República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2021-00084-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00084-01 (2008-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—
Demandado: Manuel de Jesús Tapia Patiño
Tema: Presunción de buena fe. Devolución de dineros
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño,
el 10 de noviembre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) solicitó la
nulidad del acto administrativo mediante el cual reconoció la pensión de vejez al señor
Manuel de Jesús Tapia Patiño, con fundamento en el Decreto 546 de 1971. El Tribunal
Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que el IBL debía calcularse conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, y negó la devolución de las sumas pagadas en exceso, al concluir que habían
sido recibidas de buena fe. La sentencia apelada será confirmada.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Colpensiones, mediante apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 25 de febrero de 2021, contra
el señor Manuel de Jesús Tapia Patiño de conformidad con las pretensiones, hechos
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00084-01 (2008-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Manuel de Jesús Tapia Patiño
y fundamentos de derecho que se sintetizan a continuación1:
2.1.1. Pretensiones
2. La entidad demandante solicitó la nulidad de la Resolución GNR 354240 del 9
de octubre de 2014, mediante la cual ordenó el reconocimiento y pago de la pensión
de vejez a favor del señor Manuel de Jesús Tapia Patiño, en cuantía de $10.492.136,
efectiva a partir del 1.º de julio de 2013, con fundamento en el Decreto 546 de 1971.
3. A título de restablecimiento del derecho, Colpensiones solicitó la restitución de
las sumas pagadas con ocasión del reconocimiento de la pensión, debidamente
indexadas, y el pago de agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
4. Mediante la Resolución GNR 354240 del 9 de octubre de 2014, Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor del señor Manuel de Jesús
Tapia Patiño, por valor de $10.492.136, con efectividad a partir del 1.º de julio de 2013,
con fundamento en los requisitos previstos en el Decreto 546 de 1971.
5. La entidad adelantó la revisión del expediente pensional del señor Manuel de
Jesús Tapia Patiño, de manera oficiosa. En dicho trámite, verificó que el afiliado nació
el 15 de mayo de 1957 y acreditó 12.353 días laborados, equivalentes a 1.764
semanas cotizadas, pero el expediente no contenía una liquidación manual que
sustentara el valor de la mesada reconocida y los datos no coincidían con la suma
efectivamente reconocida.
6. Como resultado de la revisión, Colpensiones reliquidó la prestación pensional
y determinó que la mesada de julio de 2013 correspondía a $6.957.568, calculada
sobre un ingreso base de liquidación de $9.276.757. Asimismo, estableció que para
el año 2020 la mesada era de $9.254.326 y no de $13.955.687, suma que había
percibido el pensionado.
7. Posteriormente, Colpensiones solicitó autorización para revocar parcialmente
la Resolución GNR 354240 de 2014 mediante el auto APSUB 1999 del 23 de octubre
de 2020. Dicho acto fue notificado el 3 de noviembre de 2020, sin que el señor Manuel
de Jesús Tapia Patiño presentara manifestación alguna. Por Resolución SUB 274450
del 17 de diciembre de 2020, «desata el auto de pruebas» y remite el expediente a la
Gerencia de Defensa Judicial para el inicio de las acciones correspondientes.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
8. En la demanda se citan como normas violadas los artículos 48 de la
Constitución Política; 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
1 Samai, índice 7, 001 ExpedienteDigitalNRD2021-00084(.rar), ExpedienteDigitalINRD2021-00084, 001nrd 2021-
00084
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Manuel de Jesús Tapia Patiño
9. Al explicar el concepto de violación, Colpensiones sostuvo que el
reconocimiento de la pensión de vejez no se ajustó a la normativa aplicable, porque
la prestación fue liquidada con fundamento en el ingreso base de liquidación previsto
en el Decreto 546 de 1971, pese a que, según la entidad, debían aplicarse las reglas
establecidas en la Ley 100 de 1993. En consecuencia, afirmó que el acto
administrativo vulneró el artículo 48 de la Constitución Política y el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
10. Explicó que, con la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005, el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tenía como
límite general el 31 de julio de 2010, salvo la excepción aplicable a quienes contaran
con 750 semanas cotizadas al momento de su entrada en vigencia, cuyo plazo se
extendía hasta el año 2014. Por ello, indicó que la aplicación de regímenes anteriores
dependía del cumplimiento de los requisitos pensionales dentro de dicho término.
11. Asimismo, señaló que el ingreso base de liquidación debía calcularse conforme
a las reglas previstas en la Ley 100 de 1993, según el tiempo faltante para adquirir el
derecho pensional. Con fundamento en la revisión del expediente, concluyó que la
aplicación del IBL previsto en el Decreto 546 de 1971 generó el reconocimiento de
una mesada superior a la que legalmente correspondía, lo que ocasionó un detrimento
patrimonial de los recursos públicos.
