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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2026-00096-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2026-00096-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 22 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2026-00096-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 52001-23-33-000-2026-00096-01
Accionante: Emilsen Vivas Cifuentes
Accionados: Secretaría de Educación de Nariño y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

La Sala decide las impugnaciones1 presentadas por Emilsen Vivas Cifuentes, en calidad
de convocante, y por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG–, como accionado, en contra del fallo de tutela proferido el 22 de mayo de 20262
por el Tribunal Administrativo de Nariño.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

La accionante radicó tutela3 en procura de la protección de sus derechos de petición, al
mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social, los que considera vulnerados, pues
la Secretaría de Educación de Nariño y la Fiduprevisora S.A., como vocera del FOMAG,
incurrieron en una supuesta mora administrativa para resolver el reajuste integral de su
pensión de sobrevivientes. Cuestiona que la primera retuvo la mitad de su mesada sin
fundamento, incluyó a un tercero sin verificar requisitos y emitió respuestas evasivas; y
la segunda dilató la expedición del acto de reconocimiento. A su vez, alega la ineficacia
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, porque el Juzgado 2º
Administrativo de Tumaco negó una medida cautelar.

1 Obran impugnaciones en los archivos digitales subidos en SAMAI, en el índice 2, con certificados
743A21C2523897EC 691C7757F2BC3989 E507DBC9ED951DA0 C6B0024F282A6423 y B3AF45D542D7EE0F
B6A8A19FDF13EA9A 8DBEF5A7846A32C7 B6D3C5CF9B095E37.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 95D9A8979FEAE6D5

1097104CB3A2D604 64D81E4F2B0E795D F134E4106B22F467.
3 Obra escrito de tutela a folios 1-14 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

17A2647EA1DB29D6 DAD94B43A22372D5 CAD688C768EFD372 C5DCEB69B011CC3F.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 52001-23-33-000-2026-00096-01
Accionante: Emilsen Vivas Cifuentes
Accionados: Secretaría de Educación de Nariño y otros

1.2.- Hechos

1.2.1.- La accionante convivió durante 8 años con el docente Clemito Neris Reginfo
Salazar, quien falleció el 26 de noviembre de 2021. En junio de 2022 Vivas Cifuentes
solicitó la pensión de sobrevivientes, prestación que fue reconocida a su favor en un
100% mediante la Resolución No. 1185 del 29 de diciembre de 2022. Al resolver un
recurso de reposición, se expidió la Resolución No. 0195 del 11 de abril de 2023, en la
cual se incluyó de oficio a la hija del causante y se le otorgó el 50%, lo que afectó la cuota
de la peticionaria inicial. Tras un fallo de tutela previo que restó fuerza vinculante a esta
última decisión, la autoridad expidió la Resolución No. 0304 del 20 de septiembre de 2023
para aclarar el acto inicial y reiterar el pago del 50% a la accionante, a la vez que dejó el
porcentaje restante a favor de la hija del docente en suspenso4.

1.2.2.- En el 2024 Vivas Cifuentes instauró la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 52835333300220240005300, que cursa ante el Juzgado 2º Administrativo
de Tumaco. El 25 de julio y el 16 de septiembre de 2025, la demandante radicó solicitudes
para obtener el reajuste a su favor del 100% de la prestación, bajo el entendido de que
la otra beneficiaria cumplió 25 años el 30 de mayo de 2025 y no acreditó los requisitos
de ley. Posteriormente, el juez administrativo negó una medida cautelar orientada a
obtener dicho reajuste a través del auto del 20 de noviembre de 2025. El 13 de abril de
2026, la ciudadana presentó una nueva petición, frente a la cual la Secretaría de
Educación informó que el trámite dependía de la revisión de la Fiduprevisora S.A. En la
actualidad, la tutelante percibe el 50% de la pensión y afirma tener a su cargo los gastos
de subsistencia propios y los de su hija en estado de embarazo5.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

La accionante reprocha de manera concreta a la Secretaría de Educación de Nariño y a
la Fiduprevisora S.A., como vocera del FOMAG, por incurrir en mora administrativa e
incumplir el deber legal de resolver de fondo su solicitud de reajuste pensional.
Específicamente, cuestiona a la secretaría referida por retener el 50% de su mesada sin
un fundamento legal vigente, por incluir de oficio a una tercera persona en estado de

4 A folios 1-5 del escrito de tutela.
5 Ibidem.

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suspenso sin verificación previa de los requisitos y por emitir respuestas evasivas que no
solucionan materialmente la controversia. Por su parte, censura a la Fiduprevisora S.A.,
vocera del FOMAG, por dilatar injustificadamente la expedición del acto administrativo de
reconocimiento desde que recibió el trámite para revisión en septiembre de 2025.

