Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2022-00045-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2022-00045-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2022-00045-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2022-00045-01 (2392-2024)
Demandante: Yahn Alejandro Martínez Guerreo
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia.
Tema: Insubsistencia empleado de libre nombramiento y remoción.
Inexistencia de un orden de prioridad entre las causales de retiro
del servicio. La adquisición de la pensión de vejez por exposición
a alto riesgo para los servidores del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación que ejercen
funciones permanentes de policía judicial, no genera fuero de
estabilidad laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandada contra la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2023, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Nariño concedió parcialmente las pretensiones de
la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Con la demanda1 se solicitó la nulidad de la Resolución nro.
0001168 de 17 de marzo de 2021, a través de la cual se declaró insubsistente el
nombramiento que el actor ostentaba como asesor III de la dirección seccional de
Nariño.
3. Como restablecimiento del derecho exigió el reintegro a ese empleo y/o a otro de
igual o superior categoría y naturaleza en el que pueda ejercer permanentemente
las funciones de policía judicial, y hasta que complete las semanas requeridas para
acceder a la pensión de vejez por exposición a alto riesgo.
1 La demanda fue presentada el 13 de octubre de 2021 ante el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto, pues
así lo evidencia el acta de reparto visible en el expediente digital denominado
«5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE124420241ZIP(.zip) NroActua 2», inserto en el índice 2 de la plataforma
SAMAI. Esa autoridad, por Auto de fecha 3 de febrero de 2022, ordenó remitir el expediente por competencia
al Tribunal Administrativo de Nariño, en razón al valor de la cuantía de las pretensiones. Finalmente, ese tribunal,
mediante Auto del día 22 de ese calendario, admitió la demanda.
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Demandante: Yahn Alejandro Martínez Guerrero
4. Asimismo, reclamó el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir durante el periodo cesante, que se condene a la demandada a realizar las
cotizaciones especiales que adeuda al sistema pensional, así como las que se
causaron en el periodo de desvinculación laboral y que son requeridas para la
consolidación de la aludida prestación.
5. Subsidiariamente, solicitó el pago de las aludidas cotizaciones especiales, tanto
las adeudadas durante la vigencia del vínculo laboral, como las que se requieran
para concretar el derecho pensional en referencia.
6. Hechos. Como tales se expusieron los siguientes:
7. El accionante se vinculó con el ente demandado el 19 de noviembre de 1992.
8. Desde entonces ejerció los cargos de investigador judicial grado 8, profesional
universitario judicial I, jefe de Unidad de Policía Judicial, director seccional del CTI,
subdirector seccional de Policía Judicial y asesor III de la dirección seccional de
Nariño; empleos que conllevaron el desarrollo permanente de funciones de policía
judicial.
9. Señaló que se encuentra afiliado a Colpensiones y que a la fecha de presentación
de la demanda contaba con 56 años de edad, pues nació el 23 de junio de 1965.
Agregó que con corte al 31 de marzo de 2021 había cotizado 628 semanas para
adquirir la pensión de vejez por exposición a alto riesgo.
10. Que según la Resolución nro. SUB 60853 de 2 de marzo de 2020, emitida por
Colpensiones, la fiscalía adeuda las cotizaciones especiales en favor del actor
correspondientes al periodo comprendido entre el 1.° de febrero de 2010 y el 31 de
julio de 2015.
11. Según la respuesta consignada en el Oficio nro. GSA-31060-20560-0296 de 24
de marzo de 2021, la subdirectora Regional de Apoyo del Pacífico de la entidad
demandada informó que los tiempos no cotizados serían cancelados a través del
mecanismo de vigencias expiradas.
12. Expresó que el derecho a la pensión especial nace a partir del cumplimiento de
los 55 años de edad y 650 semanas cotizadas, por lo que a la fecha en que se
produjo el retiro de servicio le faltaban 22 semanas para acceder a esa prestación.
13. Que al estar por fuera de la institución accionada no puede efectuar los aportes
que demanda la aludida pensión especial, por lo que cualquier cotización que realice
será tomada para la consolidación de la pensión de vejez que el sistema general de
seguridad social reconoce a sus afiliados.
14. Finalmente manifestó que el 21 de julio de 2021 presentó ante la Procuraduría
General de la Nación la respectiva solicitud de conciliación y que la constancia de
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agotamiento de ese trámite se emitió el 12 de octubre siguiente, ante la falta de
ánimo conciliatorio del ente accionado.
15. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidos los artículos 2.°, 4°,
13, 25, 29, 48 y 53 de la Constitución Política y la Ley 1223 de 2008, que modificó
la Ley 860 de 2003. El concepto de violación lo sustentó de la siguiente manera:
16. Sostuvo que el acto sometido a juicio desconoció los principios elementales del
derecho al trabajo contenidos en el artículo 53 superior, relacionados con la
igualdad, la estabilidad en el empleo y la seguridad social, pues pasó por alto que
al demandante le faltaban 22 semanas de cotización para alcanzar la pensión de
vejez por exposición a alto riesgo, de acuerdo con las reglas contenidas en la Ley
1223 de 2008, que adicionó la Ley 860 de 2003.
17. Alegó que, aunque el cargo ejercido era de libre nombramiento y remoción y
que, por tanto, su permanencia en él dependía de la facultad discrecional del
nominador, tal potestad estaba limitada por la condición de prepensionado de la que
gozaba, pues de acuerdo con la ley y la jurisprudencia vigente para entonces, le
faltaban menos de 3 años para consolidar su estatus pensional.
18. Adujo que en sentencia SU-003 de 2018 la Corte Constitucional amparó a los
empleados de libre nombramiento y remoción con el aludido fuero de protección,
siempre y cuando las semanas de cotización fuera el único requisito que faltara para
acceder a la pensión de vejez.
19. Expresó que el acto demandado truncó su derecho pensional especial y lo
obligó a pensionarse con las reglas del régimen general, las cuales demandan el
cumplimiento de 62 años de edad y la cotización de por lo menos 1300 semanas.
