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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2022-00052-01

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2022-00052-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 24 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó el amparo de los derechos fundamentales y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Oscar Hernán Goyes Luna, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. 37 Sentencia SU 691 del 23 de noviembre de 2017. M.P.: Alejandro Linares Cantillo. 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01 Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2022-00052-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

5 de mayo de 2022

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01
Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 52001-23-33-000-2022-00052-01
Accionante: OSCAR HERNÁN GOYES LUNA
Accionado: CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE TÚQUERRES

Tesis: No es procedente interponer una acción de tutela, cuando
lo pretendido por la parte actora es que se ordene el
reintegro a un cargo que ocupaba en provisionalidad y no
ha interpuesto el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ni se acredita la
configuración de un perjuicio irremediable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor en contra del fallo
de tutela proferido el 24 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Nariño que negó el amparo de los derechos fundamentales.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Oscar Hernán Goyes Luna promovió acción de tutela contra el
Centro de Servicios Judiciales de Túquerres (Nariño) con el fin de que se
amparen los derechos fundamentales al trabajo, la seguridad social y al
mínimo vital; para ello formuló las siguientes pretensiones1:

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 2333 000 2022 00052 01.
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Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01
Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

“[…] Como pretensión principal:

Que se TUTELEN de manera definitiva los Derechos Fundamentales
señalados precedentemente y en consecuencia se ordene a la RAMA
JUDICIAL – CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE TÚQUERRES,
que dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes al fallo que
así lo disponga, reasuma mi reintegro al cargo que venía
desempeñando en las mismas o mejores condiciones laborales que
tenía al momento de mi desvinculación, sin solución de continuidad.
Como pretensión subsidiaria:
Que se TUTELEN de manera transitoria y para evitar un perjuicio
irremediable, los Derechos Fundamentales señalados
precedentemente y en consecuencia se ordene a la RAMA JUDICIAL
– CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE TÚQUERRES, que dentro
de las CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes al fallo que así lo
disponga, reasuma mi reintegro al cargo que venía desempeñando
en las mismas o mejores condiciones laborales que tenía al momento
de mi desvinculación, sin solución de continuidad […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que desde el 1 de septiembre de 2014 fue vinculado
en provisionalidad a la Rama Judicial.

Indicó que el último cargo que desempeñó fue el de “Citador de Juzgado
de Circuito y Equivalentes Grado III – Centro de Servicios Judiciales de
Túquerres (N)”2.

Afirmó que el 4 de febrero de 2022 le entregaron una copia de la
Resolución nro. 0004 del 2 de febrero de 2022, mediante la cual “se
declara cesante el cargo de Citador Grado III a partir de la fecha en que
el titular tome posesión del mismo”3.

Explicó que en el Centro de Servicios Judiciales de Túquerres existe otro
cargo de citador grado III, de manera que “la persona nombrada en
propiedad podría asumir el otro de idénticas condiciones”4.

2
Ibídem.
3
Ibídem.
4
Ibídem.
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Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01
Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

Argumentó que la Resolución nro. 0004 del 2 de febrero de 2022
desconoce la condición de pre-pensionado del actor, puesto que cuenta
con 60 años de edad y un total de 1.478.28 semanas cotizadas.

Sostuvo que la condición de pre - pensionado fue puesta en conocimiento
a los jueces del circuito de Túquerres mediante escrito del 5 de enero de
2022 dirigido a el Coordinador del Centro de Servicios Judiciales.

Afirmó que, “de acuerdo con la proyección de pensión de vejez, realizada
por Protección, la garantía de pensión mínima está prevista para el día 15
de octubre de 2023, fecha en la que se redimirá el Bono Pensional, es
decir, me faltan un (1) año y ocho (8) meses para acceder a una pensión
en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”5.

Manifestó que “la desvinculación al cargo que venía desempeñando afecta
mi derecho al mínimo vital, me impide tener los ingresos mínimos
necesarios para continuar cotizando al sistema pensional y para solventar
los gastos básicos para mi propia subsistencia, ya que afirmo bajo la
gravedad del juramento que la fuente de mis ingresos es, de manera
exclusiva, mi trabajo como empleado de la Rama Judicial desde el año
2014”6.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 15 de febrero de 20227, el Tribunal Administrativo de
Nariño admitió la tutela y dispuso notificar al Juez Coordinador del Centro
de Servicios Judiciales de Túquerres, esto es, al Juez Penal del Circuito de

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Ibídem.
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Ibídem.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 2333 000 2022 00052 01.
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Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

Túquerres, así como vincular a la señora Claudia Guadalupe Caicedo
Luna8.