Vivas Cifuentes señala que la omisión conjunta del departamento de Nariño y del FOMAG
genera un enriquecimiento sin justa causa a favor de la administración y perpetúa una
afectación continua sobre su mínimo vital cualitativo, su vida digna y su acceso a la
seguridad social, toda vez que la reducida cuota pensional resulta insuficiente para su
sostenimiento. Finalmente, advierte que la acción de tutela busca evitar la consumación
de un perjuicio irremediable, pues la jurisdicción contencioso administrativa,
particularmente el Juzgado 2º Administrativo de Tumaco, resultó ineficaz para la
protección oportuna de sus prerrogativas tras negarse a decretar una medida cautelar.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) ordenar a las entidades administrativas accionadas resolver de
fondo la solicitud de reajuste pensional, levantar el estado de suspensión aplicado sobre
el porcentaje de la pensión reconocido a la beneficiaria de oficio y pagar el 100% de la
pensión de sobrevivientes a favor de la actora por la pérdida del derecho de la tercera al
cumplir los 25 años sin acreditar los requisitos legales; (iii) disponer, como medida
transitoria, el pago del 100% de la mesada pensional mientras se decide el proceso
contencioso administrativo; (iv) prevenir a las autoridades para que se abstengan de
continuar con la vulneración de las garantías alegadas; (v) requerir a las accionadas para
que informen sobre el cumplimiento del fallo en el término de 10 días; (vi) pedir a la
Personería Municipal, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría que realicen el
seguimiento de la decisión; y (vii) tomar las medidas necesarias para lograr el total
restablecimiento de los derechos conculcados en caso de incumplimiento.

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2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 14 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió
la acción de tutela y vinculó al Juzgado 2º Administrativo de Tumaco, a la Defensoría del
Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.

2.2.- La Procuraduría General de la Nación precisó que la demanda no contiene
pretensiones particulares en su contra, más allá del eventual seguimiento a las órdenes
de amparo que se llegaren a emitir.

2.3.- El departamento de Nariño, a través de su Secretaría de Educación, se refirió al
procedimiento de reconocimiento prestacional de los docentes oficiales y a las
competencias compartidas con la sociedad fiduciaria. Frente a la petición de reajuste,
explicó que el trámite fue gestionado desde el 18 de septiembre de 2025 a través de la
plataforma dispuesta para tal fin y remitido para estudio de la Fiduprevisora S.A. No
obstante, advirtió que a la fecha carece de la hoja de revisión correspondiente,
documento indispensable para emitir un pronunciamiento definitivo, por lo cual no tiene
la facultad jurídica de expedir el acto administrativo de fondo. De otra parte, adujo la
improcedencia del amparo al advertir que la actora cuenta con otro mecanismo de
defensa idóneo, materializado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que cursa ante el Juzgado 2º Administrativo de Tumaco, escenario en el que se pretende
el pago integral de la pensión y en el cual ya se denegó una medida cautelar con identidad
de objeto mediante auto del 20 de noviembre de 2025.

2.4.- El Juzgado 2º Administrativo de Tumaco informó que el proceso contencioso de la
referencia se adelanta con pleno respeto al debido proceso y a la defensa, y que en la
actualidad el expediente se encuentra al despacho para proferir el fallo de primera
instancia. Asimismo, precisó que la medida cautelar deprecada por la demandante para
obtener el reconocimiento provisional del 100% de la pensión de sobrevivientes fue
resuelta a través de la providencia del 20 de noviembre de 2025, decisión que cobró
firmeza al no ser recurrida en apelación. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del
trámite constitucional.

