Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2021-00181-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 52001-23-33-000-2021-00181-01 (0128-2024)
Demandante: Jaime Roberto Mena Rosero
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP-
Llamado en garantía: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Reliquidación pensional. Régimen pensional de la Rama
Judicial. Decreto 546 de 1971.
Decisión: Confirma la decisión que niega las pretensiones.
Condena en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide
el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la sentencia
del 21 de julio de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño1
negó las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2. El señor Jaime Roberto Mena Rosero, actuando por conducto de apoderado y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con el fin de que se acceda
a las siguientes declaraciones y condenas:
1 Con ponencia del magistrado Paulo León España Pantoja.
2 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo
«0001Demanda.pdf» y «0006CorrigeDemanda.pdf».
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Demandante: Jaime Roberto Mena Rosero
2.1.1. Pretensiones
• Declarar la nulidad de la Resolución RDP 002086 de 24 de enero de 2019
proferida por la UGPP, por la cual se le negó su solicitud de reliquidación de
la pensión de jubilación de acuerdo con el 75% de la asignación mensual
más elevada devengada durante el último año anterior al retiro definitivo del
servicio, con fundamento en el Decreto Ley 546 de 1971.
• Declarar la nulidad de la Resolución RDP 010061 de 26 de marzo de 2019
proferida por la UGPP, por la que la entidad resolvió el recurso de apelación
y confirmó la decisión inicial.
3. Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación de conformidad el 75% de la
asignación mensual más elevada devengada durante el último año anterior al retiro
definitivo del servicio, que ocurrió en diciembre de 2003, con una mesada pensional
de $3´635.270.
4. Adicionalmente solicitó ordenar que los valores reconocidos sean actualizados
en los términos del artículo 187 del CPACA, dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y condenar en costas a la
demandada.
2.1.2. Fundamentos fácticos
5. Como sustento de las pretensiones se enunciaron los siguientes hechos:
5. El demandante nació el 4 de julio de 1947, por lo que al 1.° de abril de 1994
contaba con 47 años de edad y laboró en la Rama Judicial desde el 1.° de marzo
de 1973 hasta el 4 de septiembre de 1977 y desde el 1.° de febrero de 1978 hasta
el 30 de junio de 2004.
6. La Caja Nacional de Previsión Social mediante Resolución 14514 de 5 de agosto
de 2003 le reconoció al demandante la pensión de jubilación en cuantía de
$1´217.367.11, condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio.
7. En cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero de Familia
del Circuito de Pasto, Cajanal a través de la Resolución 35167 del 28 de octubre
de 2005 le reliquidó la pensión de jubilación donde se pretendió acatar el artículo
6.° del Decreto 546 de 1971, para lo cual determinó el cálculo de la mesada
pensional con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el
último año de servicios comprendido entre el 30 de junio de 2003 y el 30 de junio
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2004, pero tomó factores salariales de 2003 y 2004, cuando la asignación mensual
más elevada correspondió al mes de diciembre de 2003, donde devengó, salario
básico, primas de navidad, de vacaciones, especial, y de antigüedad, vacaciones,
subsidio de alimentación, bonificación por servicios e incremento del 2.5%.
8. El demandante solicitó el 23 de noviembre de 2018 a la UGPP se diera
cumplimiento a la sentencia del Juzgado Tercero de Familia de Pasto y como
consecuencia de ello reliquidar su pensión de acuerdo con el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971.
9. La UGPP, mediante Resolución RDP 002086 del 24 de enero de 2019, negó su
solicitud con base en que en lo dispuesto por la sentencia C - 258 de 2013 es decir,
que la reliquidación pensional debía efectuarse con el promedio de lo devengado
en los últimos 10 años y con la inclusión de los factores salariales establecidos en
el Decreto 1158 de 1994.
10. Según certificado de salarios expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura del 25 de julio de
2018, el salario mensual más elevado devengado por mi representado en el último
año anterior al retiro definitivo del servicio, esto es 30 de junio de 2003 y el 30 de
junio de 2004, fue en el mes de diciembre de 2003, sin embargo, la entidad tomó
valores devengados en dos años.
11. El demandante interpuso recurso de apelación, contra la Resolución RDP
002086 del 15 de enero de 2018, que fue resuelto por la accionada mediante la
Resolución RDP 010061 del 26 de marzo de 2019, en la que confirmó en todas y
cada una de sus partes la Resolución anterior.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
12. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 1.°,
5.°, 11, 13, 16, 23, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; 6.° del Decreto Ley 546
de 1971 y 36 de la Ley 100 de 1993.
13. Al desarrollar el concepto de la violación, indicó que, la UGPP, al expedir los
actos demandados incurrió en desconocimiento de las normas en que debería
fundarse porque desconocieron los derechos adquiridos del demandante, dado
que el reconocimiento pensional se produjo mediante la Resolución 35167 del 21
de octubre de 2005, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado
Tercero de Familia de Pasto, que ordenó atender el régimen de transición, el
principio de favorabilidad y lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971.
