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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2021-00207-01

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2021-00207-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE REVOCAR la sentencia del 1º de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y, en su lugar, disponer: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 0437 del 30 de marzo de 2021, mediante la cual el Departamento de Nariño adjudicó la Licitación Pública No. 001 de 2021 a Productos La Villa S.A.S. SEGUNDO: DECLARAR de oficio la nulidad absoluta del contrato No. GN01050- 2021 del 30 de abril de 2021 celebrado entre el departamento de Nariño y Productos La Villa S.A.S., sin lugar a restituciones mutuas. TERCERO: SIN condena en costas. CUARTO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2021-00207-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

19 de agosto de 2026

Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD SIMPLE – ACTO DE ADJUDICACIÓN
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00207-01 (72107)
Demandante: FRANCISCO JAVIER FAJARDO ANGARITA
Demandado: DEPARTAMENTO DE NARIÑO

TEMAS: NULIDAD SIMPLE – A través de este medio de control es procedente cuestionar la validez
de actos administrativos de contenido particular, cuando con la demanda no se persiga o de la
eventual sentencia anulatoria no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo
a favor del demandante o de un tercero. TEORÍA DE LOS MÓVILES Y FINALIDADES – Fue recogida
por el legislador en el artículo 137 del CPACA – La escogencia del medio de control de nulidad simple
o nulidad y restablecimiento del derecho no depende exclusivamente de si el acto administrativo que
se demanda es de contenido general o particular, sino de lo pretendido con la demanda y los efectos
de la eventual sentencia anulatoria. SUBSANABILIDAD DE LA OFERTA – Desarrollo normativo –
En virtud del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 se pueden subsanar requisitos que no influyan en la
comparación de las ofertas. ALCANCE DE LA SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS – Lo
subsanable es la prueba del requisito no necesario para la comparación de las propuestas, pero no
el requisito en sí mismo – Dentro del término de traslado del informe de evaluación los oferentes no
pueden completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, de conformidad con lo establecido
en el numeral 8º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 – Los documentos aportados en la etapa de
subsanación deben dar cuenta de que los proponentes cumplían con el requisito con anterioridad al
cierre del proceso. NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO – Causal 4ª del artículo 44 de la Ley 80
de 1993 – Cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenta.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 1º de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño – Sala Segunda de Decisión, que declaró probadas las excepciones
formuladas por la parte demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de
la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El departamento de Nariño adelantó la Licitación Pública No. 001 de 2021, con el
fin de contratar la prestación del servicio para la implementación del Programa de
Alimentación Escolar (PAE) en los 57 municipios no certificados del Departamento,
conforme a los lineamientos técnicos-administrativos, estándares y condiciones
mínimas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y/o por la Unidad
Administrativa Especial para la Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

Mediante Resolución No. 0437 del 30 de marzo de 2021, el departamento de Nariño
adjudicó la licitación a Productos La Villa S.A.S., único proponente que concurrió al
proceso de selección. En consecuencia, el 30 de abril de 2021, el Departamento y
la aludida sociedad comercial celebraron el respectivo contrato.

En su demanda, la parte actora sostiene que la entidad contratante debió rechazar
la oferta de Productos La Villa S.A.S., entre otras razones, porque su propuesta
inicial no cumplía con las condiciones mínimas exigidas en el pliego de condiciones
y, a través de la figura de la subsanación, se le permitió mejorar y completar el
ofrecimiento. En consecuencia, pretende que se declare la nulidad de la Resolución
No. 0437 del 30 de marzo de 2021, por medio de la cual se adjudicó la Licitación
Pública No. 001 de 2021 a Productos La Villa S.A.S.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 31 de mayo de 20211, el señor Francisco Javier Fajardo Angarita, en ejercicio
del medio de control de nulidad simple, presentó demanda en contra del
departamento de Nariño.

1.2. En su demanda, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones y
solicitudes especiales (se transcriben de forma literal, incluso con posibles errores):

“Se declare la nulidad del acto administrativo -Resolución No. 0437 de 30 de marzo
de 2021- por medio del cual se adjudicó el contrato resultado del proceso de licitación
pública No. 001 - 2021 al oferente PRODUCTOS LA VILLA S.A.S., cuyo objeto es la
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS 57 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO DE NARINO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS EXPEDIDAS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALIMENTOS PARA APRENDER”:

Se declare la nulidad del acto administrativo -Resolución No. 0632 de 23 de abril de
2021- "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE
REVOCATORIA DIRECTA CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 0437-2021 DEL 30 DE
MARZO DE 2021, POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA ADJUDICACIÓN DEL
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001 DE 2021” rectificada y aclarada por la
Resolución No. 637 de 26 de abril de 2021.

(…)

XI. SOLICITUD ESPECIAL

Con fundamento en los vicios alegados, se solicita a el H. Tribunal Administrativo de
Nariño, declarar la nulidad del contrato que deberá suscribirse entre el

1 Índice 1 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

DEPARTAMENTO DE NARIÑO y PRODUCTOS LA VILLA S.A.S, identificada con
NIT 901215855-2, persona jurídica que resultó adjudicataria dentro del proceso
licitatorio No. LP 001 de 2021.

Lo anterior en virtud a la facultad oficiosa del Juzgador, de conformidad a lo prescrito
por el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, como situación jurídica subsecuente a la
configuración del numeral cuarto del artículo 44 de la misma norma” (mayúsculas y
negrillas sostenidas propias del texto transcrito).

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante narró
los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Indicó que mediante Resolución No. 268 del 19 de febrero de 2021, el
departamento de Nariño dio apertura a la Licitación Pública No. 001 de 2021, la cual
tenía por objeto contratar la prestación del servicio para la implementación del
programa de alimentación escolar en los 57 municipios no certificados del ente
territorial, conforme a los lineamientos técnicos administrativos, estándares y
condiciones mínimas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y/o Unidad
Administrativa Especial para la Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender.

1.3.2. Precisó que, mediante las Adendas No. 1 y 2 del 22 y 24 de febrero de 2021,
respectivamente, se modificó el cronograma previsto para el proceso de selección.

1.3.3. Señaló que al proceso licitatorio únicamente se presentó el proponente
Productos La Villa S.A.S.

1.3.4. Agregó que, mediante Acta No. 005-2021 del 9 de marzo de 2021, el Comité
Asesor evaluó la propuesta presentada de la siguiente manera:

Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Experiencia Equipo de Verificación
jurídica técnica financiera trabajo
PRODUCTOS HABILITADO NO HABILITADO NO NO NO
LA VILLA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

1.3.5. Sostuvo que, en atención a lo anterior, el oferente subsanó aspectos que no
fueron presentados con su oferta inicial y que, como consecuencia de dicha
subsanación, fue calificado como habilitado en la totalidad de los requisitos
habilitantes. Añadió que solo hasta el 30 de marzo de 2021 se publicó en la
plataforma SECOP II el informe de evaluación final que estableció que el único
proponente se encontraba habilitado.

1.3.6. Puntualizó que cursaba una denuncia penal contra los integrantes de
Productos La Villa S.A.S., por la presunta consignación de información falsa en el

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

Registro Único de Proponentes – RUP, así como por posibles irregularidades en el
trámite mediante el cual obtuvo dicho registro.

1.3.7. Expuso que, el 30 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia de
adjudicación, en la cual el Secretario de Educación Departamental precisó que la
participación sería exclusiva del oferente -a través de su apoderado- y negó la
intervención de terceros (veedurías, ciudadanos y abogados de los ciudadanos), a
quienes únicamente se les reconocería la calidad de asistentes, en los términos del
artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, y de lo dispuesto en el numeral
6.13. del pliego de condiciones.

1.3.8. Manifestó que, en el marco de dicha audiencia, el Comité Asesor dejó
constancia de que no se presentaron observaciones frente al informe de evaluación
definitivo, razón por la cual recomendó adjudicar el proceso de selección al único
proponente.

1.3.9. Precisó que, en el curso de la diligencia, el señor Luis Hernando Caicedo
Dávila informó haber radicado ante la entidad una tacha de falsedad respecto de un
documento aportado por el proponente en la etapa de subsanación; por su parte, la
señora Paola Andrea Oviedo Bravo manifestó haber presentado una observación,
acompañada de la constancia de radicación de una denuncia penal en contra de los
miembros de dicha sociedad, y solicitó la suspensión de la audiencia a efectos de
que tales circunstancias fueran examinadas con mayor detenimiento.

1.3.10. Indicó que la audiencia fue suspendida y que, una vez reanudada, el
departamento de Nariño, por conducto del Secretario de Educación y con la
concurrencia del Comité Asesor, decidió no analizar, tramitar ni dar respuesta a las
solicitudes formuladas antes y durante el desarrollo de la audiencia. Agregó que tal
actuación dio lugar a la interposición de una queja disciplinaria ante la Procuraduría
Regional de Nariño en contra de los servidores públicos involucrados.

1.3.11. Adujo que, en consecuencia, mediante Resolución No. 0437 del 30 de marzo
de 2021 se adjudicó la Licitación Pública No. 001 de 2021 a Productos La Villa
S.A.S.

1.3.12. Sostuvo que, al momento de la presentación de la demanda, la entidad no
había emitido pronunciamiento respecto de las observaciones relacionadas con la
tacha de falsedad ni sobre la denuncia penal presentada contra los integrantes de
la sociedad adjudicataria.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

1.3.13. Señaló que, de acuerdo con la información consignada en la plataforma
SECOP II, el 30 de abril de 2021 se suscribió el contrato entre el departamento de
Nariño y Productos La Villa S.A.S.

1.4. Como fundamentos jurídicos de la demanda, el extremo activo expuso lo
siguiente:

1.4.1. Alegó que el acto de adjudicación se encuentra viciado al haberse expedido
con desconocimiento de los principios de la función administrativa y de la
contratación estatal, así como de las reglas previstas en el pliego de condiciones.
Al efecto, indicó que la entidad contratante permitió la complementación y
mejoramiento de la oferta de Productos La Villa S.A.S. durante el término de
traslado del informe de evaluación, en contravía de la prohibición legal de subsanar
requisitos no acreditados con la propuesta inicial. Lo anterior, en la medida en que
se admitió la incorporación de documentos nuevos relacionados con exigencias del
pliego que no se habían presentado originalmente, y que solo se allegaron en la
etapa de subsanación.

Precisó que el pliego exigía, como requisito habilitante, contar con una bodega
principal de almacenamiento para la ejecución del contrato, condición que no fue
acreditada en modo alguno con el ofrecimiento inicial. Asimismo, señaló que se
exigía un equipo mínimo de trabajo compuesto por 57 coordinadores municipales,
pero el oferente al momento de presentar la propuesta tal solo dio cuenta de 26.
Añadió que, si bien el proponente aportó los soportes correspondientes durante la
fase de subsanación, esa no era la oportunidad para suplir la ausencia de requisitos
habilitantes no cumplidos desde el inicio, por lo que la entidad debió rechazar la
oferta. Agregó que, aun en el evento de estimarse procedente la subsanación, esta
no se efectuó dentro del término previsto para ello.

1.4.2. De otra parte, adujo que la entidad contratante omitió pronunciarse de fondo
sobre las observaciones relativas a la tacha de falsedad y a las presuntas
irregularidades en el RUP de Productos La Villa S.A.S., pese a existir denuncia
penal contra los miembros de dicha sociedad comercial por la presunta alteración
de sus estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019. Indicó que, en
lugar de resolver tales reparos dentro de la etapa correspondiente, la Administración
difirió su análisis a trámites propios del derecho de petición, desconociendo las
reglas especiales del proceso de selección.

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Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

Afirmó que no podía valorarse un documento respecto del cual recaía una tacha de
falsedad, dado que la presunción de autenticidad prevista en el Decreto 019 de 2012
cede cuando el documento es tachado. Asimismo, controvirtió la capacidad
financiera de Productos La Villa S.A.S., al señalar que su RUP contenía información
financiera inconsistente, pues existían dos estados financieros de dicha sociedad
con corte al 31 de diciembre de 2019, con una diferencia de $3.718´000.000 en
activos y patrimonio, lo cual evidenciaba que se indujo en error a la Cámara de
Comercio con el único propósito de acreditar el cumplimiento de la capacidad
financiera exigida en el pliego.

1.4.3. Adujo que la entidad contratante infringió el principio de igualdad y se apartó
de su propio precedente administrativo, comoquiera que en procesos de selección
anteriores (Licitaciones Públicas No. 007 de 2016 y 002 de 2018) había rechazado
ofertas que contenían documentos presuntamente falsos o información incorrecta,
con lo cual, a su vez, violó el artículo 10 del CPACA, según el cual, es deber de la
Administración resolver los asuntos de su competencia de manera uniforme a
situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

1.4.4. También explicó que hubo una afectación al principio de publicidad, por no
haberse divulgado oportunamente la totalidad de los documentos del proceso de
selección, en especial el informe final de evaluación, publicado el 30 de marzo de
2021 -misma fecha en que se llevó a cabo la audiencia de adjudicación-, pese a que
el cronograma fijaba como límite el día anterior, lo que impidió a los interesados
pronunciarse. Además, reprochó que en la audiencia de adjudicación se hubiera
negado la intervención de los demás interesados distintos al proponente, en
contravía del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.

