Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2023-00050-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 52001-23-33-000-2023-00050-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 52001-23-33-000-2023-00050-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
9 de julio de 2026
Radicado: 52001-23-33-000-2023-00050-01 (30118)
Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2023-00050-01 (30118)
Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA
Demandado: Municipio de Chachagüi (Nariño)
Temas: ICA 2015. Liquidación de aforo y liquidación de revisión.
Procedencia de la revisión.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 7 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño,
que decidió2:
PRIMERO.– Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. RE-2021-11-
10002 del 7 de noviembre de 2021, a través de la cual la Tesorería Municipal de
Chachagüí liquidó oficialmente un mayor valor del impuesto de industria y comercio por
el año gravable 2015, así como de la Resolución RE-2022-02-10001 del 16 de enero
de 2023, mediante la cual se resolvió de manera desfavorable el recurso de
reconsideración.
Como consecuencia de la anterior declaración, se declara a título de restablecimiento
del derecho (i) la improcedencia de imponer a AVIANCA SA las sanciones por
inexactitud y corrección, así como de (ii) determinar o imponer al contribuyente el pago
de intereses por mora, habida cuenta que AVIANCA SA ya pagó el impuesto de
industria y comercio correspondiente al año gravable 2015, conforme a la liquidación
de aforo que el propio ente territorial liquidó.
SEGUNDO.– Condenar en costas de primera instancia al municipio de Chachagüí en
favor de la parte demandante, las cuales se liquidarán por Secretaría conforme a los
parámetros expuestos en la parte motiva.
TERCERO. – Por secretaría se devolverá el remanente de los gastos del proceso, si a
ello hubiere lugar, y se dejará constancia expresa de ello. En firme la presente decisión,
se archivará el asunto. Secretaría hará las anotaciones de ley en libros radicadores y
en Samai.
ANTECEDENTES
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Relativos a la Liquidación de Aforo
1
Ingresó al despacho para fallo el 25 de junio de 2025.
2
Samai Tribunal, índice 25, folios 63 y 64.
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1
Radicado: 52001-23-33-000-2023-00050-01 (30118)
Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
Previo requerimiento ordinario del 30 de mayo de 20193, el tesorero municipal de
Chachagüí (Nariño) emplazó4 a la empresa Aerovías del Continente Americano S.A. –
AVIANCA– para que presentara las declaraciones del impuesto de industria y comercio
correspondientes a las vigencias 2014, 2015 y 2016.
Posteriormente, el tesorero municipal expidió la Resolución Sanción No. OM-2019-
090015 del 30 de septiembre de 2019, mediante la cual impuso sanción por no declarar
respecto de los periodos gravables 2014 ($1.478.818.200), 2015 ($3.143.346.100) y
2016 ($3.445.093.000).
En esa misma fecha, profirió la Liquidación Oficial de Aforo No. OM-2019-100026 por
la vigencia 2015, en la que determinó, a título de impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros, la suma de $253.039.000 y una sanción por extemporaneidad de
$506.079.000, para un total saldo a cargo del periodo de $759.118.000.
El 19 de noviembre de 2019, la sociedad demandante interpuso recurso de
reconsideración contra la liquidación de aforo, el cual fue resuelto mediante la
Resolución No. OM-2019-11003 del 28 de noviembre de 20197, en el sentido de
modificar parcialmente dicho acto. En esta decisión se determinó, por concepto de
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, la suma de $55.977.000, valor
acogido en atención a los argumentos expuestos en el recurso, el cual debía ser
cancelado junto con los intereses moratorios y la sanción por no declarar previamente
impuesta.
El 29 de noviembre de 2019, la demandante pagó al municipio de Chachagüí la suma
de $503.925.0008, que afirmó correspondía al impuesto de industria y comercio, avisos
y tableros determinado en el proceso de aforo para las vigencias 2014, 2015 y 2016,
así como a los intereses de mora y a la sanción por no declarar.
Relativos a la Liquidación Oficial de Revisión.
Una vez atendido el requerimiento ordinario9 respecto de las vigencias 2014 a 2019,
el 25 de mayo de 2021 el tesorero municipal de Chachagüí profirió el Requerimiento
Especial No. RE-2021-05-1000210, correspondiente a la vigencia 2015, en el que
propuso «modificar el denuncio rentístico manifestado por el contribuyente en el
procedimiento de aforo (…)», el cual fue oportunamente contestado por la
contribuyente.