20. Manifestó que la accionada vulneró su derecho al debido proceso pues, antes
de disponer su desvinculación, debió verificar si se encontraba al día con el pago
de los aportes especiales a pensión y, además, si su historia laboral evidenciaba la
condición de prepensionado que se alega en esa instancia.
21. Aseguró que, aunque en el acto demandado se invocaron razones de
mejoramiento del servicio, lo cierto es que ello no puede obedecer a criterios
subjetivos, pues en la entidad existen indicadores de gestión que permiten evaluar
los resultados del empleado de cara a su carga laboral, las dificultades de la
seccional, los recursos humanos y técnicos disponibles, las condiciones de orden
público y los resultados presentados a la sociedad en casos emblemáticos y
priorizados.
22. Argumentó que siempre se distinguió como uno de los mejores servidores en
cada uno de los cargos que desempeñó, por lo que su trayectoria laboral no podía
ser descalificada por la facultad discrecional del nominador, ni podía desconocerse
que durante toda su historia de trabajo nunca tuvo llamados de atención y/o
sanciones de tipo penal y/o disciplinario.
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23. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad de ley, la Fiscalía
General de la Nación se opuso a la demanda en los siguientes términos:
24. Argumentó que el demandante no tiene la condición de prepensionado, pues en
la Resolución nro. SUB-60853 de 2 de marzo de 2020, Colpensiones negó el
reconocimiento de la pensión especial de vejez reclamada por él, al advertir el
incumplimiento de los requisitos para ello.
25. Añadió que únicamente entre los años 1992 a 2015 el actor cumplió funciones
permanentes de policía judicial, pues así se encuentra certificado dentro del
expediente.
26. Sostuvo que los actos administrativos que declaran insubsistente el
nombramiento que recae sobre un empleo de libre nombramiento y remoción no
requieren ningún tipo de motivación, pues así lo tiene plenamente definido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
27. Que, aunque la decisión cuestionada fue motivada, no se evidencia infracción
alguna a la ley, pues las razones depositadas en ella no son falsas, ni encubren una
finalidad distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico.
28. Sentencia de primera instancia3. Es la proferida el 15 de septiembre de 2023,
a través de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño concedió parcialmente4 las
pretensiones de la demanda.
29. Con tal finalidad, y después de reseñar la normativa que, a partir del artículo
140 de la Ley 100 de 19935, reguló la Pensión de Vejez por Actividades de Alto
Riesgo6, concluyó, con base en el material probatorio recopilado, que:
30. Del certificado de 25 de marzo de 2020, emitido por la institución accionada, se
logró evidenciar que el actor ejerció los siguientes empleos: i) investigador judicial
grado 8, desde el 19 de noviembre de 1992; ii) profesional universitario judicial
I, a partir del 20 de agosto de 1993; iii) jefe de la Unidad de Policía Judicial, desde
el 6 de julio de 1994; iv) director seccional del CTI, a partir del 8 de febrero de
2 Ver archivo denominado «0018ContestaciónDemandaFiscalía» inserto en el expediente digital
«5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE124420241ZIP(.zip) NroActua 2» que reposa en el índice 2 de la plataforma
SAMAI.
3 Ver archivo denominado «0026Sentencia2daInstancia-InsubsistenciaFiscalía», ejusdem.
4 En efecto, el tribunal: i) anuló el acto demandado; ii) ordenó reintegrar al accionante al cargo de asesor III en
la dirección seccional de Nariño y/o a otro empleo igual o superior en el que conservara las funciones de policía
judicial; iii) condenó a la fiscalía a pagar los salarios y prestaciones sociales causados en el periodo cesante -
previo descuento de los ingresos recibidos por concepto de vinculaciones privadas y/o públicas-, así como
también realizar las cotizaciones especiales previstas en la Ley 1223 de 2008 y; iv) se declaró inhibido para
pronunciarse sobre la pretensión quinta principal y la pretensión tercera subsidiaria, relacionadas con las
cotizaciones pensionales especiales frente a las que se predicó la existencia de mora en su pago. Lo anterior,
al considerar que lo debatido concernía exclusivamente al retiro del servicio, sin que la parte activa hubiera
demandado un pronunciamiento negativo sobre esos aportes.
5 Que establece «Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley
4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades
de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización,
o ambos requisitos […]»
6 Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003 y las Leyes 860 de 2003 y 1223 de 2008.
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2010 y hasta el 31 de diciembre de 2013 y; v) subdirector seccional y,
posteriormente, asesor III, hasta el 17 de marzo de 2021, fecha en que fue retirado
del servicio.
31. En ese documento se certificó que, en cada uno de esos cargos, el accionante
ejecutó labores permanentes de policía judicial. En especial, frente al empleo de
asesor III, se indicó que el demandante fue designado en tal ocupación mediante la
Resolución nro. 0-2364 de 29 de junio de 2017, con la misión de coordinar las
funciones de policía judicial en la dirección seccional de Nariño. Además, se afirmó
que por Resolución nro. 0-2488 de 25 de julio de esa anualidad, se otorgaron
funciones de policía judicial a quienes ejercían como coordinadores de esas labores
a nivel seccional.
32. Que a partir de la promulgación del Decreto 1835 de 1994 y mientras este se
mantuvo vigente, la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de efectuar a
favor del demandante la cotización especial prevista en el artículo 12, sin tener en
cuenta que, para entonces, aquél se encontraba afiliado al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, pues el parágrafo del artículo 1.° no prohibía tal aporte
por esa circunstancia.
33. Con la Ley 1223 de 2008 se reguló la pensión de vejez por exposición a alto
riesgo de los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General
de la Nación que ejecutan labores permanentes de Policía Judicial, entre otros.
34. En el parágrafo 4.° de su artículo 1.°, se autorizó a los empleados que se
encontraban afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a trasladarse
al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en aras de garantizar la
aplicación de la nueva normativa. Que, en el caso del demandante, el aludido
traslado se cumplió el 1.° de noviembre de 2008.
