 03 de diciembre de 202014, según el cual «cuando se
tipifica una causal de rechazo de las contempladas en el artículo 857 [del ET], para asumir la decisión de
fondo la Autoridad (…) no está obligada a suspender hasta por (…) 90 días la actuación de devolución,
para adelantar una investigación previa, (…) toda vez que esa suspensión acontece en el caso que se
produzca alguno de los hechos señalados en el art. 857-1 [ídem]».
A los efectos anteriores, conviene precisar el alcance de los artículos 857 y 857-1 del ET.
El primero determina taxativamente las causales de rechazo definitivo de las solicitudes
de devolución y compensación, las cuales «obedecen a aspectos formales que no desvirtúan la
14
Sentencia del 03 de diciembre de 2010, exp. 24021, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
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existencia o importe del saldo a favor »15. Al efecto, esta corporación ha puntualizado que el
ordinal 5 del artículo 857 del ET (incorporado por el artículo 14 de la Ley 1430 de 2010)
supeditó la procedencia de las solicitudes de devolución y compensación de saldos a
favor de IVA formuladas por proveedores de SCI, a la verificación del cumplimiento de la
obligación de practicar, declarar y consignar las retenciones en la fuente «de los períodos
cuyo plazo para la presentación y pago se encuentren vencidos » a la fecha en que se tramita la
solicitud, como una medida de control de tales operaciones que otorgan derecho a la
devolución de saldos a favor. Por su parte, el artículo 857-1 ejusdem regula la suspensión
del término legal para efectuar la devolución, con el objetivo de adelantar una «investigación
previa», cuando se detecte que «alguna retención, impuesto descontable o pago en exceso es
inexistente, que algún impuesto descontable incumple los requisitos legales, o que existe un indicio de
inexactitud en la declaración que genera el saldo a favor »16.
Como se observa, la investigación previa a la devolución o compensación regulada en el
artículo 857-1 y que podría derivar en la expedición de un requerimiento especial17 se
dirige a constatar la realidad o existencia de las retenciones en la fuente, impuestos
descontables o pagos en exceso que se proyectan en el saldo a favor reclamado en
devolución, que no a la verificación del cumplimiento de obligaciones a cargo del titular
del saldo a favor a que se refiere el numeral 5 del artículo 857 del ET, esto es, que acorde
con lo exigido en el numeral 7 del artículo 437-2 del ET, los proveedores de las SCI hayan
practicado la retención en la fuente a título del IVA, sobre el valor de las compras de
bienes o servicios gravados, salvo que los vendedores sean entidades estatales o
grandes contribuyentes; incumplimiento que consagra la disposición de manera
autónoma como causal de rechazo de la devolución o compensación.
3.2- De conformidad con lo anterior, para el caso bajo análisis, se encuentra demostrado
que la actora incumplió su deber de retener en la fuente por concepto de IVA, sobre
algunas compras efectuadas a tres (3) proveedores, las cuales superaban las 92 UVT
(art. 1.2.4.6.7 del DUT) durante el periodo objeto de la petición, lo que, inclusive, acepta
la apelante.
Lo anterior resulta muy relevante a efectos de lo previsto en el numeral 5 del artículo 857
del ET, puesto que tal disposición determina el rechazo definitivo de las solicitudes de
devolución y/o compensación cuando se compruebe que el solicitante, proveedor de las
SCI, a la fecha de presentación de la solicitud, ha incumplido con la obligación de efectuar
la retención, consignarla y presentar las declaraciones de retención en la fuente con
pago, de los períodos cuyo plazo para presentar y pagar se encuentren vencidos a la
fecha de la solicitud; sin que para ello se requiera adelantar una investigación previa,
pues tal como se señaló en precedencia, ello solo se prevé para los eventos
expresamente determinados en el artículo 857-1, entre ellos, la verificación de la
existencia de las retenciones en la fuente o descontables, lo cual no correspondía al caso
analizado.
Ciertamente, el rechazo de la devolución no obedeció a la falta de realidad de las
retenciones en la fuente o de los impuestos descontables, sino al incumplimiento de
efectuar la retención que legalmente procedía a título de IVA, por parte de un proveedor
de SCI a sus vendedores, lo cual aplicaba sin necesidad de adelantar un proceso de
determinación, que es dentro del cual debe la DIAN expedir un requerimiento especial y
una liquidación oficial de revisión modificando las cifras de la correspondiente
declaración.