2. La admisión de la demanda y su contestación

2.1. Mediante auto del 25 de agosto de 20212, el Tribunal Administrativo de Nariño
rechazó la demanda en cuanto a la pretensión dirigida contra las Resoluciones No.
0632 del 23 de abril y No. 0637 del 26 de abril de 2021, por medio de las cuales: (i)
se resolvió de manera desfavorable una solicitud de revocatoria directa contra el
acto de adjudicación; y (ii) se aclaró la anterior resolución, debido a errores de
digitación en la parte resolutiva del acto. Lo anterior, al considerar que tales
resoluciones no constituían actos susceptibles de control judicial.

2 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

A su turno, se admitió la demanda frente a la pretensión formulada contra la
Resolución No. 0437 del 30 de marzo de 2021, mediante la cual se adjudicó la
Licitación Pública No. 001 de 2021 a la sociedad Productos La Villa S.A.S., y se
ordenó la vinculación de dicha sociedad comercial al proceso. Esa decisión se
notificó en debida forma a las partes y al Ministerio Público3.

2.2. El departamento de Nariño4 contestó la demanda y se opuso a la prosperidad
de las pretensiones. Al efecto, formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa, con fundamento en que el demandante no presentó propuesta
dentro del proceso de selección que culminó con la expedición del acto
administrativo demandado, luego no contaba con ningún tipo de interés en
cuestionarlo; también formuló las excepciones de ausencia de vicios en la etapa de
formación y de legalidad del acto acusado, al tiempo que cuestionó la procedencia
del medio de control de nulidad simple.

Explicó que la figura de la subsanación de las ofertas existe, precisamente, para
remediar defectos o errores de los requisitos habilitantes de las propuestas, siempre
que estos no influyan en su comparación. En ese sentido, adujo que los
requerimientos que se le hicieron al oferente para que subsanara encajaban dentro
de aquellos defectos o errores, motivo por el cual, además de que era procedente
la subsanación, el oferente había subsanado en debida forma.

Indicó que no existió desconocimiento del precedente administrativo, en tanto la
parte demandante no acreditó que en los procesos de selección que puso de
presente se hubieran configurado exactamente los mismos supuestos del caso
concreto. En relación con la supuesta restricción de derechos a intervinientes en la
audiencia de adjudicación, señaló que, en efecto, la participación en dicha audiencia
recaía únicamente sobre las personas que ostentaran un interés en esta, no
obstante, al tratarse de una audiencia pública, se garantizó la asistencia de
cualquier persona.

2.3. Productos La Villa S.A.S. 5 contestó la demanda y se opuso a la prosperidad
de las pretensiones. Formuló la excepción de inepta demanda, al considerar que la
parte actora no aportó material probatorio suficiente para justificar la configuración
de las causales de nulidad invocadas y que, en todo caso, el medio de control de

3 Esa providencia no fue objeto de recurso.
4 Índice 12 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.
5 Índice 12 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

nulidad simple no era el procedente, en la medida en que se cuestiona un acto
administrativo de carácter particular, cuya eventual anulación comportaría el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo, por lo que el medio de control
idóneo era el de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sostuvo que, aunque el demandante cuestionó algunos de los documentos
allegados al proceso de selección debido a la existencia de una tacha de falsedad
y a la radicación de una denuncia penal, lo cierto es que estos se presumían válidos
y auténticos, comoquiera que no existía una decisión judicial que hubiera declarado
su falsedad. En esa línea, señaló que era improcedente que se desconociera el
RUP allegado al proceso de selección, o pretender que se hubiera suspendido
indefinidamente el proceso de selección a la espera de decisiones de las
autoridades penales, tal como lo sugirió la parte actora.

Afirmó que su propuesta cumplió con la totalidad de los requisitos habilitantes, pues
atendió en debida forma las solicitudes de aclaración y subsanación formuladas por
la entidad contratante. Precisó, además, que la demanda se edificó sobre una
interpretación errónea del concepto de subsanabilidad y explicó la distinción entre
el requisito habilitante y su medio de prueba, indicando que la normativa prohíbe
subsanar requisitos inexistentes al cierre del proceso, mas no aportar o aclarar
pruebas relativas a circunstancias preexistentes.

2.4. Mediante auto del 5 de septiembre de 20226, el Tribunal Administrativo de
Nariño desestimó las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa e
inepta demanda, formuladas por el departamento de Nariño y Productos La Villa
S.A.S., respectivamente.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el a quo sostuvo que, dado
que el medio de control ejercido corresponde al de simple nulidad y no se orienta al
restablecimiento automático de un derecho subjetivo, sino exclusivamente al control
de legalidad del acto de adjudicación, no era exigible que el demandante hubiese
participado como oferente en el proceso de selección ni que acreditara un interés
directo, pues tal exigencia es propia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En cuanto a la excepción de inepta demanda, el Tribunal indicó que esta se
configura, de manera general, por dos supuestos: (i) la ausencia de requisitos

6 Índice 13 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

formales de la demanda, y (ii) la indebida acumulación de pretensiones. Señaló que
los argumentos planteados por la parte demandada no se subsumían en tales
supuestos y que, por tanto, los cuestionamientos formulados correspondían al fondo
del asunto, razón por la cual serían objeto de análisis en la sentencia.

3. Audiencia inicial

3.1. El 7 de diciembre de 20227, el Tribunal Administrativo de Nariño llevó a cabo la
audiencia inicial, en la que no encontró vicio alguno que debiera ser objeto de
saneamiento, al tiempo que declaró fallida la fase de conciliación ante la ausencia
de ánimo conciliatorio de las partes.

3.2. Seguidamente, fijó el litigio en el entendido de establecer si debía declararse la
nulidad de la Resolución No. 0437 del 30 de marzo de 2021, mediante la cual el
departamento de Nariño adjudicó la Licitación Pública No. 001 de 2021 a Productos
La Villa S.A.S. También se decretaron como pruebas las documentales aportadas
por las partes y se ordenó requerir a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que informara el estado del proceso o investigación penal adelantada contra los
integrantes de Productos La Villa S.A.S. para la fecha de adjudicación del contrato.

4. Audiencia de pruebas

4.1. El 21 de febrero de 20238 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que se
incorporó la prueba documental allegada con posterioridad a la audiencia inicial. A
su turno, se ordenó correr traslado a las partes para que estas presentaran sus
alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

5. Los alegatos de conclusión en primera instancia

5.1. El señor Francisco Javier Fajardo Angarita9 presentó sus alegatos, en los
cuales reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que el pliego de
condiciones desconoció lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Constitución
Política, así como en los literales b) y d) del artículo 7 de la Ley 2046 de 2020.

5.2. El departamento de Nariño10 presentó sus alegatos, en los que insistió en los
argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

7 Índice 21 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.
8 Índice 31 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.
9 Índice 35 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.
10 Índice 33 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

5.3. El Ministerio Público11 rindió concepto, en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda. Señaló que, en atención a que estas se dirigían a
cuestionar solamente la legalidad del acto de adjudicación y no al restablecimiento
de un derecho subjetivo, el medio de control de nulidad simple resultaba procedente.

Indicó que Productos La Villa S.A.S. subsanó los requisitos habilitantes previstos en
el pliego de condiciones, en particular los relacionados con el personal requerido y
la bodega de almacenamiento principal, sin que ello pudiera considerarse una
mejora de la propuesta inicialmente presentada.

En cuanto al requisito de capacidad financiera, explicó que el proponente allegó al
proceso de selección el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual acreditaba la
capacidad exigida, sin que para ese momento existiera decisión de autoridad
competente que desvirtuara la validez de dicho registro. Agregó que, hasta la fecha,
la autoridad penal no ha adoptado determinación alguna frente a la presunta
falsedad del RUP allegado al proceso de selección.

6. La sentencia de primera instancia12

6.1. Mediante sentencia del 1º de marzo de 202413, el Tribunal Administrativo de
Nariño – Sala Segunda de Decisión declaró probadas las excepciones de ausencia
de vicios en la etapa de formación del acto administrativo demandado y de legalidad
del acto de adjudicación -propuestas por el departamento de Nariño-, y negó las
pretensiones de la demanda.

6.2. El a quo consideró que el medio de control de nulidad simple era procedente,
en la medida en que las pretensiones se dirigían exclusivamente a obtener la
nulidad del acto de adjudicación, sin que se solicitara restablecimiento de derecho
alguno ni se derivara de la eventual nulidad un beneficio particular para el
demandante o para un tercero, en los términos del artículo 137 del CPACA, que
permite controvertir actos administrativos de carácter particular cuando no se
persiga ni se genere un restablecimiento automático de un derecho subjetivo.

11 Índice 34 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.
12 En la parte resolutiva del fallo se dispuso: “PRIMERO. – Declarar la prosperidad de las
excepciones de ausencia de vicios en la etapa de formación del acto administrativo demandando y
de legalidad del acto de adjudicación del contrato, propuestas por el Departamento de Nariño. //
SEGUNDO. – Denegar las pretensiones de la demanda”.
13 Índice 40 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

6.3. En cuanto a los cargos relacionados con la subsanación de la oferta de
Productos La Villa S.A.S., el Tribunal señaló que, en el informe de evaluación inicial,
dicho proponente fue calificado como no hábil debido a que no se advertía que
cumpliera con la capacidad técnica, experiencia y equipo de trabajo, requisitos
habilitantes que no incidían en la asignación de puntaje ni en la comparación de
ofertas, por lo que eran susceptibles de subsanación, en los términos del parágrafo
1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Asimismo, constató que las aclaraciones y
documentos adicionales fueron allegados dentro del término previsto en las
Adendas No. 3 y 4, toda vez que el proponente los presentó el 16 de marzo de 2021,
cuando el plazo establecido para tal efecto vencía el 17 de marzo del mismo año.

Respecto del requisito de la bodega principal de almacenamiento, advirtió que,
aunque no se acreditó con la oferta inicial, en la etapa de subsanación se aportó
una carta de compromiso de arrendamiento con fecha del 3 de marzo de 2021, esto
es, anterior al cierre del proceso -que tuvo lugar el 5 de marzo de 2021-, lo que
evidenciaba que el requisito se cumplía desde antes de la presentación de la
propuesta. De igual manera, en cuanto a las hojas de vida adicionales
correspondientes a los coordinadores municipales, presentadas también con la
subsanación, observó que los soportes académicos y de experiencia correspondían
a fechas anteriores al cierre del proceso, de modo que no daban cuenta de
circunstancias sobrevinientes, sino de hechos preexistentes, por lo que su aporte
no configuró un mejoramiento de la oferta, sino la acreditación tardía de requisitos
habilitantes ya existentes al momento del cierre, lo cual es acorde al régimen de
subsanabilidad de las ofertas.

6.4. Frente a las observaciones relacionadas con la tacha de falsedad y la
presentación de una denuncia penal en contra de los integrantes de Productos La
Villa S.A.S., el Tribunal indicó que aquellas fueron extemporáneas, pues se
presentaron el 29 y 30 de marzo de 2021, respectivamente, y de conformidad con
el cronograma establecido para el proceso de selección, el término para formular
observaciones vencía el 24 de marzo de 2021, por lo que la entidad no estaba en
obligación de tramitar aquellas.

6.5. En cuanto a la publicación del informe final de evaluación, sostuvo que, aunque
se acreditó que este fue divulgado el 30 de marzo de 2021 y no el día anterior -como
preveía el cronograma-, dicha irregularidad formal no tenía entidad suficiente para
invalidar el acto demandado, pues no afectó de manera sustancial las garantías de
participación ni el derecho de contradicción. Destacó que, de conformidad con la

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no toda irregularidad
formal en el procedimiento administrativo genera la nulidad del acto. Añadió que,
una vez publicado el informe final, lo único procedente era la audiencia de
adjudicación, sin que existiera etapa posterior para formular nuevas observaciones.

6.6. En lo atinente a que la entidad hubiera valorado el RUP aportado por el único
proponente, el Tribunal señaló que, según el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007,
corresponde a las Cámaras de Comercio verificar documentalmente la información
allí consignada, y que dicho registro constituye plena prueba de las circunstancias
certificadas, de modo que la entidad no estaba obligada a realizar verificaciones
adicionales ni podía desconocerlo por la sola existencia de una denuncia penal sin
decisión judicial que declarara la falsedad del documento. En ese sentido, consideró
que la capacidad financiera del proponente, acreditada mediante el RUP expedido
por la Cámara de Comercio de Pasto, debía tenerse en cuenta para la verificación
del requisito habilitante, como en efecto ocurrió.

6.7. En relación con las circunstancias acaecidas en la audiencia de adjudicación,
el Tribunal sostuvo que el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 limita la intervención en
dicha diligencia a los oferentes, de modo que, aunque la audiencia es pública y
pueden asistir ciudadanos interesados, la facultad de pronunciarse sobre las
respuestas dadas por la entidad a las observaciones a los informes de evaluación
corresponde únicamente a quienes presentaron oferta. Por ello, estimó ajustada a
derecho la actuación de permitir intervenir solo al proponente y tener a los demás
sujetos como asistentes.