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2.5.- La Defensoría del Pueblo Regional Nariño acotó que desconoce los hechos
planteados en la tutela.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 22 de mayo de 2026, abordó
el reproche dirigido contra el auto que denegó la medida cautelar dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y constató que la providencia se encontraba en
firme al no haberse interpuesto recurso alguno, circunstancia que derivó en el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por lo que declaró improcedente este
cargo. Seguidamente, examinó la mora administrativa atribuida a la Secretaría de
Educación de Nariño y a la Fiduprevisora S.A. en relación con la petición de reajuste
pensional presentada el 25 de julio de 2025. Evidenció que habían transcurrido 9 meses
sin que las entidades emitieran un pronunciamiento de fondo, dilación que no se
encontraba justificada. Precisó que dicha reclamación no estaba supeditada al resultado
del proceso contencioso, pues este versaba sobre el derecho de la hija del causante en
una etapa previa al cumplimiento del límite de edad, mientras que la solicitud de
acrecimiento correspondía a la fase posterior a la superación de dicho límite. En
consecuencia, amparó el derecho al debido proceso y ordenó a las entidades
administrativas accionadas resolver de fondo la solicitud en un término de 10 días, pero
denegó la pretensión dirigida a obtener el pago directo del 100% de la pensión y el
levantamiento de la suspensión, bajo el argumento de que acceder a tales pedimentos
implicaría invadir las competencias propias de la administración y del juez ordinario.

4.- Razones de las impugnaciones

4.1.- En contra de la providencia referida la parte actora presentó impugnación, bajo el
argumento de que el fallo incurrió en una incongruencia frente al problema jurídico
efectivamente planteado, pues el tribunal centró su análisis en los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por la negativa de una
medida cautelar, cuando el verdadero objeto del amparo recaía sobre la mora
administrativa de las entidades accionadas frente a la solicitud de acrecimiento pensional.
Cuestionó que la decisión contiene una contradicción, toda vez que, a pesar de dar por
probada la dilación injustificada de la administración, los magistrados de primer grado

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limitaron la protección de sus derechos, con omisión del impacto material sobre sus
garantías al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social. Adujo que la autoridad
desconoció la naturaleza alimentaria de la pensión de sobrevivientes y la situación de
extrema vulnerabilidad en la que se encuentra, dado que percibe únicamente el 50% de
la mesada, carece de otras fuentes de ingreso, reside en una zona de escasas
oportunidades laborales y tiene a su cargo a una hija en estado de embarazo. De igual
forma, argumentó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
demostró su ineficacia para proteger sus prerrogativas de manera oportuna, máxime si
se tiene en cuenta que el despacho ordinario negó la medida cautelar y las entidades
demandadas utilizan la existencia de dicho trámite como excusa para evadir una
respuesta de fondo. Por otro lado, señaló que no existe justificación legal para prolongar
la retención de la mitad de su pensión, puesto que la tercera persona incluida de oficio
en estado de suspenso nunca acreditó dependencia económica ni condición de
estudiante, no compareció a las actuaciones y ya superó la edad máxima de 25 años.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar parcialmente el fallo para obtener el
amparo integral de sus prerrogativas constitucionales y procurar que se ordene a la
administración proferir una resolución de fondo motivada que valore el incumplimiento de
los requisitos por parte de la otra beneficiaria, sin supeditar dicha actuación a las resultas
del proceso contencioso administrativo.

4.2.- A su vez, la Fiduprevisora S.A. impugnó la decisión, pues, debido a su naturaleza
jurídica como vocera del FOMAG, carece de competencia para expedir actos
administrativos de reconocimiento pensional, atribución que recae de manera exclusiva
en las secretarías de educación. Explicó que sus funciones normativas se restringen a
revisar o aprobar los proyectos de resolución que le remiten dichas entidades territoriales
y a materializar el pago de las prestaciones una vez allegada la documentación en firme.
Frente al caso concreto, aclaró que la solicitud de reliquidación pensional de la actora se
encuentra actualmente en estudio y priorizada en sus sistemas, pero justificó la demora
en el alto volumen de peticiones y la congestión operativa que afronta la entidad.
Finalmente, aseveró que no ha incurrido en ninguna conducta activa u omisiva que
vulnere los derechos fundamentales de la demandante y agregó que la acción de tutela
es improcedente para dirimir controversias sobre derechos litigiosos de contenido
económico, sumado a que la tutelante dispone de otras vías judiciales y no demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

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II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones6 presentadas por Emilsen
Vivas Cifuentes y por el FOMAG en contra del fallo de tutela proferido el 22 de mayo de
2026 por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

3.- Naturaleza de la acción de tutela

3.1.- La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 constitucional, faculta a toda
persona para reclamar ante cualquier juez, mediante un procedimiento preferente y
sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, y es un mecanismo
subsidiario que solo procede cuando el afectado no tenga otro medio de defensa judicial
para la protección de sus derechos fundamentales.