2.2. Contestación de la demanda
12. El señor Manuel de Jesús Tapia Patiño se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones de buena fe y prescripción2.
13. Manifestó que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al entrar en vigor dicha norma contaba con más
de quince (15) años de servicio y se encontraba vinculado a la Fiscalía General de la
Nación. Por tanto, afirmó que su situación pensional se regía por el Decreto 546 de
1971.
14. Indicó que Colpensiones negó inicialmente su solicitud pensional mediante la
Resolución GNR 73199 de 2014; sin embargo, la entidad revocó esa decisión al
resolver los recursos interpuestos y, mediante la Resolución GNR 354240 del 9 de
octubre de 2014, reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez por valor de
$10.492.136. Asimismo, señaló que Colpensiones ratificó posteriormente dicho
reconocimiento mediante la Resolución GNR 319544 de 2015.
15. Afirmó que la reliquidación propuesta por la entidad desconoció factores
salariales que debían integrar la asignación mensual más alta devengada durante el
último año de servicio, por lo que el ingreso base de liquidación aplicado no
2 Samai, índice 7, 001 ExpedienteDigitalNRD2021-00084(.rar), ExpedienteDigitalINRD2021-00084, 010
ContestaciónDemanda
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correspondía al que establece la ley y la jurisprudencia aplicables.
16. Afirmó que el reconocimiento pensional se ajustó a la Constitución y a la ley y
que las certificaciones laborales y salariales respaldaban la legalidad de la Resolución
GNR 354240 de 2014. De manera subsidiaria, alegó que las mesadas fueron recibidas
de buena fe, por lo que no procedía ordenar la devolución de valores pagados, al no
existir prueba de una conducta dolosa o fraudulenta.
2.3. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia del 10 de noviembre de 2023, resolvió3:
PRIMERO. – Declarar la nulidad parcial de la Resolución GNR 354240 del 9 de octubre
de 2014, a través de la cual se reconoció la pensión de vejez a favor del señor Manuel
de Jesús Tapia Patiño, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. – En consecuencia, se ordena a la Administradora Colombiana de
Pensiones “Colpensiones” que liquide nuevamente la mesada pensional que
corresponde a favor del señor Manuel de Jesús Tapia Patiño, teniendo en cuenta que
éste es destinatario del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, por vía
de la aplicación del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993
y, en consecuencia, el IBL se constituye por el promedio de los salarios sobre los
cuales el señor Tapia Patiño cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión, con una tasa de reemplazo del 75%, incluyendo como factores salariales
los emolumentos contemplados por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, por el art.
14 de la Ley 4ª de 1992, por el art. 1° del Decreto 610 de 1998, por el art. 1° del Decreto
1102 de 2012; por el art. 1° del Decreto 2460 de 2006; por el art. 1° del Decreto 3900
de 2008; y por el Decreto 383 de 2013, es decir, asignación básica mensual,
bonificación por actividad judicial, prima de antigüedad, prima de productividad y
bonificación por servicios prestados (en una doceava).
TERCERO. – Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. – La sentencia deberá ser cumplida en los términos del art. 192 del CPACA.
Una vez ejecutoriada esta sentencia, para su cumplimiento, por Secretaría deberán
remitirse los oficios correspondientes de conformidad con el art. 192 de la Ley 1437 de
2011.
QUINTO. – Abstenerse de imponer condena en costas, conforme a lo expuesto en la
parte motiva.
[…]
18. Al motivar la decisión, expuso que el acto administrativo demandado debía ser
anulado parcialmente, debido a que Colpensiones calculó el ingreso base de
liquidación conforme al Decreto 546 de 1971 y no de acuerdo con el régimen de
3 Samai, índice 20, 13_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf).
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transición previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
19. Lo anterior, dado que el demandado acreditó más de 15 años de servicio al 1.º
de abril de 1994, cumplió 55 años de edad el 15 de mayo de 2012 y reunió los
requisitos exigidos para ser beneficiario del régimen especial previsto en el Decreto
546 de 1971. En consecuencia, señaló que la pensión debía liquidarse con una tasa
de reemplazo del 75 % y con un ingreso base de liquidación calculado conforme a los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del promedio de los salarios cotizados
durante los diez años anteriores al reconocimiento pensional, actualizados con el IPC,
por lo que no procedía su liquidación con fundamento en la asignación mensual más
alta.
