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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2005-00674-01

Fecha
10 de marzo de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2005-00674-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: “[…] PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección, como sucesora procesal del DAS, por la muerte de Tirso Vélez y las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección a pagar, por concepto de perjuicios morales derivados de por la muerte de Tirso Vélez, 100 SMLMV a Isabel Obregón Toscano, 100 SMLMV a Rubén Darío Vélez Obregón y 100 SMLMV a Miguel Ángel Vélez Obregón. 65 Radicado: 540012331000020050067401 (56299) Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección a pagar, por concepto de lucro cesante derivado de la muerte de Tirso Vélez, las sumas de $332.110.641 a Isabel Obregón Toscano, $53.588.247 a Rubén Darío Vélez Obregón y $75.304.303 a Miguel Ángel Vélez Obregón. CUARTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección por las lesiones sufridas por Isabel Obregón Toscano, a pagar, a Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez Obregón y Miguel Ángel Vélez Obregón, a título de perjuicios morales, el monto que resulte probado para cada uno de ellos, en el trámite incidental. Para ello, deberá determinarse el porcentaje de la incapacidad padecida por Isabel Obregón Toscano que permita establecer, objetivamente, el quantum resarcitorio. Una vez el Tribunal a quo establezca esto, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales referidos en la parte considerativa, deberá liquidar el valor exacto que corresponde a los demandantes por este perjuicio. QUINTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación – Ministerio de Defensa – […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2005-00674-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 54001233100020050067401 (56299)
Demandante: ISABEL OBREGÓN TOSCANO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Y OTRO

Tema: Violaciones a DDHH e infracciones al DIH. Homicidio de activista
político, exalcalde, exdiputado y precandidato a la Gobernación
de Norte de Santander. Lesiones físicas sufridas por quienes
acompañan al líder social. “Desplazamiento forzado”. No se
acreditó la causación de un daño antijurídico por el
desplazamiento alegado. Omisión en el deber de seguridad y
protección. Se acreditó una falla del servicio. Liquidación de
perjuicios. No se configuraron costas procesales en el trámite de
segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Unidad Nacional de
Protección (antes DAS y en adelante UNP), contra la sentencia del 19 de diciembre
de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 20 de mayo de 2003, Tirso Vélez, activista político, exalcalde, exdiputado y
entonces precandidato a la Gobernación de Norte de Santander por el Partido Polo
Democrático, solicitó al comandante de Policía de ese departamento y al director
Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad, que se le brindara
protección y seguridad personal “con el ánimo de prevenir cualquier situación de
riesgo”. Pese a lo anterior, el 4 de junio de 2003, el señor Vélez fue víctima de un

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

hecho sicarial, el cual ocasionó su muerte y produjo, además, lesiones físicas a
Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez, quienes lo
acompañaban en ese momento.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS son
patrimonialmente responsables por la muerte de Tirso Vélez y por las lesiones
físicas sufridas por Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez, toda
vez que “no adoptaron medidas de protección tendientes a proteger la vida de quien
había expresado amenazas por su vida e integridad personal”. Además, estiman
que la Administración es patrimonialmente responsable por el “desplazamiento
forzado” que sufrieron Isabel Obregón Toscano y su núcleo familiar, así como el
señor Mojica Rodríguez, pues afirman que debieron trasladarse de Cúcuta (Norte
de Santander) por el “grave riesgo” que, como familiares y asistentes de campaña
“ad honorem” del precandidato, respectivamente, les representaba residir en dicho
municipio.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 1º de junio de 20051, Isabel Obregón Toscano, en nombre propio y en
representación de Rubén Darío y Miguel Ángel Vélez Obregón, y Mario Enrique
Mojica Rodríguez, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control
de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (en
adelante “DAS”), para que se les declarara patrimonialmente responsables por: i) la
muerte de Tirso Vélez, ii) las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón Toscano
y Mario Enrique Rodríguez Mojica, y iii) el “desplazamiento forzado” que sufrieron
Isabel Obregón Toscano y su núcleo familiar, así como el señor Mojica Rodríguez.

1 Fl. 3 a 29, C.1.

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

En primera medida, como pretensiones de su demanda, los accionantes solicitan
condenar a las entidades demandadas a pagar a cada uno de los demandantes
Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez Obregón y Miguel Ángel Vélez
Obregón, por la muerte de Tirso Vélez: a título de perjuicios morales, 100 SMLMV;
por daño a la vida de relación, la suma que resulte probada en el proceso; y por
lucro cesante, la suma que resulte probada en el proceso.

