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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2001-00230-01

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2001-00230-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR los ordinales “SEGUNDO” y “TERCERO” de la Sentencia dictada el 14 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en esta providencia, los cuáles quedarán así: “SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas: Demandante Relación con la víctima Monto José Joaquín Losada Vega Hijo 150 smlmv Andrea del Pilar Losada Vidal Hija 150 smlmv 65 Consejo de Estado; Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Expediente. 26251. 66 El tribunal reconoció este perjuicio, liquidado sobre 1 salario mínimo porque, encontró acreditada la actividad productiva a que se dedicaba la víctima (médico homeópata), no así los ingresos que le generaba tal actividad. Sobre el reconocimiento y la tasación la Sala no encuentra reproche y, por eso, se limitará a actualizar los montos reconocidos. 67 Va = Vh (IPC Final/IPC Inicial). El IPC final es de agosto de 2023 (último certificado a la fecha de esta providencia): 135,39 y el IPC inicial, de noviembre de 2014 (fecha de la sentencia de primera instancia): 82,25. 68 Resultado de aplicar la fórmula adoptada por el Consejo de Estado al monto reconocido en primera instancia: Va = $51.087.009 x (135.39/82.25). 69 Va = $13.100.475 x (135.39/82.25). 70 Va = $3.345.034 x (135.39/82.25). 71 Va = $7.971.845 x (135.39/82.25). 21 de 22 Radicación número: 540012331000200100230 01(55690) Acumulado con 540012331000200101258 00 Actor: Aneth Vega Rizo y otros Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica Sentencia – Accede Carlos Andrés Lozada Hijo 150 smlmv Esteban Lozada Bautista Padre 150 smlmv Mariana Espinosa Rivera Madre 150 smlmv Ildeneber Losada Espinosa Hermano 75 smlmv Luz Mari Losada Espinoza Hermana 75 smlmv Herminso Pacheco Aguirre Hermano de crianza 75 smlmv Aneth Vega Rizo Tercero afectado 22.5 smlmv TERCERO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2001-00230-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de octubre de 2023

Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 01
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: muerte de civil durante masacre llevada a cabo por terceros – responsabilidad del
Estado por participación activa de miembros de la fuerza pública en los hechos.

Síntesis del caso: la víctima fue asesinada durante una toma por parte de paramilitares en
el corregimiento de La Gabarra. Se estableció que, para la ejecución de la masacre, las
personas al margen de la ley contaron con la colaboración de miembros de la fuerza
pública.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, en
contra de la Sentencia proferida el 14 de noviembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante el cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 129
del CCA, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida por un tribunal administrativo. El tribunal era competente
para conocer el proceso en primera instancia por su cuantía, según el
numeral 6 del artículo 132 del mismo Código.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante y trámite relevante en primera instancia
1.2. Posición de la parte demandada 1.3. Sentencia de primera instancia 1.4. Recurso de
apelación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

1.1. Posición de la parte demandante y trámite relevante en primera
instancia

1. El 23 de febrero de 2001, Aneth Vega Rizo y otros1 demandaron a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional2, con el
fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):

“1. Declárese responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional y Policía Nacional, de la totalidad de perjuicios morales, de vida en relación
y materiales (patrimoniales), que han venido padeciendo mis representados en este
proceso, como consecuencia del homicidio de que fue víctima JOSE JOAQUIN
LOSADA ESPINOSA, compañero permanente, padre, hijo, hermano y allegado de mis
poderdantes; deceso violento ocurrido el 21 de agosto de 1999 en el corregimiento
de La Gabarra, municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander; conducta
antijurídica de la que es responsable un grupo armado que actuó con el apoyo y
complicidad de miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional o, que
mínimamente, fue favorecido por las omisiones en el cumplimiento de los deberes
constitucionales y legales en las que incurrieron tanto efectivos del Ejército como de
la Policía Nacional".

2. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se reconocieran y
repararan los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Parentesco Monto
Lucro Aneth Vega Rizo Compañera permanente $288.000.000
cesante José Joaquín Losada Vega Hijo $138.000.000
Daño Esteban Losada Bautista Padre $3.000.000
emergente Todos los demandantes $500.000 a cada uno
Perjuicios Aneth Vega Rizo Compañera permanente 10000 smlmv
Morales José Joaquín Losada Vega Hijo 10000 smlmv
Marina Espinosa Rivera Madre 10000 smlmv
Esteban Losada Bautista Padre 10000 smlmv
Ildeneber Losada Espinosa Hermano 5000 smlmv
Luz Mari Losada espinosa Hermana 5000 smlmv
Herminso Pacheco Tercero interesado – 5000 smlmv
convivía con la familia
Alteración en Aneth Vega Rizo Compañera permanente $300.000.000
las José Joaquín Losada Vega Hijo $300.000.000
condiciones Marina Espinosa Rivera Madre $300.000.000
de existencia Esteban Losada Bautista Padre $300.000.000

3. El 21 de agosto de 2001, el abogado Tito Augusto Gaitán Crespo,
presentó demanda como agente oficioso de los menores Andrea del Pilar
Losada Vidal y Carlos Andrés Losada Vidal3 en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional4, con el fin de
que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):

“1. Declárese responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional y Policía Nacional, de la totalidad de perjuicios morales, de vida en relación
y materiales (patrimoniales), que han venido padeciendo mis representados en este
proceso, como consecuencia del homicidio de que fue víctima JOSE JOAQUIN
LOSADA ESPINOSA, padre de mis representados; deceso violento ocurrido el 21 de

1 Aneth Vega Rizo, quien actuó en nombre propio y en representación de su menor hijo José Joaquín Losada Vega;

Esteban Losada Bautista, Marina Espinosa Rivera, Ildeneber Losada Espinosa, Luz Mari Losada Espinosa y Hermiso
Pacheco.
2 Folios 7 a 26 del cuaderno 3.
3 Una vez iniciado el proceso, la señora Esther Ubaldina Palma Maldonado, en calidad de abuela y guardadora

de Andrea del Pilar y Carlos Andrés Losada, nombrada por el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, confirió
poder a ese abogado para que representara a los menores (Folios 44 a 53 del cuaderno 1). El 6 de febrero de
2008, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander reconoció al abogado Tito Augusto Gaitán Crespo como
apoderado judicial de los mencionados menores (Folio 54 del cuaderno 1).
4 Folios 3 a 18 del cuaderno 1.

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, departamento
de Norte de Santander; conducta antijurídica de la que es responsable un grupo
armado que actúo con el apoyo y complicidad de miembros del Ejército Nacional y
la Policía Nacional o, que mínimamente, fue favorecido por las omisiones en el
cumplimiento de los deberes constitucionales y legales en los que incurrieron tanto
efectivos del Ejército como de la Policía Nacional".

4. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se reconocieran y
pagaran los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Parentesco Monto
Lucro cesante Andrea del Pilar Losada Vidal Hija $58.500.000
Carlos Andrés Losada Vidal Hijo $68.700.000
Daño emergente Andrea del Pilar Losada Vidal Hija $500.000
Carlos Andrés Losada Vidal Hijo $500.000
Perjuicios Morales Andrea del Pilar Losada Vidal Hija 10000 smlmv
Carlos Andrés Losada Vidal Hijo 10000 smlmv
Alteración en las Andrea del Pilar Losada Vidal Hija $300.000.000
condiciones de existencia Carlos Andrés Losada Vidal Hijo $300.000.000

5. Mediante Auto de 9 de junio de 20115, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander decretó la acumulación del expediente con radicado
540012331000200101258006 al 540012331000200100230007.

6. Según las demandas, en el año 1999, el jefe paramilitar Carlos Castaño
anunció públicamente una arremetida contra la región del Catatumbo. El
29 de mayo de ese año, se presentó un primer intento de ingreso al
corregimiento de La Gabarra [en adelante, La Gabarra o el corregimiento]
por parte de los paramilitares. Ante esa situación, una comisión
interinstitucional visitó el municipio de Tibú para verificar la situación,
conminó a las fuerzas armadas y de policía a adoptar medidas de
prevención contra ataques a los corregimientos amenazados. El Ejército
Nacional dispuso la instalación permanente de miembros del Batallón de
Contraguerrillas “Héroes de Saraguro” en La Gabarra.

7. A pesar de lo anterior, el 17 de julio de 1999, paramilitares incursionaron
en el municipio de Tibú sin ningún tipo de resistencia por parte de los
miembros de la Policía, ni del Ejército Nacional, y masacraron a 13 personas.
El 11 de agosto siguiente, la Asociación para la Promoción Social “Minga”
solicitó al Ministerio de Defensa y comandantes de fuerzas militares y de
policía que protegieran a las personas de las zonas amenazadas,
especialmente de La Gabarra. Sin embargo, las acciones armadas de los
paramilitares continuaron, sin control por parte de la fuerza pública.

