Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2021-00053-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00053-01 (0071-2025)
Demandante: Dairo Antonio Fuentes López
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Tema: Reconocimiento de asignación de retiro de las fuerzas
militares. Aplicación del régimen de transición de la Ley 923
de 2004. Alcance del Decreto 991 del 2015. Relación entre
«separación absoluta» y «conducta deficiente» en el marco
del retiro del servicio militar.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia porque se
probó que el señor Dairo Antonio Fuentes López es
beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 923
del 2004. Se accede al reconocimiento y pago de la
asignación de retiro de las fuerzas militares.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 18 de octubre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la nulidad de la Resolución
5671 del 30 de mayo de 2019 expedida por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (CREMIL), mediante la cual le fue negado el reconocimiento de la
asignación de retiro.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar la referida prestación periódica a partir del 22 de
noviembre de 2016, fecha en que se hizo efectivo su retiro como suboficial
mediante la Resolución 02376 de la misma fecha. Asimismo, pidió el pago de las
sumas dejadas de percibir por concepto de asignaciones, primas, bonificaciones
y demás prestaciones debidamente actualizadas junto con los intereses
correspondientes, el cumplimiento de la sentencia en los términos legales y la
condena en costas.
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Demandante: Dairo Antonio Fuentes López
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó que ingresó al
Ejército Nacional como soldado regular el 19 de mayo de 1999, posteriormente
fue vinculado como soldado voluntario el 20 de noviembre de 2000 y luego como
soldado profesional el 1 de noviembre de 2003. Reseñó que después ingresó
como alumno a la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá el 1 de febrero de
2004 y que fue escalafonado como cabo tercero el 16 de marzo de 2004 y como
cabo segundo el 31 de agosto de 2007.
4. Manifestó que prestó sus servicios por un término total de 17 años y 19
días alcanzando el grado de cabo primero, hasta que fue retirado del servicio
activo el 22 de noviembre de 2016 con fundamento en la causal de destitución
por separación absoluta.
5. Indicó que el 17 de octubre de 2018 solicitó ante CREMIL el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro; sin embargo, mediante Oficio
2019‑12172 del 11 de enero de 2019, la entidad informó que no era posible emitir
un pronunciamiento de fondo debido a que no se había allegado la hoja de
servicios 3‑72020284 por parte de la Dirección de Personal del Ejército Nacional.
6. Igualmente, precisó que el 8 de marzo de 2019 requirió a la entidad
demandada para que gestionara ante la Dirección de Personal del Ejército el
envío del citado documento, con el fin de obtener el reconocimiento de la
prestación. A más que el 17 de diciembre de 2019, por conducto de apoderado,
reiteró la solicitud de reconocimiento de la asignación de retiro ante la entidad
demandada.
7. Advirtió que mediante Oficio 690, con ID de salida 1319230 del 28 de enero
de 2020, recibido el 19 de marzo de 2020, le fue comunicada a su apoderado la
decisión contenida en la Resolución 5671 del 30 de mayo de 2019, mediante la
cual se negó el reconocimiento de la prestación bajo el argumento de que su
retiro por separación absoluta y el tiempo de servicios acreditado de 17 años y
19 días no cumplían con los requisitos previstos en el artículo 1 del Decreto 991
de 2015.
8. Finalmente, sostuvo que la referida resolución no le fue notificada en
debida forma, en tanto solo tuvo conocimiento de su contenido a través de la
comunicación recibida por su apoderado el 19 de marzo de 2020.
Contestación de la demanda
9. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, así
como a las condenas solicitadas a título de restablecimiento del derecho,
incluyendo el pago de costas y agencias en derecho.
10. Sostuvo que el demandante prestó sus servicios por un término de 17 años
y 19 días, y que su retiro del servicio activo se produjo por la causal de
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«separación absoluta», circunstancia que —a su juicio— impide el
reconocimiento de la asignación de retiro.
11. Precisó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto
991 de 2015, para el personal retirado por dicha causal se exige un tiempo
mínimo de 20 años de servicio para acceder a la prestación, requisito que, en su
criterio, no cumple el actor.
12. Adujo que el acto administrativo demandado se encuentra ajustado a
derecho, en tanto se fundamentó en la Hoja de Servicios 3‑72020284 del 17 de
abril de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, documento que
calificó como idóneo y determinante para efectos del reconocimiento de la
asignación de retiro.