Posteriormente, el municipio expidió la Liquidación Oficial de Revisión No. RE-2021-
11-1000211, en la que determinó un impuesto de industria y comercio, avisos y tableros
por la suma de $253.039.000; una sanción por no declarar de $69.537.000; una
sanción por inexactitud de $315.299.000, y una sanción de corrección por incremento
de $20.861.000. Con ello, fijó un total saldo a cargo del periodo de $658.736.000 y un
valor neto a pagar de $533.222.000.
Contra dicho acto administrativo, la demandante interpuso recurso de
3
Índice 17, SAMAI Tribunal, fl. 3 (pdf).
4
Índice 17, SAMAI Tribunal, fl. 10 (pdf).
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Índice 17, SAMAI Tribunal, fl. 17 (pdf).
6
Índice 17, SAMAI Tribunal, fl. 21 (pdf).
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Índice 17, SAMAI Tribunal, fl. 24 (pdf).
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Índice 3, SAMAI Tribunal (Anexos demanda).
9
Índice 16, SAMAI Tribunal, fl. 6 (pdf).
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Índice 16, SAMAI Tribunal, fl. 13 (pdf).
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Índice 16, SAMAI Tribunal, fl. 45 (pdf).
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Radicado: 52001-23-33-000-2023-00050-01 (30118)
Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
reconsideración12, el cual fue resuelto por el municipio mediante la Resolución No. RE-
2022-02-10001 del 16 de enero de 202313, en el sentido de confirmar la decisión
recurrida.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Cuantía de las pretensiones
$1.120.058.000.
Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sociedad Aerovías del Continente
Americano S.A. AVIANCA formuló las siguientes pretensiones14:
2.1. Primero: Que se declare la nulidad total de la actuación administrativa integrada por
los siguientes actos:
2.1.1 La liquidación Oficial de revisión No. RE-2021-11-10002 del 7 de noviembre
de 2021, a través de la cual la Tesorería Municipal de Chachagüí (Nariño) Liquidó
oficialmente un mayor ICA por el año gravable 2015, y
2.1.2 La Resolución No. RE-2022-02-10001 del 16 de enero de 2023, a través
de la cual la Tesorería Municipal de Chachagüí (Nariño) resolvió
desfavorablemente el recurso de reconsideración presentado contra la
Liquidación Oficial de Revisión No. RE-2021-11-10002 del 7 de noviembre de
2021.
2.2. Segundo: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de dichos actos
administrativos, se restablezca el derecho de Avianca en los siguientes términos:
2.2.1. Que se declare improcedente la determinación de un mayor ICA a cargo
por valor de $197.062.000 por el año gravable 2015 y que Avianca no adeuda
suma alguna por este concepto.
2.2.2. Que se declare improcedente la imposición de la sanción por inexactitud
por valor de $315.299.000 por el año gravable 2015 y que Avianca no adeuda
suma alguna por este concepto.
2.2.3. Que se declare improcedente la imposición de la sanción por corrección
por valor de $20.861.000 por el año gravable 2015 y que Avianca no adeuda
suma alguna por este concepto.
2.2.4. Que se declare improcedente la determinación de intereses por mora por
valor de $586.836.000 por el año gravable 2015 y los que se determinen con
posterioridad al 15 de febrero de 2023 y que Avianca no adeuda suma alguna
por este concepto.
2.2.5. Que se declare que la Compañía ya pagó el valor correspondiente por el
ICA del año gravable 2015 de acuerdo con la liquidación oficial de aforo
efectuada por el propio municipio de Chachagüí.
2.3. Tercero: Que se declare que no son de cargo de la Compañía las costas en que
incurra el municipio de Chachagüí con relación a la actuación administrativa, ni las de
este proceso.
2.4. Cuarto: Que se condene al municipio de Chachagüí a pagar las costas del presente
proceso, conformadas por las expensas y las agencias en derecho.
12
Índice 16, SAMAI Tribunal, fl. 57 (pdf).
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Índice 16, SAMAI Tribunal, fl. 114 (pdf).
14
Fls. 5 y 6 demanda.