14. Por tanto, el demandante había adquirido con anterioridad la condición de
pensionado, pues su pensión fue reconocida mediante la Resolución 14514 del 5
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de agosto de 2003, con efectos a partir del 1.° de agosto de 2002, fecha en la cual
consolidó su estatus pensional, es decir, 10 años antes de la expedición de la
Sentencia C-258 de 2013, por lo que ésta no es aplicable a su caso según la misma
Corte Constitucional, que en sentencia C-242 de 2009, precisó que los derechos
adquiridos son situaciones jurídicas consolidadas bajo una ley anterior, que no
pueden ser afectadas por disposiciones posteriores.
15. Indicó que el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que quienes contaran con
750 semanas cotizadas al 25 de julio de 2005 conservarían sus derechos si fueron
consolidados a más tardar el 31 de diciembre de 2014, condición que cumple el
demandante, pues para esa fecha contaba con más de 750 semanas cotizadas;
en consecuencia, la situación pensional se encuentra consolidada en cuanto a
edad, tiempo y monto, constituyendo un derecho adquirido o situación jurídica
concreta, no una mera expectativa.
16. En aplicación del principio de favorabilidad y de la inescindibilidad de la norma,
resulta obligatorio aplicar en su integridad el Decreto 546 de 1971, cuyo artículo
6.° establece que la pensión de los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público debe liquidarse con el 75% de la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio.
17. Citó el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, que excluye de su aplicación general
a quienes cuentan con régimen pensional especial, y el concepto 433 del 26 de
marzo de 1992, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, que reiteró que las pensiones regidas por estatutos especiales deben
liquidarse exclusivamente conforme a dichos regímenes, tomando como base la
remuneración total percibida, y no los aportes realizados.
18. Finalmente, señaló que desconoció el precedente del Consejo de Estado, y la
Circular No. 054 del 03 de noviembre de 2010 de la Procuraduría General de la
Nación, que coincide en que el Decreto 546 de 1971 debe aplicarse en su
integridad para la correcta liquidación de la mesada pensional de los funcionarios
amparados por dicho régimen especial.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La UGPP3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones para lo cual sostuvo
que la extinta CAJANAL dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado
Tercero de Familia del Circuito de Pasto el 3 de octubre de 2005, mediante la
reliquidación de la pensión del actor con base en la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6.° del Decreto 546 de 1971.
3 Ibidem. Archivo « 0026.ContestaciónDemandaUgpp.pdf».
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19. Señaló que se aplicó el 75% sobre el IBL, correspondiente al período
comprendido entre el 1.° de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004, incluyendo como
factores salariales la asignación básica, prima de navidad, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de antigüedad, prima
especial, incremento de salario y subsidio de alimentación, con fundamento en los
certificados de pagos y descuentos expedidos por la Dirección Seccional de la
Rama Judicial de Pasto.
20. Hizo un recuento del trámite administrativo surtido luego de lo cual precisó que
el actor es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y cumplió
los requisitos exigidos por dicha ley para acceder a la pensión de vejez, adquiriendo
el estatus jurídico de pensionado el 4 de julio de 2002, al completar 20 años de
servicio al Estado y contar con 55 años de edad, resultando aplicable el Decreto
546 de 1971.
21. Según lo manifestó, la entidad mediante la Resolución 14514 del 5 de agosto
de 2003, le reconoció la pensión de jubilación con el 75% del promedio de lo
devengado sobre el salario promedio de 8 años y 4 meses, de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la
Corte Constitucional, para el período comprendido entre el 1.° de abril de 1994 y el
30 de julio de 2002, por una cuantía de $1´217.367,11, con efectos a partir del 1.°
de agosto de 2002, condicionada al retiro definitivo del servicio oficial.
22. Así mismo al emitirse el fallo de tutela mencionado reliquidó la pensión con el
75% de la asignación mensual más elevada del último año laboral, conforme a los
Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, lo cual, a juicio de la UGPP, resulta contrario
a los parámetros legales y jurisprudenciales, en la medida en que desconoce lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
23. Concluyó la entidad demandada que al señor Mena Rosero le es aplicable el
Decreto 546 de 1971 únicamente en lo relativo a la edad, el tiempo de servicio y el
monto de la prestación, pero que para efectos de los factores salariales debe
aplicarse el Decreto 1158 de 1994, puesto que el actor adquirió su estatus de
pensionado el 4 de julio de 2002, en vigencia de la Ley 100 de 1993, y no resulta
procedente liquidar su pensión de vejez con el promedio de los salarios devengados
durante el último año de servicios.