Adicionalmente, requirió al accionante para que aportara copia de los
documentos de nombramiento y posesión en el cargo de citador del
Juzgado de Circuito y Equivalentes Grado III del Centro de Servicios
Judiciales de Túquerres y copia de la historia laboral.

3.2. La señora Claudia Guadalupe Caicedo Luna rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico9, en el que solicitó la desvinculación
del trámite tutelar y la protección del “derecho adquirido de “traslado por
carrera administrativa” (…) por estar ocupando el cargo de citador de
circuito grado III en propiedad desde el 1 de junio de 2009”.

Indicó que el 7 de octubre de 2021 solicitó a los magistrados del Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño emitir concepto favorable y/o
autorización para ser trasladada del Juzgado Quinto de Familia del Circuito
de Pasto al Centro de Servicios Judiciales de Túquerres, teniendo en
cuenta la opción de sede publicada en la página web. Anotó que el 13 de
diciembre de 2021, le fue notificada la Resolución nro. 052 del 10 de
diciembre de 2021, mediante la cual fue aceptado el traslado y se hizo el
nombramiento. Afirmó que el 2 de febrero de 2022 tomó posesión del
cargo.

3.3. Por memorial enviado vía correo electrónico el 17 de febrero de
202210, el actor adjuntó los documentos requeridos en el auto que admitió
la tutela.

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Esta orden se cumplió el 15 de febrero de 2022. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 52001 2333 000 2022
00052 01.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 2333 000 2022 00052 01.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 2333 000 2022 00052 01.
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Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01
Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

3.4. El Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Túquerres
rindió informe en oportunidad vía correo electrónico11, en el que explicó
lo siguiente:

“[…] El 21 de enero de 2022 se realizó reunión trimestral de jueces
y en el punto 5 del orden del día el Señor Juez Coordinador hizo un
recuento de la solicitud de traslado por carrera de la señorita
CLAUDIA GUADALUPE CAICEDO LUNA y se puso a consideración del
colegiado de jueces que había dos (02) vacantes definitivas del
cargo de citador grado III con categoría de circuito, las cuales
estaban ocupadas por nombramiento en provisionalidad por los
señores CRISTIAN DANILO CHAMORRO y OSCAR HERNAN GOYES
LUNA, quienes habían presentado solicitudes que fueron
compartidas por el chat de jueces, para el correspondiente debate.

El señor CRISTIAN DANILO CHAMORRO adujo que los ingresos los
derivaba del cargo que desempeñaba en el centro de servicios
judiciales, con los cuales había podido brindar una mejor calidad de
vida a su menor hija de 03 años y costear sus estudios de derecho
en la Universidad Mariana de Pasto.

Por su parte OSCAR HERNAN GOYES LUNA aducía que tenía la
condición de pre-pensionado, como quiera que tenía cotizado más
de 1.400 semanas en el régimen de ahorro individual con
solidaridad, en PROTECCIÓN S. A., faltándole únicamente la edad,
por cuanto había cumplido 60 años en octubre de 2021.

Después de un arduo debate, la Junta de Jueces, por unanimidad
decidió que el señor GOYES LUNA no accedía a la garantía de la
estabilidad laboral reforzada, por cuanto dicha protección la tienen
los trabajadores que les faltare cumplir el requisito mínimo de
semanas de cotización y tener derecho a la pensión de vejez, ya que
el requisito relacionado con la edad, podía ser cumplido con
posterioridad, de ahí que la situación del señor GOYES LUNA no
encuadraba en las reglas establecidas en la SU 003 de 2018 para los
pre pensionados, y al analizar la situación concreta, se consideró
que no tenía la condición de pre pensionado, porque tenía más de
1.300 semanas cotizadas y solo le faltaba el requisito de la edad,
para pensionarse al menos con el salario mínimo; se entiende que
el peticionario pretendía mejorar el salario base de liquidación de la
mesada pensional, para incrementar el monto de la misma, por eso
se consideró que no tenía la condición de pre pensionado y para el
efecto se tuvo como referentes jurisprudenciales las sentencias T-
500 de 2019 y SU 003 de 2018.
En relación con la situación de CRISTIAN DANILO CHAMORRO
tampoco se le reconoció la calidad de padre cabeza de familia,
porque si bien estaba cumpliendo con las obligaciones de padre, no
tenía la custodia y cuidado personal de su menor hija, porque la