20. Negó la devolución de las sumas pagadas en exceso, aun cuando se acreditó
que la prestación había sido reconocida por un valor superior al legalmente debido,
con sustento en lo previsto en el literal c) del numeral 1° del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, que impide recuperar prestaciones periódicas percibidas por
particulares que hayan actuado de buena fe. De este modo, correspondía a
Colpensiones desvirtuar la presunción establecida en el artículo 83 de la Constitución
Política.
21. Señaló que Colpensiones no cumplió con dicha carga probatoria. Por el
contrario, encontró acreditado que el pensionado solicitó a la entidad la revisión y
aclaración del acto de reconocimiento pensional poco después de su expedición, al
advertir una posible inconsistencia en el valor de la mesada reconocida.
22. Concluyó que el pago en exceso obedeció a un error de la administración y no
a una conducta fraudulenta o engañosa del beneficiario. Por tal motivo, aunque ordenó
la reliquidación de la prestación conforme a los parámetros legales aplicables, negó
la devolución de las sumas previamente percibidas.
2.4. Recurso de apelación
23. Colpensiones interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
razonamientos4:
24. Manifestó su inconformidad solo frente al numeral tercero de la sentencia, en
cuanto negó la devolución de las sumas pagadas en exceso, porque, a su juicio, la
declaración de nulidad del acto administrativo demandado genera el reintegro de los
valores recibidos indebidamente por el demandado por concepto de mesadas
pensionales.
25. Argumentó que la ausencia de una orden judicial que imponga la devolución de
sumas pagadas en exceso impide recuperar los recursos públicos, pese a que se
encuentra acreditado que el demandado recibió una prestación superior a la que
legalmente le correspondía. Señaló que tal situación genera un perjuicio al erario y
4 Samai, índice 23, 15_ RecursoApelaciónDte(.pdf).
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compromete la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
26. Mediante auto del 27 de agosto de 2024, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20215.
2.6. El Ministerio Público
27. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
28. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer el presente asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, que
le confiere el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
29. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la entidad actora contra la sentencia que accedió a la reliquidación de
la pensión y negó la devolución de sumas pagadas en exceso, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6 que prevé la
competencia del juez de segunda instancia, corresponde a la Sala resolver el siguiente
problema jurídico:
30. ¿Procede ordenar la devolución de las sumas pagadas en exceso por
concepto de una prestación pensional reconocida mediante un acto administrativo
declarado parcialmente nulo, cuando el beneficiario las recibió amparado en la
presunción de buena fe?
31. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
consideraciones sobre el fundamento normativo y jurisprudencial de la presunción de
buena fe; (ii) hechos probados y (iii) caso concreto.
5 Samai, índice 8
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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3.3. Marco normativo
3.3.1. Presunción de buena fe
32. La Corte Constitucional ha definido el principio de buena fe establecido en el
artículo 83 superior, «como aquel que exige a los particulares y a las autoridades
públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”7», razón
por la que «la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada”8».
33. Así, cuando se acude a la jurisdicción para controvertir la legalidad de actos
administrativos que reconocen prestaciones periódicas no opera de forma automática
o como consecuencia del restablecimiento del derecho, a pesar de que se acredite la
ilegalidad de aquellos, dado que las sumas recibidas por el beneficio se encuentran
amparadas por el principio de buena fe, presunción que se debe desvirtuar a partir de
las circunstancias en las que fue reconocido el derecho pensional.
34. Por tanto, en casos como el presente se debe realizar una interpretación
armónica con el artículo 164 numeral 1 literal c) del CPACA, según el cual, cuando la
demanda «[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas […] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe».
3.4. Estudio del caso concreto
3.4.1. Hechos probados
35. Mediante la Resolución GNR 73199 del 5 de marzo de 2014, incorporada al
expediente, Colpensiones negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al
señor Manuel de Jesús Tapia Patiño, debido a que no acreditó el cumplimiento de los
requisitos mínimos de edad y/o semanas cotizadas9.
36. Por Resolución GNR 354240 del 9 de octubre de 2014, Colpensiones resolvió
el recurso de reposición interpuesto por el señor Manuel de Jesús Tapia Patiño contra
la Resolución GNR 73199 del 5 de marzo de 2014, en el sentido de revocar la decisión
y reconocer la pensión de vejez conforme al Decreto 546 de 1971, por un valor de
$10.492.13610.
37. El señor Manuel de Jesús Tapia Patiño, mediante escrito del 18 de noviembre
7 «Ver sentencia T-475 de 1992».
8 «Ibidem».