35. En torno a las semanas que debieron ser objeto de aportes en el periodo de
vigencia del Decreto 1835 de 1994, la Ley 1223 de 2008 permitió su acumulación
con las previstas en el nuevo régimen -parágrafo 1.° del artículo 1.°-. Por
consiguiente, el tribunal adujo que tendría en cuenta el tiempo comprendido entre
el 4 de agosto de 1994 y el 27 de julio de 2003 -lapso de vigencia del Decreto 1835
de 1994-, pues evidenció que durante él el demandante desempeñó los cargos y
ejecutó las funciones señaladas en el citado dispositivo.
36. Asimismo, el a quo concluyó que, como entre la vigencia de la Ley 1223 de 2008
y la fecha del retiro del servicio, el actor cumplió labores permanentes de policía
judicial, la demandada también tenía la obligación de efectuar el aporte especial
descrito en el parágrafo 3.° del artículo 1.° ib.
37. En la información laboral remitida por Colpensiones, se observó que: i) el
periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2008 y el mes de febrero de
2009 se encuentra rotulado con la leyenda «“valor devuelto por el Régimen de
Ahorro Individual por traslado”», lo que no permite advertir si corresponde o no a
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una cotización especial y; ii) el lapso comprendido entre el mes de marzo de 2009
y el mes de febrero de 2021 está marcado como «“cotización de alto riesgo”», que
totaliza 440 semanas.
38. Destacó que, aunque el certificado de Colpensiones esta actualizado a corte 21
de marzo de 2021, en él no reposan las cotizaciones que debieron realizarse en
favor del demandante a la fecha de su retiro del servicio.
39. En conclusión, el tribunal consideró que al sumar los tiempos de servicios
prestados en vigencia del Decreto 1835 de 1994 -comprendido entre el 4 de agosto
de 1994 y el 27 de julio de 2003- con los trabajados a partir de la entrada en vigor
de la Ley 1223 de 2008, el demandante superó ampliamente las 650 semanas
exigidas para acceder a la pensión especial.
40. Concluyó el a quo que la Fiscalía General de la Nación debió considerar, antes
de emitir la decisión cuestionada, la regla contenida en el parágrafo 3.° del artículo
33 de la Ley 100 de 1993, en los términos en que fue interpretada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1037 de 2003. Es decir, que el retiro del servicio
solo debió realizarlo en la medida en que tuviera certeza de que al demandante le
había sido notificada su inclusión en la respectiva nómina de pensionados.
41. Agregó que, aunque en el acto demandado se citó la sentencia SU-003 de 2018,
la administración nunca precisó si el accionante tenía o no la calidad de
prepensionado de acuerdo con el régimen pensional especial que le era aplicable
y, por consiguiente, si le era o no aplicable el parágrafo 3.° del artículo 33 de la Ley
100 de 1993.
42. Así entonces, pregonó que tal determinación desconoció las normas en que
debía fundarse, pues el aludido parágrafo se aplica a todos los servidores públicos,
independientemente de si su vinculación se realizó bajo la modalidad de libre
nombramiento y remoción. Que tal medida no desconoce la potestad discrecional
que ostenta el nominador frente a ese tipo de empleos, pues con tal previsión se
pretende garantizar los derechos irrenunciables del trabajador que, por cierto, son
de obligatoria observancia por parte del empleador.
43. Por todo lo dicho, el tribunal: i) anuló la Resolución nro. 0001168 de 17 de marzo
de 2021; ii) ordenó a la demandada reintegrar al actor al cargo de asesor III en la
dirección seccional de Nariño y/o en otro empleo igual o superior de la misma
categoría y naturaleza que le permita seguir ejecutando labores permanentes de
policía judicial; iii) condenó a la fiscalía a pagar al accionante los salarios y
prestaciones sociales causados durante todo el tiempo cesante -previo descuento
de los valores recibidos por concepto de cualquier vinculación laboral pública o
privada-, así como realizar los aportes pensionales especiales generados en ese
periodo y; iv) ordenó a la demandada pagar de manera parcial las costas y agencias
en derecho causadas en favor del demandante.
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44. Finalmente, se destaca que el a quo se abstuvo de emitir pronunciamiento frente
a las pretensiones quinta principal y tercera subsidiaria, al considerar que la parte
actora no demandó ninguna decisión concerniente a la mora en el pago de aportes
pensionales especiales.
45. Recurso de apelación7. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandada la recurrió en apelación en los siguientes términos:
46. Recordó que el argumentó que conllevó a que el tribunal de primer grado
anulará el acto demandado, se soportó en el parágrafo 3.° del artículo 33 de la Ley
100 de 1993, con la interpretación contenida en la sentencia C-1037 de 2003.
47. Sin embargo, sostuvo que, al aplicar esa normativa, la autoridad judicial pasó
por alto la afirmación que la parte actora realizó en sus alegatos de conclusión,
relacionada con que aún no cumplía con las exigencias para ser acreedor de la
pensión especial de vejez, pues le faltaban 22 semanas para alcanzar las 650
requeridas para ello.
48. Por tanto, concluyó que el referido parágrafo no era aplicable a este asunto,
sino las reglas que fueron consignadas en el acto sometido a juicio, especialmente
las depositadas en la sentencia SU-003 de 2018, porque el demandante, en su
condición de servidor de libre nombramiento y remoción, no lo cobija el estándar
protector que emana de la condición de prepensionado.
49. Expresó, además, que de conformidad con lo establecido en la Ley 1223 de
2008, la pensión de vejez por exposición a alto riesgo fue concebida en favor de los
servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación
que de manera permanente ejercen actividades de policía judicial; calidad que el
actor no satisfizo, pues en los manuales de función de los cargos de director
seccional, subdirector seccional y asesor III no están previstas ese tipo de labores.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
50. La admisión del recurso. Mediante Auto del 5 de agosto de 20248 se admitió
el recurso de apelación.
51. La posición del agente del Ministerio Público. Oportunamente, la
procuradora segunda delegada ante esta corporación rindió concepto en el que
solicitó revocar la sentencia de primer grado.
52. Con tal finalidad, y después de referenciar las normas que establecen la
organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, la potestad
discrecional para el retiro de los servidores de libre nombramiento y remoción, así
7 Ver archivo denominado «0028RecursoDeApelaciónSentencia» inserto en el expediente digital
«5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE124420241ZIP(.zip) NroActua 2» que reposa en el índice 2 de la plataforma
SAMAI.