3.2.- Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que
excepcionalmente procede la solicitud de amparo si el mecanismo disponible no
salvaguarda de manera eficaz 7 el derecho fundamental o este no es idóneo, por no
ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión8. Así también,

6 Obran impugnaciones en los archivos digitales subidos en SAMAI, en el índice 2, con certificados
743A21C2523897EC 691C7757F2BC3989 E507DBC9ED951DA0 C6B0024F282A6423 y B3AF45D542D7EE0F
B6A8A19FDF13EA9A 8DBEF5A7846A32C7 B6D3C5CF9B095E37.
7 El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece:

“Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu[e]lla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
8 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.

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cuando el tutelante se encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable9, caso en
el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.

4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad10 y de procedencia11 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

5.- Procedibilidad de la acción de tutela en este caso

Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala debe verificar el cumplimiento de los
presupuestos que habilitan el estudio de la solicitud de amparo, con la precisión de que
la censura planteada por la accionante se divide en tres grupos de argumentos: (i) los
dirigidos contra el auto que negó la medida cautelar; (ii) los formulados contra la decisión
de concederle solo el 50% de la pensión y mantener el resto en suspensión; y (iii) los
esgrimidos contra la tardanza de las entidades para definir su situación ante el hecho
sobreviniente de los 25 años de la tercera beneficiaria.

5.1.- En relación con la legitimación en la causa por activa12, se destaca que la presente
acción se sustenta en la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la
tutelante frente a la reclamación de su derecho pensional, por lo cual se encuentra
acreditado el requisito en mención. Por su parte, la Secretaría de Educación

9 Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad

de la medida para proteger el derecho. Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 2010.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso; y que el fallo censurado no sea de tutela.
11 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
12 La legitimación en la causa se refiere, de una parte, a la titularidad del derecho o interés que fundamenta las

pretensiones (legitimación por activa) y, de otra, al sujeto frente a quien se dirigen las reclamaciones (legitimación por
pasiva). Si el demandante carece de legitimación, no puede obtener satisfacción de sus pretensiones, pues no es
acreedor del derecho invocado. De igual manera, si el demandado no está legitimado, no puede ser obligado a cumplir
una prestación que corresponde a otra persona. En materia de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción debe ser promovida por el titular del derecho vulnerado, aunque también puede ser ejercida por su
representante legal, su apoderado judicial, su agente oficioso, el defensor del pueblo o el personero municipal.

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Departamental y el FOMAG cuentan con legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que son las autoridades encargadas de tramitar las peticiones pensionales de la
convocante y sobre las que recae la competencia para responder por las omisiones
alegadas. Además, también está legitimado el Juzgado 2º Administrativo de Tumaco,
pues expidió la providencia que resolvió la petición de medidas cautelares.

5.2.- Sobre el presupuesto de relevancia constitucional, la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 señaló que el juez de tutela no puede estudiar cuestiones
carentes de una clara y marcada importancia iusfundamental, so pena de involucrarse en
asuntos cuya definición corresponde a otras jurisdicciones. En ese sentido, para
determinar si una solicitud de amparo supera este requisito, la Sala Plena del Consejo de
Estado precisó la necesidad de examinar dos elementos. El primero exige que el actor
cumpla su carga argumentativa y justifique de manera suficiente la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, toda vez que resulta
insuficiente la sola afirmación de su transgresión. El segundo requiere que la acción de
tutela no se convierta en una instancia adicional a los procedimientos ordinarios, puesto
que este mecanismo especial está instituido para proteger garantías superiores y no para
discutir simples discrepancias frente a las decisiones de las autoridades.

