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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2025-00161-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2025-00161-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaura por la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica de la Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé en contra de Juzgado 6° Administrativo de Pasto y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2025-00161-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 52001-23-33-000-2025-00161-01
Demandante: Asociación de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica de la
Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé
Demandados: Juzgado 6 Administrativo de Pasto y otra

Temas: Impugnación. Tutela contra providencial judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Ineptitud de la demanda. Falta de
agotamiento de la vía administrativa.
Decisión: Confirma la improcedencia de la acción de tutela.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 4 de julio de 2025, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía
Eléctrica de la Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé, por intermedio de
apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo y judicial (defensa) y acceso a la administración de justicia.

2. En consecuencia, solicitó (i) dejar sin efectos el auto proferido el 31 de enero
de 2025 por el Juzgado 6 Administrativo de Pasto y la resolución expedida por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por no haberse notificado en
debida forma y haberse dictado sin observancia de los principios que integran el
debido proceso; (ii) ordenar a la DIAN «reponer el procedimiento sancionatorio»,
incluyendo la notificación personal efectiva del pliego de cargos y de los actos
administrativos sancionatorios; y (iii) suspender el cobro coactivo o cualquier otra
medida de ejecución adoptada con fundamento en la mencionada resolución,
mientras se resuelve el fondo del asunto.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
afirmó que la DIAN, mediante la Resolución No. 2021014060000031 del 29 de julio
de 2021, la sancionó por presentar de manera extemporánea la información del año
gravable 2017 establecida en el artículo 631 del Estatuto Tributario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001-23-33-000-2025-00161-01
Demandante: Asociación de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica de la
Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé.

4. Instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la DIAN, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo mencionado, entre
otros. Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó declarar la
firmeza de la declaración de renta presentada el año 2017.

5. El 2 de septiembre de 2022, el Juzgado 6 Administrativo de Pasto admitió
la demanda. No obstante, el 31 de enero de 2025, la autoridad judicial precitada
declaró probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la «vía
gubernativa» y, en consecuencia, dio por terminado el proceso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 101 del Código General del Proceso.

6. Para sustentar la anterior decisión, explicó que la notificación de la
Resolución No. 202101406000031 de 29 de julio de 2021 se realizó en debida
forma, por lo que la demandante debió formular el recurso de reconsideración ante
la DIAN, con el fin de agotar la «vía gubernativa» y en consecuencia, cumplir con el
requisito de procedibilidad necesario para demandar las decisiones de la
administración.

7. Como fundamentos de derecho, indicó que la DIAN no notificó en debida
forma la Resolución No. 2021014060000031 del 29 de julio de 2021 de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario ni se garantizó la
comunicación personal exigida por los principios de publicidad y contradicción.

8. Al respecto, señaló que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-335 de
2011, precisó que «cuando se demuestra que la administración no surtió en debida
forma la notificación de los actos administrativos sancionatorios, se configura una
violación grave al debido proceso, que justifica la intervención del juez
constitucional». Sobre el particular, citó las Sentencias T-110 de 2014, T-451 de
2016 y SU-489 de 2016.

9. Asimismo, mencionó la Sentencia del 21 de febrero de 2008 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el proceso con radicado 25000-23-27-
000-2004-01079-01 (16536), en la cual señaló que «la notificación irregular de una
liquidación oficial constituye una vía de hecho administrativa, por cuanto impide al
administrado ejercer en debida forma el derecho de contradicción y defensa».
Agregó que lo anterior se agrava en los casos, como el que aquí se discute, en que
no existen medio idóneos para restablecer los derechos vulnerados.

Intervenciones1

10. El Juzgado 6 Administrativo de Pasto, luego de hacer un recuento de las
actuaciones judiciales, afirmó que no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante en el trámite que impartió al medio de control de nulidad y

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El de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 6 Administrativo
de Pasto y de la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN).

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Demandante: Asociación de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica de la
Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé.

restablecimiento del derecho, sino que, por el contrario, se garantizaron sus
derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

11. Por otro lado, sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad dado que la parte actora no agotó los recursos de ley para
controvertir la decisión de 31 de enero de 2025, por medio de la cual se declaró
probada la excepción previa de ineptitud de la demanda por incumplimiento del
requisito de procedibilidad previsto en el artículo 720 del Estatuto Tributario respecto
del acto acusado, pues, contrario a lo señalado por la demandante, en el medio de
control, se pudo constatar que el acto acusado se notificó en debida forma. Por
tanto, consideró que el mecanismo constitucional es improcedente.

