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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2025-00127-01

Fecha
24 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2025-00127-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Nariño, el 16 de mayo de 2025, por los motivos consignados en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Radicado: 52001-23-33-000-2025-00127-01 Accionante: Suly Esperanza Ortega Delgado Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2025-00127-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 52001-23-33-000-2025-00127-01
Accionante: Suly Esperanza Ortega Delgado
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y otro.

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: procedimiento administrativo de
fiscalización y cobro coactivo. Subtema 2: auto que adecuó el medio de control y
rechazó la demanda por caducidad. Subtema 3: requisitos general de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la señora Suly Esperanza Ortega Delgado contra la
sentencia del 16 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Suly Esperanza Ortega Delgado presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la defensa y a la contradicción, los cuales consideró
vulnerados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), debido a la indebida
notificación de las resoluciones proferidas en un proceso de fiscalización y cobro
coactivo; y por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto, con ocasión del auto
proferido el 21 de enero de 2025 en el expediente con radicado núm. 52001-33-33-
007-2025-00001-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes:
2.
La señora Suly Esperanza Ortega Delgado ejerció actividades económicas como

1 Samai, exp. 52001-23-33-000-2025-00127-00, índice 3, certificado 90DBFFB32D5537D7 9A537EC274BC277B

0F5218A9DB917803 2A146123DE7C4E59.

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Accionante: Suly Esperanza Ortega Delgado
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro

persona natural en el año 2019. La UGPP le inició un proceso de fiscalización y cobro
coactivo bajo radicado núm. 20221520058000228 por la omisión en realizar los
aportes a la seguridad social correspondiente al mencionado año.
3.
En el curso del proceso mencionado, la UGPP requirió a la señora Ortega Delgado,
en Resolución núm. RDC-2022-01071 del 22 de junio de 2022, para que declarara o
corrigiera sus aportes. Posteriormente, con la Resolución núm. RDO-2022-01332 del
12 de diciembre de 2022, profirió liquidación oficial en la que le impuso la obligación
por valor de 26.808.185 pesos y una sanción por valor de 31.267.200 pesos, por omisión
en las autoliquidaciones y pagos al sistema de seguridad social integral durante el
periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019.
4.
La parte demandante manifestó que los actos administrativos previamente
mencionados fueron notificados a través del correo electrónico
proquibel@hotmail.com; no obstante, que dicha dirección electrónica no corresponde
a la registrada en el Registro Único Tributario ni al medio de uso personal.
5.
Asimismo, la accionante mencionó que tuvo conocimiento de la actuación
administrativa cuando la entidad bancaria le informó, en el mes de abril de 2024, de
las medidas cautelares decretadas mediante Resolución núm. RCC-68201 del 15 de
marzo de 2024 de la UGPP.
6.
La señora Suly Esperanza Ortega Delgado radicó2 escrito de tutela contra la UGPP
con ocasión del proceso de fiscalización y cobro coactivo, trámite constitucional que
fue declarado improcedente porque la accionante contaba con la posibilidad de acudir
a la jurisdicción contencioso-administrativa para resolver la controversia.
7.
Por lo expuesto, la accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control
de simple nulidad3, el 13 de enero de 2025, en la que solicitó la nulidad de las
actuaciones administrativas adelantadas en el proceso de fiscalización y cobro
coactivo; como consecuencia de ello, solicitó el levantamiento de las medidas
cautelares ordenadas.
8.
El asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto que,
mediante auto del 21 de enero de 2025 y, de oficio, adecuó la demanda al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el siguiente argumento:

Descendiendo al sub judice se establece que la parte demandante pretende, entre otros,
que se declare la nulidad de: i) la liquidación oficial “Declarar y/o corregir RCD-2022-
011071 del 22 de junio de 2022”, ii) la liquidación oficial resolución RDO—2022-01332
del 12 de diciembre de 2022, y iii) todos los actos administrativos expedidos al interior
del expediente 20221520058000228 adelantado por la UGPP en su contra.

De la revisión del expediente, se evidencia que los actos administrativos cuya nulidad se
pretende no son de carácter general, sino que definen situaciones particulares para la
demandante, pues tal como se aduce en el escrito inicial, con dichas decisiones
presuntamente se está afectando el derecho al debido proceso de la parte actora, en
ese sentido, la vía procesal correcta para ejercer el control judicial es la de nulidad y
restablecimiento del derecho, comoquiera que la eventual declaración de nulidad de los

2 Según consulta realizada en la página de la Rama Judicial – consulta de procesos, la acción de tutela se radicó

el 14 de mayo de 2024 bajo el núm. 52001311000620240011500/01.
3 Samai, exp. 52001-33-33-007-2025-00001-00, índice 1.

