RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-31-000-2005-00623-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2005-00623-01

Fecha
11 de mayo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2005-00623-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: REVOCAR la sentencia del 1° de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, y en su lugar se dispone: PRIMERO.- DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho por la restricción de la libertad del señor Alfonso Villamizar Lamus. SEGUNDO.- CONDÉNASE a la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho a pagar por concepto de perjuicio moral, a favor del señor Alfonso Villamizar Lamus, noventa y dos (92) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento de la ejecutoria de esta providencia. TERCERO.- CONDÉNASE a La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, a pagar, a los señores Luz Mary Villamizar Lamus, Elvia Victoria Villamizar Lamus, Luis Carlos Villamizar Lamus, María Cristina Villamizar Lamus, Gilberto Villamizar Lamus, Eduardo Villamizar Lamus, Gilberto Villamizar Lamus y Jaime Villamizar Lamus, veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, al momento de la ejecutoria de esta providencia. CUARTO.- NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda. QUINTO.- Sin condena en costas. SEXTO.- Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 y 178 del Código Contencioso Administrativo. SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a los apoderados judiciales que han venido actuando. OCTAVO.- Ejecutoriada esta providencia, por secretaría por Secretaría NOVENO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo. 34 Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial Referencia: Acción de Reparación Directa Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2005-00623-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

11 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 54001-23-31-000-2005-00623-01 (50701) ACUMULADO
54001-23-31-000-2005-01169-01

Actor: ALFONSO VILLAMIZAR LAMUS Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR- RAMA JUDICIAL Y
OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL – Extradición – Captura con
fines de extradición – Responsabilidad objetiva del Estado – Ley 600 de 2000.

Procede la Sala a resolver, en trámite acumulado 1 , los recursos de apelación
interpuestos, de una parte, por el señor Alfonso Villamizar Lamus y, de otra parte,
por la señora Luz Mary Villamizar Lamus y otros, contra la sentencia de 1° de
noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander,
en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Fiscalía General de la Nación, mediante resolución del 27 de octubre de 2002
ordenó la captura con fines de extradición del señor Alfonso Lamus Villamizar, por
requerimiento del gobierno de los Estados Unidos, mediante nota diplomática. El 8
de octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
conceptuó desfavorablemente sobre la solicitud de extradición y se ordenó su
libertad inmediata. Los demandantes consideraron que la captura fue ilegal e
injusta.

1
Mediante auto de 30 de junio de 2010, visible a folios 258-259, cuaderno 1, se decretó la
acumulación procesal de los expedientes 00623 y 01169.

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

1. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Proceso n.º 54001-23-31-000-2005-00623-00

En escrito presentado el 14 de mayo de 20052, el señor Alfonso Villamiza Lamus, a
través de apoderado (fl. 1 c. 1), demandó, en ejercicio de la acción de reparación
directa, a la Nación–Ministerio del Interior y Justicia y la Rama Judicial-, con el fin
de que se les declarara patrimonialmente responsables por la restricción de la
libertad que soportó entre el 27 de octubre de 2002 y el 8 de octubre de 2003,
cuando fue negada una solicitud de extradición formulada en su contra. El
demandante formuló, en concreto las siguientes pretensiones:

A) PARTE DECLARATIVA

ÚNICA- Que se declare responsable a la NACIÓN como garante de la
protección de todas las personas residentes en Colombia y como único titular
del monopolio de la fuerza pública en el derecho fundamental de su derecho a
disponer de su persona al privarle de su libertad y/o extenderle legítimamente
la detención con fines de extradición, su honra, creencias y demás derechos y
libertades como responsable indirecto y también como responsable directo por
la presunta participación de funcionarios y miembros de los estamentos
públicos; y/o a la Dirección Nacional de Administración Judicial, por presunta
participación antijurídica de funcionarios adscritos a la Fiscalía General de la
Nación, como responsable directo en la autoría intelectual y material de los
hechos que desencadenaron la detención con fines de extradición del
ciudadano colombiano Dr. ALFONSO VILLAMIZAR LAMUS y al pago de los
perjuicios materiales y morales a favor del actor y a aclarar y retractarse en los
medio masivos de comunicación social sobre, el trato enrostrativo (sic) y
desobligante puesto en el ventilador público, difundidos sin control o precisión
de los hechos.

B) PARTE CONDENATORIA

PRIMERA – Que se condene a la Nación como Estado Social de derecho y/o a
la Dirección Nacional de Administración Judicial por ser parte de la Rama
Judicial, la Fiscalía General de la Nación, a la indemnización de perjuicios así:

1. PERJUICIOS MATERIALES que comprenderá:

a) EL LUCRO CESANTE: En cuantía de dos mil quinientos (2500)
salarios mínimos mensuales legales por el tiempo de la detención ilegal, el
embargo y secuestro de sus bienes, su inactividad laboral y el rendimiento
personal por su condición de médico y de los bienes reales que con su libertad
podría haber rendido.
b) EL DAÑO EMERGENTE: En cuantía tres mil (3000) salarios mínimos
mensuales legales por la pérdida del derecho fundamental de la libertad de un
ciudadano de especial formación académica, científica y cultural; además
disciplina y título militar de oficial asimilado de la fuerza aérea del país solicitante
en extradición.

2. PERJUICIOS MORALES que comprenderá:

a) LOS SUBJETIVOS: Hasta la suma de un mil salarios mínimos legales
mensuales, suma establecida jurisprudencialmente y en favor del actor Dr.
ALFONSO VILLAMIZAR LAMUS.
b) LOS OBJETIVADOS: De acuerdo al grado de aflicción y sufrimiento
que le generó la detención y discriminación, al ser confinado en

2
Como se evidencia al reverso del folio 26 del cuaderno número 1.
2

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, extenderle ilegalmente
detención, teniendo derecho a subrogado penal y mantenerlo entre
delincuentes, procesados y sentenciados, sin aplicación de los beneficios que
la propia ley penal y tratados internacionales le asistían al actor Dr. ALFONSO
VILLAMIZAR LAMUS.

SEGUNDA- Que las condenas con provisión de pago, se disponga con cargo a
la Nación por la responsabilidad de uno de los entes demandados que resulte
responsable; o por la solidaridad de los entes en los hechos que se les imputa,
para efectividad dentro del término legal y las consecuencias consagradas en
los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. con la consecuencia de que la Nación
por intermedio de la Tesorería General de la República, está obligada a
satisfacer las condenas si las entidades obligadas no proveen a su ejecución
dentro del término legal establecido en el estatuto Contencioso Administrativo.

TERCERA – Si la H. Corporación no le fuera posible establecer concretamente
las cuantías, se ordene proceso incidental conforme al artículo 307 del C.P.C.
y s.s. siguiendo un procedimiento que permita establecer la diferencia del valor
adquisitivo del dinero entre la fecha en que ocurrieron los hechos y el monto de
ejecutarse el pago.

CUARTA – Que se condene en costas y agencias en derecho a la o las
demandadas.

1.2. Proceso n.º 54001-23-31-000-2005-01169-01

Mediante escrito presentado el 18 de octubre de 20053 (fls. 10 a 14 c.2), ante el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, los señores Luz Mary Villamizar
Lamus, Elvia Victoria Villamizar Lamus, Luis Carlos Villamizar Lamus, María Cristina
Villamizar Lamus, Gilberto Villamizar Lamus, Eduardo Villamizar Lamus y Jaime
Villamizar Lamus, interpusieron demanda de reparación directa en contra de la
Nación–Rama Judicial, Ministerio del Interior y Justicia, Fiscalía General de la
Nación y Consejo Superior de la Judicatura- con el fin de que se les declare
patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por la captura arbitraria
efectuada a su hermano, Alfonso Villamizar Lamus, y su detención ilegal con fines
de extradición. Solicitaron las siguientes pretensiones:

1a.- LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL, MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA,
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA son administrativamente responsables de los perjuicios
materiales y morales causados a los Sres. Luz Mary Villamizar Lamus, Elvia
Victoria Villamizar Lamus, Luis Carlos Villamizar Lamus, María Cristina
Villamizar Lamus, Gilberto Villamizar Lamus, Eduardo Villamizar Lamus y Jaime
Villamizar Lamus por la detención preventiva con fines de extradición por más
de dieciocho (18) meses de que fue objeto el Sr. ALFONSO VILLAMIZAR
LAMUS, hermano de los accionantes y de que fue revocada su detención.

2a- Condenar, en consecuencia, a la NACIÓN –RAMA JUDICIAL, MINISTERIO
DEL INTERIOR Y JUSTICIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICA, a pagar a los accionantes o a quienes
represente legalmente sus derechos, como reparación o indemnización, los
perjuicios de orden material y moral causados los cuales estimo como mínimo
en la suma de QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES
PARA CADA ACCIONANTE o conforme a lo que resulte probado dentro del
proceso.

3a- La condena respectiva será actualizada en la forma prevista por el artículo

3
Como se evidencia a folio 14 del cuaderno número 2.
3

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

178 del C.C.A. y se reajustará en su valor tomando como base para la
liquidación la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha de la
privación injusta de la libertad hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que
le ponga fin al proceso.

4a- Los organismos demandados darán cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

En las demandas se narró lo siguiente:

El señor Alfonso Villamizar Lamus, junto con otras personas, fundaron una empresa
de prestación de servicios de salud. La Corte Distrital de los Estados Unidos para
el Distrito de California los acusó de fraude contra el servicio de salud4, y les dictó
el indictment 01-0288 DFL, el 13 de julio de 2001. Con fundamento en este, la
embajada de los Estados Unidos en Colombia, mediante Nota Diplomática 246 del
5 de marzo de 2002, solicitó la captura del demandante con fines de extradición,
que fue solicitada formalmente, mediante Nota Diplomática 625, de 29 de mayo
siguiente.

La Fiscalía General de la Nación, mediante resolución de 27 de marzo de 2002,
ordenó la captura del señor Villamizar Lamus. Este fue privado de la libertad el 4
de abril del mismo año y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita –
Boyacá.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en providencia de 8 de
octubre de 2003, emitió concepto desfavorablemente a la solicitud de extradición
del señor Alfonso Villamizar Lamus.

Mediante resolución del 15 de octubre del 2003, la Fiscalía General de la Nación
revocó la resolución del 27 de marzo de 2002 y ordenó la libertad inmediata del
señor Alfonso Villamizar Lamus.

Se afirmó en la demanda que el señor Alfonso Villamizar Lamus pertenecía a una
familia distinguida de la ciudad de Pamplona, Norte de Santander, y su detención y
reclusión causó no solo la conmoción social en la ciudad, sino que afectó social y
psicológicamente a su familia, compuesta principalmente por sus hermanos,
quienes sufrieron un dolor inmenso y, por tanto, graves perjuicios de carácter
material y moral.

Se hizo énfasis en que se hallaba demostrado que las autoridades demandadas
eran responsables, objetivamente, por los daños antijurídicos, por la captura y
privación ilegítima de la libertad del actor, con fines de extradición,

4
Violación del título 18, sección 1347 del Código de los Estados Unidos.

4

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

independientemente de donde viniera la orden o solicitud, bien por acción u omisión
de hechos, circunstancias, imposiciones fácticas o jurídicas que pudiendo ser
atenuados, le causaron un daño o lesión en la integridad personal y patrimonial.

Por último, aseguraron que la causa eficiente del daño sufrido fue la resolución que
ordenó la detención preventiva con fines de extradición, la cual constituyó una
privación injusta de la libertad, impuesta al señor Alfonso Villamizar Lamus, que no
fue causada por dolo ni culpa grave de este, por lo que el Estado está en la
obligación de indemnizar los daños que con la misma causó a los demandantes.