8 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
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como las disposiciones que contienen la Pensión de Vejez por Exposición de Alto
Riesgo, concluyó que:
53. De acuerdo con los Decretos Leyes 016 y 018 de 2014, modificados por el
Decreto Ley 898 de 2017, los servidores adscritos a la Dirección Nacional del
Cuerpo Técnico de Investigación y/o al área global de policía judicial y a aquellos
que el fiscal general de la Nación les asigne la ejecución permanente de actividades
de policía judicial, ejercen la aludida labor y, por ende, son beneficiarios de la
pensión especial.
54. En el caso actual, el accionante no demostró que el cargo de asesor III hiciera
parte de la Dirección Nacional del CTI y/o que estuviera adscrita al área global de
policía judicial. En efecto, de acuerdo con la estructura orgánica de la institución
demandada, el citado empleo pertenece al área administrativa que, por cierto, no
tiene asignada funciones de policía judicial.
55. Tampoco se ejercen esas labores por el hecho de coordinar las funciones de
policía judicial, pues, solo por citar un ejemplo, los fiscales también tienen a su cargo
esas actividades y, sin embargo, no son beneficiarios de la pensión especial.
56. En consecuencia, el actor no tiene derecho a la citada prestación.
Adicionalmente, sostuvo que el accionante no es beneficiario de la estabilidad
laboral reforzada invocada en la demanda, pues se demostró que ha cotizado más
de 1500 semanas y que el único requisito que le falta para acceder a la pensión es
la edad. Por ende, la potestad discrecional aplicada a su desvinculación no se ilegal.
57. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
58. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,10 esta sala de
subsección es competente para resolver el recurso de apelación.
59. Problemas jurídicos. Corresponde a la Sala establecer si:
60. ¿El acto administrativo demandado infringió el parágrafo 3.° del artículo 33 de
la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, porque el demandante ya
había cumplido los requisitos para acceder a la pensión de vejez por exposición a
alto riesgo y, por tanto, no podía ser retirado del servicio?
9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Demandante: Yahn Alejandro Martínez Guerrero
61. ¿El actor, como servidor público de libre nombramiento y remoción, ostentaba
la condición de prepensionado y, por ende, tenía derecho a la estabilidad laboral
reforzada que emana de esta condición?
62. ¿Los empleos de director seccional, subdirector seccional y asesor III que el
accionante desempeñó en la institución demandada conllevaban el ejercicio
permanente de funciones de policía judicial previsto como requisito de acceso a la
pensión de vejez por exposición a alto riesgo?
63. Caso concreto. La resolución del primer interrogante ¿El acto administrativo
demandado infringió el parágrafo 3.° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003, porque el demandante ya había cumplido los
requisitos para acceder a la pensión de vejez por exposición a alto riesgo y, por
tanto, no podía ser retirado del servicio?
64. En orden a resolver el anterior cuestionamiento, la Subsección reseñará el
régimen de la Pensión de Vejez por Exposición a Alto Riesgo establecida en favor
de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la
Nación.
65. La Pensión de Vejez por Exposición a Alto Riesgo en el CTI de la Fiscalía
General de la Nación.
66. En el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, se estableció que el Gobierno
Nacional, con sustento en la Ley 4.° de 1992, fijaría el «[…] el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta
una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o
ambos requisitos […]», para lo cual determinaría «[…] los puntos porcentuales
adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador,
según cada actividad.»
67. En cumplimiento de esa disposición, se emitió el Decreto 1835 de 3 de agosto
de 1994, que reglamentó las actividades de alto riesgo para los servidores públicos.
En particular, el numeral 2.° del artículo 2.° fijó como labores de esa naturaleza en
la Rama Judicial las que ejecutan «Magistrados, Jueces Regionales, Jueces
Penales del Circuito, Fiscales y empleados de los Cuerpos de Seguridad de la
Fiscalía General de la Nación y los siguientes funcionarios del cuerpo técnico de
investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales especiales,
profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de criminalística,
investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II.» (El
énfasis es de la Sala)
68. En lo que corresponde a los requisitos para acceder a la pensión especial de
vejez allí regulada, el artículo 5.° señaló que:
«ARTÍCULO 5º. Requisitos para obtener la pensión de vejez.
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Los servidores públicos que laboren en las actividades previstas en los numerales 2
y 3 del artículo 2º de este Decreto, tendrán derecho a la pensión especial de vejez,
cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. 55 años de edad si es hombre y 50 años de edad si es mujer y,
2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso 1º
de este artículo.»
69. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 ib., las cotizaciones por este tipo
de actividades corresponden a las definidas en la Ley 100 de 1993, más 6 puntos
adicionales que deben ser asumidos exclusivamente por la entidad empleadora.
70. Posteriormente, en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 se facultó al presidente
de la República para modificar el régimen legal de los trabajadores que ejecutan
actividades catalogadas como de alto riesgo.
71. Atendiendo esa potestad, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 2090 de 26 de
julio de 2003, en el que, además de definir el concepto de actividad de alto riesgo11,
enlistó las labores que se adscribirían a esa naturaleza12, acciones entre las que no
quedaron comprendidas las ejecutadas por los servidores del CTI de la Fiscalía
General de la Nación señalados en el Decreto 1835 de 1994. Lo anterior, en razón
a que esta última disposición fue derogada expresamente en el artículo 11 ibid.
72. Luego, con el artículo 2.° de la Ley 860 de 2003, se concibió la Pensión de Vejez
por Exposición a Alto Riesgo en favor de los servidores del Departamento
Administrativo de Seguridad señalados en los artículos 1.° y 2.° del Decreto 2646
de 1994.
73. Tiempo más tarde, el Congreso de la República expidió la Ley 1223 de 16 de
julio de 2008, en la que adicionó el Régimen de Pensión de Vejez por Exposición
de Alto Riesgo contenido en la Ley 860 de 2003 y, en consecuencia, incorporó a él
a algunos empleados del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General
de la Nación. En el artículo 1.° de aquella disposición se estableció:
«ARTÍCULO 1o. Adiciónese la Ley 860 de 2003 en los siguientes términos:
Artículo Nuevo. Definición y campo de aplicación. Este articulado define el régimen
de pensiones para el personal del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– de la
Fiscalía General de la Nación, que cumplen funciones permanentes de Policía
Judicial, escoltas y conductores del CTI, teniendo en cuenta que conforme a
estudios y criterios técnicos desarrollan actividades de alto riesgo que les generan
disminución de expectativa de vida saludable por la labor que realizan.