2

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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro

actos administrativos que se demandan generaría un restablecimiento automático para
la accionante4.

9.
En ese orden, el despacho judicial rechazó la demanda de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal d) de la Ley 1437 de 2011, al encontrar
probada la caducidad. Para ello, tuvo en cuenta que la parte actora, si bien no recibió
notificación de los actos acusados, conoció su existencia en el mes de abril de 2024,
como lo indicó en el hecho diecisiete de la demanda.
10.
Así las cosas, el juzgado sostuvo en el auto del 21 de enero de 2025 que el término
de cuatro meses para interponer la demanda comenzó en abril de 2024 y feneció en
el mes de agosto del mismo año. No obstante, la actora ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho el 13 de enero de 2025. Contra dicha decisión
no se interpuso recurso alguno dentro del término legal.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11.
La señora Suly Esperanza Ortega Delgado solicitó en el escrito de tutela5 lo
siguiente:

TUTELAR y PROTEGER los Derechos Fundamentales aquí invocados por la señora
SULY ESPERANZA ORTEGA DELGADO al ACCESO A LA JUSTICIA, DEBIDO
PROCESO, Y DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, declarando que los actos administrativos
RCD-2022-01071 y RDO-2022- 01332 son NULOS por basarse en el artículo 135 de la
Ley 1753 de 2015, inexequible, y ordenando a la UGPP suspender sus efectos,
incluyendo los embargos de la Resolución RCC-68201 del 15 de marzo de 2024.
2. Ordenar a la UGPP notificar nuevamente los actos administrativos en debida forma,
conforme al artículo 565 del Estatuto Tributario, permitiéndole ejercer el DEBIDO
PROCESO, DEFENSA y CONTRADICCION.
3. Disponer que la UGPP proporcione copia de la Resolución RCC-68201, garantizando
mi derecho de acceso a la información.
4. Ordenar que la UGPP LEVANTE LAS MEDIDAS CAUTELARES en contra de mi
mandante y que respete el debido proceso.
5. Conceder cualquier otra medida necesaria para garantizar los Derecho
Fundamentales.
6.-Dejar sin efectos jurídicos la decisión tomada por el JUZGADO SEPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL DE PASTO el día 21 de enero de 2025, por el cual declara lo
CADUCIDAD a un proceso de NULIDAD SIMPLE aplicando erróneamente y adecuando
la demanda al medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
por el cual también afecto los Derecho Fundamentales como el acceso a la
administración de justicia, Defensa, Contradicción y Debido Proceso con el Auto o
Sentencia arbitraria donde se interpretó de manera errónea la demanda de NULIDAD
solo NULIDAD6.

12.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral de Pasto rechazó la demanda por caducidad sin analizar
el fondo del asunto «asumiendo erróneamente el conocimiento en abril de 2024, sin

4 Transcrito inclusive con errores de texto.
5 Samai, exp. 52001-23-33-000-2025-00127-00, índice 3, certificado 90DBFFB32D5537D7 9A537EC274BC277B

0F5218A9DB917803 2A146123DE7C4E59.
6 Transcrito inclusive con errores.

3

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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro

evaluar la notificación indebida ni la norma inexequible», lo cual vulneró el acceso a la
administración de justicia7.
13.
Asimismo, la UGPP transgredió el debido proceso al fundamentar los actos
administrativos acusados en normas que no se encontraban vigentes, y al dar un
trámite indebido a la notificación de esos actos, lo cual impidió ejercer su derecho de
defensa y contradicción8.

2.3. Trámite procesal
14.
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Nariño admitió la acción en
auto del 12 de mayo de 20259; negó la medida provisional solicitada; ordenó la
notificación a las autoridades accionadas; y requirió al Juzgado Séptimo Administrativo
de Pasto para que aportara el expediente ordinario y certificara el estado actual del
proceso.