2. Trámite de primera instancia

Las demandas fueron admitidas por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en el proceso 2005-00623-00, mediante auto de 22 de agosto de 2005,
y en el 02005-01169-00, el 1° de marzo de 2006, las cuales fueron notificadas en
debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 93 a 94 c.1 y
27 a 28 c.2).

• La Rama Judicial, frente a las dos demandas, contestó que, a través de la
sentencia C-523 de 10 de julio de 2002, la Corte Constitucional declaró exequible
el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 149 del C.C.A. y asignó
al Fiscal General de la Nación, funciones de representación judicial en procesos
contenciosos y, por tanto, el Consejo Superior de la Judicatura, expidió la Circular
084 del 15 de noviembre de 2002, informando que la Fiscalía General de la Nación
podría intervenir en forma directa como parte de un proceso ante esa jurisdicción,
argumentos suficiente para desestimar las pretensiones formuladas en su contra
(fls. 35 a 37 c.2 y 100 a 102 c.1).

• El Ministerio de Interior y de Justicia contestó las demandas y se opuso a las
pretensiones (fls. 124 a 128 c.1 y 44 a 48 c. 2). Manifestó que no podía imputársele
ningún tipo de responsabilidad, dado que la extradición en Colombia es un
mecanismo de cooperación judicial internacional y no puede ser considerada como
un proceso penal. El país requerido no se pronuncia sobre la responsabilidad penal
que pudiera tener el solicitado, no puede considerarse como un acto de
juzgamiento. Por tal razón, la orden de detención con fines de extradición no fue el
resultado de un proceso penal tramitado en Colombia, sino por la solicitud de un
Estado requirente.

• La Fiscalía General de la Nación contestó las demandas y se opuso a las
pretensiones (fls. 148 a 157 c.1 y 137 a 149 c. 2). Manifestó que se había limitado
a cumplir con su deber constitucional y legal de expedir la orden de captura con
5

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

fines de extradición, es decir, se trató de actuación administrativa, en relación con
la cual no tenía poder de disposición, como tampoco en relación con la etapa previa
de alistamiento de la documentación, la cual correspondía al Ejecutivo.

Mediante autos de 28 de febrero de 2008, dentro del expediente número 2005-
00623, (fls. 168 a 169 c.1), y de 23 de abril de 2009, en el proceso 2005-01169
(fls.269 a 270 c.2) se decretaron las pruebas de los procesos. Posteriormente,
mediante autos de 10 de agosto de 2009 y 22 de enero de 2010, procesos 2005-
001169 y 2005-00623, respectivamente, se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión (fls. 322 c.2 y 191 c.1).

• El Ministerio del Interior y de Justicia reiteró lo manifestado en la contestación de
la demanda. Insistió en que el Estado colombiano no puede responder por hechos
originados en decisiones de autoridades judiciales extranjeras. Además, debió
esperarse al concepto desfavorable de la Corte Suprema de Justicia para negar la
extradición (fls. 194 a 195 c.1, 334 a 335 c.2).

• La Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto en la contestación de la
demanda, en cuanto a que realizó la captura del demandante con fines de
extradición, sin facultad discrecional alguna, limitándose a actuar
administrativamente en cumplimiento de un deber constitucional y legal. En su
criterio debió demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho. En cuanto a los perjuicios reclamados, advirtió que los morales se
encontraban sobrestimados, y que de los materiales, no existía prueba idónea, por
lo que debían negarse (fls. 205 a 217 c.1). En el proceso 2005-01169-01 alegó la
caducidad de la acción, dado que la orden de libertad del señor Villamizar Lamus,
era de 16 de octubre de 2003, y la demanda se presentó el 18 de octubre de 2005
(fls. 324 a 337 c.2).

• La parte demandante presentó sus alegatos en forma extemporánea en el proceso
2005-00623-00 (fls. 218 a 221 c.1). En el 2005-01169-01, reiteró lo manifestado en
la demanda (fls. 336 a 345 c.2).

El Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. La
detención del señor Alfonso Villamizar Lamus no provino del ejercicio de la actividad
jurisdiccional, la Fiscalía General de la Nación se limitó a atender el pedido de la
orden de captura, con sujeción a las normas que regulaban el trámite de extradición
(fls. 249 a 253 c.1).

La Rama Judicial, en ambos procesos, guardó silencio.

6

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

Mediante auto de 30 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo del Norte de
Santander decretó la acumulación de los procesos 2005-001169-00 y 2005-00623-
00 (fls. 258 a 259 c.1).

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 1° de
noviembre de 2013 (fls. 266 a 295 del c. ppal.), declaró no probadas las excepciones
de caducidad de la acción y la indebida escogencia de la acción y negó las
pretensiones de la demanda.

Consideró que las actuaciones realizadas por las entidades demandadas en la
solicitud de extradición del señor Villamizar Lemus, no son de carácter judicial y, por
ende, no son constitutivas de proceso penal. Las demandadas, al formalizar la
solicitud de extradición, no les era dable revisar cuestiones de fondo, tan solo de
verificar los requisitos formales. Además, no obraban elementos de juicio que
permitieran demostrar alguna vulneración a la normativa del caso, ya que la
actuación estuvo sujeta al procedimiento establecido por la Constitución y la ley.

4. El recurso de apelación

En el proceso 2005-00623-00, la apelación se fundamentó en que al señor Alfonso
Villamizar Lamus le fue restringida su libertad por un término mayor a 18 meses en
un establecimiento cancelario de máxima seguridad, y que, si bien esa actuación
se produjo por solicitud de un gobierno extranjero, se realizó con el aval de las
autoridades colombianas. Agregó que las entidades públicas no pueden ser entes
judiciales para unas cosas y administrativas para otras, en aras de eximirse de
responsabilidad. Destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido
pacífica en determinar que, quien demanda por vía de reparación directa en materia
de privación de la libertad, podrá solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado
aduciendo la esta se podrá declarar por vía de un régimen objetivo u subjetivo de
responsabilidad (fls. 299 a 301 c ppal.).

En el proceso 2005-01169-00, los demandantes, en su apelación, manifestaron que
por el concepto de la Corte Suprema de Justicia en el que se negaba la solicitud
extradición por no cumplir con el principio de la doble incriminación, convertía a la
restricción de la libertad en injusta, aunque la misma no se encuadre en los eventos
del Decreto 2700 de 2001 ni de la Ley 270 de 1996 (fls. 302 a 304 y 308 a 309 c
ppal.).

7

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

5. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido el 5 de marzo de 2014 y concedido el 16 de
mayo siguiente. El 20 de junio de 2014, se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo (fl. 311,
3116 y 318, c. ppal.).

La Fiscalía General de la Nación (fls.319 a 331 c. ppal.) reiteró lo señalado en la
contestación de la demanda y en los alegatos de primera instancia, en cuanto a que
la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, y únicamente
contra el acto definitivo del Presidente de la República que en este caso no se
produjo.

Mediante providencia del 24 de mayo de 2018, esta subsección, mediante prueba
de oficio, se requirió a la Fiscalía General de la Nación, para que allegara la
certificación de la ejecutoria de la Resolución del 15 de octubre de 2003, en la que
se dejó sin efectos la orden de captura para efectos de extradición, y al INPEC
para que certificara el tiempo durante el cual el señor Alfonso Villamizar Lamus
estuvo privado de la libertad (fls. 351 a 352 c. ppal.).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 624 del CGP –que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887–
establece que los recursos interpuestos se regirán por la ley vigente al momento de
su presentación y la competencia se definirá de acuerdo con las reglas vigentes al
momento de formulación de la demanda.

La Sala es competente para conocer de los procesos acumulados, dado que tienen
vocación de doble instancia ante esta Corporación, en los términos del artículo 20
del C.P.C., toda vez que para la fecha de presentación de las demandas –14 de
mayo y 18 de octubre de 2005- la cuantía se establecía por el valor de la pretensión
mayor.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el año 2005 para que un proceso de reparación
directa tuviera vocación de doble instancia, la cuantía debía ser equivalente o
superior a 500 SMLMV y dado que, en el caso concreto, la pretensión mayor por
daño emergente, respecto del señor Alfonso Villamizar Lamus es de 3.000 SMLMV,
la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

8

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

2. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de
reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día
siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa
o de la ocupación permanente o temporal del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por restricción a la libertad, la
jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que
el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria
de la providencia que ordenó la libertad, desde el momento en que quede en libertad
el detenido, lo último que ocurra5.

En el caso concreto, la Sala para efectos del conteo del término de caducidad de la
acción de reparación directa, reitera que los aquí demandantes reclaman los daños
y perjuicios ocasionados por la orden de captura con fines de extradición que expidió
la Fiscalía General, con fundamento en la cual se privó de la libertad al señor Alfonso
Villamizar Lamus. Dado que este estuvo privado de la libertad en el centro
penitenciario de Cómbita, Boyacá, entre el 13 de septiembre de 2002 y el 16 de
octubre de 2003 6 , cuando recobró su libertad, el término para presentar
oportunamente la demanda se extendió hasta el 17 de octubre de 2005, y toda vez
que en el proceso 2005-00623-00 la demanda se presentó el 2 de junio de 2005
(fl.89 c. 1), y en el proceso 2005-01169-00 se presentó el 18 de octubre del mismo
año, con la salvedad de que el día 16 fue domingo y el 17 fue lunes festivo (fl. 14,
c.1), puede concluirse que la acción en ambos procesos se ejerció en tiempo.

3. La legitimación en la causa

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes el señor
Alfonso Villamizar Lamus, víctima directa del daño, y los señores Luz Mary
Villamizar Lamus, Elvia Victoria Villamizar Lamus, Luis Carlos Villamizar Lamus,
María Cristina Villamizar Lamus, Eduardo Villamizar Lamus y Jaime Villamizar
Lamus, hermanos de la víctima directa, quienes en la condición aducida se

5
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622,
M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección
A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón.
También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio
de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
6
Certificado de conducta, del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Cómbita,
Boyacá, folio 189 del cuaderno 1, Proceso 2005-00623-00. En los diferentes medios de pruebas
aportados por la Fiscalía General de la Nación, la INTERPOL, Ministerio de Justicia y el Concepto
de la Corte Suprema de Justicia se habla que la captura se realizó el 4 de abril de 2002, ver entre
otros, folio 140 c.2.
9

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

encuentran legitimados en la causa por activa con los registros civiles de
nacimiento7.

Si bien respecto del señor Gilberto Villamizar Lemus no se aportó el registro civil de
nacimiento, la declaración de la señora Martha Cristina Mogollón de Faber acredita
el daño moral reclamado, como se observará en el acápite respectivo 8.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el presunto daño
que se invoca en la demanda proviene de actuaciones adelantadas por la Nación
– Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial
• Consejo Superior de la Judicatura, frente a lo cual debe preverse que el asunto
que aquí se conoce participaron todos esos entes, dado que a la Corte Suprema
de Justicia le correspondió emitir concepto sobre la solicitud, con fines de
extradición; la Fiscalía expidió ordenó la captura con fines de extradición y,
posteriormente, la revocó; el Ministerio del Interior y de Justicia negó la extradición
del demandante, con fundamento en el concepto desfavorable de la primera, y fue
quien notificó al señor Alfonso Villamizar Lamus sobre la solicitud que había hecho
el Gobierno de los Estados Unidos, razones por las cuales todos se encuentran
legitimados en la causa por pasiva.

4. La naturaleza jurídica de la extradición

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política9, la extradición se regula
por los tratados públicos y, en su defecto por la ley, evento en el que, para el
presente caso, se aplica el capítulo respectivo de la Ley 600 de 2000 (artículos 508
a 534).