11 «Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las
funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo.»
12 Ver artículo 2.°, ejusdem.
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Al personal de la Fiscalía General de la Nación que labore en las demás áreas o
cargos, se le aplicará, el régimen del Sistema General de Pensiones establecido en
la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
PARÁGRAFO 1o. Pensión de vejez por exposición a alto riesgo. Los servidores
públicos del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– de la Fiscalía General de la
Nación, que cumplen funciones permanentes de Policía Judicial, escoltas y
conductores del CTI, dada su actividad de exposición a alto riesgo, que efectuaron
la cotización especial señalada en el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 y la que
se define en la presente ley, durante por lo menos 650 semanas, sean estas
continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando
reúnan los requisitos establecidos en el parágrafo siguiente.
Los servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigación de que trata el artículo
2o del Decreto 1835 de 1994 o quienes han desempeñado los cargos equivalentes
y se les efectuó la cotización especial señalada en el artículo 12 del mencionado
decreto, se les reconocerán los aportes efectuados y tendrán derecho a la pensión
de vejez establecida en la presente ley siempre y cuando completen las 650
semanas continuas o discontinuas de cotización de alto riesgo.
De igual forma los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación que cumplen
funciones permanentes de Policía Judicial, escoltas y conductores del CTI que
efectúen la cotización especial señalada en la presente ley durante por lo menos
650 semanas continuas o discontinuas tendrán derecho a la pensión de vejez
establecida en la presente ley.
PARÁGRAFO 2o. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión de vejez
por exposición a alto riesgo de los servidores públicos del Cuerpo Técnico de
Investigación –CTI- de la Fiscalía General de la Nación, que cumplen funciones
permanentes de Policía Judicial, escoltas y conductores del CTI. La pensión de
vejez, se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley
100 de 1993.
La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1)
año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las
mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda
ser inferior a cincuenta (50) años.
PARÁGRAFO 3o. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización
especial para el personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General
de la Nación de que trata la presente ley, será el previsto en la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003, más diecinueve (19) puntos adicionales a cargo
del empleador.
PARÁGRAFO 4o. Los servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigación de
la Fiscalía General de la Nación de que trata el campo de aplicación de la presente
ley, que a la fecha de entrada en vigencia de la misma se encuentren afiliados al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deberán trasladarse al Régimen
Prima Media con Prestación Definida en un plazo máximo de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de su publicación, para que les sea aplicado el régimen
previsto en la presente ley. En ese caso no será necesario que hubieren cumplido
el término de permanencia de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de
1993.
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Aquellos servidores públicos que decidan permanecer en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad se les aplicará en su integralidad lo previsto para dicho
Régimen en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
PARÁGRAFO 5o. Normas aplicables. En lo no previsto en la pensión de vejez
establecida en el presente artículo, se aplican las normas generales contenidas en
la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.»
74. A partir de esa normativa, se concluye que tendrán derecho a la pensión
especial de vejez en la Fiscalía General de la Nación:
i) Los servidores que ejecutan funciones permanentes de policía judicial,
los escoltas y los conductores del Cuerpo Técnico de Investigación que
«[…] efectuaron la cotización especial señalada en el artículo 12 del
Decreto 1835 de 1994 y la que se define en la presente ley, durante por
lo menos 650 semanas, sean estas continuas o discontinuas […]»;
ii) Los demás empleados de esa misma dependencia que están señalados
en el artículo 2.° del Decreto 1835 de 199413 y/o quienes desempeñaron
cargos equivalentes, frente a los que se efectúe «[…] la cotización
especial señalada en el artículo 12 del mencionado decreto […] siempre
y cuando completen las 650 semanas continuas o discontinuas de
cotización de alto riesgo […]» y;
iii) Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación «[…] que cumplen
funciones permanentes de Policía Judicial, escoltas y conductores del
CTI que efectúen la cotización especial señalada en la presente ley
durante por lo menos 650 semanas continuas o discontinuas […]»
iv) Siempre y cuando acrediten 55 años de edad y la cotización de las
semanas mínimas previstas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para
acceder a la pensión que consagra el régimen general.
75. En conclusión, es notorio que la Ley 1223 de 2008 permitió, para los fines de
reconocimiento de la pensión especial de vejez en ella regulada, la acumulación de
los aportes y cotizaciones realizados en vigencia del Decreto 1835 de 1994 con los
instituidos en la nueva normativa.
76. Adicionalmente, se destaca que la aludida prestación tendrá lugar en la medida
en que se satisfagan los requisitos previstos en el parágrafo 2.° transcrito,
relacionados con: i) el cumplimiento de 55 años de edad y; ii) la cotización de las
semanas mínimas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
13 Esto es, los «[…] [f]iscales y empleados de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y
los siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales
especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de criminalística, investigadores
judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II.»
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77. Como particularidad especial de esa pensión, el legislador estableció que la
edad arriba requerida se «[…] disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas
de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General
de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.»
78. Así mismo, es pertinente anotar que el reconocimiento del aludido régimen
quedó condicionado a que el empleado se encuentre afiliado al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida, para lo cual se les autorizó su traslado desde el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, sin atender el término de
permanencia previsto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
79. De las pruebas incorporadas a la actuación judicial. Con la demanda se
allegaron las siguientes evidencias:
➢ Registro civil de nacimiento14 del demandante, que da cuenta que nació el 23
de junio de 1965 y, a partir del cual se concluye que, al 17 de marzo de 2021,
tenia 55 años de edad.