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01
Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

misma se encontraba bajo el cuidado de la madre, por lo que no se
cumplía con el requisito de la dependencia económica y afectiva de
manera permanente, por lo que se negó la garantía de estabilidad
laboral reforzada como padre cabeza de familia.
La conclusión a que se arribo es que ninguno de los dos que se
desempeñaban en los cargos de citador grado III con categoría de
circuito en provisionalidad (sic) los requisitos para acceder a la
garantía de estabilidad laboral reforzada como pre pensionado o
padre cabeza de familia. Sin embargo, la plenaria voto por darle
continuidad en la permanencia del cargo al señor CRISTIAN DANILO
CHAMORRO por haber demostrado calidad en el desempeño de sus
funciones, espíritu de colaboración para sacar adelante la virtualidad
de las audiencias públicas orales […]”.
[Mayúsculas en el informe]

De otro lado expuso que, “en cuanto al reclamo del reintegro a la otra
vacante de citador grado III que se encontraba en vacancia definitiva, no
es posible, y el señor GOYES LUNA lo sabía que dicho cargo iba a ser
proveído en propiedad, por cuanto ya había salido la lista de elegibles que
superaron el concurso de méritos para ocupar en propiedad dicho cargo.
En efecto, el 03 de febrero del año en curso le fue notificado al suscrito el
Acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
mediante el cual se formuló la lista de elegibles que habían superado el
concurso de méritos para ocupar en propiedad el cargo de citador,
equivalente nominado grado III, con categoría de circuito para el Centro
de Servicios Judiciales de Túquerres, y en reunión extraordinaria de
jueces, el 15 de febrero de 2022 se decidió nombrar en propiedad a la
persona que ocupo el primer puesto, o sea, a la señorita KAREN
ELIZABETH PERUGACHE SALAZAR”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 24 de
febrero de 2022, dispuso lo siguiente12:

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01
Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

“[…] PRIMERO. - Negar las pretensiones de la acción de tutela
presentada por el señor Oscar Hernán Goyes Luna, por las razones
expuestas en la presente providencia […]”.

Para dilucidar el asunto explicó que la tutela era procedente, dado que,
aunque el accionante puede promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir el acto administrativo que
lo declaró cesante del cargo que desempeñaba, lo cierto es que el medio
de control es ineficaz, “pues debido a los amplios términos que toma la
jurisdicción para resolver un asunto ordinario, es probable que para la
fecha de la sentencia, el accionante ya cumpla con la edad requerida para
acceder a su pensión”13.

Dicho lo anterior, indicó que, de conformidad con las pruebas obrantes en
el expediente, el actor tiene 60 años de edad y pertenece al régimen de
ahorro individual, en el que ha cotizado un total de 1.478,28 semanas.
Además, tiene un bono por valor de $16.940.429 correspondiente a otro
régimen y un capital ahorrado de $54.743.191.

Examinó que, como el actor está afiliado al régimen de ahorro individual
con solidaridad, el análisis de la estabilidad laboral reforzada implica
determinar “si con el valor del ahorro hasta la actualidad, el accionante
puede acceder al derecho pensional dentro de los dos años siguientes que
le restan para adquirir el estatus de pensionado, o si alcanza la garantía
de la pensión mínima con las semanas cotizadas”14.

En ese sentido, señaló que, según la proyección hecha por la AFP, “hasta
la fecha de su jubilación, el actor tendría una pensión equivalente a un
millón de pesos, es decir, alcanza a disfrutar de la garantía de la pensión
mínima; de hecho, tal y como lo ha dicho la Corte, dicha garantía se
obtiene cuando “i) en el caso de los hombres, cumplan 62 años y coticen
un mínimo de 1.150 semanas y (ii) se demuestre que las pensiones,

13
Ibídem.
14
Ibídem.
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Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

rentas y remuneraciones que perciba el eventual peticionario, no sean
superiores a la suma que recibiría por concepto de la referida garantía,
cuyo monto equivaldrá al salario mínimo legal mensual vigente” (…)”15.