8. El 21 de agosto de 1999, las unidades militares de la base de La
Gabarrra hicieron presencia y ejercieron control rutinario en el lugar, pero, a
las 8:00 p.m. se retiraron y se concentraron en la base. A las 8:30 p.m.,
hombres armados y uniformados llegaron a la cabecera de La Gabarra,
recorrieron las calles, establecimientos y casas del corregimiento,
intimidaron a la población, robaron pertenencias y asesinaron a más de 20

5 Folios 386 y 387 del cuaderno 2.
6 En el que fungieron como demandantes Andrea del Pilar Losada Vidal y Carlos Andrés Losada Vidal.
7 En el que demandaron Aneth Vega Rizo y otros.

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

personas, entre ellas, José Joaquín Losada Espinoza, quien murió producto
de varios impactos con munición de arma de fuego, mientras se encontraba
en el Hotel del Río.

1.2. Posición de la parte demandada

9. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contestó las
demandas8. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque ningún
miembro al servicio de la entidad participó en la comisión de los hechos
objeto de la demanda. Señaló que, no se acreditó una falla en el servicio
que hubiera sido causante del daño alegado, pues los hechos fueron
llevados a cabo por terceros ajenos a las instituciones y expuso la relatividad
de la falla en el servicio. Formuló como excepción la falta de legitimación
pasiva en la causa porque los hechos fueron causados por grupos armados
al margen de la ley.

10. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la
demanda en el expediente 2001-12589. Expuso que no era posible endilgar
responsabilidad a la demandada en el presente evento porque el daño lo
ocasionó un tercero, lo cual rompió el vínculo causal. No se puede exigir a
la entidad la protección irrestricta de las personas, máxime cuando no se
han puesto en conocimiento de las autoridades sus circunstancias de riesgo.

1.3. Sentencia de primera instancia

11. Mediante Sentencia de 14 de noviembre de 201410, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Declaró la responsabilidad del Ejercito
Nacional y la Policía Nacional por los perjuicios causados con la muerte
violenta de José Joaquín Losada Espinoza, el 21 de agosto de 1999, en el
corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander.

12. Consideró que el Ejército Nacional debía responder por el daño,
porque sus agentes fallaron al deber que tenía de proteger a las personas y,
por el contrario, permitieron deliberadamente que grupos al margen de la
ley masacraran a la población indefensa de La Gabarra. Por su parte, la
Policía Nacional omitió su deber de protección porque no envió miembros
de la institución al corregimiento, con el fin de que combatiera la situación
de emergencia previsible y anunciada que vivieron los pobladores. De estas
actuaciones extrajo la connivencia de las autoridades con grupos
paramilitares en los hechos en que murió José Joaquín Lozada Espinosa.

13. Condenó al pago de 300 smlmv para los hijos (3) y padres de la víctima
y 150 para sus hermanos por concepto de perjuicios morales. Por lucro
cesante consolidado ordenó el pago de $51.087.009 para cada uno de los
hijos y, liquidó el lucro cesante futuro sobre el salario mínimo hasta que cada

8 Folios 55 a 60 del C.1. y 48 a 54 del C.3.
9 Folios 68 a 72 del C.1.
10 Folios 470 a 492 del cuaderno principal.

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

uno de los hijos cumpliera 25 años ($13.100.475 a José Joaquín Losada Vega,
$3.345.034 para Andrea del Pilar Lozada Vidal y $7.791.845 para Carlos
Andrés Lozada Vidal). Ordenó, como medidas de reparación no pecuniaria
por la violación a los derechos humanos de que fue víctima José Joaquín
Lozada Espinosa, una declaración oficial en que se informara que la muerte
del señor Losada Espinosa ocurrió como consecuencia de omisiones de la
fuerza pública; que se divulgara este fallo en los batallones y brigadas del
Ejército Nacional, así como en su página web; y que, en ceremonia se
presentaran excusas a los familiares de la víctima.

1.4. Recursos de apelación y trámite relevante en segunda instancia

14. La parte demandante, en su recurso de apelación, expuso su
inconformidad con la denegación de algunas pretensiones11. Adujo que no
se debió excluir como perjudicada a Aneth Vega Rizo quien acreditó que
era la compañera permanente de la víctima directa al momento de su
deceso. Adujo que existía un indicio porque el hijo en común de la
demandante y la víctima, al momento del deceso tenía menos de 3 años.
Aneth Vega, en la declaración juramentada ante la Fiscalía expuso que
convivía con José Joaquín Losada desde hacía más de 5 años, también, la
Agencia para la Acción Social certificó que era la compañera permanente
de la víctima, por lo que la declaró beneficiaria de una reparación
administrativa.

15. La prueba más importante del vínculo eran los testimonios de José
Eduardo Rodríguez Vera y Marco Fidel Cuéllar Reyes, los cuales fueron
solicitados, pero, por causas atribuibles a la demora en las actuaciones
judiciales, al momento de la práctica de la prueba “habían sido afectados
por la crisis humanitaria que conmovió a Cúcuta: uno fue victimizado de
manera gravísima, y el otro forzado a migrar, lo que impidió que atendieran
el llamado de la judicatura”.

16. También expuso su inconformidad con la negación del daño a la
salud causado a los hijos de la víctima, porque si bien no se solicitaron esos
perjuicios en la demanda, se pidió el daño a la vida de relación y, lo pedido
por esa tipología se adecúa al daño a la salud y, a los entonces menores, se
les causó un grave daño en su desarrollo psicológico y emocional, mismo
que se ha incrementado con el paso del tiempo.

17. La Policía Nacional solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia
y que se le absolviera de responsabilidad12. Manifestó que no había prueba
de su responsabilidad porque la muerte de la víctima se produjo por actos
de un grupo al margen de la ley y, por ende, se configuró el hecho exclusivo
de un tercero. Que, por los mismos hechos, ya el Tribunal de Norte de
Santander había exonerado de responsabilidad a esa entidad.

11 Folios 514 a 524 del cuaderno principal.
12 Folios 495 a 506 del cuaderno principal.

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

18. De otra parte, sostuvo que las obligaciones de protección de la
población eran de medio, el Tribunal debió valorar que la fuerza pública en
esa zona se enfrentaba a constantes ataques por grupos al margen de la
ley y, a pesar de ello, hacía lo que estaba a su alcance para evitar ese tipo
de acciones. En tal sentido, no se demostró responsabilidad de la policía, ni
por acción, ni por omisión y, consecuentemente, solicitó que se revocara la
decisión y se le exonerara de responsabilidad.

19. El Ejército Nacional solicitó que se revocara la decisión13. Señaló que,
contrario a lo concluido por la primera instancia, se logró establecer que se
trató del hecho de un tercero que rompió la causalidad y, por ende, no
había lugar a imputar responsabilidad al Estado. Adujo que al Ejército no le
correspondía brindar protección individualizada a particulares y no había
lugar a responsabilidad objetiva.

20. También expuso inconformidad con el monto de los perjuicios morales,
ya que excedieron los lineamientos planteados por el Consejo de Estado, así
como frente al hecho de que se homologara el perjuicio por alteración a las
condiciones de existencia si se trataba de un fallecido.

2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisión de la Sala; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3.
Perjuicios; 2.4. Costas.

2.1 Exposición del caso y decisión de la Sala

21. La Sala encuentra que las acciones se ejercieron en tiempo14 y
satisfacen los presupuestos procesales para decidir de fondo. La decisión de
primera instancia será confirmada, de manera parcial, porque se
encuentran demostrados los elementos que configuran la responsabilidad
patrimonial del Estado por los hechos en que falleció José Joaquín Lozada
Espinosa. Se incluirá en los beneficiarios de la condena a Aneth Vega Rizo
porque las pruebas allegadas al expediente permiten establecer su calidad
de afectada y, finalmente, se modificará lo referente al reconocimiento de
perjuicios.

2.2. Análisis sustantivo

22. De conformidad con la materia de los recursos de apelación, el orden
de las consideraciones que motivan esta decisión será el siguiente: Primero,
se definirá el daño acreditado, luego se establecerá la causalidad entre ese
daño y la falla en el servicio que hace imputable la responsabilidad por estos
hechos a las entidades demandadas, derivada de la participación activa
en ellos. Finalmente, se revisarán los perjuicios materiales reconocidos en
primera instancia por la muerte de José Joaquín Lozada Espinosa.

2.2.1. El daño

13 Folios 525 a 528 del cuaderno principal.
14 Los hechos en que falleció José Joaquín Lozada Espinosa ocurrieron el 21 de agosto de 1999 y las demandas se

presentaron el 23 de febrero y el 21 de agosto de 2001.

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

23. Está acreditado que José Joaquín Lozada Espinosa falleció el 21 de
agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú,
Norte de Santander. La muerte ocurrió como consecuencia de impactos de
munición de arma de fuego15.