6.8. Finalmente, el a quo consideró que no se acreditó identidad fáctica ni jurídica
con los procesos invocados por el demandante como precedente administrativo14.
Añadió que tampoco se demostró de manera concreta qué documentos no fueron
publicados oportunamente en la plataforma SECOP II, advirtiendo que, del material
probatorio, se evidenciaba la divulgación de múltiples actuaciones y respuestas, por
lo que no se tenían por acreditadas las irregularidades alegadas.

14 El Tribunal puso de presente que, en el acta de adjudicación de la Licitación Pública No. 007 de

2016, se señaló que la información suministrada a un perito carecía de autenticidad, lo que llevó a
concluir que el dictamen pericial se sustentaba en datos inexactos, inconsistentes o no veraces. A
su vez, indicó que en la Licitación Pública No. 002 de 2018 la situación fáctica giraba en torno a la
existencia de dos (2) actas de liquidación con información divergente frente a otros documentos del
proceso. En consecuencia, consideró que se trataba de supuestos fácticos sustancialmente distintos
a los presentados en el proceso contractual objeto de análisis, lo que impedía predicar la existencia
de un precedente aplicable.

12

Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

7. La solicitud de adición del fallo y decisión del Tribunal

7.1. El 25 de abril de 202415, la parte demandante presentó una solicitud de adición
del fallo. Sostuvo que, en los alegatos de conclusión en primera instancia, manifestó
que el pliego de condiciones desconocía lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la
Constitución Política, así como en los literales b) y d) del artículo 7 de la Ley 2046
de 2020, aspecto respecto del cual no se emitió pronunciamiento alguno. Añadió
que, en ejercicio de los poderes oficiosos del juez, dicha circunstancia debía ser
analizada, aun cuando no hubiera sido formulada como cargo en la demanda.

7.2. Mediante providencia del 19 de julio de 202416, el Tribunal Administrativo de
Nariño – Sala Segunda de Decisión negó la solicitud, al considerar que el cargo
frente al cual se alegaba omisión de pronunciamiento fue introducido únicamente
en la etapa de alegatos de conclusión, momento procesal en el cual no es posible
adicionar los fundamentos de la demanda. Indicó que, en virtud del principio de
congruencia, el juez no podía emitir pronunciamiento sobre aspectos no planteados
oportunamente en el libelo introductorio. Agregó que no resultaba admisible
pretender subsanar tal omisión con fundamento en las facultades oficiosas del juez,
pues estas no habilitan para modificar el objeto del litigio.

8. Recurso de apelación

8.1. El 13 de septiembre de 202417, la parte demandante interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual fue concedido por el a
quo a través de auto del 15 de octubre de la misma anualidad18. En su impugnación,
la parte actora solicitó revocar la decisión de primer grado y, en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda.

Reiteró los cuestionamientos respecto a que, en la etapa de subsanación, se haya
permitido que Productos La Villa S.A.S. acreditara el cumplimiento de los requisitos
habilitantes relativos a la bodega de almacenamiento principal -sin que hubiese
presentado documentación alguna en la propuesta inicial- y al equipo mínimo de
trabajo compuesto por 57 coordinadores municipales -cuando inicialmente solo se
dio cuenta de 26 de ellos-. Señaló que estas deficiencias eran insubsanables, dado
que no se cumplían los requisitos habilitantes al momento de presentar la oferta,

15 Índice 43 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.
16 Índice 47 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.
17 Índice 51 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.
18 Índice 57 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.

13

Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

por lo que no podían considerarse aspectos susceptibles de subsanación, sino
condiciones incumplidas que obligaban al rechazo de la propuesta, toda vez que
admitirlas equivaldría, en la práctica, a permitir la complementación de la oferta.
Agregó que, en cualquier caso, la documentación aportada por el proponente junto
con la subsanación presentaba inconsistencias, por lo que no subsanó en debida
forma y su oferta debía igualmente ser rechazada.

También alegó que el a quo no ejerció plenamente sus facultades oficiosas para
proteger el orden jurídico en abstracto -pese a tratarse de una acción de nulidad
simple donde prima la defensa de la legalidad objetiva- por no analizar lo relativo a
que el pliego de condiciones previó requisitos habilitantes que desconocieron lo
dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, así como en los
literales b) y d) del artículo 7 de la Ley 2046 de 2020.

Puntualizó que el Tribunal impuso al demandante una carga probatoria excesiva
para demostrar el desconocimiento del precedente administrativo de la entidad,
carga que no está prevista en el artículo 10 del CPACA, y, al mismo tiempo,
desestimó el cargo desconociendo la fuerza vinculante de dicho precedente.
Subrayó que los casos puestos de presente sí constituyen precedentes aplicables,
dado que en ellos se rechazaron las propuestas al considerar que, en el traslado
del informe de evaluación, aquellas no fueron subsanadas sino modificadas,
adicionadas o mejoradas.

Asimismo, reiteró que, frente a la tacha de falsedad y a las irregularidades
detectadas durante el proceso de selección, la entidad tenía la facultad de
suspender la audiencia o revocar el acto de adjudicación por haberse obtenido a
través de medios irregulares; sin embargo, el Tribunal no valoró esta posibilidad ni
la relevancia de dichas irregularidades.

9. Actuación en segunda instancia

9.1. Mediante auto del 24 de enero de 202519, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera instancia.

9.2. El Ministerio Público20 rindió concepto, en el que solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Señaló que la parte
actora se limitó a cuestionar la legalidad del acto de adjudicación, sin pretender el

19 Índice 13 de Samai del Consejo de Estado.
20 Índice 20 de Samai del Consejo de Estado.

14

Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

restablecimiento de derecho alguno, ni derivarse este de manera automática en su
favor o en el de un tercero; por consiguiente, el medio de control de nulidad simple
resultaba idóneo en el presente caso.

Agregó que el demandante también ostenta legitimación en la causa por activa,
comoquiera que, en los términos del artículo 137 del CPACA, toda persona puede
solicitar la nulidad de actos administrativos de carácter general y, excepcionalmente,
de actos de carácter particular, siempre que de la demanda o de la sentencia no se
produzca el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del actor o
de un tercero, hipótesis que no se configura en este asunto.

Sostuvo que no se acreditaron las causales de nulidad invocadas por la parte actora.
Al respecto, indicó que la entidad contratante permitió al oferente subsanar aquellos
requisitos habilitantes que no incidían en la asignación de puntaje, actuación que se
ajustó a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley
1882 de 2018, y que, además, tales requisitos fueron subsanados en debida forma
por el proponente. Precisó que no era cierto que la subsanación hubiese implicado
una mejora de la oferta, en la medida en que los aspectos corregidos correspondían
a la capacidad técnica y a la experiencia, requisitos de carácter habilitante que no
otorgaban puntaje ni constituían factores de ponderación.

Puntualizó que, respecto a la subsanación de la bodega principal de
almacenamiento, el puntaje se asignaba en función de contar con mayor capacidad
instalada, es decir, por disponer de bodegas adicionales a la principal. No obstante,
con la subsanación únicamente se acreditó la existencia de la bodega principal,
requisito estrictamente habilitante, sin que se subsanara ningún elemento
susceptible de generar puntaje.

Indicó que el demandante no demostró que la expedición del acto de adjudicación
obedeciera a una motivación engañosa, fingida, simulada o contraria a la ley. Por el
contrario, aseguró que la adjudicación al único oferente encontró sustento en el
informe definitivo de evaluación y en el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
habilitantes.

En cuanto a las facultades oficiosas del juez, precisó que corresponde al
demandante acreditar las causales de nulidad invocadas, lo que incluye la adecuada
formulación del concepto de violación, señalando con claridad las normas
presuntamente vulneradas con la expedición del acto acusado. En consecuencia,
no resultaba procedente que en los alegatos de conclusión se introdujeran nuevos

15

Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

cargos como fundamento de ilegalidad para que el juez, en virtud de sus facultades
oficiosas, adelantara su examen de validez.

Finalmente, respecto de la denuncia penal presentada contra los integrantes de
Productos La Villa S.A.S. por la información irregular consignada en el RUP, sostuvo
que era el escenario penal donde se iba a determinar la eventual comisión de los
delitos investigados, sin que la sola existencia de una denuncia desvirtuara la
presunción de legalidad que ampara dicho documento.

9.3. El 5 de febrero de 202621, la parte demandante solicitó que se decretara como
prueba el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional de
Juzgamiento del Atlántico, mediante el cual se sancionó disciplinariamente a los
miembros del Comité Asesor de la Gobernación de Nariño, con ocasión de las
actuaciones desplegadas en el marco de la Licitación Pública No. 001 de 2021.

9.4. Mediante providencia del 16 de febrero de 202622, se negó la solicitud
probatoria formulada por la parte demandante.

IV. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación, la Sala estudiará los siguientes aspectos: (1)
jurisdicción y competencia del Consejo de Estado; (2) procedencia del medio de
control; (3) oportunidad del medio de control; (4) legitimación en la causa; (5) objeto
de la impugnación y la delimitación de los problemas jurídicos a resolver en esta
instancia; (6) hechos probados y pruebas relevantes; (7) análisis de la Subsección
y la resolución del caso concreto; y (8) condena en costas en segunda instancia.

1. Jurisdicción y competencia del Consejo de Estado

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10423 del CPACA, pues la Resolución No.
0437 del 30 de marzo de 2021 -acto de adjudicación cuya nulidad se demanda- fue

21 Índice 33 de Samai del Consejo de Estado.
22 Índice 34 de Samai del Consejo de Estado.
23 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”.

16

Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

proferido por el departamento de Nariño -entidad territorial-24 en el marco de la
Licitación Pública No. 001 de 2021.

Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 1º de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión, dada la vocación de
doble instancia del proceso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15025 y
152-126 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.

2. Procedencia del medio de control

2.1. De conformidad con el artículo 13727 del CPACA, toda persona está facultada
para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter
general cuando estos hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
debían fundarse, por falta de competencia, en forma irregular, con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, con falsa motivación o desviación de poder.

La misma disposición prevé que, de manera excepcional, también podrá solicitarse
la nulidad de actos administrativos de contenido particular, siempre que se configure
alguno de los siguientes supuestos: (i) que con la demanda no se persiga -ni de la
eventual sentencia de nulidad se derive- el restablecimiento automático de un
derecho subjetivo en favor del demandante o de un tercero; (ii) que se trate de la
recuperación de bienes de uso público; (iii) que los efectos nocivos del acto afecten
gravemente el orden público, político, económico, social o ecológico; o (iv) que la
ley lo autorice de manera expresa. A su vez, el precepto establece que, si de la
demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un

24 Constitución Política de 1991. “Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los

distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades
territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la
ley”.
25 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos
de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un
efecto distinto al que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación
de jurisprudencia […]”.
26 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del
orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones
administrativas en el mismo orden”.
27 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se

declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. / Procederá cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación,
o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]”.

17

Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

derecho, aquella deberá tramitarse conforme a las reglas propias del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2. En este punto, es necesario precisar que el legislador introdujo en el CPACA la
denominada teoría de los móviles y finalidades, conforme a la cual la procedencia
del medio de control no depende exclusivamente del carácter -general o particular-
del acto administrativo impugnado, sino de la finalidad perseguida con la demanda
y de los efectos que eventualmente se derivarían de la sentencia anulatoria. En ese
sentido, lo determinante no es el contenido formal del acto, sino la naturaleza de las
pretensiones formuladas y, particularmente, si se busca o no el restablecimiento de
un derecho subjetivo.

Antes de la entrada en vigencia del CPACA, existían importantes discusiones en
torno a la procedencia de la acción de nulidad frente a actos administrativos de
contenido particular28, pues, en un primer momento, se consideraba que estos
únicamente podían ser controvertidos mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sin embargo, la evolución jurisprudencial 29 permitió
advertir que no en todos los casos la impugnación de un acto administrativo
particular conlleva la pretensión de restablecimiento de un derecho subjetivo, por lo
que se consolidó el criterio según el cual el elemento definitorio para determinar la

28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 4 de marzo de

2003, expediente No. 11001-03-24-000-1999-05683-02. En esa providencia se indicó: “Antes de
1959 la jurisprudencia del Consejo de Estado estuvo influida por el criterio material en el sentido de
que la procedencia de las acciones fue condicionada por el contenido del acto, pues si éste creaba
situaciones jurídicas de carácter general, abstracto e impersonal, el interesado debía usar la acción
de nulidad; si, por el contrario, el acto era de contenido particular, concreto y subjetivo, la acción
pertinente sería la de plena jurisdicción. […] En el año de 1959 se inició el cambio de orientación de
la jurisprudencia del Consejo de Estado en cuanto hace a la procedibilidad de las acciones de nulidad
y de nulidad y restablecimiento del derecho, cambio que luego se consolidaría en el año de 1961”.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de agosto de 196.