A partir del Acto Legislativo 01 de 1997, se reformó el citado artículo 35 de la
Constitución, para permitir la extradición de colombianos por nacimiento, y se
determinó su improcedencia por delitos políticos, cuando se tratara de hechos
anteriores a ese Acto Legislativo, o que la persona requerida se encontrara en el
país procesada o cumpliendo una pena por los mismos hechos. En igual sentido,
se prescribe en el artículo 508 del CPP10.

7
Folios 15, 16, 17, 18 20 y 21 del cuaderno 2.
8
Se aportó solo una hoja no legible con sello de la Notaría Segunda del Círculo de Bucaramanga,
folio 20 cuaderno 2.
9
Artículo 35. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo No. 1 de 1997. El nuevo
texto es el siguiente:> La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los
tratados públicos y, en su defecto, con la ley.
Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el
exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.
La extradición no procederá por delitos políticos.
No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación
de la presente norma.
10
ARTÍCULO 508. LA EXTRADICIÓN. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de
acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.
10

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

Debe aclararse que, de acuerdo con los artículos 509 y 510 del mismo
ordenamiento 11 , “la oferta o concesión de la extradición es facultativa del
gobierno”12. Es activa si se solicita y es pasiva si se ofrece o concede. El presente
caso, se refiere a una extradición pasiva por vía legal de un ciudadano colombiano.

En derecho comparado existen varias modalidades de trámite de la extradición13.
En el caso colombiano es de carácter mixto y se califica de complejo, porque en
este concurren varios órganos de los poderes ejecutivo y judicial. Respecto del
primero, intervienen los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones
Exteriores y del segundo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la
Nación, sin que se pueda predicar que los pronunciamientos de estos son
providencias judiciales14.

La Corte Constitucional ha reiterado, de manera permanente, que la extradición es
un mecanismo de cooperación internacional para combatir el crimen y erradicar la
impunidad15, en el que se ponen en juego dos principios valiosos para el Estado de
derecho, el de territorialidad y el de soberanía: el primero, se refiere al ámbito
espacial de aplicación de la ley; el segundo, el que como ente soberano y autónomo
decida no aplicar sus leyes penales, decisión que depende del Presidente de la
República, como supremo director de la relaciones internacionales16:

Por ello, carece de razón el actor al afirmar, fundándose en una tesis absoluta
tanto de la soberanía como del principio de territorialidad, que no puede el
Estado sopesar distintas razones y determinar cuándo sirve mejor a sus
intereses juzgar bajo sus leyes y mediante sus autoridades una determinada
conducta cometida parcial o totalmente en su territorio. El Presidente, como
director de las relaciones internacionales según lo prevé el artículo 189, numeral
2 de la Carta, ya sea directamente o a través de sus delegados, puede con el
fin de cumplir con los compromisos internacionales derivados de convenios

La extradición no procederá por delitos políticos.
No procederá la extradición de colombianos por nacimiento cuando se trate de hechos cometidos
con anterioridad al 16 de diciembre de 1997.
11
ARTÍCULO 509. CONCESIÓN U OFRECIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN Corresponde al
gobierno, ofrecer o conceder la extradición de una persona condenada o procesada en el exterior,
salvo en los casos contemplados en el artículo anterior.
ARTÍCULO 510. EXTRADICIÓN FACULTATIVA. La oferta o concesión de la extradición es
facultativa del gobierno; pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia.
12
Sentencia C-243 de 2009.
13
Según la misma sentencia C-243 de 2009, existen tres sistemas: Los sistemas de extradición
pasiva son tres: i) administrativo o gubernativo; ii) judicial y iii) mixto.
El sistema administrativo o gubernativo se presenta cuando el Gobierno detenta de manera
exclusiva la potestad para conocer y resolver sobre la petición de extradición; el judicial se pone de
manifiesto cuando de la petición conocen únicamente los jueces, los tribunales o las autoridades
jurisdiccionales y mixto cuando el trámite combina los dos sistemas anteriores, aún cuando la fase
final esté reservada al órgano Ejecutivo del Estado requerido.
14
Sentencia C-1106 de 2000, en la que se declara la exequibilidad de los artículos 548, 549, 551,
552, 556, 557, 558, 559,562, 565, 566 y 567, la inexequibilidad del artículo 546 y la exequibilidad
condicionada del artículo 550 del Decreto Ley 2700 de 1991.
15
En la citada sentencia C-243 de 2009: Se trata, entonces, de un mecanismo de cooperación
internacional destinado a evitar que, al amparo de la inviolabilidad del territorio, los delincuentes que
han transgredido la ley penal de otro país queden impunes por el hecho de su fuga, teniendo en
cuenta la imposibilidad del Estado ofendido para aprehenderlos dentro del territorio de otro Estado.
En la sentencia C-700/00, la Corte expresó lo mismo, cuando consideró la exequibilidad del artículo
566 del Decreto Ley 2700 de 1991.
16
Sentencia C-621 de 2001, exequibilidad del artículo 13 del Decreto 100 de 1980.
11

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

internacionales, apreciar distintos intereses estatales al decidir si extradita o no
a un sindicado y tales intereses pueden provenir tanto de necesidades
nacionales como de compromisos internacionales.

La sentencia C-1106 de 2000 deja en claro que la dirección de las relaciones
internacionales por parte del ejecutivo en materia de extradición debe contar con el
concepto previo de la Corte Suprema de Justicia 17 . Si este es favorable, el
Presidente de la República es quien resuelve si se extradita o se abstiene de
hacerlo y, si es negativo, resulta obligatorio para él, dado que la Corte verifica el
cumplimiento de los requisitos mínimos por parte del Estado requirente, “sin que,
se repite, ese concepto negativo sea un acto jurisdiccional dado que al emitirlo no
se dicta una providencia de juzgamiento, como ya se dijo”18.

En efecto, el Presidente evaluará, de acuerdo con la Constitución y con la
Convención de Viena -Derecho de los Tratados-, la conveniencia o no de conceder
una extradición si, comparativamente, el Estado requirente actúa de manera distinta
en su derecho interno y como esta pudiera afectar el principio de reciprocidad, dado
que como suprema autoridad de las relaciones internacionales, es su deber
privativo “actuar en consecuencia, sin que pueda la Corte Constitucional arrebatarle
esa competencia”19.

La misma Corporación, ha señalado, que la extradición, como mecanismo de
cooperación internacional, en cabeza del Presidente de la República, es una
decisión administrativa, que no implica juzgamiento o prejuzgamiento de la persona
solicitada, ya que el juicio se llevará a cabo en el Estado requirente, bajo las
garantías del debido proceso 20 . En el mismo sentido, ha expresado de manera
reiterada, que si bien intervienen órganos judiciales, sus decisiones no son de esa
naturaleza, sino que se trata de actuaciones administrativas21:

5.4. El análisis de las normas del código de procedimiento penal aplicables al
trámite administrativo de la extradición, conduce a la Sala a considerar que la
entrega de una persona requerida mediante este mecanismo está precedida de
una actuación compleja a cargo de diversos órganos estatales, a los cuales
jurídicamente no corresponde resolver sobre la ocurrencia del delito, ni acerca
de los autores, ni grado de participación de los mismos, como tampoco en

17
Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 501. CONCEPTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Vencido
el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto.
El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a
la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
18
Sentencia C-1106 de 2000.
19
Ibídem.
20
En la sentencia SU-110 de 2002 señaló que: Se trata de una decisión administrativa adoptada
mediante trámite, en principio, breve y sumario, que no implica juzgamiento y tampoco puede dar
lugar a un prejuzgamiento. La misma se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una
determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado
requirente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto de aquél en el
que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el mismo. Para el efecto se
parte del criterio de que ante el Estado requirente podrá la persona extraditada hacer efectivas las
garantías procesales que rigen en países civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido
proceso.
21
Sentencia C-243 de 2009.
12

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

relación con las circunstancias del hecho, el móvil de éste, ni valorar pruebas y,
menos aún, graduar las penas a imponer o exonerar de responsabilidad a la
persona solicitada en extradición.

Es decir, si bien es cierto en el trámite previo a la entrega de la persona
solicitada participan dos órganos judiciales del Estado colombiano, también lo
es que el procedimiento respectivo no concluye con una decisión judicial
sino con una actuación de carácter administrativo, pues se trata de la
entrega de una persona para que el Estado requirente, en ejercicio de su
soberanía y en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, lleve a cabo el
proceso respectivo, dentro del cual se resolverá sobre la responsabilidad penal
del solicitado (negrilla del original).

Como se puede observar, esa precisión se hace porque se considera que la
actuación judicial se desarrollará en el Estado requirente22. La Corte lo reiteró en la
sentencia C-460 de 2008:

4.5. Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la Corte
Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus
circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emitidas
por la autoridad extranjera y sólo le compete verificar el cumplimiento de los
requisitos para otorgar la extradición, según lo dispuesto en el tratado
internacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna, acatando la
preceptiva superior (cfr. arts. 12, 34 y 35 Const.) y la normatividad
complementaria.

Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la
autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su
escenario natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del
correspondiente proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante
autoridades judiciales colombianas, que deben cooperar, junto con el Ejecutivo,
para que la ubicación en país distinto a donde se cometió el presunto delito, no
sea vía para eludir la acción de la justicia, que internacionalmente debe
permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad.

La misma consideración, sobre la naturaleza administrativa del trámite de
extradición, se ha realizado respecto de la captura con esos fines23:

6.3. En conclusión, a diferencia de la captura ordenada para asegurar la
comparecencia de la persona a un proceso penal común y que está sometida
al control de legalidad a cargo del juez de control de garantías (C. Po. Art. 250,
numeral 1º), la orden de captura con fines de extradición hace parte de un

22
En la sentencia C-1106 de 2000, sobre el mismo punto dijo: … por su propio contenido, el acto
mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo, ni en su concesión posterior sobre la
existencia del delito, ni sobre la autoría, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales de agravación o
diminuentes punitivas, ni sobre la dosimetría de la pena, todo lo cual indica que no se está en presencia
de un acto de juzgamiento, como quiera que no se ejerce función jurisdicente.// Entrar en una
controversia de orden jurídico como si se tratara de un acto jurisdiccional, implicaría el
desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, como quiera que es en ese país y no en el
requerido en donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso
correspondiente, de conformidad con las disposiciones sobre Derecho Internacional Humanitario y con
las normas penales internas del Estado extranjero. // Para esta Corporación, no son de recibo los
argumentos esgrimidos por el demandante, porque la Corte Suprema de Justicia en este caso no
actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, como quiera que no le corresponde a ella
en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que
se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico-penal
que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien
estaría realizando la labor de juzgamiento.
23
Sentencia C-243 de 2009.
13

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

trámite administrativo destinado a poner a disposición del Estado requirente a
una persona para que adelante un proceso penal en su territorio y bajo su
jurisdicción, todo con reconocimiento y respeto por la soberanía del solicitante,
teniendo como fundamento los principios de colaboración, solidaridad, como
también el de confianza legítima y mutua en las relaciones entre Estados.

En este orden de ideas, el Estado requerido no podrá llevar a cabo control
jurisdiccional sobre la orden de captura con fines de extradición, pues tal
comportamiento podría ser entendido como un acto de desconocimiento de las
atribuciones propias de la soberanía del Estado requirente, con las
consecuencias que el derecho internacional prevé para esta clase de actitud.