Expuso que el accionante superó el número de semanas que le permiten
ser beneficiario de una pensión mínima, toda vez que, para ello, se
requieren 1.150 semanas cotizadas y el actor tiene 1.478,28, “luego,
esperar al cumplimiento de la edad para acceder a la pensión por fuera
del cargo que desempeñaba no frustra el derecho pensional del
prenombrado, que es en últimas lo que pretende evitar la garantía de
estabilidad laboral reforzada: la imposibilidad de acceder a la pensión”16.

Concluyó que, “como se acredita que el accionante cuenta con las
garantías mínimas para acceder a su pensión de vejez en el régimen al
cual se encuentra afiliado, no le es extensible el beneficio de la estabilidad
laboral reforzada, pues si bien en el Régimen de Ahorro Individual prima
el capital ahorrado, lo cierto es que cuando no se alcanza a tener este
monto, pero se acredita un mínimo de semanas cotizadas, se puede
acceder a la pensión mínima, con lo cual se deduce que el actor no
quedará desamparado en su vejez”17.

En consecuencia, por no ser beneficiario de una estabilidad laboral
reforzada, “no era posible que la autoridad accionada lo mantuviera en su
cargo, máxime, cuando fue nombrado en provisionalidad y no se cumplen
las condiciones para su continuidad”18.

15
Ibídem.
16
Ibídem.
17
Ibídem.
18
Ibídem.
8

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Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el actor lo impugnó con
fundamento en lo siguiente19:

Alegó que “si bien, en la decisión impugnada se señalan las razones por
las cuales no es posible acceder a la pretensión de la acción de tutela con
fundamento en mi condición de pre-pensionable, nada se dice frente a la
vulneración directa que se hace a mi derecho al mínimo vital, estando
debidamente demostrada la situación crítica a la que me veo enfrentado
al carecer de unos ingresos mínimos desde el momento de mi
desvinculación hasta cuando pueda acceder a la pensión equivalente al
salario mínimo. Este período de tiempo, fácilmente puede ser de dos años
o más, tiempo durante el cual estaré en condición de precariedad”.

Reiteró que sus ingresos se derivaban exclusivamente del salario como
funcionario de la Rama Judicial y que, al ser una persona mayor de 60
años, no es posible conseguir otro trabajo, lo que constituye una grave
vulneración al mínimo vital, “puesto que ya no tendré posibilidades de
continuar solventando mis necesidades básicas, hasta tanto cumpla el
requisito de edad para proceder a solicitar la pensión de vejez”20.

Por último, indicó que “en Túquerres existen dos cargos de igual
categoría. El otro cargo está siendo ocupado por una persona joven que
no tiene la condición de padre cabeza de hogar y quien, por su edad, tiene
mayores posibilidades que el suscrito para conseguir otro trabajo y bien
pudo haberse prescindido de él para dejar vacante el cargo para la
persona que llega en propiedad”21.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 2333 000 2022 00052 01.
20
Ibídem.
21
Ibídem.
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Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01
Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

Por auto del 3 de marzo de 2022 se concedió la impugnación22 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 7 de marzo de 202223.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199124, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201525, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202126, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201927 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente28:

22
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 2333 000 2022 00052 01.
23
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 2333 000 2022 00052 01.
24
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
25
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
26
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
27
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
28
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes. Visto en el índice 2 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 52001 2333
000 2022 00052 01.
10

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Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01
Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

6.2.1. Por medio de la Resolución nro. 0004 del 2 de febrero de 2022, el
Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Túquerres –
Nariño, dispuso:

“[…] PRIMERO: DECLARASE cesante del cargo de citador grado III
con la denominación de circuito al Señor OSCAR HERNAN GOYES
LUNA, identificado con cédula de ciudadanía nro. 12.975.982 de
Pasto, a partir del dos (02) de febrero de 2022, es decir, desde el
momento que tome posesión del cargo la titular del cargo en
Propiedad, por los motivos expuestos en la parte considerativa de
este acto administrativo […]”.