24. Finalmente, la UGPP invocó la aplicación de las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018 de la Corte
Constitucional, y propuso como excepciones «la inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido» y «prescripción».
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2.2.2. La Nación – Rama Judicial4, presentó contestación como llamada en
garantía, a través de apoderado judicial donde indicó que se oponía a su
vinculación dentro del presente proceso, esto en virtud de lo establecido en el
artículo 40 del Decreto 2106 de 2019, por el cual se adicionó el artículo 17 de la
Ley 100 de 1993 y según el cual la UGPP y Colpensiones suprimirán los trámites y
procedimientos de cobro de las deudas a cargo de las entidades públicas del orden
nacional que formen parte del Presupuesto General de la Nación, obligadas a pagar
aportes patronales al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, originadas en
reliquidaciones y ajustes pensionales derivados de fallos ejecutoriados, que hayan
ordenado la inclusión de factores salariales no contemplados en el ingreso base de
cotización previsto en la normatividad vigente al momento del reconocimiento de la
pensión. De acuerdo con ello en este caso no se dan los presupuestos para el
llamamiento en garantía a voces de la Ley 678 de 2001 modificada por el artículo
44 de la Ley 2591 de 2022.
25. Propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva De Administración Judicial», «falta de
legitimación material en la causa por pasiva», « inexistencia de acción u omisión
causante del daño como presupuestos sustantivos para que prospere el
llamamiento en garantía por el cual se vincula a la Nación - Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial» y «cobro de lo no debido por
supresión de cobros entre entidades que hacen parte del presupuesto general de
la Nación».
2.3. Sentencia de primera instancia5
26. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el 21 de julio
de 2023 negó las pretensiones de la demanda formulada por el señor Mena Rosero
e impuso condena en costas.
27. Para tal efecto se refirió en extenso a las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de
abril 29 de 2015, SU-427 del 11 de agosto de 2016, C-078 de 2017, SU- 210 de
2017, SU- 395 de 22 de junio de 2017, la sentencia SU-023 de 2018, T-039 de 2018
y la sentencia del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, Rad. 52001-23-33-
000-2012-00143-019 y, en especial, la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-
20 de 11 de junio de 2020, a partir de las cuales estimó que, como el actor
beneficiario del régimen especial de la Rama Judicial, por vía de transición deben
aplicarse las previsiones de la Ley 100 de 1993, en materia de IBL.
28. De acuerdo con ello estimó que el demandante estaba amparado por el régimen
de transición y pertenecía al régimen especial de la Rama Judicial, lo que le
4
Ibidem. «0038ContestaciónLlamamientoEnGarantía -EnTérmino.pdf».
5 Ibidem. Archivo «06. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 13 NOV 2020.pdf».
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garantizaba conservar ciertos elementos del régimen anterior. No obstante, precisó
que la transición sólo protege tres aspectos específicos: la edad para pensionarse,
el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo (el porcentaje, que en este caso es
del 75 %). El ingreso base de liquidación —IBL— no forma parte de esos elementos
protegidos.
29. Al analizar el caso concreto, el Tribunal constató que la UGPP había actuado
conforme a estas reglas al negar la reliquidación solicitada. Esto dado que la parte
actora al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicios tenía derecho a una
pensión igual al 75% del promedio de lo devengado durante los últimos diez años
de servicios, todo el tiempo de servicio o el que le hiciera falta y sobre los factores
salariales que se hubieren percibido y sobre los cuales hubiere efectuado aportes
(previstos especialmente en las normas reglamentarias de la Ley 100 de 1993). En
consecuencia, concluyó que no era posible ordenar la reliquidación de la pensión
con base en la asignación mensual más elevada del último año de servicio ni
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.
30. Aclaró que, pese a que conocía de la existencia de la Resolución 35167 del 28
de octubre de 2005, expedida por la extinta CAJANAL, por medio de la cual se dio
cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Tercero de Familia
del Circuito de Pasto de 3 de octubre de 2005, lo cierto es que no tiene competencia
para hacer ningún pronunciamiento respecto del mismo, en tanto que no fue un
acto administrativo demandado en nulidad.
31. Además, también tenía conocimiento de la existencia del proceso tramitado
ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, radicado
520013333008-2019-000140-00, dentro del cual la UGPP demandó al señor Jaime
Roberto Mena Rosero, con el que se solicita la declaratoria de nulidad de la
Resolución 35167 del 28 de octubre de 2005, antes aludido, entre otras
pretensiones. Será aquella instancia entonces la que resuelva sobre la legalidad de
dicho acto administrativo, pero ello no era objeto de conocimiento de este proceso.
32. Igualmente determinó que no había lugar a declarar responsabilidad alguna de
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, llamada
en garantía dentro del proceso.
33. Finalmente, al tratarse de una decisión desfavorable para el demandante, el
Tribunal impuso la condena en costas en su contra.
