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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2025-00017-01

Fecha
17 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2025-00017-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 12 de febrero de 2025 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño negó el amparo, por las razones expuestas en el presente proveído. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2025-00017-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 52001-23-33-000-2025-00017-01
Accionante: Aydé Marcela Cabrera Lossa
Accionados: Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto y otro

Tema: Vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital,
estabilidad laboral reforzada e igualdad

Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia que negó el amparo
deprecado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la accionante contra la providencia del 12 de febrero
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante la cual se
negó el amparo.

II. ANTECEDENTES

2.1.- Hechos

La señora Aydé Marcela Cabrera Lossa indicó que su núcleo familiar se
encuentra conformado por su esposo que en la actualidad se encuentra
desempleado y su hija, quien, nació el 25 de febrero de 2024.

Señaló que desde el 15 de diciembre de 2023 se desempeña en el cargo de
escribiente nominado en provisionalidad adscrito al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Pasto.

No obstante, manifestó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño
mediante Acuerdo CSJNA A24-72 del 29 de febrero de 2024 conformó «el listado
de elegibles y conceptos de traslado favorables para la designación de un cargo
en propiedad».

Con ocasión de lo anterior, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto profirió
la Resolución 011 de 16 de abril de 2024 por medio de la cual resolvió devolver

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dicho acuerdo, al considerar que el cargo a proveer se encontraba ocupado
provisionalmente por una madre en periodo de lactancia.

Sin embargo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, a través de oficio
CSJNAO24-219 del 29 de abril de 2024 le comunicó lo siguiente:

«(…) no inadvirtió caprichosamente la situación de la señora Aydee Marcela
Cabrera, lo que ocurre es que su estado de embarazo no tiene el alcance de
evitar la publicación del cargo vacante, dicho trámite debe surtirse tal y como
aconteció, y, nosotros teníamos el deber de remitirle, como así lo hicimos, el
acuerdo CSJNAA24-72 del 29/2/2024 que conformo lista de aspirantes y los dos
(2) conceptos favorables de traslado. Con el cumplimiento y finalización de dichas
etapas, esté Consejo Seccional culminó su intervención dentro del trámite de
provisión de cargos, ya que a partir de ese momento únicamente corresponde al
respectivo nominador adelantar la actuación administrativa para proveer la
vacancia en su despacho, atendiendo criterios objetivos de selección»

Por anterior, el aludido Juzgado emitió la Resolución 014 de 14 de mayo de 2024
mediante la cual suspendió el trámite administrativo de nombramiento definitivo
del cargo de escribiente hasta el 28 de febrero de 2026, con la finalidad de
salvaguardar el fuero de maternidad del que estimaba era titular la señora
Cabrera Lossa, quien, desempeñaba el cargo de escribiente en provisionalidad.

Así las cosas, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño por medio de oficio
CSJNAO24-266 del 5 de junio de 2024, le informó al Juzgado que la
responsabilidad respecto del cargo de escribiente recaía en el nominador,
decisión que debía ser notificada a todos los interesados.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto a través de la Resolución 015 del
27 de junio de 2024 elevó una consulta ante el Consejo Superior de la Judicatura
• Unidad de Administración de Carrera Judicial para adoptar decisión en torno al
cargo de escribiente en propiedad de dicha dependencia judicial. Sin embargo,
dicho requerimiento fue negado por tal autoridad mediante oficio CJO24-4991 del
6 de agosto de la misma anualidad, al considerar que esa información le
correspondía suministrarla al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño de
conformidad con lo contemplado en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996.

No obstante, dicha autoridad judicial mediante la Resolución 002 del 21 de enero
de 2025 resolvió continuar con el trámite de nombramiento en el cargo de
escribiente, teniendo en cuenta la lista de elegibles contemplada en el Acuerdo
CSJNAA24-72 del 29 de febrero de 2024.

2.2.- Fundamento jurídico

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada con su «actuar»
vulneró los derechos fundamentales invocados en protección porque el cargo que
desempeñaba representaba para su familia el sustento económico. Máxime
cuando se encuentra amparada por el artículo 238 del CST, disposición

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normativa que fue modificada por la Ley 2306 de 2023.