2.4. Intervenciones
15.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto10 allegó copia del expediente
ordinario; rindió informe de las actuaciones surtidas en el curso del proceso con
radicado núm. 52001-33-33-007-2025-00001-00, y afirmó que no se cumplieron los
requisitos generales de procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, ni se configuran las causales específicas, pues actuó conforme a derecho y
aplicó las disposiciones normativas y jurisprudenciales del caso.
16.
Asimismo, indicó que el apoderado judicial de la parte actora no interpuso el
recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda. Por esta razón, consideró
que la acción de tutela contra la autoridad judicial resulta improcedente.
17.
La UGPP relató11 las actuaciones surtidas en el expediente núm.
20221520058000228. Sostuvo que los actos administrativos que profirió fueron
notificados a la última dirección informada en el RUT conforme a lo dispuesto en el
artículo 565 del Estatuto Tributario.
18.
Indicó que tanto el requerimiento de información como el requerimiento para
declarar o corregir incluían expresamente los términos legales para su respuesta, así
como las instrucciones claras sobre la forma en que debían ser atendidos y
controvertidos. Así las cosas, afirmó que la parte actora no aportó pruebas que
acreditaran la vulneración alegada. Por ende, expuso que no existe amenaza o daño
a sus derechos fundamentales, por lo que solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela.

7 Cita la Sentencia T-200 de 2019, Corte Constitucional, Magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado
8 Cita la Sentencias C-068 de 2020, Corte Constitucional, 26 de febrero de 2020, Magistrado ponente Alberto Rojas

Ríos; SU 24368 de 2023, Consejo de Estado, Sección Cuarta, 23 de noviembre de 2023, Magistrado ponente Milton
Chaves García; 25069 de 2022, Consejo de Estado, Sección Cuarta, 15 de diciembre de 2022, Magistrada ponente
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; T-1040 de 2001, Corte Constitucional, Magistrado ponente Manuel José Cepeda
Espinosa.
9 Samai, exp. 52001-23-33-000-2025-00127-00, índice 7.
10 Samai, exp. 52001-23-33-000-2025-00127-00, índice 9, certificado F2ADB7B1CCE23F1F F7F1BDC1FC6F7B21

6DCBFC85C65EE3E8 6C4777615709FB35.
11 Samai, exp. 52001-23-33-000-2025-00127-00, índice 11, certificado 4CD023BE3F3F6244 B24DF375C0C994BB

4CC01CEB7589ABD5 80B0D4A359663253.

4

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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro

2.5. Sentencia de primera instancia
19.
El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia el 16 de mayo de 2025 12,
en la que declaró improcedente la solicitud de amparo porque no superó el requisito
de subsidiariedad. Consideró frente a la primera pretensión que la parte accionante
contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir la legalidad de los actos administrativos acusados que fueron proferidos
por la UGPP.
20.
Recalcó que, si bien la accionante presentó demanda de nulidad simple ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, esta fue adecuada al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se rechazó por caducidad.
21.
Asimismo, frente a la segunda pretensión, indicó que la parte accionante podía
controvertir dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho la decisión
que rechazó la demanda, con el recurso de apelación, en los términos previstos en el
artículo 243, numeral 1, de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021;
sin embargo, dejó pasar la oportunidad para ejercer su derecho.

2.6. Impugnación
22.
La señora Suly Esperanza Ortega Delgado radicó impugnación13 contra el fallo de
primera instancia. Insistió en la violación de su derecho al debido proceso por parte
del Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto con la decisión de adecuar la
demanda de simple nulidad al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y declarar la caducidad.
23.
Resaltó que lo pretendido fue la nulidad de los actos administrativos proferidos por
la UGPP dentro del expediente 20221520058000228, por estar fundamentados en
normas inexequibles14. Solicitó que se revocara la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño y, como consecuencia de ello, que amparara los derechos
fundamentales vulnerados «declarando la NULIDAD DE TODOS LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS proferido según el expediente 20221520058000228, por la UGPP
invocado en la demanda administrativa y en la presente acción de tutela respectiva en
favor de la señora SULY ESPERANZA ORTEGA DELGADO»15.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
24.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 16 de mayo de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

12 Samai, exp. 52001-23-33-000-2025-00127-00, índice 12, certificado EF1E0B6CF47B1312 102A05D897CC4A5E

88062AEFF4579978 823985B84FEA339D.
13 Samai, exp. 52001-23-33-000-2025-00127-00, índice 15, certificado C81A32873341194F D8FA9C2F3E4C0E31

AC03000AF8B67504 C6697FC3EF63064B
14 La parte actora señaló que el artículo 135 de la ley 1753 de 2015, no fue declarado inexequible por la Corte

Constitucional sino por el mismo Consejo de Estado Sección Cuarta.
15 Transcrito textualmente con errores.