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Radicado: 52001-23-33-000-2023-00050-01 (30118)
Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
Invocó como vulnerados los artículos 29 y 83 de la Constitución Política de Colombia,
93 y 97 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), 640, 647, 648, 702, 703, 704, 710, 711, 712
717 y 719 del Estatuto Tributario Nacional y 505, 508, 510 514, 515 y 534 del Acuerdo
No. 028 de 2017 (Estatuto Tributario Municipal-ETM).
CONCEPTO DE VIOLACIÓN Y OPOSICIÓN
La demanda se sustentó bajo los siguientes cargos de violación y en la contestación se
ejerció el derecho de contradicción así15:
Primer cargo: Indebida aplicación e interpretación de las normas.
1. La demandante sostuvo que el municipio de Chachagüí interpretó
erróneamente los artículos 717 y 719 del ET y 514 y 515 del ETM, al equiparar
el pago efectuado por la sociedad por concepto del ICA del año gravable 2015
—realizado con posterioridad al proceso de aforo— a una declaración privada
o denuncio rentístico, pese a que la sociedad no presentó declaración alguna.
Indicó que la normativa no permite asimilar un pago realizado en cumplimiento
de un acto administrativo a una declaración privada, ni habilita su revisión
mediante el procedimiento previsto para las declaraciones tributarias, dado que
dicho pago se efectuó en acatamiento de actos expedidos por la propia
administración dentro del proceso de aforo.
En ese sentido, afirmó que no es jurídicamente posible que la liquidación oficial
de aforo y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración —mediante
las cuales se determinó el impuesto a cargo ante la omisión de declarar— muten
en una declaración privada por el hecho de que el contribuyente haya aceptado
y pagado las sumas allí fijadas, por lo que el municipio incurrió en una
interpretación errónea del alcance de las normas que regulan el proceso de
aforo.
De igual forma, alegó la indebida aplicación de los artículos 702, 703, 704, 710,
711 y 712 del ET y 505, 508 y 510 del ETM, por cuanto la administración inició
un proceso de revisión sin que existiera el presupuesto esencial para ello, esto
es, la presentación de una declaración privada. Precisó que dicho
procedimiento tiene como finalidad verificar las cifras declaradas por el
contribuyente, lo cual no resulta predicable de un pago efectuado al finalizar un
proceso de aforo, razón por la cual la facultad de revisión se limita a las
declaraciones privadas y no a actos administrativos en firme.
Agregó que el Consejo de Estado16 ha reiterado la exclusión entre los procesos
de aforo y de revisión, de manera que no es procedente adelantar este último
cuando el tributo ha sido determinado oficialmente. Así mismo, señaló que el
propio municipio reconoció que la actuación de revisión recayó sobre la
liquidación de aforo, lo que evidencia que la liquidación oficial de revisión
modificó un proceso de determinación ya concluido, implicando en la práctica
una actuación contra acto propio.
Finalmente, manifestó que la administración vulneró, por falta de aplicación, los
artículos 29 y 83 de la Constitución Política, al iniciar un proceso de revisión
15
El municipio de Chachagüí no contestó la demanda.
16
Sentencias del 25 de septiembre de 2019, exp. 22623, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 19 de septiembre de 2019,
exp. 22486, M.P. Milton Chaves García y la del 29 de abril de 2020, exp. 23800, M.P. Milton Chaves García.
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Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
sobre un recibo de pago sin que existiera una declaración tributaria susceptible
de ser revisada.
2. El municipio de Chachagüí no contestó la demanda.
Segundo cargo: Falta de aplicación de los artículos 93 y 97 del CPACA.
1. La demandante sostuvo que, si la administración no estaba de acuerdo con los
valores pagados a título de ICA por el año gravable 2015 —determinados
previamente en el proceso de aforo mediante la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración—, debía acudir al procedimiento de revocatoria
directa previsto en los artículos 93 y 97 del CPACA, y no iniciar un proceso de
revisión, máxime cuando no existía una declaración privada.
No obstante, la demandante afirmó que, mediante la liquidación oficial de
revisión, prácticamente se revocaron los actos administrativos expedidos en el
proceso de aforo, sin contar con la autorización de la compañía, pese a tratarse
de actos de carácter particular y concreto.
2. El municipio de Chachagüí no contestó la demanda.
Tercer cargo: Sanción de inexactitud. Corrección de sanciones.