2.2.2. La participación de las entidades demandadas en la producción del
daño

24. La muerte de José Joaquín Lozada Espinosa se produjo como
consecuencia de una incursión de grupos de autodefensas al corregimiento
de La Gabarra16. De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente se
estableció que las acciones de ese grupo armado al margen de la ley eran
previsibles para las entidades demandadas pues, desde tiempo antes, las
autodefensas se establecieron en el sector de La Gabarra, ya habían
perpetrado acciones violentas contra los pobladores, y desde ese lugar
adelantaban sus operaciones. Se acreditó también que, esa presencia de
los miembros del grupo al margen de la ley fue conocida por autoridades
como la gobernación de Norte de Santander17, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander, el Ministerio del
Interior, la Policía y el Ejército Nacional18, sin que se garantizara presencia
institucional permanente en el lugar19. Además, el 16 de junio de 1999, el
comité coordinador de las comunidades desplazadas del Catatumbo
remitió un comunicado a la Presidencia de la República, con copia a

15 Así se acreditó con el acta de inspección judicial con levantamiento de cadáver (Folios 125 a 127 CP. 1) junto

con el álbum fotográfico 748 en folios 54 y 55 (Folios 179 y 180 CP.1). Además de la copia del registro civil de
defunción y el certificado de defunción aportados (Folios 21, 22 y 129 del cuaderno 1).
16 Así lo informó el Ejército Nacional mediante comunicado de 22 de agosto de 1999, en el que se consignó

erróneamente el apellido como Lozano (Folios 283 y 284 del cuaderno 31). Igualmente, en el oficio allegado por
el Ejército Nacional el 5 de noviembre de 2008, informó que José Joaquín Lozada Espinosa fue asesinado por un
grupo de autodefensas el 21 de agosto de 1999 en el casco urbano del corregimiento de La gabarra (Folios 99 y
100 del cuaderno 1). En el mismo sentido se evidencian los informes y denuncia presentados por el comandante
del Batallón de Contraguerrillas 46 y el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional (Folios 361 a 371
del cuaderno 2 y 50 a 52 del cuaderno 31) y el Informe de la comisión interinstitucional que visitó La Gabarra, de
24 de agosto de 1999 (Folios 64 a 68 del cuaderno 3).
17 De acuerdo con oficios de 26 de agosto y 2 de septiembre de 1999, suscrito por el gobernador encargado de

Norte de Santander, “Durante los meses de junio y julio del año en curso, se produjo en los corregimientos de LA
GABARRA y de CAMPO DOS una de las masacres que se pueden calificar dentro del Derecho Internacional
Humanitario, como delito de "lesa humanidad", lo cual ameritó que el doctor Andrés Pastrana Arango Presidente
de la República, se desplazara a la capital de éste Departamento y presidiera el Consejo de Seguridad Nacional,
el día 19 de agosto, en el cual se estimó la adopción de medidas de protección ante las constantes arremetidas
de los grupos alzados en armas y, para el caso sub- examine por parte de las denominadas Autodefensas Unidas
de Colombia, como ya se confirmó, y quienes sin el mínimo respeto por la vida humana ajusticiaron a labriegos y
campesinos de la región, bajo el pretexto de "ser colaboradores de la guerrilla"” (Folios 69, 70, 76 y 77 del cuaderno
3). Esta información se corrobora también en oficio 14869 de 9 de junio de 1999 (Folios 37 y 38 del cuaderno 5).
18 En oficio de 8 de junio de 1999, del comando general de las Fuerzas Militares, se informó a la Viceministra de

América y Soberanía Territorial de la situación en el corregimiento de La Gabarra. Allí se indicó que se habían
presentado diferentes acciones ilícitas por parte de grupos armados al margen de la ley, entre 24 de marzo y 5 de
junio de 1999, entre ellas, “la muerte de 7 personas y la desaparición de otras 30, en el área de Tibú y La Gabarra
(N.S.)”, así como el desplazamiento de más de 2000 personas de ese sector hacia Venezuela, que fueron
deportadas por las autoridades de ese país (Folios 27 a 29 del cuaderno 5).
A partir del 1° y hasta el 8 de junio de 1999, el alcalde de Tibú decretó toque de queda a partir de las 9 de la noche
en la comprensión municipal del pueblo, en atención a la delicada situación de orden público y, dispuso que las
autoridades militares y de policía velarían por el cumplimiento de lo dispuesto para garantizar la seguridad de la
población (Folios 60 a 66 del cuaderno 40).
19 En los cuadernos 5 y 6 se evidencian oficios con cruce de información entre las mencionadas autoridades, en

los cuáles se establece claramente que estaban plenamente enteradas de la situación que padecían los
habitantes de La Gabarra. Además, a folios 117 y 118 del cuaderno 10 se evidencia que el vicepresidente de la
República de esa época comunicó al Ministerio de Defensa sobre la presencia de autodefensas en la vereda la
Vetas y la aparente participación de miembros de la fuerza pública en los hechos pues, a pesar de estar
acantonados 300 soldados en el casco urbano de La Gabarra, no se tomaban acciones para enfrentar a dicho
grupo, que se encontraba a tan solo 17 kilómetros.

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Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

diferentes autoridades, en el que informó de los ataques y amenazas de que
habían sido objeto hasta ese momento. Al respecto señalaron (se trascribe):

“Desde finales del mes de Mayo hemos sido víctimas de las acciones de terror y
muerte realizadas por grupos paramilitares, dejando un saldo trágico de asesinatos y
desapariciones de la población civil indefensa. Esta grave situación unida a la
amenaza de realizar masacres contra varias comunidades de la región, generó un
desplazamiento masivo de población hacia otros lugares del departamento y a más
de 3.000 personas a tener que buscar refugio y protección en el vecino país de
Venezuela, para salvar nuestras vidas.

Desafortunadamente, señor Presidente, tuvimos que pedir amparo a las autoridades
venezolanas, porque en ningún momento sentimos la voluntad de acción de la Fuerza
Pública de Colombia, para evitar las incursiones de estos grupos y sus ataques contra
la población civil desamparada. Por el contrario testigos directos que sufrieron en
carne propia estos ataques y vieron con sus ojos como asesinaban, detenían y
desaparecían personas en el retén paramilitar del 29 de mayo, no se explican cómo
estos grupos actuaban sin que las autoridades hicieran algo por repeler estas
acciones.

Así mismo, las comunidades tampoco nos explicamos cómo los grupos paramilitares
se desplazaron en camiones y atravesaron como Pedro por su caso por lugares donde
permanentemente se ubican retenes militares y policiales y menos aún, que no se
tomaron medidas preventivas por parte de la Fuerza Pública, cuando el jefe
paramilitar Carlos Castaño había anunciado desde tiempo atrás, que se tomaría el
Catatumbo a como diera lugar.
(…)
Sin embargo, nos ha preocupado mucho el tratamiento que ha dado el gobierno
colombiano a nuestra situación. El pasado viernes los refugiados que estábamos en
Casigua, en la sede de la Guardia Nacional, cuando llegó la delegación de las
autoridades colombianas, compuesta por la Secretaria de Gobierno del
Departamento y el Jefe de Seguridad del Departamento de Norte de Santander y los
militares colombianos, sufrimos los regaños y amenazas de estos últimos por las
denuncias que hacíamos de la situación en nuestra región, fuimos trasladados a
Cúcuta de manera rápida, bajo promesas que iban a garantizar la protección a
nuestras vidas y el retorno al Catatumbo. Los militares colombianos se
comprometieron a garantizar el control de los grupos que nos están asesinando y a
trasladarnos por vía aérea al Catatumbo”20.

25. Debido a la presencia de las autodefensas, el 10 de junio de 1999 se
llevó a cabo el Foro por la Paz en Tibú, con la participación de la comunidad
y diferentes autoridades, entre ellas, el Ejército y la Policía Nacional, en el
que se expuso la difícil situación de orden público que se presentaba en la
zona. Además, la comunidad del Catatumbo denunció ante diferentes
autoridades colombianas e internacionales, entre ellas el Ejército Nacional,
la connivencia entre tropas de este y grupos paramilitares para perpetrar
una masacre en La Gabarra, el 29 de mayo de 1999 porque (se trascribe):

“El grupo de paramilitares entró a la zona por la única vía de acceso al corregimiento
de la Gabarra. En esta vía se encontraban instalados dos retenes del ejército, el
primero del grupo maza en el corregimiento la Yé municipio de El Zulia y otro reten en
La Cuatro, municipio de Tibú, por tropas del Batallón Héroes de Saraguro. El grupo de
paramilitares se movilizaban en seis camiones y entraron exactamente por esa misma

20 Folios 73 a 75 del cuaderno 5.

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

vía. En Refinería existía un puesto de policía con más de 30 uniformados y ese día
precisamente se fueron de ese puesto dichos agentes.