13. Por último, mencionó que el demandante fue retirado del servicio por
separación absoluta, con baja efectiva el 23 de noviembre de 2017, es decir, bajo
la vigencia del Decreto 991 de 2015, motivo por el cual dicha normativa resulta
plenamente aplicable. En consecuencia, insistió en que el actor no cumple el
requisito del tiempo mínimo de 20 años de servicio, dado que únicamente
acreditó 17 años y 19 días.
Sentencia apelada
14. Mediante sentencia del 18 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Nariño accedió a las pretensiones de la demanda.
15. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que para efectos de
determinar el derecho a la asignación de retiro del demandante debía aplicarse
el régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004, en concordancia con el
artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, por cuanto se encontraba en servicio
activo al momento de entrada en vigencia de dicha ley, esto es, al 30 de diciembre
del 2004.
16. Señaló que el marco normativo posterior no podía imponer condiciones
más gravosas a quienes se encontraban vinculados a la Fuerza Pública antes del
30 de diciembre de 2004, en particular en lo relacionado con el tiempo de
servicios exigido para acceder a la prestación, el cual no podía ser superior al
previsto en el régimen anterior.
17. Indicó que si bien el acto administrativo demandado se fundamentó en el
artículo 1 del Decreto 991 de 2015, dicha disposición no resultaba aplicable al
caso concreto en tanto desconocía el régimen de transición que garantiza la
aplicación de las condiciones previstas en el Decreto 1211 de 1990 para quienes
cumplían los supuestos allí establecidos.
18. En relación con la causal de retiro, esto es, la «separación absoluta», el
Tribunal destacó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta
puede equipararse a la noción de «conducta deficiente» prevista en el artículo
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163 del Decreto 1211 de 1990, lo que permite el reconocimiento de la asignación
de retiro siempre que se acredite un tiempo mínimo de 15 años de servicio.
19. Concluyó que el demandante cumplía con los requisitos exigidos toda vez
que acreditó un tiempo de servicios de 17 años y 19 días, y su retiro no obedeció
a solicitud propia, razón por la cual le asistía el derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro. Condenó en costas a la entidad demandada al resultar
vencida en el proceso.
Recurso de apelación
20. La parte demandada interpuso recurso de apelación, solicitando que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la demanda.
21. Sostuvo que el a quo incurrió en errores de interpretación y aplicación
normativa, al desconocer el régimen especial que regula las prestaciones
sociales de los miembros de las Fuerzas Militares, el cual, conforme al artículo
217 de la Constitución Política, se encuentra sometido a disposiciones
específicas y diferenciadas.
22. Indicó que el reconocimiento de la asignación de retiro debe efectuarse
con base en las normas vigentes al momento del retiro del servicio y en la hoja
de servicios expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, documento que —a
su juicio— constituye el referente normativo y probatorio establecido en el artículo
1 del Decreto 991 de 2015.
23. Adujo que el demandante fue retirado del servicio activo por la causal de
«separación absoluta», con un tiempo de servicios de 17 años y 19 días,
circunstancia que, en su criterio, impide el reconocimiento de la asignación de
retiro toda vez que no cumple con el mínimo de 20 años de servicio exigido por
el artículo 1 del Decreto 991 de 2015 para dicha modalidad de retiro.
24. Afirmó que el Tribunal incurrió en error al equiparar dicha causal de retiro
con aquellas que permiten acceder a la prestación con un tiempo inferior, así
como al aplicar el régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004, pese a
que el actor fue retirado bajo la vigencia del Decreto 991 de 2015.
25. Agregó que la sentencia de primera instancia presenta defectos de
carácter material y fáctico al aplicar disposiciones que no resultaban pertinentes
al caso concreto y al apartarse de los requisitos legales exigidos para el
reconocimiento de la prestación, en particular en lo relativo al tiempo de servicios
y a la causal de retiro.
26. A su vez, solicitó la revocatoria de la condena en costas argumentando
que no se configuraban los presupuestos para su imposición en la medida en que
la entidad actuó conforme a una interpretación razonable del ordenamiento
jurídico y en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.