2.3.- Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que in extenso se cita:

«(…)
PRIMERO: Se tutelen mis derechos fundamentales al derecho a la
estabilidad laboral reforzada debido a mi condición de madre lactante, madre
cabeza de familia y mi situación de vulnerabilidad económica, en conexidad
con mis derechos, los de mi esposo Ronald Mauricio Urbina y los de mi hija
Raquel Urbina Cabrera, a la vida, al mínimo vital, a la igualdad material, a la
dignidad humana, al trabajo, así como al principio de especial protección a
las mujeres lactantes y a la protección de la mujer como gestora de vida y a
los derechos fundamentales de los niños (derecho superior), además de la
protección a la familia y el derecho a tener las mismas oportunidades de
empleo.

SEGUNDO: Se ordene, al Consejo Seccional de la Judicatura, dejar sin
efectos la comunicación radicada con el oficio nro. CSJNAO24-574 de 2 de
diciembre de 2024, mediante la cual, informó que el cargo de escribiente
nominado del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, corresponde a la
última vacante publicada para los aspirantes del registro seccional de
elegibles de convocatoria nro. 4 a este corte -febrero de 2024-, y en su lugar,
proceda a:

a. Publicar, dentro del término que usted señor (a) Juez Constitucional
considere pertinente, en la página web de la Rama Judicial, todas y cada de
las vacantes correspondientes al cargo de escribiente nominado del circuito
del Distrito Judicial de Nariño y Putumayo, correspondiente a la convocatoria
nro. 4 empleados de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios,
permitiendo un efectivo y transparente acceso de cualquier persona a dicha
información.

b. Cumplido lo anterior, abstenerse de emitir comunicación al Juzgado
Primero Civil del Circuito de Pasto, sin antes dar cumplimiento a la subregla
constitucional establecida entre otras, en la sentencia SU-070 de 2013 y la
Circular PSAC11-43 de 15 de noviembre de 2011 del Consejo Seccional de
la Judicatura, consistente en verificar que la vacante del cargo de escribiente
nominado de Circuito, corresponde a la última vacante que hace parte de la
convocatoria nro. 4 empleados de Tribunales, Juzgados y Centro de
Servicios, acompañando dicha comunicación con la prueba documental que
así lo demuestre.

TERCERO. Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, que en
virtud de esta acción constitucional, proceda a emitir nueva resolución en los
mismos términos anotados en las Resoluciones números 014 de 14 de mayo
de 2024 y 021 de 30 de agosto del mismo año, esto es, ordenando la
suspensión del trámite o la actuación administrativa en orden a realizar el
nombramiento en el cargo de escribiente en propiedad de ese Despacho,
conforme al Acuerdo nro. CSJNAA24-72 del 29 de febrero de 2024, a través
del cual, se formuló el listado de elegibles para la provisión del cargo, en
orden a salvaguardar el fuero de maternidad que me asiste a mi y a mi hija,
así como las demás resoluciones que en las mismas providencias se
dictaron.

CUARTO. Conminar al Consejo Seccional de la Judicatura, para que en lo
sucesivo, se abstenga de afectar derechos tan especiales como los aquí

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vulnerados, sobre todo, cuando se encuentran comprometidos los derechos
fundamentales de menores de edad, sin cumplir con las cargas que legal y
jurisprudencialmente le corresponden. (Sic a toda la cita)

2.4.- Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida por el Tribunal Administrativo de
Nariño que mediante auto del 30 de enero de 2025 ordenó notificar al Juzgado
Primero Civil del Circuito de Pasto y al Consejo Seccional de la Judicatura de
Nariño como accionados.

2.4.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño luego de hacer un
resumen de las actuaciones surtidas dentro del proceso administrativo, indicó
que no vulneró los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela
porque no tiene competencia para efectuar un nombramiento en un despacho
judicial. Así como tampoco podía resolver las solicitudes de estabilidad laboral
reforzada porque dicha potestad correspondía de manera exclusiva al
nominador.

2.4.2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto después de hacer un
recuento del trámite de nombramiento en el cargo de escribiente, manifestó que
ha garantizado los derechos fundamentales invocados en protección en cada
acto administrativo expedido, con sujeción a las disposiciones normativas
aplicables al asunto, a fin de procurar también, el derecho de carrera y una óptima
prestación del servicio de administración de justicia.

Así las cosas, expuso que el aludido trámite se reanudó con fundamento en la
información suministrada por el Consejo Superior de la Judicatura de Nariño, de
suerte que si, como lo anuncia la accionante, la vacante que pretende proveerse
no es aún la última, en el marco de la convocatoria núm. 04, cuyo registro de
elegibles aún está vigente, corresponderá a la mencionada autoridad clarificar, si
es del caso, tal información, para que el despacho pueda proceder de
conformidad.