Los comandantes de los batallones Grupo Maza y Héroes de Saraguro han informado
de combates con los paramilitares lo que realmente es mentira. Este camino está en
el mismo lugar donde se produjo la masacre a escasos cinco minutos del Batallón
Héroes de Saraguro y mantiene bloqueada la región”21.

26. Debido a los desplazamientos masivos, el 8 de julio de 1999 se
conformó una comisión humanitaria de verificación en los corregimientos de
La Gabarra y Río de Oro en el municipio de Tibú22. En dichas reuniones se
escucharon los testimonios de los desplazados, quienes expusieron los
hechos que se venían presentando y que configuraban violaciones a los
derechos humanos. Entre otras cosas, informaron que había presencia de
autodefensas en el caserío Las Vetas, aproximadamente a una hora del
casco urbano de La Gabarra. Como una de las conclusiones de la comisión,
se consignó la preocupación de personas de la comunidad por la
“complicidad y colaboración de las Fuerzas Armadas y las llamadas
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” y se constató que los
grupos paramilitares se encontraban desde el 29 de mayo de ese año a lo
largo de la carretera que comunicaba a La Gabarra con Tibú23.

27. Igualmente, el 19 de julio de 1999 se llevó a cabo un consejo de
seguridad en el municipio de Tibú24 para analizar la situación de orden
público del municipio, debido a los hechos ocurridos el 17 de julio en que,
por acción de las autodefensas murieron 11 personas y había otras
desaparecidas. Allí se cuestionó el papel de la fuerza pública en la
protección de la población civil y, tanto el personero municipal como el
alcalde y un concejal del municipio, en nombre de la comunidad,
rechazaron las acciones adoptadas por tales autoridades. Señalaron que a
pesar de que los hechos estaban anunciados y, las personas armadas al
margen de la ley estuvieron alrededor de una hora en el pueblo, ni la policía
ni los militares acudieron en defensa de la población. A su vez, los
representantes de la fuerza pública se comprometieron a mantener la
presencia institucional en Tibú y La Gabarra25.

28. Diferentes versiones corroboraron que era conocido por las
autoridades y la población en general la presencia de paramilitares en la
zona desde mayo de 1999 y que estos instalaban retenes ilegales en la vía a
La Gabarra, cerca de los puestos de control que instalaba el Ejército

21 Ver folios 78 a 86 del cuaderno 6.
22 Hacían parte de esa comisión, la Procuraduría Departamental de Norte de Santander, Defensoría del Pueblo,

oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados-ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vice-
Presidencia de la República, Red de Solidaridad Social, la Gobernación de Norte de Santander y las ONG MINGA,
ANDAS y CODHES.
23 Folios 70 y 71 del cuaderno 8 y 113 a 115 del cuaderno 10.
24 A ese consejo de seguridad asistieron representantes del Ejército y la Policía Nacional, el defensor regional del

pueblo, el alcalde y el personero de Tibú, el obispo de la diócesis y 2 concejales de ese municipio.
25 Folios 98 a 100 del cuaderno 7. Además, el comandante del Batallón 46 “Héroes de Saraguro” informó al

gobernador de Norte de Santander que conocía de la presencia de autodefensas en Tibú, específicamente lo
que afectaba a la vía que conducía a La Gabarra (Folios 29 y 30 del cuaderno 39).

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Nacional26, retenes que efectivamente se instalaron, según lo certificó el
mismo comandante del Batallón de Contraguerrillas 46 “Héroes de
Saraguro”.

29. Respecto de la manera en que ocurrieron los hechos del 21 de agosto
de 1999, día en que falleció José Joaquín Lozada Espinosa, según la
información recaudada por la comisión interinstitucional que visitó el
corregimiento de La Gabarra el 24 de agosto de 199927 (se trascribe):

“Respecto de la secuencia de los hechos violentos se precisó que el sábado 21 de
agosto, hacia las 8:45 p.m. incursionó a la cabecera del corregimiento un grupo
compuesto aproximadamente por cerca de 150 hombres -según se informa-
pertenecientes presuntamente a las autodenominadas Autodefensas Unidas de
Colombia, ingresando por la vía que de La Gabarra conduce al sitio conocido como
La Cuatro. De acuerdo con algunas versiones, el grupo armado ilegal permaneció en
el área urbana de la Gabarra por espacio de una hora y veinte minutos; lapso durante
el cual desplegaron todo su accionar violento.

A la hora señalada, se comenzó a escuchar por parte de sus habitantes detonaciones
y ráfagas de ametralladoras, lo mismo que golpes en distintas residencias y
establecimientos de la localidad”.

30. En el mismo sentido, los días 14 al 17 de septiembre de 1999, el señor
Héctor Alirio Quevedo Rangel28 declaró bajo la gravedad de juramento,
ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación, que hasta unos momentos antes de la masacre se encontraban
miembros del Ejército Nacional en las calles de La Gabarra, que desde el
punto de vista de los moradores del corregimiento, hubo colaboración de
los militares por su permisividad en la masacre y que, a pesar de haber
sucedido los hechos en la noche del 21 de agosto, solo volvieron a ver
militares en el lugar hacia las 9 o 10 de la mañana del día siguiente. Adujo
que la única vía de acceso terrestre al corregimiento era la que conducía a
Tibú, en la que, normalmente, había un retén militar. Los paramilitares
llegaron en vehículos por esa vía. Además, que la presencia de los
paramilitares en la zona era notoria y que el Ejército Nacional conocía de
ello, los retenes que hacían los paramilitares eran cercanos a los del ejército,
pero el comandante de la base militar les había dicho que no combatiría a
ese grupo y que “el que la deba que la pague”.

26 Entre ellas, las declaraciones de Ana Sofía Pico Vega (141 a 143 del cuaderno 33), Magnolia del Socorro Delgado

Salazar (Folios 259 a 269 del cuaderno 34 y 2 a 11 del cuaderno 35), el entonces alcalde de Tibú, Paúl Centeno
Porras (Folios 82 a 89 del cuaderno 34), Senén Sánchez Medina (Folios 20 a 24 del cuaderno 13) y Orlando
Avendaño (Folios 208 a 215 del cuaderno 35). El señor José Enrique Gutiérrez Vaca manifestó, además, que era
transportador y, por esa razón, le constaba que los retenes del Ejército eran permanentes en la entrada a La
Gabarra (Folios 132 y 133 del cuaderno 35).
27 La Comisión Interinstitucional estaba conformada por un delegado de la Oficina del Alto Comisionado para los

Derechos Humanos, una delegada del Ministerio del Interior, tres delegados de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación, tres delegados de la Procuraduría General de la Nación, tres
delegados de la Defensoría del Pueblo y una delegada de una ONG de derechos humanos. El informe se
encuentra en los folios 64 a 68 del cuaderno 3.
28 Folios 27 a 60 del cuaderno 33. El declarante se encontraba en el corregimiento el día de los hechos y manifestó

haber percibido las circunstancias previas y posteriores, además de haber vivido la zozobra y observado algunas
de las acciones sucedidas. La declaración fue ampliada el 30 de septiembre y 26 de octubre siguientes (Folios 96
a 100 del cuaderno 33 y 67 a 71 del cuaderno 34).

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31. En lo atinente a la responsabilidad del Ejército Nacional, el 12 de
septiembre de 2007, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia declaró al Capitán del Ejército Nacional Luis Fernando Campuzano
Vásquez coautor penalmente responsable por homicidio agravado y
concierto para delinquir por estos mismos hechos porque, de acuerdo con
las pruebas recaudadas, cuando ostentaba el rango de teniente del Ejército
Nacional y, en ejercicio de sus funciones, “permitió que las AUC actuaran
como a bien tuvieran, como lo venían anunciando, y se comprometió, y así
lo hizo saber, a no combatirlas y a dejar que hicieran lo que quisieran con la
población civil, porque ‘el que la debe que la pague’”29. La Procuraduría
General de la Nación también lo sancionó por la comisión de tres faltas
disciplinarias “dejar de perseguir al enemigo, no prestar el auxilio requerido”,
“omisión de funciones” e “incumplimiento de órdenes”30.

