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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-31-000-2002-01431-02

Pensión de jubilación: reliquidación

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-31-000-2002-01431-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2010 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Carlos Eduardo Jaimes, por las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el abogado Oscar Vergel Canal como apoderado de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, de conformidad con el memorial radicado el 26 de febrero de 2021. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-31-000-2002-01431-02

Consejero ponente: César Palomino Cortés

8 de julio de 2021

PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Reliquidación / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Ingreso base de liquidación / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN - Reglas y sub reglas / APLICACIÓN LEY 33 DE 1985 - No acreditó los requisitos para acceder a la pensión de jubilación con cincuenta años edad y veinte años de servicio

Si bien la sentencia citada ut supra se pronunció sobre la forma en que debe aplicarse el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la subregla sobre los factores salariales a incluirse en el IBL pensional debe ser extendida al caso de los beneficiarios de la Ley 33 de 1985 en cuanto hace referencia directa a la forma en la cual debe interpretarse el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985. El demandante cumplió 50 años de edad el 24 de marzo de 2000, esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993; por lo que, en principio, debe resaltarse, que al cumplir la edad en dicha fecha, el periodo de liquidación y los factores salariales aplicables son los previstos en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994, pues únicamente en el caso de haber reunido la totalidad de requisitos para obtener la prestación antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones regulado en la Ley 100, habría lugar a aplicar las reglas previstas en la Ley 33 de 1985. Visto que a la fecha, el demandante cuenta con una pensión de jubilación reconocida y que, además, no acreditó los requisitos para acceder a la pensión de jubilación con 50 años edad y 20 años de servicio, esta Sala procederá a confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de negar las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01(4403-13)(IJ), MP. César Palomino Cortés.

FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985 / LEY 100 DE 1993

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 54001-23-31-000-2002-01431-02(1869-13)

Actor: CARLOS EDUARDO JAIMES

Demandado: HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA ESE

Referencia: ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - DECRETO 01 DE 1984. TEMA: PENSIÓN DE JUBILACIÓN. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LEY 33 DE 1985.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El señor Carlos Eduardo Jaimes, abogado en ejercicio y actuando en nombre propio, acudió a la jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio G-10000-155 del 18 de julio de 2002, expedido por la E.S.E. Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, que le negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad demandada a: (i) Reconocer una pensión de jubilación con el 75% del promedio del salario devengado en el último año de servicio, actualizado con el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE; (ii) Reconocer y pagar las mesadas causadas con los incrementos anuales y extraordinarios, desde el 28 de marzo de 2000 hasta la fecha en que cobre firmeza la sentencia, indexadas mes a mes, de acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor certificado por el DANE; (iii) Actualizar el valor del salario promedio del último año, desde el 1 de abril de 1990 hasta el 27 de marzo de 2000, fecha en la adquirió el estatus pensional; (iv) Pagar intereses moratorios conforme al artículo 177 del C.C.A.; y (v) Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A.

Además, pidió que se condene en costas al Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta y que se le ordene “afiliar al demandante, al Régimen de Seguridad Social, Salud y Pensiones del Ínstituto de Seguros Sociales hasta que cumpla la edad de 60 años, fecha en que el ISS, conforme a las reglamentaciones internas, deberá asumir la jubilación de vejez por aportes”.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

El señor Carlos Eduardo Jaimes nació el 27 de marzo de 1950 y prestó sus servicios en el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta desde el 1 de diciembre de 1964 hasta el 15 de agosto de 1966; en la Policía Nacional desde el 1 de agosto de 1969 hasta el 9 de agosto de 1974; en el Hospital San Juan de Dios de Cúcuta desde el 29 de marzo de 1975 hasta el 30 de diciembre de 1987; y en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta desde el 1 de enero de 1988 hasta el 30 de marzo de 1990. Completando con ello 21 años, 8 meses y 24 días de servicio.

Indicó que no existen archivos que permitan certificar el tiempo de servicios prestado en el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta; razón por la cual, solicitó al Notario Único de Piedecuesta que recepcionara el testimonio de tres personas que laboraron con él, en presencia del Personero Municipal, cumpliendo así con lo establecido en la Ley 50 de 1886.

Manifestó que es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, como quiera que a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, contaba con más de 15 años de servicio. En consecuencia, solicitó ante la E.S.E. Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta el reconocimiento de una pensión de jubilación por haber cumplido 50 años de edad y 20 años de servicio.