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II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
27. Mediante auto del 20 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación
y se les advirtió a los sujetos procesales que tenían hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público
que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo
para emitir concepto.
28. El Ministerio Público y las partes guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
30. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro, pese a haber sido retirado del servicio
activo por la causal de separación absoluta y contar con un tiempo de servicios
mínimo de 15 años conforme lo dispone el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990,
o si, por el contrario, le resulta aplicable el Decreto 991 de 2015 que exige 20
años.
31. Subsidiariamente, se analizará si resulta procedente la condena en costas
de primera instancia en razón a los reparos de la entidad demandada.
Análisis del problema jurídico
32. La Sala considera que el demandante tiene derecho al reconocimiento de
la asignación de retiro por cuanto es beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004 y cumple con los requisitos establecidos en el
Decreto Ley 1211 de 1990, en particular el tiempo mínimo de servicios y el retiro
por una causal no voluntaria susceptible de ser subsumida dentro de la conducta
deficiente.
33. Revisado el expediente se observa lo siguiente: en la Resolución 2376 del
23 de noviembre de 20171, se mencionó que mediante proceso penal, el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Pitalito absolvió al hoy demandante del delito de
homicidio agravado en concurso homogéneo el 8 de junio del 2012 en primera
1
SAMAI Tribunal Administrativo de Nariño, índice 0012, expediente digitalizado, archivo «026.
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO - ANTONIO FUENTES FLOREZ.pdf», pág. 10.
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instancia, pero en segunda instancia fue condenado a 336 meses de prisión por
el Tribunal Superior de Neiva el 7 de diciembre del 2016.
34. Con base en lo anterior, en el mencionado acto administrativo se dispuso
el retiro del servicio activo al demandante por la causal de separación absoluta,
decisión que le fue comunicada el mismo día por la Dirección de Familia y
Bienestar del Ejército Nacional.
35. Asimismo, se encuentra acreditado que conforme a la hoja de servicios 3-
72020284 expedida el 17 de abril de 2018 por la Dirección de Personal del
Ejército Nacional, el demandante ingresó el 19 de mayo de 1999 como soldado
voluntario, prestando sus servicios continuamente además como soldado
profesional, aluno suboficial y suboficial hasta el 23 de noviembre del 2017, que
corresponden a un tiempo total de 17 años y 19 días, según la entidad. En dicho
documento se dejó constancia de su retiro por la causal de separación absoluta2.
36. De igual forma, el 17 de diciembre de 2019 el actor elevó petición3 ante la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitando el reconocimiento y pago de
la asignación de retiro con fundamento en haber superado los 15 años de servicio
y ser beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004. En
respuesta, la entidad demandada informó a su apoderado que la solicitud ya
había sido resuelta mediante la Resolución 5671 del 30 de mayo de 2019 a través
de la cual se negó el reconocimiento de la prestación4.
37. A partir de los anteriores supuestos fácticos debidamente acreditados, la
Sala procede a determinar el régimen jurídico aplicable al caso concreto. En ese
sentido, se tiene que el Decreto Ley 1211 de 1990 reguló la asignación de retiro
para los miembros de las Fuerzas Militares y dispuso en su artículo 163 que esta
prestación se reconoce cuando el uniformado es retirado con un mínimo de 15
años de servicio por causales distintas a la solicitud propia, entre ellas, la
conducta deficiente.
38. Posteriormente la Ley 923 de 2004 estableció un régimen de transición
en favor de los miembros de la Fuerza Pública que se encontraban en servicio
activo al momento de su entrada en vigencia con el fin de proteger sus
expectativas legítimas en materia prestacional5, sobre el cual el Consejo de
Estado6 ha señalado que a quienes cumplían esa condición no se les pueden
imponer requisitos más gravosos que los previstos en el régimen anterior.
2
Ibidem, pág. 13.
3 Op. Cit., archivo «004. Anexos.pdf», págs. 6-7.
4
Ibid., págs. 2-4.
5
Establecido en el inciso 2 del artículo 3.1. así: «A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del
derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición
de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causa […]».
6 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 17 de febrero del 2022, rad. 76001-23-33-000-2016-01514-01 C.P. William
Hernández Gómez, y ii) sentencia de 16 de julio de 2013, rad. 25000-23-41-000-2013-00659-01, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.