M.P. Carlos Gustavo Arrieta. En esa providencia se indicó: “No es la generalidad del ordenamiento
impugnado el elemento que determina la viabilidad del contencioso popular de anulación. Son los
motivos determinantes de la acción y las finalidades que a ella ha señalado la ley, los elementos que
sirven para identificarla jurídicamente y para calificar su procedencia. ...los únicos motivos
determinantes del contencioso popular de anulación son los de tutelar el orden jurídico y la legalidad
abstracta contenida en esos estatutos superiores y que sus finalidades son las de someter la
administración pública al imperio del derecho objetivo. […] Los motivos y finalidades del actor deben
estar en consonancia con los motivos y finalidades que las normas legales asignan a la acción. Es
presumible esta similitud ... cuando se acciona por la vía del contencioso popular de anulación contra
actos impersonales y abstractos, porque esta clase de ordenamientos entrañan una violación
continua y permanente de la legalidad objetiva, que afecta directamente a la comunidad ... Distinta
es la situación cuando el recurso se dirige contra actos particulares, (caso en el cual) la doctrina de
los motivos y finalidades opera en dos formas: si la declaratoria de nulidad solicitada no conlleva el
restablecimiento del derecho subjetivo, el contencioso popular puede ejercitarse inclusive por el
titular de ese derecho; pero si la sentencia favorable a las pretensiones del actor determina el
restablecimiento automático de la situación jurídica individual afectada por la decisión enjuiciada, el
recurso objetivo no será admisible”. Esa tesis fue reiterada en diversos pronunciamientos, a saber:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto del 4 de noviembre de 2005, exp.
0270. M.P. Rafael Ostau Lafont Pianeta; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 8 de marzo de 2005, exp. 11001-03-24-000-2001-00145-01, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, entre otros.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

escogencia del medio de control es la finalidad de la demanda, así como los efectos
de la eventual sentencia anulatoria, y no la naturaleza formal del acto.

Esta concepción fue recogida expresamente por el artículo 137 del CPACA30, que
permite controvertir excepcionalmente actos administrativos de carácter particular a
través del medio de control de nulidad simple, entre otros eventos, cuando el
demandante persiga exclusivamente el control de legalidad en abstracto del acto -
es decir, la protección objetiva del orden jurídico-, sin pretender el restablecimiento
de un derecho subjetivo en favor de las partes o de un tercero, ni que dicho
restablecimiento se produzca automáticamente como consecuencia de la eventual
declaratoria de nulidad.

2.3. En el sub examine, del análisis integral de la demanda31 se advierte que, si bien
la parte actora solicita la nulidad de la Resolución No. 0437 del 30 de marzo de 2021
mediante la cual se adjudicó la Licitación Pública No. 001 de 2021 -acto
administrativo de contenido particular, en tanto creó una situación jurídica concreta
para el adjudicatario-, lo cierto es que no formuló pretensión alguna orientada al
reconocimiento, restablecimiento o reparación de un derecho subjetivo en favor
suyo o de un tercero.

Adicionalmente, la Sala considera que, dadas las particularidades del caso, la
eventual declaratoria de nulidad del acto de adjudicación no comportaría, per se, el
restablecimiento automático de derecho alguno, máxime si se considera que el
adjudicatario fue el único proponente que participó en el proceso de selección, de
modo que lo pretendido se circunscribe única y exclusivamente a que se efectúe un
control abstracto de legalidad del acto acusado, sin que de una decisión anulatoria
pueda derivarse una consecuencia resarcitoria o restitutoria automática a favor de
las partes32 o de un tercero.

Ahora bien, la parte actora también formuló una “solicitud especial” -que no es una
pretensión en estricto sentido- encaminada a que se declare la nulidad absoluta del
contrato celebrado con ocasión de la Licitación Pública No. 001 de 2021, como
consecuencia de la eventual nulidad del acto de adjudicación y con fundamento en
la facultad oficiosa del juez prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993,

30 Norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-259 de 2015.
31 Particularmente de las definidas en el auto del 25 de agosto de 2021, pues allí se rechazó la

demanda frente a algunas pretensiones.
32 Al respecto, la Sala considera que, en el caso concreto, la eventual declaratoria de nulidad del

acto de adjudicación tampoco comportaría un restablecimiento automático del derecho respecto de
la entidad demandada.

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Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

disposición que autoriza la declaratoria de nulidad absoluta del contrato estatal aun
de oficio.

A juicio de la Sala, la solicitud referida no desnaturaliza el alcance de la demanda ni
comporta un restablecimiento automático del derecho. En efecto, dicha solicitud no
se encuentra orientada al reconocimiento de una situación jurídica individual y
concreta en favor del demandante, ni persigue la obtención de una reparación
económica o la restitución de un derecho subjetivo presuntamente lesionado. Se
trata, más bien, de una consecuencia jurídica que la parte actora estima procedente
se analice por parte del juez del contrato como efecto de la eventual ilegalidad del
acto de adjudicación.

La solicitud no transforma la naturaleza objetiva de la controversia, pues la eventual
declaratoria de nulidad absoluta del negocio jurídico -de llegar a configurarse-
operaría en el ámbito de validez del contrato y en protección del orden jurídico, mas
no como mecanismo de satisfacción de una situación jurídica subjetiva de las partes
o de un tercero, aún cuando, derivado de la eventual nulidad absoluta del contrato,
haya lugar a reconocer restituciones mutuas en favor de las partes, pues dicha
figura, que opera en virtud de la Ley, se encamina a restituir a las partes por el valor
equivalente a las prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre
demostrado que la entidad se ha beneficiado con éstas para la satisfacción de un
interés público -que no a restablecerles un derecho subjetivo-.

2.4. Así las cosas, dado que la demanda se contrae a promover un juicio de
legalidad sobre el acto administrativo acusado y no incorpora ni se desprende de la
misma pretensión alguna dirigida al reconocimiento, restablecimiento o reparación
de un derecho subjetivo, ni de una eventual sentencia anulatoria se derivaría
automáticamente un efecto de esa índole, la Sala considera que el medio de control
de nulidad simple resulta adecuado.

3. Oportunidad del medio de control

3.1. El literal c) del numeral 233 del artículo 164 del CPACA previó que, en las
pretensiones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho de los actos
previos a la celebración del contrato, el término para ejercer el derecho de acción

33 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] c) Cuando se pretenda la
nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato,
el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación,
notificación, ejecución o publicación, según el caso […]”.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

será de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a su comunicación,
notificación, ejecución o publicación, según el caso.

3.2. En el sub examine, se encuentra acreditado que la Resolución No. 0437 del 30
de marzo de 2021, mediante la cual se adjudicó el proceso de selección a Productos
La Villa S.A.S., se publicó en la plataforma SECOP II el 6 de abril de 202134, y como
la demanda se presentó el 31 de mayo de la misma anualidad, no cabe duda de
que fue formulada dentro de los cuatro (4) meses previstos en la ley, por lo que se
presentó en término.

4. Legitimación en la causa

4.1. El señor Francisco Javier Fajardo Angarita cuenta con legitimación en la causa
por activa para demandar la Resolución No. 0437 del 30 de marzo de 2021, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del CPACA, según el cual, toda
persona está facultada para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos de carácter general y excepcionalmente los de contenido particular.

4.2. De igual forma, el departamento de Nariño se encuentra legitimado en la causa
por pasiva, comoquiera que fue la entidad pública que profirió el acto administrativo
acusado.

4.3. Por su parte, Productos La Villa S.A.S. también está legitimada en la causa por
pasiva, toda vez que fue la sociedad comercial a quien se le adjudicó la Licitación
Pública No. 001 de 2021 y, en consecuencia, la parte del contrato producto de dicho
proceso de selección.

5. El objeto de la impugnación y la delimitación de los problemas jurídicos a
resolver en esta instancia

El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida. Así, la Sala
advierte que el análisis del caso se circunscribirá exclusivamente a los reparos
concretos formulados por la parte actora en contra de la sentencia cuestionada.

Por tanto, en el presente caso le corresponde a la Sala establecer si la Resolución
No. 0437 del 30 de marzo de 2021, por medio de la cual se adjudicó la Licitación

34 Documento denominado “87. HISTORIAL DEL PROCESO LP 001-2021.pdf” en el link obrante en

el índice 12 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

Pública No. 001 de 2021, adolece de los vicios invocados por la parte actora y si,
en consecuencia, hay lugar a declarar su nulidad.

En el evento en el que se concluya que el acto administrativo referido adolece de
algún vicio de nulidad, se deberá determinar si hay lugar a declarar -de oficio- la
nulidad absoluta del contrato derivado del proceso licitatorio.

6. Hechos probados y pruebas relevantes

En el marco de lo expuesto, se procederá a establecer cuáles son los hechos
probados que resultan jurídicamente relevantes para decidir la
controversia sometida a juicio en esta instancia. Para tal efecto, la Sala analizará
los documentos aportados al proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo
24635 del CGP.

La apertura de la Licitación Pública No. 001 de 2021 y el pliego de condiciones

6.1. Mediante Resolución No. 268 del 19 de febrero de 202136, el departamento de
Nariño ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 001 de 2021, con el objeto de
contratar la prestación del servicio para la implementación del Programa de
Alimentación Escolar (PAE) en los 57 municipios no certificados del Departamento,
conforme a los lineamientos técnicos administrativos, estándares y condiciones
mínimas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y/o Unidad
Administrativa Especial para la Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender.

6.2. En el expediente reposan los estudios previos37 y el pliego de condiciones
definitivo38.

6.3. En el Capítulo IV39 del pliego se previeron los requisitos habilitantes, dentro
de los cuales se contemplaron: (i) capacidad jurídica; (ii) capacidad financiera; (iii)
capacidad organizacional; (iv) experiencia del proponente; y (v) capacidad técnica.

35 “ARTÍCULO 246. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el mismo valor

probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original
o de una determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien
se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una
copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
36 Folios 362 a 365 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
37 Folios 1 a 211 y 273 a 298 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
38 Folios 366 a 423 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
39 Folios 390 a 408 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

6.4. En relación con el requisito de capacidad técnica40 -numeral 4.6 del pliego- se
dispuso que el proponente debía acreditar la disponibilidad de una bodega de
almacenamiento principal ubicada en el departamento de Nariño, y se estableció la
manera en que se podía probar dicha exigencia.

6.5. A su vez, dentro de ese mismo requisito se exigió la conformación de un equipo
mínimo de trabajo integrado por un coordinador operativo, un nutricionista dietista y
57 coordinadores municipales -uno por cada municipio objeto de atención-. Para
estos últimos, se estableció que debían acreditar una experiencia mínima de 2 años
en la ejecución o participación en contratos de naturaleza similar al que se pretendía
celebrar, así como formación en principios básicos de buenas prácticas de
manufactura y en prácticas higiénicas para la manipulación de alimentos. Frente a
este particular, en el pliego se dispuso lo siguiente:

“4.6.2. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

El proponente, deberá presentar con su oferta el siguiente personal del equipo
mínimo de trabajo:

a. Coordinador Operativo.
b. Nutricionista Dietista
c. 57 coordinadores municipales

Coordinador operativo o general del Proyecto: El coordinador deberá cumplir con
mínimo el perfil profesional de nutrición y dietética, ingeniero de alimentos, química
de alimentos, administración de empresas o profesiones afines, ingeniero industrial.
Experiencia: General: No menor a tres (03) años, contados entre la fecha de
expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente
licitación pública. Específica: No menor a un (01) año, contados entre la fecha de
expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente
licitación pública, en temas relacionados con servicios de alimentación y/o
suministro de alimentos.

Nutricionista Dietista: Con tarjeta profesional vigente y experiencia no menor a tres
(03) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la
fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública.

Coordinadores: Cincuenta y siete (57) personas, una por cada municipio a atender,
para que verifiquen la entrega a los beneficiarios en los establecimientos educativos
de las raciones contratadas en las condiciones establecidas por la normatividad
vigente, compilación de información base para los informes de ejecución, en otras
palabras, garantice la implementación del programa de alimentación escolar en cada
establecimiento educativo del municipio a su cargo. Dicho personal debe tener una
experiencia mínima de dos (2) años en participación en contratos similares al que
se pretende celebrar y tener formación en principios básicos de buenas prácticas de
manufactura, y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con
la Resolución 2674 de 2013”.

40 Folios 407 a 408 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

6.6. Por su parte, en el Capítulo V41 del pliego se regularon los factores de
evaluación o requisitos ponderables, entre los cuales se incluyeron: (i) factor
económico; (ii) factor calidad; y (iii) protección a la industria nacional.

6.7. En lo que respecta al factor de calidad42 -numeral 5.2 del pliego-, se previó la
asignación de puntaje adicional al proponente que acreditara una mayor capacidad
instalada mediante la disposición de bodegas adicionales a la principal, ubicadas en
las distintas subregiones del Departamento de Nariño, de la siguiente manera:

BODEGAS POR SUBREGIÓN AREA MT2 PUNTAJE A OTORGAR
SANQUIANGA 111,88 31
PACIFICO SUR 11,62 3
TELEMBÍ 83,17 23
PIE DE MONTE COSTERO 9,56 3
EX PROVINCIA DE OBANDO 66,50 18
LA SABANA 61,93 17
LOS ANDES 34,49 10
LA CORDILLERA 58,84 16
OCCIDENTE 44,29 12
CENTRO 44,48 12
JUANAMBÚ 87,20 24
RIO MAYO 76,29 21
GUAMBUYACO 35,53 10

6.8. En el numeral 6.11 del pliego43 se regularon las reglas de subsanabilidad,
precisándose que resultaba aplicable lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 5
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.