En segundo lugar, solicitan condenar a las entidades accionadas a pagar a cada
uno de los demandantes Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez Obregón y
Miguel Ángel Vélez Obregón, por las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón
Toscano: a título de perjuicios morales, 100 SMLMV; por daño a la vida de relación,
la suma que resulte probada en el proceso; y por lucro cesante, la suma que resulte
probada en el proceso.

En tercera medida, solicitan condenar a las entidades demandadas a pagar a Mario
Enrique Mojica Rodríguez, por las lesiones físicas por él padecidas: a título de
perjuicios morales, 100 SMLMV; por daño a la vida de relación, la suma que resulte
probada en el proceso; y por lucro cesante, la suma que resulte probada en el
proceso.

Finalmente, solicitan condenar a las entidades accionadas a pagar a cada uno de
los demandantes Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez Obregón, Miguel
Ángel Vélez Obregón y Mario Enrique Mojica Rodríguez, por el “desplazamiento
forzado” que sufrieron: a título de perjuicios morales, 100 SMLMV; por daño a la
vida de relación, la suma que resulte probada en el proceso; y por lucro cesante, la
suma que resulte probada en el proceso.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 20 de mayo de
2003, Tirso Vélez, activista político, exalcalde, exdiputado y entonces precandidato
a la Gobernación de Norte de Santander por el partido Polo Democrático, solicitó al
comandante de la Policía de ese departamento y al director Seccional del DAS,
protección y seguridad personal “con el ánimo de prevenir cualquier situación de
riesgo”.

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

Indica que el 22 de mayo de 2003, el jefe del área de protección del DAS comunicó
al señor Vélez que “la Seccional DAS – Norte de Santander, en forma
complementaria con la fuerza pública, brindará asesorías de seguridad y
autoprotección, y si es necesario, adelantará el análisis y evaluación de riesgo y
grado de amenaza para la adopción de medidas cautelares”.

Sostiene que, el 28 de mayo siguiente, el jefe de inteligencia de la Policía Seccional
de Norte de Santander le comunicó al comandante de la Policía de dicho
departamento que, “basándose en el análisis de riesgo realizado a Tirso Vélez, se
recomienda que el comando elabore un esquema de seguridad, para cuando éste
se inscriba ante la Registraduría como candidato a la Gobernación”.

Señala que, el 29 de mayo de 2003, el subcomandante operativo de la Policía de
Norte de Santander le informó al jefe de la SIPOL de dicho ente territorial que “con
base en el análisis de riesgo realizado a Tirso Vélez, se dispondrá de un esquema
de seguridad para el personaje, una vez se efectúe su inscripción como candidato
a la Gobernación”. Además, solicitó que le “informara inmediatamente [cuando]
ocurriera dicho evento y, mientras ello suceda, despliegue todas las acciones para
determinar cualquier variación de riesgo y adoptar las medidas necesarias y
preventivas concernientes”.

Aduce que, no obstante, lo anterior, el 4 de junio de 2003, el señor Vélez fue víctima
de un hecho sicarial que produjo su muerte y las lesiones físicas de Isabel Obregón
Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez, quienes lo acompañaban en ese
momento.

Afirma que, luego de estos hechos y debido al “grave riesgo” que les representaba
lo sucedido, Isabel Obregón Toscano y su núcleo familiar, así como al señor Mojica
Rodríguez, se vieron obligados a trasladarse del municipio de Cúcuta (Norte de
Santander) hacía Bogotá D.C.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y el DAS son patrimonialmente responsables por la muerte de Tirso Vélez

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

y, las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica
Rodríguez, toda vez que “no adoptaron medidas de protección tendientes a proteger
la vida de quien había expresado amenazas por su vida e integridad personal”.
Además, estiman que la Administración es patrimonialmente responsable por el
“desplazamiento forzado” que sufrieron Isabel Obregón Toscano y su núcleo
familiar, así como el señor Mojica Rodríguez, pues afirman que debieron trasladarse
de Cúcuta (Norte de Santander) por el “grave riesgo” que, como familiares y
asistentes de campaña “ad honorem” del precandidato, respectivamente, les
representaba residir en dicho municipio.

2. Contestaciones

El 27 de julio de 20052, el Tribunal Administrativo del Norte de Santander admitió la
demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3 argumentó que sus
actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y
legales. Formuló el “hecho perpetrado por un tercero como causal de exoneración”,
porque los daños alegados se produjeron por el hecho exclusivo y determinante de
un tercero.

