Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2026-00104-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2026-00104-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 52001-23-33-000-2026-00104-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 52001 23 33 000 2026 00104 01
Accionante: Ángel María Zamora Burbano
Accionados: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 2 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Nariño - Sala Primera de
Decisión, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Ángel María Zamora Burbano, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto, y para ello
formuló las siguientes pretensiones1:
PRIMERA. Que se tutelen mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO
(ARTÍCULO 29 C.P.), A LA IGUALDAD (ARTÍCULO 13 C.P.), AL TRABAJO EN
CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS (ARTÍCULO 25 C.P.), AL ACCESO
EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (ARTÍCULO 229 C.P.), A LA
DIGNIDAD HUMANA (ARTÍCULO 1 C.P.), AL BUEN NOMBRE (ARTÍCULO 15
C.P.) Y A LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES EN
MATERIA LABORAL (ARTÍCULO 53 C.P.), los cuales considero vulnerados con
la sentencia judicial cuestionada.
SEGUNDA. Que, como consecuencia del amparo, se deje sin efectos la sentencia
proferida el 6 de septiembre de 2024 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito de Pasto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado No. 520013333007 2022-00125-00, promovido por mí
contra la Universidad de Nariño.
TERCERA. Que se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Pasto proferir una nueva sentencia, en la que valore de manera integral, completa
y material las pruebas relacionadas con mi realidad funcional, mi desempeño en
laboratorios de química, mi comisión a la Planta Piloto, mis funciones de
laboratorista, mis informes de gestión y los documentos que muestran que mi
trayectoria laboral no se redujo al simple nombre formal de Auxiliar de Vidriería.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 52001 23 33 000 2026 00104 01.
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Accionante: Ángel María Zamora Burbano
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CUARTA. Que en la nueva sentencia se resuelva de fondo, con motivación
suficiente y desde el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las
formalidades, si la Universidad de Nariño desconoció mi realidad funcional al
mantener mi historia laboral limitada a la denominación formal de Auxiliar de
Vidriería, sin analizar de manera completa las funciones que realmente
desempeñé durante años al servicio de la institución.
QUINTA. Que, en caso de que el despacho considere que alguna de las anteriores
órdenes no resulta procedente en los términos solicitados, adopte la medida
constitucional que estime más adecuada para proteger mis derechos
fundamentales, teniendo en cuenta que esta acción no busca un privilegio, sino
que mi historia laboral sea revisada con justicia, verdad y humanidad.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La solicitud de amparo tuvo origen en la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2024,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 52001 33 33 007 2022 00125 00, promovido por el señor Ángel María
Zamora Burbano contra la Universidad de Nariño, con el fin de obtener la nulidad del
oficio REC-DIE-086 del 24 de marzo de 2022, mediante el cual esa institución negó el
reconocimiento de la realidad funcional que, según el demandante, desempeñó durante
su vinculación laboral.
Relató que en 1987 participó en un concurso público convocado por la Universidad de
Nariño para proveer cargos en la Sección de Laboratorios y Equipos, relacionados con el
área de química. Asimismo, indicó que, mediante Resolución núm. 0531 del 27 de abril
de 1987, fue nombrado como Auxiliar II de Vidriería y que, posteriormente, por Resolución
núm. 0693 del 15 de mayo de 1987, se aclaró que su adscripción correspondía a la
Sección de Laboratorios y Equipos. Agregó que, con el paso del tiempo, fue promovido e
incorporado en carrera administrativa como Auxiliar I de Vidriería.
No obstante, sostuvo que, desde su ingreso efectivo a la Universidad de Nariño, sus
funciones materiales no se limitaron al manejo, limpieza u organización de elementos de
vidriería, sino que estuvieron relacionadas con actividades propias de laboratorios de
química, apoyo académico, preparación de prácticas, manejo de insumos,
acompañamiento operativo y ejecución de labores que exigían conocimientos técnicos
en esa área.
Adujo que la propia Universidad reconoció esa realidad funcional en distintas
actuaciones, entre ellas, la comisión conferida mediante Resolución núm. 026 del 6 de
julio de 1999 para prestar servicios en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería
Agroindustrial, así como la Resolución núm. 3495 del 9 de septiembre de 2004, en la que
se ratificaron responsabilidades relacionadas con funciones de laboratorista. También
señaló que existían oficios, informes de gestión y constancias internas que daban cuenta
de su desempeño como auxiliar de laboratorio de química y apoyo académico.
