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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2023-00217-01

Fecha
30 de agosto de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2023-00217-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 11 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, por los motivos descritos anteriormente. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Sandra Janneth Botina Díaz Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto Radicado: 52001-23-33-000-2023-00217-01 SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2023-00217-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

30 de agosto de 2023

Demandante: Sandra Janneth Botina Díaz
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
Radicado: 52001-23-33-000-2023-00217-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 52001-23-33-000-2023-00217-01
Demandante: SANDRA JANNETH BOTINA DÍAZ
Demandado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE PASTO

Temas: Tutela de fondo. Derecho de petición ante autoridades
judiciales. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 11 de agosto de 2023, por medio del cual el Tribunal Administrativo de
Nariño declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Sandra Janneth Botina Díaz, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, al
considerar vulnerado su derecho fundamental de petición con ocasión de la falta
de respuesta a la solicitud que elevó con el propósito de i) obtener copia de las
dos contestaciones de la demanda que envió la Previsora S.A. a ese despacho y
ii) que se le explicaran las razones por las cuáles se suspendió y reprogramó la
audiencia inicial; esto, en el marco del proceso de reparación directa con radicado
52001-33-33-003-2018-00071-00.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante solicitó:

“1. Tutelar a mi favor, los derechos fundamentales invocados

2. Ordenar la accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de la respectiva sentencia, se sirva disponer lo pertinente para que
otorgue una respuesta clara y de fondo a la solicitud en oficio fechado 2 de febrero
de 2022, y radicado 7 de marzo de 2022 y:

1
El 28 de julio de 2023.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Sandra Janneth Botina Díaz
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
Radicado: 52001-23-33-000-2023-00217-01

a- Se me otorgue copia de las dos contestaciones de la demanda por parte de
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS enviadas el 3 de julio de 2020
a la accionada mediante correo electrónico

b- Se reenvié a el correo electrónico de la suscrita, las dos contestaciones
realizadas vía correo electrónico por parte de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA
DE SEGUROS, con el fin de verificar la fecha de radicación de las mismas

5- Los demás que su señoría tenga a bien impartir.”2

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La señora Botina Díaz indicó que ostenta la calidad de apoderada judicial de la
parte demandante dentro del medio de control de reparación directa que se
tramita en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto con
radicado 52001-33-33-003-2018-00071-00.

Señaló que mediante oficio radicado el 7 de marzo de 2022 solicitó al referido
despacho i) copia de las dos contestaciones de la demanda presentadas el 3 de
julio de 2020 por la Compañía de Seguros la Previsora S.A.3 para constatar la
fecha en que fueron enviadas y ii) se le expusieran los motivos que originaron la
suspensión y reprogramación de la audiencia inicial.

Aludió que el 13 de julio de 2023 se realizó la referida diligencia, sin que el juez a
cargo del proceso se pronunciara respecto de su petitorio.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la tutelante, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental de petición tras no brindar respuesta oportuna, clara y precisa a su
requerimiento de copias e información dentro del aludido proceso de reparación
directa, pese a que esto lo necesita para ejercer su labor como abogada de los
demandantes.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 31 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió
la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión a la actora y como demandado
al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto.

Remitidas las respectivas comunicaciones4, la judicatura cuestionada rindió
informe el 3 de agosto del presente año, en el cual puso de presente que el citador
dejó constancia que al revisar el correo electrónico
“adm03pas@cendoj.ramajudicial.gov.co” no existían peticiones dentro del proceso
2018-071 y aclaró que la dirección “jadmin03pso@notificacionesrj.gov.co” está
destinada exclusivamente para notificaciones judiciales.

2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Entidad llamada en garantía por la parte demandada.
4
Mediante oficios enviados el 1º de agosto del año en curso.

2
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Aludió que, pese a que el petitorio de la señora Botina Díaz fue enviado a un
correo no habilitado para tal fin, por Secretaría se procedió a remitir las piezas
procesales requeridas, el acta de la audiencia inicial en la que se expone las
razones de la suspensión de la audiencia y el link del proceso para que sea
consultado por la actora.