La Corte Constitucional consideró que todo trámite de extradición concluye con un
acto administrativo, cuyo control judicial se debe ejercer mediante la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho24:

5.6. Como se observa, el de extradición es un procedimiento especial que,
cuando es resuelto en favor del Estado requirente, concluye con un acto
administrativo expedido por el Presidente de la República, decisión respecto de
la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la
de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del código
contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las
respectivas decisiones pueda ejercer la acción de tutela, siempre y cuando se
presenten las hipótesis previstas en el artículo 86 de la Constitución Política.

De acuerdo con lo dicho, es claro que la extradición es un mecanismo de
colaboración internacional en la lucha contra el delito y, por tratarse de un área de
las relaciones internacionales, su dirección corresponde al Presidente de la
República o alguno de sus delegados en el Gobierno Nacional. Por la misma razón,
su trámite se enmarca en un procedimiento administrativo que concluye en un acto
administrativo. Si bien ese procedimiento es de carácter mixto, dado que intervienen
órganos del poder ejecutivo y judicial, los actos de estos últimos no tiene carácter
jurisdiccional, ya que su labor se limita, en caso de la extradición pasiva, a asegurar
la comparecencia de la persona requerida en extradición y a determinar los
requisitos mínimos para concederla, sin que ese concepto previo se pueda calificar
como una investigación o juzgamiento de carácter penal, dado que ese proceso se
desarrollará en el país requirente. Además, su concesión es facultativa para el poder
ejecutivo.

5. Escenarios de responsabilidad patrimonial en eventos extradición

Como lo ha precisado la Corte Constitucional, el procedimiento y el acto que
concede la extradición son de carácter administrativo. Esta posición es congruente
con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto
considera que contra el acto administrativo por el cual el Gobierno Nacional, en

24
Sentencia C-243 de 2009.
14

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

cabeza del Presidente de la República, concede la extradición, procede la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A.25. En
el mismo sentido, los actos de trámite que se surten en el proceso de solicitud de
extradición no son susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso-
administrativa26. Esta posición ha sido compartida por la Sección Tercera27:

6. En este caso, los demandantes solicitan se declare patrimonialmente
responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios
sufridos a causa de la extradición a los Estados Unidos -no por la privación de
la libertad (sic)- porque se desconoció su condición socioeconómica y
antecedentes penales (f. 5 c. 1).

Sin embargo, como dicha afectación la generaron las resoluciones ejecutivas
nº. 83 de 4 de abril de 2006, 142 de 22 de junio de 2006 proferidas por el
Ministerio del Interior y de Justicia que concedieron la extradición de Gabriel
Consuegra Arroyo y la nº. 260 de 18 de octubre de 2006 que la concedió frente
a Gabriel Consuegra Martínez [hechos probados 4.5, 4.6 y 4.7], la acción
idónea para obtener los perjuicios es la de nulidad y restablecimiento del
derecho y no la de reparación directa.

De manera excepcional, la misma Sección Tercera ha considerado que, un evento
de esta naturaleza pueda considerarse en el marco de una acción de reparación
directa. Se trata, en primer lugar, de demandas por afectación de la libertad
presentadas después de haberse cumplido la pena por el delito que dio lugar a la
extradición, concedidas por el gobierno colombiano, y a este se imputa una
conducta omisiva en el deber de proteger a sus nacionales frente a un abuso del
Estado receptor28:

25
Ver Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de: 29 de agosto de 1996 (exp. 3521), 23 de
abril de 1998 (exp. 4151), 16 de julio de 1998 (exp. 4561), 21 de noviembre de 2002 (exp 3885), 25
de abril de 2002 (exp. 7289), 19 de julio de 2002 (exp. 6634), 28 de agosto de 2003 (exp. 8306), 20
de mayo de 2004 (exp. 8766), 24 de febrero de 2005 (exp. 7561), 15 de octubre de 2009 (rad. 2005-
00157-01), 19 de noviembre de 2009 (rad. 2009-00468-00), 18 de marzo de 2010 (rad. 2005-00063-
01), 3 de marzo de 2011 (rad. 2002-0019-01), 16 de marzo de 2012 (rad. 2003-00154-01), 6 de
septiembre de 2012 (rad. 2008-00110-00), 15 de noviembre de 2012 (rad. 2012-00277-00), 7 de
octubre de 2013 (rad. 2008-00011-00), 30 de octubre de 2014 (rad. 2007-00244-00), 13 de marzo
de 2014 (rad. 2009-00351-00), 2 de agosto de 2017 (exp. 52648), 14 de enero de 2019 (2016-00590-
00).
26
Ver Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de: 29 de mayo de 1987 (exp. 607),12 de
agosto de 1988 (exp. 930), 9 de julio de 1989 (exp. 949), 17 de febrero de 2000 (exp. 5985),
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de septiembre de 2000 (exp. 6422), 17 de
octubre de 2013 (Exp. 2008-00011).
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P
Guillermo Sánchez Luque.
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de marzo de 2018, exp. 46860,
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En el mismo sentido se pronunció la subsección C, en
sentencia de 31 de mayo de 2019, exp. 42196, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, pero la acción
se encontraba caducada: En razón a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró la indebida escogencia de la acción de reparación directa para procurar la
reparación del daño derivado de la autorización de la extradición de Hernán Botero Moreno. Sin
embargo, la adicionará, para declarar que la acción de reparación directa por causa del daño que
sufrió el mismo ciudadano con la condena proferida por la justicia del Estado receptor, daño que
habría facilitado el Estado colombiano con su inactividad, caducó. También, la Subsección B se ha
pronunciado al respecto, en sentencia de 27 de febrero de 2020, exp. 40974, C.P. Alberto Montaña
Plata: El reconocimiento de responsabilidad [por el demandante], la aceptación de no haber vencido
al Estado requirente y la admisión de las sanciones pecuniarias y privativas de la libertad por los
hechos ante el sistema de justicia del Estado requirente, impiden la certeza sobre la antijuricidad del
daño.
15

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

Valorada la prueba de manera contrastada y conjunta, observa la Sala que las
actuaciones de la Corte Suprema de Justicia al emitir el concepto de extradición,
la del Ministerio de Relaciones Exteriores al servir de fuente de comunicación
entre los dos estados (solicitante y solicitado) y la del Ministerio del Interior y de
Justicia al proferir las resoluciones que concedían la extradición del señor
Sánchez López, se encuentran ajustadas a derecho, comoquiera que se le
brindaron al demandante todas las garantías de defensa y debido proceso. Así
mismo, no se encontraron en ninguna de aquellas decisiones, una violación
flagrante de los derechos del accionante ni mucho menos del ordenamiento
jurídico, comoquiera que todas aquellas decisiones estaban debidamente
motivadas.

De acuerdo con lo anterior, no debe perderse de vista que las normas
internacionales en materia de cooperación entre Estados, obliga al Estado
colombiano a garantizar la seguridad internacional y la lucha contra el crimen y
los delitos, en especial los trasnacionales; por lo que el Estado Colombiano con
dicha extradición cumplió con esa obligación internacional.

Por otro lado, se encontró demostrado suficientemente que el señor Sánchez
López recobró su libertad en Estados Unidos el 28 de enero de 2008, por haber
aceptado los cargos y su culpabilidad, más no por ser absuelto dentro del
proceso penal seguido en su contra, motivo suficiente que impide a esta
jurisdicción la aplicación de la figura de la privación injusta de la libertad (sic)
como título de responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado.

De esta manera, para la Sala queda evidenciada la ausencia de daño
antijurídico, debido a que el señor Alexander Sánchez López si bien sufrió una
privación de la libertad (sic) que constituye un daño material, no es menos cierto
que la misma no reviste el carácter de antijurídica por lo que el aquí demandante
se encontraba en el deber jurídico de soportar todas las cargas derivadas del
proceso penal así fuese uno tramitado en el exterior en virtud del decreto de
una extradición.

En conclusión, comoquiera que no se acreditó la injusticia de la privación
respecto a la investigación por el delito de narcotráfico que se le inició en
Estados Unidos al demandante, y siendo éste el primero de los elementos
necesarios para que se configure la responsabilidad extracontractual del
Estado, forzoso es concluir que deben negarse las pretensiones de la demanda.

La Sección Tercera, en un segundo evento, declaró la falla del servicio por la
afectación de la libertad, cuando en el concepto de la Corte Suprema de Justicia se
determinó que la solicitud para extradición no estaba respaldada por una resolución
de acusación o sentencia condenatoria, por parte del Estado requirente, por lo que
la calificó de arbitraria29:

Vale destacar que para el trámite de la extradición se debía dar aplicación al
Decreto 50 de 1987 (Código de Procedimiento Penal vigente para la época de
los hechos) por no existir tratado con el Gobierno Alemán en conformidad con
el artículo 17 del Código Penal, y que de acuerdo con esta normativa para que
fuera procedente la extradición se debía allegar copia de la sentencia
condenatoria o de la resolución de acusación o su equivalente en contra del
reclamado, en los términos del artículo 651 Código de Procedimiento Penal.
Que por esta razón, la Corte Suprema de Justicia emitió́ concepto desfavorable
respecto de la solicitud de extradición, toda vez que no se podía equiparar la
orden de detención emitida por un juzgado de Alemania con una resolución de
acusación pues esta debía contener “la identificación del inculpado, la tipicidad
del hecho de que es inculpado, con todas las circunstancias de tiempo y lugar,
las características legales de los hechos, así́ como las normas penales a
aplicar, con la enumeración de las pruebas allegadas e indicará el Juzgado que

29
Consejo de Estado. Sección Tercera. Exp. 15485. Sentencia del 11 de noviembre de 2009. M.P.
Ruth Stella Correa Palacio.
16

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

es competente para tramitar el juicio correspondiente”, en tanto que para dictar
aquella sólo se requería que hubiere “fundada sospecha” y “un motivo” de
detención.

En este sentido, resulta evidente que se incurrió́ en una falla del servicio, dado
que a pesar de la insistencia del gobierno Alemán en la extradición de Quinti,
quien emitió́ varias notas verbales dirigidas al gobierno colombiano con la
finalidad de que se detuviera de manera preventiva a Quinti y se ordenara su
extradición, y para lo cual afirmó que se podía equiparar la orden de detención
preventiva con la resolución de acusación en consideración a que se trataba
de dos sistemas penales diferentes, el Alemán acusatorio y el colombiano
inquisitivo, lo cierto es que la detención de Quinti resultaba arbitraria por cuanto
era requisito indispensable que se hubiere proferido resolución de acusación
en contra del reclamado lo cual no había sucedido.

(…)

En este sentido, es evidente que la privación de la libertad (sic) de Quinti es
arbitraria, tal como lo señaló́ la Corte Suprema de Justicia al emitir el concepto
desfavorable a la extradición, y en consecuencia habrá́ lugar a declarar la
responsabilidad de la Nación- Ministerio de Justicia, por el daño sufrido por
Giuseppe Quinti con ocasión de su detención entre el 14 de diciembre de 1988
y el 30 de septiembre de 1989.

Así mismo, en otro caso de extradición, en el que la solicitud de extradición fue
retirada por el Estado requirente, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado consideró procedente la acción de reparación directa y la imputación de
responsabilidad patrimonial a título de daño especial, dado que a pesar de que el
trámite de extradición fue conforme a la ley, al ser afectada su libertad el
demandante por causa de esta, se le impuso una carga pública que no estaba en el
deber jurídico de soportar, al respecto señaló30:

En síntesis, la Sala reitera que en el caso de autos no se encuentra acreditada
la falla en el servicio de las entidades demandadas. Sin embargo, no ocurre lo
mismo en lo que respecta al juicio de imputación bajo los criterios del daño
especial, de vieja data definido como uno de los tipos de responsabilidad sin
falta de la administración, cimentado en la obligación en cabeza del Estado de
responder a pesar de la legalidad total de su actuación, de manera excepcional
y por equidad, cuando con su obrar lícito, desplegado en beneficio de la
comunidad, causa en determinado administrado un daño anormal, considerable
y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón a la
naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la
igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o la equidad que debe
reinar ante los sacrificios que conlleva para los administrados la existencia del
Estado31, lo que significa adentrarnos en el daño injustamente padecido como
obliga la normativa constitucional que abandona el anterior concepto de daño
injustamente causado del que hablaba la concepción anterior de ese fenómeno.