12. La DIAN explicó que la accionante no interpuso recurso de reconsideración
que procedía contra el acto acusado, en los términos del artículo 720 de la
codificación tributaria, motivo por el cual se declaró por el juzgado accionado la
prosperidad de la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad respecto del acto objeto de control, decisión judicial que
tampoco fue recurrida por la demandante a través de los recursos pertinentes.

13. En ese sentido, precisó que la acción de tutela es improcedente en los
términos de la Sentencia SU-448 de 2016 de la Corte Constitucional, pues no se
satisfizo la exigencia general de subsidiariedad.

Sentencia impugnada

14. El 18 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró
improcedente la acción de tutela. Como fundamento de su decisión, frente al
procedimiento y notificación del acto administrativo proferido por la DIAN, explicó
que si bien es cierto que debe flexibilizarse el requisito de inmediatez por tratarse
de personas con especial protección constitucional, los demandantes presentaron
la acción de tutela contra la DIAN de forma extemporánea, debido a que dejaron
transcurrir más de 4 años desde la expedición de la resolución cuestionada y más
de 3 años desde la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
demostrar que actuaron con diligencia para defender sus derechos, por lo que
acudieron a la sede de tutela por fuera del plazo razonable.

15. Aunado a ello, sostuvo que no se demostró que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho fuera ineficaz o inidóneo, ni que existiera un
perjuicio irremediable que justificara el uso excepcional de la acción de tutela. Por
el contrario, resaltó que la actora utilizó dicho medio sin objeciones, solicitó medidas
cautelares y el proceso avanzó conforme a la ley, lo que evidencia que no se cumple
el requisito de subsidiariedad para que proceda la tutela.

16. Ahora, con respecto a la procedencia de la acción de amparo frente al auto
del 31 de enero de 2025, indicó que en la demanda de tutela se omitió precisar de

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Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé.

manera razonable cuáles fueron los hechos que generaron la vulneración alegada
de los derechos fundamentales con dicha decisión judicial.

17. Adicionalmente, aseveró que pudo configurarse una irregularidad procesal
en la comunicación electrónica a la parte demandante del auto de 31 de enero de
2025; sin embargo, dicha circunstancia no fue alegada en la demanda de tutela
como requisito general de procedencia sin perjuicio de que para ello contaba con
remedios procesales eficaces previstos en los artículos 133 y 134 del Código
General del Proceso para alegar una posible causal de nulidad desde el momento
en que tuvo conocimiento de dicha anomalía.

Impugnación

18. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia. Para el
efecto, insistió en que la DIAN no notificó debidamente la Resolución No.
202101406000031 del 29 de julio de 2021, lo que impidió ejercer oportunamente los
recursos legales, vulnerando su derecho fundamental al debido proceso.

19. Por otra parte, señaló que si bien es cierto que el Juzgado 6 Administrativo
de Pasto afirmó que debían agotarse los medios de defensa con los que contaba
una vez tuvo conocimiento del acto, también lo es que para ese momento los plazos
legales ya habían vencido, por lo que optó por presentar acción de tutela o demanda
de nulidad ante la jurisdicción contenciosa.

20. Finalmente, manifestó que la solicitud de amparo es el único mecanismo
con el que cuenta para salvaguardar sus derechos, ya que el auto del 31 de enero
de 2025 fue notificado a una dirección electrónica incorrecta, impidiendo interponer
recurso de apelación, lo que constituye otra vulneración al debido proceso.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en particular, el de
subsidiariedad, si el Juzgado 6 Administrativo de Pasto y la DIAN vulneraron los
derechos fundamentales del accionante, al expedir la providencia del 31 de enero
de 2025 y la Resolución No. 2021014060000031 del 29 de julio de 2021.

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Radicado: 52001-23-33-000-2025-00161-01
Demandante: Asociación de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica de la
Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Nariño declaró improcedente la acción de la referencia,
pero por las razones que a continuación pasan a exponerse:

24. En el marco de la acción de tutela, la Asociación de Usuarios del Servicio
de Energía Eléctrica de la Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé discute tanto
la Resolución No. 202101406000031 del 29 de julio de 2021 emitida por la DIAN
como el Auto del 31 de enero de 2025 proferido por el Juzgado 6 Administrativo de
Pasto.