2.5. El recurso de apelación
34. El apoderado del demandante presentó recurso de apelación, donde solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones
de la demanda.
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35. Al efecto, insistió en su argumento de la demanda consistente en que el
demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 ibidem y el cumplimiento
de 29 años de servicios en la Rama Judicial y en vista de que le fue negada la
reliquidación pensional con base en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971
interpuso acción de tutela, proceso en el que se le ordenó a la UGPP reliquidar la
pensión de jubilación del señor Mena Rosero con base en lo dispuesto en el Decreto
546 de 1971.
36. En virtud de lo anterior mediante Resolución 35167 de 21 de octubre de 2005
la entidad reliquidó la pensión «supuestamente con base en lo reglamentado en el
art. 6.° del Decreto 546 de 1971» sin embargo aplicó el último año de servicios
(2004) y no con el 75% de la asignación más alta devengada en el último año de
prestación de servicios, como lo ordena el artículo 6.° y que en este caso es el mes
de diciembre de 2003.
37. En vista de ello, el 23 de noviembre de 2018 solicitó a la entidad dar cabal
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela, petición que fue denegada
por la entidad.
Según lo indicó el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia recurrida, hizo
un extenso recorrido normativo y jurisprudencial, frente a la reliquidación de las
pensiones de los empleados del régimen especial, siendo que ese es un asunto
que no se debate, dado que lo que pretende es que la UGPP le dé cabal
cumplimiento al fallo de tutela del Juzgado Tercero de Familia de Pasto.
Además, el Tribunal estimó que la UGPP sí dio cumplimiento a la orden impartida
por el Juez de tutela, cuando lo demostrado es todo lo contrario, ya que la entidad
reliquidó la pensión con el 75% del promedio de lo devengado el último año anterior
al retiro definitivo del servicio, cuando el fallo de tutela ordenó reliquidar la misma
con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada el último año anterior
al retiro definitivo, el cual correspondió al mes de diciembre de 2003.
38. El Tribunal en una de sus conclusiones manifestó acoger el último criterio de
unificación del Consejo de Estado de 11 de junio de 2020, sin embargo, esa
providencia no se aplica en los casos en que exista sentencia ejecutoriada, como
ocurre en este caso en que la sentencia proferida por el Juzgado en sede de tutela
se encuentra ejecutoriada y en firme.
39. Además, el Tribunal consideró que las pretensiones de nulidad se dirigían
respecto de los actos administrativos que negaron la reliquidación de la pensión
aplicando el 75% de la asignación mensual más alta devengada durante el último
año anterior al retiro definitivo del servicio con fundamento en el Decreto Ley 546
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de 1971 por lo que la discusión gira en torno al cálculo del IBL de la mesada
pensional del accionante.
40. Aclaró el apoderado que «[…] no pretendo que se reliquide su pensión, la
pensión ya se ordenó reliquidarla por el A quo, lo que pretendo es que se le ordene
a la UGP (sic), DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA PROFERIDO
POR EL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE PASTO DEL 03
DE Octubre de 2005.» y que se ordene a la entidad «[…] corregir el error que
cometió al desacatar la orden impartida en el fallo de tutela de reliquidar la pensión
reconocer de mi representado con base en el artículo 6° del Decreto Ley 546 de
1971, calculando la mesada por un valor deferente al que legalmente le
corresponde y hacerlo, con el 75% del promedio de la asignación mensual más
elevada devengada durante él último año anterior al retiro definitivo del servicio,
que para el presente caso correspondió al mes de diciembre de 2003.»
2.6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.
2.6.1. En esta oportunidad el apoderado de la UGPP6 presentó alegaciones en las
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia con base en que en este
caso al demandante se le debe liquidar la pensión con base en lo establecido por
el Consejo de Estado en sentencia CE-SUJ-S2-021-20 de junio 11 de 2020, por lo
que no hay lugar a reliquidar la pensión con la asignación más alta devengada en
el último año de servicios como lo solicita la demanda.
2.6.2. La parte demandante y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
41. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
42. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3288 del Código General del
6 Índice 10.Segunda instancia.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
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Demandante: Jaime Roberto Mena Rosero
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
43. En el presente caso, el demandante es apelante único, razón por la cual la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo
del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.
3.2. Problemas jurídicos
44. Corresponde a la Sala de Subsección determinar si es ¿procedente a través de
este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho obtener el cumplimiento del
fallo de tutela emitido el 3 de octubre de 2005 por el Juzgado Tercero de Familia
del Circuito de Pasto dentro del proceso 2005-0418?
45. ¿En este caso ocurrió el fenómeno de la cosa juzgada frente a la reliquidación
pensional del demandante en virtud de la sentencia de tutela proferida el 3 de
octubre de 2005 por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pasto dentro del
proceso 2005-0418?
