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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00425-01

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00425-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar le ordinal cuarto de la sentencia proferida el 5 de agosto de 2024, por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, el cual quedará así: «CUARTO.- En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer una pensión de jubilación a favor de la señora Gloria Isabel Moncayo Góngora, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.664.230 de Tumaco (N), desde el 28 de diciembre de 2019, correspondiente al 75% del promedio de lo devengado en el año anterior la adquisición del estatus pensional [28 de diciembre de 2018 a 28 de diciembre de 2019], incluyendo en la liquidación únicamente la asignación básica, conforme a la Ley 62 de 1985, la bonificación mensual docentes [decretos 322 de 2018 y 1022 de 2019], bonificación pedagógica en 1/12 parte [Decreto 40 Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024) Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora 2354 de 2018] y prima de vacaciones en 1/12 parte, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.» Decreto 2354 de 2018». Segundo. Revocar el ordinal octavo de la sentencia proferida el 5 de agosto de 2024, por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión que condenó en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), y en su lugar se dispone: «OCTAVO. Negar la condena en costas». Tercero. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 5 de agosto de 2024, por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión. Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Quinto. Sin condena en costas en esta instancia. Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Ausente con excusa […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2021-00425-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Pensión jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente vinculación
por contratos de prestación de servicios antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 5 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Segunda de Decisión mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Gloria Isabel Moncayo Góngora presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 0391 del 29 de junio de 2021,
por medio de la cual la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio2 negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación.

1 En adelante CPACA.
2 En adelante Fomag.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en los términos
previstos en las leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985, con el 75% del promedio de lo
devengado durante el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus
pensional; ii) el reconocimiento de la «compatibilidad entre pensión y sueldo que cobija
los docentes con vinculación antes de la expedición de la Ley 812 de 2003»; iii) el
cumplimiento del fallo de acuerdo con los artículos 189 y 192 del CPACA; iv) el
reajuste de las sumas adeudadas; v) el pago de intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Gloria Isabel Moncayo Góngora prestó sus servicios durante 22 años y 9 días y
alcanzó el estatus pensional el 28 de diciembre de 2019.

3.2. Con ocasión de las vinculaciones realizadas a través de órdenes de prestación
de servicios, prestó sus servicios en el sector público de la educación, en la
Secretaría de Educación de Tumaco, en los siguientes periodos:

Desde Hasta
11/01/1996 22/04/1996
17/09/1996 17/12/1996
13/01/1997 13/04/1997
14/01/1997 14/07/1997
01/09/1997 12/12/1997
02/02/1998 30/04/1998
04/05/1998 26/06/1998
01/09/1998 30/11/1998
18/01/1999 31/03/1999
05/04/1999 30/06/1999
13/03/2000 12/04/2000
13/04/2000 12/05/2000
13/05/2000 12/06/2000
13/06/2000 12/07/2000
13/07/2000 12/09/2000
16/04/2001 16/06/2001
19/06/2001 29/07/2001
15/11/2001 15/12/2001
01/02/2002 01/06/2002

3 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, actuación denominada:
3_ED_002Demanda.pdf(.PDF) NroActua 3.

2

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

01/06/2002 01/08/2002
08/01/2003 07/04/2003
08/04/2003 25/07/2003
01/01/2004 12/07/2016
13/07/2016 16/01/2017
16/01/2016 02/10/2020

3.3. La entidad le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación según lo
dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, al considerar que su régimen
era el contenido en la Ley 100 de 1993.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 58 de la
Constitución Política, las leyes 91 de 1989, 812 de 2003, 100 de 1993, 33 y 62 de
1985 y los decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de
1979.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 4:

5.1. La vinculación inicial del docente determina el régimen pensional aplicable, por
cuanto, «en la actualidad hay dos situaciones: i) La de los docentes oficiales vinculados
antes del 27 de junio de 2003 fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es la
establecida en las disposiciones legales vigentes hasta esta fecha, sin que termine el 31 de
julio de 2010. ii) La de los docentes oficiales vinculados a partir del 27 de junio de 2003 es
el régimen de las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y las demás que lo regulan en el futuro,
pero con el requerimiento de la edad unificado en 57 años para hombres y mujeres, sin que
termine el 31 de julio de 2010. Lo que hizo la Ley 812 de 2003 fue incluir a los docentes en
el régimen de la Ley 100 de 1993 de la cual fueron excluidos por mandato del artículo 279,
dejando claro que solo se aplica a los que se vinculen posterior al 27 de junio de 2003. Por
consiguiente, los docentes vinculados con anterioridad a esa fecha se les deben respetar
la expectativa pensional establecidos en la Ley 33 y 62 de 1985» [sic].

1.2. Contestación de la demanda

34. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la prosperidad
de las pretensiones5, con fundamento en lo siguiente:

4 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño, actuación denominada: 001 DEMANDA Y

ANEXOS(.PDF) NroActua 3(.PDF) NroActua 3(.PDF) NroActua 3.
5 Índice 7 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño, actuación denominada: 006

CONTESTACIÓN DEMANDA(.pdf) NroActua 7.

3

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

34.1. La
demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión en los
términos de las leyes 33 y 62 de 1985, toda vez que se vinculó a la entidad el 31 de
agosto de 2016, en ese sentido «tiene los derechos prestacionales del Régimen
Pensional de Prima Media establecido en la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de
2003; y los requisitos previstos en ellas, son la edad de pensión que es de 57 años para
hombres y mujeres, y a la fecha la docente contaba con 56 años».

Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad; ii) la demandante no era beneficiaria de las
disposiciones normativas que se alegan; iii) factores salariales que integran el
ingreso base de liquidación – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
proferida por el Consejo de Estado [argumento subsidiario]; iv) ineptitud de la
demanda por carencia de fundamento jurídico; v) cobro de lo no debido; vi)
improcedencia de condena en costas y vi) excepción genérica.

1.3. La sentencia apelada

6. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión mediante
sentencia proferida el 5 de agosto de 2024 accedió a las pretensiones de la
demanda6. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:

6.1. La demandante prestó sus servicios mediante la figura de contratos de
prestación de servicios entre el 11 de enero de 1996 y el 25 de julio de 2003, con
algunas interrupciones, vinculaciones que según la jurisprudencia del Consejo de
Estado deben computarse para efectos pensionales, por lo que «al estar acreditado
que la primera vinculación de la demandante al sector oficial data antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 -26 de junio de 2003-, en materia pensional, le son aplicables
las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha Ley, esto es, las Leyes 33 y 62 de 1985,
con los requisitos previstos en dichas disposiciones, no así los estipulados en el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, como lo
explicó la parte demandada en el acto enjuiciado desde el concepto desfavorable de la
Fiduciaria La Previsora S.A.» [sic].