5

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3.2. Legitimación en la causa
25.
La legitimación en la causa por activa de la señora Suly Esperanza Ortega Delgado
se encuentra acreditada, por cuanto fue quien interpuso demanda contra la UGPP, cuya
actuación resultó objeto de estudio por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de
Pasto; por ende, es la titular de los derechos fundamentales que considera vulnerados
con ocasión del trámite que esas autoridades impartieron.
26.
En igual sentido, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la UGPP y
del Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto, toda vez que la primera autoridad
expidió los actos administrativos acusados en el expediente con radicado núm.
20221520058000228; y el despacho profirió el auto del 21 de enero de 2025 que
adecuó el medio de control y declaró la caducidad, actos a los cuales la accionante
atribuye la vulneración de derechos fundamentales.

3.3. Problema jurídico
27.
Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia que profirió el Tribunal Administrativo de Nariño el 16
de mayo de 2025, en la cual declaró improcedente la solicitud de amparo presentada
por la señora Suly Esperanza Ortega Delgado. En particular, deberá establecer si está
satisfecho el requisito de subsidiariedad. En caso afirmativo, continuará con el estudio
de los demás requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, emitirá una decisión de
fondo.
28.
Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado16 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional17.
29.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

6

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una providencia judicial con los mandatos constitucionales18 y, por lo tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
31.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución19.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad – subsidiariedad
32.
Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6 del Decreto 2591
de 199120, que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente
con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de
forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso21.
33.
En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables22.
34.
Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la Corte
Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos
fundamentales23. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de
tutela pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

3.5. Caso concreto
35.
En el caso concreto, la señora Suly Esperanza Ortega Delgado presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
18 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
20 Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela

«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
21 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
23 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro

proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la contradicción. Por
un lado, adujo que la UGPP expidió actos administrativos «contrarios a la ley» en el
expediente de fiscalización con radicado núm. 20221520058000228 y cobro coactivo
núm. 124669.
36.
Por otro lado, atribuyó vulneración al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de
Pasto, con ocasión del auto que esta autoridad profirió el 21 de enero de 2025, dentro
del expediente radicado con el núm. 52001-33-33-007-2025-00001-00.
37.
Pues bien, en relación con el primer cargo, la Sala observa que la accionante pudo
haber acudido ante la jurisdicción contencioso-administrativa para interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de controvertir las
resoluciones acusadas y el trámite de notificación que les fue impartido24, por
desconocimiento del derecho al debido proceso y del derecho a la defensa, en los
términos del artículo 13825 de la Ley 1437 de 2011.
38.
La Corte Constitucional, en sentencia T-253 de 2020, se pronunció sobre la
procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para el
estudio de legalidad de actos administrativos en los siguientes términos:

La idoneidad y eficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se alega la indebida notificación de un acto administrativo

27. Como fue expuesto anteriormente, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho es, en principio, apto para discutir la legalidad en el proceso de expedición
de los actos administrativos, incluso cuando se profieren “en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa”. En otras palabras, el referido
mecanismo judicial es un escenario idóneo para debatir la indebida notificación de un
acto administrativo, cuando tiene incidencia en el debido proceso.

28. En este punto, la Sala considera pertinente aclarar que, si bien la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha sostenido que “la falta de notificación o la notificación irregular de
los actos administrativos, no es causal de nulidad de los mismos, sino un requisito de
eficacia y oponibilidad”, ello no implica que el medio de control de nulidad no resulte
idóneo para discutir esta circunstancia, pues dicha Corporación ha estudiado este tipo
de irregularidades en el marco de la posible vulneración al debido proceso, que vicia la
formación del acto administrativo. De hecho, la Sección Cuarta ha señalado que “si las
formalidades se prevén en beneficio del administrado o para la salvaguardia de claros
principios constitucionales o legales (llámense también sustanciales), su pretermisión
implica violación al debido proceso e ilegalidad de la decisión”.

24 Resoluciones núm. RDC-2022-01071 del 22 de junio de 2022, RDO-2022-01332 del 12 de diciembre de 2022 y

RCC-68201 del 15 de marzo de 2024
25 ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.

«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel».

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Radicado: 52001-23-33-000-2025-00127-01
Accionante: Suly Esperanza Ortega Delgado
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro

29. Así las cosas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha analizado demandas de
nulidad y restablecimiento del derecho en las cuales se alega la indebida notificación de
actos administrativos de carácter tributario26.