6.2.2. En la historia laboral del señor Oscar Hernán Goyes Luna, expedida
por Protección el 16 de febrero de 2022, consta lo siguiente:

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Radicación: 52001 23 33 000 2022 00052 01
Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante
fallo del 24 de febrero de 2022, negó el amparo de los derechos
fundamentales por considerar que el actor no es beneficiario de la
estabilidad laboral reforzada de pre - pensionado, puesto que ya superó
el número de semanas que le permiten el reconocimiento de la garantía
de una pensión mínima.

El accionante impugnó la precitada decisión con fundamento en que el
acto que dispuso su desvinculación afecta el derecho al mínimo vital, toda
vez que, hasta la fecha en la que pueda solicitar la garantía de la pensión
mínima, no tendrá la posibilidad de sustentar sus necesidades básicas,
debido a que cuenta con 60 años de edad y no es posible conseguir otro
trabajo, a lo que agregó que sus ingresos derivaban exclusivamente del
salario que percibía como funcionario de la Rama Judicial.

Para resolver los reparos del extremo recurrente, la Sala estima
pertinente establecer si la acción de tutela es procedente, dado que lo
pretendido por el actor es que, a través de este mecanismo constitucional,
se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando.

Para ello, lo primero que la Sala precisa es que el a quo consideró que la
tutela era procedente en la medida que, aunque el actor podía promover
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, éste no
resultaba eficaz debido a los amplios términos en los que la jurisdicción
resuelve un asunto de esta naturaleza, por lo que afirmó era probable que
para la fecha de la sentencia, el accionante ya hubiese cumplido con la
edad requerida para acceder a una pensión.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que el transcurso del
tiempo o la posible mora en el trámite de un proceso judicial no es
argumento suficiente para desvirtuar la eficacia del mecanismo ordinario;

12

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Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

no obstante, en algunos casos y bajo ciertas condiciones, dicho factor
puede convertirse en un criterio definitorio, especialmente, tratándose de
personas de la tercera edad o en un estado de debilidad manifiesta que
vean seriamente afectado su mínimo vital o su subsistencia, ante lo cual
se justifica la adopción de una medida transitoria29.

En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha explicado en reiteradas oportunidades que la tutela es
improcedente “cuando se solicita el reintegro de empleados públicos a sus
cargos, toda vez que los actos administrativos por medio de los cuales la
administración decide separarlos de los mismos pueden controvertirse
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que se evidencie la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues en estos eventos dicho
medio de defensa no proporciona una protección eficaz y adecuada a los
derechos amenazados o vulnerados y, en consecuencia, el amparo
constitucional procedería de forma excepcional”30.

Así las cosas, como en este caso lo pretendido por el actor consiste en
que, través de la acción de tutela, se ordene el reintegro al cargo que
venía desempeñando, la petición de amparo, en principio, es
improcedente, salvo que se encuentre acreditado la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional ha señalado que, para establecer si el perjuicio es
irremediable, deben estar reunidos los siguientes elementos: i) la
inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por
suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad
de lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de
forma injustificada; ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad;

29
Sentencia T -005 del 13 de enero de 2014. M.P.: Mauricio González Cuervo.
30
Sentencia T – 500 del 22 de octubre de 2019. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
13

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iii) la urgencia, que exige la adopción de medidas prontas o inmediatas
para conjurar la amenaza; iv) la impostergabilidad de la tutela, que
implica acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo
expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales31.

Adicionalmente, en la sentencia SU – 691 de 2017, la Corte Constitucional
indicó que “para la comprobación de la inminencia de un perjuicio
irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela, se deben
observar criterios como (i) la edad de la persona, por ser sujeto de
especial protección en el caso de las personas de la tercera edad; (ii) el
estado de salud del solicitante y su familia; y (iii) las condiciones
económicas del peticionario del amparo o de las personas obligadas a
acudir a su auxilio. En estos eventos, debe mencionarse que la Corte ha
exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal administrativa
mínima por parte del interesado. // Por lo general, en el caso de
desvinculaciones de servidores públicos, la posibilidad de configuración
de un perjuicio irremediable gira en torno del derecho al mínimo vital”.
[Destacado por la Sala]