25. Al respecto, del recuento efectuado en la parte inicial de la presente
providencia, se observa que la parte accionante formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la DIAN, con el fin de obtener la nulidad
del acto administrativo mencionado. Adicionalmente, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó declarar la firmeza de la declaración de renta presentada el año
2017.

26. Sin embargo, mediante Auto del 31 de enero de 2025, el Juzgado 6
Administrativo de Pasto declaró probada la excepción de inepta demanda por falta
de agotamiento de la «vía gubernativa» y, en consecuencia, dio por terminado el
proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Código General del
Proceso.

27. Así las cosas, comoquiera que la accionante discute en esta sede indebida
notificación de la Resolución mencionada, lo cual fue objeto de cuestionamiento en
el proceso de nulidad y restablecimiento, si aquella parte se encontraba en
desacuerdo con el análisis efectuado por la autoridad judicial accionada contaba
con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz.

28. En efecto, se observa que el numeral 2 del artículo 243 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)
establece que son apelables los autos que, por cualquier causa, pongan fin al
proceso. No obstante, no se advierte que la parte accionante hubiese interpuesto el
recurso de apelación contra el auto del 31 de enero de 2025, mediante el cual se
declaró la inepta demanda y se dio por terminado el proceso.

29. Por tanto, se colige que la presente solicitud de amparo no satisface el
requisito de subsidiariedad exigido para su procedencia frente a providencias
judiciales, pues la parte accionante no agotó el medio de defensa judicial definido en
la ley como idóneo para ventilar la controversia expuesta en esta sede constitucional.

30. Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela, por su carácter
subsidiario, únicamente procede cuando se han utilizado los demás recursos
previstos por el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos invocados,

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Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé.

por lo que no le es dable al juez constitucional emitir un pronunciamiento de fondo
sobre el particular, pues ello implicaría desconocer las competencias que le fueron
atribuidas al juez natural de la causa.

31. Adicionalmente, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los
que se sustenta la presente solicitud, la Sala observa que, en el escrito de
impugnación, la accionante manifestó que no le fue posible controvertir la
providencia del 31 de enero de 2025, comoquiera que esta le fue notificada de
manera incorrecta.

32. En todo caso, una vez la accionante tuvo conocimiento de esa decisión,
contaba con la posibilidad de interponer el recurso de apelación, dentro del cual, en
el estudio de la oportunidad, pudo haber alegado la supuesta indebida notificación
que ahora plantea en esta sede constitucional.

33. Finalmente, la Sala aclara que si bien la parte demandante formuló reparos
concretos contra la Resolución No. 2021014060000031 del 29 de julio de 2021,
estos corren la misma suerte de la decisión aquí adoptada, toda vez que
precisamente comprenden la actuación que se enjuiciaba en el proceso judicial.

34. Por otro lado, la Subsección advierte que tampoco se encuentra acreditado
el requisito de identificación clara y precisa de los hechos y argumentos que
sustenten la presunta vulneración del derecho fundamental invocado, en relación
con el auto del 31 de enero de 2025, comoquiera que la parte accionante no cumplió
con la carga argumentativa mínima para emitir un pronunciamiento de fondo, ya que
no identificó los eventuales defectos en los que habría incurrido la autoridad judicial
accionada, ni formuló reparos que pudieran enmarcarse en dichas causales.

35. Sobre este punto, debe aclararse que si bien es cierto la acción de tutela no
exige formalismos, no lo es menos que sí requiere un mínimo de argumentación,
para poder definir si se presenta o no un yerro, sin necesidad de un nuevo estudio
de la totalidad del proceso, pues, se insiste, la acción de tutela no puede constituirse
en una tercera instancia. De este modo, no se encuentra superada la exigencia de
una fundamentación suficiente al mencionado defecto.

36. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
emitida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño que declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo, pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Asociación de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica de la
Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé.

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual declaró improcedente la acción
de tutela instaura por la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica de
la Zona Rural de Santa Barbara de Iscuandé en contra de Juzgado 6° Administrativo
de Pasto y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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