6.9. En el numeral 6.12 del pliego44 se establecieron las causales de rechazo de las
ofertas, dentro de las cuales se destacan las siguientes: “5. Cuando la oferta
presentada contenga deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y
que impidan compararla con las demás. (…) 9. Cuando la oferta se presente en
forma parcial”.

Sobre el proceso de selección y la oferta de Productos La Villa S.A.S.

6.10. Mediante las Adendas No. 145 y 246 del 22 y 24 de febrero de 2021,
respectivamente, la entidad contratante modificó el cronograma del proceso.

41 Folios 408 a 412 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
42 Folios 409 a 412 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
43 Folios 414 a 415 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
44 Folios 415 a 416 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
45 Folios 495 a 496 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
46 Folios 497 a 501 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.

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6.11. En el acta de cierre del 5 de marzo de 202147 se indicó que al proceso de
selección únicamente se presentó la oferta de Productos La Villa S.A.S. En su
propuesta, el oferente manifestó que cumplía con la totalidad de los requisitos,
especificaciones técnicas y económicas exigidas en el pliego48.

6.12. Posteriormente, mediante Acta No. 005 del 9 de marzo de 202149, el Comité
Asesor realizó la verificación de los requisitos habilitantes del único proponente,
respecto de lo cual concluyó lo siguiente:

Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Experiencia Equipo de Verificación
jurídica técnica financiera trabajo
PRODUCTOS HABILITADO NO HABILITADO NO NO NO
LA VILLA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

6.12.1. En la evaluación técnica50 se dejó constancia, respecto del requisito atinente
a la bodega de almacenamiento principal, que no se allegó documentación alguna
orientada a acreditar su cumplimiento.

6.12.2. En cuanto al componente relativo a los coordinadores municipales, en la
evaluación técnica también se dejó consignado lo siguiente: “NO PRESENTA EL
EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,
Y DEL EQUIPO PRESENTADO 5 NO CUMPLEN CON LOS DOCUMENTOS
SOLICITADOS”51. Esta conclusión obedeció a que el proponente únicamente aportó
la documentación correspondiente a 26 de los 57 coordinadores municipales
exigidos en el pliego de condiciones.

6.12.3. En la misma acta se indicó que, conforme a la evaluación efectuada, el
proponente obtuvo un puntaje total de 410 puntos, con la precisión de que dicha
calificación quedaba condicionada a la habilitación definitiva de la propuesta.

6.12.4. También se mencionó que el término para subsanar y presentar
observaciones al informe de evaluación vencería el 17 de marzo de 2021, de
conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de selección.

47 Folios 502 a 503 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
48 Folio 4586 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
49 Folios 664 a 665 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
50 Folios 666 a 684 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
51 Folio 684 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.

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6.13. Durante el término de traslado del informe de evaluación se recibieron
múltiples escritos de María Juliana Barrera52, Alexander Rosero53, Juan Andrés
López54 y Kevin Oliver Keep55. En todos ellos se sostuvo que la propuesta
presentada por Productos La Villa S.A.S. debía ser rechazada, por cuanto el
proponente no cumplió con el requisito habilitante relacionado con la bodega de
almacenamiento principal, dado que no allegó documentación alguna encaminada
a acreditar su cumplimiento. Adicionalmente, se señaló que el proponente tampoco
satisfizo el requisito relativo al equipo mínimo de trabajo, puesto que, de los 57
coordinadores municipales exigidos en el pliego de condiciones, únicamente se
aportó documentación correspondiente a 26 de ellos. Los observantes afirmaron
que no era jurídicamente viable subsanar aquello que no fue presentado con la
propuesta, en la medida en que permitir al oferente allegar con posterioridad la
documentación faltante implicaría un mejoramiento del ofrecimiento, al tratarse de
requisitos no acreditados al momento del cierre del proceso.

6.14. El 16 de marzo de 202156, Productos La Villa S.A.S. allegó al proceso de
selección la documentación orientada a subsanar las falencias advertidas en
relación con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.

6.14.1. Con tal propósito, aportó dos (2) cartas de compromiso de arrendamiento57
de bodega de almacenamiento principal, ambas de fecha del 3 de marzo de 2021,
suscritas por las propietarias de los respectivos inmuebles. En dichos documentos
se indicó que, en el evento en que Productos La Villa S.A.S. resultara adjudicatario
del proceso de selección, se garantizaría la disponibilidad de tales inmuebles para
la ejecución del contrato.

6.14.2. De igual manera, el proponente allegó los documentos58 de 47 personas
adicionales que desempeñarían los cargos de coordinadores municipales exigidos
en el pliego, con el fin de demostrar el cumplimiento del requisito habilitante relativo
al equipo mínimo de trabajo. Para tal efecto, aportó copias de las cédulas de
ciudadanía, de los títulos académicos y certificaciones de experiencia laboral del
personal propuesto.

52 Folios 693 a 697 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
53 Folios 2024 a 2089 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
54 Folios 2356 a 2365 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
55 Folios 2366 a 2368 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
56 Folios 698 a 2023 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
57 Folio 1440 a 1743 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
58 Folios 826 a 1428 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.

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6.14.3. En relación con el equipo mínimo de trabajo, en el escrito de subsanación59
el proponente se limitó a señalar que “se aportan documentos para acreditar la
disponibilidad de los coordinadores municipales exigidos en el pliego de
condiciones”.

6.15. El 17 de marzo de 202160, Productos la Villa S.A.S. presentó un oficio dirigido
a la entidad contratante, mediante el cual solicitó que no se tuvieran en cuenta las
observaciones realizadas por personas que no se identificaron debidamente y que,
a su juicio, tenían como único propósito dilatar el trámite de adjudicación. Asimismo,
indicó que los documentos no aportados en la propuesta inicial -en particular, los
relacionados con la bodega de almacenamiento principal y los coordinadores
municipales restantes- no afectaban la asignación de puntaje ni la comparación de
las ofertas, por lo que dichos aspectos eran plenamente subsanables, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por la Ley 1882 de 2018.

6.16. Mediante Acta No. 009 del 19 de marzo de 202161, el Comité Asesor del
departamento de Nariño advirtió que, en atención a las observaciones presentadas,
se evidenciaban presuntas inconsistencias en las hojas de vida de algunos
integrantes del equipo de trabajo propuesto por el oferente, razón por la cual se le
concedió un término de dos (2) días hábiles para que se pronunciara al respecto.

6.17. En consecuencia, mediante la Adenda No. 3 del 19 de marzo de 202162 se
modificó el cronograma del proceso de selección.

6.18. El 23 de marzo de 202163, Productos La Villa S.A.S. allegó un documento
contentivo de las aclaraciones solicitadas en el Acta No. 009 del 19 de marzo de
2021, y solicitó que se procediera a la habilitación de su propuesta y a la
consecuente adjudicación del proceso, por tratarse de la única oferta presentada y,
en su criterio, cumplir la totalidad de los requisitos habilitantes exigidos en el pliego.

6.19. El 24 de marzo de 202164, la señora Lizeth González formuló observaciones
en las que insistió en la necesidad de rechazar la propuesta del único oferente, al
considerar que no era jurídicamente posible subsanar requisitos que no fueron
acreditados en modo alguno con la oferta inicial.

59 Folios 2021 a 2023 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
60 Folios 2369 a 2375 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
61 Folios 505 a 507 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
62 Folios 503 a 504 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
63 Folios 2581 a 2619 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
64 Folios 2381 a 2580 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

6.20. Mediante Acta No. 011 del 26 de marzo de 202165, el Comité Asesor precisó
que no tendría en cuenta las observaciones formuladas por la señora Lizeth
González, por haber sido presentadas de manera extemporánea. Asimismo,
puntualizó que el 29 de marzo siguiente se daría a conocer el informe final de
evaluación, teniendo en consideración las observaciones allegadas oportunamente
y las aclaraciones presentadas por el proponente.

6.21. Mediante Adenda No. 4 del 26 de marzo de 202166, se modificó nuevamente
el cronograma del proceso de selección. En dicha adenda se estableció que el
término para la publicación del informe final de verificación de requisitos habilitantes
y de los factores ponderables se extendería hasta el 29 de marzo de 2021.

6.22. El 29 de marzo de 2021 el Departamento dio respuesta67 a las observaciones
y aclaraciones formuladas. Indicó que, de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, lo subsanable comprende tanto la ausencia de requisitos
habilitantes acreditados con la oferta, así como la falta de documentos que lo
verifiquen. Bajo ese entendido, advirtió que había sido procedente permitirle al
proponente subsanar los requisitos habilitantes que no demostró junto con su
propuesta inicial. En ese contexto, concluyó que el proponente había subsanado en
debida forma, en la medida en que, con la documentación allegada, acreditó la
disponibilidad de la bodega principal de almacenamiento y la totalidad del equipo
mínimo de trabajo, en particular los cincuenta y siete (57) coordinadores
municipales.

6.23. El 30 de marzo de 202168 se publicó el informe de evaluación final en la
plataforma SECOP II, en el cual se ratificó que Productos La Villa S.A.S. cumplía la
totalidad de los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.

6.24. El 30 de marzo de 2021 se llevó a cabo la audiencia de adjudicación69, según
consta en la respectiva acta. En ella se dejó consignado que la señora Paola Andrea
Oviedo Bravo manifestó que, ese mismo día, había radicado una solicitud ante la
entidad para que se suspendiera la audiencia, al considerar que existían múltiples
irregularidades relacionadas con el RUP aportado por el único proponente.

65 Folios 3008 a 3013 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
66 Folios 508 a 509 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
67 Folios 3041 a 3108 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
68 Folios 4888 a 4891 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
69 Folios 3113 a 3120 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

6.24.1. Se dejó constancia, igualmente, que el señor Luis Fernando Caicedo informó
haber presentado una tacha de falsedad respecto de uno de los documentos
allegados por el proponente con ocasión de la subsanación, y que para tales efectos
había otorgado poder al abogado Francisco Javier Fajardo Angarita.

6.24.2. En el marco de la audiencia, la entidad contratante sostuvo que únicamente
podía intervenir el oferente, a través de su apoderado, mientras que las demás
personas presentes serían consideradas asistentes y no podrían participar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

6.24.3. Finalmente, se dejó constancia de que no se formularon observaciones al
informe de evaluación definitivo, por lo que debía tenerse por habilitado al
proponente y adjudicársele el proceso de selección.

6.25. En consecuencia, mediante Resolución No. 0437 del 30 de marzo de 202170,
el departamento de Nariño adjudicó la Licitación Pública No. 001 de 2021 a
Productos La Villa S.A.S.

6.26. El 30 de marzo de 202171, el señor Francisco Javier Fajardo Angarita presentó
una solicitud de revocatoria directa contra el acto de adjudicación.

6.27. A través de Resolución No. 0632 del 23 de abril de 2021, la entidad resolvió
negar la solicitud de revocatoria directa72, decisión que fue aclarada debido a errores
de digitación en su parte resolutiva mediante Resolución No. 0637 del 26 de abril
de 202173.

6.28. El 30 de abril de 202174 se suscribió el contrato No. GN01050-2021 entre el
departamento de Nariño y Productos La Villa S.A.S., resultante de la Licitación
Pública No. 001 de 2021.

Pruebas adicionales relevantes

6.29. Obra en el expediente la denuncia penal75 presentada por la señora Paola
Andrea Oviedo Bravo contra el representante legal, el gerente, el revisor fiscal y la

70 Folios 3109 a 3112 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
71 Folios 3125 a 3155 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
72 Folios 3263 a 3296 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
73 Folios 3297 a 3298 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
74 Folios 75 a 99 del documento “anexos de la contestación de la demanda” adscrito al cuaderno

principal del Tribunal Administrativo de Nariño.
75 Folios 6918 a 6945 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

contadora de Productos La Villa S.A.S., por la presunta comisión de los delitos de
falsedad ideológica en documento privado en concurso heterogéneo con fraude
procesal.

6.30. También se allegaron los antecedentes administrativos76 de las Licitaciones
Públicas No. 007 de 2016 y No. 002 de 2021, ambas adelantadas por el
departamento de Nariño.

7. Análisis de la Subsección

Para la solución del caso concreto, la Sala encuentra pertinente abordar el régimen
jurídico de subsanabilidad de las ofertas. Lo anterior, con el fin de proceder a
analizar, a partir del marco legal aplicable al presente caso, si el acto administrativo
cuestionado adolece de los vicios alegados, particularmente aquel relativo a la
presunta configuración de una complementación o mejora de la oferta por parte del
adjudicatario.