32. Igualmente, en el documento de inteligencia denominado “Análisis
sobre los hechos sucedidos en la jurisdicción de la Gabarra municipio de
Tibú” se consignó información relacionada con los autores materiales y con
la posible connivencia de un miembro del Ejército Nacional con grupos
paramilitares, en los siguientes términos (se trascribe):

“Informaciones de inteligencia, permiten establecer que el grupo que incursionó en
la zona de Catatumbo (Norte de Santander), estaría conformado por integrantes del
bloque Norte de las ACCU Frente la Gabarra e integrantes de la AUSAC (procedentes
de Santander y sur del Cesar), los cuales se dividieron en cuatro frentes de choque,
situación que se evidencio con la masacre de 39 personas, ejecutada los días 21 y 22
de agosto de 1999.
(…)
En declaración hecha por el señor MY. MAURICIO LLORENTE CHAVEZ Comandante
del Batallón Héroes de Saraguro, acantonado en el municipio de Tibú (Norte de
Santander), ante la comisión interinstitucional conformada por representantes de la
Oficina de Atención y trámite de quejas de la Presidencia de la república, Defensoría
del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Derechos Humanos, entre otras
ONG'S, manifestó que el día 29 de mayo del año en curso, el Comandante de la
Estación de Policía Tibú, le había comentado, que él (CT. GUTIERREZ), había
coordinado lo necesario para la llegada de Grupos de Autodefensas a la zona.
Señala así mismo que el mencionado oficial habría recibido un grupo en el
aeropuerto de la localidad de Tibú y los otros habrían llegado en vehículos desde el
departamento del Cesar”31.

33. La referida comisión interinstitucional que visitó La Gabarra el 24 de
agosto de 1999 consignó en su informe, respecto de la posible participación
de fuerzas institucionales en los hechos (se trascribe):

“Se deja constancia de la información que se recibió en el sentido de que en el
kilómetro sesenta, - a menos de 2 kilómetros de la base militar de La Gabarra, el día
sábado 21 de agosto se efectuó un retén por parte de las Autodefensas Unidas de
Colombia.

29 La providencia de la Sala de casación Penal de la Corte Suprema de Justicia puede verse en los folios 209 a 338

del cuaderno 3.
30 Según fallos disciplinarios de primera (Folios 48 a 68 del cuaderno 11) y segunda instancia (Folios 82 a 97 del

cuaderno 11).
31 Documento de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Folios 107 y 108 del cuaderno 10).

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De igual forma, la comisión fue enterada por varios habitantes del casco urbano de
que el retén del Ejército Nacional que se realiza usualmente a la entrada del pueblo
por la vía a Tibú-, fue levantado hacia las 8 de la noche del sábado 21, e igualmente
los efectivos que patrullaban las calles de la localidad se retiraron dicho día hacia la
base militar a las 8:10 p.m.

Por otra parte, esta comisión conoció 2 versiones sobre si hubo o no hubo ataque a
la base militar de La Gabarra la noche del sábado 21 por parte del grupo al margen
de la ley que efectuó la incursión. La de la fuerza pública que sostiene que al
momento de los hechos fue atacada dicha base por parte del grupo mencionado.
La otra versión, que proviene de algunos habitantes que señala que el Ejército
Nacional allí acantonado disparó al aire, lanzó luces de bengala y artefactos
explosivos sobre las laderas del río Catatumbo, ubicado contiguo a la base. En ningún
momento hubo enfrentamiento armado ni el Ejército hizo presencia en el sitio donde
se estaba llevando a cabo la masacre”.

34. De esa misma visita, la Defensoría del Pueblo también presentó un
informe, en el que también da cuenta de la posible colaboración de las
autoridades con el grupo al margen de la ley para la ejecución de los
hechos delictivos, así (se trascribe):

“La Queja más generalizada se relaciona con la presencia de las Autodefensas en
ese municipio, con la mirada complaciente de la fuerza pública. En tal sentido se
señala que cuando ese grupo armado ilegal llegó a la región, se evidenció la
colaboración de la Policía Nacional. Se puso de presente en la reunión que se han
observado avionetas comerciales llegando con personal armado a la pista de Tibú y
que en algunas ocasiones -el 20 y 21 de agosto- han sido recogidos por miembros de
la Policía Nacional, para continuar luego su recorrido por la vía que conduce a La
Gabarra.

De igual manera, se afirma que por las vías que de Tibú conducen al corregimiento
de La Gabarra y de esta localidad a la ciudad de Cúcuta, las Autodefensas tienen
montados retenes permanentes desde hace varias semanas lo que les permite operar
a escasa distancia de los retenes y las bases que instala el Ejército Nacional.
(…)
Los hechos mencionados, según los denunciantes, han conducido a que en los
actuales momentos la comunidad entera del municipio de Tibú desconfíe
absolutamente de la Fuerza Pública. No creen en ella y, por el contrario, se teme que
las acciones de las Autodefensas cuenten con la colaboración directa de algunos de
sus miembros. Por tal circunstancia, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional
en el sentido de aumentar el pie de fuerza para la zona no la perciben como una
solución, sino como un hecho que seguramente ahondará la crisis de derechos
humanos que se vive en la región. Algunos de los participantes manifestaron que si los
Comandantes de la Fuerza Pública tuvieran voluntad de combatir a las Autodefensas
con las unidades militares y de policía con que se cuenta, sería suficiente para
contrarrestar la arremetida paramilitar y la presencia guerrillera en la zona”32.

35. En declaración rendida ante la Procuraduría General de la Nación, el
alcalde del municipio de Tibú para la fecha de los hechos declaró que, en
los consejos de seguridad había solicitado apoyo de la Policía y el Ejército
Nacional para la protección de la población de La Gabarra y que, de

32 Folios 61 a 69 del cuaderno 33.

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acuerdo con lo que le había informado la corregidora de La Gabarra, existía
complicidad entre las autodefensas y miembros del Ejército Nacional33.

36. Se encuentra probado también que, para el día de los hechos, no
había presencia de personal de la Policía Nacional en La Gabarra34. En un
oficio de 25 de agosto de 1998, el comandante del Departamento de
Policía de Norte de Santander expuso las razones para el retiro del personal
(se trascribe):

“Respetuosamente me permito informar a mi General, que la Estación de Policía La
Gabarra, perteneciente al Quinta distrito Tibú fue desactivada teniendo en cuenta
los siguientes motivos:

La base militar que existía en esta zona fue retirada, debido a la falta de colaboración
de sus habitantes.

La Policía no contaba con el apoyo de las autoridades Administrativas y no existía la
más mínima colaboración de sus habitantes ni en amistad ni trato, por lo tanto la labor
policial no era integral, no había desarrollo efectivo de su servicio y su misión era
limitada, debido al accionar de grupos narco-guerrilleros que operan en la región,
perdiéndose la filosofía Policía - Comunidad.

Las instalaciones son de propiedad del municipio, su construcción es en bloque de
cemento y piedra, techo de zinc, encontrándose completamente deteriorada sin
ofrecer comodidades para el personal policial y garantía de seguridad, el personal se
encontraba en un hacinamiento total y el vecindario es pésimo, está enmarcado por
establecimientos públicos como cantinas bares, prostíbulos, billares que generaban
condiciones altísimas de inseguridad.

Las vías de penetración a este corregimiento se encuentran en total abandono y falta
de mantenimiento por parte del municipio de Tibú, la movilización de personal a este
lugar es difícil por vía terrestre y únicamente se hace a través de vía aérea, se facilitan
atentados terroristas y emboscadas. El apoyo aéreo se basa únicamente con
Ecopetrol, cuando hay disponibilidad de la nave”35.

37. El 26 de agosto de 1998, el gobernador de Norte de Santander solicitó
al comandante de las fuerzas militares, al comandante del Ejército Nacional
y al director de la Policía Nacional que reconsideraran la decisión de retirar
las tropas del corregimiento de La Gabarra y otras zonas aledañas, que
habían sido retiradas, e incrementar el pie de fuerza en el departamento,
entre otros motivos, por la masacre del 21 de agosto36. Igualmente, el 30 de

33 Folios 63 a 65 del cuaderno 8. Esta información coincide con lo manifestado por el entonces gobernador (Folios

66 a 68 del cuaderno 8) y la Secretaria del Interior de Norte de Santander (Folios 76 a 79 del cuaderno 8), ante esa
misma autoridad.
34 Así se establece mediante oficio 641 de 18 de julio de 2005, del comandante del Sexto Distrito de Policía de Tibú

(Folio 156 del cuaderno 3) y, de acuerdo con lo informado por el comandante de la Estación de Policía de La
Gabarra, “para el año dos mil y en especial los meses de mayo y septiembre del año 1.999 este Corregimiento y
su sona (sic) rural era una región en disputa territorial entre grupos armados ilegales ONT-FARC y Paramilitares AUC”
(Folio 157 del cuaderno 3).
Así también lo informó el comandante de policía de Norte de Santander en oficio 1590 de 3 de junio de 1999 “20-
08-98. LA GABARRA Tibú En fecha fue desactivada la Estación de policía La Gabarra, ante el retiro de la Base Militar
de esa localidad, la falta de colaboración de los habitantes y de las autoridades administrativas. El personal se
encontraba en hacinamiento por la mala calidad de las instalaciones, construidas en tabla y en estado de
deterioro, pésimo vecindario por la existencia de billares y otros negocios similares en los alrededores, generando
un alto grado de riesgo.” (Folios 91 a 94 del cuaderno 7).
35 Folios 158 y 159 del cuaderno 3.
36 Folios 55 a 61 del cuaderno 7. Igualmente, en declaración rendida ante la Procuraduría General de la Nación,

el entonces asesor de seguridad y de orden público de la Gobernación de Norte de Santander, Iván Figueredo
Bautista señaló que, para e 1999, antes de los hechos, desde la gobernación de ese departamento se habían

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junio de 1999, el comandante del Departamento de Policía de Norte de
Santander manifestó al director administrativo y financiero de esa institución,
la necesidad de reactivar la subestación del corregimiento de La Gabarra
y solicitó la dotación necesaria con ese fin37.