En los escritos de tutela y de impugnación, el accionante sustentó la
ocurrencia de un perjuicio irremediable en que el acto administrativo que
dispuso su desvinculación desconoce la condición de pre -pensionado,
puesto que tiene 60 años de edad y 1.478.28 semanas cotizadas, que la
garantía de la pensión mínima solo se hará efectiva hasta el 15 de octubre
de 2023, y, por ende, dicho acto afecta su derecho al mínimo vital, en la
medida que la fuente de sus ingresos provenían de manera exclusiva del
salario que devengaba como funcionario de la Rama Judicial y que, al ser
una persona mayor de 60 años, no es posible conseguir otro trabajo, por
lo que está debidamente demostrada la situación crítica en la que se
encuentra, pues no tiene manera de sustentar sus necesidades básicas
hasta el momento en el que pueda acceder a la garantía de una pensión
mínima.

31
Sentencia T – 005 del 13 de enero de 2014. M.P.: Mauricio González Cuervo.
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Sin embargo, la Sala estima que, en este evento, no está acreditada la
configuración de un perjuicio irremediable, según la razones que pasan a
explicarse:

6.3.1. En primer lugar, sobre la condición de pre – pensionado del actor,
se recuerda que en la sentencia SU – 003 de 201832, la Corte
Constitucional definió el alcance del concepto de pre-pensionado así:
“Acreditan la condición de “prepensionables” las personas vinculadas
laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de
los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para
obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo
de servicio- requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión”.

Además, en dicha providencia también precisó que “cuando el único
requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado
que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del
fuero de estabilidad laboral reforzada de pre-pensionable, dado que el
requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o
sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a
la pensión de vejez”.

En este caso, está acreditado con la historia laboral del señor Goyes Luna,
expedida el 16 de febrero de 2022 por el fondo de pensiones Protección,
que tiene 60 años de edad y 1.478,28 semanas cotizadas. Además, allí
también se indicó que el actor cumple con las semanas para ser
beneficiario de la garantía de una pensión mínima. Por último, consta que
tiene un capital ahorrado de $54.743.191 y un bono pensional de
$16.940.429.

32
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
15

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De contera, tal como lo expuso el a quo, el accionante, para la fecha en
la que fue desvinculado del cargo, ya había cotizado más de 1.150
semanas, por lo que es beneficiario de la garantía de una pensión mínima,
de conformidad con el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 y lo señalado por
la historia laboral expedida por el citado fondo de pensiones, de modo
que, solo faltaría que el actor cumpla con el requisito de la edad para el
reconocimiento de tal prestación.

En consecuencia, el actor no es beneficiario del fuero de estabilidad
laboral reforzada de pre – pensionado, por cuanto el único requisito que
le falta cumplir para acceder a la garantía de una pensión mínima es el
de la edad, el cual puede ser cumplido de manera posterior con o sin
vinculación laboral vigente y, por tal razón, es que el acto administrativo
que declaró cesante del cargo al señor Goyes Luna no frustra el acceso a
una pensión.

De manera que la Sala concluye que, frente a este argumento, no se
evidencia la configuración de un perjuicio irremediable, puesto que la
desvinculación del accionante no impide que, una vez cumplido el
requisito de la edad, sea reconocida la garantía de una pensión mínima.

6.3.2. De otro lado, el actor también argumentó que tiene 60 años de
edad y anota que, por ello, no es posible desempeñar otro trabajo. Frente
al criterio de la edad como un factor que posibilite el amparo
constitucional, la Corte ha explicado lo siguiente33:

“[…] El adulto mayor es aquel que supera la expectativa de vida, y
en cada caso en particular acredita alguna circunstancia de especial
consideración, con fundamento en lo siguiente:

“De acuerdo a lo anterior, esta Sala de Revisión considera que así
como la tarea de determinar la edad pensional resulta propia del
Congreso, quien deberá fijar desde cuando inicia la tercera edad
para efectos de la procedencia de la acción de tutela, será dicha
entidad. Por lo tanto, con el fin de proteger la naturaleza excepcional

Corte Constitucional. Sentencia T- 037 del 9 de febrero de 2016. M.P. Alejandro Linares
33

Cantillo.
16

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y subsidiaria de la misma, en la presente sentencia será adoptada
como criterio para establecer la tercera edad, la expectativa de vida
de los colombianos certificada por el DANE correspondiente a los 74
años. Así, quienes cuenten con 74 años o más serán considerados
sujetos de especial protección constitucional como pertenecientes a
la tercera edad, razón por la cual el estudio de procedencia del
amparo constitucional se realizará de manera flexible.”