➢ Resolución nro. SUB 60853 de 2 de marzo de 202015, a través de la cual
Colpensiones negó la pensión especial de vejez requerida por el actor, al
considerar que, si bien demostró la ejecución de la actividades permanentes
de policía judicial, no acreditó las cotizaciones especiales en el tiempo de
vigencia del Decreto 1835 de 1994, ni en los periodos comprendidos entre el
1.° de febrero de 2010 y el 30 de julio de 2015, muy a pesar que en el
certificado de 19 de abril de 2018, la Fiscalía General de la Nación certificó
que si realizó aportes por este último tiempo.
➢ Resolución nro. 000168 de 17 de marzo de 202116, que declaró insubsistente
el nombramiento que el demandante ostentaba en el cargo de asesor III en
la Dirección Seccional de Nariño.
➢ Constancia de servicios prestados17, emitida el 24 de marzo de 2021 por la
profesional de Gestión II de la Oficina de Talento Humano de Fiscalía
General de la Nación, que informa que el demandante desempeñó, sin
solución de continuidad, los siguientes empleos:
Cargo Desde
Investigador judicial grado 8 19/11/1992
Profesional universitario judicial I 20/08/1993
Jefe Unidad de Policía Judicial 6/07/1994
Director Seccional del CTI 8/02/2010
Subdirector Seccional de Policía Judicial 1/01/2014
14 Folio 23 del archivo denominado «0001DemandaAnexos» inserto en el expediente digital
«5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE124420241ZIP(.zip) NroActua 2» que reposa en el índice 2 de la plataforma
SAMAI.
15 Folios 50-61, ejusdem.
16 Folios 62-65, ejusdem.
17 Folios 24-30, ejusdem.
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Asesor III 1/07/2017
• En ese mismo documento, luego de transcribir las funciones que, de
conformidad con los respectivos manuales vigentes, ejecutó el
demandante en cada uno de esos cargos, se afirmó que este, durante
toda su vinculación, ejecutó labores permanentes de policía judicial.
• En lo que respecta al cargo de asesor III, el aludido certificado dio cuenta
que «[d]e acuerdo a la Resolución No 02488 de julio 25 de 2017 Se
otorgan funciones de Policia Judicial a los servidores que desempeñan el
cargo de Asesor III que hayan sido designados por el Fiscal General de
la Nación para coordinar las secciones de Policia Judicial de las distintas
seccionales de la entidad, mientras se encuentren a cargo de las
mismas.» (Sic)
➢ Reporte de semanas cotizadas en pensiones18, emitido el 23 de marzo de
2021 por Colpensiones, que detalla los aportes efectuados en favor del
accionante a partir del 19 de noviembre de 199219 e informa que a esa fecha
el actor tenía 1504 semanas cotizadas.
• En el apartado «DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DE
1995» del aludido certificado, se observa que los aportes
correspondientes al periodo comprendido entre el mes de febrero de 1996
y el mes de octubre de 2010 se registran como «Pago recibido del
Régimen de Ahorro Individual por traslado».
• Por su parte, los reportes de los meses de noviembre y diciembre de 2008
y enero y febrero de 2009, se registran «Valor devuelto del Régimen de
Ahorro Individual por pago al fondo».
• Así mismo, se tiene que las cotizaciones efectuadas entre el mes de
marzo de 2009 y el mes de febrero de 2021 se registran como «Cotización
de Alto Riesgo».
➢ Oficio nro. GSA-31060-20560-0296 de 24 de marzo de 202120, a través del
cual la subdirectora Regional de Apoyo del Pacífico del ente accionado le
entregó al demandante: la «Constancia Laboral de Alto Riesgo», la «Relación
de aportes por pensión», el «Certificado de Aportes al Sistema de Protección
Social para los años 2008 a 2010 y 2011 a 2021».
• En esa misma misiva se informó que «[…] lo ilativo a los valores de los
periodos que no le figuran cotizados como de Alto Riesgo, en su Petición,
18 Folios 32-48, ibid.
19 Ver apartados denominados «RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR» y «RESUMEN
DE TIEMPOS PUBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES».
20 Folio 71, ibid.
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se cancelaran por conducto de la Fiscalía General de la Nación, a través
del mecanismo de las vigencias expiradas.»
80. En este contexto, se recuerda que, para la demandada, el tribunal de primer
grado erró al aplicar la regla consignada en el parágrafo 3.° de la Ley 100 de 1993,
pues el demandante no había consolidado su estatus pensional, en tanto para la
fecha en que fue retirado del servicio le faltaban 22 semanas para adquirir ese
derecho; situación que, a su juicio, le otorgaba la condición de prepensionado.
81. En consecuencia, expresó que la aludida cualidad no se predica de los
servidores que, como el actor, se encontraban vinculados bajo la modalidad de libre
nombramiento y remoción, pues así lo determinó la Corte Constitucional en la
sentencia SU-003 de 2018.
82. Para esta Subsección, no le asiste razón a la entidad recurrente pues, aunque
en esta instancia no se debate el derecho pensional especial del actor, las pruebas
recopiladas en el trámite de este proceso demostraron que, para el 17 de marzo de
2021, fecha en que fue emitido el acto administrativo demandado, el accionante ya
había cumplido con los requisitos exigidos para acceder a esa prestación.
83. En efecto, se recuerda que, según lo establecido en el artículo 1.° de la Ley
1223 de 2008 -arriba transcrito- tendrán derecho a la pensión de vejez por
exposición a alto riesgo:
i) Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación que ejecutaron funciones permanentes de policía
judicial y/o los que desempeñaron los cargos de «[p]rofesionales
judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes
de sección de criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos
judiciales I y II y escoltas I y II» que, a su vez;
ii) Efectuaron las cotizaciones especiales previstas en el artículo 12 del
Decreto 1835 de 1994 y/o las contempladas en la citada ley, por lo
menos, durante 650 semanas, siempre y cuando;
iii) Acrediten el cumplimiento de 55 años de edad y la cotización de las
semanas mínimas requeridas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
para acceder a la pensión de vejez.
