Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2005-00270-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-31-000-2005-00270-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 54001-23-31-000-2005-00270-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 54001233100020050027001
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
EN CUANTO CONSIDERÓ QUE LA JURISDICCIÓN DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SÍ ES COMPETENTE PARA
EJERCER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS DECISIONES
ADOPTADAS EN JUICIOS DE POLICIA, COMO LOS
RELACIONADOS CON EL LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE
HECHO, CUANDO UNA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO
INERVENGA COMO PARTE QUERELLANTE O QUERELLADA Y SE
TRATE DE LA PROTECCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO O
FISCALES, EN RELACIÓN CON LOS CUALES ESTÁ EN JUEGO EL
INTERES GENERAL Y, POR ENDE, SE DESCARTA UN MERO
CONFLICTO ENTRE PARTICULARES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto
en contra de la sentencia de 20 de junio de 2014, proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por
medio de la cual se declaró la nulidad del acto administrativo
de 20 de octubre de 2004, expedido por la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica (e) de la Alcaldía Municipal de San José de
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Número único de radicación: 54001233100020050027001
Actor: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Cúcuta.
I.- ANTECEDENTES
I.1- Pretensiones
Solicita el MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO que, previo el adelantamiento del trámite a que
haya lugar, esta jurisdicción proceda a:
Declarar la nulidad del acto administrativo de fecha 20 de
octubre de 2004, expedido por la Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica (E) de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, por
el cual se revocó el acto administrativo de fecha 26 de febrero
de 2004, que a su vez había ordenado el lanzamiento por
ocupación de hecho de personas indeterminadas que se
encuentran ocupando un inmueble de su propiedad, y de esta
forma se le restablezca su derecho.
I.2. HECHOS
Como supuestos fácticos de sus pretensiones, la parte actora
expuso, en síntesis, los siguientes:
1). Que el 26 de diciembre de 2003 el MINISTERIO DE
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Actor: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO instauró ante la
Alcaldía de Cúcuta, querella de lanzamiento por ocupación de
hecho contra personas indeterminadas en predios de la Zona
Franca de Cúcuta hoy la Nación - Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
2). Agregó que mediante acto administrativo de 26 de febrero
de 2004, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía
decretó el lanzamiento, comisionando para el efecto a la
Inspección Primera Superior Promiscua de Policía, la cual, para
la práctica de dicha diligencia, fijo el día 18 de junio de 2004 y
se notificó a los interesados el 31 de mayo de 2004.
3). Adujo que, paralelamente, Rosa Alejandrina Uribe Guerrero
y Jesús Antonio Uribe Picón, solicitaron la revocatoria directa
de la orden de lanzamiento y, así mismo, iniciaron ante el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Cúcuta diligencias
tendientes a clarificar el área y los linderos del predio.
4). Indicó que la Alcaldía de Cúcuta, mediante acto
administrativo de 20 de octubre de 2004, revocó el auto de 26
de febrero de 2004, que había ordenado el lanzamiento por
ocupación de hecho contra personas indeterminadas, decisión
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que le fue notificada el 2 de noviembre de 2004.
6). Sostuvo que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho no ha caducado y, por ende, se ejerció en tiempo, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del CCA, modificado
por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
I.3. Normas violadas y concepto de violación
A juicio de la parte demandante la Alcaldía de Cúcuta, con la
expedición del acto acusado, infringió normas de orden
constitucional como los artículos 2°, 4°, 6°, 23, 58, 83 y 90, al
igual que otras de estirpe legal, esto es, las que hacen parte
del Título V, en particular, los artículos 69, 74, en concordancia
con los artículos 28, 14, 34 y 35 del CCA; 673, 740, 769 del
CC; Decreto Ley 1250 de 1970, y sustentó el motivo o la razón
de dicha violación, en los siguientes argumentos:
Primer cargo: El acto acusado viola el artículo 73 del CCA, el
cual prevé que “cuando un acto administrativo haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá
ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del
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respectivo titular […]”.
Sobre el particular, la parte demandante señaló que el Decreto
01 de 1984 previó excepciones a la prohibición de revocar los
actos administrativos creadores de situaciones jurídicas o
reconocedoras de derechos de igual categoría, sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, así:
.- La prevista en el inciso 2° del artículo 73, es decir, cuando la
administración tiene la potestad de revocar unilateralmente los
actos administrativos que resultan de la aplicación del silencio
administrativo positivo, frente a lo cual se pueden presentar
dos situaciones: i) Cuando el acto presunto resulte del silencio
Administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el
artículo 69 del CCA; y ii) Cuando el acto hubiere ocurrido por
medios ilegales.
Agregó que en el acto administrativo demandado la
administración municipal argumentó que fue inducida a error,
por cuanto la documentación allegada no era la idónea; y que,
además, no estaba legitimada para actuar.
Seguidamente, la demandante señaló que el acto
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administrativo al que se refiere la parte final del artículo 73 del
CCA, esto es, el ocurrido por medios ilegales, es el acto ilícito,
en el cual la expresión de la voluntad del administrador está
viciada bien por la violencia, por error o por dolo, lo que no se
presenta en el presente caso, por cuanto la documentación
allegada no fue examinada en su totalidad, siendo mal
encaminada, lo cual dio como resultado que se expidiera el
acto acusado, con desconocimiento del principio de buena fe.
Segundo cargo: El acto administrativo acusado no hizo un
examen detallado de las pruebas. Específicamente, omitió el
análisis en conjunto de los títulos aportados, pues solo
mencionó la escritura pública núm. 1002, de 26 de mayo de
1975, otorgada en la Notaría 1ª de Cúcuta, para poner de
presente unas irregularidades respecto de los linderos.
Concluyó que el acto acusado desconoció las modificaciones
que han sufrido los terrenos de la Zona Franca de Cúcuta y los
títulos relacionados que fueron allegados a la actuación
administrativa; y que de haberse tenido en cuenta éstos,
hubiese sido diferente y a favor de los intereses del Ministerio
la decisión que se adoptó.
I.4. Contestación de la demanda
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I.4.1. El Municipio de San José de Cúcuta, a través de
apoderado, contestó la demanda1 en la que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones que en ella se formulaban.
Inició sus réplicas en contra de los argumentos que sustentan
la nulidad impetrada, manifestando que al expedir el acto
acusado se limitó a tener en cuenta los documentos
escriturarios y planos allegados a una solicitud de revocatoria,
como también los allegados por el MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO en el trámite
respectivo, cuyo análisis de conjunto, en armonía con unas
certificaciones expedidas por el IGAC, condujeron a la obligada
emisión de aquel.
Sostuvo que la Alcaldía de Cúcuta al expedir el acto acusado,
obró conforme a los preceptos legales, los cuales otorgan la
oportunidad a la administración de REVOCAR sus propios actos
cuando se den las situaciones previstas en el artículo 73 del
CCA2, concordante con el artículo 693 del mismo
ordenamiento.
1
Folios 87 a 106 del cuaderno núm. 1.
2
ARTICULO 73. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Cuando un acto administrativo
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si
se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir
simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.