El 2 de marzo de 2022, el actor presentó petición ante la Universidad de Nariño, con el
propósito de que se reconociera la realidad de las funciones que afirmó haber
desempeñado durante su vinculación laboral. Mediante oficio REC-DIE-086 del 24 de
marzo de 2022, la rectora de la institución negó la solicitud, al considerar que el
accionante ostentaba formalmente el cargo de Auxiliar de Vidriería I y que sus funciones
correspondían a las previstas en el manual de funciones de la entidad.
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Con fundamento en lo anterior, el señor Zamora Burbano promovió demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Universidad de Nariño. Pretendió la nulidad del
oficio REC-DIE-086 del 24 de marzo de 2022 y solicitó que se declarara que, desde su
ingreso a la institución, sus funciones reales no correspondían exclusivamente al cargo
formal de Auxiliar de Vidriería, sino a actividades propias del área de laboratorios de
química. Como restablecimiento, pidió el reconocimiento de las diferencias salariales y
de su experiencia real como profesional de química o auxiliar de laboratorio de química.
La Universidad de Nariño se opuso a las pretensiones. Afirmó que el demandante ejercía
formal y materialmente el cargo de Auxiliar de Vidriería I, denominado en el manual de
funciones como Ayudante de Vidriería, y sostuvo que no existía prueba de que hubiera
desempeñado funciones propias de otro cargo. También argumentó que las actividades
adicionales correspondían a tareas conexas con el empleo formal y que los cargos de
Auxiliar de Vidriería y Auxiliar de Laboratorio tenían igual remuneración.
Mediante auto del 17 de mayo de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito de Pasto declaró no probadas las excepciones previas propuestas por la
Universidad de Nariño. Luego, en sentencia del 6 de septiembre de 2024, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el oficio REC-DIE-086 del 24 de marzo
de 2022 no estaba viciado de nulidad y que los actos administrativos demostraban que
el actor fue nombrado formalmente como Auxiliar II de Vidriería y, posteriormente, como
Auxiliar I de Vidriería.
El juzgado reconoció la existencia de documentos relacionados con vinculaciones
transitorias, designaciones, comisión a la Planta Piloto, funciones de laboratorista e
informes de gestión. Sin embargo, concluyó que esas actuaciones no demostraban que
el demandante hubiera desempeñado de manera permanente funciones propias de un
cargo profesional. Además, indicó que en la planta de personal de la Universidad de
Nariño no existía un cargo profesional, docente o de auxiliar de docencia en la
dependencia para la cual fue nombrado, y que los cargos de Auxiliar de Vidriería y Auxiliar
de Laboratorio tenían la misma asignación salarial durante los años reclamados.
El accionante manifestó que la sentencia no fue apelada, pero aclaró que esa omisión no
obedeció a su voluntad de abandonar la defensa de sus derechos. Expuso que manifestó
su inconformidad con la decisión y que tenía interés en que fuera revisada por el superior
funcional, pero que el recurso no fue presentado oportunamente por quien ejercía su
representación judicial. Añadió que, por esa razón, presentó queja ante la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial.
Frente a la procedencia de la tutela, el actor sostuvo que el asunto tenía relevancia
constitucional, porque no pretendía reabrir una discusión meramente económica ni
convertir el amparo en una tercera instancia, sino obtener la protección de sus derechos
fundamentales ante una decisión que, en su criterio, desconoció su dignidad, su derecho
al trabajo y la primacía de la realidad sobre las formalidades laborales.
En cuanto a la subsidiariedad, solicitó que se valorara de manera flexible la falta de
apelación, pues afirmó que no es abogado, no cuenta con conocimientos técnicos del
derecho procesal y confió la defensa de sus intereses a su apoderado judicial y señaló
que la falta de interposición del recurso lo dejó sin la posibilidad real de que el superior
funcional revisara la sentencia y que esa situación no podía atribuírsele directamente.
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Respecto de la inmediatez, pidió que el requisito no se analizara de forma puramente
matemática, toda vez que solo con posterioridad conoció que la sentencia no había sido
apelada y que, además, atravesó dificultades de salud en fechas cercanas a la
providencia cuestionada, entre ellas, atenciones médicas del 14 de septiembre y del 11
de diciembre de 2024, relacionadas con dolores corporales, lumbago, discopatía y otras
afectaciones de columna. Por ello, sostuvo que el tiempo transcurrido debía valorarse
conforme a sus circunstancias personales, médicas, económicas y jurídicas.