2.5. Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 12 de febrero de
2025 negó el amparo deprecado.

Al respecto, señaló que, de conformidad con el registro civil de nacimiento que
aportó la accionante, su hija, Raquel Urbina Cabrera, nació el 25 de febrero de
2024, fecha desde la que se debía contabilizar las dieciocho (18) semanas
correspondientes al fuero de estabilidad laboral por lactancia materna que
establece el artículo 239 del CST.

En ese sentido, para el a quo no se podía confundir la prohibición de despido con
la que se protege a las madres en su etapa de lactancia, con la disposición

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normativa contemplada en el artículo 138 del CST, modificado por el artículo 6
de la Ley 2306 del 2023.

Con ocasión de lo anterior, consideró que a la señora Cabrera Lossa se le respetó
íntegramente la protección constitucional de la que debía gozar durante los
primeras dieciocho (18) semanas de vida de su hija, por lo tanto, no se vulneró
los derechos de la accionante ni la de su familia cuando se hizo efectivo el trámite
de nombramiento del escribiente en propiedad.

Además, que entre los documentos que se aportaron al plenario no era factible
advertir que se cumple con alguno de los requisitos que la jurisprudencia
establece, para reconocer a la señora Aydé Marcela Cabrera Lossa como madre
cabeza de familia.

2.6. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual,
insistió en los argumentos expuestos en la demanda tutela. Asimismo, señaló
que el a quo no se pronunció respecto de la subregla establecida en la sentencia
de unificación SU-070 de 2013 según la cual (i) Si el cargo sale a concurso, el
último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la
mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo a ser proveído
y la plaza en la que se desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el mismo
para el que aplicó. Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o
lactante por quién ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la mujer
embarazada la protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen
la licencia de maternidad».

Por lo anterior, pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y en
consecuencia, se conceda el amparo deprecado.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño vulneraron los derechos fundamentales
invocados en protección.

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3.3. Estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en
provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa1

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el “derecho
constitucional a una estabilidad laboral reforzada”, que se deriva del principio de
derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con medidas diferenciales
en favor de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 2.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha manifestado que la estabilidad laboral
se trata de:

“una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a
obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales,
incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que
justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces que el principio de
estabilidad laboral configura, en cabeza de los trabajadores, un verdadero
derecho jurídico de resistencia al despido, el cual es expresión del hecho
de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el principio
de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores
constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la
búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en
función del principio de la estabilidad laboral, y de la especial protección al
trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que pueda
cesar una relación de trabajo sino que es necesario que se configure una
justa causa, en los términos señalados por la ley, y en armonía con los
valores constitucionales”.

Las personas que gozan de estabilidad laboral reforzada son aquellas personas
que se encuentran amparadas por el fuero sindical, en condición de invalidez o
discapacidad y las mujeres en estado de embarazo. De igual manera, la Corte
ha manifestado que aquellos trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o
psicológicas se encuentran en situación de debilidad manifiesta y, por lo tanto,
son beneficiarios de una estabilidad laboral reforzada. Esta limitación a la que
hace alusión la Corte hace referencia a una aplicación extensiva de la Ley 361
de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones” a aquellas
personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta por causa de
una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite
su condición de discapacidad o invalidez3.

1 Se hace referencia, in extenso, a la providencia del T-464 de 2019.
2 Sentencia T-014 de 2019.
3 La jurisprudencia constitucional ha sostenido dos líneas sobre la aplicación de la Ley 361 de

1997, una que ha asumido que la protección brindada por la Ley 361 de 1997 es predicable
exclusivamente de los sujetos con una pérdida de la capacidad para trabajar comprobada; y otra,
más abierta, que admite su aplicación a personas que sufren limitaciones (Sentencias T-198 de
2006, T-819 de 2008, T-603 de 2009 y T-643 de 2009) y la segunda, la cual ha sido acogida
mayoritariamente por la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, que ha ampliado la
concepción del término “limitación”, en el sentido de hacer extensiva la protección señalada en la

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Ahora bien, en el caso de los servidores públicos que ocupan en provisionalidad
un cargo de carrera, la Corte Constitucional ha manifestado que gozan de una
estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente pueden ser removidos
por causales legales que deben expresarse de manera clara en el acto de
desvinculación. De esta manera, la Corte ha reiterado que la terminación de una
vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con
una persona que ganó el concurso “no desconoce los derechos de esta clase de
funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a
quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que
tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos”4.