38. Solo con posterioridad a la ocurrencia de la masacre en que falleció
José Joaquín Lozada Espinosa, el director de la Policía Nacional, mediante
el Instructivo 777 de 23 de agosto de 1999, ordenó la reinstalación inmediata
del servicio de Policía en el Corregimiento de La Gabarra38.

2.2.3. La imputación

39. Por mandato constitucional, las autoridades de la República están
instituidas “para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”39. En principio, se ha dicho que las autoridades no están
llamadas a responder por hechos de terceros. Sin embargo, en casos como
el presente, en que se acredita la participación de miembros de la fuerza
pública, por acción y por omisión, en la causa del daño, es el Estado el
llamado a responder por los perjuicios causados a las víctimas, a título de
falla en el servicio40.

40. Efectivamente, a pesar de que las entidades alegaron a lo largo del
proceso que, los hechos les eran inadvertidos y que, se trataba de acciones
deliberadas de terceros, al punto que son los argumentos planteados en sus
recursos de apelación, se logró acreditar, en primer lugar, la participación
activa de miembros de la fuerza pública en los hechos del 21 de agosto de
1999, públicamente conocidos como la masacre de La Gabarra, en la que
murió, entre otras personas, José Joaquín Lozada Espinosa.

41. En primer lugar, de acuerdo con las pruebas recaudadas se
estableció que, desde el 29 de mayo de 1999, las autoridades, entre ellas el
Ejército y la Policía Nacional, tenían conocimiento de la presencia de grupos
paramilitares en la zona del Catatumbo, más exactamente en el municipio
de Tibú y, en especial, en el corregimiento de La Gabarra. También sabían
de la instalación de retenes ilegales por parte de ese grupo al margen de la
ley en la vía que del pueblo conducía a ese corregimiento. A pesar de lo
anterior, no hicieron algo para prevenir ni evitar la masacre41.

emitido numerosas comunicaciones en que se solicitaba a las fuerzas armadas (Ejército y Policía) que hicieran
presencia y garantizaran la seguridad en La Gabarra y otras zonas cercanas (Folios 60 a 63 del cuaderno 8).
37 Folio 162 del cuaderno 7.
38 Folios 150 a 155 del cuaderno 3 y 101 a 113 del cuaderno 7.
39 C.N. Artículo 2. Inciso 2.
40 Al respecto, entre otras sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se pueden ver las de la

Subsección B, de 31 de agosto de 2017. Radicado:13001-23-31-000-2001-01492-01(41187) y de 17 de marzo de 2021.
Radicado: 08001-23-31-000-2002-01844-01 (45283).
41 Así lo afirmaron, coincidentemente, Maribel Fuentes Soto, Marcos Molina Soto y Eulogio Bayona Durán (Folios 202

a 210 del cuaderno 27).

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42. Respecto del Ejército Nacional, no se trata de la simple omisión de las
autoridades ante un daño que era previsible, por el contrario, se logró
acreditar la connivencia de miembros de esa institución con grupos
paramilitares, al punto que, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia declaró responsable al entonces Capitán del Ejército Nacional
Luis Fernando Campuzano Vásquez, por los delitos de homicidio agravado
y concierto para delinquir por su participación en los hechos que dieron
lugar a la masacre de La Gabarra. Esos mismos hechos dieron lugar a que
la Procuraduría General de la Nación lo sancionara disciplinariamente.

43. Además de lo anterior, se logró demostrar la permisividad de las
fuerzas militares en la instalación de retenes por parte de los grupos
paramilitares en la vía que de Tibú conducía a La Gabarra. La instalación de
la base militar y su presencia en ese corregimiento solo se justificaba por la
protección a la población, no obstante, se evidenció que los militares,
aunque mantenían control de las actividades que allí se desarrollaban42, esa
noche levantaron el retén que tenían dispuesto en la única vía de acceso,
se retiraron temprano del corregimiento y, en la noche, a pesar de haber
visto “unos fogonazos y también que habían quitado la luz del pueblo”, la
orden del entonces teniente Campuzano fue que el personal no se moviera
de sus posiciones, únicamente resguardaban la base militar pero nunca
tuvieron siquiera la intención de proteger a la población43. Según las
versiones de los militares, lo único que separaba la base militar del
corregimiento era el puente sobre el río Catatumbo44.

44. Si bien, los militares aseguraron que no acudieron en defensa de la
población porque también estaban siendo atacados, esa versión no fue
suficientemente acreditada; las versiones de los militares se limitaron a evadir
la culpabilidad, pero carecieron de otros medios de prueba que les dieran
sustento. Además, manifestaron que no pudieron retomar el control de la
zona hasta el día siguiente y que el apoyo solo llegó 24 horas después45,
afirmación que riñe con lo declarado por el Mayor Mauricio Llorente
Chávez, quien expuso que se había enviado un helicóptero artillado para
brindar apoyo, pero, cuando este estaba en reabastecimiento en la ciudad
de Cúcuta, el teniente Campuzano informó que los combates ya habían
cesado y que no se hacía necesario dicho apoyo46.

45. Respecto de la Policía Nacional, a pesar de que en el recurso
manifestó que no hay prueba de la cual pudiera derivar su responsabilidad

42 Manifestó el teniente Campuzano que, cuando los militares ingresaban al “casco urbano” de La gabarra, “estas

situaciones se aprovechaban para mirar si habían anomalías en el casco urbano, también se requisaban a las
personas, a los vehículos y en las noches esporádicamente ordenaba requisas a los sitios de bares, discotecas,
prostíbulos…” (Folios 158 a 169 del cuaderno 41).
43 Así lo declaró el teniente del Ejército Nacional, Daladier Rivera Jácome (Folios 150 a 157 del cuaderno 41).
44 Así lo manifestó el mismo teniente Campuzano (Folios 158 a 169 del cuaderno 41 16 a 20 y 29 a 33 del cuaderno

12).
45 Así lo afirmó el teniente Campuzano en diligencia de indagatoria rendida el 18 de febrero de 2000 (Folios 16 a

20 del cuaderno 12).
46 Folios 251 a 259 del cuaderno 41. En su momento les fueron impuestas medidas de aseguramiento privativas de

la libertad tanto al teniente Campuzano como al Mayor Llorente, por los delitos de prevaricato por omisión y otros,
por orden de la Unidad Nacional de DDHH de la Fiscalía General de la Nación (Folios 140 a 217 del cuaderno 12 y
65 del cuaderno 14).

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

por la imprevisibilidad de los hechos, está plenamente demostrado que sí
conocía los riesgos, pues el mismo alcalde del municipio de Tibú había
solicitado apoyo tanto de la Policía como del Ejército Nacional. Además,
está probado que en la vía que de Tibú conduce a La Gabarra se
encontraba un control permanente de la Policía Nacional sin que estos
advirtieran el paso de quienes atentaron contra la población47.
Adicionalmente, como quedó demostrado, se había retirado
injustificadamente la estación de policía de La Gabarra. El hecho de que
estuviera alterado el orden público en la zona y la presencia de grupos al
margen de la ley, contrario a justificar el retiro de la fuerza pública del lugar,
era la manifestación de la necesidad imperiosa de la presencia institucional.
Las excusas expuestas por la entidad son la prueba irrefutable de las
falencias en el servicio que debieron prestar y no lo hicieron.