Dicho esto, este régimen de imputación exige, de una parte, la existencia de
una actuación activa u omisiva legítima de la administración que se ajuste a los

30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 50501, sentencia del 28 de febrero de
2020, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
31
Consejo de Estado, sentencia de 27 de abril de 2006, Exp. 16.079. Este régimen de imputación,
fue comprendido por primera vez en la jurisprudencia, en 1947 y sus fundamentos se hallan en los
principios de igualdad, solidaridad y equidad, según los cuales las cargas que soportan los
administrados, deben ser distribuidas en igualdad de condiciones y equitativamente, con observancia
del principio de solidaridad social, tanto en su aplicación, como en la compensación o reparación de
los daños que en su desarrollo se causen, pero en todo caso, sin olvidar que debe haber un prudente
sacrificio de los intereses particulares en pro de los generales, lo que justifica la exigencia de unos
requisitos para que surja la responsabilidad de la administración por daño especial.
17

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

límites de los postulados normativos y reglamentarios, pues de no ser así se
estaría ante una falla del servicio y, de otra parte, es necesario que el
demandante acredite una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, la
cual se identifica al comparar la posición de la víctima en relación con los demás
integrantes del grupo social, por cuanto, mientras la actuación de la
administración se justifica en el beneficio general, su interés particular se ha
visto anormalmente afectado, de manera que el daño resulta grave y
desproporcionado en comparación con el resto de la comunidad.

En el caso de autos, la Sala viene de acreditar la existencia de una actuación
lícita de la administración pública, esto es, el trámite de la solicitud de
extradición que motivó la orden de captura emitida por el Fiscal General de la
Nación en contra de José Fernando Cubides Gómez, dentro del contexto de las
relaciones diplomáticas que demandan la cooperación internacional mediante
mecanismos como el de la extradición que conllevan un beneficio para las
relaciones internacionales y para la seguridad de los Estados que, finalmente,
redunda en favor de los intereses de la colectividad de cada una de las
naciones, pero, en este caso, bajo el sacrificio injustificado del derecho a la
libertad personal del señor Cubides Gómez, pues debe recordarse que pese al
cumplimiento de los requisitos legales la solicitud de extradición fue retirada por
el Estado requirente sin motivación alguna que justificara el periodo de privación
de la libertad (sic) padecido por el demandante, de manera que la Sala
encuentra que el daño antijurídico es atribuible a la responsabilidad del Estado,
a título de daño especial.

En un caso similar, en sentencia reciente, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado señaló32:

34. Como quedó señalado en los apartes anteriores, no se demostró una
irregularidad por parte de la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a
lo acontecido con la captura con fines de extradición. En tal sentido, se
emprenderá el estudio de la responsabilidad de esta entidad bajo un régimen
objetivo, en consideración a lo previsto en la sentencia SU-072 de 2018 de la
Corte Constitucional.

35. La Sala evidencia que aún, en presencia de una captura con fines de
extradición que cumplía con los requisitos formales para su imposición, la
demandante María Lilian Castellanos Poveda no estaba llamada a soportar la
privación de su libertad (sic), toda vez que se decidió revocar la medida y
ordenar su libertad inmediata, en virtud a que el gobierno de los Estado Unidos
de América retiró la solicitud y, por lo tanto, no estaba obligada a soportar la
privación de la libertad (sic) que fue dispuesta por la Fiscalía General de la
Nación33.

32
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de octubre de 2020, exp.
52370, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En sentencia de 30 de octubre de 2020, exp. 51730, el mismo
ponente reiteró la tesis: 16. Como quedó señalado en los apartes anteriores, no se demostró una
irregularidad por parte de la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a lo acontecido con la
captura con fines de extradición. En tal sentido, se emprenderá el estudio de la responsabilidad de
esta entidad bajo un régimen objetivo, en consideración a lo previsto en la sentencia SU-072 de 2018
de la Corte Constitucional. //16.1. La Sala evidencia que aún, en presencia de una captura con fines
de extradición que cumplía con los requisitos formales para su imposición, el demandante Antonio
Vicente Valera Amaya no estaba llamado a soportar la privación de su libertad (sic), toda vez que se
decidió revocar la medida y ordenar su libertad inmediata, en virtud de que el gobierno de los Estado
Unidos de América finalmente no procedió a realizar el traslado de la persona requerida dentro del
término señalado por la ley y, por lo tanto, no estaba obligado a soportar la privación de la libertad
(sic) que fue dispuesta por la Fiscalía General de la Nación. // 16.2. En efecto, la captura con fines
de extradición se produjo en desarrollo de una actividad legítima del Estado, de la cual se derivó un
daño grave y especial que constituyó un sacrificio para el señor Antonio Vicente Valera Amaya y, de
ahí que se quebrantara el principio de igualdad frente a las cargas públicas. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2021, exp. 54513.
33
En un caso similar se condenó a la Nación-Fiscalía General de la Nación a título de daño especial
por la afectación de la libertad de un ciudadano con ocasión de su captura con fines de extradición.
Al respecto se puede consultar la sentencia del 28 de febrero de 2020, exp. 50.501, M.P. Nicolás
Yepes Corrales.
18

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

36. En efecto, la captura con fines de extradición se produjo en desarrollo de
una actividad legítima del Estado, de la cual se derivó un daño grave y especial
que constituyó un sacrificio para la señora Castellanos Poveda y, por lo tanto,
se quebrantó el principio de igualdad frente a las cargas públicas34.

Conforme a la jurisprudencia citada, es posible deducir cuatro eventos de
responsabilidad patrimonial del Estado en materia de extradición pasiva de
nacionales colombianos. El primero se refiere al acto administrativo que la concede
por ilegalidad de este. El segundo, porque la solicitud no cumplió con los requisitos
mínimos para concederla. El tercero, por omisión de protección del Estado cuando
la persona extraditada alegue abusos por parte del Estado receptor durante el
juzgamiento y condena penal. Y el último, cuando en el trámite el Estado requirente
retire la solicitud de extradición. Para la reparación por el primer evento procede la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho; en relación con los tres últimos
procede la acción de reparación directa.

6. Procedencia de la acción de reparación directa

Antes de establecer si le asiste o no responsabilidad patrimonial a las entidades
demandadas con ocasión de la afectación de la libertad del señor Alfonso Villamizar
Lamus durante un trámite de extradición pasiva, resulta necesario precisar por qué
la acción procedente en este caso es la de reparación directa y no la de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En materia de extradición, de acuerdo con la jurisprudencia citada, la acción de
nulidad y restablecimiento procede en contra del acto definitivo que la decide; y la
de reparación directa resulta adecuada cuando no se cumplen con las exigencias
mínimas, por abusos del estado requirente o porque el Estado solicitante desiste,
pero se cumplen todos los requisitos para concederla.

34
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 13 de 1991, rad. 6453, M.P. Daniel
Suárez Hernández. “A manera de síntesis, para que pueda hablarse de responsabilidad
administrativa por daño especial, es indispensable la concurrencia de los siguientes requisitos
tipificadores de la figura, a saber: (1) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración;
(2) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho de una persona; (3) El
menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de la igualdad frente a la
ley y a las cargas públicas; (4) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial,
en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados; (5) Debe existir un nexo causal
entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y (6) El caso concreto no puede
ser susceptible de ser encasillado dentro de otro, de los regímenes de responsabilidad de la
administración”.
19

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

De acuerdo con los artículos 8535 y 8636 del Código Contencioso Administrativo y
según jurisprudencia constante de la Corporación 37 , la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y la de reparación directa tienen una finalidad
indemnizatoria. Sin embargo, ambas se diferencian por la fuente de los daños cuyo
resarcimiento puede reclamarse a través de cada una de ellas.

En efecto, cuando el daño ha sido causado por un acto administrativo considerado
ilegal, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por
cuanto es indispensable que sea el juez competente quien desvirtúe la presunción
de legalidad que cobija dicho acto, para que los daños por él causados puedan
considerarse antijurídicos y puedan comprometer la responsabilidad del Estado.
Cuando el daño ha sido causado por “un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de
trabajos públicos” o, en la modificación aportada por la Ley 446 de 1998, “por
cualquier otra causa”, como sería aquella consistente en la ruptura del principio de
la igualdad frente a las cargas públicas por un acto legal, la acción procedente es la
de reparación directa38.

En el presente asunto, el señor Villamizar Lamus y sus hermanos demandaron a la
Nación –Ministerio del Interior y de Justicia39, -Rama Judicial -Fiscalía General de
la Nación y Rama Judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, por la
afectación de su libertad durante el trámite de solicitud de extradición llevado en su
contra, el cual terminó con el concepto desfavorable de la Corte Suprema de
Justicia. De acuerdo con la jurisprudencia citada, resulta claro que el supuesto del
caso comprende los establecidos por la Sala, por lo que resulta procedente la acción
de reparación directa.

7. Problema jurídico

La Sala debe determinar si la afectación de la libertad que soportó el señor Alfonso

35
Artículo 85: Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica,
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le
modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente.
36
Artículo 86: La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando
la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
37
Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado: de 12 de junio de 1991, expediente 6.196, Consejero Ponente: Juan de Dios
Montes; de 17 de agosto de 1995, Exp. 7095, Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo; de 23
de agosto de 2001, expediente 13.344, Consejera Ponente María Elena Giraldo Gómez y auto de 30
de agosto de 2001, expediente 20.608, de la misma consejera, de 29 de octubre de 2012 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera, expediente 25.101, Consejero Ponente Danilo Rojas
Betancourth y de 25 de abril de 2012, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera,
expediente 23.234, Consejero Ponente Enrique Gil Botero.
38
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 12 de octubre de 2017. M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
39
Hoy Ministerio de Justicia y del Derecho.
20

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

Villamizar Lamus en el marco de un trámite de solicitud de extradición por la
presunta comisión de los delitos federales relacionados con fraude contra el servicio
de salud40, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de California,
que le dictó el indictment 01-0288 DFL, de 13 de julio de 2001, constituye una
afectación de la libertad desproporcionada que compromete la responsabilidad de
la Nación-Fiscalía General de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho –Rama
Judicial, toda vez que el proceso de extradición culminó con el concepto
desfavorable a la extradición por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, como consecuencia, se revocó la orden de captura y se dispuso la
libertad inmediata del demandante.

8. Elementos de la responsabilidad

8.1. El daño

Con el fin de abordar integralmente el recurso de apelación interpuesto, la Sala
analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que
debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado.
Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante,
se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a las demandadas.

En el caso concreto, el daño alegado por los demandantes fue “la resolución que
profirió la detención preventiva con fines de extradición que se constituyó en
privación injusta de la libertad” del señor Alfonso Villamizar Lamus sufrida en el
marco de la solicitud que se le adelantó, por el delito de fraude, cometido en contra
del Estado de California-Estados Unidos de América.

La Sala considera que se encuentra acreditado que la Embajada de Estados
Unidos, mediante nota diplomática solicitó la captura preventiva del señor Alfonso
Villamizar Lamus y, por ende, fue privado de la libertad una orden de captura de la
Fiscalía General de la Nación -Resolución del 27 de marzo de 2002-, y ejecutada
desde el 4 de abril de 200241 hasta el 16 de octubre de 2003, tal como se prueba
con certificación del director de la cárcel de Cómbita, Boyacá allegada al
expediente42.