37. La anterior posición se reiteró en la sentencia T-844 de 2014
(M.P. Mauricio González Cuervo), en cuya oportunidad el accionante
interpuso la acción de tutela como mecanismo definitivo de
protección de sus derechos fundamentales, sin acudir a la vía judicial
establecida por el Legislador para dirimir conflictos relacionados con
el reconocimiento pensional, que en este escenario es la jurisdicción
ordinaria, al considerar que era un adulto mayor y sujeto de especial
protección. Dicho amparo fue declarado improcedente con
fundamento en la siguiente regla de decisión:

“2. Razón de la decisión.

La acción de tutela será procedente como mecanismo
definitivo, cuando los accionantes alcancen la expectativa de vida de
los colombianos certificada por el DANE en 74 años. Así mismo, será
procedente como mecanismo definitivo en los casos donde sin
importar la edad del accionante y existiendo otro medio de defensa,
se acredite que el mismo no es idóneo y eficaz para la protección de
los derechos fundamentales del actor. Finalmente, la acción de
tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable” […]”. ( La Sala destaca)

En otra oportunidad, la Corte Constitucional indicó34:

“[…] 16.2. En este punto conviene precisar que el término “persona
de la tercera edad” y el concepto “adulto mayor”, que a menudo se
usan indistintamente, no pueden ser empleados como sinónimos.

16.3. El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de
2009. En ella se apela a la noción de “vejez” propia del sistema de
seguridad social en pensiones, con el fin de identificar la población
destinataria de la atención integral en los centros vida. De cara a lo
dispuesto por el Legislador en esa norma, será adulto mayor quien
supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más
de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico
[que] así lo determinen”.

(…)

16.4. Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo
puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha

Corte Constitucional. Sentencia T – 015 del 22 de enero de 2019. M.P.: Gloria Stella
34

Ortiz Delgado.
17

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superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son
personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de
la tercera edad será un adulto mayor.

Para efecto de precisar a qué edad una persona puede catalogarse
en la tercera edad, esta Corporación ha acudido a la esperanza de
vida certificada por el DANE. Ha asumido que la tercera edad inicia
cuando la persona supera la expectativa de vida fijada por aquel
organismo público, misma que varía periódicamente. A esta se le
conoce como la tesis de la vida probable, que en este caso concreto
fue aplicada por el ad quem.

Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, conforme el
documento titulado “Indicadores Demográficos Según
Departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y
Proyecciones de Población 2005-2020” emitido por el DANE, la
esperanza de vida al nacer para la totalidad de la población en
Colombia (sin distinguir entre hombres y mujeres), se encuentra
estimada en los 76 años. Por lo tanto, una persona será considerada
de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella que
certifique el DANE para cada periodo específico.

(…)

El efecto útil de esta separación fijada por la jurisprudencia
constitucional en desarrollo el principio de igualdad, se presenta al
valorar en cada caso concreto la eficacia de los mecanismos
judiciales ordinarios que tiene a disposición el accionante. Pero cobra
especial relevancia cuando se debaten asuntos asociados a la
pensión de vejez, en relación con los cuales la mayoría de los
interesados habrá superado los 60 años y tendrá la calidad de adulto
mayor.

De considerarse que todos los adultos mayores requieren una
especial protección constitucional y un análisis más flexible en
relación con el principio de subsidiariedad, sería necesario concluir
que todas las peticiones de vejez que ellos hagan a través de la
acción de tutela son procedentes. Tal perspectiva, terminaría por
hacer que las vías ordinarias de defensa judicial laboral en esa
materia en particular queden inoperantes. Ello trastocaría la
naturaleza excepcional de la acción de tutela y comprometería el
sistema de distribución de las competencias judiciales y
jurisdiccionales, pues implica indirectamente asumir que la acción
de tutela es el único mecanismo idóneo para reclamar pensiones de
vejez de personas con más de 60 años.