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Puso de presente que no obstante que el mandato del artículo
73 del CCA da cuenta de que solo es posible revocar los actos
administrativos de carácter particular y concreto con el
consentimiento de los afectados, existen excepciones que se
refieren a dos situaciones, a saber:
a). Cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo
positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69 del
CCA, y:
b). Cuando el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.
Sobre este último, indicó que los actos administrativos de
carácter particular bien pueden ser revocados sin el
consentimiento expreso y escrito de su titular cuando su
irregularidad sea grave, flagrante y producto de un acto ilegal.
Adicionalmente, la demandada propuso las siguientes
excepciones:
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ARTICULO 69. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de
los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
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Falta de legitimación por activa de la parte actora en la
presentación de la acción, ya que no demostró, de manera
incontrovertible y transparente, su derecho sobre los predios
ocupados en la margen noroccidental de su área no
desarrollada, motivo por el cual es claro que no le asiste
legitimidad alguna en la presente causa.
No hay causa legal para demandar por la parte actora,
ya que las mejoras de los presuntos invasores de los predios
de la entidad demandante, se encuentran por fuera de los
linderos de los mismos, a una distancia de 15.55 metros,
según lo que afirma el IGAC, y se entiende que dichas mejoras
estarían por fuera de los terrenos adquiridos por la Zona
Franca, por lo cual dicha entidad no tiene razón legal para
instaurar la presente demanda, por cuanto sus predios no han
sido afectados por la presunta invasión que cuestiona de
manera errónea e injustificada.
I.4.2. Los terceros con interés directo en las resultas del
proceso, señores Rosa Alejandrina Uribe Guerrero y Jesús
Antonio Uribe Picón, a través de apoderado, contestaron la
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demanda4, oponiéndose a las pretensiones de la misma por
diversas razones que, en resumen, dan cuenta de lo siguiente:
De entrada, propusieron las excepciones de:
A). Falta de jurisdicción de lo contencioso
administrativo para dirimir decisiones de juicios de
policía. Lo anterior en consideración a que el proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho es eminentemente
policivo y sumario, cuya finalidad es la de prevenir las vías de
hecho y decretar provisionalmente un statu quo, mientras la
autoridad judicial respectiva define la situación ante la ley, en
forma definitiva, de conformidad con la Ley 57 de 1915,
reglamentada por el Decreto 992 de 1930.
Agregaron al respecto que el artículo 82 del CCA, prevé que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las
decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley.
Hicieron hincapié en que la Corte Constitucional, mediante las
sentencias de tutela T-093 de 2006, T-443 de 1993 y la
sentencia C-241 de 2010, se pronunció sobre el mencionado
4
Folio 415 a 427 del cuaderno principal núm. 1.
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enunciado normativo, como también lo hizo el Consejo de
Estado en sentencia núm. 07001-23-31-000-2010-00018-01.
b). Inepta demanda por ausencia de requisitos
formales. Lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda fue
allegada por el actor vía fax y nunca aportó el original de la
misma.
c). Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el
mismo asunto. Dicha excepción se basa en el hecho de que
el Ministerio demandante inició acción reivindicatoria en contra
de los terceros interesados, la cual se tramita en el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Cúcuta.
Seguidamente, expusieron lo siguiente:
Que, como puede observarse, el área de terreno y los linderos
aducidos por el demandante en el hecho 6° de la demanda no
se encuentran respaldados por ninguna escritura pública, pues
éste se limitó a realizar dibujos sobre los planos aportados en
donde cree que están las mejoras de los terceros, e
igualmente dibujó con lápiz los linderos a que hace referencia
en el hecho 6° y allegó escrituras en las que no aparecen las
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medidas ni el área aducida, lo que evidencia claramente que
no soportó probatoriamente su petición y, por ende, su
legitimación por activa.
Añadieron que la parte actora allegó con la demanda una carta
catastral sin medidas, y un levantamiento topográfico
igualmente sin medidas, alterados ambos en el sentido que
señaló con lápiz el área supuestamente invadida.
Que en la respuesta dada por el IGAC, mediante el Oficio núm.
6.16/0346, a la petición de legalización del levantamiento
topográfico anexado con la demanda de lanzamiento no fue
aprobatoria, debido a que la distancia que presenta el plano es
de 159.09 mts., más 366 mts., en su lindero occidental, y el
área que figura en la escritura 1002 de 26 de mayo de 1975,
de la Notaría Primera, es de 151.70 mts., más 320 mts.; y
porque, además, el área contenida en el plano aportado es
superior al topográfico protocolizado con la mencionada
escritura.
Finalmente, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 del
CCA, referente al deber de comunicar la actuación
administrativa a los particulares que puedan resultar
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afectados, sostuvieron que la norma no era aplicable a la
situación en estudio, debido a que dentro del trámite policivo
no se vislumbró la existencia de terceras personas que
pudiesen resultar afectadas con dicha revocatoria, toda vez
que la litis se encontraba trabada únicamente entre el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y los terceros con
interés.
I.5. Fundamentos de la sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
sentencia de 20 de junio de 2014, accedió a las pretensiones
de la demanda, con fundamento en las consideraciones que a
continuación se sintetizan, así:
Inicio el a quo con el análisis de las excepciones propuestas,
tanto por el Municipio demandado como por los terceros
interesados, y en relación con la denominada falta de causa
legal para que la parte actora demandara, consideró que la
misma no constituía propiamente una excepción que hiciera
improcedente la acción o la pretensión, dado que se trataba de
un argumento que contenía la defensa jurídica de fondo del
Municipio de Cúcuta, por lo que se resolvería junto con la
decisión de fondo del conflicto.
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En lo referente a la excepción de falta de legitimidad en la
causa, consideró el a quo que la misma tampoco constituía
propiamente una excepción, pues, en el evento de que en un
proceso se verifique que una parte, como en este caso la
demandada, no estaba obligada a responder por las
pretensiones, lo procedente era negarlas, sin que resultara
pertinente declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
En cuanto a las excepciones de inepta demanda por ausencia
de requisitos formales, pleito pendiente entre las mismas
partes y sobre el mismo asunto y la de falta de jurisdicción de
lo contencioso administrativo para dirimir decisiones de juicios
de Policía, consideró el Tribunal que éstas son improcedentes,
toda vez que constituyen excepciones previas, como lo prevé
el artículo 97 de C de PC, y en virtud del artículo 164 del CCA,
en esta jurisdicción no es de recibo el trámite y decisión de las
mismas.
Seguidamente procedió el Tribunal a plantear el problema
jurídico, así:
¿Hay lugar a declarar la nulidad del Acto Administrativo
de fecha 20 de octubre de 2004, expedido por el Jefe de
la Oficina Jurídica (E) de la Alcaldía Municipal de San
José de Cúcuta, en virtud del cual se revocó el acto
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administrativo de fecha 26 de febrero de 2004 mediante
el cual se ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho
de personas indeterminadas que se encuentran
ocupando el inmueble; no obstante que la parte
accionada, los terceros vinculados y el Ministerio Público,
se oponen a las pretensiones de la demanda por las
razones ya anotadas en el numeral anterior?