Por lo anterior, solicitó se niegue la tutela o se declare que se configuró un hecho
superado, toda vez que las circunstancias fácticas que dieron lugar a la acción
constitucional se superaron.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño, en providencia de 11 de agosto de 20235,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado pues, aun cuando la
actora no remitió la petición al correo institucional destinado para ello, el juzgado
accionado le envió los dos escritos de contestación de la demanda que radicó la
Previsora S.A. el 3 de julio de 2020.

Además, la autoridad judicial cuestionada remitió a la accionante el acta de la
audiencia inicial, en la cual se encuentran consignadas las razones que motivaron
la suspensión de dicha actuación y su reprogramación, así como el enlace del
proceso para que lo pueda consultar, lo cual corroboró con el memorial de 2 de
agosto de 2023.

1.7. Impugnación

Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 18 de agosto del año en
curso, la actora impugnó el fallo de primera instancia al considerar que el envío
del link para acceder al expediente digital no resuelve de fondo su requerimiento,
pues antes de acudir a la acción de tutela lo verificó y no encontró los elementos
solicitados.

Destacó que lo pretendido con su petición es corroborar la fecha en que la
Previsora S.A. presentó las dos contestaciones de la demanda, mediante correos
electrónicos enviados el 3 de julio de 2020 a las 8:12 a.m. y 8:22 a.m., dado que
no se le corrió traslado de tal actuación.

Hizo alusión a que radicó su solicitud con mensaje enviado a las siguientes
direcciones electrónicas: “adm03pas@cendoj.ramajudicial.gov.co”,
“jadmin03pso@notificacionesrj.gov.co” y
“adm03pas@cendoj.ramajudicial.gov.co”, las cuales están habilitadas para recibir
solicitudes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por la parte actora contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de
5
Notificada mediante correo electrónico enviado el 14 de agosto de 2023.

3
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Nariño, el 11 de agosto de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 20156, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2.Cuestión previa

Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala observa que a la señora Botina Díaz
le asiste un interés directo en las resultas de ese trámite, teniendo en cuenta que
fue quien presentó la petición de copias e información que presuntamente no fue
atendida por el juzgado accionado, aunado a que justificó la presentación de la
acción de tutela en que tal omisión le impedía ejercer su labor como profesional
del derecho.

Entonces, en el asunto en estudio se supera el presupuesto de la legitimación en
la causa por activa, en atención a que si bien la actora presentó su requerimiento
en calidad de apoderada de la parte demandante dentro del proceso de reparación
directa con radicado 52001-33-33-003-2018-00071-00, lo cierto es que lo
cuestionado en esta instancia constitucional es la falta de pronunciamiento del
petitorio que elevó.

La Corte Constitucional en la sentencia SU-454 de 2016 reiteró que el estudio de
la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto procesal de la
demanda e indicó en la sentencia T-511 de 2017 que una persona se encuentra
legitimada por activa para presentar la solicitud de amparo cuando acredita que
“tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo que
se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante.”

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto vulneró el derecho
fundamental de petición de la actora, al no pronunciarse respecto de la solicitud
que presentó para i) obtener copia de las dos contestaciones de la demanda que
envió la Previsora S.A. y ii) se le explicaran las razones por las cuáles se
suspendió y reprogramó la audiencia inicial del proceso de reparación directa con
radicado 52001-33-33-003-2018-00071-00.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) derecho de petición; iii) derecho de
petición en actuaciones judiciales y iv) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

4
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Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibíd., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Derecho de petición

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, el derecho
de petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta
respuesta.

Cabe resaltar que la autoridad requerida, en la contestación no está obligada a
acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se
deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones
técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho
que se concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a través de la
respuesta otorgada por la autoridad requerida, cuya materialización resulta
independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma.

En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de
petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y
precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el
solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no
los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de
la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de manera
eficaz para su debida materialización.

2.6. Derecho de petición en actuaciones judiciales

Al respecto, la Sala considera necesario precisar que el ejercicio del derecho de
petición “… no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los
procesos, ya que estos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin
que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada
uno de los momentos procesales.”7 En relación con este punto, la Corte
Constitucional precisó:

“… a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o
para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien,
en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho
de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.

b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado,
los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto
de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración...