39.
En consecuencia, debe advertirse que el juez de lo contencioso-administrativo
cuenta con la competencia, no solo para pronunciarse sobre la legalidad de los actos
administrativos cuestionados, sino también cuando sea procedente para impartir las
órdenes necesarias encaminadas a restablecer el derecho vulnerado por la entidad
demandada e, incluso, para disponer la indemnización de los perjuicios ocasionados,
si a ello hubiera lugar.
40.
Ahora bien, frente a la procedencia de la acción de tutela para examinar la
legalidad de actos administrativos, la Corte Constitucional27 expuso:

En principio la acción de tutela no es el mecanismo correcto para controvertir un acto
administrativo ya que estos, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por la
presunción de legalidad, la cual supone que la administración, al momento de tomar
decisiones o de manifestarse a través de actuaciones propias de sus funciones, acata
las prerrogativas constitucionales y legales que regulan la situación concreta[60].
Asimismo, porque el debate en torno al cumplimiento y aplicación de las normas que
regulan la toma de decisiones de la administración le corresponde de manera principal
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a las normas estipuladas en el CPACA
y no al juez de tutela.

41.
Con base en lo anterior, la Sala resalta que la señora Suly Esperanza Ortega
Delgado, tanto en su solicitud de amparo como en la impugnación, manifestó que
presentó una tutela contra la UGPP28, trámite que fue declarado improcedente debido a
que la controversia tenía que ser agotada ante la jurisdicción contencioso-
administrativa; motivo por el que instauró demanda de simple nulidad. Ello permite
advertir que, respecto del primer cargo analizado, la accionante ya había acudido
previamente al juez constitucional.
42.
En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que los argumentos presentados por
la accionante también cuestionaron el auto del 21 de enero de 2025 proferido por el
Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto29, dentro del expediente identificado
con el radicado núm. 52001-33-33-007-2025-00001-00.
43.
Al respecto, la Sala encuentra tras la revisión del expediente ordinario, que la
actora no interpuso recurso contra el auto del 21 de enero de 2025 mediante el cual la
autoridad judicial adecuó la demanda de simple nulidad al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho y declaró la caducidad, conforme lo dispuesto en el
artículo 164, numeral 2, literal d) de la Ley 1437 de 2011.
44.
En este sentido, es pertinente indicar que el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, disposición que establece que,
entre otras providencias, son apelables los siguientes autos proferidos en la misma

26 Transcrito inclusive con errores de texto.
27 Sentencia T-076 de 2018.
28 Según consulta realizada en la página de la Rama Judicial – consulta de procesos, se tiene que la acción de

tutela se radicó el 14 de mayo de 2024 bajo el núm. 52001311000620240011500/01.
29 Por medio del cual se dispuso el rechazo de la demanda por caducidad de la acción

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Radicado: 52001-23-33-000-2025-00127-01
Accionante: Suly Esperanza Ortega Delgado
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro

instancia: «[e]l que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o
parcialmente el mandamiento ejecutivo».
45.
En este contexto, la señora Suly Esperanza Ortega Delgado debió haber
interpuesto recurso de apelación contra el auto del 21 de enero de 2025, con el fin de
exponerle al Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto la supuesta violación de los
derechos fundamentales que le atribuyó y los argumentos por los cuales consideró que
no se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. No obstante, no ejerció el mencionado recurso.
46.
Por lo tanto, el recurso ordinario de apelación era el medio adecuado para que la
accionante expusiera ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto los errores
procesales que ahora alega en esta acción de tutela.
47.
En ese sentido, se tiene que las manifestaciones de la parte accionante tendientes
a cuestionar la legalidad de las resoluciones proferidas en el proceso de fiscalización
y cobro coactivo, así como la adecuación de la actuación procesal con el fin de que se
entendiera que su demanda correspondía al medio de control de simple nulidad y no
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, son inconformidades
que debieron ser discutidas en sede ordinaria.
48.
En consecuencia, la Sala coincide con el Tribunal Administrativo de Nariño, que
declaró improcedente el amparo frente a los cargos dirigidos en contra de los actos
administrativos proferidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), así como el auto del 21
de enero de 2025, por no superar el requisito general de subsidiariedad.

IV. CONCLUSIÓN
49.
Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia que profirió el Tribunal
Administrativo de Nariño el 16 de mayo de 2025, mediante la cual declaró improcedente
este amparo.

V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Nariño,
el 16 de mayo de 2025, por los motivos consignados en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Accionante: Suly Esperanza Ortega Delgado
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

KVTB/SEJV/DACJ

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