El Tribunal dirimió dicho interrogante llegando a la conclusión
de que sí había lugar a declarar la nulidad del acto
administrativo demandado, de fecha 20 de octubre de 2004,
expedido por la Jefe de la Oficina Jurídica (E) de la Alcaldía
Municipal de San José de Cúcuta, en virtud del cual se revocó
el acto administrativo de fecha 26 de febrero de 2004 que, a
su vez, había ordenado el lanzamiento por ocupación de hecho
de personas indeterminadas que se encontraban ocupando el
inmueble en discusión.
Tal decisión la adoptó con fundamento en el hecho de que el
acto administrativo de 20 de octubre de 2004, se expidió sin el
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 74, 35, 34, 28 y
14 del CCA.
No obstante que se declaró la nulidad impetrada, teniendo en
cuenta que la parte accionante no pidió en la demanda ningún
restablecimiento del derecho, el Tribunal se abstuvo de emitir
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algún pronunciamiento en ese sentido, en favor de dicha
parte.
Los argumentos que soportan su decisión, los expuso el
juzgador a quo, de la siguiente manera:
1.- De la presunción de legalidad de los actos
administrativos
Recordó que, conforme a lo señalado en el ordenamiento
jurídico vigente para la época de los hechos, y actualmente,
los actos administrativos gozan de los atributos de: presunción
de legalidad, en razón de lo cual se consideran ajustados al
ordenamiento jurídico, correspondiéndole al interesado
desvirtuar dicha condición; y el de ejecutoriedad, en virtud del
cual, una vez en firmes, son obligatorios, salvo que sean
suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso
administrativo.
2.- Acto demandado
Indicó que se trata de la Resolución de 20 de octubre de 2004,
expedida por la Jefe de la Oficina Jurídica (E) de la Alcaldía
Municipal de San José de Cúcuta, mediante la cual se revocó el
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auto de 26 de febrero de 2004, que a su vez había ordenado
el lanzamiento por ocupación de hecho de personas
indeterminadas que se encontraban ocupando el inmueble en
disputa; y que dada la naturaleza de dicho acto, el mismo es
pasible de demanda a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del
CCA.
3.- En el presente caso se encuentra probada la
violación de las normas superiores citadas en la
demanda, con la expedición del acto acusado, pues
ciertamente se decidió la revocatoria de un acto
particular sin tenerse en cuenta el procedimiento
reglado en el CCA
En sustento de sus consideraciones el Tribunal tuvo en cuenta
el ordenamiento jurídico que regulaba la materia para la época
de los hechos, en particular, los artículos 735 y 746 del CCA, y
recordó que, en múltiples oportunidades, el Consejo de Estado
5
ARTICULO 73. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Cuando un acto administrativo
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si
se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir
simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.
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ARTICULO 74. PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Para
proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la
forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este Código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos
obtenidos por el silencio administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el
artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes.
El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá pedir reparación del daño ante la jurisdicción en lo
contencioso administrativo si el acto presunto se revoca.
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se había pronunciado sobre la naturaleza y alcance de la figura
de la revocatoria directa de los actos de contenido particular y
concreto7.
3.1.- Violación del debido proceso administrativo al
procederse a la revocatoria del acto particular
Estimó el a quo que con la expedición del acto acusado se
vulneraron las normas que regulan el debido proceso
administrativo, pues se omitió por parte del Municipio de
Cúcuta cumplir el procedimiento reglado en el artículo 28 y ss
del CCA, conforme con la remisión expresa contenida en el
artículo 74, ibidem, para proceder a revocar el acto de 20 de
octubre de 2004, por el cual se había ordenado a favor del
Ministerio de Comercio el lanzamiento por ocupación de hecho
de un predio ocupado por personas indeterminadas.
Precisó que en el mismo acto demandado se reconoce que no
se tramitó procedimiento administrativo alguno para obtener
el consentimiento del Ministerio, previo a su revocación, pues
en el aparte pertinente se afirma que: “Es menester concluir,
entonces, que en este caso específico la Administración
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Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. sentencia de 16 de abril de 2009. Radicación núm. 50001-23-31-
000-2003-00372-02(0492). Consejero ponente, Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Municipal, ante el error a que fue inducida por la parte
querellante, no tiene por qué solicitar su consentimiento
expreso para revocar el acto administrativo acusado cuando
[se] encuentra dentro de la excepción de que trata el artículo
73 de la (sic) Código Contencioso Administrativo”.
3.2.- Conclusión del presente caso
El Tribunal, luego del análisis de las normas que vienen al caso
y de la jurisprudencia desarrollada en torno a las mismas, así
como de los hechos jurídicamente relevantes, demostrados en
el proceso, concluyó que en el presente asunto debía anularse
el acto administrativo demandado, en la medida en que fue
expedido con violación del debido proceso administrativo de la
parte accionante.
Destacó el a quo que la vulneración del artículo 74 del CCA
resultaba evidente, y, de contera, la del mandato contenido en
el artículo 29 Constitucional, debido a que el Municipio omitió
adelantar la actuación administrativa en la forma prevista en
el artículo 28 y siguientes del CCA, al igual que omitió
comunicar al Ministerio de Comercio la existencia de la
solicitud de revocatoria del acto de 26 de febrero de 2004, que
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se había iniciado a petición de unos particulares; y que era
evidente que el Ministerio de Comercio tenía pleno interés en
dicha actuación administrativa, pues el acto de lanzamiento de
los particulares se había dado a petición presentada por dicho
Ministerio.
Aclaro que si bien es cierto que el Municipio consideró que el
acto administrativo que dispuso el lanzamiento por ocupación
de hecho había ocurrido por medios ilegales, y que ello lo
facultaba para revocarlo sin requerir el consentimiento del
beneficiario, no es menos cierto que ello no lo autorizaba para
desconocer el procedimiento ordenado en el artículo 74 del
CCA, en cuanto señala que la revocatoria de actos
particulares, reglada en el artículo 73, ibidem, no puede leerse
y aplicarse en forma separada o aislada de lo previsto en el
artículo 74 ibidem, por lo que con la expedición del acto
demandado, en las condiciones indicadas, se incurrió en la
causal de anulación de violación al debido proceso y el derecho
de defensa, previstos en los artículos 29 Constitucional y 74 y
28 del CCA.
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Ahora bien, respecto a (i) la falta de jurisdicción y (ii) la
ausencia de objeto, en lo concerniente al lanzamiento por
ocupación de hecho, el Tribunal señaló:
(i) En cuanto al primer aspecto, precisó que el tema de falta
de jurisdicción fue definido por esa misma Corporación, en la
sentencia de 5 de febrero de 20108, con argumentos que
conservan su validez y a los que se remite y, según los cuales:
“El acto demandado puede ser objeto de control judicial”, ante
esta jurisdicción, debido a que se profirió dentro de una
actuación adelantada por una entidad pública y en la
medida en que fue objeto de una petición de revocatoria. De
modo que, siguiendo las pautas dadas por la jurisprudencia del
Consejo de Estado9 se tiene que el acto demandado es una
decisión administrativa expedido dentro de un juicio civil de
policía para la recuperación del statu quo de la posesión de un
predio de la administración en manos de particulares,
situación en la que media un interés de la comunidad en
general por este tipo de decisiones, al igual que está presente
el interés mismo de la administración y teniendo en cuenta
igualmente que el acto se produjo en virtud de una revocación
directa del acto inicial, dando lugar a un nuevo
8
Ver folios 352 y 352 vuelto.