46. De ser negativa la respuesta frente al anterior interrogante deberá verificarse si
¿el actor tiene derecho a que se le reliquide la pensión de jubilación con el 75% de
la asignación mensual más elevada devengada el último año anterior al retiro
definitivo?
3.3. Fondo del asunto.
3.3.1. Primer problema jurídico. ¿Es procedente a través de este proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho obtener el cumplimiento del fallo de
tutela emitido el 3 de octubre de 2005 por el Juzgado Tercero de Familia del
Circuito de Pasto dentro del proceso 2005-0418?
47. Como ya se indicó, en la apelación el apoderado del señor Mena Rosero señaló
que su pretensión consistía en que se le ordenara a la UGPP dar cumplimiento a
la orden impartida en el fallo de tutela de 3 de octubre de 2005 por el Juzgado
Tercero de Familia del Circuito de Pasto dentro del proceso 2005-0418, es decir la
reliquidación pensional con base en el artículo 6° del Decreto Ley 546 de 1971,
«calculando la mesada por un valor deferente al que legalmente le corresponde y
hacerlo, con el 75% del promedio de la asignación mensual más elevada
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
10
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devengada durante él último año anterior al retiro definitivo del servicio, que para el
presente caso correspondió al mes de diciembre de 2003.»
48. En efecto, constatado el expediente administrativo aportado9 se advierte que el
Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pasto profirió sentencia dentro del
proceso 2005-0418 en la que ordenó:
«1) CONCEDER la tutela de los derechos constitucionales fundamentales De
Petición, a la Seguridad Social, al Debido Proceso Administrativo y al Mínimo Vital
de JAVIER R. MENA ROSERO, de notas civiles y personales conocidas.
2) En consecuencia, ORDENAR a la Subdirección General de Prestaciones
Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL, con sede en
Bogotá, que dentro del perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de
la notificación de esta providencia, resuelva, si es que aún no la ha hecho, la
solicitud elevada el día 04 de octubre de 2004. Mediante dicho acto se deberá
reliquidar la pensión de vejez reclamada en su valor completo, teniendo en cuente
lo Indicado en la parte motiva del presente fallo, en especial que el peticionario
queda amparado por el régimen de transición, el principio de favorabilidad y lo
dispuesto por el Decreto 546 de 1971. »
49. De igual manera se allegó copia de la Resolución 35167 de 21 de octubre de
2005 en la que la UGPP señaló dar cumplimiento a la sentencia de tutela en
mención, en los siguientes términos:
50. Ahora bien, como lo indicó el mismo apelante, en esencia su pretensión se
orienta a obtener el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 3 de octubre de
2005 dado que, alega, la liquidación que contiene la Resolución 35167 de 21 de
9
Expediente digitalizado sistema SAMAI. P rimera instancia. Archivo
«0032ExpedienteAdministrativo -5248690 UNIFICADO (1).pdf ». Folios 74 y s.s.
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octubre de 2005 no se ajusta a los parámetros dados por la autoridad judicial y el
mismo Decreto 546 de 1971.
51. No obstante, esta Sala considera que dicha solicitud resulta improcedente por
la vía propuesta, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de tutela cuenta
con un trámite especial, autónomo y excluyente, previsto expresamente en el
artículo 2710 del Decreto 2591 de 1991.
52. En efecto, conforme a la norma citada, corresponde al juez de conocimiento de
la acción de tutela desplegar todas las actuaciones necesarias para lograr que la
orden de amparo produzca un efecto real y útil, especialmente cuando se trata de
la protección de derechos fundamentales, cuya observancia es inmediata y
prevalente. En ese sentido, el legislador estableció un mecanismo específico para
asegurar el cumplimiento de los fallos de tutela, el cual no puede ser sustituido ni
desplazado por otros medios judiciales, como el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
53. Así las cosas, corresponde al demandante acudir ante el Juzgado Tercero de
Familia del Circuito de Pasto, que como juez constitucional de primera instancia, le
corresponde no solo adelantar el trámite de desacato cuando se constate el
incumplimiento de la orden impartida, sino también emitir las órdenes necesarias
para lograr el cumplimiento del fallo, en ejercicio de las amplias facultades de
coerción y seguimiento que le reconoce el ordenamiento jurídico.
54. En consecuencia, la Sala advierte al demandante que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho no es la vía idónea ni procedente para
obtener el cumplimiento de una sentencia de tutela, dado que dicho objetivo debe
perseguirse exclusivamente a través del mecanismo previsto en el artículo 27 del
Decreto 2591 de 1991, ante el juez que profirió la decisión.
3.3.2. Segundo problema jurídico. ¿En este caso ocurrió el fenómeno de la
cosa juzgada frente a la reliquidación pensional del demandante en virtud de
10«Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la
autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al
superior del responsable y le req uerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y
ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido
conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al
superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y
mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o
eliminadas las causas de la amenaza.»