40
Violación del título 18, sección 1347 del Código de los Estados Unidos.
41
Como lo certifica la misma Fiscalía General de la Nación en la resolución del 15 de octubre de
2003, visible a folio 360 a 362 del cuaderno principal, en el concepto de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal del 8 de octubre de 2003, folios 36 a 32 cuaderno 1 y 198 a 220 cuaderno
2 y el acta sobre derechos del capturado y acta de notificación del 4 de abril del 2002, visibles a folios
182 y 183 cuaderno 2.
42
Ver folio 189 cuaderno 1.

21

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

A los procesos concurrieron, igualmente, Luz Mary Villamizar Lamus, Elvia Victoria
Villamizar Lamus, Luis Carlos Villamizar Lamus, María Cristina Villamizar Lamus,
Eduardo Villamizar Lamus y Jaime Villamizar Lamus, hermanos de la víctima directa
Alfonso Villamizar Lamus, respectivamente, porque así consta en los registros
civiles del nacimiento, hechos a partir de los cuales infieren que sufrieron daños
morales con la medida de aseguramiento que se impuso a aquel.

8.2. La imputación

Establecida la existencia del daño es necesario verificar si resulta antijurídico y,
además, imputable jurídica o fácticamente a las entidades demandadas, toda vez
que, se recuerda, a juicio de las entidades accionadas, el trámite y la captura con
fines de extradición, a la cual fue sometido el señor Alfonso Villamizar Lamus reunía
los requisitos formales exigidos por las normas constitucionales y legales.

Para la parte actora debía declararse la responsabilidad de la demandada y de las
entidades contra quienes se formularon la pretensiones porque era claro que,
mediante una resolución, el Fiscal General de la Nación decretó la captura con fines
de extradición del señor Alfonso Villamizar Lemus, por requerimiento solicitado por
el gobierno de los Estados Unidos, y avalado por las autoridades colombianas, que
finalmente fue desfavorable.

En el presente caso se encuentran acreditados los siguientes hechos:

• La Embajada de los Estados Unidos de América, mediante Nota Verbal 245 del 5
de marzo de 200243, solicitó la detención provisional con fines de extradición del
señor Alfonso Villamizar, conforme a los artículos 528 y 530 de la Ley 600 de 2000,
para comparecer en juicio por los delitos de fraude a servicios de salud, mediante
acusación dictada el 12 de julio de 2001, por el juez de los Estados Unidos de
América Gregory G. Hollow (fls. 82 a 85 c. 1 y 160 a 167 c.2).

• El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio del 6 de marzo de 2002,
remitió a la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación,
la Nota Verbal 245 de 5 de marzo de 2002, mediante la cual se solicitó la detención
preventiva con fines de extradición del señor Alfonso Villamizar (fls. 158 y 187 c.2).

43
En ingles y su traducción.

22

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

• La Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución del 27 de marzo de 2002
ordenó la captura con fines de extradición del señor Alfonso Villamizar (fls. 79 a 81
c.1 y 175 a 177 c.2):

Alfonso Villamizar es requerido para comparecer a juicio por delitos de fraude
cometidos contra el Estado de California. Es el sujeto de la resolución de
acusación N° 01.0288 DFL dictada el 12 de julio de 2001 en la Corte Distrital de
los Estados Unidos para el Distrito Este de California mediante la cual se le
acusa de (1) dos cargos por fraude contra el servicio de salud, en violación del
Título 18, Sección 1347 del Código de los Estaos Unidos, y (2) dos cargos por
ayuda y facilitamiento en la comisión del delito, en violación del Título 18,
Seccional 2 del Código de los Estados Unidos.

Un auto de detención contra el señor Villamizar por estos cargos fue dictado el
12 de julio de 2001 por el Magistrado Juez de los Estados Unidos Gregory G.
Hollow de la Corte arriba mencionada.

En la citada Nota Verbal se expresa que la Embajada considera esta solicitud
como urgente.

Lo anterior se concluye que la presente solicitud reúne los requisitos penales
exigidos por el artículo 528 del Código de Procedimiento Penal, para obtener la
captura con fines de extradición.

• La Dirección General de INTERPOL, Grupo de Investigaciones Internacionales,
mediante acta de notificación del 4 de abril de 2002, le comunicó al señor Alfonso
Villamizar Lamus, la orden de captura, proferida por la Fiscalía General de la Nación
(fl. 76 c.1).

• Mediante oficio 1/2002/138986/2/DAS.DGO.SIN.GINI del 5 de abril de 2002, la
Jefatura de la Oficina de INTERPOL, informó a la Directora de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación la captura del señor Alfonso
Villamizar Lamus (fls. 74 a 76 c.1 y 178 a 179 c.2).

• La Embajada de los Estados Unidos de América, formalizó la solicitud de
extradición, el 29 de mayo de 2002, a través de la Nota Diplomática 625, para que
el requerido compareciera en juicio, por ser el sujeto de la resolución de acusación
CR NO.S-01 0288 DFL, dictada el 12 de julio de 2001, en la Corte Distrital de los
Estados Unidos para el Distrito Este de California, en el cual se hizo la presentación
general de los hechos y la individualización de las conductas atribuidas al requerido,
determinando el período de su ejecución y el método utilizado para defraudar al
Programa de Salud del Estado de California “Medi Cal”, incluyendo datos que
conservan las autoridades judiciales para identificarlo (fls.188 a 196 c.2).

• El Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 04312 del 7 de junio de
2002, al considerar perfeccionado el expediente de la solicitud de extradición
elevada por la Embajada de los Estados Unidos de América, remitió a la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, la documentación traducida y

23

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

autenticada, para que rindiera concepto, (artículo 520 C.P.P), previa determinación
por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que por no existir tratado de
extradición aplicable entre dos países, era procedente actuar de acuerdo con las
normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal (fls. 29 y 59 c.1) 44.

• Mediante providencia de 21 de enero de 2003, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, negó la práctica de las pruebas solicitadas por el defensor del
señor Alfonso Villamizar, por considerar que había suficiente información para que
la Sala entrara a determinar, al instante de conceptuar, si los hechos que soportaban
la reclamación también eran delictivos en Colombia y reprimidos con pena privativa
de la libertad de cuyo término no fuera inferior a 4 años (fls. 59 a 67 c.1).

• El 8 de octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
(fls. 36 a 58 c. 1) conceptuó desfavorablemente sobre la solicitud de extradición del
señor Alfonso Villamizar Lamus, al considerar que:

Al tenor de lo normado por el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal,
este elemento del objeto del concepto se reúne cuando la solicitud ha sido
presentada por vía diplomática o excepcionalmente por la consular o de
gobierno a gobierno, acompañada de los documentos allí relacionados
debidamente autenticados y traducidos al castellano, de ser necesario.

Formalidades todas cumplidas por el Gobierno de los Estados Unidos de
América.

(…)

Documentación que adicionalmente fue traducida al castellano en los términos
fijados por el artículo 513 del Código Procedimiento Penal, por la Embajada de
Estados Unidos de América, siendo avalada por la Sección de Traducciones
Oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En conclusión, es claro que el elemento de la validez formal está acreditado en
este caso como lo asevera el Ministerio Público.

(…)

Ante todo, recuerda la Sala que para establecer si las conductas atribuidas
como delictivas al requerido son también punibles en Colombia, debe comparar
los preceptos penales supuestamente transgredidos en el país requirente y los
tipos penales del Código Penal interno, para establecer si en alguno de ellos se
enmarcan y si son sancionadas con prisión no inferior a cuatro años. Labor en
la que por su puesto ninguna pertinencia tiene el nombre jurídico que reciba el
delito, ni el bien jurídico supuestamente afectado o puesto en peligro.

(…)

Como fácilmente se deduce, las conductas atribuidas al señor VILLAMIZAR en
Colombia tipifican el delito de estafa; empero como la sanción prevista para este
delito es inferior a 4 años no es posible conceptuar favorablemente a la
extradición, ni siquiera incrementando al mínimo - 2 años -la tercera parte por

44
Extraído de la copia de la Resolución 198 del 27 de octubre de 2003 del Ministerio del Interior y
de Justicia, que negó la extradición del señor Alfonso Villamizar Lamus, requerido por el Gobierno
Norteamericano y del concepto desfavorable de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal.

24

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

concurrir las circunstancias de agravación previstas en los numerales 1 y 2 del
artículo 267 del Código Penal por superar la cuantía de los 100 salarios mínimos
legales mensuales y recaer la conducta en bienes del Estado, pues arroja como
resultado 32 meses de prisión, inferior a la exigida legal.

Así entonces, la Sala conceptuará adversamente a la entrega del requerido en
extradición, en lo que tiene que ver con este delito.

El sentido desfavorable del concepto no cambiará por la elaboración y el uso de
documentos falsos de parte del requerido en extradición para inducir en error el
programa de prestación de servicios médicos, que configura en Colombia el
delito de falsedad en documento privado, descrito y sancionado por el artículo
289 del Código Penal con prisión que va de 1 a 6 años, porque el Estado
requirente no se lo atribuyó en la acusación y por estar sancionado con prisión
a 4 años.

I.3.2. En lo que concierne al segundo cargo:

(…)

Según la documentación anexa, el cargo alude al auxilio e instigación para
cometer el delito de fraude contra servicios de atención de salud, para cuya
perfección se requiere la convergencia de los siguientes elementos, al tenor de
la declaración de la Fiscal Auxiliar Ejecutiva para el Distrito de California,
CAROLYN K DELANEY: Que el fraude fuere cometido por otra persona, que a
sabiendas e intencionalmente, el acusado haya auxiliado, asesorado,
ordenado, inducido o logrado que dicha persona cometiera el fraude; y que el
acusado haya actuado antes de cometer el crimen.

Atendiendo a que específicamente la imputación atañe a que el solicitado en
extradición instigó a los coautores a remitir más de 75 muestras de sangre y
formatos de solicitud de análisis tomadas a sus propios empleados a
laboratorios clínicos, los cuales fueron acoplados con la información falsa de
verdaderos beneficiarios del programa Medi-Cal y utilizada como soporte de
reclamaciones falsas, es evidente que la conducta encuadra en el delito de
estafa, por cuanto con ellos se indujo en error al programa de asistencia médica,
originando el pago irregular de servicios.

Pero como su intervención fue restringida en la acusación a instigar a los
autores para la ejecución del delito, se estructura la forma de participación del
determinador prevista en el artículo 30 del Código Penal, sancionada con la
misma pena que el tipo penal trae para los autores, esto es, de 2 a 8 años,
monto que en su umbral es inferior al de 4 años exigidos por la ley para que
opere la extradición, y al que no tiene la posibilidad de arribar pese a su
incremento por las causales de agravación 1 y 2 del artículo 267 al superar la
cuantía los 100 salarios mínimos legales vigentes y recaer la acción sobre
bienes del Estado, ya que da como resultado 32 meses de prisión.

De suerte que el concepto en punto a este delito también será desfavorable.

(…)

En fin, como quiera que las conductas endilgadas al requerido en extradición
no satisfacen el principio de la doble incriminación, la Sala rendirá concepto
desfavorable a la extradición, en los términos del artículo 519 del Código
Procesal Penal.