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden
ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como

7
Sentencia T-178 de 2000.

5
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quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de
aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso …”.8

2.7. Caso concreto

En el asunto en estudio la señora Botina Díaz considera que el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto vulneró su derecho fundamental de
petición, al no resolver la solicitud radicada el 7 de marzo de 2022, en los
siguientes términos:

“Señores
JUZGADO TERCERO ADMINSITRATIVO DE PASTO N
E.S.D.
REF.: DEMANDA ADMINISTRATIVA - MEDIO DE CONTROL DE REPARACION
DIRECTA
PROCESO No 2018-071

Actuación : SOLICITUD COPIA DE CONTESTACON DE DEMANDA,
CERTIFICADO DE ENTREGA MEDIENTA CORREO ELECTRONICO y OTROS

(...) En relación de los anterior con el fin de ejercer el derecho al debido proceso y a
la defensa , me permito solicitar
a- Se me otorgue copia de las dos contestaciones de la demanda por parte de LA
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS enviadas el 3 de julio de 2020 a su
despacho mediante correo electrónico

b- Se reenvié a el correo electrónico de la suscrita, las dos contestaciones
realizadas vía correo electrónico por parte de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS, con el fin de verificar la fecha de radicación de las mismas

c- Se me informe las razones por la cuales fue suspendida la audiencia inicial y la
nueva fecha programada para la mencionada audiencia”. 9

El Tribunal Administrativo de Nariño declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado pues, aunque la actora no envió su petitorio al correo institucional
destinado para tal fin, en el transcurso del presente trámite10 el juzgado accionado
le envió los documentos que requirió, así como el enlace para que accediera al
expediente digital del proceso de reparación directa con radicado 52001-33-33-
003-2018-00071-00.

La accionante impugnó la anterior decisión, con respaldo en que radicó su
petición a los buzones habilitados para recibir solicitudes11 y la respuesta brindada
por la autoridad judicial cuestionada no fue de fondo, en tanto que no bastaba con
la remisión del link para ingresar a la plataforma Samai, pues allí no encontró las
contestaciones de la Previsora S.A. presentadas mediante correos electrónicos
enviados el 3 de julio de 2020 a las 8:12 a.m. y 8:22 a.m.

De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que,
mediante oficio de 2 de agosto del presente año, el Juzgado Tercero

8
Sentencia T-377 de 2000.
9
Trascripción literal del original con posibles errores.
10
Cabe aclarar que la acción de tutela se presentó el 28 de julio de 2023.
11
Al respecto, señaló las siguientes direcciones: tales como:
“adm03pas@cendoj.ramajudicial.gov.co”, “jadmin03pso@notificacionesrj.gov.co” y
“adm03pas@cendoj.ramajudicial.gov.co”.

6
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Administrativo del Circuito Judicial de Pasto no solo le remitió a la señora Botina
Díaz el enlace para acceder al expediente digital, sino también los siguientes
documentos:

1. Auto que fijó fecha de audiencia
2. Audiencia inicial
3. Recurso de reposición y contestación a la demanda por parte de la Previsora
S.A.
4. Auto que resolvió el recurso de reposición
5. Contestación a la demanda por parte de la Previsora S.A.
6. Continuación de la audiencia inicial

A su vez, la autoridad cuestionada puso de presente a la peticionaria que el
motivo de suspensión de la audiencia inicial fue por razones técnicas, información
que le fue enviada a la dirección “dianaguerrero59@hotmail.com”12, como se
puede verificar a continuación:

Así las cosas, la Sala concuerda con el a quo en que el hecho que originó la
presentación de la acción de tutela desapareció, teniendo en cuenta que lo
pretendido por la actora era precisamente que se le enviara copia de las
contestaciones de la demanda presentadas por la Previsora S.A. el 3 de julio de
2020 y se le informara el motivo por el que fue reprogramada la audiencia inicial y,
comoquiera que se demostró que ello ocurrió durante el presente trámite procesal,
el mismo carece actualmente de objeto.

La Corte Constitucional explicó que la terminación del proceso de tutela por

12
Correo electrónico que coincide con aquel identificado en la tutela para efectos de notificación.

7
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carencia de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho fundamental
desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud de amparo, por lo que
resulta innecesaria la intervención del juez constitucional tendiente a impartir
alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas.