12
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la sentencia de tutela proferida el 3 de octubre de 2005 por el Juzgado Tercero
de Familia del Circuito de Pasto dentro del proceso 2005-0418?
55. En su escrito de apelación, el apoderado del demandante señaló que ocurrió el
fenómeno de la cosa juzgada frente a la reliquidación pensional del demandante a
la luz de lo establecido en el Decreto 546 de 1971 dado que en sentencia de 3 de
octubre de 2005 el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pasto dentro del
proceso 2005-0418 decidió de fondo del asunto, donde dío las pautas como debe
liquidarse la pensión del señor Mena Rosero, por lo que no es viable que se le
aplique al caso la sentencia de unificación de CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de
2020.
56. Al respecto estima la Sala que no le asiste razón al demandante por lo siguiente:
57.De acuerdo con lo señalado por el artículo 303 del Código General del Proceso
«la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes».
58. Como se advierte el fenómeno de la cosa juzgada confiere estabilidad, firmeza
y certeza a las decisiones judiciales, evitando que el mismo asunto pueda ser
debatido indefinidamente ante la jurisdicción.
59. En materia de acciones de tutela, la Corte Constitucional ha señalado que
«decidido un caso por la Corte Constitucional11 o terminado el proceso de selección
para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un
proceso de tutela para revisión, opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional».
60. Sin embargo, esta Corporación12 ha señalado que la cosa juzgada
constitucional o inmutabilidad del fallo de tutela «se predica respecto de los
derechos constitucionales fundamentales amparados por la autoridad judicial», lo
que implica que esta figura no cobija la legalidad de los actos administrativos
expedidos en virtud de este mecanismo de defensa, pues precisamente existe un
ordenamiento especial que otorga a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
la facultad de juzgarlos.
61. Lo contrario sería como desconocer la competencia otorgada tanto por el
legislador como por la Carta Política (artículos 236 a 238) a los jueces de lo
contencioso administrativo, para que a través de los medios de control previstos en
11 C o r t e
Constitucional, Sentencia SU -1219 de 2001
12
Consejo de Estado, Se cción Segunda Expediente 2400 -14 Consejero ponente:
Carmelo Perdomo Cuéter
13
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los artículos 135 y siguientes del CPACA decidan acerca de la legalidad de los
diferentes actos que expide la Administración, incluidos, por supuesto, los que
profiera en cumplimiento de una orden constitucional de tutela.
62. De acuerdo con lo expuesto es evidente que en este caso la cosa juzgada se
predica del amparo sobre los derechos al «debido proceso administrativo y al
Mínimo Vital» concedido por el Juzgado Tercero de Familia de Pasto, mas no de la
situación pensional del señor Mena Rosero comoquiera que hasta el mismo acto
administrativo con el cual la entidad señaló que daba cumplimiento a la orden
judicial, Resolución 35167 de 21 de octubre de 2005, puede analizarse
judicialmente, por lo que la administración judicial puede válidamente pronunciarse
en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sobre la
pretensión de reliquidación de la pensión con base en el Decreto 546 de 1971.
63. Sobre este aspecto, es preciso señalar que en el expediente administrativo
aportado por la entidad aparece copia de la Resolución RDP 006700 de 15 de
marzo de 2021 a través de la cual se da cumplimiento a proveído de 1.° de marzo
de 202113 dictado por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, que ordenó la
suspensión provisional de la Resolución 35167 de 21 de octubre de 2005. Veamos:
«[….] ARTICULO PRIMERO: En cumplimiento a una orden judicial proferida por el
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, el 01 de Marzo
de 2021, ordenar la suspensión provisional de los efectos jurídicos, de la Resolución
No 35167 del 21 de Octubre de 2005, por medio de la cual se reliquidó la Pensión de
Vejez, al señor MENA ROSERO JAIME ROBERTO, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Nomina de la UGPP que de
manera inmediata, la Resolución No. 35167 del 21 de Octubre de 2005, que ordenó la
reliquidación de la pensión de vejez, sea EXCLUIDA de manera provisional de la
nómina de pensionados, de conformidad con la orden judicial objeto de cumplimiento.
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del artículo anterior INCORPORAR en
nómina de pensionados al señor MENA ROSERO JAIME ROBERTO, ya identificado,
con el valor actualizado de la mesada reconocida en la Resolución No Resolución No
14514 del 05 de Agosto de 2003.»
3.3.3. Tercer problema jurídico. ¿El actor tiene derecho a que se le reliquide
la pensión de jubilación con el 75% de la asignación mensual más elevada
devengada el último año anterior al retiro definitivo?
64. Es menester indicar que la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia
SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 202014, estableció, la necesidad de unificar
jurisprudencia toda vez que tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de
13 F o l i o s
254 y s.s. Ibidem.
14
Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001
(4083-2017).