46. La tesis de colaboración entre grupos de autodefensas y fuerzas
estatales para la perpetración de la masacre de La Gabarra fue
corroborada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez en la
diligencia en que aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la
Nación, “en calidad de determinador del delito de Homicidio múltiple
agravado (numerales 6 y 7) en concurso homogéneo y sucesivo y en
concurso heterogéneo con los delitos de Concierto para Delinquir Agravado
(Decreto 2266 de 1991, ARTICULO 6°), Lesiones Personales con Fines
Terroristas, Porte Ilegal de Armas y Desplazamiento Forzado”. En esa
diligencia aceptó que, para la perpetración de la masacre, el grupo
armado al margen de la ley contó con la complacencia de la fuerza
pública48. Se consignó en dicha providencia (se trascribe):

“Ese extraño contubernio entre autodefensas y miembros de la fuerza pública, fue el
que permitió la incursión militar del grupo al margen de la ley, pues ni tan siquiera éstos
eran objeto de requisas o control alguno por parte de los uniformados, permitiendo
así su presencia en la zona, situación esta que igualmente nos la dieron a conocer los
ciudadanos Gloria Zulay Maldonado y la religiosa Maria Asented Pineda, estas
actuaciones de los miembros del Ejército simple y llanamente son, como se dijera
literalmente la crónica de una toma anunciada, pues oportunamente fue de público
conocimiento que los delincuentes actuarían contra la Gabarra y para impedir esa
incursión no se ejecutó acción alguna por parte de la Fuerza Pública. Recuérdese que
sobre este tópico, el mismo implicado lo da a conocer afirmando que en más de una
ocasión visito la zona y cuando se pasaba por la zona, se cruzaba con miembros de
la fuerza pública e intercambiaban saludos con sus "primos" como así los llamaban,
sin que se les impidiera su presencia en ese escenario donde se cometió la masacre
más bárbara que se tenga noticia en esa región del país”.

47. Como se observa, las numerosas y contundentes pruebas recaudadas
dan cuenta de la responsabilidad patrimonial tanto del Ejército como de la
Policía Nacional en los hechos en que falleció José Joaquín Lozada Espinosa,
lo que deja sin sustento los argumentos planteados por esas entidades en
sus recursos de apelación por lo que, en lo que respecta a la declaratoria

47 Según las citadas declaraciones de los militares.
48 En diligencia de aceptación de cargos con fines de sentencia anticipada. Diligencia adelantada por la Fiscalía

9 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Folios 146 a 164 del cuaderno 29). Allí,
el procesado solicitó que se le acumularan los beneficios de confesión y sentencia anticipada.

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

de responsabilidad del Estado por los hechos, se deberá confirmar la
decisión de primera instancia.

48. Las pruebas relacionadas son suficientes, claras y contundentes para
demostrar la participación activa de miembros del Ejército y la Policía
Nacional en los hechos que desencadenaron en la masacre de La Gabarra
el 21 de agosto de 1999, hechos en que murió, entre otras personas, José
Joaquín Lozada Espinosa. Se trata de un patrón de comportamiento
repetido en los casos de connivencia entre grupos paramilitares y la fuerza
pública al consumar masacres, pues las fuerzas institucionales se encargan
de adoptar las medidas necesarias para no obstaculizar la operación
paramilitar; así lo ha trazado la Sección Tercera del Consejo de Estado 49. La
CIDH también ha estudiado este patrón comportamental en su
jurisprudencia, tal como lo expuso esta Sala en Sentencia de 27 de agosto
de 201950:

“En la masacre de 19 comerciantes, la Corte estableció que los paramilitares
contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a
la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de
éstas, y que les dejaron tomar ventaja descuidando su control y vigilancia51. Cuando
estudió la masacre de Mapiripán, encontró que los agentes del Estado facilitaron el
ingreso de las AUC a la región, y aun con conocimiento del ataque perpetrado contra
la población civil en Mapiripán, omitieron adoptar las medidas necesarias para
protegerla52. Más adelante, cuando resolvió el caso de las masacres de Ituango 53,
también encontró acreditada la participación y aquiescencia de miembros del
Ejército en la incursión paramilitar en El Aro y en la determinación de un toque de
queda con el fin de facilitar la apropiación del ganado”.

49. La Sala encuentra probada una falla en el servicio por acción, tanto
de parte de la Policía como del Ejército Nacional 54 porque, las omisiones
deliberadas en el cumplimiento de sus deberes institucionales permitieron la
comisión de crímenes atroces, entre ellos, el asesinato de José Joaquín
Lozada Espinosa, con lo cual, violaron abiertamente la obligación de
respeto que tienen los Estados frente a los derechos humanos,
especialmente en el contexto de un conflicto armado y respecto de

49 Como ejemplo de esta metodología criminal podemos ver las masacres de La Rochela - Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de mayo de 1995, exp. 10639 -, Puerto Alvira
o Caño Jabón - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 25310 -, Frías - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia de 3 de diciembre de 2014, exp. 35413-, El Planchón - Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 24 de octubre de 2016, exp. 34448-,
Pichilín - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de
13 de diciembre de 2017, exp. 40447-, La Sarna - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 27 de agosto de 2019, exp. 44240 A, Barrancabermeja - Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 4 de mayo de 2022, exp.
52325, acumulado con 49843 y La Salina - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 4 de mayo de 2022, exp. 63303, esta última con salvamento parcial de voto
del magistrado Martin Bermúdez Muñoz.
50 Radicado: 15001-23-31-000-2003-03453-01(44240)A.
51 Cita del texto original: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 comerciantes c. Colombia.

Sentencia de 5 de julio de 2004 (fondo).
52 Cita del texto original: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán c.

Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005 (fondo).
53 Cita del texto original: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Masacre de Ituango c.

Colombia, sentencia de 1° de julio de 2006 (fondo).
54 El magistrado Martín Bermúdez Muñoz considera que la responsabilidad del Estado no se fundamenta en una

<<falla del servicio>>, sino que únicamente requiere que se cause un daño antijurídico (artículo 90 CP). Ver
aclaración de voto en el expediente 58784.

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
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personas protegidas por el DIH, en el marco de análisis para crímenes
atroces de Naciones Unidas55.

50. Por lo expuesto, se confirmará la declaratoria de responsabilidad
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y se procederá a realizar la liquidación de los perjuicios que se
repararán.

2.3. Perjuicios

51. De acuerdo con la materia de los recursos de apelación interpuestos,
el Ejército Nacional cuestionó la homologación de los perjuicios por
alteración a condiciones de existencia de un fallecido, así como la tasación
de perjuicios morales porque, a su juicio, no se ajustaron a los criterios
unificados. La parte demandante mostró su inconformidad con la exclusión
como perjudicada de Aneth Vega Rizo y la negación de perjuicios por daño
a la salud para los hijos de la víctima directa. La Policía Nacional argumentó
que los perjuicios reconocidos le parecían exagerados, sin embargo, no
argumentó a que se refería con tal aseveración.

52. Respecto de la calidad de afectada de Aneth Vega Rizo, como lo
menciona el apoderado de la parte demandante, se evidencian como
pruebas, el registro civil de nacimiento de José Joaquín Losada Vega en que
se acreditó que era hijo la víctima directa, José Joaquín Losada Espinoza y
la demandante Aneth Vega Rizo56; también, un oficio de 28 de noviembre
de 2008, en el que Acción Social informó que se había aprobado el pago
de una reparación administrativa en favor de Aneth Vega Rizo y José
Joaquín Losada Vega en calidad de compañera permanente e hijo de la
víctima57; finalmente, se evidencia que dicha demandante rindió testimonio
ante una funcionaria del CTI, allí manifestó que era compañera permanente
de la víctima y que había ido a reclamar su cuerpo en el cementerio de La
Gabarra58.

53. En criterio de la Sala, no existe tarifa legal para acreditar la calidad de
compañeros permanentes, sin embargo, los medios de convicción que se
aporten con el fin de obtener reparación de perjuicios en calidad de
compañero o compañera permanente, deben dar cuenta de las relaciones
de apoyo y la convivencia con la víctima. En el presente asunto, además
de haber acreditado que Aneth Vega Rizo tenía un hijo en común con la
víctima y que recibió un auxilio de parte de la Agencia Presidencial Para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, no se aportaron pruebas que
demostraran que efectivamente convivían ni que, entre ellos existieran
relaciones de apoyo mutuo o dependencia económica que dieran lugar al
reconocimiento de perjuicios como compañera permanente.

55 Asesores Especiales para la Prevención del Genocidio y para la Responsabilidad de Proteger del Secretario

General de las Naciones Unidas, (2014), Marco de análisis para CRÍMENES ATROCES. Una herramienta para la
prevención.
56 Folio 30 del cuaderno 3.
57 Folio 136 del cuaderno 1.
58 Folios 128 a 130 del cuaderno 33.

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Radicación número: 540012331000200100230 01(55690)
Acumulado con 540012331000200101258 00
Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
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Decisión: Modifica Sentencia – Accede

54. Lo anterior no obsta para que, de acuerdo con las relacionadas
pruebas y, al evidenciarse que manifestó haber ido a identificar y reclamar
el cadáver de José Joaquín Losada Espinoza, la Sala reconozca su
condición de afectada con los hechos, pero no en calidad de compañera
permanente, sino como tercero damnificado, en los términos del criterio
unificado por la Sección Tercera del Consejo de Estado59. En esos términos,
los únicos perjuicios a reconocer en su favor son los morales.