Al respecto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte precisó que:

“la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera
administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que,
en igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y gozan de
estabilidad laboral, condicionada al lapso de duración del proceso de
selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya hecho
acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados
previamente”.

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que dentro de las
personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad, pueden
encontrarse sujetos de especial protección constitucional, como las madres y
padres cabeza de familia, quienes estén próximos a pensionarse, las personas
que se encuentran en situación de discapacidad o en debilidad manifiesta por
causa de una enfermedad. En estos casos, la Corte ha afirmado que antes de
proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, los
funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán ser los últimos en
removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades, deben vincularse
nuevamente de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o
equivalencia de los que se venían ocupando5.

Es así como en la sentencia T-373 de 2017, la Corte concluyó que:

“Una entidad vulnera los derechos fundamentales a la salud y vida digna
de un sujeto de especial protección que ocupa un cargo de carrera en
provisionalidad, cuando con fundamento en el principio del mérito nombra
de la lista de elegibles a quien superó las etapas del concurso, sin antes
adoptar medidas afirmativas dispuestas en la Constitución y que
materialicen el principio de solidaridad social, relativas a su reubicación en

Ley 361 de 1997 a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta
por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite
su condición de discapacitados o de invalidez (Sentencias T-198 de 2006, T-513 de 2006, T-504
de 2008, T-992 de 2008, T-263 de 2009, T-866 de 2009, T-065 de 2010, T-092 de 2010,T-663 de
2011).
4 Sentencia SU-446 de 2011.
5 Sentencia T-373 de 2017.

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un cargo similar o equivalente al que venía ocupando, siempre y cuando
se encuentre vacante”.

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la estabilidad
laboral de la que gozan todos los funcionarios públicos que se encuentran en
provisionalidad es una estabilidad laboral relativa o reforzada, en la medida en
que no tienen derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, pues este
debe proveerse a través del concurso de méritos. Por su parte, aquellos
funcionarios públicos que se encuentran en provisionalidad y que son sujetos de
especial protección constitucional gozan de una estabilidad laboral reforzada,
pero pueden llegar a ser desvinculados con el propósito de proveer el cargo que
ocupan con una persona que ha ganado el concurso de méritos, pues se entiende
que el derecho de las personas que se encuentran en provisionalidad cede frente
al mejor derecho que tienen aquellos que participan en un concurso público 6.

No obstante lo anterior, el tribunal constitucional ha reiterado que en el caso de
sujetos de especial protección constitucional que ejerzan cargos en
provisionalidad, las entidades deben otorgar un trato preferencial antes de
efectuar el nombramiento de quienes ocupan los primeros puestos en las listas
de elegibles del respectivo concurso de méritos, con el propósito de garantizar el
goce efectivo de sus derechos fundamentales7.

Ahora bien, de manera particular, sobre la estabilidad laboral reforzada de las
mujeres en estado de embarazo o lactancia, la Corte Constitucional en sentencia
de unificación SU 070 de 2013 precisó, lo siguiente:

« 7. Cuando se trata de una trabajadora que ocupaba en provisionalidad un
cargo de carrera y el cargo sale a concurso o es suprimido, se aplicarán las
siguientes reglas: (i) Si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse por
quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la mujer embarazada. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el cargo a ser proveído y la plaza en la que se
desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el mismo para el que aplicó.
Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o lactante por quién ganó
el concurso de méritos, se deberá pagar a la mujer embarazada la protección
consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad
(…).
(…)
48.- Para finalizar, la Corte señala, en primer lugar, siguiendo las
consideraciones de la presente sentencia, que tratándose de la protección
constitucional reforzada a la mujer embarazada en el ámbito laboral, las reglas
de procedencia de la acción de tutela, son las generales que han sido definidas
en reiterada jurisprudencia. La Corte insiste en este punto, en que la acción de
tutela deberá interponerse dentro de un plazo razonable.

En segundo lugar, es preciso señalar que el juez de tutela deberá valorar, en
cada caso concreto, los supuestos que rodean el despido de la trabajadora, para
determinar si subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral. Así,
por ejemplo, deberá darse un trato diferenciado si se trata de cargos de
temporada o de empresas pequeñas, respecto de cargos permanentes dentro de

6 Sentencia SU-691 de 2017.
7 Sentencia SU-691 de 2017 y T-373 de 2017.

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grandes compañías o cuando la vacante dejada por la trabajadora despedida, fue
suplida con otro trabajador.