14
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Estado existían diversas posiciones frente al régimen pensional de los servidores
de la Rama Judicial y el Ministerio Público y su relación con la Ley 100 de 1993.
65. En efecto, en la citada providencia SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la
Sección Segunda de esta Corporación unificó su postura en torno a establecer el
ingreso base de liquidación (periodo de liquidación y factores a incluir) de las
pensiones de los servidores y ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio
Público regulados por el Decreto 546 de 1971, que causaron su derecho en virtud
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
66. Para tal efecto, la Corporación explicó que al reunirse las condiciones
establecidas en el régimen de transición del sistema de seguridad social para la
fecha en la cual inició la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de abril de
1994 en el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial,
correspondientes a tener cumplidos 35 o más años de edad en el caso de las
mujeres, 40 o más años de edad en el de los hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, se adquiere el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión al
amparo del régimen anterior bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso
de los que fueron funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público corresponde al consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971.
67. Recordó la Corporación que este Decreto a su vez exige, para tener derecho al
reconocimiento de la pensión a su amparo, el cumplimiento de 50 años edad si se
trata de mujer, o 55 años para el caso del hombre y el tiempo de 20 años de
servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho
decreto15, de los cuales, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la
Rama Judicial o al Ministerio Público, o a ambas actividades.
68. Por tanto, se estableció que cuando se es beneficiario del régimen de transición
por edad o por tiempo de servicios reunidos para la fecha de vigencia de la Ley 100
de 1993, que permite la aplicación del régimen anterior, y, a su vez, se adquirió el
estatus pensional con el cumplimiento de los requisitos de la edad y el tiempo de
servicios de ese régimen anterior, contemplado por el Decreto 546 de 1971 en el
artículo 6.º, ello implica que la pensión se debe reconocer al funcionario o empleado
de la Rama Judicial y del Ministerio Público, con una tasa de reemplazo del 75% y
en lo referente al ingreso base de liquidación, no se liquida con el del régimen
anterior, es decir, con la asignación más alta devengada el último año dedicado a
la actividad judicial, como reza en el artículo 6.º16 en mención, pues el que se debe
15 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación
en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971, por lo que su
vigencia corresponde al 16 de julio de 1971.
16 Artículo 6. «Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55
años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
15
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aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 y en el inciso 3.º
de su artículo 36.
69. Con fundamento en lo anterior explicó la Corporación que según el artículo 2117
el ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esa ley, corresponde al
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE y que el inciso 3.º de su artículo 3618 dispone que el ingreso
base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
70. Y específicamente en cuanto a los factores de liquidación la decisión de
unificación determinó que se debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de
1994, es decir: la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima
técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical
o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado
en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados.
71. Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:
(a) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de
1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.
(b) La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para
los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del
equivalente al 75% de la asignación mensual mas elevada que hubiere devengado en el último año de servicio
en las actividades citadas» (Resalta la Sala).
17 Artículo 21. «INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso
de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
18 Artículo 3 inciso 3. «El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE».
16
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Ministerio Público ante magistrados de tribunales.
(c) La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006.
(d) La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008
para los jueces y procuradores judiciales 1.
(e) La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los
servidores de la Rama Judicial.
72. Lo anterior, toda vez que, las normas señaladas establecieron que constituyen
factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado
los aportes correspondientes.
73. De ahí que la providencia en cita consideró que prestaciones tales como las
primas de vacaciones, de servicios y de navidad no deben ser incluidas en la
liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor salarial.
3.3.2. Lo acreditado en el proceso
74. En este caso, no se encuentra en discusión que el señor Jaime Roberto Mena
Rosero se encontraba amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de
1993, artículo 36, por cuanto:
▪ De la copia de su cédula de ciudadanía aportada al proceso indica que nació
el 4 de julio de 194719, por lo que al 1.° de abril de 1994 contaba con 47 años
de edad.
▪ De conformidad con la certificación allegada a folio 60 ibidem, expedida por
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto de 8 de
septiembre de 2004, el 1.° de marzo de 1973 hasta el 4 de septiembre de
1977 y desde el 1.° de febrero de 1978 hasta el 30 de junio de 2004.
▪ A folio 64 ibidem obra certificación expedida por la Dirección Seccional de
Administración Judicial donde señala que recibió en el último año de
prestación de servicios:
19 Expediente digitalizado sistema SAMAI. Primera instancia. Archivo
« 0 0 3 2 E x p e d i e n t e A d m i n i s t r a t i v o - 5 2 4 8 6 9 0 U N I F I C A D O ( 1 ) . p d f » . Folio 286 del archivo PDF.
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▪ Se allegó certificación20 de la coordinadora del Área de Talento Humano de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Atlántico en
la que se señaló que el señor Mena Rosero prestó sus servicios en la Rama
Judicial hasta el 30 de abril de 2015.