2.3.1. Perjuicios morales

55. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander reconoció por este
concepto 300 smlmv para los padres y los hijos de José Joaquín Losada
Espinoza y 150 smlmv para sus hermanos. En su recurso, señaló la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional que dicha tasación excedía los
lineamientos planteados por el Consejo de Estado.

56. En primer lugar, de acuerdo con lo anteriormente plasmado, se
incluirá en el reconocimiento de este tipo de perjuicios a Aneth Vega Rizo
en calidad de tercera afectada con los hechos.

57. De otra parte, la citada sentencia de unificación (26251), en lo
atinente a la reparación de perjuicios en caso de muerte estableció cinco
niveles de cercanía afectiva y, de acuerdo con ellos, unos topes
indemnizatorios. En el primer nivel se encuentran las relaciones conyugales y
paterno- filiales; en el segundo, se ubican las relaciones propias del segundo
grado de consanguinidad o civil, entre ellos, los hermanos; y, en el quinto
nivel se encuentran las relaciones afectivas no familiares, como en este caso
es la de Aneth Vega Rizo.

58. Aunque esa sentencia estableció como topes, los equivalentes a 100
smlmv para el primer nivel y proporcionalmente 50 para el nivel 2 y 15 para
el nivel 5, la Sección Tercera del Consejo de Estado también unificó su
jurisprudencia en el sentido que “en casos excepcionales, como los de graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada
en los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan
circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del
daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda
superar el triple de los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este
quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del
daño”60.

59. De esta manera, las pruebas allegadas al proceso dan cuenta de las
graves violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidas las
personas que se encontraban en el corregimiento de La Gabarra el 21 de
agosto de 1999, que sufrieron el terror, la intimidación y el abandono

59 Consejo de Estado; Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Expediente. 26251.
60 Consejo de Estado; Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Expediente. 32988.

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Acumulado con 540012331000200101258 00
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deliberado por parte de las fuerzas del Estado, lo que generó una grave
afectación moral para las víctimas y sus familiares, esto se deduce de los
argumentos expuestos para la declaratoria de responsabilidad, así como de
los testimonios rendidos por Gregorio Cadena, Guillermo Gutiérrez Tobar, Luz
Marina Zambrano Álvarez, Pedro Antonio Bastidas y Jorge Eliecer
Montealegre Castillo61. Considera la Sala que hay lugar a aplicar la regla de
excepción contemplada en la citada sentencia de unificación, por esa
razón, los topes indemnizatorios serán aumentados en un 50%62 y,
consecuentemente, se reconocerán los siguientes montos por concepto de
perjuicios morales63:

Demandante Relación con la víctima Monto
José Joaquín Losada Vega Hijo 150 smlmv
Andrea del Pilar Losada Vidal Hija 150 smlmv
Carlos Andrés Lozada Hijo 150 smlmv
Esteban Lozada Bautista Padre 150 smlmv
Mariana Espinosa Rivera Madre 150 smlmv
Ildeneber Losada Espinosa Hermano 75 smlmv
Luz Mari Losada Espinoza Hermana 75 smlmv
Herminso Pacheco Aguirre Hermano de crianza 75 smlmv
Aneth Vega Rizo Tercero afectado 22.5 smlmv

2.3.2. Otros perjuicios

60. Respecto de los perjuicios a la salud reclamados por la parte
demandante en favor de los hijos de la víctima, el criterio unificado de esta
Sección distinguió el daño a la salud de las afectaciones a la órbita interna
y aflictiva del ser humano, que es lo que reclaman en este caso los
demandantes. Señaló la providencia de unificación que esas afectaciones
a la esfera interna se satisfacen con la indemnización de perjuicios morales
y, restringió el alcance del daño a la salud, para resarcir los efectos en la
integridad psicofísica, que se establece a través de prueba objetiva de tal
afectación64. De esa afectación no se aportaron en el presente asunto y
tampoco se logra establecer que exista lesión al derecho a la salud de
quienes solicitan esa indemnización, por tal motivo, no hay lugar a revocar
la decisión de primera instancia en ese sentido ni a indemnizar tal perjuicio.

61. Tampoco se atenderá el reclamo planteado por la apoderada del
Ejército Nacional en el que plantea que “no es aceptable que se haga
homologación del perjuicio denominado daño a las alteraciones de la
existencia” pues, en primera instancia no se emitió condena alguna por ese
concepto y, las medidas de reparación no pecuniaria no se tratan de una
homologación de tipologías de perjuicios, sino que, se trata de la reparación
de los perjuicios por afectación o vulneración relevante de bienes o

61 En los testimonios rendidos en el presente proceso, los declarantes fueron coincidentes en señalar la grave
afectación que la muerte de José Joaquín Losada causó en sus familiares y allegados (Folios 107 a 113 del
cuaderno 3).
62 Criterio ya utilizado por esta Sala en Sentencia de 19 de octubre de 2022, dentro del expediente con radicado

56219, con salvamento parcial de voto del magistrado Martin Bermúdez Muñoz.
63 Además, se ajustarán los nombres de los demandantes, de conformidad con sus registros civiles de nacimiento.
64 Consejo de Estado; Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Expediente. 31170.

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derechos convencional y constitucionalmente amparados, lo que también
fue unificado por esta Sección65. Además, la decisión de primera instancia
se adecuó a los criterios unificados, lo que motiva a que se confirmen las
órdenes impartidas.

62. Finalmente, se actualizarán los montos de la condena por lucro
cesante realizada en primera instancia66, teniendo en cuenta la fórmula
establecida por esta corporación67. En tal sentido, por concepto de lucro
cesante consolidado, se reconocerá en favor de José Joaquín Losada
Vega, Andrea del Pilar Losada Vidal y Carlos Andrés Lozada Vidal, la suma
de $84.093.25468 para cada uno de ellos. Por lucro cesante futuro se
reconocerá $21.564.417 para José Joaquín Losada Vega69, $5.506.190 para
Andrea del Pilar Losada Vidal70 y $12.825.992 para Carlos Andrés Lozada
Vidal71.

2.4. Costas

63. No hay lugar a condenar en costas pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo
requeridos.

3. DECISIÓN

64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales “SEGUNDO” y “TERCERO” de la Sentencia
dictada el 14 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, por las razones expuestas en esta providencia, los cuáles
quedarán así:

“SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y
Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

Demandante Relación con la víctima Monto
José Joaquín Losada Vega Hijo 150 smlmv
Andrea del Pilar Losada Vidal Hija 150 smlmv

65 Consejo de Estado; Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Expediente. 26251.
66 El tribunal reconoció este perjuicio, liquidado sobre 1 salario mínimo porque, encontró acreditada la actividad

productiva a que se dedicaba la víctima (médico homeópata), no así los ingresos que le generaba tal actividad.
Sobre el reconocimiento y la tasación la Sala no encuentra reproche y, por eso, se limitará a actualizar los montos
reconocidos.
67 Va = Vh (IPC Final/IPC Inicial). El IPC final es de agosto de 2023 (último certificado a la fecha de esta providencia):

135,39 y el IPC inicial, de noviembre de 2014 (fecha de la sentencia de primera instancia): 82,25.
68 Resultado de aplicar la fórmula adoptada por el Consejo de Estado al monto reconocido en primera instancia:

Va = $51.087.009 x (135.39/82.25).
69 Va = $13.100.475 x (135.39/82.25).
70 Va = $3.345.034 x (135.39/82.25).
71 Va = $7.971.845 x (135.39/82.25).

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Actor: Aneth Vega Rizo y otros
Demandado: Nación – Min Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica Sentencia – Accede

Carlos Andrés Lozada Hijo 150 smlmv
Esteban Lozada Bautista Padre 150 smlmv
Mariana Espinosa Rivera Madre 150 smlmv
Ildeneber Losada Espinosa Hermano 75 smlmv
Luz Mari Losada Espinoza Hermana 75 smlmv
Herminso Pacheco Aguirre Hermano de crianza 75 smlmv
Aneth Vega Rizo Tercero afectado 22.5 smlmv

TERCERO: CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía
Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro
cesante debido o consolidado a favor de José Joaquín Losada Vega, Andrea del
Pilar Losada Vidal y Carlos Andrés Lozada Vidal, la suma de ochenta y cuatro millones
noventa y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($84.093.254), para cada uno
de ellos.

Por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante futuro,
deberán pagar:

• A favor de José Joaquín Losada Vega, veintiún millones quinientos sesenta y
cuatro mil cuatrocientos diecisiete pesos ($21.564.417).

• A favor de Andrea del Pilar Losada Vidal, cinco millones quinientos seis mil ciento
noventa pesos ($5.506.190).

• A favor de Carlos Andrés Lozada Vidal, doce millones ochocientos veinticinco mil
novecientos noventa y dos pesos ($12.825.992).”

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la Sentencia dictada el 14 de
noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por
las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el
expediente a su Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente

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