Mediante Oficio G-10000-155, el gerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta le negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación al considerar que el actor no es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985 y que, al estar afiliado al ISS, es esta entidad de previsión la que debe reconocer la pensión solicitada.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 25, 48, 53 y 58.
Del Código Civil, los artículos 27, 30 y 31.
De la Ley 50 de 1886, los artículos 7 y 8.
De la Ley 6 de 1945, los artículos 17b, 22, 23 y 29.
Del Decreto 2767 de 1945, el artículo 1.
Del Decreto 1600 de 1945, el artículo 1.
De la Ley 24 de 1947, el artículo 1.
De la Ley 4 de 1966, el artículo 4.
Del Decreto 1848 de 1969, el artículo 75.
Del Decreto 1042 de 1878, el artículo 42.
De la Ley 33 de 1985, el inciso 2 del párrafo 2 del artículo 1.
De la Ley 65 de 1985, el artículo 1.
De la Ley 100 de 1993, el artículo 36.
La Ley 65 de 1946.

La parte demandante expuso que es beneficiario del régimen de transición previsto en parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, por cuanto a la fecha de entrada en vigencia de esta norma contaba con más de 15 años de servicio. En consecuencia, le asiste el derecho a ser pensionado con 50 años de edad y 20 años de servicio.
Destacó que el monto de su pensión de jubilación debe corresponder a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1743 de 1966, esto es, con el 75% del promedio mensual de los salarios devengados durante el último año de servicio. Además, señaló que conforme a la Ley 65 de 1946, los factores a tener en cuenta son todas aquellas sumas que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución por sus servicios.

Agregó que, la Ley 6 de 1945 constituye un régimen especial para los servidores a nivel territorial; razón por la cual, el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta debe reconocerle una pensión de jubilación hasta que el Instituto de Seguros Sociales le conceda una pensión de vejez por aportes, habida cuenta de que estas dos prestaciones no pueden ser devengadas simultáneamente. Así entonces, la pensión reconocida por el ISS sustituirá a la que le otorgue la E.S.E. demandada.

2. Contestación de la demanda

La E.S.E. Hospital Erasmo Meoz se opuso a las pretensiones de la demanda.

Manifestó que el señor Carlos Eduardo Jaimes, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, solo contaba con 10 años de servicio; razón por la cual, no es beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo 2 de la mencionada Ley.

Sin embargo, señaló que el actor sí es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como quiera que a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, contaba con 40 años de edad y más de 15 años de servicio.

Destacó que, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, la última entidad de previsión a la cual se encuentre afiliado el empleado es la encargada del reconocimiento del derecho pensional; bajo ese entendido, es el ISS el responsable de reconocer lo ahora solicitado, teniendo en cuenta los aportes para pensión que el señor Carlos Eduardo Jaimes realizó a dicha entidad.

Como excepción propuso la prescripción de las mesadas pensionales.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia proferida el 26 de febrero de 2010, negó las pretensiones de la demanda.

Consideró que el demandante no acreditó los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985 para ser beneficiario del régimen de transición, pues no demostró contar con los 15 años de servicio a la fecha de entrada en vigencia de la mencionada norma.

Destacó que el tiempo que el actor laboró para el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta no fue probado en el proceso, dado que, si se admite que para efectos del reconocimiento del derecho de la pensión de jubilación bastaba la afirmación del demandante, ésta no resulta creíble, pues implicaría aceptar que comenzó a trabajar para el Estado a los 14 años y 8 meses, sin cumplir con el requisito de la tarjeta militar y sin contar con cédula de ciudadanía.

Agregó que no se dio en el presente caso ninguna de las eventualidades que permite la ley para proceder por vía de prueba supletoria a demostrar el tiempo de servicios que el actor prestó al Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, pues, de los documentos allegados y recaudados, no se acreditó que los archivos hubieran desaparecido.

Señaló que la prueba de los testimonios rendidos ante notario, allegados al proceso, no resultan creíbles y suficientes, puesto que (i) los testigos afirman unas fechas ocurridas 38 años antes, y (ii) se limitan a señalar que conocían al demandante y que este se desempeñaba como auxiliar de enfermería sin exponer de manera clara, contundente y justificada la razón de su dicho y sin expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que tuvieron conocimiento de los hechos.

4. El recurso de apelación

4.1. La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia.

Alegó que la ley le permite solicitar la pensión con la sola afirmación del tiempo laborado y, sin embargo, para acreditarlo también agotó el procedimiento establecido en la Ley 50 de 1886; es decir, que demostró con creces el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de su pensión de jubilación bajo el régimen de transición de la Ley 33 de 1985.