• La Fiscalía General de la Nación, mediante resolución del 15 de octubre de 2003
(fls. 371 a 373 c.ppal.), revocó la captura con fines de extradición decretada y
estableció que:

1. De acuerdo con lo expresado por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento de 8 de octubre de 2003,
las conductas atribuidas, en Colombia, al señor Alfonso Villamizar, se encasillan
25

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

en el delito de estafa, tipificado en el Artículo 246 del Código Penal, cuya
sanción mínima prevista es inferior a 4 años, por lo que, consideró la Corte, no
es posible conceptuar favorablemente a la extradición, ya que no se satisface
el principio de la doble incriminación, establecido en Artículo 511-1 del Código
de procedimiento Penal.
2. De conformidad con el Inciso 2° del Artículo 519 del Código de
Procedimiento Penal, el concepto desfavorable de la Corte Suprema de Justicia
obliga al Gobierno a negar la extradición. Esta circunstancia, le impone, a este
Despacho, revocar la resolución de 27 de marzo de 2002, mediante la cual se
ordenó la captura, con fines de extradición, de Alfonso Villamizar, ordenando su
libertad inmediata.
3. Para los fines establecidos en el Numeral 4° del Artículo 16 del Código
Penal, se impone la compulsión de copias del expediente de extradición, con
destino a la Directora Nacional de Fiscalías.

• La Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación
mediante memorial DAI 006882 del 16 de octubre de 2003, remitió al Director del
Centro Penitenciario y Carcelario de Cómbita la resolución del 15 de octubre de
2003, por medio de la cual se revocó la orden de captura y solicitó notificar
personalmente la decisión al señor Alfonso Villamizar, a quien, en consecuencia se
debería dejar en libertad (fls. 379 c.ppal.).

• El Presidente de la República de Colombia, mediante Resolución N° 198 del 27 de
octubre de 2003, negó la extradición del señor Alfonso Villamizar Lamus (fls. 28 a
32 c.1):

(…)

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 del Código de procedimiento
Penal, el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno;
pero si es favorable a la extradición, lo deja en libertad de obrar según
conveniencias nacionales.

En consecuencia, atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional negará la
extradición del ciudadano ALFONSO VILLAMIZAR LAMUS.

Como se evidenció anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, mediante oficio OJ-E 0091 del 6 de marzo de 2002, remitió a la Fiscalía
General de la Nación la Nota Verbal 245 del 5 de marzo de 2002, a través de la cual
la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la captura con fines de
extradición del señor Alfonso Villamizar Lemus.

Una vez, la Fiscalía verificó que la Nota Verbal 245 del 5 de marzo de 2002 reunía
los requisitos formales exigidos en el artículo 528 del CPP45, el Fiscal General de la
Nación, mediante Resolución de 27 de marzo de 2002, decretó la captura, con fines

45
Artículo 528. Captura. El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona
requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado
requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de
haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de
tal medida. (Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 1216 de 2001).
26

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

de extradición del señor Alfonso Villamizar y ordenó informar la orden al Ministerio
de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los organismos
de policía judicial del Estado, mediante oficios DAS de la misma fecha.

La captura se hizo efectiva el 4 de abril de 2002, por miembros del DAS,
comprobándose su identificación mediante cotejo técnico-dactiloscópico de las
huellas tomadas después de su captura, la cual fue notificada al Fiscal General de
la Nación y a la directora de asuntos internacionales de la Entidad, mediante oficio
del 5 de abril de 2002, del jefe de la oficina del INTERPOL.

Como ya se dijo, la Embajada de los Estado Unidos de Norte América, mediante
Nota Verbal 625 del 29 de mayo de 2002 formalizó la solicitud de extradición del
actor, y, el 7 de junio de 2002, el Ministerio de Interior y de Justicia remitió a la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y
autenticada, con la cual la Embajada Americana había formalizado la solicitud de
extradición del señor Villamizar Lamus, para que se emitiera el respectivo concepto,
requisitos exigidos en los artículos 513 y 517 del CPP46.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 8 de octubre
de 2003, estableció que el delito de fraude por el que se acusaba al demandante,
que se asimiló al de estafa en nuestro ordenamiento penal, y los demás asociados
a este, no tenían prevista pena privativa mayor a 4 años, por lo que su concepto fue
desfavorable a la solicitud de extradición, que radicó en la falta de cumplimiento del
principio de la doble incriminación, esto es, que los hechos que la motivaron no
cumplían los requisitos previstos en el numeral 1 del artículo 511 del CPP47, vigente
para la época en que se dio el trámite de la solicitud de extradición.

Así pues, en este asunto, el Estado colombiano, a través del Presidente de la
República, mediante Resolución N° 198 de 27 de octubre de 2003, negó la

46
Artículo 513. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento. La solicitud para que se ofrezca
o se conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de acusación o su
equivalente o condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos
excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos: 1. Copia o
trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente. 2. Indicación
exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron
ejecutados. 3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la
persona reclamada. 4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso. Los
documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado
requirente y deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso.
Artículo 517. Envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Una vez perfeccionado el
expediente, el Ministerio de Justicia lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, para que esta corporación emita concepto.
47
ARTICULO 511. Requisitos para concederla u ofrecerla. Para que pueda ofrecerse o concederse
la extradición se requiere, además: 1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito
en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro
(4) años. 2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su
equivalente.
27

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

extradición del señor Alfonso Villamizar Lamus, atendiendo el concepto negativo de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Penal48.

Se concluye, entonces, que el trámite mediante el cual se surtió la solicitud de
extradición en contra del señor Alfonso Villamizar fue una actuación administrativa
legal por parte todas las entidades demandadas, tanto de la Fiscalía General de la
Nación, al proferir la orden de captura; de la Corte Suprema de Justicia, al dar el
concepto negativo de extradición, y del Ministerio del Interior y del Derecho, hoy de
Justicia y del Derecho, que dio el trámite inicial a la solicitud de extradición antes de
su denegación.

Sin embargo, resulta evidente que la afectación de la libertad con fines de
extradición de la demandante, en aplicación de este mecanismo de cooperación
internacional, bajo la dirección del Presidente de la República, quien tiene la
suprema dirección de las relaciones internacionales, a través de los Ministerio de
Justicia, le impuso una carga pública a la demandante, que esta no estaba en el
deber jurídico de soportar y por lo tanto debe declararse la responsabilidad con
fundamento en el daño especial.

En efecto, pese a que el trámite de solicitud de extradición fue legal y razonable, y
el Ministerio de Justicia y del Derecho, durante esa actuación, obró conforme a la
legislación vigente que la fundamentaba, es dable concluir que, el mismo, resultó
desproporcionado para el señor Alfonso Villamizar Lamus, por cuanto, produjo un
desequilibrio ante las cargas públicas, al imponerle un sacrificio mayor al que este
debía soportar, teniendo en cuenta que la solicitud de extradición fue denegada,
pero se restringió su libertada personal por más de 18 meses.

El daño especial consiste en aquel que se ocasiona al administrado en desarrollo
de una actuación legítima y legal del Estado que debe ser indemnizado por razones
de equidad, porque entraña la desigualdad ante las cargas públicas49, cuando su
imposición implica un mayor sacrificio al que normalmente deben soportar los
asociados en general, dado que se busca preservar su equilibrio, que es el principio
de justicia distributiva que garantiza su existencia:

En tales condiciones se exige que para hablar del daño especial como
presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal,

48
Artículo 519. Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término anterior, la Corte
Suprema de Justicia emitirá concepto. El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará
al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las
conveniencias nacionales.

49
Consejo De Estado, Sentencia de 30 de septiembre de 1949, M.P. Pedro Gómez Parra.
28

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón
de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es decir, que
solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su patrimonio como
contrapartida de que la calidad y prestación de los servicios50.

En el presente caso, se trata de un procedimiento administrativo que culminó en un
acto administrativo legal en el que se negó la extradición del demandante51. Sin
duda, la afectación de la libertad del señor Villamizar Lamus se trató de una carga
pública desproporcionada que amerita declarar la responsabilidad patrimonial del
Estado bajo el título de daño especial. La jurisprudencia reciente de esta Subsección
ha reiterado52:

Debe señalarse que el trámite de extradición es un procedimiento administrativo
de carácter complejo. Si bien intervienen órganos del poder ejecutivo y judicial,
la dirección privativa de este corresponde al primero, en especial en su
modalidad pasiva cuando es gobernado por la ley, como sucede en el presente
caso, pues la orden final se atribuye de manera discrecional al Ministerio de
Justicia y del Derecho, de acuerdo con el artículo 491 de la Ley 906 de 2004,
aún en el evento en que el concepto de la Corte Suprema de Justicia resulte
favorable, puesto que es una decisión que se encuentra en la órbita de las
relaciones internacionales, cuya dirección suprema corresponde al Presidente
de la República, en cumplimiento de un mecanismo de cooperación
internacional, para combatir la criminalidad transnacional.

De acuerdo con lo anterior, es necesario determinar a quién es atribuible el daño
antijurídico causado por ese desequilibrio ante las cargas públicas. En criterio de la
Sala, este es imputable a la rama ejecutiva del poder público, en cabeza del
Ministerio de Justicia y del Derecho, dado que la extradición es un mecanismo de
cooperación internacional para combatir el delito y su supremo director es el
Presidente de la República, quien determina, de manera autónoma, en que casos
se hace excepción a la aplicación de los principios de territorialidad de la ley y de la
soberanía estatal. Ese trámite es de naturaleza administrativa y culmina en un acto
administrativo que la concede, según la voluntad discrecional del ejecutivo.

Debe reiterarse que, si bien intervienen órganos de la rama judicial, como la Fiscalía
General de Nación y la Corte Suprema de Justicia, sus actos no son de naturaleza
jurisdiccional, sino que contribuyen a llevar a buen término el procedimiento
administrativo de extradición, pues el proceso penal de investigación y juzgamiento
penal se cumple exclusivamente en el Estado que la solicita, de acuerdo con
jurisprudencia reiterada de la misma Corte y de la Corte Constitucional53.

50
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 16980, M.P.:
Mauricio Fajardo Gómez.
51
Consejo De Estado. Sección Tercera, Sentencia de 27 de abril de 2006, Exp. No. 16.079, M. P.
Ramiro Saavedra Becerra.
52
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2021, exp. 54513.
53
La misma idea ha sido expresada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
en sentencia de 3 noviembre de 2004 (radicado 22072): La noción de extradición no corresponde a
la de un proceso judicial en el que se someta a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo
de cooperación internacional cuyo objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien
29

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

En la sentencia C-460 de 2008, dijo:

Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la
autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su
escenario natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del
correspondiente proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante
autoridades judiciales colombianas, que deben cooperar, junto con el Ejecutivo,
para que la ubicación en país distinto a donde se cometió el presunto delito, no
sea vía para eludir la acción de la justicia, que internacionalmente debe
permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad.

No se puede considerar al trámite de la extradición como un proceso judicial, porque
no hay lugar a valorar la validez o mérito de las pruebas que sustentan una
acusación de carácter criminal, como tampoco del grado de participación en el delito
que se le imputa, ya que eso aspectos son de competencia exclusiva de las
autoridades judiciales del Estado requirente. Por estas razones, el concepto de la
Corte Suprema es de carácter formal, en cuanto al cumplimiento de los requisitos
de ley para que la rama ejecutiva decida autónomamente si la concede o no. No
puede ser considerado de ninguna manera como un acto de juzgamiento, pues este
compete a la órbita propia y absoluta del Estado que la solicita.