Como defecto específico, el accionante invocó el defecto fáctico y aseguró que el juzgado
accionado valoró de manera fragmentada e incompleta las pruebas que demostraban su
realidad funcional dentro de la Universidad de Nariño y explicó que la providencia
cuestionada sí reconstruyó su trayectoria formal como Auxiliar de Vidriería y verificó la
igualdad salarial entre ese cargo y el de Auxiliar de Laboratorio, pero dejó sin valoración
conjunta los documentos que, a su juicio, evidenciaban su desempeño real como auxiliar
de laboratorio, laboratorista y apoyo académico en química.
En particular, sostuvo que la sentencia omitió valorar materialmente el oficio OP-102 del
27 de febrero de 1987, el aviso de convocatoria, los oficios SL-036, SL-0610 y SL-0340
de 2013, la Resolución núm. 026 del 6 de julio de 1999, la constancia del Decano de
Ingeniería Agroindustrial del 20 de diciembre de 2001, la Resolución núm. 3495 del 9 de
septiembre de 2004 y los informes de gestión de 2021 y 2022. A su juicio, esos
documentos permitían advertir la tensión entre la denominación formal de su cargo y las
funciones que realmente desempeñó durante su vinculación laboral.
Afirmó que la autoridad judicial accionada redujo el debate a una comparación salarial
formal entre cargos y, con base en ello, concluyó que no era necesario comparar las
funciones de Auxiliar de Vidriería y Auxiliar de Laboratorio. En su criterio, esa conclusión
sustituyó el verdadero problema probatorio, pues la igualdad salarial podía ser relevante
para estudiar las diferencias económicas reclamadas, pero no resolvía si la Universidad
podía mantener su historia laboral bajo una denominación formal que, según afirmó, no
reflejaba su experiencia real.
Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 6 de septiembre de 2024,
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Pasto, y ordenar que
se profiriera una nueva decisión en la que se valorara integralmente el material probatorio
y se analizara de fondo la realidad funcional que alegó haber desempeñado al servicio
de la Universidad de Nariño.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 20 de mayo de 20262 y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Nariño - Sala Primera de Decisión que, por auto del 21 de mayo de
20263 la admitió y dispuso notificar4 al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 52001
23 33 000 2026 00104 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 52001
23 33 000 2026 00104 00.
4 Esta orden se cumplió el 22 de mayo de 2026. Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 52001 23 33 000 2026 00104 00.
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Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto
Pasto, como parte accionada; así como vincular a la Universidad de Nariño, como tercero
con interés en las resultas del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto para que
allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 52001 33 33 007 2022 00125 00, el cual fue remitido5.
3.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto rindió informe6 en el que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el actor y que la sentencia cuestionada fue
proferida con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente y en la normativa
aplicable.
Sostuvo que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, no se acreditó
que el actor hubiera desempeñado funciones de docencia en calidad de profesional de
laboratorios de química desde 1987. Por el contrario, señaló que los actos administrativos
demostraban que el demandante prestó sus servicios en los cargos de Auxiliar II y Auxiliar
I de Vidriería, adscritos a la Sección de Laboratorios y Equipos, así como en comisión en
el cargo de Auxiliar de Laboratorio en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería
Agroindustrial.
Añadió que tampoco se probó que, entre 1987 y 2022, el señor Zamora Burbano hubiera
realizado labores de docencia para la Universidad de Nariño. Al respecto, precisó que, si
bien mediante Acuerdo núm. 200 del 18 de julio de 1991 el Consejo Académico lo autorizó
como profesor de la asignatura de cultivos hidropónicos para el segundo semestre de
1991, esa designación fue ad honorem y el tiempo asignado a la materia fue considerado
dentro de su jornada laboral, decisión que no fue recurrida.
En ese sentido, afirmó que el oficio demandado no estaba incurso en la causal de nulidad
por infracción de las normas en que debía fundarse, por lo que las pretensiones de la
demanda no estaban llamadas a prosperar.
Finalmente, advirtió que la sentencia del 6 de septiembre de 2024 no fue recurrida por la
parte actora, razón por la cual quedó ejecutoriada y el proceso fue archivado. Con
fundamento en ello, sostuvo que no se cumplían los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, especialmente los de subsidiariedad
e inmediatez, ni se configuraba alguna causal específica de procedibilidad, pues el
despacho actuó conforme al procedimiento, la competencia legal, el material probatorio
y la normativa aplicable.
3.3. La Universidad de Nariño7 solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en
subsidio, negar el amparo, toda vez que sostuvo que el actor ejerció formal y
materialmente el cargo de Auxiliar de Vidriería I, sin que se acreditara que hubiera
desempeñado funciones propias de un cargo distinto.