Manifestó que las declaraciones rendidas bajo gravedad de juramento no fueron tachadas de falsas por la E.S.E. Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta y, en consecuencia, el Tribunal no podía vulnerar el principio de buena fe y el debido proceso indicando que la prueba “no resulta creíble para la Sala”. Además, estas deben ser tenidas en cuenta como prueba supletoria como consecuencia de la desaparición de los documentos.

Sobre la falta de requisitos para desempeñar el cargo endilgado por el Tribunal, adujo que en aquella época no existía la abundancia de normas protectoras del trabajo a las que ahora se da cumplimiento; por lo cual, en su momento se posesionó con la sola tarjeta de identificación.

Destacó, además, que la pérdida de documentos se encuentra probada con las respuestas emitidas por el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, en la que se indica que los documentos anteriores a 1978 se encuentran desaparecidos.

Indicó que no hay prueba de los aportes realizados, dado que el ISS empezó a funcionar en el año 1968 y, en todo caso, lo aquí reclamado es una pensión por servicios prestados, cuyos requisitos se acreditan con constancias de trabajo, y no, con el pago de aportes o cotizaciones.
5. Alegatos de conclusión

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

La Parte demandada y el Ministerio Público no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El presente asunto que se rige por el Decreto 01 de 1984 es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 129 ídem, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto se analizará si el señor Carlos Eduardo Jaimes es beneficiario del régimen de transición previsto en el inciso 1 del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y, si, en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación liquidada con el 75% del promedio del salario devengado en el último año de servicio.

Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Régimen pensional regulado en la Ley 33 de 1985 2.2. Hechos relevantes probados; y 2.3. Caso concreto.

2.1. Régimen pensional regulado en la Ley 33 de 1985 - Régimen de transición

El artículo 1º de la Ley 33 de 1985 dispuso que los empleados oficiales que acreditaran 20 años de servicio continuo o discontinuo y 55 años de edad, tenían derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Lo anterior, en los siguientes términos:

“Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. (...)”.

Por su parte, el parágrafo segundo de este mismo artículo, estableció lo siguiente:

“PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro”.

De conformidad con la norma anterior, este parágrafo creó un régimen de transición para las personas que causaron su derecho en vigencia de la Ley 33 de 1985, esto es, para aquellas que (i) hubieran cumplido 15 años continuos o discontinuos del servicios, se les aplicaría la disposición sobre la edad que regía con anterioridad y, (ii) a los que con 20 años de labor continua o discontinua como empleado oficial, se encontraran retirados del servicio, tendría derecho a pensionarse con 50 años si es mujer y 55 años si es hombre, de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro.

Las disposiciones anteriores en materia pensional a las que se refiere este artículo de la Ley 33 de 1985, son las contenidas en la Ley 6 de 1945, según la cual se adquiría el derecho a la “pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo”. Esta norma fue modificada posteriormente por el artículo 3º de la Ley 65 de 1946, solo en el sentido de que dicha prestación sería equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

Posteriormente, el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 modificó el literal b) del artículo 17 de la Ley 6 de 1945, en el sentido de que las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de entidades de derecho público se liquidarán y pagarán tomando como base el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.

Por su parte, el Decreto 3135 de 1968 dispuso en su artículo 27 que los empleados públicos o trabajadores oficiales que sirvieran al Estado por 20 o más años, continuos o discontinuos, y cumpliesen 55 años en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres, tendrían derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

Así las cosas, el Decreto Ley 3135 de 1968 únicamente modificó lo concerniente a la edad para acceder al derecho pensional, respecto de los hombres, quienes podrían obtener el estatus una vez cumplieran los 55 años de edad, mientras que no hubo cambio respecto a la situación jurídica de las mujeres.

Por su parte, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, cuya vigencia inició a partir del 20 de abril de 1978, estableció los factores que se tendrían en cuenta para efecto del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales.

Así, entonces, las personas beneficiadas con la transición regulada en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho a pensionarse en los términos de la Ley 6 de 1945; en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio; y para efectos de la liquidación se tendrían en cuenta aquellos factores regulados en la norma vigente al momento de la causación del derecho pensional.

En cuando a los factores salariales, esta Corporación en sentencia del 4 de agosto de 2010 asumió la posición jurisprudencial según la cual la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que estos fueron simplemente enunciados, lo que no impedía la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador en el último año de servicio.

No obstante, el anterior razonamiento fue superado por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018 cuando fijó como subregla que los factores salariales a incluirse en el IBL son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, al sostener que:

“(…) 101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamente, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia”.