9
Al efecto citó la sentencia con Radicado No. 47001-23-31-000-2001-0619-01(7904), de 25 de
julio de 2002, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
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pronunciamiento no previsto en el acto revocado10, que se
fundamentó, precisamente, en los artículos 69 y 73 del CCA,
normas que no hacen remisión a otra disposición
especialmente aplicable y relevante.
Precisó que la cita que se hace en los alegatos de lo previsto
en el artículo 1° del CCA, debe entenderse en el sentido de
que los procedimientos que están excluidos de la aplicación de
la primera parte del CCA, son los procedimientos de policía
que deben ejecutarse en forma instantánea para evitar o
remediar una perturbación del orden público, situación que es
diferente a la que dio origen al presente proceso.
(ii) Con relación al segundo punto, indicó que el hecho de que
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta hubiese
proferido la sentencia que definió el proceso ordinario
reivindicatorio iniciado por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo en contra de terceros vinculados, a favor de estos
últimos, no es razón suficiente para concluir que el acto
administrativo demandado en este proceso haya perdido su
legalidad o eficacia y que, por tanto, exista carencia de objeto,
10
En sustento de lo anterior se remitió a las sentencias: Radicado No. 25000-23-24-000-2006-
00474-01 de 4 de octubre de 2007, C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta; Radicado No. 13001-
23-31-000-2004-01160-01, de 30 de agosto de 2007, C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta y
Radicado No. 25000-23-25-000-2001-09629-01 (0507-05), de 29 de mayo de 2008, C.P. Jesús
María Lemus Bustamante.
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pues, como es sabido, dicho acto administrativo goza tanto de
presunción de legalidad como de ejecutoriedad, motivo por el
cual el mismo se encuentra demandado en el presente
proceso, de ahí que la jurisdicción deba proferir sentencia de
mérito en razón a los efectos jurídicos que haya podido
producir durante el tiempo de su vigencia.
En suma, el Tribunal declaró nulo el acto administrativo
demandado, por considerar que violó el debido proceso
administrativo, pero sin ordenar restablecimiento del derecho
expreso en favor de la parte actora.
I.6. Fundamentos de los recursos de apelación
I.6.1. La Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta,
mediante escrito de 10 de octubre de 201411, impugnó la
sentencia de 20 de junio de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por la cual se declaró la
nulidad del acto administrativo de 20 de octubre de 2004,
expedido por la Jefe de Oficina Asesora Jurídica (E) de esa
entidad, argumentado, en síntesis, lo siguiente:
11
Folio 482 a 486 del cuaderno núm. 1. .
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Que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene
competencia para conocer del caso ya que si bien es cierto que
el acto tiene como fundamento normas del CCA, no lo es
menos que se está en presencia de una actuación policiva de
naturaleza civil; que de conformidad con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, expresada en la Sentencia T-267 de 8
de abril de 2011: “cuando se trata de procesos policivos
para amparar la posesión, la tenencia, o una
servidumbre, las autoridades de policía ejercen función
jurisdiccional y las providencias que dicten son actos
jurisdiccionales”; y según lo reglado por el artículo 82 de
CCA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga
las decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley.
Anotó que en caso de considerarse que el acto demandado, de
20 de octubre de 2004, es administrativo, como lo manifiesta
el Tribunal, debe tenerse en cuenta el concepto del Procurador
23 Judicial II Administrativo de Cúcuta, en el cual solicitó que
se deben denegar las súplicas de la demanda, por no existir
prueba demostrativa de los argumentos de la parte
demandante.
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Finalizó manifestando que lo que se requiere para revocar el
acto administrativo de carácter particular, sin autorización
escrita del administrado, es que se trate de una actuación
abrupta, abierta e incontrovertiblemente ilícita o fraudulenta,
debidamente probada, entendida esta como un vicio en la
formación de la voluntad de la Administración, que bien puede
ocurrir por error, fuerza o dolo.
I.6.2. Los terceros interesados, Rosa Alejandrina Uribe
Guerrero y Jesús Antonio Uribe Picón, mediante escrito de 10
de octubre de 201412, impugnaron la sentencia de 20 de junio
de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por la cual se declaró la nulidad del acto
administrativo de 20 de octubre de 2004, expedido por la Jefe
de Oficina Asesora Jurídica (E) de esa entidad, argumentado,
en síntesis, la falta de competencia de la jurisdicción
contencioso administrativa para conocer procesos policivos,
como el que ocupa a la Sala.
II. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
.- La parte demandante en sus alegaciones reiteró, en síntesis,
los mismos argumentos esgrimidos en la demanda.
12 Folio 487 a 491 del cuaderno núm. 1. .
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.- La parte demandada y los terceros con interés, en esta
oportunidad, guardaron silencio.
.- El Ministerio Público13, a través de escrito de 13 de mayo de
201514, presentó concepto en el que expuso las siguientes
consideraciones:
Advirtió que eran dos los cargos formulados en contra de la
decisión apelada:
El primero, consistente en que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo no podía conocer de la legalidad del
acto demandado, por tratarse de un acto dictado en un juicio
de policía, excluido expresamente del conocimiento de esta
jurisdicción, y;
El segundo, que la sentencia debe revocarse por cuanto no
existe prueba demostrativa de los argumentos de la parte
demandante. Y con apoyo en el concepto rendido por el
Procurador 23 Judicial II Administrativo de Cúcuta, se solicitó
13
Mediante escrito de 28 de febrero de 2020, el doctor Roberto Augusto Serrato Valdés
manifestó impedimento para conocer del proceso de la referencia, por cuanto en su condición
de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa rindió concepto en el presente
asunto, por lo que le fue declarado fundado a través de auto de 3 de marzo de ese año y, en
consecuencia, se le separó del conocimiento del mismo.
14 Folio 17 a 25 del cuaderno núm. 3.
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denegar las súplicas de la demanda, por cuanto en el plenario
no reposaban los antecedentes administrativos que
establecieran si se vulneró o no el derecho de defensa y
contradicción.
Con respecto al primer cargo, el Ministerio Público sostuvo
que le asiste la razón al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, al considerar que la jurisdicción de lo Contencioso
administrativo sí es la competente para conocer de la legalidad
de la decisión de 20 de octubre de 2004, proferida por la
Alcaldía de San José de Cúcuta, toda vez que, conforme lo ha
considerado la jurisprudencia de esta Corporación, los juicios
policivos tienen naturaleza jurisdiccional y, por lo tanto,
escapan del control de la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativa, en los eventos en que la administración
actúe como tercero respecto de las partes en litigio
[particulares], pero que, en caso contrario, si esta actúa
como parte directamente interesada, se entenderá que el
juicio policivo es de carácter administrativo y, por lo tanto, lo
que en este se decida, debe entenderse como objeto de
control judicial en esta jurisdicción.