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39. Con lo anterior se ha precisado que el único requisito para acceder al
régimen de transición es encontrarse en servicio activo al 30 de diciembre de
2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, lo cual comporta la
aplicación del Decreto Ley 1211 de 1990 en lo relacionado con el tiempo de
servicios exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro a quienes se
encontraban vinculados a la Fuerza Pública antes de esa fecha.
40. De igual forma, esta Subsección7 ha precisado que a los miembros de la
Fuerza Pública que para la mencionada fecha de entrada en vigencia de la Ley
923 de 2004 se encontraban en servicio activo les resultan aplicables las
disposiciones anteriores a dicha ley, en virtud del régimen de transición allí
previsto, dentro de las cuales se encuentra el Decreto Ley 1211 de 1990 que
exige un mínimo de 15 años de servicio cuando el retiro obedece a causales
distintas a la solicitud propia, criterio que resulta plenamente aplicable al caso
concreto.
41. Asimismo, la Sala8 ha indicado anteriormente que a los miembros de la
Fuerza Pública cobijados por el régimen de transición de la Ley 923 de 2004 no
pueden imponérseles requisitos más gravosos que los previstos en el régimen
anterior, razón por la cual, ante la ausencia de una norma posterior ajustada a
dichos parámetros debe aplicarse el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990.
42. En el presente asunto se encuentra acreditado que el demandante se
encontraba en servicio activo para la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004
pues ingresó el día 19 de mayo de 1999 como soldado voluntario y el 16 de marzo
de 2004 como suboficial y que al momento de su retiro contaba con más de 15
años de servicio, razón por la cual le resulta aplicable el régimen de transición,
sin que pueda exigírsele el cumplimiento de condiciones más gravosas.
43. Ahora bien, en lo que respecta a la causal de retiro la Sala advierte que
la entidad demandada consideró que la «separación absoluta» no es equiparable
a la «conducta deficiente». No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha
adoptado un sentido abierto del artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990
estableciendo que ambos términos pueden subsumirse y encajar en el canon
mencionado.
44. En efecto en sentencia del 8 de abril del 20219 esta Subsección estableció
que el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990 debe interpretarse de manera
amplia, de modo que la causal de «separación absoluta», aunque no esté
expresamente prevista, puede adecuarse dentro de la «conducta deficiente».
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero del 2022. Rad. 76001-
23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021). C.P. William Hernández Gómez.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 4 de septiembre de 2025, radicado
52001-23-33-000-2020-00821-01 (0119-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia
del 8 de abril de 2021, radicación 25000-23-42-000-2017-01913-01 (2684-2019), C.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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45. A su vez, en providencia del 17 de febrero de 202210 esta Subsección
sostuvo que las normas que regulan la asignación de retiro deben interpretarse
de forma flexible y acorde con la garantía del derecho a la seguridad social, de
tal manera que, aunque la causal de separación absoluta no esté expresamente
contemplada, es posible entenderla comprendida dentro de la noción de
«conducta deficiente».
46. Así las cosas, la Sala comparte la tesis adoptada por el Tribunal en cuanto
al régimen jurídico aplicable al caso concreto teniendo en cuenta que en virtud
del régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004, la situación del
demandante debe regirse por las disposiciones vigentes al momento en que
ingresó a la entidad, esto es, por el Decreto Ley 1211 de 1990.
47. En ese orden, al encontrarse demostrado que el accionante cumple con
los requisitos exigidos, esto es, más de 15 años de servicio y retiro por una causal
no voluntaria como lo es la conducta deficiente, se concluye que le asiste el
derecho al reconocimiento de la asignación de retiro. Por lo tanto, se confirmará
la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.
Análisis de la condena en costas en primera instancia
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. Con fundamento en los argumentos expuestos y teniendo en cuenta que
la parte demandada fue condenada en costas de primera instancia al resultar
vencida en esa fase del proceso, la Sala también confirmará la sentencia apelada
en este aspecto.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero del 2022. Rad. 76001-
23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021). C.P. William Hernández Gómez.
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Condena en costas en segunda instancia
52. En atención a los mismos argumentos, se impondrán costas a la entidad
demandada en segunda instancia por cuanto resultó vencida al negarse en su
totalidad las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 18 de octubre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Ausente con permiso)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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