Así las cosas, si bien la sentencia citada ut supra se pronunció sobre la forma en que debe aplicarse el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la subregla sobre los factores salariales a incluirse en el IBL pensional debe ser extendida al caso de los beneficiarios de la Ley 33 de 1985 en cuanto hace referencia directa a la forma en la cual debe interpretarse el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985.

2.1. Hechos relevantes probados

Edad

(i) El señor Carlos Eduardo Jaimes nació el 27 de marzo de 1950.

Tiempo de servicios

(i) De acuerdo con la certificación del 26 de febrero de 1991, expedida por el jefe de la Sección de Personal del Departamento de Policía de Norte de Santander, el señor Carlos Eduardo Jaimes laboró para esta institución desde el 1 de agosto de 1969 hasta el 9 de agosto de 1974.

(ii) Según la certificación expedida, el 31 de diciembre de 1987, por el jefe de personal del Hospital San Juan de Dios de Cúcuta, el demandante laboró para esta institución desde el 29 de marzo de 1975 hasta el 30 de diciembre de 1987.

(iii) Conforme a la certificación expedida, el 8 de noviembre de 2001, por el jefe de la sección de Talento Humano de la E.S.E. Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, el actor trabajó para esta institución desde el 1 de enero de 1988 hasta el 30 de marzo de 1990, desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería.

(iv) Obra declaración extra juicio rendida el 10 de abril de 2002 por la señora María Aminta Sandoval de Aguilar, bajo gravedad de juramento, en la Notaria Única del Círculo de Piedecuesta, en la que afirmó:

“(…) Yo trabajé en el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, desde el 11 de enero de 1962 hasta el año 1976, desempeñé el cargo de auxiliar de farmacia, durante el tiempo que laboré en dicho Hospital conocí al señor Carlos Eduardo Jaimes quien ingresó al Hospital sufriendo una escalartina viral que lo mantuvo internado bajo observación médica por espacio de dos meses, una vez estuvo recuperado, se vinculó a trabajar al Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, en el cargo de ayudante de enfermería, desde mediados de noviembre de 1964 y trabajó mas o menos hasta el 15 de agosto de 1966 (…) El sueldo lo pagaba mensualmente el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta por el sistema de nómina (…)”

(v) Declaración extra juicio rendida el 10 de abril de 2002 por la señora Carmen Cecilia Niño Carreño, bajo gravedad de juramento, en la Notaria Única del Círculo de Piedecuesta, en la que afirmó que:

“Yo trabajé en el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, desde octubre de 1964 al año de 1993, desempeñé el cargo de auxiliar de laboratorio clínico y actualmente estoy jubilada por el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, durante el tiempo que laboré en dicho Hospital tuve la oportunidad de conocer al señor Carlos Eduardo Jaimes, ingresó a trabajar a dicha Institución en el mes de noviembre de 1964, no recuerdo bien el día, en el cargo de ayudante de enfermería y trabajó hasta mediados del mes de agosto de 1966”.

(vi) Declaración extra juicio rendida el 10 de abril de 2002 por el señor Rodolfo Pulido Villamizar, bajo gravedad de juramento, en la Notaria Única del Círculo de Piedecuesta, en la que afirmó que:

“Yo ingresé a trabajar en el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, el 10 de enero de 1965 para esa fecha ya estaba trabajando el señor Carlos Eduardo Jaimes, quien me dijo que llevaba trabajando tres meses desempeñando el cargo de ayudante de enfermería, yo entré a desempeñar el cargo de ayudante de enfermería hasta el mes de diciembre de 1966 durante el tiempo que laboré en dicho Hospital conocí al señor Carlos Eduardo Jaimes, quien se retiró de dicho Hospital mas o menos hasta el 15 del mes de agosto de 1966”.

En tales diligencias se encontraba presente el personero municipal, quien manifestó no tener preguntas que formular sobre ninguna de las declaraciones.

(vii) En documento emitido el 3 de marzo de 2008, el coordinador operativo de Archivo de la Gobernación de Santander manifestó que “en los archivos existentes en el fondo documental acumulado del Hospital Liquidado SAN JUAN DE DIOS de Piedecuesta, no existe ningún documento anterior a 1978, por esta razón (sic), me es imposible hacer llegar la documentación solicitada por el señor CARLOS EDUARDO JAIMES, ya que esta se remite al periodo comprendido en el primero de diciembre de 1964 y el 15 de agosto de 1966”.

(viii) El director del Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta, mediante comunicación del 6 de septiembre de 2001, manifestó que “no es posible certificar sobre el tiempo de servicio prestado por Ud. a la institución como ayudante de enfermería, en razón de que ha sido imposible localizar dicha información en los archivos de la Entidad”.