7.1. Del régimen jurídico de subsanabilidad de las ofertas

Sobre este particular, conviene anotar en primer término que el criterio formalista
que en un principio introdujeron tanto el Decreto Ley 150 de 1976 “Por el cual se
dictan normas para la celebración de contratos por parte de la Nación y sus
entidades descentralizadas” como el Decreto Ley 222 de 1983 “Por el cual se
expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se
dictan otras disposiciones” en cuanto a la posibilidad y alcance de subsanar las
ofertas, fue superado con la expedición de la Ley 80 de 1993, estatuto a partir del
cual, en virtud del principio de economía y privilegiando lo sustancial sobre lo formal,
se consideró que las ofertas no podían rechazarse ante cualquier error de forma. Al
efecto, el artículo 25, numeral 15, del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública dispuso:

“Artículo 25. Del principio de Economía. En virtud de este principio:

[…]

15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o
autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra
clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y
expresa lo exijan leyes especiales.

76 Folios 6947 a 6995 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Nariño.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
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La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación
o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”.

En tal sentido, ante la ausencia de un requisito que no tuviera incidencia alguna en
la comparación de las propuestas, la administración pública no podía proceder a su
rechazo, correspondiéndole, por tanto, solicitar al proponente su subsanación. A
pesar de lo anterior, dicha disposición en la práctica presentó dificultades, no
solamente porque en la administración pública se encontraba arraigada la
costumbre formalista de rechazar la propuesta ante cualquier error de forma, sino
también porque no resultaba del todo claro cuáles eran los requisitos “no necesarios
para la comparación de propuestas”77.

Con la expedición de la Ley 1150 de 2007, el criterio general que introdujo la Ley 80
de 1993 en torno a la posibilidad de subsanar los requisitos del pliego que no fueran
necesarios para comparar las propuestas resultó despejado, toda vez que dicha
norma dispuso expresamente que los requisitos subsanables eran todos aquellos
que no afectaran la asignación de puntaje y, por tanto, ante la ausencia de los
mismos, la entidad estaba facultada para solicitar al oferente la corrección de su
propuesta. Esto reza el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007:

“Artículo 5o. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo

(…)

PARÁGRAFO 1o. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a
la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten
la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier
momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de
selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados
hasta el momento previo a su realización”.

Es del caso resaltar que, con posterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007,
el Gobierno Nacional, en uso de sus facultades reglamentarias, expidió el Decreto

77 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 12 de 2014. Rad.: 27986.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
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066 de 200878, en el que introdujo unas reglas de subsanabilidad (artículo 1079), en
virtud de las cuales dispuso que no estaba permitido subsanar asuntos relacionados
con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acreditaran
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. Mas adelante, el
Gobierno profirió el Decreto 2474 de 200880, que derogó el Decreto 066 de 2008,
en el que reprodujo las mismas reglas de subsanabilidad, que nuevamente fueron
replicadas en el Decreto 734 de 201281, derogatorio del Decreto 2474 de 2008. No
obstante lo anterior, en el año 2013 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1510
de 2013, que derogó el Decreto 734 de 2012, el cual, a diferencia de los decretos
que le precedieron, no estableció pautas en torno a la subsanabilidad de las ofertas,
de suerte tal que se retornó a la regla prevista en el artículo 5º de la Ley 1150 de
2007, según la cual los requisitos subsanables eran todos aquellos que no afectaran
la asignación de puntaje.

Finalmente, en virtud de la Ley 1882 de 2018, que rige en la actualidad, se modificó
el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 en el sentido de determinar que los requisitos
que no asignen puntaje pueden ser subsanados hasta el término de traslado de los
informes de evaluación, salvo para los procesos de mínima cuantía y de selección
abreviada, y dispuso que los proponentes, durante este término, no pueden
subsanar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. La norma
en cita reza lo siguiente:

“ARTÍCULO 5o. Modifíquese el parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 y 5 de
artículo 5o de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedarán así:

Artículo 5o. De la selección objetiva.

[…]

PARÁGRAFO 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las

78 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección,

publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones”.
79 “Artículo 10. Reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección de contratistas primará lo

sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de
requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el
contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad
en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del artículo 5
de la Ley 1150 de 2007. // Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en
condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, o hasta el momento en
que la entidad lo establezca en los pliegos de condiciones, sin que tal previsión haga nugatorio el
principio contemplado en el inciso anterior. // Cuando se utilice el mecanismo de subasta esta
posibilidad deberá ejercerse hasta el momento previo a su realización. // En ningún caso la entidad
podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego
de condiciones, ni permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso”.
80 “Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las

modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones”.
81 “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se

dictan otras disposiciones”.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten
la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y
deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe
de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto
para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del
sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no
suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta
el plazo anteriormente señalado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”.

Así, de cara al desarrollo normativo antes expuesto en punto al régimen de
subsanabilidad de las ofertas, corresponderá al juez del contrato, en cada caso,
determinar la normativa aplicable, con el fin de establecer el alcance y las
condiciones en las que procede la subsanación de las ofertas.

En el presente asunto, la Sala observa que la Licitación Pública No. 001 de 2021
fue adelantada con posterioridad a la Ley 1882 de 2018, por lo que su régimen
jurídico en punto de la subsanabilidad es el previsto en el parágrafo 1º del artículo
5º de la Ley 1150 de 2007, con la modificación introducida por la Ley 1882 de 2018.

7.2. Examen de validez del acto demandado

La parte actora sostuvo en su demanda que la Resolución No. 0437 del 30 de marzo
de 2021, mediante la cual el departamento de Nariño adjudicó la Licitación Pública
No. 001 de 2021 a Productos La Villa S.A.S., se encontraba viciada de nulidad, entre
otras razones, porque la oferta del proponente adjudicatario debió ser rechazada de
plano, en la medida en que con su ofrecimiento inicial no acreditó el cumplimiento
de ciertos requisitos habilitantes. En particular, destacó que al cierre del proceso no
se demostró en modo alguno la disponibilidad de una bodega principal de
almacenamiento, y que solamente se allegó documentación relativa a 26
integrantes del equipo de trabajo destinados a desempeñarse como coordinadores
municipales, pese a que el pliego de condiciones exigía un total de 57.

A juicio del demandante, no resultaba procedente acudir a la figura de la
subsanabilidad para corregir tales falencias, pues no es jurídicamente procedente
subsanar aquello que no fue aportado con la propuesta inicial. En ese sentido,
afirmó que la subsanación implicó un mejoramiento o complementación indebida de
la oferta, pues se autorizó al proponente a integrar con posterioridad documentación
que daba cuenta de los requisitos habilitantes que no acreditó al momento del cierre
del proceso.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal advirtió que los requisitos en
cuestión no incidían en la asignación de puntaje ni en la comparación de ofertas,
por lo que eran susceptibles de subsanación en los términos del parágrafo 1º del
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018. Asimismo,
señaló que la documentación allegada en la etapa de subsanación permitía concluir
que tales requisitos se encontraban cumplidos con antelación al cierre del proceso
de selección, por cuanto la carta de compromiso de arrendamiento de la bodega
principal de almacenamiento estaba fechada el 3 de marzo de 2021 -mientras que
el cierre del proceso tuvo lugar el 5 de marzo siguiente- y, además, porque los
soportes académicos y de experiencia correspondientes a los restantes
coordinadores municipales también tenían fecha anterior al cierre.

En el recurso de apelación, la parte demandante reiteró sus argumentos
relacionados con que la ausencia absoluta de acreditación de los requisitos
habilitantes constituye una falencia insubsanable. Recalcó que la Administración le
permitió al oferente adjudicatario en la etapa de subsanación acreditar el
cumplimiento de requisitos habilitantes que no reunió al cierre del proceso. Afirmó
que, en el caso concreto, no se trataba de simples defectos formales o dudas en la
prueba, sino del incumplimiento material de requisitos exigidos en el pliego, lo que
imponía el rechazo de la propuesta. Añadió que la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que todos los requisitos habilitantes deben cumplirse al
momento de la presentación de la oferta, y que lo subsanable se limita a las
deficiencias probatorias o ambigüedades que surjan al examinar su acreditación,
mas no a la corrección de carencias sustanciales, pues no es posible enmendar lo
que en su momento no se presentó.

En el expediente se encuentra acreditado que Productos La Villa S.A.S. fue el único
proponente que se presentó a la Licitación Pública No. 001 de 2021 (hecho probado
6.11), cuyo objeto consistió en contratar la prestación del servicio para la
implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los 57 municipios
no certificados del departamento de Nariño, conforme a los lineamientos técnicos
administrativos, estándares y condiciones mínimas expedidas por el Ministerio de
Educación Nacional y/o Unidad Administrativa Especial para la Alimentación
Escolar - Alimentos para Aprender (hecho probado 6.1).

De igual forma, se demostró que con la oferta inicialmente presentada no se allegó
documentación alguna destinada a demostrar el cumplimiento del requisito relativo
a la disponibilidad de la bodega de almacenamiento principal (hecho probado
6.12.1) y que, en lo concerniente al equipo de trabajo propuesto, únicamente se

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

aportó documentación correspondiente a 26 coordinadores municipales (hecho
probado 6.12.2), pese a que el pliego de condiciones exigía 57 de ellos. Tal
circunstancia dio lugar a que, en el primer informe de evaluación, el proponente
fuera calificado como no hábil y se le otorgara la oportunidad para subsanar las
falencias advertidas (hecho probado 6.12.3), por tratarse de aspectos que no
incidían en la asignación de puntaje ni en la comparación de las ofertas.

Durante el término de traslado para subsanar y formular observaciones al informe
de evaluación, la entidad contratante recibió múltiples escritos (hecho probado 6.13)
en los que se indicaba que la propuesta de Productos La Villa S.A.S. debía ser
rechazada, entre otras razones, porque con la oferta inicial no se acreditó el
cumplimiento de determinados requisitos habilitantes, en especial aquellos
relacionados con la disponibilidad de la bodega de almacenamiento principal y la
cantidad de coordinadores municipales exigidos en el pliego. En consecuencia, se
alegó que tales omisiones no eran susceptibles de subsanación, pues su corrección
implicaría una indebida complementación de la oferta.

Posteriormente, Productos La Villa S.A.S. allegó al proceso de selección la
documentación orientada a subsanar las falencias advertidas en relación con los
requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones (hecho probado 6.14).
En particular, aportó dos (2) cartas de arrendamiento de la bodega principal de
almacenamiento, fechadas el 3 de marzo de 2021 (hecho probado 6.14.1), así como
los documentos de 47 personas adicionales para el cargo de coordinadores
municipales requeridos en el pliego -que en total eran 57- (hecho probado 6.14.2).

El 29 de marzo de 2021, el Departamento dio respuesta a las observaciones
formuladas (hecho probado 6.22), en el sentido de precisar que, de conformidad
con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por la Ley 1882 de 2018, y con la jurisprudencia del Consejo de Estado, son
subsanables todos aquellos requisitos que no incidan en la asignación de puntaje.
En esa línea, señaló que la subsanabilidad comprende tanto la ausencia de
acreditación de requisitos habilitantes como la falta de los documentos destinados
a verificarlos, por lo que la entidad territorial concluyó que el proponente había
subsanado en debida forma las falencias advertidas y que, por tanto, se encontraba
habilitado.

El 30 de marzo de 2021 se llevó a cabo la audiencia de adjudicación (hecho probado
6.24), oportunidad en la cual el Departamento ratificó que Productos La Villa S.A.S.
se encontraba habilitado y que, por tratarse del único oferente, debía resultar

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

adjudicatario. En consecuencia, mediante la Resolución No. 0437 del 30 de marzo
de 2021 se adjudicó la Licitación Pública No. 001 de 2021 a Productos La Villa
S.A.S. (hecho probado 6.25).

Al respecto, es pertinente recordar que el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150
de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018 -aplicable al proceso de selección
sometido a juicio-, dispone que la ausencia de requisitos o documentos que no sean
necesarios para la comparación de las propuestas ni incidan en la asignación de
puntaje no constituye causal de rechazo del ofrecimiento. En tales eventos, las
entidades estatales deben requerir su subsanación y los proponentes podrán
aportar la documentación pertinente hasta el término de traslado del informe de
evaluación, sin que en esta etapa sea posible acreditar circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso de selección.

En consecuencia, advertida la falencia de un requisito habilitante, el ordenamiento
permite su subsanación -con las limitaciones que, desde luego, establece la normas
referida-; sin embargo, al momento de hacerlo, el oferente no puede acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de selección, de ahí
que, a contrario sensu, la documentación allegada en la etapa de subsanación debe
estar encaminada a demostrar que los aspectos objeto de dicha subsanación
corresponden a circunstancias existentes para la fecha del cierre del proceso.

La correcta comprensión del alcance de la expresión “circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso”, exige distinguir entre la existencia del requisito
y el medio probatorio mediante el cual este se acredita. En efecto, en materia de
subsanación de ofertas no debe confundirse el requisito habilitante -esto es, la
condición sustancial que debe encontrarse materialmente satisfecha al momento de
la presentación de la oferta- con el documento o la prueba destinada a demostrar
su cumplimiento82; mientras el requisito debe existir al momento del cierre del
proceso de selección, su acreditación puede efectuarse con posterioridad, siempre
que esté dirigida a demostrar una situación preexistente.