84. Así las cosas, las evidencias que fueron reseñadas anteriormente, dan cuenta
que, con anterioridad a la emisión del acto demandado, el señor Martínez Guerrero
ya había completado cada uno de esos pedimentos pues:
i) Demostró que, durante todo el tiempo que permaneció vinculado con la
Fiscalía General de la Nación -entre el 19 de noviembre de 1992 y el 17
de marzo de 2021-, estuvo adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación
en los cargos de investigador judicial grado 8, profesional universitario
judicial I, jefe de Unidad de Policía Judicial, director y subdirector
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seccional y asesor III; empleos que, según se probó, conllevaron el
ejercicio permanente de actividades de alto riesgo.
Es decir, la parte actora logró acreditar que, en vigencia del Decreto
1835 de 1994 y, además, a partir de la promulgación de la Ley 1223 de
2008, ejercicio los cargos que dan derecho a la pensión de vejez por
exposición a alto riesgo.
Sobre el particular, la Sala destaca que la prueba que demuestra estas
situaciones -la constancia emitida por la Oficina de Talento Humano-
fue aportada con la demanda, sin que la institución accionada se
opusiera a ella y/o la tachara de falsa. En consecuencia, ante el silencio
de la demandada, se da plena validez y valor a la información contenida
en ese documento.
ii) Aunque el tiempo servido por el actor en vigencia del Decreto 1835 de
1994 -esto es, entre el 3 de agosto de 1994 y el 25 de julio de 2003-, no
fue objeto de cotización especial por parte de la Fiscalía General de la
Nación, quien estaba obligada a ello, tal omisión no le es oponible al
trabajador, ni impide el acceso a la prestación pues, como bien lo
concluyó el tribunal de primer grado, un derecho de esta naturaleza,
cuyo carácter es irrenunciable e imprescriptible, no puede quedar sujeto
al arbitrio del empleador omisivo.
En consecuencia, este tiempo debe ser considerado para los fines que
ahora se estudian, independientemente que sobre ellos el ente
accionado no haya cancelado las cotizaciones especiales previstas en
la ley.
iii) Así mismo, la historia laboral pensional que arriba quedó reseñada
evidenció que, a partir del mes de noviembre de 2008, cuando el actor
se trasladó al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que
administra Colpensiones, se efectuaron por parte de la Fiscalía General
de la Nación los aportes por actividad de alto riesgo previstos en la Ley
1223 de 2008.
Por lo tanto, es claro que, al sumar ambos tiempos de servicio, esto es,
los gobernados por el Decreto 1835 de 1994 y los regidos por la Ley
1223 de 2008, es evidente que el accionante superó con creces las 650
semanas de cotización especial demandadas por la última norma en
cita.
Así, en los casi 9 años de vigencia del Decreto 1835 de 1994, el
demandante desempeñó los cargos que, según esa disposición, dan
lugar a la Pensión de Vejez por Alto Riesgo. En consecuencia, se
concluye que, por ese tiempo, la entidad accionada debe cotizar 450
semanas aproximadamente.
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Por su parte, el tiempo servido entre el mes de noviembre de 2008 -
fecha en el que accionado se trasladó al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida- y el mes de marzo de 2021 corresponde a 11 años
y 4 meses que, en promedio, corresponden a 566 semanas.
Corolario, se repite, está demostrado que la Fiscalía General de la
Nación cotizó y/o debió efectuar en favor del accionante la cotización
especial frente a más de 650 semanas, con lo que se satisface este
requerimiento.
iv) Finalmente, el demandante demostró que con anterioridad a la emisión
del acto demandado había cumplido 55 años de edad y cotizado 1447
semanas -pues esa información se dejó consignada en la resolución del
año 2020, a través de la cual Colpensiones denegó el derecho
pensional-.
85. Con sustento en lo arriba expresado, esta Sala comparte la tesis adoptada por
el Tribunal Administrativo de Nariño cuando, al resolver la instancia, declaró que a
la fecha en que se produjo el retiro del servicio, el demandante ya había consolidado
su derecho pensional.
86. Sin embargo, la anterior conformidad no se extiende a la conclusión según la
cual, al momento de emitir el acto demandado, la administración debió atender la
regla prevista en el parágrafo 3.° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por las
siguientes razones:
87. La norma en cita establece que «[s]e considera justa causa para dar por
terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador
del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este
artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el
contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o
notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de
pensiones.»
88. La anterior disposición introdujo una nueva causal de retiro del servicio para
todos los empleados públicos y/o de terminación del contrato de trabajo para todos
los trabajadores oficiales. Es decir, adicionó las causales de desvinculación laboral
previstas en el régimen general de la función pública, así como en los regímenes
especiales que aún no la tenían contemplada.
89. Se destaca que en sentencia C-1037 de 2003, la Corte Constitucional declaró
la exequibilidad condicionada de esa regla, en el entendido de que la ruptura del
vínculo de trabajo debe producirse «siempre y cuando además de la notificación del
reconocimiento de la pensión no se pueda dar por terminada la relación laboral sin
que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados
correspondiente.»
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90. Así las cosas, y con base en esa orden jurisprudencial, el retiro del servicio de
un empleado público con sustento en la adquisición de su derecho pensional, solo
es procedente en la medida en que se verifique que ha sido notificado en debida
forma de su inclusión en la respectiva nómina de pensionados.
91. Ahora bien, se advierte que en el Decreto Ley 020 de 9 de enero de 201421, el
legislador introdujo diferentes causales de desvinculación aplicables a los
empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa de la
Fiscalía General de la Nación.
92. Entre ellas se encuentran la renuncia regularmente aceptada, la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento frente a los empleados de libre nombramiento y
remoción, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento por inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente y/o por estudio de seguridad, o como consecuencia
del resultado no satisfactorio de la evaluación del desempeño laboral, el haber
obtenido el derecho a la pensión en sus diversas modalidades, la supresión del
empleo, entre otros.
93. De tales, la Sala destaca la «[d]eclaratoria de insubsistencia del nombramiento
en los empleos de libre nombramiento y remoción» y el «[…] haber obtenido la
pensión de invalidez, jubilación o vejez.» En lo que respecta a ellas, los artículos 98
y 102 ejusdem., establecieron lo siguiente:
«ARTÍCULO 98. DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO
DE LOS EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. En cualquier
momento y de manera discrecional, la autoridad nominadora podrá declarar
insubsistente un nombramiento ordinario mediante acto administrativo no motivado,
dada la especial confianza que caracteriza el ejercicio de estos empleos.