9 Samai, índice 7, 001 ExpedienteDigitalNRD2021-00084(.rar), ExpedienteDigitalINRD2021-00084,
0002HistoriaLaboralResoluciones, NotificacionCC13008553-501-1
10 Samai, índice 7, 001 ExpedienteDigitalNRD2021-00084(.rar), ExpedienteDigitalINRD2021-00084,
0002HistoriaLaboralResoluciones, NotificacionCC13008553-502-8
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Manuel de Jesús Tapia Patiño
de 2014, solicitó la aclaración de la Resolución GNR 35240 de 2014 y expresó que,
«al tenerse en cuenta el IBL, el mismo no me es aplicable, por haberse tenido en
cuenta un valor muy superior».
38. Por medio del Auto de Pruebas APSUB1999 del 23 de octubre de 2020,
Colpensiones verificó que el reconocimiento pensional del señor Manuel de Jesús
Tapia Patiño se sustentó en el tiempo prestado en la Alcaldía Municipal de Ipiales, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Nariño y la Fiscalía General de la
Nación, por más de veinte (20) años de servicio y en el cumplimiento de los requisitos
previstos en el Decreto 546 de 1971, aplicable en virtud del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
39. No obstante, en la revisión del expediente administrativo la entidad advirtió
inconsistencias en la liquidación efectuada mediante la Resolución GNR 354240 del
9 de octubre de 2014, al no encontrar soporte suficiente de los factores salariales
incluidos en el IBL aplicado para determinar la mesada pensional. Por tal razón,
efectuó una nueva liquidación de la prestación y concluyó que el valor correcto de la
mesada para el año 2020 correspondía a la suma de $9.254.326, monto inferior al que
venía percibiendo el pensionado.
40. Colpensiones inició el trámite de revocatoria parcial de la Resolución GNR
354240 de 2014 y solicitó el consentimiento previo, expreso y escrito del pensionado
de conformidad con los artículos 93 y 97 de la Ley 1437 de 2011, al considerar que la
prestación había sido reconocida en cuantía superior a la que legalmente
correspondía11.
41. Mediante Resolución SUB274450 del 17 de diciembre de 2020, Colpensiones
consideró que la pensión de vejez reconocida al demandado mediante la Resolución
GNR 354240 del 9 de octubre de 2014 presentaba inconsistencias en su liquidación,
al evidenciar que la mesada pensional había sido calculada por un valor superior al
que legalmente correspondía.
42. Determinó que el valor correcto de la mesada pensional para el año 2020
correspondía a $9.254.326 y no a $13.955.687, como venía siendo reconocida, razón
por la cual dispuso remitir el asunto a la Dirección de Procesos Judiciales para
adelantar las actuaciones pertinentes encaminadas a obtener la revocatoria parcial
del acto administrativo que reconoció la pensión.
3.4.2. Análisis sustancial
43. El Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, al considerar que el acto administrativo mediante el cual se reconoció
la pensión de vejez del señor Manuel de Jesús Tapia Patiño debía ser anulado
parcialmente, en cuanto la prestación fue liquidada con fundamento en el ingreso base
11 Samai, índice 7, 001 ExpedienteDigitalNRD2021-00084(.rar), ExpedienteDigitalINRD2021-00084,
0002HistoriaLaboralResoluciones, NotificacionCC13008553-506-2
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Demandado: Manuel de Jesús Tapia Patiño
de liquidación previsto en el Decreto 546 de 1971 y no conforme a los artículos 21 y
36 de la Ley 100 de 1993. No obstante, negó la devolución de las sumas pagadas en
exceso, al estimar que fueron recibidas de buena fe y que no se acreditó una conducta
fraudulenta o engañosa por parte del pensionado.
44. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
limitado exclusivamente a la negativa de ordenar la devolución de las sumas pagadas
en exceso. Señaló que, al haberse declarado la nulidad parcial del acto administrativo
de reconocimiento pensional, debía disponerse el reintegro de los valores pagados en
exceso de lo legalmente debido, por cuanto dicha situación generó un detrimento
patrimonial para el Sistema General de Pensiones.
45. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la
competencia de la Sala se circunscribe a determinar si hay lugar a ordenar la
devolución de las sumas recibidas por el pensionado en virtud del acto de
reconocimiento pensional declarado parcialmente nulo.