1. La demandante manifestó que la administración vulneró los artículos 647 y 648
del ET y 537 del ETM, al imponer la sanción por inexactitud, pese a que esta
solo procede cuando existe una declaración privada en la que se configuren
inexactitudes, circunstancia que no se presentó en este caso, dado que la
sociedad no presentó declaración del ICA por el año gravable 2015.
Asimismo, señaló que no es procedente el incremento de la sanción previsto en
el artículo 701 del ET, por cuanto este presupuesto también exige la existencia
de una declaración privada.
2. El municipio de Chachagüí no contestó la demanda.
SENTENCIA APELADA Y OBJECIONES FORMULADAS EN EL RECURSO DE
APELACIÓN PRESENTADO POR LA PARTE DEMANTE.
El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados y condenó en costas al municipio de
Chachagüí17. Contra dicha providencia, el demandado interpuso recurso de apelación.
Los motivos del fallo impugnado y los argumentos de alzada son:
Primer cargo: Indebida aplicación e interpretación de las normas.
1. El Tribunal consideró que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado18, existe una clara diferenciación entre la liquidación oficial de aforo y la
liquidación oficial de revisión, las cuales responden a supuestos fácticos y
jurídicos distintos y no pueden equipararse.
17
Índice 15, SAMAI Tribunal.
18
Sentencias del 17 de abril de 2008, exp. 16292, M.P. Héctor J. Romero Díaz, del 8 de agosto de 2024, exp. 28738, M.P.
Wilson Ramos Girón, del 27 de marzo de 2014, exp. 18634, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 24 de octubre de
2024, exp.28858, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
En ese contexto, y tras examinar los expedientes administrativos de aforo y de
revisión, concluyó que el municipio de Chachagüí incurrió en una actuación
improcedente al adelantar un proceso de revisión respecto de una liquidación
oficial de aforo previamente expedida y modificada en sede de reconsideración,
en la que incluso se determinó un menor valor del impuesto de industria y
comercio a cargo de Avianca S.A.
Precisó que la liquidación oficial de aforo constituye un acto administrativo
mediante el cual la administración determina directamente la obligación
tributaria ante la omisión de declarar por parte del contribuyente, definiendo así
una situación jurídica particular y concreta. En contraste, la liquidación oficial de
revisión tiene como presupuesto la existencia de una declaración privada y su
finalidad es modificarla por una sola vez, previa expedición del requerimiento
especial.
Bajo esa distinción, el Tribunal concluyó que la liquidación de aforo no es
asimilable a una declaración privada ni puede sustituirla, razón por la cual no
puede ser objeto de revisión mediante el procedimiento previsto en los artículos
702 y siguientes del ET. En consecuencia, el municipio no podía modificar la
liquidación de aforo a través de una liquidación oficial de revisión, pues esta
última requiere la existencia de una declaración previamente presentada por el
contribuyente, circunstancia que no ocurrió en el caso, dado que Avianca S.A.
nunca presentó declaración del ICA por el año gravable 2015.
Asimismo, advirtió que la tesis del municipio, según la cual la liquidación de
aforo sustituía la declaración privada del contribuyente, desconoce la normativa
y la jurisprudencia aplicable, ya que pone en el mismo plano dos figuras jurídicas
distintas: mientras la declaración privada corresponde al cumplimiento
voluntario de la obligación tributaria por parte del contribuyente, la liquidación
de aforo es un acto unilateral de la administración que surge precisamente ante
la omisión de dicho deber.
Finalmente, destacó que las normas que regulan la liquidación de aforo
establecen el procedimiento para su expedición y contenido, pero no
contemplan la facultad de la administración para revisarla o modificarla
mediante el procedimiento de revisión, razón por la cual dicha actuación
resultaba ajena al marco legal aplicable.
2. El apelante disintió de la decisión del Tribunal, al considerar que la sentencia
premiaba la conducta de Avianca S.A., quien, en su criterio, suministró
información inexacta para reducir el impuesto de industria y comercio a su
cargo. En esa línea, cuestionó la interpretación jurídica adoptada por la Sala en
torno a la naturaleza de la liquidación de aforo, al sostener que el Tribunal
desconoció que fue con el denominado “denuncio rentístico” presentado con el
recurso de reconsideración que se determinó inicialmente el impuesto, pese a
que dicha información no coincidía con la reportada posteriormente en el
requerimiento del 23 de junio de 2020, en el que se evidenciaron ingresos
significativamente superiores.