15
Sentencias del 07 de mayo de 2020 (exp. 22842, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez); y del 25 de febrero de 2021 (exp. 23464, CP:
Stella Jeannette Carvajal Basto).
16
Sentencia del 03 de julio de 2025 (exp. 27410, CP: Wilson Ramos Girón).
17
Sentencia del 06 de mayo de 2021 (exp. 25239, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
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No prospera el cargo de apelación.
4- En relación con el cargo atinente a si el incumplimiento parcial del deber de practicar
retenciones en la fuente por IVA posibilitaría la devolución parcial, la apelante adujo que
el artículo 857.5 no facultaba a la Administración para rechazar en su totalidad la
devolución del saldo a favor «cuando se omitieran algunas retenciones» y, por la desproporción
entre el valor de la retención omitida [$179.210] y el total del saldo a favor solicitado en
devolución [$134.349.000]. Bajo la misma ilación, destacó haber declarado «compras netas
en el periodo» por valor de $1.953.084.000, al paso que la omisión recayó sobre compras
en cuantía de $23.894.706, lo cual representaba el 1.22% del total de las compras del
periodo (3.° bimestre de 2017); lo que vulneraba tanto el espíritu de justicia que regía las
actuaciones oficiales (art. 683 del ET) como el principio de equidad tributaria (arts. 95.9
y 363 constitucionales), pues la carga fiscal no era la que correspondía, teniendo inclusive
un efecto confiscatorio.
Adicionalmente, señaló que, acorde con una «lectura detenida» del artículo 857.5 del ET
para que se configurara la causal de rechazo, se requería que concurrieran 3 requisitos:
(i) incumplir el deber de retener; (ii) no consignar lo retenido; y (iii) no presentar las
declaraciones con pago. Sin embargo, en este caso, la Administración no podía afirmar
que la actora había incumplido su deber de declarar, de modo que no procedía la causal
de rechazo.
A su turno, la demandada defendió la imposibilidad de «discriminarse o hacerse procedente en
partes la solicitud», pues esta debía proceder en forma integral; de modo que, al determinar
el incumplimiento de la obligación de efectuar retenciones en transacciones cuyos
montos superaban el límite para no practicarlas, se hacía procedente su rechazo, acorde
con el numeral 5 del artículo 857 del ET.
Por su parte, el tribunal planteó que, la normativa (art. 857.5 ibidem) no avalaba el
cumplimiento parcial de la obligación de retener.
4.1- Para dirimir la controversia, la Sección advierte que el sistema tributario nacional se
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (art. 363 del Constitución).
En consonancia con ese mandato, el artículo 95.9 ídem fijó la obligación de contribuir a
los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Frente al
alcance del principio de equidad, esta corporación 18 resaltó que su aplicación exigía la
ponderación de «la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre
los contribuyentes», con el fin de «evitar cargas excesivas o beneficios exagerados ». Asimismo, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional19 también ha reconocido la existencia del
principio de proporcionalidad, en virtud del cual el reparto de la carga tributaria entre los
obligados «debe considerar su capacidad contributiva ». Por ende, la aplicación de las
disposiciones que conforman el ordenamiento fiscal tiene que efectuarse bajo parámetros
de proporcionalidad, eficacia y equidad, en aras de garantizar intereses superiores como
la prevalencia del derecho sustancial y la justicia material.
Respecto del ordinal 5 del artículo 857 del ET, la Sala reitera que el precepto fue
incorporado al sistema jurídico mediante el artículo 14 de la Ley 1430 de 2010, señalando
una nueva causal de rechazo definitivo a las solicitudes de devolución de saldos a favor.
Sobre el particular, la norma supeditó la idoneidad de las solicitudes de reintegro de los
proveedores de sociedades de comercialización internacional al cumplimiento de «la
18
Sentencia del 20 de noviembre de 2025 (exp. 26242, CP: Luis Antonio Rodríguez Montaño).
19
Corte Constitucional, sentencia C-815 de 2009, MP: Nilson Pinilla Pinilla.