(ix) La jefe de división de apoyo administrativo de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Santander, el 23 de abril de 2002, manifestó al demandante que “revisados los archivos de esta dependencia no se encontró información laboral suya, por tal razón debe dirigirse al Hospital de Piedecuesta pues el nombramiento pudo haberse dado directamente por este”.
Actuación administrativa

(i) Obra derecho de petición radicado el 3 de julio de 2002, por medio del cual, el señor Carlos Eduardo Jaimes solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a partir del 28 de marzo de 2000, por haber cumplido 50 años de edad y 20 años de servicio, con el 75% del promedio salarial devengado en el último año, de acuerdo con la Ley 33 de 1985.

(ii) Mediante Oficio G-1000-155 del 18 de julio de 2002, la E.S.E. Hospital Erasmo Meoz negó la pretensión solicitada, por considerar que:

“El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 establece como requisitos para la misma 20 años de servicios y 55 años de edad, estableciendo en su parágrafo 2 que solo los que a esa fecha hubieren cumplido 15 años de servicio continúan aplicándoseles las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad; como es su caso en particular en el año 1985 usted tenía 35 años de edad y 10 años de servicio por lo que no enmarca en el régimen de transición establecido en la Ley 33/85 (…)

Una vez cumpla los requisitos y con el fundamento normativo esbozado en la Ley 100 de 1993, es la última entidad de previsión social a la cual se encuentre afiliado el empleado, la responsable del reconocimiento y pago de la pensión a que tenga derecho (…)”

(iii) Obra en el plenario Resolución SUB 35127 del 11 de febrero de 2019, por medio de la cual, Colpensiones da cumplimiento a un fallo que reconoció el pago de un retroactivo y reliquidó la pensión de vejez del señor Carlos Eduardo Jaimes con base en la Ley 33 de 1985, con los factores salariales devengados en el último año de servicio, es decir, desde el 30 de marzo de 1989 hasta el 30 de marzo de 1990. En esta Resolución se indicó lo siguiente:

“Que mediante Resolución 103065 del 12 de agosto de 2010, se reconoció pensión de vejez a favor del señor JAIMES CARLOS EDUARDO, en cuantía inicial de $1.933.849, efectiva a partir del 27 de marzo de 2010.

(…)

Que el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, Sala de Decisión Escritural N. 1 mediante sentencia del 31 de mayo de 2016 dispuso:
(…)

SEGUNDO: REVOCASE el numeral segundo de la sentencia del 31 de mayo de 2012, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, mediante el cual se declaran probadas las excepciones de petición antes de tiempo y prescripción y, en su lugar DECLARENSE no probadas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: MODIFICANSE los numerales tercero, cuarto y sexto de la sentencia del 31 de mayo de 2012, proferida por el Juzgado Secto Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, los cuales quedarán así:

TERCERO: DECLÁRASE LA NULIDAD del Oficio SETAHLJ-21 000-008-004442 del 19 de junio de 2008, mediante el cual la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz negó a Carlos Eduardo Jaimes la pensión de jubilación contemplada en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y de las Resoluciones Nos. 11962 del 26 de noviembre de 2007 y 1083 de 30 de mayo de 2008, mediante las cuales el Instituto de Seguros Sociales - ISS negó a Carlos Eduardo Jaimes la pensión de jubilación contemplada en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

CUARTO: ORDÉNASE al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones reconocer y pagar la pensión de jubilación al señor CARLOS EDUARDO JAIMES, según lo previsto en los artículos 1 y 3 de la Ley 33 de 1985. Así mismo deberá pagar el valor de las mesadas adeudadas desde el 6 de junio de 2005 hasta el 26 de marzo de 2010, en la forma ordenada en el numeral cuarto de la providencia que se confirma, con la aclaración dispuesta por el auto de fecha nueve (9) de noviembre de dos mil doce (2012) y a la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz expedir el bono tipo T en los términos del Decreto 4937 de 2009 (…)”.

2.2. Caso Concreto

El señor Carlos Eduardo Jaimes acude en sede de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de solicitar el reconocimiento de una pensión de jubilación por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, como quiera que, a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, según indica, contaba con más de 15 años de servicio. En consecuencia, pide que se le reconozca una pensión de jubilación con 50 años de edad, 20 años de servicio y con un ingreso base de liquidación correspondiente al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el actor no logró acreditar que contaba con más de 15 años de servicio a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 y, por tanto, no era beneficiario del régimen de transición previsto en parágrafo 2 del artículo 1 de esta norma. En cuanto a la prueba supletoria aportada por el demandante para acreditar el tiempo laborado en el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, señaló que esta no reune los requisitos para ser valorada y, además, que de ella no se evidencia la acreditación de la prestación del servicio por el lapso alegado.