[…]
ARTÍCULO 102. RETIRO POR HABER OBTENIDO LA PENSIÓN DE INVALIDEZ,
JUBILACIÓN O VEJEZ. El servidor a quien le haya sido notificado el reconocimiento
de la pensión de invalidez, jubilación o vejez deberá ser retirado del servicio por el
nominador, para su inclusión en nómina de pensionados. El retiro efectivo del
servicio quedará condicionado a la inclusión del empleado en la nómina de
pensionados.
El servidor con reconocimiento de pensión está obligado a comunicarlo a la
Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación o quien haga
sus veces en las entidades adscritas, dentro de los 15 días siguientes a su
conocimiento.
La persona retirada con derecho a pensión de jubilación o vejez no podrá ser
reintegrada al servicio, salvo a los empleos excepcionados en la Constitución y la
ley.» (El énfasis es nuestro)
94. Así las cosas, es claro que, para disponer la desvinculación de los empleados
de libre nombramiento y remoción de la Fiscalía General de la Nación, el fiscal
21 «Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades adscritas»
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general de la Nación, como nominador de esa institución, puede acudir a cualquiera
de las razones previstas en el artículo 96 ib., para lo cual le bastará acreditar el
supuesto de hecho que soporta la respectiva causal.
95. En el presente caso, la entidad accionada invocó la causal de retiro prevista en
el numeral 2.° del artículo en referencia, relacionada con la «[d]eclaratoria de
insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y
remoción».
96. Para ello, plasmó en el acto administrativo razonamientos relacionados con la
naturaleza del cargo ejercido por el accionante, la potestad discrecional con que
cuenta el nominador para ordenar su retiro y la regla jurisprudencial depositada en
la sentencia SU-003 de 2018, consistente en que los empleados de libre
nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada.
97. Con sustento en lo anterior, la Subsección concluye que ninguna ilegalidad
cometió la entidad demandada al emitir el acto administrativo cuestionado, pues la
norma especial que regula la situación laboral de sus servidores la autorizaba para
ello.
98. En otras palabras, como quiera que el demandante ocupaba un cargo de libre
nombramiento y remoción -calidad que no fue discutida en este proceso- y, dentro
de las potenciales causas de desvinculación se encontraba la declaratoria de
insubsistencia de su nombramiento en ejercicio de la facultad discrecional del
nominador, era procedente que la Fiscalía General de la Nación empleara esa
figura, aunque el demandante ya hubiera adquirido su estatus pensional.
99. Con esto se quiere significar que el Decreto Ley 020 de 2014 no establece un
orden de prioridad entre las posibles causas de retiro del servicio de los servidores
de la Fiscalía General de la Nación, por lo que el empleador podía acudir a
cualquiera de ellas, siempre y cuando acreditara el supuesto fáctico que habilita su
uso.
100. En el caso actual, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del
actor solo requería demostrar que su empleo correspondía a uno de libre
nombramiento y remoción -como efectivamente ocurrió-, pues el poder discrecional
de remoción de su nominador siempre se mantiene latente frente a este tipo de
cargos «[…] dada la especial confianza que caracteriza el ejercicio de estos
empleos.»22
101. Así entonces, y aunque, como aquí se evidenció, para la fecha en que se
produjo el retiro del servicio, el demandante ya había consolidado su estatus
pensional, tal situación no obligaba a la Fiscalía General de la Nación a acudir al
numeral 6.° del artículo 96 del Decreto Ley 020 de 201423 pues, se reitera, esa
22 Artículo 98 del Decreto Ley 020 de 2014.
23 Según el cual, el retiro del servicio puede producirse «[p]or haber obtenido la pensión de invalidez, jubilación
o vejez.»
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Demandante: Yahn Alejandro Martínez Guerrero
disposición no prevé un orden preferente de aplicación de las causales de
desvinculación laboral.
102. Cosa distinta fuera que en el acto administrativo la entidad accionada hubiere
invocado como motivo de la remoción que el accionante adquirió el derecho a la
pensión especial de vejez, pues en ese caso si se habría activado la cláusula según
la cual «[…] [e]l retiro efectivo del servicio quedará condicionado a la inclusión del
empleado en la nómina de pensionados.»24 y/o la prevista en el parágrafo 3.° del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en los términos en que fue interpretado por la
Corte Constitucional en la ya referida sentencia C-1037 de 2003.
103. Por lo que sigue, el tribunal de primer grado no podía concluir, como lo hizo,
que al momento de disponer la desvinculación laboral, la institución demandada
debió considerar la situación pensional del actor, conforme a la regla contenida en
el citado parágrafo 3.°, en tanto, se insiste, la administración cuenta con libertad
para escoger la causal de retiro de sus empleados. En consecuencia, se concluye
que el acto demandado no infringió el parágrafo 3.° del artículo 33 de la Ley 100 de
1993 y, por tanto, se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico.
104. En línea con lo expresado, la Subsección considera inocuo resolver el resto
de interrogantes planteados pues, ante la prueba de consolidación del estatus
pensional, es más que evidente que, para la fecha en que se produjo el retiro del
servicio, el demandante no tenía la calidad de prepensionado; amén de que, carece
incidencia en esta decisión determinar si los cargos director y subdirector seccional
del CTI, como el de asesor de la dirección seccional implicaron el ejercicio
permanente de la función de policía judicial. Siguiendo los anteriores
razonamientos, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negará los pedimentos de la demanda.
105. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
106. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
24 Artículo 102 del Decreto Ley 020 de 2014.
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liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
107. En consecuencia, como en esta oportunidad se revoca la sentencia de primer
grado que accedió a las súplicas de la demanda, se condenará al demandante a
pagar las costas de ambas instancias, por cuanto resultó vencida en el presente
proceso. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 15 de septiembre de 2023, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Nariño concedió parcialmente las pretensiones de
la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió el señor Yahn Alejandro Martínez Guerrero contra la Fiscalía
General de la Nación.
SEGUNDO. CONDENAR al demandante a pagar las costas de ambas instancias.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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