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Sobre el particular, agregó que en el presente asunto resulta
claro que el acto enjuiciado se expidió en el trámite de un
procedimiento policivo de lanzamiento por ocupación de hecho
de un bien fiscal, iniciado por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, por lo que, consecuentemente, el juicio
policivo debe ser considerado de carácter administrativo y el
control judicial de los actos definitivos dictados en el mismo,
resulta ser de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
En relación con el segundo cargo, el Ministerio Público
señaló que, mediante auto de 14 de octubre de 2005, el
Tribunal dispuso oficiar a la Secretaría del Municipio de Cúcuta
para que allegara los actos administrativos relacionados con el
acto enjuiciado.
Y añadió que, mediante oficio de 16 de agosto de 2006, visible
a folio 54 del expediente, la entidad demandada envió copia
de la actuación relacionada con el acto administrativo inicial y
con el acto revocado y, por ende, sí reposaban los
antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición
del acto.
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De otra parte, consideró que, contra lo manifestado por el
Procurador 23 Judicial II Administrativo de Cúcuta, del solo
contenido del acto administrativo enjuiciado se desprende la
prueba de que la entidad demandada desconoció el
procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del
CCA, el cual debió seguir la Alcaldía de San José de Cúcuta
para revocar la decisión de 26 de febrero de 2004.
Concluyó que los argumentos expuestos en los recursos de
apelación no tienen la entidad suficiente para revocar el fallo
de primera instancia, razón por la que debe confirmarse la
declaratoria de nulidad del acto administrativo de 20 de
octubre de 2004, expedido por la Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica (E) de la Alcaldía de San José de Cúcuta.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Sea lo primero advertir que Sala limitará el análisis de la
cuestión litigiosa a lo decidido en la sentencia de primera
instancia y a los argumentos expuestos por los recurrentes en
sus escritos de apelación, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil15, norma según
15 Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código
General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez
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la cual “La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable
hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados
con aquélla.”
El acto administrativo demandado
El acto administrativo cuya nulidad se pretende, mediante el
medio de control ejercitado por la parte demandante, es la
Resolución de 20 de octubre de 200416 expedida por la Jefe de
la Oficina Asesora Jurídica (E) de la Alcaldía del Municipio de
San José de Cúcuta que, en su parte resolutiva, dispuso:
“OFICINA ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL.
San José de Cúcuta, 20 de oct. 2004.
[…]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Revocar el auto de fecha febrero 26 de
2004, mediante el cual la Oficina Asesora Jurídica ordenó el
lanzamiento por ocupación de hecho, de todas las personas
indeterminadas que se encuentren ocupando el inmueble,
ubicado en la esquina nororiental del área no desarrollada de los
terrenos de la zona franca de Cúcuta, de conformidad a lo
manifestado en la parte motiva de esta providencia.
lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la
nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar corrió entre el 11 de
septiembre de 2013 y el 24 de septiembre de 2013 (folio 15 reverso cuaderno número 2), el presente asunto se
encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1 de enero de 2014, como lo
dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de
2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero.
16
Folio 54 a 64 del cuaderno principal núm. 1.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Clarificar que en el evento de perseguir
derechos ajenos al trámite policivo, se deja en libertad a las
partes para que acudan a la justicia civil ordinaria.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar de este proveído a las partes en
litis conforme lo dispone el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede
recurso alguno.
ARTÍCULO QUINTO: Reconocerle personería jurídica al Doctor
WILLIAN AUGUSTO GARCÍA ARDILA, en los términos y para los
efectos del poder conferido.
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme esta determinación
archívense las sumarias sin necesidad de auto que así lo
ordene,
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
DORIS ASELA MOROS
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E)”
Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer lo siguiente:
i) Si es o no competente la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para conocer de la controversia planteada
frente al acto acusado; ii) si el acto de lanzamiento por
ocupación de hecho, al haber sido provocado mediante
maniobras fraudulentas del interesado, o emitido por error,
fuerza o dolo, podía ser revocado sin comunicar al beneficiario
que se iba a adoptar esta última medida y sin que éste la
autorizara expresamente; y iii) si en el expediente no obran
todas las actuaciones, citaciones, notificaciones y constancias
de ejecutoria, para acometer el juicio de legalidad que
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corresponde efectuar a la Sala.
Caso concreto
En lo que guarda relación con el primer aspecto a resolver por
parte de la Sala, que a su vez constituye la primera razón de
impugnación, consistente en que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo carece de competencia para
conocer controversias que versen sobre la legalidad de las
decisiones que se adopten en los juicios de policía, se
considera que no les asiste razón a los apelantes, de
conformidad con la línea jurisprudencial de esta Corporación
sobre el tema específico aquí debatido.
En efecto, sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sostenido que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es competente para ejercer el control judicial
de las decisiones adoptadas en los juicios de policía cuando
uno de los extremos de la litis esté integrado por una entidad
de derecho público; y cuando se trate de la protección de
bienes de propiedad pública, como son los de uso público y
bienes fiscales.
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Ciertamente, la Sección Primera, en sentencia de 25 de julio
de 2002 (Radicación número: 47001-23-31-000-2001-00619-
01(7904), Consejera Ponente doctora Olga Inés Navarrete
Barrero), sobre el punto en discusión, señaló en lo pertinente,
lo siguiente:
“[…]En repetidos pronunciamientos se ha delimitado el
ámbito de competencia en relación con las decisiones
adoptadas en juicios civiles de policía. En efecto,
partiendo de lo señalado en el artículo 82 del C. C. A., se
ha dicho que constituye decisión administrativa la
dictada en un juicio de policía que tiene por objeto la
recuperación del espacio público, la de la recuperación
del statuo quo de la posesión de un predio de propiedad
de la administración en manos de particulares, pues es
del interés de la comunidad en general este tipo de
decisiones, que se requieren de la autoridad policiva, y
que es la contencioso administrativa la jurisdicción
competente al efecto cuando la parte querellante sea
una entidad de derecho público, pues allí no se vislumbra
un mero conflicto entre particulares, sino el interés de la
administración. De manera que, cuando se trata de
querellas entre particulares tendientes a la recuperación
del estatus, mediante el ejercicio de las acciones
policivas reguladas en el Código Nacional de Policía y de
las normas que lo complementan, las decisiones que allí
se adopten no son revisables para la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”[…] 17.(Subraya la Sala para
destacar)
En igual sentido, la Sección Tercera de esta Corporación, en
sentencia de 27 de mayo de 2015 (Radicación número 08001-
23-31-000-1999-02289-01(34121), Consejero Ponente, doctor
Hernán Andrade Rincón), discurrió, así:
17
Dicho criterio ha sido reiterado por la Sala, entre otros, en sentencia de 15 de noviembre de
2019 (Expediente núm. 1998-03269-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).