Desde esta perspectiva, lo que la norma prohíbe no es la aportación posterior de
documentos para acreditar un requisito habilitante que ya existe, sino la posibilidad
de subsanar la ausencia del requisito mismo o de demostrar hechos que solo se
configuraron con posterioridad al cierre del proceso, de tal suerte que, lo que resulta

82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Exp.

29855.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

susceptible de subsanación, es la prueba de dichas condiciones, mas no la
condición o el requisito como tal.

Bajo ese contexto, esta Sala de Subsección ha precisado que la sola circunstancia
de que el proponente no aporte con su oferta la documentación destinada a
acreditar un requisito habilitante no permite concluir, de manera automática, que
dicho requisito no se encuentre cumplido83. Precisamente, la finalidad de la figura
de la subsanación consiste en permitir que los oferentes acrediten requisitos que
efectivamente ostentan al cierre del proceso pero que, por diversas razones, no
fueron demostrados oportunamente o cuya acreditación inicial resultó insuficiente o
generó dudas.

En consecuencia, la falta de aportación inicial de documentos relativos a un requisito
habilitante no implica necesariamente su incumplimiento, de modo que resulta
procedente la subsanación para acreditar su satisfacción, siempre que se trate de
una condición que ya se encontraba cumplida con anterioridad al cierre del proceso
de selección.

Ahora bien, el numeral 8º del artículo 30 de la Ley 80 de 199384 establece que,
durante el término de traslado del informe de evaluación, los oferentes no pueden
completar, adicionar, modificar ni mejorar sus propuestas. Es decir, que si bien los
proponentes pueden subsanar su ofrecimiento mediante la aportación de
documentos dirigidos a acreditar requisitos que no sean necesarios para la
comparación de las propuestas ni incidan en la asignación de puntaje, ello no los
habilita para alterar sustancialmente el contenido del ofrecimiento inicialmente
presentado.

En ese orden de ideas, el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por la Ley 1882 de 2018, no puede interpretarse de manera aislada, sino
en armonía con lo dispuesto en el citado numeral 8º del artículo 30 de la Ley 80 de
1993, bajo el entendido de que la figura de la subsanación encuentra un límite claro
en la prohibición de modificar el contenido sustancial de la oferta, de manera que
no resulta admisible que, bajo el amparo de dicha figura, se permita a los oferentes
completar, adicionar o mejorar la propuesta inicialmente presentada.

83 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17 de septiembre de 2025.

Exp. 68181.
84 “ARTÍCULO 30.- De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se

efectuará conforme a las siguientes reglas: (…) 8o. Los informes de evaluación de las propuestas
permanecerán en la secretaría de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los
oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los
oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas”.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

Habiendo efectuado las anteriores precisiones conceptuales, la Sala estima
necesario examinar, de manera separada, cada una de las circunstancias que,
según la parte recurrente, implicaron una indebida mejora o complementación de la
oferta presentada por el proponente adjudicatario. Lo anterior, con el fin de
determinar si, en efecto, las actuaciones adelantadas durante la etapa de
subsanación se limitaron a la acreditación de requisitos habilitantes previamente
existentes o si, por el contrario, comportaron una modificación sustancial del
contenido del ofrecimiento inicialmente presentado, en contravía de la facultad de
subsanar los ofrecimientos establecida en el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley
1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018, así como de la prohibición
prevista en el numeral 8º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

7.2.1. Así, en lo que respecta a la disponibilidad de la bodega de almacenamiento
principal, la Sala considera que el hecho de que la entidad hubiera permitido
subsanar este aspecto y que, con fundamento en la documentación aportada por el
proponente durante el término de traslado del informe de evaluación, hubiera
concluido que el requisito se encontraba debidamente acreditado, no comportó una
mejora ni una complementación de la oferta. En el presente caso, se encuentra
acreditado que el oferente se limitó a demostrar que ya cumplía con esa exigencia
al momento de presentar su propuesta, esto es, antes del cierre del proceso de
selección.

Al respecto, es pertinente empezar por destacar que dicho aspecto se trataba de un
requisito habilitante previsto en el pliego de condiciones que no incidía en la
comparación de las ofertas ni en la asignación de puntaje, razón por la cual era
susceptible de subsanación en los términos del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley
1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018; en ese sentido, cabe resaltar
que el factor que sí incidía en la asignación de puntaje era la disponibilidad de
bodegas de almacenamiento adicionales a la principal (hecho probado 6.7), el
cual constituía un criterio ponderable dentro de la evaluación, mientras que la
disponibilidad de la bodega principal correspondía únicamente a una condición
habilitante mínima para participar en el proceso de selección.

Desde esta perspectiva, la documentación aportada por el proponente durante la
etapa de subsanación tuvo por objeto exclusivamente acreditar el cumplimiento de
dicho requisito habilitante, mas no modificar el contenido de la oferta ni incorporar
condiciones adicionales susceptibles de incidir en la evaluación comparativa de la
propuesta.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

En efecto, se observa que las cartas de compromiso de arrendamiento de la bodega
principal allegadas por el proponente al subsanar su ofrecimiento (hecho probado
6.14.1) tenían una fecha anterior al cierre del proceso de selección -3 de marzo de
2021-, circunstancia que permite corroborar que la disponibilidad de dicha
infraestructura existía desde antes del cierre -5 de marzo de 2021-, lo que permite
colegir que los documentos aportados por el oferente no estuvieron dirigidos a
incorporar un elemento nuevo a la propuesta, sino a acreditar una condición que ya
se encontraba materialmente satisfecha al momento del cierre del proceso de
selección.

Así las cosas, no se trató de que el proponente hubiera asumido el compromiso de
contratar la bodega con posterioridad al cierre del proceso de selección o al traslado
del informe de evaluación, sino de que, mediante la subsanación, acreditara una
situación o condición preexistente cuya demostración inicial resultó insuficiente, de
modo que, a juicio de la Sala, la actuación de la entidad sobre este particular resulta
acorde con las previsiones contenidas en el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley
1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018, al estar orientada a verificar el
cumplimiento de un requisito habilitante previamente existente y no a permitir la
modificación o mejora de la oferta.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el requisito relativo a la disponibilidad
de la bodega principal era susceptible de subsanación y, en consecuencia, podía
considerarse subsanado, no solamente porque se trataba de un requisito habilitante
no necesario para la comparación de las propuestas, sino también porque con
ocasión de la misma el oferente se limitó a acreditar una condición que ya se
encontraba materialmente cumplida al momento del cierre del proceso de selección,
sin que ello implicara la mejora de su ofrecimiento, de ahí que el cargo alegado
frente a este particular no tenga la vocación de prosperar.

7.2.2. Por su parte, en lo que respecta al requisito relativo al equipo de trabajo y, en
particular, al componente de coordinadores municipales exigido en el pliego de
condiciones, la Sala considera que en el caso concreto se configuró una indebida
complementación de la oferta, por las razones que se exponen a continuación.

En desarrollo de lo anterior, conviene precisar que la Sala no reprocha que la
entidad contratante hubiera permitido subsanar las omisiones advertidas respecto
del requisito habilitante relacionado con el equipo mínimo de trabajo, pues, en
principio, tratándose de un requisito habilitante, procedía su subsanación. Lo que

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

se cuestiona es que, con ocasión de esa subsanación, el oferente terminara
completando el contenido de su ofrecimiento, habida consideración de que el
proponente únicamente presentó con su propuesta inicial la información
correspondiente a 26 de los 57 coordinadores exigidos en el pliego de condiciones,
presentando por primera vez documentos de 47 personas adicionales a
desempeñar esos cargos durante la etapa de subsanación.

En pocas palabras, el cuestionamiento no se dirige a reprochar que el oferente
hubiera aportado documentos durante la etapa de subsanación, pues ello, en
principio, resultaba procedente tratándose de un requisito habilitante. Lo que se
cuestiona es que, con ocasión de esa actuación, terminara completando el
contenido de su oferta en lo relacionado con el equipo de coordinadores
municipales, toda vez que únicamente durante la etapa de subsanación presentó la
información necesaria para integrar la totalidad del equipo mínimo exigido en el
pliego de condiciones, circunstancia que comportó una complementación del
ofrecimiento luego del cierre del proceso de selección.

Descendiendo al caso concreto, de la revisión de la oferta inicialmente presentada,
se observa que el proponente con su ofrecimiento únicamente aportó la
documentación de 26 personas para desempeñar los cargos de coordinadores
municipales (hecho probado 6.12.2) -sin siquiera relacionarlas o enlistarlas-, pese a
que el pliego de condiciones exigía como requisito habilitante la presentación de 57
coordinadores, en la medida en que debía disponerse de un coordinador en cada
uno de los 57 municipios en los cuales se iba a ejecutar el contrato (hecho probado
6.5).

Frente a este requisito habilitante, al evaluar la oferta, la entidad demandada
concluyó que el oferente no lo cumplía. En efecto, en la evaluación técnica anexa al
informe de evaluación dejó expresa constancia de que aquel “no presenta el equipo
mínimo de trabajo requerido en el pliego de condiciones y del equipo presentado, 5
no cumplen con los requisitos solicitados” (hecho probado 6.12.2) y, por tanto,
dispuso su subsanación.

Ahora bien, de cara a la documentación allegada por el oferente adjudicatario
durante la etapa de subsanación -y que obra en el expediente-, particularmente en
lo que atañe al equipo de trabajo, se advierte que, con ocasión de los aspectos cuya
subsanación le fue requerida, aportó documentos correspondientes a 47 personas
adicionales y distintas de las 26 incluidas en la oferta inicial para integrar el equipo
de coordinadores (copias de cédulas de ciudadanía, títulos académicos y

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

certificaciones de experiencia laboral) (hecho probado 6.14.2). Asimismo, se
observa que, con fundamento en dicha documentación, la entidad consideró
subsanada en debida forma la oferta y, por tanto, tuvo por acreditado el
cumplimiento del requisito habilitante correspondiente al equipo de trabajo (hecho
probado 6.22).

En tal sentido, tras valorar la documentación allegada por el oferente adjudicatario
durante la etapa de subsanación, la Sala advierte que fue únicamente con ocasión
de esa actuación que se incorporó la información correspondiente a la totalidad del
equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones. En efecto, mientras la propuesta
inicial únicamente comprendió la identificación y acreditación de 26 coordinadores
municipales, la documentación presentada con posterioridad al cierre permitió
completar el equipo requerido hasta alcanzar los 57 integrantes exigidos, por lo que
es dable colegir que la subsanación no se limitó a acreditar un requisito habilitante
previamente incorporado a la oferta, sino que a través de la misma se terminó por
complementar el contenido mismo del ofrecimiento, en contravía de lo dispuesto en
el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

A juicio de la Sala, el punto central del debate no radica en la naturaleza de los
documentos allegados durante la etapa de subsanación, sino en el contenido de la
oferta presentada al momento del cierre del proceso de selección. En efecto, el
pliego de condiciones exigía como requisito habilitante la acreditación de un equipo
mínimo conformado por 57 coordinadores municipales; sin embargo, el oferente
adjudicatario únicamente presentó con su propuesta inicial la información
correspondiente a 26 de ellos.

En esas condiciones, la documentación allegada durante la etapa de subsanación
no se limitó a acreditar un requisito existente al presentar la oferta, sino que permitió
completar el equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones mediante la
incorporación de la información correspondiente a los coordinadores restantes. Así
las cosas, aun cuando los documentos aportados en la etapa de subsanación
acreditaban las calidades académicas y la experiencia de las personas allí
relacionadas, lo cierto es que el equipo mínimo de 57 coordinadores municipales
solo fue presentado de manera completa en dicha etapa, lo que implicó la
complementación del contenido del ofrecimiento después del cierre del proceso de
selección, en contravía de lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1150
de 2007.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

En este punto, conviene destacar que el numeral del pliego de condiciones (hecho
probado 6.5), relativo a la conformación del equipo de trabajo, si bien exigía la
participación de, entre otros, 57 coordinadores municipales, no estableció la manera
en que debía acreditarse dicho requisito. En efecto, el pliego se limitó a exigir que
el proponente relacionara en su oferta el equipo de trabajo requerido y allegara la
documentación encaminada a demostrar la experiencia exigida, sin precisar el
alcance o contenido mínimo de dicha acreditación. Tal disposición, si bien podía
presentar dificultades tanto para el oferente como para la Administración en torno a
la forma en que debía presentarse la información y entenderse subsanado ese
aspecto, no eximía al primero, en sede de subsanación, de acreditar la condición
cumplida al momento del cierre del proceso de selección y a la segunda de analizar
si la circunstancia se encontraba acreditada para ese momento.