6.2. Asimismo, «sin el ánimo de declarar la existencia de una relación laboral – en tanto no
es el objeto del presente asunto – únicamente para efectos pensionales se tendrá en cuenta
el tiempo que la accionante trabajó como docente para los diferentes centros educativos
del municipio de Tumaco (N) incluso cuando la entidad de previsión fue el Departamento
de Nariño», de manera que el 12 de junio de 2019 completó 20 años de servicio

6 Índice 31 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño, actuación denominada: 031 SENTENCIA

DE PRIMERA INSTANCIA(.pdf) NroActua 31.

4

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Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

[7.200 días] y el 28 de diciembre de 2019 cumplió 55 años de edad, es decir que en
esta última fecha alcanzó el estatus pensional.

6.3. Según el certificado de salarios obrante en el expediente, entre los años 2018 y
2019, la demandante devengó la asignación básica, prima de servicios,
bonificaciones pedagógica y mensual docentes y las primas de vacaciones y de
navidad, por lo que, para la liquidación de la prestación, únicamente serán incluidos
la asignación básica y la bonificación mensual docentes, en virtud del Decreto 1566
de 2014.

6.4. En cuanto a la prescripción, adquirió el estatus pensional el 28 de diciembre de
2019, la solicitud de reconocimiento fue el 23 de diciembre de 2020 y la demanda
fue presentada el 8 de noviembre de 2021, de manera que no operó el fenómeno.

6.5. Finalmente, según el 365 del CGP., condenó en costas a la entidad previsional
en un 70% a favor de la docente.

1.4. Los recursos de apelación

7. 1.4.1. Gloria Isabel Moncayo Góngora solicitó que se modificara el ordinal cuarto
de la sentencia de primera instancia7 con el fin de que en la liquidación de la pensión
de jubilación se incluyeran todos los factores salariales devengados durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, así no estén enunciados en el artículo
1 de la Ley 62 de 1985. Porque, si bien en la sentencia de unificación proferida el
25 de abril de 2019 se concluyó que los factores a reconocer serían los estipulados
en la Ley 62 de 1985, los decretos 2354 de 2018, 964 de 2021 y 1381 de 1997 han
previsto que las bonificaciones pedagógica y mensual y la prima de vacaciones
tienen efectos prestacionales.

8. Por lo anterior, «el despacho judicial está desconociendo la Sentencia de Unificación
del 25 de abril de 2019 y los decretos que han sido expedidos posteriormente, al no incluir
correctamente los factores salariales que por derecho corresponden a la liquidación de la
pensión de jubilación de la demandante, ya que solo tuvo en cuenta la asignación básica»
[sic].

9. 1.4.2. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia8 con
fundamento en que el tiempo acreditado por la demandante antes de la entrada en

7 Índice 34 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño, actuación denominada: 035 RECURSO

PARTE ACTORA(.pdf) NroActua 34.
8 Índice 33 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño, actuación denominada: 034 RECURSO

FIDUPREVISORA(.pdf) NroActua 33.

5

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Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

vigor de la Ley 812 de 2003, fue en el marco de contratos de prestación de servicios,
por lo que no era computable para el reconocimiento pensional, en tanto, «esta
modalidad de contratación se rige bajo las normas civiles […] se considera que no se puede
aplicar dado que NO existe proceso en donde se debatan los elementos esenciales para la
configuración de un contrato de trabajo, tales como subordinación, remuneración,
prestación directa del servicio entre otros, pues si fuera por aplicación en vía indirecta no
existirían procesos denominados de contrato realidad».

10. Asimismo, la primacía de la realidad sobre las formalidades no debe implicar el
detrimento patrimonial de la entidad, toda vez que la realización de aportes durante
la prestación del servicio es fundamental y en el caso de haber cotizado la llamada
a responder es la entidad receptora de estos, pues si bien es posible repetir en su
contra, lo cierto es que los procesos de esa categoría resultan dispendiosos en el
tiempo y generan un gasto importante.

11. Además, de lo acreditado en el proceso resultó que la docente fue vinculada al
Fomag después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, el
régimen pensional aplicable era el contenido en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, excepto la edad de pensión, la cual sería de 57 años para hombres y mujeres.

1.5. Trámite en segunda instancia

12. Por medio de auto del 20 de febrero de 20259, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación.

13. ElFomag a través del recurso de apelación solicitó tener como prueba
documental un «CERTIFICADO DE AFILIACIÓN», proferido por esa entidad el 29 de
octubre de 2024, petición que fue negada mediante auto del 22 de mayo de 202510,
al encontrar que no se invocó alguna de las causales previstas en el artículo 212
del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. No obstante, la
decretó como prueba de oficio al considerar que podía brindar mayor claridad y
entendimiento en relación con la vinculación de la demandante a esa entidad.

1.6. Concepto Ministerio Público

14. La procuradora tercera delegada11 solicitó confirmar la sentencia proferida en la
primera instancia, al considerar que la docente fue vinculada al servicio desde el 11

9 Índice 4 de Samai, actuación denominada: 5Autoqueadmite_68422024Admiterecurs(.pdf)
NroActua 4.
10 Índice 13 de Samai, actuación denominada: 12Autoqueniega_68422024Niegasolicit(.pdf)

NroActua 13.
11 Índice 11 de Samai, actuación denominada: Memorial_FLF_11Concepto(.pdf) NroActua 11.

6

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Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

de enero de 1996, antes del 27 de junio de 2003, fecha de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, de manera que la normatividad aplicable correspondió a las
leyes 33 y 62 de 1985, no a la Ley 100 de 1993.

2. Consideraciones

2.2. Los problemas jurídicos

15. Se circunscriben a resolver:

15.1. ¿si el tiempo de servicio prestado por Gloria Isabel Moncayo Góngora, entre los
años 1996 y 2003, en ejercicio de órdenes de prestación de servicios la hacen
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003 y como consecuencia al reconocimiento de la pensión de jubilación en los
términos previstos en las leyes 33 y 62 de 1985? y

15.2. ¿si tiene derecho a la inclusión de todos los factores devengados durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, en especial las bonificaciones
pedagógica y mensual y la prima de vacaciones?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al FOMAG

16. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte12. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas13.

17. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio

12 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
13 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001

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Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

público y lograr su satisfacción14. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»15. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

18. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos16. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

19. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

20. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG,
para lo cual dispuso:

14
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
15
Preámbulo y artículo 6.
16
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

8

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

21. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200317.

22. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

23. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal

17
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

24. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

25. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

18
26. La Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su

18
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,
distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen prestacional
anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.

27. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»

28. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los

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servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

29. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.3.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales

30. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).

19
31. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.
[…]

19
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.

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El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».

32. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201920, precisó:

«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».

33. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

20
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

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• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
[…]». [Se resalta]

34. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones

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Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años21. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».

35. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección22, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.

2.3.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional

35. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores23. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.

36. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.

21 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación

47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23
Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

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37. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 24, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación25 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.

26
38. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.

39. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199427 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.

40. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer

24
Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
25
Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
27
«Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».

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derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.

41. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 28 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199429; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar30. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.

42. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:

«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.

28
El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
29 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
30
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

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Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores».

43. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.

44. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado31, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».

45. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)

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trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»32. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»33.

46. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.

47. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.

48. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.

49. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación34, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es

32 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
33 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:

05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.

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inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.

50. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200335 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

51. En efecto, el artículo 2336 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2437 y 5738 ibidem permitieron que la entidad

35 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley

715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
36 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados

para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
37 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes

regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
38 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso

Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».

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administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.

52. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».

2.3.4. Compatibilidad pensional de los docentes

53. Desde 1886 el constituyente estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, en ese sentido la norma constitucional
disponía:

«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes» [Se resalta].

54. Como se advierte de la disposición en cita, el constituyente previó la posibilidad
de que se establecieran excepciones a la prohibición contenida en el artículo 64, las
cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la República, quien
en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196039,
dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de establecimientos
docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo40».
Esta excepción fue reiterada en artículo 32 del Decreto 1042 de 1978.

55. Asimismo, el legislador extraordinario a través del Decreto 224 de 197241, incluyó
de manera expresa dentro de las mencionadas salvedades, la compatibilidad entre
la pensión y el ejercicio docente, así:

«Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad.» [Se resalta]

56. Posteriormente, con ocasión del cambio de régimen constitucional de 1991, se
mantuvo la mencionada prohibición de recibir simultáneamente más de una
erogación del erario en los siguientes términos:

«Articulo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de

39
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
40
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
41
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.

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instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.»

57. Ahora bien, la anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a
través de la Ley 4 de 1992, la cual en su artículo 19 dispuso:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:

[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]» [Se resalta]

58. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó42:

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]» [se resalta].

59. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:

59.1. i) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del

42
Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado: 05001-23-31-000-1995-01799-01 (Radicado interno:
1577-2001). Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado.

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Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].

59.2. ii) El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « […] [e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y

59.3. iii) El artículo 19 de Ley 344 de 199643 dispuso:

«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

60. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una
de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la
edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar
de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por
cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]

43
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

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61. Adicional a lo expuesto, se advierte que en los decretos a través de los cuales el
gobierno nacional44 «modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se
dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal», de manera
expresa se reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, pero se mantiene la excepción en relación con «las asignaciones
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992», lo que permite evidenciar la vigencia
de la compatibilidad entre el salario y la pensión de quienes desarrollan una labor
docente.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

62. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

62.1. Gloria Isabel Moncayo Góngora nació el 28 de diciembre de 196445.

62.2. El
17 de septiembre de 1996, el secretario de educación de Tumaco le
comunicó a la docente el traslado a la Escuela Rural El Pulgande, «Favor presentarse
al Director de Núcleo».

62.3. El secretario de educación de Tumaco autorizó a la docente para «desempeñarse
en las actividades académicas del año lectivo 1996 – 1997 y lograr el desplazamiento de los
Docentes en la fecha indicada, se elabora la siguiente: Orden de trabajo No. 168 Periodo: 3
meses a partir del 13 de enero de 1997. Establecimiento educativo: Escuela Rural: El
Pulgande. Nombre del docente: Moncayo Góngora Gloria Isabel. Carácter: Provisional».

62.4. El secretario de educación de Tumaco autorizó a la docente para «desempeñarse
en las actividades académicas del año lectivo 1996 – 1997 y lograr el desplazamiento de los
Docentes de tal forma que se garantice el normal funcionamiento de los establecimientos
educativos desde el día Lunes hasta el Viernes de cada semana, se elabora la siguiente:
Orden de trabajo No. 148 Periodo: 3 meses a partir del 14 de abril de 1997. Establecimiento
educativo: Escuela Rural: El Pulgande. Nombre del docente: Moncayo Góngora Gloria Isabel.
Carácter: Provisional».

62.5. El secretario de educación de Tumaco autorizó a la docente para «desempeñarse
en las actividades académicas del año lectivo 1997 – 1998 y lograr el desplazamiento de los

44
Por ejemplo: decretos 887 de 2023, 284 de 2024 y 596 de 2025.
45 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño, actuación denominada: 001 DEMANDA

Y ANEXOS(.PDF) NroActua 3(.PDF) NroActua 3(.PDF) NroActua 3.

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Docentes de tal forma que se garantice el normal funcionamiento de los establecimientos
educativos desde el día Lunes hasta el Viernes de cada semana, se elabora la siguiente:
Orden de trabajo No. 123 Periodo: 3 meses a partir del 1 de septiembre de 1997.
Establecimiento educativo: Esc. R. El Pulgande […] Carácter: Provisional».

62.6. El secretario de educación de Tumaco autorizó a la docente para «desempeñarse
en las actividades académicas del año lectivo 1997 – 1998 y lograr el desplazamiento de los
Docentes de tal forma que se garantice el normal funcionamiento de los establecimientos
educativos desde el día Lunes hasta el Viernes de cada semana, se elabora la siguiente:
Orden de trabajo No. 123 Periodo: 3 meses a partir del 1 de septiembre de 1997.
Establecimiento educativo: Esc. R. El Pulgande […] Carácter: Provisional».