(…)
16.6. Respecto a este asunto concreto a pesar de que Marceliano
Neme Esquinas afirmó, tanto en el escrito de tutela como en el de
impugnación, que él era una persona de la tercera edad, la Sala
encuentra que él es un adulto mayor, pero definitivamente no es
una persona de la tercera edad, al no haber superado la expectativa

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de vida y, por lo tanto, no precisa un trato especial en razón de su
edad […] ”. (La Sala destaca)

De la jurisprudencia en cita, se desprende que la accionante no es una
persona de la tercera edad, puesto que no ha superado la expectativa de
vida certificada por el DANE; en consecuencia, en este caso, el factor de
la edad no hace procedente la acción de tutela.

6.3.3. Por último, el actor también alegó que el acto de desvinculación
afecta su derecho al mínimo vital, dado que la fuente de sus ingresos
provenían de manera exclusiva del salario que devengaba como
funcionario de la Rama Judicial y que, al ser una persona mayor de 60
años, no es posible conseguir otro trabajo, por lo que aseguró que “ya
no tendré posibilidades de continuar solventando mis necesidades
básicas, hasta tanto cumpla el requisito de edad para proceder a solicitar
la pensión de vejez”35.

Sobre este punto, la Sala advierte, como explicó en líneas precedentes,
que la verificación de la inminencia como elemento del perjuicio
irremediable que haga procedente la tutela, debe atender algunos
criterios como i) la edad de la persona; ii) el estado de salud del solicitante
y su familia, y iii) las condiciones económicas del accionante.

Examinados en este caso, se tiene que el actor, como ya se indicó, no es
un sujeto de especial protección debido a su edad; el señor Goyes Luna,
en los escritos de tutela e impugnación, no expuso ninguna circunstancia
de la que se desprenda que padece quebrantos de salud.

En cuanto a las condiciones económicas, aseguró que sus ingresos
provenían del salario que devengaba como funcionario de la Rama Judicial
y que el acto administrativo vulnera el derecho al mínimo vital porque no
tendrá posibilidades de solventar sus necesidades básicas hasta que

35
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 2333 000 2022 00052 01.

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cumpla con el requisito de la edad para que se le reconozca la garantía
de la pensión mínima; sin embargo, no se evidencia una afectación al
mínimo vital, ni está acreditado que no pueda desempeñarse en otra
actividad productiva, como empleado o independiente, y, por
consiguiente, tampoco se acredita la configuración de un perjuicio
irremediable, debido a que las circunstancias del accionante, o de aquéllos
que tienen el deber de socorrerlo, no les impiden laborar para obtener el
cubrimiento de sus necesidades básicas36.

Conforme con lo señalado, la Sala considera que, en este evento, no se
evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que afecte el
mínimo vital del accionante, en la medida que el acto administrativo que
dispuso la desvinculación del actor no frustra el acceso a una pensión y
las condiciones de salud, así como el factor de la edad, no impiden al
señor Goyes Luna continuar laborando para sustentar sus necesidades
básicas.

Por consiguiente, la petición de amparo es improcedente, por cuanto no
se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable y lo pretendido por
el actor es que el juez de tutela ordene el reintegro al cargo que venía
desempeñando, de modo que tiene la posibilidad de promover el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que puede
solicitar las medidas cautelares que considere procedentes para proteger
sus derechos de acuerdo con el artículo 229 y siguientes del CPACA.

Vale la pena mencionar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha reconocido que “la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
es, en principio, un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para
proteger los derechos fundamentales de los servidores públicos
desvinculados de las entidades públicas, al estar dotado de herramientas
propicias para, entre otras cosas, suspender los efectos de actos

Al respecto, puede verse la Sentencia T – 500 del 22 de octubre de 2019. M.P.: Alberto
36

Rojas Ríos.
20

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administrativos que generen perjuicios irremediables a los
demandantes, en cualquier etapa del proceso y sin que el rechazo inicial
de la solicitud, sea obstáculo para que posteriormente sean solicitadas las
cautelas necesarias”37.

Por todo lo expuesto, la Sala revocará el fallo proferido el 24 de febrero
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó el amparo de
sus derechos fundamentales para, en su lugar, declarar improcedente la
acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 24 de febrero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Nariño que negó el amparo de los derechos
fundamentales y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela interpuesta por el señor Oscar Hernán Goyes Luna, según lo
explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del
término legal.

37
Sentencia SU 691 del 23 de noviembre de 2017. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
21

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Accionante: Oscar Hernán Goyes Luna

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el ley.

22

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