5 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 52001
23 33 000 2026 00104 00.
6 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 52001
23 33 000 2026 00104 00.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 52001
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Agregó que las actividades adicionales que eventualmente desarrolló eran conexas o
complementarias al empleo para el cual fue nombrado.
Indicó que el asunto ya fue decidido por el juez natural, quien valoró las pruebas y
concluyó que no había lugar a declarar la nulidad del oficio REC-DIE-086 del 24 de marzo
de 2022. Por ello, afirmó que la tutela pretende reabrir una controversia probatoria y
jurídica ya resuelta.
Finalmente, alegó que no se configuró el defecto fáctico invocado y que la acción
incumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues el actor no apeló la
sentencia del 6 de septiembre de 2024 y dejó transcurrir un término considerable antes
de acudir al juez constitucional.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Nariño Sala Primera de Decisión, mediante sentencia del 2
de junio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de subsidiariedad e inmediatez.
Frente a la inmediatez, sostuvo que la tutela fue presentada aproximadamente 1 año y 8
meses después de la notificación de la sentencia cuestionada, término que no resultaba
prudencial ni razonable. Además, consideró que las historias clínicas aportadas daban
cuenta de padecimientos médicos previos y de evolución en el tiempo, pero no
demostraban una imposibilidad real, continua y absoluta para acudir oportunamente a la
administración de justicia.
En relación con la subsidiariedad, advirtió que el actor no interpuso recurso de apelación
contra la sentencia del 6 de septiembre de 2024, pese a que esta fue notificada el 9 de
septiembre del mismo año y podía ser recurrida hasta el 24 de septiembre de 2024. Por
ello, concluyó que la tutela no podía utilizarse para suplir la falta de ejercicio de los
mecanismos ordinarios de defensa, ni para revivir términos procesales vencidos.
Finalmente, precisó que la presunta negligencia del apoderado judicial debía discutirse
en el escenario disciplinario correspondiente y no en sede de tutela. También señaló que
no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la intervención
excepcional del juez constitucional.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó señalando lo
siguiente:
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Nariño declaró improcedente la acción de tutela
con fundamento en un análisis formal de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, sin
estudiar la relevancia constitucional del asunto ni la afectación actual que, según afirmó,
produce la sentencia cuestionada sobre su dignidad humana, su derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas, su buen nombre laboral y la primacía de la realidad sobre las
formalidades.
Adujo que no pretendía revivir un proceso judicial por simple inconformidad ni convertir la
tutela en una tercera instancia, sino obtener la protección de sus derechos fundamentales
ante una decisión que, en su criterio, mantuvo su historia laboral reducida a la denominación
6
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Accionante: Ángel María Zamora Burbano
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto
formal de Auxiliar de Vidriería, sin valorar las funciones que afirmó haber desempeñado
durante años en laboratorios de química, Planta Piloto, apoyo académico e investigación.
Frente a la inmediatez, indicó que el término transcurrido no debía analizarse de manera
automática, pues no es abogado, sino químico, desconocía los requisitos técnicos de la
tutela contra providencia judicial y confió en el apoderado que representó sus intereses
dentro del proceso ordinario. Agregó que solo después comprendió que la sentencia no
había sido apelada y que tuvo que estudiar por sus propios medios la forma de acudir al
juez constitucional.
También manifestó que sus condiciones de salud, sumadas a su falta de conocimiento
jurídico y a la ausencia de recursos para contratar una nueva defensa, debían valorarse de
manera flexible y proporcional. Además, afirmó que la vulneración alegada no desapareció
con el paso del tiempo, porque la sentencia cuestionada sigue afectando su posibilidad de
acreditar ante terceros la experiencia laboral que asegura haber adquirido.
En relación con la subsidiariedad, sostuvo que la falta de interposición del recurso de
apelación no obedeció a una decisión personal de abandonar el proceso o aceptar la
sentencia, sino a la omisión de su anterior apoderado judicial. Explicó que, si bien presentó
queja disciplinaria contra dicho profesional, esa vía no repara la afectación constitucional
alegada, pues no le devuelve la posibilidad de que la sentencia sea revisada ni elimina los
efectos que, en su criterio, la decisión continúa produciendo sobre su vida laboral.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia impugnada y estudiar de fondo la acción de
tutela, con el fin de determinar si la providencia del 6 de septiembre de 2024 incurrió en
defecto fáctico por no valorar integralmente las pruebas relacionadas con su realidad
funcional.