Al margen de que el pliego de condiciones hubiera guardado silencio sobre la forma
de acreditar el requisito relativo al equipo mínimo de trabajo, lo cierto es que el
parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de
2018, dispone expresamente que, durante el término otorgado para subsanar las
ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso de selección. En consecuencia, correspondía al
demandante probar que el requisito habilitante estaba satisfecho al cierre del
proceso y a la Administración verificar que los documentos aportados con ocasión
de la subsanación acreditaran dicha circunstancia; una interpretación en contrario
permitiría, en la práctica, que los oferentes complementaran o configuraran
extemporáneamente sus ofertas, desconociendo la finalidad de la figura de la
subsanación y vulnerando el principio de igualdad que rige los procedimientos de
selección de contratistas.

Como se ha mencionado, lo susceptible de subsanación es la acreditación o prueba
de los requisitos habilitantes, pero no la configuración material de los mismos, la
cual debe concurrir necesariamente al momento del cierre, por lo que no le es dable
al proponente, so pretexto de subsanar su oferta, incorporar circunstancias
sobrevinientes o completar ex post facto los requisitos exigidos.

Ahora bien, no se pasa por alto que el proponente, en su oferta inicial, efectuó una
manifestación en el sentido de indicar que cumplía con la totalidad de los requisitos
exigidos en el pliego para ese momento (hecho probado 6.11). No obstante, a juicio
de la Sala, tal afirmación no puede ser entendida como una declaración que por sí
misma dé por acreditado el cumplimiento del requisito relativo al equipo mínimo
exigido al momento del cierre del proceso.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

En efecto, tratándose de un requisito habilitante que suponía la identificación de un
equipo conformado por 57 coordinadores municipales con perfiles específicos, no
bastaba con una manifestación genérica de cumplimiento. Aceptar que una simple
declaración genérica del proponente releva la exigencia probatoria, implicaría vaciar
de contenido las reglas del proceso de selección, en tanto se permitiría que el
cumplimiento de los requisitos quedara librado a la sola afirmación del oferente, sin
posibilidad real de verificación por parte de la entidad ni de control por los demás
participantes.

Asimismo, dicha manifestación pierde aún más fuerza cuando se contrasta con el
contenido mismo de la oferta inicialmente presentada, pues, como se expuso, el
proponente con su oferta inicial únicamente allegó documentación respecto de 26
personas, y del material probatorio que obra en el expediente no se desprende que,
desde ese momento, se hubiera relacionado o identificado los nombres del total de
los coordinadores municipales requeridos -57 en total-. Estas circunstancias
desvirtúan el alcance de la afirmación general de cumplimiento del requisito, en la
medida en que evidencia una inconsistencia entre lo declarado y lo efectivamente
acreditado.

En ese orden de ideas, el supuesto cumplimiento del requisito no podía sustentarse
únicamente en la manifestación efectuada por el proponente en su oferta inicial,
pues ello supondría relevarlo de la carga de presentar de manera completa el equipo
mínimo exigido en el pliego de condiciones. Tratándose de un requisito habilitante
que exigía la presentación de 57 coordinadores municipales, dicha información
debió hacer parte del contenido de la oferta presentada al momento del cierre del
proceso de selección, de manera que pudiera ser objeto de verificación por la
entidad y de control por los demás participantes.

Sin embargo, como quedó expuesto, fue únicamente durante la etapa de
subsanación cuando el oferente allegó la información correspondiente a los
coordinadores municipales faltantes, completando así el equipo mínimo exigido en
el pliego de condiciones. En consecuencia, la manifestación general de
cumplimiento resulta insuficiente para desvirtuar que la oferta inicialmente
presentada no contenía de manera íntegra el equipo requerido, razón por la cual la
actuación desplegada terminó permitiendo la complementación del contenido del
ofrecimiento con posterioridad al cierre del proceso de selección.

43

Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

Así las cosas, en el presente caso es dable colegir que se vulneraron las reglas que
gobiernan la subsanabilidad de las ofertas, particularmente la previsión contenida
en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual las ofertas
deben mantenerse inalteradas una vez presentadas, sin que sea admisible su
modificación, mejora o complementación, en concordancia con la previsión
contenida en el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
la Ley 1882 de 2018, que prohíbe subsanar el requisito habilitante como tal.

En consecuencia, la Sala concluye que la Resolución No. 0437 del 30 de marzo de
2021 está viciada de nulidad, por cuanto vulneró el parágrafo 1º del artículo 5 de la
Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018, y el artículo 30-8 de la Ley
80 de 1993.

Por todo lo anterior, y en atención a que se declarará la nulidad del acto
administrativo acusado, la Sala se abstendrá de efectuar un pronunciamiento sobre
los demás cargos de nulidad formulados por el recurrente.

7.3. La nulidad absoluta del contrato

Según lo previsto en el artículo 45 de la Ley 80 de 199385, la nulidad absoluta de los
contratos estatales debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente
demostrada, y no es susceptible de ser saneada mediante ratificación. A su vez, la
posibilidad de decretar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos, si se
encuentra plenamente demostrada y en el proceso están presentes todas las partes
que lo celebraron, es reiterada en el inciso final del artículo 141 del CPACA86.

Ahora bien, el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, en la nueva redacción que le dio al
artículo 1742 del C.C., expresa que la nulidad absoluta se sanea “en todo caso” por
prescripción extraordinaria. Por consiguiente, cualquiera que sea la causa que da
origen a la nulidad absoluta, transcurrido el término de la prescripción extraordinaria
no podrá pedirse ni decretarse porque el legislador, en procura de la seguridad
jurídica, ha fijado un límite temporal a la posibilidad de cuestionar los negocios
jurídicos.

85 “La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por

cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación”.
86 “El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la

nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes”.

44

Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

Respecto de las causales de nulidad absoluta de los contratos estatales, el artículo
44 de la Ley 80 de 1993 dispone:

“ARTÍCULO 44.- De las Causales de Nulidad Absoluta. Los contratos del Estado
son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además
cuando:

1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitución y la ley;

2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.

3o. Se celebren con abuso o desviación de poder.

4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y

5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo
21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la
reciprocidad de que trata esta Ley”.

Así, como el numeral 4º de dicho artículo contempla como causal de nulidad que se
declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten, y teniendo en
cuenta que en el presente asunto se declarará la nulidad de la Resolución No. 0437
del 30 de marzo de 2021, por medio de la cual el departamento de Nariño adjudicó
la Licitación Pública No. 001 de 2021, en el presente caso se impone declarar de
oficio la nulidad absoluta del contrato No. GN01050-2021 de 2021, celebrado entre
el aludido Departamento y Productos La Villa S.A.S. como resultado del proceso de
selección.

Ahora bien, en el sub examine es evidente que el término de prescripción extintiva
de diez (10) años dispuesto en el artículo 2532 del C.C., modificado por el artículo
6 de la Ley 791 de 2002 -norma vigente para el momento en que se celebró el
negocio jurídico- no había transcurrido, pues el contrato se suscribió el 30 de abril
de 2021 (hecho probado 6.28) y la demanda se interpuso el 31 de mayo de 2021, y
se admitió el 25 de agosto de la misma anualidad.

En consecuencia, habiéndose establecido la nulidad absoluta del contrato
celebrado entre el departamento de Nariño y Productos La Villa S.A.S., y teniendo
en cuenta que en el caso concreto aquella no se encuentra saneada por
prescripción, la Sala encuentra procedente declararla de oficio, en los términos
establecidos en los artículos 45 de la Ley 80 de 1993, 1742 del Código Civil y 141
del CPACA.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

7.4. Restituciones mutuas

La declaratoria de nulidad absoluta de un contrato, o de una de sus cláusulas
cuando quiera que el vicio recaiga solamente sobre alguna de ellas, genera como
efectos: (i) su desaparición del mundo jurídico; (ii) la extinción de todas las
obligaciones derivadas del mismo; y (iii) retrotrae la situación de las partes al estado
en que se encontraban, como si el contrato o la cláusula no hubieran existido87.

A su turno, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993:

“La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria.

Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo
por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado
y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá
que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le
hubieren servido para satisfacer un interés público” (subraya la Sala).

En este orden, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se declara la
nulidad absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del objeto
contractual tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a las prestaciones
ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad se ha
beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público88, restituciones que,
no obstante, no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación,
por ejemplo, en aquellos en los que resulta materialmente imposible efectuarlas89.

En línea con lo anterior, y como ha puesto de presente la jurisprudencia de la
Corporación90, del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 se deriva la necesidad de que
las prestaciones ejecutadas y no reconocidas al momento de declarar la nulidad
absoluta sea acreditada en dos aspectos: cualitativo, vale decir, que haya

87 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de diciembre de 2017. Rad.: 50.045.
88 Sobre el particular, esta Subsección ha señalado de modo reiterado y uniforme que la declaratoria

judicial de nulidad de un contrato, retrotrae la situación al estado en que se encontrarían las partes
como si el contrato no hubiera existido, lo que en principio daría lugar a las restituciones mutuas,
precisando que “(a)l respecto el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sin distinguir
entre contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, ordena el reconocimiento y pago
de las prestaciones derivadas de un contrato declarado nulo por objeto o causa ilícitos hasta el monto
del beneficio que la entidad estatal haya obtenido. Sin embargo, para que haya lugar al
reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato declarado nulo por objeto o
causa ilícito es indispensable que las prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés
público, pues solo en esta medida se puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 15 de diciembre de 2017,
Radicación número: 76001-23-31-000-2007-01419-01(55102); Cfr. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencia del 6 de febrero de 2019. Rad.: 61720.
89 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de febrero de 2006. Rad.: No. 13414;

Sección Tercera, Sentencia del 6 de febrero de 2019. Rad.: 61720.
90 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, Sentencia del 31 de agosto 2020,

radicación:250002326000201000277-01 (48242).

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

significado un beneficio representado en la satisfacción de un interés público 91; y
otro cuantitativo, en tanto la declaración de restituir lo ejecutado debe ir hasta el
monto efectivamente demostrado.

En el presente caso, la Sala considera que, dado que el medio de control ejercido
es el de nulidad simple, del cual no se deriva el restablecimiento de derecho alguno
en favor de las partes o de terceros, no hay lugar al reconocimiento de restituciones
mutuas. A ello se suma que al expediente no fueron allegados los documentos
relacionados con la ejecución del contrato estatal, lo que, en todo caso, impediría
efectuar un pronunciamiento sobre ese aspecto.

Por las razones expuestas a lo largo de esta providencia, la Sala revocará la
sentencia del 1º de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño – Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda. En su lugar: (i) se declarará la nulidad de la Resolución No. 0437
del 30 de marzo de 2021, mediante la cual el departamento de Nariño adjudicó la
Licitación Pública No. 001 de 2021 a Productos La Villa S.A.S.; y (ii) se declarará
de oficio la nulidad absoluta del contrato No. GN01050-2021 celebrado entre el
departamento de Nariño y Productos La Villa S.A.S., sin lugar a restituciones
mutuas.

8. Condena en costas en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA92 establece que la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas salvo en los procesos en que se ventile un interés público y siempre que
la demanda no adolezca de una manifiesta carencia de fundamento legal.

91 “(…) en materia de contratación del Estado, para que haya lugar al reconocimiento y pago de las

prestaciones derivadas de un contrato nulo por objeto o causa ilícita es indispensable que las
prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés público pues solo en esta medida se
puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado, como lo prevé el citado artículo 48 de la
Ley 80 de 1993 en su inciso final. // Luego, si el interés público no se ha satisfecho en alguna medida,
no habrá lugar a ningún reconocimiento o pago y ello ocurriría, por ejemplo, cuando en un contrato
que es nulo por ilicitud de su objeto o de su causa, la obra contratada no se ha ejecutado total o
parcialmente y de tal manera que el interés público se haya satisfecho en esa misma medida en
virtud de que el servicio público finalmente se prestó en alguna proporción. // En conclusión,
declarada la nulidad del contrato habrá lugar a las restituciones mutuas, aunque, por supuesto,
cuando nada se ha dado o pagado en razón del contrato nulo, no hay lugar a considerar y a resolver
sobre las eventuales restituciones mutuas.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 9 de febrero de 2017. Rad. 85001-
23-33-000-2013-00221-01(52805), reiterada en sentencia del 23 de octubre de 2017. Rad. 73001-
23-33-000-2013-00468-01(53477)).
92 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo en

los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.

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Radicación: 520012333000202100207-01 (72107)
Demandante: Francisco Javier Fajardo Angarita

Teniendo en cuenta que en el proceso de la referencia se estudió la legalidad
objetiva de un acto administrativo, no es procedente la condena en costas por
tratarse de un asunto en donde se ventiló un interés público y por no ser la demanda
manifiestamente carente de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia del 1º de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia y, en su lugar, disponer:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 0437 del 30 de marzo de
2021, mediante la cual el Departamento de Nariño adjudicó la Licitación Pública No.
001 de 2021 a Productos La Villa S.A.S.

SEGUNDO: DECLARAR de oficio la nulidad absoluta del contrato No. GN01050-
2021 del 30 de abril de 2021 celebrado entre el departamento de Nariño y Productos
La Villa S.A.S., sin lugar a restituciones mutuas.

TERCERO: SIN condena en costas.

CUARTO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este
proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y
ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de
Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
AC4

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