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“[…]La postura constante y consolidada de la
Corporación en torno a los juicios policivos –y de allí su
consecuencial exclusión del conocimiento de su
contenido por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo- es que se trata de una de las
expresiones constitucionalmente admitidas del ejercicio
de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades
administrativas –con exclusión, se reitera, del
lanzamiento por ocupación de hecho de bienes fiscales y
del procedimiento de restitución de bienes de uso
público, entre otros, es decir, en general, en tratándose
de bienes de propiedad pública-. (…) En consecuencia, y
al tratarse de una decisión de carácter jurisdiccional,
resulta lógico que se excluya la posibilidad de un análisis
de legalidad de la decisión adoptada en el juicio de
policía en sede de acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, pero además que se haya descartado, como
una regla general aunque no absoluta, la posibilidad de
que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo funja
como superior funcional de la autoridad de policía y
conozca en segunda instancia del asunto en cuestión
[…]”18. (Subraya la Sala para destacar)
Asimismo, la Sección Tercera, consideró19:
“[…]Los actos administrativos de las autoridades de
policía son aquellos tendientes a la preservación del
orden, la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las
condiciones económicas de convivencia social, en tanto
que los de naturaleza jurisdiccional son los que están
encaminados a resolver los conflictos que surgen entre
dos partes, como sucede con los amparos posesorios y
de tenencia de bienes. En este caso, es claro que los
actos mediante los cuales se dispuso la restitución del
espacio público son de naturaleza administrativa y no
jurisdiccional, pues en los procesos policivos que se
tramitan por esta causa la autoridad administrativa no
actúa como juez en tanto su papel no consiste en dirimir
un conflicto Inter partes, sino como autoridad
administrativa propiamente dicha como quiera que sus
decisiones responden al ejercicio de la función de policía
18
Sobre el control de legalidad de las providencias emitidas por la Administración en juicios policivos de lanzamiento
de bienes de naturaleza privada, consultar sentencias de 13 de septiembre de 2001, Exp. 12915, MP. María Elena
Giraldo Gómez; de 8 de marzo de 2007, Exp. 15883, MP. Mauricio Fajardo Gómez; de 28 de enero de 2015, Exp.
31612, MP. Hernán Andrade Rincón (e).
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29
de julio de 2013. Rad. 27088. Consejero ponente, doctor Danilo Rojas Betancourt.
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atribuida legalmente a los alcaldes (Código Nacional de
Policía, artículo 132) con el fin de preservar el orden
público en su jurisdicción. De ahí que estos actos sí sean
demandables ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo de conformidad con lo dicho previamente
y con lo dispuesto el artículo 67 de la Ley 9 de 1989 […]”
(la Sala subraya).
Ahora bien, en lo que concierne específicamente a la
naturaleza jurídica del lanzamiento por ocupación de hecho de
bienes fiscales20, y el control atribuido a la jurisdicción
contencioso administrativo, por tratarse de una medida de
carácter administrativo, la Sección tercera, mediante sentencia
de 28 de enero de 2015, expresó lo siguiente:
“[…]Las distintas normas que le atribuyen competencia a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo han
excluido de su conocimiento “las decisiones proferidas en
juicios de policía regulados especialmente por la ley”,
según la redacción que se adoptó en el artículo 82
C.C.A.; disposiciones normativas que se han entendido
tradicionalmente como exclusivamente referidas a
aquellos procedimientos policivos en los que la autoridad
de policía interviniera como un tercero en la disputa,
catalogándose así, como una actividad jurisdiccional de
la Administración Pública, mientras que aquellos
referidos a actividades propiamente de policía
administrativa –en la que se incluye la restitución de
bienes de uso público- se entendieron como sometidos al
control de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. (…) tienen naturaleza jurisdiccional y,
por tanto, escapan al control de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo los juicios policivos en los
que la Administración actúe como un tercero respecto de
las partes en litigio, en caso contrario, se entenderá que
el juicio policivo es de carácter administrativo y, por lo
tanto, se debe entender como objeto del control judicial
en esta Jurisdicción; se ha decantado, entonces, una
20
Referente a la naturaleza jurídica del lanzamiento por ocupación de hecho de bienes fiscales, consultar sentencia
de 02 de mayo de 2013, Exp. 28158, MP. Mauricio Fajardo Gómez.
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regla general por cuya virtud los procedimientos
policivos de protección de la tenencia y/o de la posesión
son de aquellos en los que el Estado ostenta la calidad
de un tercero respecto del querellante y del querellado.
[…]
“Ocurre que en el caso del lanzamiento por ocupación de
hecho de bienes fiscales, la entidad territorial no actúa
como un tercero frente a la parte querellada; por el
contrario, dado el carácter de la protección que
requieren los bienes públicos -en general, por su
inclusión en el patrimonio público-, esa medida policiva,
al erigirse en una prerrogativa del poder público, detenta
un evidente carácter administrativo, cuyo control le
corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, según la línea jurisprudencial antes
reseñada. Esta competencia administrativa encuentra
pleno sustento normativo en los artículos 2, 88, 102, 313
de la Constitución Política, en el Decreto 1333 de 1986 –
contentivo del Código de Régimen Político y Municipal- y
en el artículo 679 del Código Civil. (…) la decisión del
lanzamiento por ocupación de hecho que se realizó
mediante la Resolución del 29 de agosto de 2000 se
debe calificar como una medida de carácter
administrativo21. […]”.
A partir de los señalamientos jurisprudenciales reseñados, y
como ya se indicó, son dos los supuestos en que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo puede ejercer el control
judicial de las decisiones adoptadas en los juicios de policía; i)
cuando uno de los extremos de la litis está integrado por una
entidad de derecho público, pues allí no se vislumbra un mero
conflicto entre particulares, y lo que está en juego es el interés
de la administración; y ii) cuando se trate de la protección de
21
Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 28 de enero de 2015.
Radicación número: 47001-23-31-000-2002-00443-01(31612). Consejero ponente: Hernán
Andrade Rincón (E).
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bienes de propiedad pública, como son los de uso público, -
aquellos de propiedad pública cuyo uso pertenece
generalmente a todos los habitantes-, y bienes fiscales, -los
que se encuentran, general, pero no exclusivamente
destinados para el uso por parte de las entidades públicas-, así
se encuentren algunas porciones de ellos abiertos al público,
pero que están marcados por la pertenencia a una persona de
derecho público.
Direccionando lo expresado hacia el caso concreto, para la
Sala resulta inevitable la consideración según la cual se está
en presencia de un procedimiento de carácter administrativo,
frente al cual el medio de control de los actos allí proferidos,
resulta ser de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, debido a que la Resolución de 20 de octubre de
2004, expedida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) de
la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta, mediante la
cual se revocó el auto de 26 de febrero de 2004, por el que la
Oficina Asesora Jurídica había ordenado el lanzamiento por
ocupación de hecho de todas las personas indeterminadas que
se encontraban ocupando el inmueble en disputa, se expidió
en el trámite de un juicio policivo de lanzamiento por
ocupación de hecho de un bien fiscal, propuesto por el
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, -entidad
de derecho público-.