62.7. El secretario de educación de Tumaco autorizó a la docente para «desempeñarse
en las actividades académicas del año lectivo 1997 – 1998 y lograr el desplazamiento de los
Docentes de tal forma que se garantice el normal funcionamiento de los establecimientos
educativos desde el día Lunes hasta el Viernes de cada semana, se elabora la siguiente:
Orden de trabajo [sin número] Periodo: diciembre 1 al 12 de 1997. Establecimiento educativo:
Esc. R. El Porvenir […] Carácter: Provisional».

62.8. El secretario de educación de Tumaco autorizó a la docente para «desempeñarse
en las actividades académicas del año lectivo 1997 – 1998 y lograr el desplazamiento de los
Docentes de tal forma que se garantice el normal funcionamiento de los establecimientos
educativos desde el día Lunes hasta el Viernes de cada semana, se elabora la siguiente:
Orden de trabajo [sin número] Periodo: febrero 2 al 30 de abril de 1998. Establecimiento
educativo: Esc. R. El Porvenir […] Carácter: Provisional».

62.9. El secretario de educación de Tumaco autorizó a la docente para «desempeñarse
en las actividades académicas del año lectivo 1997 – 1998 y lograr el desplazamiento de los
Docentes de tal forma que se garantice el normal funcionamiento de los establecimientos
educativos desde el día Lunes hasta el Viernes de cada semana, se elabora la siguiente:
Orden de prestación de servicio personal [sin número] Periodo: mayo 4 hasta el 26 de junio de
1998. Establecimiento educativo: Esc. U. Porvenir […] Categoría: 1».

62.10. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales No 450 con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios
docentes en el establecimiento educativo: Esc. Porvenir J/M. Valor: El correspondiente a la
categoría del escalafón. Duración: Septiembre 1 hasta Noviembre 30 de 1998. Forma de pago:
Por mensualidades vencidas previa presentación de la constancia de prestación del servicio
expedida por el residente de la Junta de Padres de Familia y/o Personero Estudiantil».

62.11. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales 392 con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios docentes
en el establecimiento educativo: Esc. El Porvenir Valor: El correspondiente a la categoría del
escalafón. Duración: Enero 18 hasta marzo 31 de 1999. Forma de pago: Por mensualidades

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vencidas previa presentación de la constancia de prestación del servicio expedida por el
residente de la Junta de Padres de Familia y/o Personero Estudiantil».

62.12. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales [sin número] con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios
docentes en el establecimiento educativo: Escuela El Porvenir Valor: El correspondiente a la
categoría del escalafón $1’062.467. Duración: Abril 5 hasta el 30 de junio de 1999. Forma de
pago: Por mensualidades vencidas previa presentación de la constancia de prestación del
servicio expedida por el residente de la Junta de Padres de Familia y/o Personero Estudiantil».

62.13. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales [sin número] con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios
docentes en el establecimiento educativo: Esc. Urb. El Porvenir Valor: El correspondiente a la
categoría del Escalafón $407.690. Duración: Marzo 13 a Abril 12 del 2000. Forma de pago:
Por mensualidades vencidas previa presentación de la constancia de prestación del servicio
expedida por el presidente de la Junta de Padres de Familia y/o Personero Estudiantil».

62.14. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales [sin número] con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios
docentes en el establecimiento educativo: Esc. El Porvenir Valor: $407.690. Duración: Abril 12
a mayo 13 del 2000. Forma de pago: Por mensualidades vencidas previa presentación de la
constancia de prestación del servicio expedida por el presidente de la Junta de Padres de
Familia y/o Personero Estudiantil».

62.15. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales [sin número] con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios
docentes en el establecimiento educativo: Esc. Urb. El Porvenir Valor: El correspondiente a la
categoría del escalafón $404.837. Duración: Mayo 13 a julio 12 del 2000. Forma de pago: Por
mensualidades vencidas previa presentación de la constancia de prestación del servicio
expedida por el presidente de la Junta de Padres de Familia y/o Personero Estudiantil».

62.16. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales [sin número] con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios
docentes en el establecimiento educativo: Esc. El Porvenir Valor: El correspondiente a la
categoría del escalafón $404.836. Duración: Junio 13 a julio 12 del 2000. Forma de pago: Por
mensualidades vencidas previa presentación de la constancia de prestación del servicio
expedida por el presidente de la Junta de Padres de Familia y/o Personero Estudiantil».

62.17. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales [sin número] con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios
docentes en el establecimiento educativo: Esc. El Porvenir Valor: El correspondiente a la
categoría del escalafón $404.836 Vr. Total Contrato $809.672. Duración: Julio 13 al 12 de
septiembre de 2000 (Dos meses). Forma de pago: Por mensualidades vencidas previa

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presentación de la constancia de prestación del servicio expedida por el Concejo Directivo y/o
Junta de Padres de Familia y visto bueno del Directo de Núcleo […] Observación: Esta orden
renovable se celebrará para resolver la crisis educativa del municipio, mientras el Gobierno
Nacional asuma el compromiso pactado».

62.18. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales [sin número] con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios
docentes en el establecimiento educativo: Esc. El Porvenir Valor: El correspondiente a la
categoría del escalafón $404.836 Vr. Total Contrato $1’214.508. Duración: del 13 de
septiembre al 12 de diciembre de 2000 (Tres meses). Forma de pago: Por mensualidades
vencidas previa presentación de la constancia de prestación del servicio expedida por el
Concejo Directivo y/o Junta de Padres de Familia y visto bueno del Directo de Núcleo […]
Observación: Esta orden renovable se celebrará para resolver la crisis educativa del municipio,
mientras el Gobierno Nacional asuma el compromiso pactado».

62.19. Elsecretario de educación de Tumaco y la demandante suscribieron el
Contrato sin formalidades plenas de prestación de servicios docentes, cuyo objeto
fue «prestar sus servicios como docente de la Esc. El Porvenir. Valor: […] $676.769. Fecha
de iniciación: 16/abril/2001 Fecha de terminación: 16/junio/2001».

62.20. En junio [sin fecha completa] el secretario de educación de Tumaco prolongó
la OPS [sin especificación] porque «el término del contrato resultó insuficiente, en
consecuencia, se lo prorroga por el tiempo indispensable para que pueda ser aprobado
legalmente el año escolar. Desde el 19 de junio [de forma manual se escribió ‘2001’] hasta el
29 de julio».