En ese contexto, insistió en que, contrario a lo concluido por el Tribunal, la
liquidación oficial de aforo, conforme al artículo 717 del ET, sí sustituye la
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Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
declaración privada no presentada, lo que implica -desde su perspectiva- una
equivalencia material que habilita el ejercicio de las facultades de fiscalización,
sanción y revisión por parte de la administración, especialmente cuando surgen
nuevos elementos que evidencian inconsistencias en la información
suministrada.
Sostuvo que la liquidación oficial de revisión tenía como finalidad ajustar la
determinación del tributo a la realidad económica del contribuyente. Añadió que
la conducta de la actora afectó los principios de la función administrativa
previstos en el artículo 209 de la Constitución.
En conclusión, afirmó que la determinación inicial no era definitiva, pues podía
ser objeto de fiscalización cuando se advirtieran inconsistencias, razón por la
cual los actos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento
jurídico.
Segundo cargo: Falta de aplicación de los artículos 93 y 97 del CPACA.
1. El Tribunal no se pronunció al respecto.
2. El municipio no formuló reparo en sede de apelación sobre este punto
Tercer cargo: Sanción de inexactitud. Corrección de sanciones.
1. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos acusados, el
Tribunal concluyó que no había lugar a imponer a Avianca S.A. la sanción por
inexactitud ni la sanción por corrección, toda vez que dichas sanciones se
derivaban del procedimiento de revisión que fue declarado ilegal.
De igual forma, precisó que tampoco procedía la determinación de intereses
moratorios, en atención a que la sociedad demandante ya había pagado el
impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable 2015,
conforme a la liquidación oficial de aforo expedida por el propio municipio.
2. El apelante señaló que, conforme a lo precisado por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, para la imposición de sanciones en materia tributaria se
requiere que el contribuyente haya obstaculizado la labor de fiscalización de la
administración, lo cual, a su juicio, se evidenció en el caso concreto. En efecto,
sostuvo que los errores en la información suministrada por Avianca S.A.
perjudicaron a la entidad territorial y obstruyeron su función fiscalizadora, al
declarar ingresos muy por debajo de la realidad con el propósito de beneficiarse
tributariamente.
PRONUNCIAMIENTOS FINALES
La parte demandante, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, presentó memorial19 mediante el
cual se opuso al recurso de apelación interpuesto por el municipio, por cuanto: (i) la
decisión adoptada en primera instancia se encuentra ajustada tanto a la normativa
tributaria vigente como a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, en la
materia; (ii) la sentencia citada por el municipio como sustento de su tesis no resulta
aplicable al presente caso, en la medida en que trata una controversia distinta y ajena
19
Índice 11, SAMAI Consejo de Estado.
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a la aquí debatida entre Avianca y el municipio de Chachagüí; y (iii) el recurso de
apelación no formula reparos concretos y específicos frente a los fundamentos de la
decisión recurrida, desconociendo así los requisitos mínimos exigidos para su
procedencia.
Por su parte el Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista en
numeral 6º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
PROBLEMAS JURÍDICOS
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
corresponde a la Sala resolver el siguiente interrogante:
¿Es procedente que el municipio de Chachagüí expida una liquidación oficial de
revisión respecto del impuesto correspondiente al mismo periodo gravable del año
2015, previamente determinado mediante liquidación oficial de aforo y, en
consecuencia, sean procedentes las sanciones propuestas por la administración?
Improcedencia de la liquidación oficial de revisión respecto de una liquidación
de aforo y de las sanciones impuestas.
El Estatuto Tributario regula los procedimientos de determinación oficial del impuesto
a través de distintas figuras, entre ellas, la liquidación oficial de aforo y la liquidación
oficial de revisión, las cuales responden a supuestos fácticos y jurídicos distintos.
En relación con la liquidación oficial de aforo, los artículos 715 a 719 del ET disponen
que, previo emplazamiento para declarar y la imposición de la sanción por no declarar,
la administración puede determinar oficialmente la obligación tributaria cuando el
contribuyente ha omitido la presentación de la declaración. En particular, el artículo
717 ibidem prevé la expedición de la liquidación de aforo como mecanismo para
establecer el tributo en ausencia de declaración, mientras que el artículo 719 regula su
contenido.