En tercer lugar, la Corte reitera que deberá entenderse que las reglas derivadas
de la protección constitucional reforzada a la mujer embarazada y lactante que
han sido definidas en estas consideraciones, se extienden por el término del
periodo de gestación y la licencia de maternidad, es decir, los tres meses
posteriores al parto.»

Con posteridad, la Corte Constitucional, a través de sentencia de unificación SU
075 de 20188 mantuvo las reglas en relación con la estabilidad laboral reforzada
de mujeres embarazadas. «No obstante, estimó necesario modificar el
precedente únicamente en los supuestos en los que el empleador no tiene
conocimiento del embarazo de la trabajadora al momento de su despido, en los
contratos y relaciones laborales subordinadas (…)»

3.3.1. Análisis del caso concreto

En el presente asunto, la accionante alega que la autoridad judicial accionada
con su «actuar» vulneró los derechos fundamentales invocados en protección
porque tiene estabilidad laboral reforzada por lactancia materna, Asimismo,
manifiesta que requiere una protección especial, teniendo en cuenta su calidad
de madre cabeza de familia.

Analizado el acervo probatorio se tiene que según el registro civil de nacimiento
n.° 62595579, la señora Aydé Marcela Cabrera Lossa es madre de la menor
Raquel Urbina Cabrera, quien, nació el 25 de febrero de 2024.

Asimismo, se observa que el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño
mediante Acuerdo CSJNAA24-72 29 de febrero de 2024 formuló ante el Juez
Primero Civil del Circuito de Pasto la lista de elegibles para la designación en
propiedad del cargo de Escribiente del Circuito que se encontraba en vacancia
definitiva.

Sin embargo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto a través de la
Resolución 011 del 16 de abril de 2024 dispuso devolver el anterior acuerdo, al
considerar que el cargo a proveer se encontraba ocupado provisionalmente por
una madre en periodo de lactancia.

Con ocasión de lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño
mediante Oficio CSJNAO24-219 del 29 de abril de 2024 comunicó al Juzgado
que la persona encargada de adelantar la actuación administrativa para proveer
la vacancia era el nominador del despacho, en atención a los criterios objetivos
de selección.

Así las cosas, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto a través de la
Resolución 014 de 14 de mayo de 2024 suspendió el trámite administrativo de
nombramiento definitivo del cargo de escribiente hasta el 28 de febrero de 2026,

8 Sentencia SU075/18

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con la finalidad de salvaguardar el fuero de maternidad del que consideró era
titular la señora Cabrera Lossa

No obstante, mediante Oficio CSJNAO24-266 del 5 de junio de 2024 proferido
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño se le informó nuevamente al
Juzgado que, la responsabilidad respecto del cargo de escribiente recaía en el
nominador, decisión que debía ser notificada a todos los interesados.

Por lo expuesto, por medio de la Resolución 015 del 27 de junio de 2024 el
Juzgado puso en conocimiento al Consejo Superior – Unidad de Administración
de Carrera Judicial la situación en torno al cargo de escribiente adscrito al
despacho.

Entonces, a través de la Resolución 021 del 30 de agosto de 2024 suscrita por la
Juez Primero Civil del Circuito de Pasto se suspendió el trámite de nombramiento
en el cargo de escribiente en propiedad.

Con posterioridad, el Consejo Superior de la Judicatura de Nariño por medio del
oficio CSJNAO24-574 del 2 de diciembre de 2024 le comunicó a la Juez que «el
cargo de escribiente de circuito nominado, del Juzgado 001 Civil del Circuito de
Pasto, publicado en el portal web de Rama Judicial en el mes de febrero del año
2024, corresponde a la última vacante publicada para los aspirantes del registro
seccional de elegibles de convocatoria Nro. 04 a ese corte»

Por anterior, el Juzgado mediante la Resolución 002 del 21 de enero de 2025
dispuso continuar con el trámite de nombramiento en el cargo de escribiente,
teniendo en cuenta la lista de elegibles contemplada en el Acuerdo No.
CSJNAA24-72 del 29 de febrero de 2024. Por lo tanto, a través de la Resolución
003 del 14 de febrero de 20259 nombró en propiedad a la señora Laura Susana
Jurado Llerena en el cargo de escribiente en propiedad, nombramiento que fue
aceptado a través de correo electrónico el 25 de febrero de la presente anualidad.