Además, puntualizó que esta figura jurídica puede proceder en tres supuestos de
hecho: i) por hecho superado, ii) daño consumado y iii) por una situación
sobreviniente. Al respecto, señaló:

“(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo
pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se
encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción (…)13”. (Negrilla fuera de texto original)

En relación con los referidos tres supuestos, la Sala precisó lo siguiente:

i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.

ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la
acción de tutela. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal Constitucional: “[l]a
segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir
de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el
daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que
ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el
peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.14

iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos
fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión
del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada. Sobre el
particular, la citada Corporación indicó que “(…) el hecho sobreviniente remite a
cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y
por lo tanto caiga en el vacío’ (…)”.15

Adicionalmente, es oportuno señalar que la actora tan solo envió su petitorio a los
correos electrónicos “jadmin03pso@notificacionesrj.gov.co” y

13
Sentencias SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
14
Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.

8
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“procjudadm95@procuraduria.gov.co”, es decir a una dirección del juzgado que
está dispuesta exclusivamente para notificaciones judiciales:

Sin embargo, el a quo encontró que más allá del hecho de que la solicitud se
remitiera a un buzón no habilitado para tal propósito, lo relevante en el caso que
nos ocupa fue que el juzgado se pronunció en torno al requerimiento de la actora
en el transcurso del presente trámite.

De modo que desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto del
derecho fundamental de petición de la demandante, máxime si se tiene en cuenta
que el enlace16 proporcionado por el juzgado funciona y a través de éste se puede
corroborar la información relativa al proceso con radicado 52001-33-33-003-2018-
00071-00 y verificar los documentos obrantes en el expediente.

Entonces, no es de recibo lo argumentado en la impugnación pues en el
expediente del proceso antes mencionado obra en el índice 2317 la contestación
presentada por la Previsora S.A. el 3 de julio de 2020 a las 8:12 a.m., tal como se
puede observar:

Además, se encuentra el recurso de reposición interpuesto por la compañía de
seguros contra el auto de 15 de septiembre de 2021, mediante el cual se tuvo por
no contestada la demanda y el llamamiento en garantía por parte de la Previsora

16
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=5200133330032018
00071005200133
17
“DOCUMENTOS A LA FECHA”.

9
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S.A., escrito dentro del cual se anexó el envío de la segunda contestación
presentada por esa entidad a las 8:22 a.m.:

Finalmente, cabe agregar que dentro del expediente del proceso de reparación
directa también se encuentra la constancia secretarial del 8 de noviembre de 2021
suscrita por el citador del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Pasto, mediante la cual se indicó:

“...el día viernes 3 de julio de 2020 a las 8:12 de la mañana se recibió en el correo
institucional del Juzgado contestación a un llamamiento en garantía por parte de la
apoderada judicial de La Previsora S.A Compañía de Seguros, Abogada Alba Inés Gómez,
dentro del expediente con número de radicado 2017-204; en recurso de reposición
presentado por dicha apoderada el día 16 de septiembre de 2021 manifiesta que como
consecuencia de un error se referenció el correo con la contestación como 2017-204 cuando
el radicado correcto es 2018-071 y que posterior a dicho envió remitió un nuevo correo
corrigiendo tal error sin embargo y después de revisar nuevamente el correo institucional del
Despacho se observa que el nuevo correo con la corrección o revotó o no llegó, tal como se
evidencia en la captura de pantalla que se aportar a continuación:

(...) En la presente fecha se anexa la contestación de la demanda al expediente dispuesto en
la plataforma TEAMS.”

En este orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada pues se concuerda
con el a quo en que cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala
resultaría inane, debido a que la posible transgresión invocada cesó con la
actuación de la parte accionada, la cual atendió la petición elevada por la actora
en el transcurso del presente trámite y le envió el link del expediente, dentro del
cual, se insiste, puede corroborar toda la información relacionada con el proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 11 de agosto de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado, por los motivos descritos anteriormente.

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Demandante: Sandra Janneth Botina Díaz
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
Radicado: 52001-23-33-000-2023-00217-01

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Aclara voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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