5.2. Por auto proferido el 16 de junio de 2026 se concedió la impugnación8 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del mismo día9.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como
8 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 52001
23 33 000 2026 00104 00.
9 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 52001
23 33 000 2026 00104 01.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
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Accionante: Ángel María Zamora Burbano
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
6.2.1. El 22 de julio de 2022, el señor Ángel María Zamora Burbano promovió medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad de Nariño, con el
fin de obtener la nulidad del oficio REC-DIE-086 del 24 de marzo de 2022, mediante el
cual se negó la solicitud de reconocimiento de su realidad funcional. Como
restablecimiento del derecho, pidió el pago de las diferencias salariales derivadas de las
funciones que afirmó haber desempeñado en el área de laboratorios de química.
6.2.2. El asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto,
autoridad que, mediante sentencia del 6 de septiembre de 2024, negó las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. La providencia fue notificada el 9 de
septiembre de 2024.
6.2.3. Contra la sentencia del 6 de septiembre de 2024 procedía el recurso de apelación;
sin embargo, la parte demandante no lo interpuso dentro del término legal.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la impugnación, la Sala considera
necesario determinar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de inmediatez
y subsidiariedad, presupuestos que fueron analizados en la sentencia de primera
instancia para declarar la improcedencia del amparo.
La Sala advierte que dichos requisitos no se encuentran acreditados en este caso, de
acuerdo con las razones que pasan a explicarse.
6.3.1. Frente al requisito de inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 52001 33 33 007 2022 00125 00.
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Radicación: 52001 23 33 000 2026 00104 01
Accionante: Ángel María Zamora Burbano
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto
La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros15.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición16.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia 17 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
En el asunto bajo examen, la parte accionante cuestiona la sentencia del 6 de septiembre
de 2024, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
15 Sentencia T-584 de 2011.
16 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
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Accionante: Ángel María Zamora Burbano
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto
52001 33 33 007 2022 00125 00, promovido por Ángel María Zamora Burbano contra la
Universidad de Nariño.
En ese sentido, comoquiera que la sentencia del 6 de septiembre de 202418 fue
notificada el 9 de septiembre de 202419, y la acción de tutela fue radicada el 20 de mayo
de 202620, se desprende que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la
inmediatez, dado que fue promovida luego de transcurridos más de un año y ocho meses
desde la notificación de la providencia cuestionada.
Si bien el accionante sostuvo que la tardanza obedeció a su falta de formación jurídica, a
las dificultades de salud que atravesó y a la ausencia de recursos para contratar una
nueva defensa, tales circunstancias no justifican, en este caso, el amplio término
transcurrido para acudir al juez constitucional. Las historias clínicas aportadas dan cuenta
de padecimientos médicos y controles de salud, pero no acreditan una incapacidad o
imposibilidad real, continua y absoluta para ejercer oportunamente la acción. Además, el
desconocimiento del derecho y la falta de asesoría jurídica no desvirtúan, por sí solos, la
exigencia de acudir al amparo dentro de un término razonable.
6.3.2. Frente al requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable21.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable22.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
18 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 52001 33 33 007 2022 00125 00.
19 Visto en el índice 48 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 52001 33 33 007 2022 00125 00.
20 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 52001
23 33 000 2026 00104 01.
21 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
22 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
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judicial23: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
En el caso concreto, la parte accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia del
6 de septiembre de 2024, mediante la cual el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Pasto negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra la Universidad de Nariño.
No obstante, se encuentra acreditado que contra dicha providencia procedía el recurso
de apelación y que la parte demandante no lo interpuso dentro del término legal.
En ese sentido, la Sala advierte que el actor no agotó los mecanismos ordinarios de
defensa judicial que tenía a su alcance, circunstancia que impide la procedencia de la
acción de tutela, toda vez que este mecanismo no puede emplearse para revivir
oportunidades procesales que fueron dejadas de ejercer dentro del proceso ordinario.
Ahora bien, aunque el accionante atribuye dicha omisión a la actuación de su anterior
apoderado judicial, esa circunstancia no habilita por sí sola la procedencia de la acción
de tutela, pues no desvirtúa la carga procesal de ejercer oportunamente los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico. Además, la eventual responsabilidad disciplinaria
del abogado debe ser discutida ante la autoridad competente y no en sede constitucional.
Adicionalmente, no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que permita
la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio.
Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito general
de subsidiariedad.
En consecuencia, y sin que sea necesario descender a otras consideraciones, se
confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente el amparo por
incumplimiento de los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
23 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de julio
de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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