Al descender al caso concreto, la Sala encuentra que los argumentos expuestos por la
parte actora cumplen con el presupuesto aludido. Lo anterior obedece a que la
controversia gira en torno a un asunto pensional, el cual trasciende la esfera meramente
legal o económica para adquirir una connotación constitucional ante la presunta
afectación al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de la tutelante frente a
las omisiones denunciadas. Aunado a ello, la situación de especial vulnerabilidad de
Vivas Cifuentes, quien asume el cuidado y la manutención de una familiar en estado de
gravidez, consolida la trascendencia del debate y justifica la intervención del juez de tutela
para evaluar la conducta de las entidades convocadas.

5.3.- Frente al requisito de subsidiariedad, al que se hizo referencia previamente, la Sala
considera que se encuentra parcialmente satisfecho. Al respecto, la alta corporación
constitucional ha sido enfática13 en señalar que, ante la inexistencia de otros medios de

13 Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2019.

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defensa judicial eficaces, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para evitar que se
configure una barrera infranqueable de acceso a la administración de justicia.

En el caso concreto, se advierte que el presupuesto sub judice no se cumple frente a las
quejas relacionadas con el auto que negó la medida cautelar, pues este no fue apelado,
omisión que desconoce que el recurso de alzada era el medio legal eficaz y previsto en
la legislación para desvirtuar o censurar esa decisión. Tampoco se satisface en cuanto a
los reproches dirigidos contra la decisión de reconocer solo el 50% de la mesada y
mantener en suspensión el porcentaje de la tercera beneficiaria por no acreditar los
requisitos, ya que la vía idónea para revisar esa situación es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y peticiones directas ante los entes
administrativos, medios que ya están en curso.

A contrario sensu, las quejas que superan el requisito de subsidiariedad son aquellas que
se dirigen contra la tardanza y la injustificada demora tanto del FOMAG como de la
Secretaría de Educación de Nariño, que no se han pronunciado sobre la nueva petición
de la accionante, relativa a que se evalúe que a mediados del 2025 la hija del causante
cumplió los 25 años de edad sin acreditar los requisitos legales. Frente a este cargo
específico, la tutela es el mecanismo adecuado ante la eventual trasgresión del debido
proceso administrativo por una mora injustificada y, por ende, se seguirá con su análisis.

5.4.- Por otra parte, el presupuesto de inmediatez14 igualmente se encuentra cumplido
respecto a la mora administrativa referida, dado que la falta de respuesta a la petición de
reajuste constituye una vulneración actual y continua en el tiempo.

5.5.- En atención a lo anterior, se evidencia que esta solicitud de amparo cumple los
requisitos de procedibilidad en relación con la queja relacionada con la mora
administrativa y se continuará con el estudio del fondo de ese aspecto.

6.- La mora administrativa

El ordenamiento jurídico colombiano consagra una protección reforzada frente a la
inactividad de las autoridades públicas, fenómeno definido como mora administrativa, el

14 Sentencia T-322 de 2015.

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cual impacta de forma directa las garantías consagradas en los artículos 23 y 29 de la
Constitución Política. Los mandatos superiores imponen a la administración el deber
inexcusable de emitir una pronta y oportuna resolución a las solicitudes y situaciones de
los ciudadanos. El debido proceso administrativo exige que toda actuación estatal se
tramite sin demoras injustificadas y dentro de un plazo razonable, presupuesto esencial
para evitar la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública y para materializar la
eficacia de los derechos de los administrados. La mora administrativa, por lo tanto, se
configura ante el vencimiento objetivo de los términos legales o razonables sin una
contestación de fondo, clara y congruente, lo que obstaculiza el acceso a la
administración pública y desnaturaliza el principio de celeridad, pilar de la función
administrativa consagrado en el artículo 209 de la Carta Política.

Frente a la materialización de la mora administrativa, tanto la Corte Constitucional como
el Consejo de Estado han estructurado un régimen riguroso para sancionar la negligencia
institucional y proteger a las personas frente al letargo burocrático. La Corte
Constitucional, en la SU-213 de 2021, determinó que el retardo injustificado en los
procedimientos administrativos desdibuja el núcleo esencial del debido proceso, por lo
cual impuso a las autoridades la obligación de culminar las actuaciones en tiempos
prudentes y razonables, evaluables a partir de criterios objetivos como la complejidad del
asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta específica de la entidad.