El demandante recurrió la decisión del a-quo, arguyendo que para acreditar el tiempo que laboró al servicio del Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta bastaba su afirmación para el reconocimiento del derecho, y sin embargo, acudió a la prueba supletoria de las declaraciones extra juicio con el fin de demostrarlo. Prueba a la que, según el recurrente, debe dársele plena validez, pues los archivos están desaparecidos.

Sea lo primero precisar que, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, el señor Carlos Eduardo Jaimes, a la fecha, cuenta con una pensión de jubilación reconocida mediante Resolución 103065 del 12 de agosto de 2010, expedida por Colpensiones y, además, como consecuencia de un fallo judicial, esta fue reliquidada a través de la Resolución SUB 35127 del 11 de febrero de 2019 con base en los artículos 1 y 3 de la Ley 33 de 1985, con lo devengado en el útlimo año de servicio.

Como quiera que el demandante ya cuenta con una pensión de jubilación reconocida en virtud de la Ley 33 de 1985, esta Sala procederá a determinar si el actor es beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de esta norma. Pues de encontrarse acreditado lo anterior, el accionante tendría derecho a acceder a una pensión de jubilación con una edad inferior, correspondiente a 50 años de edad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6 de 1945. Ello, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos para su reconocimiento.

En este punto, es menester precisar que el demandante cumplió 50 años de edad el 24 de marzo de 2000, esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993; por lo que, en principio, debe resaltarse, que al cumplir la edad en dicha fecha, el periodo de liquidación y los factores salariales aplicables son los previstos en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994, pues únicamente en el caso de haber reunido la totalidad de requisitos para obtener la prestación antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones regulado en la Ley 100, habría lugar a aplicar las reglas previstas en la Ley 33 de 1985.

Visto lo anterior, del material probatorio aportado, se tiene que el señor Carlos Eduardo Jaimes, acreditó los siguientes tiempos:

Entidad
Tiempo
Policía Nacional
Desde el 1 de agosto de 1969 hasta el 9 de agosto de 1974
Hospital San Juan de Dios de Cúcuta
Desde el 29 de marzo de 1975 hasta el 30 de diciembre de 1987
E.S.E. Hospital Erasmo Meoz
Desde el 1 de enero de 1988 hasta el 30 de marzo de 1990

Así entonces, el actor, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, esto es, el 13 de febrero del mismo año, contaba con 14 años, 10 meses y 22 días de servicio.

Sin embargo, el accionante refiere que trabajó para el Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta desde el 1 de diciembre de 1964 hasta el 15 de agosto de 1966, tiempo con el cual, completaría los 15 años requeridos para beneficiarse del régimen de transición del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

Para probar el tiempo de servicio indicado, el actor manifestó que las pruebas documentales que podían acreditar su vinculación se encuentran desaparecidas; razón por la cual, procedió a allegar tres declaraciones extra juicio para demostrarlo.

Con relación a la valoración de pruebas pertinentes para acceder a un derecho de carácter pensional, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido lo siguiente:

“En materia pensional, quien pretenda obtener un reconocimiento de ese tipo, debe satisfacer todos los requisitos que la ley impone, entre ellos, la prestación efectiva de los servicios en un tiempo determinado.

En efecto, el artículo 7 de la Ley 50 de 11 de noviembre de 1886, «Que fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones», preceptúa que «No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar por documentos o por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar de los respectivos nombramientos; los servicios de un individuo, que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos o sus copias auténticas» (se subraya).

Por lo tanto, la prueba documental es la idónea para comprobar la vinculación laboral de una persona con la Administración, pues tal circunstancia debe quedar consignada en los actos de nombramiento u otros que demuestren el ejercicio de las funciones desempeñadas, sin que sea dable, en principio, acudir a testimonios para subsanar la falta de aquella.

En lo atañedero a la exigibilidad de la prueba documental, esta Corporación, en providencia de 8 de febrero de 2001, expediente 460-1999, C. P. Tarsicio Cáceres Toro, precisó que «como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) y de los pagos de salarios existen las nóminas pertinentes -que en principio sirven para determinar el tiempo de servicio dado que el Ordenador del gasto sólo debe autorizar los pagos de los días laborados y de ley-, entonces, ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes”.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la prueba fundamental para acreditar los tiempos de servicio para efectos pensionales, son los actos administrativos de nombramiento y posesión, o en su defecto la certificación expedida por la autoridad nominadora.