Del material probatorio antes relacionado se infiere que, si bien su hija Raquel
Urbina Cabrera, nació el 25 de febrero de 2024, lo cierto es que el periodo de las
18 semanas correspondientes al fuero de estabilidad laboral por lactancia
materna, de que trata el artículo 1.° de la Ley 2141 de 202110 modificatorio del
artículo 239 del CST, se encuentra ampliamente superado, en la medida que la
menor a la fecha tiene más de un año.

En ese sentido, la Sala considera como lo hizo el Tribunal en la decisión objeto
de impugnación que, el artículo 6 de la Ley 2306 del 202311, modificatorio del

9 Información que reposa en el documento 010_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutela.pdf
10 «ARTÍCULO 1º. Modifíquense los numerales 2 y 3 del artículo 239 del Código Sustantivo del

Trabajo y adiciónese 1 numeral nuevo, así:
(…)
2. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este haya tenido
lugar dentro del período de embarazo y/o dentro de las dieciocho (18) semanas posteriores al
parto.»
11 «ARTÍCULO 6. Modifíquese el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo el cual quedará

así:
ARTÍCULO 238. DESCANSO REMUNERADO DURANTE LA LACTANCIA.
1. El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos (2) descansos, de treinta
(30) minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Acción De Tutela
Radicado: 52001-23-33-000-2025-00017-01
Accionante: Aydé Marcela Cabrera Lossa

artículo 238 del CST, lo que impone al empleador es «la obligación de conceder
a la trabajadora dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de
la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho
concepto, durante los primeros seis meses de edad, y una vez cumplido este
periodo, un (1) descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos hasta
los dos (2) años de edad del menor». Por lo tanto, no se puede confundir con la
prohibición de que trata el 1.° de la Ley 2141 de 2021, modificatorio del artículo
239 del CST.

Por lo expuesto, la Sala estima que la autoridad judicial accionada no vulneró los
derechos fundamentales de la señora Aydé Marcela Cabrera Lossa, en la medida
que no cuenta con estabilidad laboral reforzada por lactancia materna, razón por
la que no se le puede aplicar los parámetros jurisprudenciales de la Corte
Constitucional expuestos en las sentencias SU 070 de 2013 y SU 075 de 2018,
de conformidad con lo anteriormente expuesto.

Por otra parte, la señora Cabrera Lossa insiste en que es madre cabeza de familia
porque su esposo se encuentra desempleado.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T- 313 de 202412 señaló
los siguientes requisitos para que una persona pueda ser considerada madre o
padre cabeza de hogar, en el marco de la protección especial que se les concede
cuando están vinculados en provisionalidad:

(i) Que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras
personas incapacitadas para trabajar.
(ii) Que esa responsabilidad sea de carácter permanente.
(iii) No sólo debe haber una ausencia permanente o abandono del hogar por
parte de la pareja, sino que: (a) se sustraiga del cumplimiento de sus
obligaciones como padre; o (b) no asuma la responsabilidad que le
corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como
la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental o, como es obvio, la
muerte.
(iv) Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de
la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria para sostener el
hogar.

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que se
deben cumplir los requisitos antes mencionados para reconocer a la señora Aydé
Marcela Cabrera Lossa como madre cabeza de familia. Sin embargo, en el
presente asunto no se observa alguna prueba que demuestre que se cumplieron
tales requisitos, razón por la que la Sala estima que dicho reparo no tiene
vocación de prosperidad.

el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (ó) meses de edad, y una vez cumplido
este periodo, un (1) descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos hasta los dos (2)
años de edad de/ menor: siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia
materno continua.»
12
Sentencia T 313 de 2024.

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Accionante: Aydé Marcela Cabrera Lossa

Por otro lado, emerge con claridad que el Juzgado Primero Civil del Circuito
mediante la Resolución 003 del 14 de febrero de 2025 nombró en propiedad a la
señora Laura Susana Jurado Llerena en el cargo de escribiente, designación que
fue aceptada a través de correo electrónico el 25 de febrero de la presente
anualidad, razón por la que no se puede desconocer el principio al mérito cuando
la parte actora no acreditó la estabilidad laboral reforzada por lactancia materna
ni demostró los requisitos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
establece, para reconocer a la señora Aydé Marcela Cabrera Lossa como madre
cabeza de familia.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó el amparo
a la señora Aydé Marcela Cabrera Lossa, por las consideraciones expuestas en
la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 12 de febrero de 2025 mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Nariño negó el amparo, por las razones expuestas en
el presente proveído.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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