En idéntico sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la providencia del 7 de
julio de 2022 15 , precisó que la administración carece de facultades absolutas para
postergar sus decisiones, toda vez que la superación de los plazos legales configura una
vía de hecho administrativa por omisión que transgrede la confianza legítima depositada
por los individuos en el Estado. De esta forma, la jurisprudencia unificada, corroborada
además en la sentencia T-230 de 2020, reitera que las autoridades deben notificar sus
resoluciones de forma efectiva, pues la sola elaboración del documento carece de validez
si no se pone en conocimiento del peticionario, circunstancia que prolonga un estado de
incertidumbre de la situación jurídica del ciudadano.

Ante la ineficacia de los mecanismos ordinarios para remediar con inmediatez y eficacia
material las consecuencias de la tardanza administrativa, la acción de tutela se erige

15 Radicado No. 11001-03-15-000-2022-03220-01.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 52001-23-33-000-2026-00096-01
Accionante: Emilsen Vivas Cifuentes
Accionados: Secretaría de Educación de Nariño y otros

como el instrumento constitucional definitivo para restablecer los derechos
fundamentales afectados. La Corte Constitucional ha insistido en que los medios de
control consagrados en el CPACA, si bien protegen la legalidad en abstracto de los actos,
carecen de la agilidad necesaria para amparar con celeridad la exigencia de una
respuesta, motivo por el cual el juez de amparo tiene plena competencia para estudiar
este tipo de asuntos. En conclusión, el respeto estricto por el plazo razonable y la pronta
resolución de las peticiones constituyen mandatos ineludibles para toda la administración
pública, de manera que cualquier dilación injustificada acarrea la vulneración
concomitante de las prerrogativas ciudadanas, lo cual habilita el amparo inmediato de los
derechos afectados.

7.- El plazo legal de las peticiones de reajuste pensional

En el ordenamiento jurídico colombiano, el plazo perentorio con el cual cuentan las
entidades administradoras de pensiones para resolver de fondo las peticiones de reajuste
o reliquidación pensional es de 4 meses. Este límite temporal encuentra su sustento
normativo directo en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, en armonía con el artículo 9
de la Ley 797 de 2003. Dichos preceptos especiales desplazan la aplicación del término
general del derecho de petición consagrado en el CPACA. La Corte Constitucional, a
través de la SU-975 de 2003, fijó el sentido exacto de estas disposiciones al determinar
que el máximo lapso para pronunciarse sobre el mérito de las solicitudes de
reconocimiento, incremento, reliquidación o reajuste de prestaciones pensionales es
inexorablemente de 4 meses contados a partir de la radicación formal de la solicitud. Esta
directriz fue ratificada de manera reciente en la SU-063 de 2023, providencia en la cual
el tribunal constitucional reiteró que este lapso resulta aplicable de forma estricta para
resolver las controversias sobre reajustes pensionales, con el propósito de salvaguardar
el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de los afiliados al sistema.

Es imperativo diferenciar este término de decisión frente al plazo concedido para
materializar el pago efectivo de la prestación y el estipulado para desatar los recursos
administrativos. El legislador, a través del artículo 4 de la Ley 700 de 2001, estableció un
lapso no mayor a 6 meses para que las entidades públicas y privadas adelanten los
trámites necesarios y efectúen el desembolso real de los dineros a favor del beneficiario.
En este sentido, la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional precisa que el fondo

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de la controversia sobre el reajuste se debe resolver en 4 meses, mientras que la entidad
conserva un margen temporal adicional para reflejar el pago. Por otro lado, si la
administración profiere una resolución denegatoria dentro del plazo legal, el ciudadano
cuenta con la vía administrativa para debatir la decisión; en esta fase, el artículo 86 de la
Ley 1437 de 2011 otorga un término de 2 meses para decidir los recursos de reposición
o apelación interpuestos contra el acto administrativo original.

En definitiva, toda petición que pretenda el reajuste, incremento o reliquidación de una
pensión obliga a la administración a emitir un acto administrativo de fondo, claro y
congruente en el lapso máximo de 4 meses. Con la aplicación de estas directrices
normativas, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han protegido los derechos
fundamentales de los solicitantes, sancionado la negligencia burocrática y preservado el
principio constitucional de celeridad en la función pública.