Por su parte, la Ley 50 de 1886, además de señalar en su artículo 7 la inconducencia de la prueba testimonial para probar el ejercicio de los cargos públicos, estableció en su artículo 8 que, ante la falta absoluta de la prueba escrita, podrá acudirse a la testimonial como supletoria, a condición de que se practique cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 9 de la mencionada Ley, a saber, los siguientes:

“Art. 8°. En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al Código Militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que pueden reemplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta bien justificada de prueba preestablecida y escrita; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente. La prueba supletoria es también admisible cuando se acredite de un modo satisfactorio que no se pudo establecer oportunamente prueba escrita y las razones por las cuales esto sucedió.

Art. 9°. En todo caso en que conforme a esta Ley, al Código Militar o a cualquiera otra disposición hayan de presentarse a cualquiera autoridad o empleado pruebas testimoniales relativas a hechos que funden derecho a obtener pensión, dichas pruebas serán desestimadas cuando no contengan, además de las condiciones generales de todo testimonio, las siguientes:

1a. Que el testigo de razón clara y precisa de su dicho o sea que exprese de qué modo tuvo conocimiento de los hechos sobre que declara; y que de esta expresión resulte que el testigo declara de sus propias y directas percepciones, de forma que lo que él afirma sea lo que vio, oyó o en general percibió directamente; 2a. Respecto de los hechos crónicos que el testigo afirme, debe asimismo expresar si estuvo presente a todos los hechos que racionalmente dejan establecida la cualidad de crónicos de los hechos sobre que declara; 3a. Que el funcionario que recibe la declaración haga constar que el mismo la recibió personalmente oyéndola del testigo y haciendo a éste todas las preguntas conducentes a establecer el convencimiento de su veracidad y de su pleno conocimiento de los hechos que declara y distintamente afirma.

(a). La negligencia del funcionario en hacer que la declaración llene las condiciones que aquí se exigen y las demás generales de todo testimonio, vicia la declaración.

(b). Los funcionarios que en cualquier caso deban apreciar pruebas testimoniales en los asuntos de que trata esta ley o el Código Militar, para el efecto de conceder pensiones o recompensas a cargo de la Nación, tienen el deber de examinar por sí mismos los testigos cuantas veces sea útil o necesario, cuando éstos se hallen en el mismo lugar que aquellos funcionarios, o en caso contrario, comisionar a la más alta autoridad judicial o política del lugar de la residencia de los testigos. El examen en este y en todo caso, no debe limitarse a las preguntas que hagan los interesados, sino que debe extenderse a todos los hechos y circunstancias que hagan conocer toda la verdad en la materia de que se trata, y respecto de las condiciones intelectuales y morales del testigo.

(c) En todo caso estará presente al acto de las declaraciones el respectivo Agente del Ministerio Público para que pueda hacer las preguntas que estime convenientes y para que vigile que el testimonio sea recibido con todas las formalidades y requisitos legales”.

Así las cosas, en el caso concreto, en cuanto a la justificación de la falta de prueba documental, el director del Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta, mediante comunicación del 6 de septiembre de 2001, manifestó que “no es posible certificar sobre el tiempo de servicio prestado por Ud. a la institución como ayudante de enfermería, en razón de que ha sido imposible localizar dicha información en los archivos de la Entidad”; y la jefe de división de apoyo administrativo de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Santander, el 23 de abril de 2002, indicó al demandante que “revisados los archivos de esta dependencia no se encontró información laboral suya, por tal razón debe dirigirse al Hospital de Piedecuesta pues el nombramiento pudo haberse dado directamente por este”.

Por su parte, en documento emitido el 3 de marzo de 2008, el coordinador operativo de archivo de la Gobernación de Santander manifestó que “en los archivos existentes en el fondo documental acumulado del Hospital Liquidado SAN JUAN DE DIOS de Piedecuesta, no existe ningún documento anterior a 1978, por esta razón (sic), me es imposible hacer llegar la documentación solicitada por el señor CARLOS EDUARDO JAIMES, ya que esta se remite al periodo comprendido en el primero de diciembre de 1964 y el 15 de agosto de 1966”.

Sin embargo, la exmandataria del extinto Hospital Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta remitió al plenario el banco de hojas de vida de la Oficina de Recursos Humanos en la que se enlistan los empleados que laboraron con anterioridad a la fecha indicada por el coordinador del archivo y en la que constan vinculaciones del año 1969; listado en el que no aparece el señor Carlos Eduardo Jaimes.