46. De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, se encuentra
acreditado que mediante la Resolución GNR 354240 del 9 de octubre de 2014,
Colpensiones reconoció al señor Manuel de Jesús Tapia Patiño una pensión de vejez
con fundamento en el Decreto 546 de 1971, por considerar que cumplía los requisitos
previstos en dicha normativa en virtud del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
47. Posteriormente, la entidad revisó de oficio el expediente administrativo y
determinó que la prestación había sido liquidada con un ingreso base superior al que
legalmente correspondía, razón por la cual concluyó que debía ajustarse la cuantía de
la mesada pensional conforme con los parámetros establecidos en la Ley 100 de 1993.
48. En consecuencia, Colpensiones ejerció la presente acción con el propósito de
obtener la nulidad parcial del acto administrativo de reconocimiento y solicitó, además,
la devolución de las sumas que consideró pagadas en exceso, al estimar que la
prestación había sido reconocida por un valor superior al debido.
49. Ahora bien, la sentencia de primera instancia declaró la nulidad parcial del acto
demandado al encontrar que el ingreso base de liquidación no debía determinarse
conforme al Decreto 546 de 1971, sino según los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993. Sin embargo, negó la restitución de los valores pagados, al considerar que no
se demostró que el beneficiario hubiera actuado de mala fe.
50. Sobre este aspecto, la Sala precisa que, de conformidad con el artículo 164
numeral 1 literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, cuando se controvierten actos administrativos que reconocen
prestaciones periódicas no procede la devolución de las sumas pagadas a particulares
que las hayan recibido de buena fe.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Manuel de Jesús Tapia Patiño
51. La presunción de buena fe prevista en el artículo 83 de la Constitución Política
implica que la administración debe acreditar la existencia de una conducta desleal,
fraudulenta o engañosa por parte del beneficiario, pues la sola circunstancia de que
el acto administrativo de reconocimiento sea declarado ilegal no genera,
automáticamente, que la mesada recibida por el pensionado hubiera sido obtenida por
una conducta contraria a la buena fe.
52. En el presente asunto, si bien se acreditó que la pensión fue reconocida por
un valor superior al que correspondía conforme al régimen jurídico aplicable, no se
demostró que el señor Manuel de Jesús Tapia Patiño hubiera inducido a error a la
administración por aportar información falsa o por actuar con la intención de obtener
un beneficio indebido.
53. Por el contrario, se observa que el reconocimiento pensional tuvo origen en
una actuación administrativa adelantada por Colpensiones, entidad que valoró la
información laboral y salarial existente en el expediente y posteriormente efectuó la
revisión de oficio de la prestación y determinó la existencia de una inconsistencia en
la liquidación.
54. Ahora, la buena fe del demandante se observa a partir de la solicitud
presentada el 18 de noviembre de 2014, mediante la cual puso en conocimiento de la
entidad que su prestación había sido liquidada con un ingreso base de liquidación
superior al que consideraba procedente.
55. En ese sentido, el pago en exceso obedeció a una actuación propia de la
administración en la determinación del monto pensional, sin que exista prueba que
permita atribuir al pensionado una conducta encaminada a obtener una prestación
superior de manera fraudulenta.
56. Así las cosas, aunque la nulidad parcial del acto administrativo genera la
obligación de ajustar la prestación pensional conforme a las régimen legal aplicable,
ello no implica que proceda la devolución de los valores recibidos durante el tiempo
en que el acto estuvo vigente, pues para ello se requiere desvirtuar la presunción de
buena fe que ampara la conducta del beneficiario.
57. En este orden, la Sala encuentra que Colpensiones no cumplió con la carga de
demostrar que el señor Manuel de Jesús Tapia Patiño actuó de mala fe o que obtuvo
el reconocimiento pensional mediante maniobras fraudulentas.
58. Por lo anterior, la sentencia apelada que accedió parcialmente a las
pretensiones de Colpensiones será confirmada, en cuanto negó la restitución de las
sumas pagadas al demandado, al permanecer incólume la presunción constitucional
de buena fe que ampara las actuaciones del pensionado.
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00084-01 (2008-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Manuel de Jesús Tapia Patiño
3.4.3. Conclusión
59. En atención a lo expuesto, la Sala considera que, aunque existieron pagos en
exceso derivados de la liquidación incorrecta de la prestación pensional, no es
procedente ordenar su devolución, toda vez que no se demostró que el señor Manuel
de Jesús Tapia Patiño hubiera actuado de mala fe o mediante engaño para obtener
dicho pago. Al contrario, se estableció que el pago en exceso derivó de una actuación
de la administración.
3.5. Costas
60. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario12 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
61. Como en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado que las partes hayan
incurrido en actuaciones de tal naturaleza, se abstendrá de imponer condena en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
12 12 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 52001-23-33-000-2021-00084-01 (2008-2024)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Manuel de Jesús Tapia Patiño
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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