62.21. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicios personales [sin número] con la docente cuyo «Objeto: Prestación de servicios
docentes en el establecimiento educativo: Esc. El Porvenir Valor del contrato por mes: […]
$693.689. Forma de pago: Por mensualidad vencida previa presentación de la constancia de
trabajo expedida por la Junta de padres de familia y visto bueno de los directores de núcleo.
Duración: 30 días contados a partir del perfeccionamiento de la presente orden […] Fecha del
perfeccionamiento del contrato: 15 nov 15 Dic/01».

62.22. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de
servicio [sin número] con la docente cuyo «Objeto: Prestación del Servicio de Enseñanza
de la ESC. URBANA EL PORVENIR Valor del contrato […] $2’866.524 a razón de […]
$716.631 mensuales. Duración: 4 meses, contados a partir del 1º de febrero de 2002. Forma
de pago: Por mensualidad vencida previa presentación de la constancia de prestación de
servicios expedida por el Rector o Director, Junta de Padres de Familia y el Vo. Bo. del Director
de Núcleo».

62.23. El secretario de educación de Tumaco suscribió la orden de prestación de

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servicios personales [sin número] con la docente con «Objeto: Prestación del Servicio
de Enseñanza de la ESC. COL.: Esc. El Porvenir […] Valor del contrato […] $1’504.782 a razón
de […] $752.391 mensuales. Duración: 2 meses, contados a partir del 1º de junio de 2002
Forma de pago: Por mensualidad vencida previa presentación de la constancia de prestación
de servicios expedida por el Rector o Director, Junta de Padres de Familia y el Vo. Bo. del
Director de Núcleo».

62.24. El 8 de enero de 2003, el secretario de educación de Nariño y la docente
suscribieron el Contrato sin formalidades plenas de orden de prestación de servicios
(docentes municipales) No. M-1525, cuyo objeto fue prestar sus servicios como
docente de la Escuela Exporcol de Tumaco [N], por valor de $2’257.173, fecha de
iniciación del 8 de enero de 2003, fecha de terminación del 7 de abril de 2003.

62.25. El 1º de enero de 2004, la demandante tomó posesión del cargo de docente
en provisionalidad, según el acta [sin número], ante el alcalde de Tumaco [N], en la
Institución Educativa Instituto Técnico Industrial Nacional, nombrado mediante
Decreto 1235 del 31 de diciembre de 2003, proferido por el alcalde de Tumaco [N].

62.26. El 13 de julio de 2016, la demandante tomó posesión del cargo de docente,
según el acta 1587, en periodo de prueba, en el área de básica primaria, en la I.E.
Santa Teresita, nombrada mediante el Decreto 0447 del 13 de julio de 2016, suscrito
por el alcalde y el secretario de educación de Tumaco «Por el cual se realiza un
nombramiento en periodo de prueba de un docente en la planta de cargos del municipio de
Tumaco pagados por el Sistema General de Participaciones».

62.27. El 16 de enero de 2017, la demandante tomó posesión del cargo de docente
en propiedad, según el Acta 0941H, en el área de primaria, de la Institución
Educativa IE Santa Teresita / Sede N1 Santa Teresita, nombrada mediante el
Decreto 0042 del 16 de enero de 2017 «Por medio del cual se nombra en propiedad a
unos docentes en la planta de cargos del municipio de Tumaco por haber superado
satisfactoriamente el periodo de prueba», suscrito por el alcalde de Tumaco.

62.28. El 2 de octubre de 2020, el secretario de educación de Tumaco [Nariño],
mediante el formato único para la expedición de la historia laboral certificó que la
docente ejerció una vinculación del orden territorial, en propiedad, prestó sus
servicios en los siguientes términos:

Acto
Novedades Desde Hasta Total
administrativo
Vinculación mediante OPS
Comunicado
Escuela Rural Tablón Dulce 11/01/1996 22/04/1996 101 días
22/01/1996
La Pampa de Tumaco [N]
Vinculación Mediante OPS Comunicado 17/09/1996 17/12/1996 90 días

28

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

Escuela Rural Pulgande 17/09/1996
Tumaco [N]
Vinculación Mediante OPS
OPS No. 168
Escuela Rural Pulgande 13/01/1997 13/04/1997 90 días
13/01/1997
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
OPS 148
Escuela Rural Pulgande 14/04/1997 14/07/1997 90 días
14/04/1997
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
OPS 123
Escuela Rural Pulgande 01/09/1997 12/12/1997 101 días
01/09/1997
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana Porvenir OPS 02/02/1998 02/02/1998 30/04/1998 88 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana Porvenir OPS 04/05/1998 04/05/1998 25/06/1998 52 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana Porvenir OPS 01/09/1998 01/09/1998 30/11/1998 89 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 18/01/1999 18/01/1999 31/03/1999 72 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 05/04/1999 05/04/1999 30/06//1999 85 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 13/03/2000 13/03/2000 12/04/2000 29 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 13/04/2000 13/04/2000 12/05/2000 29 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 13/05/2000 13/05/2000 12/06/2000 29 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 13/06/2000 13/06/2000 12/07/2000 29 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 13/07/2000 13/07/2000 12/09/2000 59 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 16/04/2001 16/04/2001 16/06/2001 60 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 19/06/2001 19/06/2001 29/07/2001 40 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
OPS 15/11/2001 15/11/2001 15/12/2001 30 días
Escuela Urbana El Porvenir

29

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 01/02/2002 01/02/2002 01/06/2002 120 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 01/06/2002 01/06/2002 01/08/2002 60 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 08/11/2003 08/01/2003 07/04/2003 89 días
Tumaco [N]
Vinculada Mediante OPS
Escuela Urbana El Porvenir OPS 08/04/2003 08/04/2003 25/07/2003 107 días
Tumaco [N]
Nombrada Docente
Decreto 1235 del
Provisional I.E. I. T. I. N. 01/01/2004 12//07/2016 4511 días
31/12/2003
Tumaco [N]
Nombrada Docente
Periodo Prueba Decreto 0447 del
13/07/2015 «16/01/2017» 183 días
I.E. Santa Teresa Tumaco 13/07/2016
[N]
Nombrada Docente
Decreto 0042 del
Propiedad I.E. Santa «16/01/2016» 02/10/2020 1696 días
16/01/2017
Teresita Tumaco [N]

62.29. El 23 de diciembre de 2020, la demandante solicitó el reconocimiento de la
pensión de jubilación y el 29 de junio de 2021, mediante la Resolución 0391 el
secretario de educación de Tumaco negó la petición con fundamento en que «una
vez verificada el expediente del (a) docente se observa afiliación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante Decreto No. 1235 de 31/12/2003 con fecha de
posesión el día 01/01/2004, es decir, en vigencia de la Ley 812 de 2003, por los cual tiene los
derechos prestacionales del régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100
de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003».