▪ Así mismo se reportaron los factores percibidos en el último año de
prestación de servicios ( junio de 2003 a junio de 2004) folios 65 y s.s.
ibidem). Estos son : salario básico, primas de navidad, de vacaciones,
especial, y de antigüedad, vacaciones, subsidio de alimentación,
bonificación por servicios e incremento del 2.5%.
▪ Mediante la Resolución Resolución 14514 del 5 de agosto de 2003,
CAJANAL le reconoció una pensión de jubilación el 75% del promedio de lo
devengado sobre el salario promedio de 8 años, 4 meses, conforme a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en sentencia 168 del
20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 1.° de abril de 1994
y el 30 de julio de 2002, en cuantía de $ 1´217.367.11 efectiva a partir del 1.°
de agosto de 2002, condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio
oficial. Esto con la inclusión de la asignación básica, incremento por
antigüedad y bonificación por servicios prestados. Folio 48 y ss ibidem)
▪ Por la Resolución 35167 del 28 de octubre de 2005, CAJANAL dio
cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Tercero de
Familia del Circuito de Pasto de 3 de octubre de 2005, y en consecuencia
20 Ibidem. Archivo «04. ACTAA.I.-PRUEBAS.pd». Folio 15 del documento pdf.
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reliquidó la pensión de jubilación del demandante, con el 75% de la
asignación más elevada devengada en el último año de servicio, con base
en el Decreto 546 de 1971, en cuantía de $1´991.227,37 m/cte., efectiva a
partir del 1.° de julio de 2004. Los factores que tuvo en cuenta fueron
asignación básica, prima de navidad, bonificación servicios prestados, prima
de servicios, prima de vacaciones, prima de antigüedad, prima especial,
incremento de salario, subsidio de alimentación.
▪ A través de los actos demandados Resolución RDP 002086 del 24 de enero
de 2019, confirmada por la Resolución RDP 010061 del 26 de marzo de
2019, la UGPP le negó al demandante la solicitud de reliquidación pensional
con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada durante el
último año anterior al retiro definitivo del servicio, con fundamento en el
Decreto Ley 546 de 1971. ( folios 130 y s.s. ibidem).
75. Como ya se indicó, es evidente que la accionante se encontraba amparado por
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que a la entrada en vigencia
de la norma acreditaba 47 años de edad. Además, ingresó a la Rama Judicial antes
de la entrada en vigor de la norma y laboró allí por más de 20 años de servicios.
76. Empero le asistió razón al Tribunal cuando negó las pretensiones formuladas
en la demanda que se propusieron a la luz de lo establecido por el artículo 6.° del
Decreto 546 de 1971 y a la anterior concepción de la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 a los funcionarios que acreditaron los requisitos
exigidos en el citado decreto, donde se reconocía la pensión con el 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio, empero, lo que se advierte de los antecedentes de esta providencia, es
que la sentencia apelada acató la postura unificadora de la Sección Segunda de
esta Corporación de 11 de junio de 2020, radicado 15001 23 33 000 2016 00630
01 (4083-2017), donde incluso no se atiende de todos los factores devengados ni
al último año de servicio como lo solicitó la accionante, siendo evidente que no se
rebasó el marco de las pretensiones de la demanda.
77. Ahora bien, es menester recordar al apelante que, en la citada sentencia de
unificación, se determinó que las consideraciones allí expuestas tenían aplicación
retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada era vinculante en los siguientes
casos:
(i) Respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando
en el seno de la administración;
(ii) Respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
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Radicado: 52001-23-33-000-2021-00181-01 (0128-2024)
Demandante: Jaime Roberto Mena Rosero
78. En esa medida, como en el sub lite se solicitó la reliquidación de la pensión con
base en lo dispuesto por el Decreto 546 de 1971 con el 75% de la asignación
mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, en virtud
de la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era imperante
que el Tribunal Administrativo de Nariño aplicara las pautas allí impartidas, que
diferente a las solicitudes del actor, como en efecto lo hizo, al negar las
pretensiones de la demanda, aunado a que en ese momento disfrutaba de la
liquidación establecida en la Resolución 35167 del 28 de octubre de 2005,
CAJANAL dio cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por el Juzgado
Tercero de Familia del Circuito de Pasto de 3 de octubre de 2005.
79. En esa medida, dado que la sentencia del 21 de julio de 2023 dictada por el
Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda, en
acatamiento de las pautas de la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020
será confirmada en sus precisos términos.
3.5. Condena en costas.
80. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
81. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
82. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
83. En consecuencia, se impondrán costas de esta instancia al apelante por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
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84. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de julio de 2023, por medio
la cual el Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda
instaurada por el señor Jaime Roberto Mena Rosero en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por las razones expresadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO.- CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la
plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código General
del Proceso.
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