8.- Estudio de caso concreto

8.1.- En el sub examine la accionante interpuso acción de tutela con el propósito de
obtener la protección de sus derechos fundamentales, los cuales estima vulnerados con
ocasión de la mora administrativa injustificada en que incurrieron la Secretaría de
Educación de Nariño y el FOMAG, al no resolver de fondo la nueva petición que radicó,
en la cual informó sobre el cumplimiento de los 25 años de la tercera beneficiaria del
derecho pensional en disputa y solicitó el consecuente reajuste de su pensión de
sobrevivientes.

8.2.- Del análisis de las piezas procesales, se observa que el 25 de julio de 2025 la
convocante elevó la solicitud para obtener el acrecimiento pensional tras la superación
del límite de edad de la otra beneficiaria, petición que fue reiterada mediante impulsos
procesales posteriores 16 . Frente a este requerimiento, el FOMAG, a través de la
Fiduprevisora S.A., informó que el trámite se encontraba en estudio y priorizado en sus
sistemas, pero justificó la falta de emisión del acto administrativo de fondo y el retraso
procesal en el alto volumen de peticiones y en la congestión administrativa que afronta17.

16 Como consta a folios 149-155 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
17A2647EA1DB29D6 DAD94B43A22372D5 CAD688C768EFD372 C5DCEB69B011CC3F.
17 A folio 4 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado B3AF45D542D7EE0F

B6A8A19FDF13EA9A 8DBEF5A7846A32C7 B6D3C5CF9B095E37.

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Al respecto, se evidencia que desde la petición hasta la actualidad se superó
ampliamente el término normativo y jurisprudencial de 4 meses establecido para resolver
de fondo las solicitudes de reajuste pensional, sin que las deficiencias operativas o la
carga laboral constituyan razones válidas para trasladar las consecuencias de la
ineficiencia institucional a la ciudadana afectada.

8.3.- En este punto, la Sala debe destacar que el ordenamiento jurídico impone a las
entidades administradoras de pensiones el deber ineludible de resolver las solicitudes de
reajuste pensional en un plazo máximo y perentorio de 4 meses, según se explicó. Este
término normativo busca proteger el mínimo vital y el debido proceso administrativo de
los afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social.

8.4.- Al realizar el análisis de fondo de la actuación administrativa, esta Subsección
advierte, según se expuso, que desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de
esta decisión ha transcurrido un lapso que supera el término legal en cuestión. En efecto,
las entidades en comento omitieron emitir un acto administrativo que resuelva de manera
clara y congruente la pretensión de acrecimiento pensional formulada por la actora con
base en las nuevas circunstancias acaecidas.

8.5.- Ahora bien, la Sala considera que el argumento expuesto por la Fiduprevisora S.A.,
fundamentado en la congestión administrativa y el alto volumen de solicitudes, resulta
inaceptable para justificar su inactividad. La jurisprudencia constitucional es pacífica al
establecer que las deficiencias operativas o la carga laboral de las entidades públicas no
constituyen razones válidas para trasladar las consecuencias de la ineficiencia
institucional a los ciudadanos, menos cuando se debaten prestaciones de naturaleza
alimentaria que impactan de forma directa el mínimo vital de personas en situación de
vulnerabilidad económica. Por lo tanto, la inobservancia del plazo perentorio de 4 meses
configura una mora administrativa injustificada que transgrede las garantías
fundamentales de la accionante.

8.6.- Bajo esta perspectiva, ante la existencia de una dilación irrazonable y contraria a
derecho, se concluye que la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vulneraron el debido proceso
administrativo de la demandante. La omisión de las autoridades prolonga un estado de

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incertidumbre inaceptable frente a la situación jurídica y económica de la tutelante,
circunstancia que habilita la intervención del juez constitucional para restablecer las
garantías conculcadas.

9.- Por las razones expuestas, la Sala considera que la Secretaría de Educación de
Nariño y el FOMAG desatendieron sus obligaciones constitucionales y legales al no
decidir la petición de reajuste pensional en los plazos previstos en el ordenamiento
jurídico. En tal virtud, se procederá a confirmar la sentencia proferida en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Nariño, providencia que concedió el amparo y ordenó
resolver la solicitud referida en un plazo de 10 días.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 22 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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