62.30. El 11 de marzo de 2024, el profesional especializado de la Secretaría de
Educación de Nariño señaló que en las bases antiguas de los archivos de la entidad
se encontró que la docente suscribió el contrato de prestación de servicios Nº 1525
del 8 de enero de 2003, «cuyo objeto contractual era la prestación de servicios como
Docente de la Escuela Exporcol del Municipio de Tumaco. Fecha de iniciación: 08 de enero
de 2003 Fecha de terminación: 07 de abril de 2003. El valor del contrato se fijó en Dos Millones
Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Setenta y Tres Pesos ($2’257.713), los cuales fueron
cancelados al término del contrato, previa certificación de la prestación del servicio suscrita
por el inmediato superior».

«Contrato Sin formalidades plenas de orden de prestación de servicios (docentes municipales)
No. M-1525» del 8 de enero de 2003.

30

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

2.4.2. Análisis sustancial

62. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la demandante había prestado sus
servicios mediante la figura de contratos de prestación de servicios entre el 11 de
enero de 1996 y el 25 de julio de 2003, con algunas interrupciones, vinculación que
según la jurisprudencia del Consejo de Estado debía computarse para efectos
pensionales, por la naturaleza de la labor docente.

63. Gloria Isabel Moncayo Góngora solicitó que se modificara el ordinal cuarto de la
sentencia de primera instancia46 con el fin de que en la liquidación de la pensión de
jubilación se incluyeran todos los factores salariales devengados durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, así no estuvieran enunciados en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

64. Por su parte, el Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia,
con fundamento en que el tiempo acreditado por la demandante fue en el marco de
varios contratos de prestación de servicios, periodo que no era computable para el
reconocimiento pensional.

2.4.2.1. En cuanto a la posibilidad de computar para el reconocimiento
pensional el tiempo de servicios que los docentes prestaron a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios

64. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para esta Subsección es claro que, por virtud de los principios de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine, el
tiempo de servicio que los docentes prestaron con ocasión de una vinculación
contractual debe ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, sin diferenciar el régimen pensional que rija su situación.

65. Lo anterior porque como lo ha sostenido esta Corporación, en aquellos casos en
los que los docentes prestaron sus servicios con ocasión de una vinculación
diferente de la legal y reglamentaria fueron desconocidas disposiciones legales y
reglamentarias, así como los derechos mínimos e irrenunciables de estos
trabajadores, pues no se les reconocieron las prestaciones propias de los
empleados públicos.

46 Índice 34 de Samai del Tribunal Administrativo de Nariño, actuación denominada: 035 RECURSO

PARTE ACTORA(.pdf) NroActua 34.

31

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

66. En línea con lo anterior, se encuentra pertinente recordar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia con la que declaró inexequibles las normas que
autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de
servicios47:

«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.

A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).

A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).

Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art.
13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en
la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta,
comparten una misma naturaleza y características48».

67. En consonancia, se concluye que existe una «prohibición constitucional» de
vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de contratos de
prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en la Ley 812 de
2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de una relación
contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que, conllevaría a una
interpretación desfavorable con sustento en una situación que, como se explicó
anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto es, la vinculación de
docentes a través de un contrato.

68. Así las cosas, las vinculaciones contractuales que ostentó la docente entre los
años 1996 y 2003 serán tenidas en cuenta para verificar el cumplimiento de las

47
Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.
48
Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.

32

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

exigencias para el reconocimiento de la prestación de jubilación, en tanto, se insiste,
la falta de vinculación como empleados públicos a través de una relación legal y
reglamentaria obedeció al incumplimiento de un deber legal por parte del Estado,
que no puede ser utilizado para afectar sus derechos laborales mínimos e
irrenunciables.

2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003

69. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional49», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es los docentes oficiales.

70. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo,
el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese momento
habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de transición,
según el cual, esta reforma solo les sería aplicables a quienes a partir del 26 de
junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.

71. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [Se resalta].

72. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.

49 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.

33

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

73. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 de 25 de abril de 201950, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i) quienes
se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los
servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del
requisito de la edad.

74. De acuerdo con lo anterior y con el formato único para la expedición de la historia
laboral expedido por el secretario de educación de Tumaco [Nariño] el 2 de octubre
de 2020, con ocasión del «comunicado» del 22 de enero de 1996, la docente se
vinculó por primera vez al magisterio el 11 de enero de 1996, por lo que fue
acreditado el único requisito previsto por el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para
ser beneficiario de la transición prevista en esa disposición, esto es, una vinculación
al servicio educativo oficial previa a su entrada en vigor.

75. Respecto de la realización de aportes, la norma de manera expresa señala que
el «régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley», es decir, lo que determina quiénes son beneficiarios de esta
prerrogativa es el ejercicio de la docencia oficial y no la realización de aportes.

76. En suma, lo que le permite a Gloria Isabel Moncayo Góngora mantener el
régimen pensional del cual eran beneficiarios los empleados públicos del orden
nacional antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, no son los aportes sino las
vinculaciones que ostentó como docente oficial [sin diferenciar la fuente de esta]
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, se advierte que
el régimen prestacional aplicable en el sub judice era el de la Ley 33 de 1985, puesto
que pretende dicho reconocimiento con base en el tiempo de servicio que prestó en
el sector público.

2.4.2.1. En torno a la verificación de los requisitos previstos en el régimen de
pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985

50
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

34

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

78. Como se explicó en líneas anteriores, para el reconocimiento de la prestación de
jubilación de los docentes a quienes su situación pensional se rige por lo dispuesto
en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, deben acreditar 55 años de edad y 20 años
de servicios.