Sobre el particular, el a quo, en la sentencia apelada, echó
mano de la siguiente exégesis, que la Sala comparte en la
medida en que está en consonancia con los antecedentes
jurisprudenciales citados:
“Sin embargo, ocurre que en el caso del lanzamiento por
ocupación de hecho de bienes fiscales, la entidad
territorial no actúa como un tercero frente a la parte
querellante; por el contrario, dado el carácter de la
protección que requieren los bienes públicos -en general,
por su inclusión en el patrimonio público-, esa medida
policiva, al erigirse en una prerrogativa del poder
público, detenta un evidente carácter administrativo,
cuyo control le corresponde a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, según la línea jurisprudencial
antes reseñada. Esta competencia administrativa
encuentra pleno sustento normativo en los artículos 2,
88, 102, 313 de la Constitución Política, en el Decreto
1333 de 1986 -contentivo del Código de Régimen Político
y Municipal- y en el artículo 679 del Código Civil.
[…].
“Así las cosas, la decisión del lanzamiento por ocupación
de hecho que se realizó mediante la Resolución del 29 de
agosto de 2000 se debe calificar como una medida de
carácter administrativo […]”.22
Por todo lo anterior, para la Sala no son de recibo los
argumentos relacionados con una supuesta falta de
22
En el fallo que ahora se revisa el Tribunal se remitió a lo que previamente había sostenido
sobre el punto en la sentencia de 5 de febrero de 2010, la cual fue anulada, vía acción de
tutela, por la Sección Cuarta de esta Corporación para efectos de permitir la intervención de
los terceros con interés, que hasta el momento del citado fallo no habían sido vinculados,
criterio que el a quo reiteró y complementó.
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jurisdicción, aducidos por los recurrentes en contra de la
sentencia apelada, por lo que dicho cargo no tiene vocación de
prosperar.
Para dirimir el segundo punto del problema jurídico planteado,
que constituye el motivo de impugnación aducido por los
apelantes, consistente en que el acto revocado, al haber sido
provocado mediante maniobras fraudulentas del interesado, o
emitido por error, fuerza o dolo, bien podía ser revocado
directamente sin comunicar al interesado la actuación que al
efecto se iba a adelantar, la Sala considera indispensable tener
en cuenta lo dispuesto en las normas pertinentes del CCA.
Ante todo, cabe recordar que el procedimiento que debe
adelantarse para la revocación directa de los actos
administrativos se encuentra previsto en los artículos 73 y 74
del CCA, los cuales, en su orden, señalan:
“ARTICULO 73. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER
PARTICULAR Y CONCRETO. Cuando un acto
administrativo haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando
resulten de la aplicación del silencio administrativo
positivo, si se dan las causales previstas en el artículo
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69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios
ilegales.[…].”
“ARTICULO 74. PROCEDIMIENTO PARA LA
REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y
CONCRETO. Para proceder a la revocación de actos de
carácter particular y concreto se adelantará la actuación
administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y
concordantes de este Código.[…]”.
A su vez, el artículo 28, establece:
“ARTICULO 28. DEBER DE COMUNICAR. Cuando de la
actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda
que hay particulares que pueden resultar afectados en
forma directa, a éstos se les comunicará la existencia de
la actuación y el objeto de la misma.
En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo
dispuesto en los artículos 14, 34 y 35.”
A su turno, estos últimos artículos prevén:
“ARTICULO 14. CITACION DE TERCEROS. Cuando de
la misma petición o de los registros que lleve la
autoridad, resulte que hay terceros determinados que
pueden estar directamente interesados en las resultas de
la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte
y hacer valer sus derechos. La citación se hará por
correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio
más eficaz.
En el acto de citación se dará a conocer claramente el
nombre del peticionario y el objeto de la petición.
Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar
demasiado costosa o demorada, se hará la publicación
de que trata el artículo siguiente.”
“ARTICULO 34. PRUEBAS. Durante la actuación
administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y
allegar informaciones, sin requisitos ni términos
especiales, de oficio o a petición del interesado.”
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“ARTICULO 35. ADOPCION DE DECISIONES.
Habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e
informes disponibles, se tomará la decisión que será
motivada al menos en forma sumaria si afecta a
particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones
planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.
Cuando el peticionario no fuere titular del interés
necesario para obtener lo solicitado o pedido, las
autoridades negarán la petición y notificarán esta
decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho
invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía
gubernativa, si la hay.
Las notificaciones se harán conforme lo dispone el
capítulo X de este título.”
Por lo demás, el artículo 69 del CCA prevé como causales de
revocación directa las siguientes:
“ARTICULO 69. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos
administrativos deberán ser revocados por los mismos
funcionarios que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución
Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o
social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una
persona.”
Para efectos de contextualizar lo que supone e implica la figura
de la revocación directa de los actos administrativos, en el
ámbito del derecho positivo y jurisprudencia que nos rige, y,
en particular, en aras de ilustrar lo relacionado con el
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procedimiento y los requisitos que al efecto deben
adelantarse, resulta pertinente traer a colación lo que sostuvo
sobre el tema la Sección Primera del Consejo de Estado, en
sentencia de 3 de noviembre de 2011:
“La revocatoria directa es un instituto jurídico en virtud
del cual la Administración, de oficio o a solicitud de
parte, deja sin efectos los actos expedidos por ella
misma, en razón de las causales expresa y
especialmente previstas en la ley. En nuestro
ordenamiento esta figura no tiene una naturaleza
jurídica definida. No obstante, del examen de la
normativa positiva que la regula (artículos 69 a 74 del
Código Contencioso Administrativa) se puede concluir
que tiene dos modalidades: de un lado, como
mecanismo de utilización directa por parte del sujeto
pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o
ante su inmediato superior y, de otro, como medida
unilateral de la Administración para dejar sin efecto
decisiones adoptadas por ella misma. En el primer caso,
se trata de un mecanismo procedimental similar a los
recursos típicos de las actuaciones administrativas, pero
con unas oportunidades y procedimientos diversos, razón
por la cual esta modalidad se califica por algunos como
un recurso extraordinario. Su carácter de recurso, en
sentido amplio, se da al ser una forma para procurar que
el organismo que expidió el acto lo revise por las
causales que la ley consagra especialmente para ello. Su
condición de extraordinario, se desprende del hecho de
que formal o técnicamente se surte por fuera del
procedimiento administrativo, independientemente de
que éste haya concluido o no, y de forma alternativa e
incompatible con los recursos constitutivos de la vía
gubernativa (llamados recursos ordinarios), con los
cuales se diferencia en los aspectos procedimentales
básicos. En el segundo caso, es un mecanismo ya no
alternativo sino adicional al de la vía gubernativa, del
que puede hacer uso la Administración de manera
oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para
revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad,
inconveniencia, o el agravio injustificado que cause
alguno de sus actos administrativos. Es, en efecto, un
mecanismo unilateral de la administración otorgado por
el legislador, con el fin de revisar sus propias
actuaciones y, dentro del contexto de la actuación
oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella
misma adoptadas.”
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[…].