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obligación de efectuar la retención, consignar lo retenido y presentar las declaraciones de retención en la
fuente con pago, de los períodos cuyo plazo para la presentación y pago se encuentren vencidos a la fecha
de presentación de la solicitud». Si bien podría considerarse que la omisión al mencionado
deber en cualquiera de las operaciones de compra acarrearía el rechazo definitivo de la
solicitud, la Sección considera que tal entendimiento vulneraría el principio de equidad y
la prevalencia del derecho sustancial, pues el reconocimiento -total o parcial- del saldo a
favor determinado en la declaración cedería ante la satisfacción de los requisitos formales
del reintegro.
De esa forma, la aplicación de la norma requiere un análisis individualizado de las
transacciones efectuadas en el período para determinar en cuáles era exigible la práctica
de retenciones en la fuente y, de determinar el fisco incumplimientos parciales al
señalado deber, ello no habilitaría el rechazo definitivo a la solicitud de devolución, sino
que -en aplicación del principio de proporcionalidad- la entidad solo podría desestimar la
parte del saldo a favor vinculada a las operaciones en las que constató la omisión y
reconocer la cuantía restante al obligado, pues el monto susceptible de reintegro debe
corresponder en forma estricta al saldo a favor efectivamente probado y jurídicamente
procedente.
4.2- En el caso concreto, la Sala constató que el acto administrativo que rechazó en forma
definitiva la solicitud de devolución y compensación del saldo a favor determinado por la
actora en su declaración del tercer bimestre del IVA (año gravable 2017) puntualizó que
la sociedad incumplió su deber de retener en la fuente a título del mencionado tributo en
múltiples compras efectuadas a 3 proveedores durante el período objeto de la petición y,
como lo observó el a quo y no lo refutó la parte demandante, esta no acreditó la práctica
de las retenciones en la fuente sobre algunas operaciones de venta que superaban las
92 UVT previstas en el artículo 1.2.4.6.7 del DUT -vigente al momento de los hechos-.
Desde una perspectiva probatoria, esta corporación subraya que, tal como afirmó la
apelante, la declaración que originó el saldo a favor (f. 20 caa) reportó «Total compras netas
realizadas durante el periodo» (casilla 56) por la suma de $1.953.084.000; sin embargo, tal
cifra comprende tanto las operaciones de compras gravadas a la tarifa del 5% -objeto de
debate- como otras compras sometidas a la tarifa general.
Por lo anterior y considerando que las transacciones sobre las que no se practicó
retención en la fuente a título de IVA - objeto de litigio- corresponden a las compras
gravadas a la tarifa especial del 5%, el concepto relevante sería el total de compras de
la casilla 49 de la declaración del IVA, que corresponde a «bienes gravados a la tarifa del 5%»,
la cual registró un monto de $557.380.000.
Ahora bien, el detalle de las operaciones de compra con los tres proveedores que
ascendió a $23.894.706, sobre las cuales la demandada identificó que la actora no
practicó retención en la fuente, es el siguiente:
Asociación de Agricultores Proveedores de Frutos de Santa Elena la Fortaleza (La Fortaleza)
Factura Base Tarifa del IVA Monto del IVA Total Retención en la fuente
2413 $5.682.631 5% $284.132 $5.966.763 $42.620
2426 $2.472.992 5% $123.650 $2.596.642 N/A
2434 $2.022.546 5% $101.127 $2.123.673 N/A
2447 $2.658.883 5% $132.944 $2.791.827 N/A
2458 $2.797.237 5% $139.862 $2.937.099 N/A
Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma)
Factura Base Tarifa del IVA Monto del IVA Total Retención en la fuente
18427 $2.734.964 5% $136.748 $2.871.712 N/A
18428 $1.957.644 5% $97.882 $2.055.526 N/A
18426 $2.929.031 5% $146.452 $3.075.483 N/A
18519 $3.251.064 5% $162.553 $3.413.617 $24.383
18520 $3.281.664 5% $164.083 $3.445.747 $24.612
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Demandante: Palmeiras Colombia S.A.