79. En cuanto al requisito de la edad: Gloria Isabel Moncayo Góngora nació el 28
de diciembre de 1964, por lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad
demandada la solicitud de reconocimiento pensional [23 de diciembre de 2020],
contaba con más de 55 años de edad.

80. En cuanto al tiempo de servicio: acreditó el siguiente tiempo de servicio, de
conformidad con las pruebas relacionadas en el capítulo de hechos probados:

80.1. Con ocasión de órdenes de prestación de servicios, como docente, 4 años, 11
meses y 17 días, así: i) entre el 11 de enero de 1996 y el 22 de abril de 199651: 3
meses y 11 días; ii) entre el 17 de septiembre de 1996 y el 17 de diciembre de
199652: 3 meses; iii) entre el 13 de enero y el 13 de abril de 199753: 3 meses; iv)
entre el 14 de abril y el 14 de julio de 199754: 3 meses; v) entre el 1º de septiembre
y 12 de diciembre de 1997: 3 meses y 11 días55; vi) entre el 2 de febrero y el 30 de
abril de 199856: 2 meses y 28 días; vii) entre el 4 de mayo y el 25 de junio de 199857:
10 meses y 2 días; viii) entre el 1º de septiembre y el 30 de noviembre de 199858: 2
meses y 29 días; ix) entre el 18 de enero y el 31 de marzo de 199959: 2 meses y 13
días; x) entre el 5 de abril y el 30 de junio de 199960: 2 meses y 25 días; xi) entre el
13 de marzo y el 12 de abril de 200061: 29 días; xii) entre el 12 de abril y el 13 de
mayo de 200062: 1 mes y 1 día; xiii) entre el 13 de mayo y el 12 de junio de 2000 63:
29 días; xiv) entre el 13 de mayo y el 12 de julio de 2000 64: 29 días; xv) entre el 13
de julio y 12 de septiembre de 200065: 1 mes y 29 días; xvi) entre el 13 de septiembre

51 En virtud de la certificación proferida por la secretaria de educación de Tumaco [Nariño], el 2 de

octubre de 2020, mediante formato único para la expedición de la historia laboral, Párrafos 62.28.
52 Párrafos 62.28.
53 Párrafos 62.28 y 62.3.
54 Párrafos 62.28 y 62.4.
55 Párrafos 62.28 y 62.5.
56 Párrafos 62.28 y 62.8.
57 Párrafos 62.28 y 62.9.
58 Párrafos 62.28 y 62.10.
59 Párrafos 62.28 y 62.11.
60 Párrafos 62.28 y 62.12.
61 Párrafos 62.28 y 62.13.
62 Párrafos 62.28 y 62.14. [si bien la información es tomada de 2 documentos distintos, en el caso

de haber diferencia en las fechas, se toma la que le resulte más provechosa para la trabajadora].
63 Párrafos 62.28 y 62.15.
64 Párrafos 62.28 y 62.16.
65 Párrafos 62.28 y 62.17.

35

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00425-01 (6842-2024)
Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

y el 12 de diciembre de 200066: 1 mes y 29 días; xvii) entre el 16 de abril y el 16 de
junio de 200167: 2 meses; xviii) entre el 19 de junio y el 29 de julio de 200168: 1 mes
y 10 días; xix) entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2001 69: 1 mes; xx)
entre el 1º de febrero y el 1º de junio de 200270; 4 meses; xxi) entre el 1º de junio y
el 1º de agosto de 200271: 2 meses; xxii) entre el 8 de enero y el 7 de abril de 200372:
2 meses y 29 días; xxiii) entre el 8 de abril y el 25 de julio de 2003 73: 3 meses y 17
días.

80.2. Con ocasión de vinculaciones legales y reglamentarias, 18 años y 10 meses:
i) entre el 1º de enero de 2004 y el 12 de julio de 201674: 12 años, 6 meses y 11
días; ii) entre el 13 de julio de 2015 y el 16 de enero de 201775: 1 año, 6 meses y 3
días y iii) entre el 16 de enero de 2016 y el 2 de octubre de 202076: 4 años, 8 meses
y 17 días.

81. Así las cosas, la demandante adquirió el estatus pensional el 28 de diciembre de
2019 cuando cumplió 55 años de edad, momento para el cual contaba con más de
20 años de servicios, pues el 15 de enero de 2019 los completó. Se confirmará en
este aspecto la sentencia objetada.

82. Además de lo anterior, el reconocimiento pensional se rige por las siguientes
reglas: i) una tasa de remplazo del 75% y ii) el ingreso base de liquidación se
determinará con base en lo devengado durante el año anterior a la fecha en la que
adquirió el estatus, con la inclusión de los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, estos son, asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio. Asimismo, deberán incluirse aquellos creados por la autoridad
competente como factor salarial para efectos pensionales y que haya devengado el
docente durante el periodo que se tendrá en cuenta para la liquidación.

66
Párrafo 62.18
67 Párrafos 62.28 y 62.19.
68
Párrafos 62.28 y 62.20.
69 Párrafos 62.28 y 62.21.
70 Párrafos 62.28 y 62.22.
71 Párrafos 62.28 y 62.23.
72
Párrafos 62.28 y 62.24.
73
Párrafo 62.28.
74 Párrafos 62.28 y 62.25.
75
Párrafos 62.28 y 62.26.
76 Párrafos 62.28 y 62.27.

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Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

83. Por lo que se ordenará al Fomag efectuar el reconocimiento a Gloria Isabel
Moncayo Góngora, de una pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto
en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, esto es con el 75% del salario devengado
durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de
los factores salariales que debieron servir de base de cotizaciones, de conformidad
con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así como los creados a favor de los docentes
con posterioridad a esta disposición que tengan carácter prestacional.

84. En este punto, se precisa que la docente en el recurso de apelación solicitó el
reconocimiento de las bonificaciones pedagógica y mensual y la prima de
vacaciones, al respecto se encuentra que entre el 28 de diciembre de 2018 y el 28
de diciembre de 2019 devengó los siguientes factores: asignación básica, prima de
servicios, bonificación pedagógica, bonificación mensual docentes, la doceava de
la prima de vacaciones y la prima de navidad77.