9. Perjuicios

9.1. Perjuicios morales

En la demanda se solicitó por este concepto un total de 1.000 SMMLV para la
víctima directa del daño y 500 SMMLV para sus hermanos.

habiendo ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya
jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades que lo reclaman y así responda
personalmente por los cargos que le son imputados y por los cuales se le convocó a juicio criminal,
o cumpla la condena que le haya sido impuesta, es claro que por ello no hay lugar en desarrollo de
su trámite a cuestionamientos referidos a la validez o mérito probatorios sobre la ocurrencia del
hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del
encausado, ni sobre la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo o la calificación
jurídica realizada y tampoco en relación con la competencia del órgano judicial del país solicitante, o
la validez del trámite en el cual se le acusa, pues tales aspectos conciernen al exclusivo y excluyente
ámbito de las autoridades judiciales del Estado requirente, de modo que su planteamiento y
controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso por medio de los mecanismos que la
legislación de allí tenga previstos // No por diversas razones la fase judicial de la extradición que se
verifica ante la Corte Suprema culmina no con un fallo con los efectos que le son propios frente a la
res iudicata, sino con un concepto que siendo precisamente por eso inimpugnable sólo puede tener
por objeto la constatación de que la documentación presentada es formalmente válida; que el
solicitado se encuentra plenamente identificado; que el hecho que motiva el pedido también esté
previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea
inferior a cuatro años; que la providencia proferida en el extranjero -si no se trata de sentencia- sea
equivalente a nuestra resolución de acusación y que cuando fuere el caso se observe de conformidad
con el marco normativo señalado por el Gobierno Nacional lo previsto en los tratados públicos.
En concordancia con lo anterior, en auto de 4 de julio de 2006 (radicado 25333) manifestó:… en
Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta de proceso judicial en el que
se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición, por tanto, no tienen cabida
cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades
extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el
grado de responsabilidad del encausado; la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo,
la calificación jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en
el cual se le acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente
responsable; o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva
y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia debe
hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los instrumentos que prevea la
legislación del Estado que formula la solicitud.
30

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

El señor Alfonso Villamizar Lamus fue privado de la libertad entre el 4 de abril de
2002 hasta el 16 de octubre de 2003, es decir por 18 meses y 12 días.

La Sala Plena de la Sección, en sentencia de unificación de 19 de noviembre de
2021, expediente 46681, M.P. Martín Bermúdez Muñoz, estableció que, para el
cálculo del perjuicio moral de la víctima directa, en los eventos de privación injusta
de la libertad, se aplicaría la siguiente fórmula: PM = (número de meses x 5 SMLMV)
+ (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV).

En este caso, esa fórmula resulta aplicable, por tratarse de un caso análogo. Por
tanto, la reparación por el perjuicio moral a favor del señor Alfonso Villamizar Lamus,
se calcula así: PM= (18 x 5 SMLMV) + (12 x 0,166 SMLMV), por lo que PM= 92
SMLMV.

Respecto a los señores Luz Mary, Elvia Victoria, Luis Carlos, María Cristina,
Eduardo, Gilberto, Jaime hermanos de la víctima directa Alfonso Villamizar Lamus,
obran los testimonios de varias personas. El señor Alonso Acero López manifestó
que “la familia Villamizar Lamus conviven en absoluta armonía no existiendo
ninguna diferencia entre ellos” (fl. 321, c. 2). El señor Helí Francisco Peñaranda
Vermeire manifestó que:

“Por la cercanía de nuestra amistad que a todos los hermanos los afectó
muchísimo, ellos cambiaron su manera de actuar, se encerraron y
prácticamente no hacían sino soportar juntos esa pena y muy juntos porque
siempre han vivido los hermanos en la misma casa paterna hasta hoy, podría
pensar yo como médico que las enfermedades que ha sufrido Luz Mary y Luis
Carlos, aún tiene otras causas, pudieron precipitarse por esta tragedia familiar”
(fl. 313, c. 2).

Por su parte, la señora Martha Cristina Mogollón de Faber señaló que:

“Esta situación no fue resuelta en tiempo porque Alfonso Villamizar Lamus duró
más de 18 meses en la cárcel y fue trasladados a la de máxima seguridad de
Combita (Boyacá), en donde Gilberto Villamizar que era el más cercano con
más frecuencia lo visitaba, hasta que supimos alegremente que no era ningún
delito vergonzante por el que se le juzgaba y que la extradición se cayó por
falta de uno de los requisitos… Entenderá usted señora jueza la situación
psicológica, afectiva y moral en la que vivieron durante el tiempo en que estuvo
detenido el doctor Alfonso, los hermanos Villamizar Lamus, por fortuna fue
resuelta favorablemente… imagínense ustedes la noticia en este medio causó
un revuelo y daño, necesariamente, porque entendíamos como una persona de
bien había sido llamada en extradición. Los Villamizar Lamus son conocidos en
el medio, empezando por el Dr Eduardo, imagínese por un momento el
escándalo que se hacía del honor tanto del chato, de Alfonso como de todos los
demás, afortunadamente también hubo gente muy buena que los apoyó en esos
momentos de dolor y la gente común no se alegró de esto, antes bien era
sorprendida y no hubo maldad porque hay gente que se alegra del mal ajeno,
aquí no, les dimos apoyo.” (fl. 315 y 316, c.2).

31

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

El señor Jesús Alberto Alarcón Infante declaró:

“Supe del hecho, no conozco los detalles exactos por los cuales se dictó esa
detención, sí me consta por la misma amistad y porque estuvieron participando
de su dolor y eso angustia durante el tiempo en que él estuvo detenido,
especialmente los María Elvia y Victoria Villamizar… desde luego al saberse la
noticia produjo un gran impacto en Pamplona entre toda la sociedad, entre todos
los conocidos; y para ello fue motivo de dolor, de la vergüenza que se tiene que
un familiar esté en esa situación y se comenten muchas cosas de todo género
(fl. 318, c.2).

La señora María Clara Valero Álvarez indicó que:

“En cuanto al dolor que le causaron a la familia pienso que son daños morales
irrecuperables porque yo fui testigo del sufrimiento de la angustia, de la
vergüenza que tuvieron que pasar siendo una familia honorable, una familia de
mucha prestancia y a causa de eso consideró que varias de las enfermedades
que ellos tienen fue ocasionada por eso, por ejemplo el estrés y desarrollaron
diabetes tanto el doctor Alfonso como María Cristina y Elvia Vicctoria,
alcanzaron a desarrollar una diabetes por estrés; y quiero agregar que el doctor
Alfonso Villamizar en este momento tiene diabetes y él no era diabético después
de la cárcel de Cómbita o la prisión que soportó más de un más de un año coma
ya el daño está hecho (fl. 319, c. 2).

Las anteriores declaraciones dan cuenta del daño moral padecido por los hermanos
de la víctima directa Alfonso Villamizar Lamus, consistente en la aflicción causada
por la detención de su hermano Alfonso, dado el grado de cercanía afectiva entre
cada uno de los miembros de esa unidad familiar.

De acuerdo con la sentencia de unificación citada, les corresponde un 30% del
monto de la víctima directa, es decir 28 salarios mínimos legales mensuales para
cada uno de estos demandantes.

9.2. Perjuicios materiales

9.2.1. Lucro cesante

En la demanda se solicitó, a título de lucro cesante, que se condenara a la entidad
demandada a pagar a favor del señor Alfonso Villamizar Lamus 2.500 salarios
mínimos mensuales legales por el tiempo de la detención ilegal, el embargo y
secuestro de sus bienes, su inactividad laboral y el rendimiento personal por su
condición de médico y de los bienes reales que con su libertad podría haber
rendido.

El Consejo de Estado, en sentencia de unificación respecto del reconocimiento del
daño material en la modalidad de lucro cesante, consideró lo siguiente:

1.1.1 Por concepto de lucro cesante sólo se puede conceder lo que se pida
en la demanda, de forma tal que no puede hacerse ningún reconocimiento
oficioso por parte del juez de la reparación directa; así, lo que no se pida en la
demanda no puede ser objeto de reconocimiento alguno.

32

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

1.1.2 Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le
indemnice por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba
suficiente que lo acredite o, de lo contrario, no puede haber reconocimiento
alguno (artículos 177 del C. de P. C. y 167 del C.G.P.54).

1.1.3 Así, para acceder al reconocimiento de este perjuicio material en los
eventos de privación injusta de la libertad debe haber prueba suficiente que
acredite que, con ocasión de la detención, la persona afectada con la
medida de aseguramiento dejó de percibir sus ingresos o perdió una
posibilidad cierta de percibirlos. Cuando la persona privada injustamente de
su libertad haya sido una ama de casa o la persona encargada del cuidado del
hogar, tendrá derecho a que se le indemnice el lucro cesante, conforme a los
términos y condiciones consignados en la sentencia de unificación del 27 de
junio de 2017, proferida dentro del proceso con radicación 50001-23-31-000-
2000-372-01 (33.945)55.

La Sala negará el reconocimiento de este perjuicio, porque, para la época de
ocurrencia de la privación, el demandante no acreditó que realizaba alguna actividad
laboral o productiva, ni mucho menos que ésta hubiere cesado como consecuencia
directa de la medida restrictiva de la libertad a la que fue sometido.

Entonces, como en la parte actora no se allegó, ni pidió decreto de prueba alguna
para acreditar este perjuicio, la Sala negará lo pretendido.

9.2.2. Daño emergente

En la demanda fueron solicitados 3000 salarios mínimos mensuales legales para el
señor Alfonso Villamizar Lamus por su “formación académica, científica y cultural” y
su condición oficial de la fuerza aérea.

Al respecto, las pretensiones relativas a la indemnización de perjuicios en la
modalidad de daño emergente serán desestimadas, dado que la parte actora no
allegó prueba alguna que demuestre el monto solicitado.

10. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

54
Para la Corte Constitucional (sentencia T-733 de 2013): “La noción de carga de la prueba ‘onus
probandi’ es una herramienta procesal que permite a las partes aportar los elementos de prueba
para acreditar los hechos que alega el demandante o las excepciones propuestas por el
demandando. Su aplicación trae como consecuencia que aquella parte que no aporte la prueba de
lo que alega soporte las consecuencias. Puede afirmarse que la carga de la prueba es la obligación
de ‘probar’, de presentar la prueba o de suministrarla cuando no ‘el deber procesal de una parte, de
probar la (existencia o) no (sic) existencia de un hecho afirmado’, de lo contrario el solo
incumplimiento de este deber tendría por consecuencia procesal que el juez del proceso debe
considerar el hecho como falso o verdadero”.
55
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de julio de 2019, rad.44.571, M.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
33

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 1° de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo del Norte de Santander, y en su lugar se dispone:

PRIMERO.- DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación- Ministerio de
Justicia y del Derecho por la restricción de la libertad del señor Alfonso Villamizar
Lamus.

SEGUNDO.- CONDÉNASE a la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho a pagar
por concepto de perjuicio moral, a favor del señor Alfonso Villamizar Lamus, noventa
y dos (92) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento de la ejecutoria
de esta providencia.

TERCERO.- CONDÉNASE a La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, a
pagar, a los señores Luz Mary Villamizar Lamus, Elvia Victoria Villamizar Lamus,
Luis Carlos Villamizar Lamus, María Cristina Villamizar Lamus, Gilberto Villamizar
Lamus, Eduardo Villamizar Lamus, Gilberto Villamizar Lamus y Jaime Villamizar
Lamus, veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno
de ellos, al momento de la ejecutoria de esta providencia.

CUARTO.- NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

QUINTO.- Sin condena en costas.

SEXTO.- Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 y 178 del
Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino
a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil
y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de
febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a los
apoderados judiciales que han venido actuando.

OCTAVO.- Ejecutoriada esta providencia, por secretaría por Secretaría

NOVENO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.

34

Radicación: 540012331000200500623-01(50701) Acumulado
Actor: Alfonso Villamizar Lamus y Otros
Demandado: Nación– Ministerio del Interior- Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

35

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.