Por su parte, la liquidación oficial de revisión se encuentra regulada en los artículos
702 y siguientes del ET, los cuales facultan a la administración para modificar, por una
sola vez, las liquidaciones privadas presentadas por los contribuyentes, previa
expedición del requerimiento especial (artículo 703) y dentro de los términos legales.
Así mismo, el artículo 712 ibidem establece el contenido de la liquidación oficial de
revisión.
En el ámbito territorial, el Estatuto Tributario del municipio de Chachagüí (Acuerdo 028
de 2017) también contempla las figuras de determinación oficial del tributo. En
particular, regula la liquidación oficial de revisión en el Capítulo III (Liquidación de
revisión) y la liquidación oficial de aforo en el Capítulo IV (Liquidación de aforo), bajo
supuestos análogos a los previstos en los artículos 702 y siguientes y 715 a 719 del
ET, respectivamente.
De lo anterior se desprende que, tanto en el orden nacional como en el territorial, la
liquidación de aforo parte de la inexistencia de declaración privada, mientras que la
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Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
liquidación de revisión presupone su existencia, por lo que se trata de mecanismos
distintos que operan bajo supuestos excluyentes.
Conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado 20,
la liquidación oficial de aforo constituye el mecanismo mediante el cual la
administración determina el tributo frente a la omisión de presentar la declaración,
previo el agotamiento de la actuación correspondiente, esto es, el emplazamiento para
declarar y la eventual imposición de la sanción por no declarar; mientras que la
liquidación oficial de revisión tiene por objeto modificar una declaración privada
previamente presentada, para lo cual se requiere la expedición de un requerimiento
especial.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional21 ha precisado que la liquidación oficial
de revisión procede por una sola vez y corresponde a la facultad de la administración
de modificar la liquidación privada presentada por el contribuyente, con el fin de
verificar su conformidad con el ordenamiento jurídico o su correspondencia con la
realidad económica que da lugar a la obligación tributaria; en tanto que la liquidación
de aforo consiste en la determinación de la obligación tributaria a cargo del
contribuyente cuando este ha incumplido el deber de declarar, de modo que no se trata
de modificar una declaración existente, sino de suplir su ausencia mediante la fijación
directa del impuesto por parte de la administración.
De otro lado, debe precisarse es que la interpretación adoptada por el Tribunal no
implica en modo alguno la validación de conductas por parte del contribuyente, como
lo sugiere el apelante. Por el contrario, responde a la aplicación estricta de las reglas
que rigen los procedimientos de determinación tributaria, las cuales delimitan las
facultades de la administración e impiden adelantar un proceso de revisión sin la
existencia de una declaración privada que lo sustente.
En el caso concreto, se encuentra acreditado que, para la vigencia 2015, el municipio
de Chachagüí inició el correspondiente procedimiento de determinación oficial
mediante liquidación de aforo, el cual culminó con la resolución que decidió el recurso
de reconsideración, en la que se fijaron la base gravable, la tarifa, el valor del impuesto
de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros y el total a cargo de Avianca
S.A., indicando que el contribuyente debía cancelar dichas sumas, junto con los
intereses moratorios y la sanción por no declarar, una vez notificado el acto.
Igualmente, obra en el expediente que dicho acto fue acatado por la contribuyente
mediante el pago efectuado el 29 de noviembre de 2019, situación que no es objeto
de controversia y que, incluso, fue reconocida por el propio ente territorial.
A partir de lo anterior, la Sala comparte lo decidido por el Tribunal, en cuanto concluyó
que no era procedente adelantar con posterioridad un procedimiento de revisión
respecto de una obligación ya determinada mediante liquidación oficial de aforo. En
efecto, no resulta de recibo el argumento del municipio según el cual dicha liquidación
sustituyó la declaración privada y, por ende, se tornó susceptible de modificación a
través de una liquidación oficial de revisión, toda vez que, conforme al marco normativo
y jurisprudencial expuesto, ambas figuras responden a supuestos distintos y
excluyentes.