85. En relación con la bonificación pedagógica, se encuentra que el Decreto 2354 de
2018 dispuso «[c]réase la Bonificación Pedagógica para los docentes y directivos
docentes de las plantas de personal de docentes oficiales de las entidades territoriales
certificadas en educación, la cual será cancelada a partir del año 2018», la cual se pagará
una vez al año «cuando el docente y directivo docente cumpla un año continuo de
servicios efectivamente prestado» y constituirá «factor salarial para todos los efectos
legales». En ese orden, este emolumento fue creado como factor salarial, por lo que
la demandante tenía derecho a que este fuera incluido para la liquidación de su
prestación de jubilación, en una doceava (1/12) parte78. De igual forma sucede con
la prima de vacaciones, que de conformidad con los artículos 6 del Decreto 1381 y
45 del Decreto 1045 de 1978, será tenida en cuenta para «efectos del reconocimiento
y pago […] de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos».

86. Ahora bien, frente a la bonificación mensual, se advierte que para los años 2018
y 2019 fue creada a través de los decretos 322 y 1022, del respectivo año, en los
siguientes términos «[c]réase para los servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media […] una bonificación,
que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2018 y hasta el
treinta y uno (31) diciembre de 201879, mientras el servidor público permanezca en el
servicio». Asimismo, precisó que esta «constituirá factor salarial para todos los efectos

77 Según el certificado del formato único para la expedición de salarios, emitido el 2 de octubre de

2020, por el secretario de educación de Tumaco [Nariño].
78 Así lo estableció esta Subsección en otros asuntos como en la sentencia del 20 de noviembre de

2024, expediente con radicado 52001-23-33-000-2020-01145-01(2539-2024), consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera.
79 De conformidad con el Decreto 1022 de 2019: «a partir del primero (01) de enero de 2019 y hasta

el treinta y uno (31) diciembre de 2019».

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Demandante: Gloria Isabel Moncayo Góngora

legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se
realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes».

87. Así las cosas, la demandante tenía derecho a que su pensión de jubilación fuera
liquidada con la inclusión de los factores que devengó durante el último año,
previstos en la Ley 62 de 1985, y las bonificaciones pedagógica y mensual y la prima
de vacaciones en una doceava (1/12) parte, según se explicó antes.

88. En consecuencia, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia proferida en la
primera instancia, en el sentido de incluir los mencionados factores en la liquidación
de la prestación.

89. Ahora bien, como se explicó en líneas anteriores, el personal docente se
encuentra exceptuado de la prohibición de devengar doble asignación del erario, en
el entendido de que el reconocimiento y disfrute de la pensión no se encuentra
supeditado al retiro del servicio, es decir, están habilitados para percibir la mesada
pensional y continuar ejerciendo el cargo de docente hasta que llegue a la edad de
retiro forzoso. En ese orden, en el caso en estudio, Gloria Isabel Moncayo Góngora
tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en las leyes 33 y 62 de 1985, a partir de la fecha en la que
adquirió el estatus pensional, esto es, del 28 de diciembre de 2019, sin que debiera
acreditar el retiro del servicio.

90. En cuanto a la condena en costas ordenada en la primera instancia, al no
encontrar acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal
de las diferentes etapas del proceso por parte de la entidad previsional condenada,
se revocará el ordinal octavo de la sentencia objetada.

91. Finalmente, según las normas aplicables al caso concreto en torno a la
configuración del fenómeno jurídico de la prescripción, encuentra la sala que la
demandante adquirió el estatus pensional el 28 de diciembre de 2019 y presentó la
solicitud de reconocimiento de la prestación el 23 de diciembre de 2020, por lo que
interrumpió el término de prescripción, de conformidad con lo previsto en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en
consecuencia no se configuró el fenómeno de la prescripción.

92. Así las cosas, se impone modificar el ordinal cuarto de la sentencia apelada con
ocasión de la inclusión de las bonificaciones pedagógica y mensual y la prima de
vacaciones, revocar el ordinal octavo y en su lugar negar la condena en costas y
confirmar en todo lo demás.

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2.5. Costas

93. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

94. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

95. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma80.

96. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

97. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.

3. Conclusión

98. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las vinculaciones
contractuales que ostentó la docente entre los años 1996 y 2003 debían ser tenidas
en cuenta para verificar el cumplimiento de las exigencias para el reconocimiento

80En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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de la prestación de jubilación, en tanto, la falta de vinculación como empleado
público a través de una relación legal y reglamentaria obedeció al incumplimiento
de un deber legal por parte del Estado, que no puede afectar sus derechos laborales
mínimos e irrenunciables.

99. En ese orden, en tanto la demandante se vinculó por primera vez al servicio
público educativo oficial el 11 de enero de 1996, esto es antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 81 de esta, por lo que su situación pensional se regía por las disposiciones
contenidas en las leyes 33 y 62 de 1985. Asimismo, al encontrar fundamento legal
en los decretos 1381 de 1997, 2354 de 2018 y 1022 de 2019 se adicionará el ordinal
cuarto para ordenar la inclusión de las bonificaciones pedagógicas, mensual y la
prima de vacaciones.

100. Así las cosas y en la medida en que acreditó más de 55 años de edad y 20 de
servicio, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
sin que tenga que acreditar el retiro del servicio.

101. Por lo anterior, se adicionará el ordinal cuarto, se revocará el ordinal octavo y,
su lugar, se negará la condena en costas y se confirmará en lo demás la sentencia
apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar le ordinal cuarto de la sentencia proferida el 5 de agosto de 2024,
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, el cual quedará
así:

«CUARTO.- En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconocer una pensión de jubilación a favor de la señora
Gloria Isabel Moncayo Góngora, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.664.230
de Tumaco (N), desde el 28 de diciembre de 2019, correspondiente al 75% del
promedio de lo devengado en el año anterior la adquisición del estatus pensional [28 de
diciembre de 2018 a 28 de diciembre de 2019], incluyendo en la liquidación únicamente
la asignación básica, conforme a la Ley 62 de 1985, la bonificación mensual docentes
[decretos 322 de 2018 y 1022 de 2019], bonificación pedagógica en 1/12 parte [Decreto

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2354 de 2018] y prima de vacaciones en 1/12 parte, de conformidad con lo dispuesto en
la parte motiva de esta providencia.» Decreto 2354 de 2018».

Segundo. Revocar el ordinal octavo de la sentencia proferida el 5 de agosto de
2024, por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión que
condenó en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), y en su lugar se dispone:

«OCTAVO. Negar la condena en costas».

Tercero. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 5 de agosto de 2024,
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión.

Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMT

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