En vista de lo anterior, a juicio de esta Sala, lo que no ha podido localizarse es la información particular del actor, quien tampoco aportó otros documentos que puedan reemplazar los presuntamente perdidos como, por ejemplo, los desprendibles de pago de salarios, o cualquier otro documento que sirva de indicio para deducir el hecho cuya demostración se pretende.

En estas condiciones, considera la Sala que no se encuentra demostrada la la falta absoluta de archivos en el hospital San Juan de Dios de Piedecuesta y, en consecuencia, es inadmisible la prueba supletoria para probar el tiempo de servicios que el demandante alega haber prestado.

Sobre el hecho insuperable ante la pérdida de documentos, el profesor Jairo Parra Quijano en su Manual de Derecho Probatorio, ha indicado que lo que debe probarse es la fuerza mayor o el caso fortuito, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las cuales se pueda deducir su menoscabo o destrucción. Circunstancias que en el caso concreto no se encuentran acreditadas.

Pese a lo anterior, de la apreciación de las tres declaraciones extra juicio descritas ut supra, la Sala encuentra que estas tampoco cumplen con los requisitos contenidos en el artículo 9 de la Ley 50 de 1886 arriba citado, habida cuenta de que carecen de suficiencia para determinar la prestación del servicio del señor Carlos Eduardo Jaimes. Si bien, los testigos manifiestan que conocieron al actor y que se vinculó al Hospital San Juan de Dios de Piedecuesta, no indican con claridad las circunstancias de modo tiempo y lugar en las que conocieron el tipo de vinculación que tuvo el demandante o si el sueldo, como lo señalan, fue directamente pagado por el mencionado Hospital.

Por otra parte, el actor también alegó que como prueba para la prestación del servicio no era necesario acudir a la prueba supletoria, pues bastaba la simple afirmación para el reconocimiento de un derecho particular y concreto en virtud del artículo 10 del Decreto Ley 2150 de 1995; no obstante, esta Sala precisa que la Ley 50 de 1886 es la norma que fijó las reglas sobre prueba supletoria en materia pensional, por tanto es la norma especial que debe ser aplicada.

Así las cosas, visto que a la fecha, el demandante cuenta con una pensión de jubilación reconocida y que, además, no acreditó los requisitos para acceder a la pensión de jubilación con 50 años edad y 20 años de servicio, esta Sala procederá a confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de negar las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pero por las razones expuestas en la parte considerativa.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2010 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Carlos Eduardo Jaimes, por las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el abogado Oscar Vergel Canal como apoderado de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, de conformidad con el memorial radicado el 26 de febrero de 2021.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 84 a 89.
Folios 313 a 326 del cuaderno principal.
Folios 240 a 250.
Folios 401 a 410.
Sobre el particular, mirar las sentencias del Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencias de 19 de abril de 2007. Radicación: 1114-03 y de 19 de noviembre de 2009. Radicación: 1028-07 al igual que en la sentencia de 16 de diciembre de 2009. Radicación: 1754-06.
“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.”
En cuanto a la edad establecía que “cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo”.
La Sala sostuvo esta tesis en la sentencia del 11 de mayo de 2020 con Radicado: 25000-23-42-000-2013-06301-01 (N.I. 0018-2016) con ponencia del Dr. César Palomino Cortés en la que se indicó que: ”en materia de factores se acude a la norma vigente al momento de la consolidación del estatus pensional”. Pag. 12.
Consejo de estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, Radicación: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), Demandante: Luis Mario Velandia.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
Según registro emitido el 9 de noviembre de 1993 por el Notario Único del Círculo de Piedecuesta en Folio 21.
Folio 23 cuaderno 2.
Folio 24 cuaderno 2.
Folio 25 cuaderno 2.
Folios 33 y 34 cuaderno 2.
Folios 35 y 36 cuaderno 2.
Folios 31 y 32 cuaderno 2.
Folio 226 cuaderno 2.
Folio 26 cuaderno 2.
Folio 30 cuaderno 2.
Folios 37 a 41 cuaderno 2.
Folios 42 y 43 cuaderno 2.
Folios 412 a 416.
En cuanto a la edad establecía que “cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo”.
El actor nació el 27 de marzo de 1950.
Sentencia de 10 de julio de 2020, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Expediente No.: 25000-23-42-000-2016-01179-01 (1485-2018).
Por medio de la cual se fijan reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones.
Folio 26 cuaderno 2.
Folio 30 cuaderno 2.
Folio 226 cuaderno 2.
Folio 234 cuaderno 2.
Parra Quijano, J. (2014). Manual de derecho probatorio (18a edición; ampliada y actualizada). Librería Ediciones del Profesional, pág. 321.

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