18673 $2.959.632 5% $147.982 $3.107.614 $22.197
18675 $2.476.069 5% $123.803 $2.599.872 N/A
18676 $2.143.880 5% $107.194 $2.251.074 N/A
18677 $3.213.367 5% $160.668 $3.374.035 $24.100
18678 $1.986.422 5% $99.321 $2.085.743 N/A
Alojamos Palmacol (Palmacol)
Factura Base Tarifa del IVA Monto del IVA Total Retención en la fuente
357 $5.506.348 5% $275.317 $5.781.665 $41.298
Monto total de las compras cuestionadas por la Administración (sin IVA) en las que debía $23.894.706
efectuarse retención en la fuente
Monto total de las retenciones (15%) no practicadas $179.210
De acuerdo con el cuadro anterior, la actora dejó de practicar retenciones en la fuente
por $179.210, respecto de las compras que le hizo a las indicadas tres proveedoras por
un total de $23.894.706; sin embargo, las restantes compras declaradas en la casilla 49
de la declaración de IVA fueron de $557.380.000, con lo cual se advierte que el
incumplimiento fue parcial. Si bien la falta de retención en la fuente en las operaciones
de compra se encuentra instituida como causal de rechazo de la devolución del saldo a
favor, conforme se señaló en precedencia, esta no puede ser absoluta, sino proporcional
al incumplimiento; lo que tasará la Sala en el equivalente al valor del IVA que debió
generarse sobre las compras sobre las cuales no se practicó la retención en la fuente a
título de IVA, incumpliendo así el mandato del artículo 857.5 del ET, lo cual conduciría a
reconocer parcialmente el saldo a favor solicitado por la actora, garantizando el principio
de proporcionalidad y justicia tributaria.
Acorde con lo anterior, el monto a reconocer como saldo a favor sería el siguiente:
Concepto Valor
Saldo a favor determinado en la declaración privada solicitado en devolución $134.349.000
Monto rechazable (tarifa de IVA* valor de las compras sobre las cuales no se efectuó $1.194.735
retención por IVA: $23.894.706 * 5%
Saldo a favor objeto de devolución y compensación $133.154.265
Prospera el cargo de apelación.
5- En relación con el tercer problema jurídico, atinente a la improcedencia de la causal
de rechazo, pues aunque se hubiera incumplido el deber de efectuar y consignar algunas
retenciones, no dejó de presentar las declaraciones con pago, condición que debía
concurrir a efectos del artículo 857.5 para la configuración de la causal, la Sala considera
que este queda absuelto con lo analizado en el punto anterior, pues como se señaló, el
incumplimiento de la retención en la fuente configura la causal de rechazo prevista en tal
disposición; sin embargo, el rechazo de la devolución o compensación debe efectuarse
en proporción al incumplimiento.
6- Por lo señalado, la Sala revocará la sentencia apelada. En su lugar, declarará la
nulidad parcial de los actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho,
ordenará a la Administración devolver a la parte demandante, previa compensación de
las deudas y obligaciones de plazo vencido de la contribuyente (art. 861 del ET), la suma
de $133.154.265, con los intereses que autoriza el artículo 863 ídem.
Conclusión
7- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la
presente sentencia que: (i) la investigación previa consagrada en el artículo 857-1 del ET,
la cual podría derivar en la expedición de un requerimiento especial, procede cuando se
requiere verificar la existencia de las retenciones o impuestos descontables o pagos en
exceso que dan lugar al saldo a favor, mas no para corroborar el cumplimiento de la
obligación de retener a título de IVA, que consagra el artículo 857.5 como causal
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autónoma de rechazo de las devoluciones; y (ii) la aplicación del ordinal 5 del artículo 857
del ET implica una revisión individualizada de las transacciones efectuadas en el periodo
para determinar en cuáles era exigible la práctica de la retención en la fuente. Así, de
determinarse incumplimientos parciales, el rechazo del saldo a favor sería proporcional
al incumplimiento.
Costas
8- Acorde con el ordinal 5 del artículo 365 del CGP y el criterio acogido por la Sección20,
no se condenará en costas al no haber una parte vencida en el proceso, en la medida en
que se declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia. En su lugar:
Primero. Declarar la nulidad parcial de los actos demandados, a través de los cuales la demandada
rechazó en forma definitiva una solicitud de devolución y compensación del saldo a favor
determinado por la actora en su declaración del impuesto sobre la ventas -IVA- del tercer bimestre
del año 2017.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, reconocerle a la actora el derecho a la devolución
y compensación de la suma de $133.154.265, previa compensación de las deudas y obligaciones
de plazo vencido a su cargo, junto con los intereses que autoriza el artículo 863 ídem de acuerdo
con la parte motiva de esta sentencia de segunda instancia.
Tercero. Sin condena en costas.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. Reconocer personería al abogado Sebastián Rosero Torres, como apoderado de la
demandada, en los términos del poder conferido (índice 12 de Samai).
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Salvo voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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