20
Sentencias del 26 de octubre de 2009, exp. 17045, M.P. William Giraldo Giraldo, del 16 de octubre de 2019, exp.22724, M.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
21
Sentencia C-1201 del 9 de diciembre de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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9
Radicado: 52001-23-33-000-2023-00050-01 (30118)
Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
En relación con este punto, debe precisarse que, de acuerdo con la jurisprudencia
citada, la liquidación oficial de revisión parte necesariamente de la existencia de una
declaración privada presentada por el contribuyente, la cual es objeto de fiscalización
por parte de la administración. Sin embargo, en el presente asunto dicha premisa no
se cumple, pues la resolución que decidió el recurso de reconsideración no constituye
una declaración privada, sino un acto administrativo definitivo mediante el cual la
administración ajustó la liquidación oficial de aforo inicialmente proferida, en ejercicio
de la potestad de revisión en sede administrativa del acto expedido por ella misma, y
que consolidó la situación jurídica en el caso particular.
En ese mismo sentido, el Estatuto Tributario del municipio de Chachagüí es claro en
señalar que, previamente a la práctica de la liquidación oficial de revisión, debe
proferirse un requerimiento especial “dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha
de presentación de la declaración o de su última corrección” (artículo 505), lo que pone
de presente que dicho procedimiento parte necesariamente de la existencia de una
declaración previamente presentada o corregida por el contribuyente. No obstante, en
el expediente no obra prueba de la presentación de declaración alguna
correspondiente a la vigencia 2015 —debidamente radicada o con constancia de su
presentación— ni de su eventual corrección, circunstancia que refuerza la
improcedencia del procedimiento de revisión adelantado por la administración. Y no
podría ser de otra manera, si se tiene en cuenta que el mismo municipio dio apertura
al procedimiento de aforo con anterioridad, y con motivo de este el contribuyente
efectuó el pago de la obligación tributaria particular.
En ese orden de ideas, con posterioridad a la resolución que decidió el recurso de
reconsideración no existe una declaración susceptible de ser revisada, sino un acto
administrativo en firme que definió la obligación tributaria, acompañado del pago
efectuado por la contribuyente el 29 de noviembre de 2019 a favor del municipio de
Chachagüí, el cual, según lo afirmado por Avianca S.A., correspondió al impuesto de
industria y comercio de la vigencia 2015, a la sanción por no declarar y a los intereses
de mora respectivos.
Adicionalmente, se advierte que la oportunidad con la que contaba la administración
para ajustar la determinación del tributo era precisamente la decisión del recurso de
reconsideración, instancia en la cual el municipio acogió la información suministrada
por la contribuyente. En ese contexto, correspondía a la entidad territorial ejercer de
manera plena sus facultades de fiscalización y verificación en dicha etapa, de tal forma
que la determinación reflejara adecuadamente la realidad económica del
contribuyente, sin que resulte jurídicamente viable reabrir posteriormente la discusión
mediante la expedición de una liquidación oficial de revisión.
De otra parte, cuando la administración estime necesario modificar un acto
administrativo definitivo de carácter particular y concreto, debe acudir a los
mecanismos legalmente previstos para ello, como la revocatoria directa (artículos 93
y 97 del CPACA), de modo que la actuación administrativa se enmarque en los
mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico.
En ese entendido, la Sala concluye que no era procedente la expedición de la
liquidación oficial de revisión respecto de una obligación previamente determinada
mediante liquidación oficial de aforo, razón por la cual se impone confirmar la sentencia
apelada que declaró la nulidad de los actos demandados. Como consecuencia de ello,
tampoco resultan procedentes las sanciones impuestas en dichos actos.
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Radicado: 52001-23-33-000-2023-00050-01 (30118)
Demandante: Aerovías del Continente Americano S.A. AVIANCA.
Condena en costas
Se condenará en costas en esta instancia, en su componente de agencias en derecho,
al demandado por haberse confirmado en todas sus partes la sentencia de primera
instancia, de conformidad con el numeral 3 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, se
ordenará al Tribunal tramitar el respectivo incidente conforme las reglas previstas en
el artículo 366 del Código General del Proceso.
Se fijarán como agencias en derecho el equivalente a un (1) SMMLV al momento de
la ejecutoria de la providencia, según las reglas previstas en el artículo 366, ibidem, y
los lineamientos dispuestos en el acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025 expido por el Consejo Superior de la Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad, la sentencia del 7 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandada según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño tramitar el respectivo
incidente conforme las reglas previstas en el artículo 366 del Código General del
Proceso.
CUARTO: RECONOCER personería a César Camilo Cermeño Cristancho como
apoderado de la parte demandante conforme al poder que le fue otorgado 22.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Ausente con permiso
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Índice 11, SAMAI Consejo de Estado.
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