Por la especial protección de los derechos subjetivos en el
ordenamiento jurídico, los actos administrativos que crean o
modifican una situación jurídica de carácter particular y concreto
o reconocen un derecho de igual categoría, por regla general, no
podrán ser revocados sin el previo consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular del derecho. Este consentimiento es,
pues, una condición sin la cual no le está permitido a la
Administración revocar directamente un acto administrativo de
esta clase, bien sea de oficio o a solicitud de parte. Cuando se
habla de expreso, quiere decir que haya una manifestación
externa por parte del titular en el sentido inequívoco de que da
su consentimiento para que el acto sea revocado, con la sujeción
a una formalidad que cabe considerarse como sustancial, como
es la de que debe ser en forma escrita. Si el titular del derecho
no otorga el consentimiento en esa forma, la Administración
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, denominada
en la doctrina como acción de lesividad, con el fin de procurar la
anulación del respectivo acto. Esta regla general, sin embargo,
tiene dos excepciones. Ciertamente, por disposición legal, el
acto administrativo particular puede ser revocado, aún sin el
consentimiento del titular del derecho, cuando el acto resulta de
la aplicación del silencio administrativo positivo, o cuando es
evidente que el acto se produjo por medios ilegales. La
mencionada regla general y las excepciones a ésta, están
consagradas en el artículo 73 del C.C.A.
[…].
De acuerdo con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, ya sea que la revocatoria proceda con o sin el
consentimiento del particular titular del derecho, la misma
está sometida en todo caso al procedimiento establecido en
el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo (…). El
artículo 74 que, como se ha visto, remite al artículo 28 del
mismo Código y éste a su vez a las normas relativas a la
citación del interesado (art. 14 C.CA.), la oportunidad para
presentar pruebas (art. 34 C.C.A) y los presupuestos para la
adopción de decisiones (art. 35 C.C.A), consagra en
consecuencia un debido proceso, el cual debe aplicarse
cuando quiera que se proceda a la revocatoria de un acto
administrativo de carácter particular, bien sea que se
requiera obtener el consentimiento del titular del derecho, o
que, tratándose de las excepciones antes analizadas, no se
exija ese beneplácito. En ese mismo sentido, la Corte
Constitucional señaló que: “(i) En relación con los actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, es necesario obtener el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular para poder
proceder a su revocatoria directa. (ii) La anterior regla general
conoce dos excepciones a las que se refiere el inciso 2° del
artículo 73 del C.C.A: una, la del acto que resulta de la aplicación
del silencio administrativo positivo, y otra que se configura
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cuando es manifiesto que el acto administrativo fue obtenido
ilícitamente. (iii) En los dos supuestos anteriores, la
Administración tiene la facultad de revocar su propio acto aún sin
consentimiento del beneficiario, siempre que se agote como
mínimo el procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y
74 del Código Contencioso Administrativo y que la manifiesta
ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas, como de los
medios utilizados para lograr la expedición del acto
administrativo, esté plenamente probada en el procedimiento
administrativo que contemplan las referidas disposiciones23.”24
Como puede verse, la jurisprudencia en cita, entre otros
importantes aspectos, da cuenta del trámite que es menester
surtir para adoptar válidamente la decisión de revocar
directamente un acto administrativo de contenido particular y
concreto, y de la imprescindible necesidad de comunicar a los
beneficiaros de éste, el inicio de la actuación respectiva, a
objeto de garantizarles su derecho de defensa, de acuerdo con
los artículos 14 y 28 del CCA, independientemente de la
discusión en torno a si se requiere, o no, el consentimiento
escrito del titular para dejarlo sin efecto.
Ocurre empero que, a partir del análisis de los antecedentes
administrativos remitidos por la demandada, mediante oficio
de 16 de agosto de 2001, obrante a folio 84 del expediente
(Cuaderno núm. 1), encuentra la Sala que en ellos, ni en el
contenido mismo del acto acusado, se evidencia o se hace
23
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 3 de noviembre de 2011. Radicación núm. 11001-03-24-000-
2006-00225-00. Consejero ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
24
Ver Corte Constitucional, Sentencia T-215 de 23 de marzo de 2006. Magistrado ponente, doctor Marco Gerardo
Monroy Cabra.
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referencia a que, previamente a la expedición de este último,
se le hubiese comunicado a la actora la solicitud de revocatoria
directa que se iba a tramitar, notificación esta última que en
todo momento, fue echada de menos (ver hechos 6.4.1 y
6.4.2 de la demanda) y que le hubiese permitido al Ministerio
ejercer su derecho de defensa y contradicción.
De dichos elementos de convicción tampoco se desprende que
se hubiese adelantado el trámite previsto en la ley para el
efecto. Todo lo anterior constituye una manifiesta violación de
la garantía fundamental del debido proceso, lo que, de
contera, está expresamente tipificado como causal de nulidad
de cualquier acto administrativo, conforme a lo previsto por el
artículo 84 del CCA, norma que en lo pertinente dispone:
“ARTICULO 84. ACCION DE NULIDAD. Toda persona
podrá solicitar por sí o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos
infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino
también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u
organismos incompetentes, o en forma irregular, o
con desconocimiento del derecho de audiencias y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias del funcionario o corporación
que los profirió. (Negrillas fuera del texto)
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Para la Sala la aludida irregularidad es prueba inequívoca de
que en esta oportunidad sí se configuró la violación del debido
proceso.
Vistas así las cosas, deben descartarse los argumentos
aducidos por los apelantes en cuanto quedó demostrada la
violación del derecho de defensa de la demandante, teniendo
en cuenta la ausencia del trámite y de la comunicación a que
se remiten las citadas normas del CCA., independientemente
de la discusión sobre si en este caso se requería o no el
consentimiento escrito del beneficiario del acto que se iba a
revocar.
En relación con el tercer punto del problema jurídico
planteado, que constituye a su vez motivo de impugnación,
cabe afirmar que este tampoco tiene vocación de prosperidad,
teniendo en cuenta que de los elementos de convicción
allegados al expediente por la parte demandada, incluido el
contenido mismo del acto administrativo acusado25, se
desprende inequívocamente que esta última desconoció el
procedimiento y la comunicación a terceros interesados de que
25
Folio 54 a 64 del cuaderno principal núm. 1.
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tratan los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del CCA, para efectos
de revocar la decisión de 26 de febrero de 2004.
En este orden de ideas, ninguno de los cargos planteados por
los apelantes tienen la entidad necesaria para desvirtuar la
decisión de primera instancia, razón por la cual la Sala la
confirmará, prohijando sus acertadas motivaciones, como en
efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.
No habrá condena en costas en esta instancia, teniendo en
cuenta que a juicio de la Sala la conducta procesal asumida
por las partes recurrentes no amerita la imposición de la
misma, decisión esta última que se sustenta en el artículo 171
del CCA, que deja a cargo del juez la valoración sobre la
procedencia de aquella.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de junio de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
SEGUNDO: En firme esta providencia REMITIR el expediente
al Tribunal de origen, previo las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de junio de 2022.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ JAIME HUMBERTO TOVAR ORDOÑEZ
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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