2.2. El DAS4 manifestó que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de sus
facultades legales y reglamentarias. Asimismo, indicó que los hechos lesivos fueron
perpetrados por terceros, de modo que se configuró la excepción del hecho
exclusivo y determinante de un tercero.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de septiembre de 20145 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

2 Fl. 163, C.1.
3 Fl. 173 a 177, C.1.
4 Fl. 182 a 187, C.1.
5 Fl. Fl. 905, C.4.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

3.1. Los demandantes6 y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional7
reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la
contestación de este, respectivamente.

3.2. La Unidad Nacional de Protección8 (en adelante la “UNP”) y el Ministerio Público
guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 19 de diciembre de 20149 el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar
que la muerte de Tirso Vélez y las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón
Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez eran atribuibles a las entidades
accionadas, toda vez que “pese a la solicitud de protección hecha por Tirso Vélez,
las autoridades solo recomendaron su protección una vez este se inscribiera como
candidato a la Gobernación, incumpliendo así el deber de garantizar la seguridad y
protección de su vida e integridad física, y la de su familia, máxime el evidente
peligro que corría por su condición de miembro de un partido político de izquierda,
en una época que había incursión paramilitar”.

Igualmente, el Tribunal declaró la responsabilidad patrimonial de las entidades
demandadas por “el desplazamiento forzado” del que fueron víctimas los
demandantes, pues estimó que ello obedeció a “la situación de inseguridad en que
quedaron expuestos luego de la muerte del candidato Vélez”.

En la parte resolutiva el a quo condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y a la UNP a pagarle a los demandantes, los siguientes rubros:

6 Fl 906 a 1013 y 1030 a 1041, C.4.
7 Fl. 1014 a 1021, C.4.
8 El 4 de junio de 2014, la Unidad Nacional de Protección solicitó que decretará la sucesión procesal

del DAS a la UNP de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 3º y 18 del Decreto 4057 de
2011 – Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan
unas funciones y se dictan otras disposiciones - (Fl.897, C.3.).
9 Fl. 1043 a 1058, C.5.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

i) Por la muerte de Tirso Vélez: por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de
los demandantes Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez Obregón y Miguel
Ángel Vélez Obregón; por daño a los bienes constitucional y convencionalmente
protegidos, 50 SMMLV a cada uno de los demandantes Isabel Obregón Toscano,
Rubén Darío Vélez Obregón y Miguel Ángel Vélez Obregón; y por lucro cesante, las
sumas de $99.622.287.77 a Isabel Obregón Toscano, $28.728.145.77 a Rubén
Darío Vélez Obregón y $33.632.294.01 a Miguel Ángel Vélez Obregón.

ii) Por las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique
Mojica Rodríguez: por perjuicios morales, 10 SMLMV a cada uno de los
demandantes Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez.

iii) Por el desplazamiento forzado: por perjuicios morales, 30 SMLMV a cada uno de
los demandantes Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez Obregón, Miguel
Ángel Vélez Obregón y Mario Enrique Mojica Rodríguez.

5. Recursos de apelación

Los días 30 de julio10, 3 de agosto11 y 12 de noviembre de 201512, la parte
demandante, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la UNP,
respectivamente, interpusieron los recursos de apelación que fueron concedidos el
26 de noviembre de 201513 y admitidos el 10 de febrero de 201614.

5.1. El extremo activo15 argumentó que la liquidación realizada por el a quo frente
al reconocimiento de los perjuicios morales derivados de las lesiones físicas sufridas
por Mario Enrique Mojica Rodríguez y su desplazamiento, desatendió la magnitud,
extensión y dimensión del daño padecido. Asimismo, esgrimió que el Tribunal erró
al liquidar el lucro cesante en favor de Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío y
Miguel Ángel Vélez Obregón con fundamento en el salario mínimo mensual legal

10 Fl. 1062 a 1067, C.5.
11 Fl. 1072 a 1080, C.5.
12 Fl. 1087 a 1104, C.5.
13 Fl. 1105, C.5.
14 Fl. 1114 a 1115, C.5.
15 Fl. 1072 a 1080, C.5.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

vigente, pues esta debió efectuarse con base en el “valor que el inmolado percibía
cuando tuvo la necesidad de retirarse a su cargo, para aspirar a la Gobernación de
Norte de Santander”.

5.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional16 indicó que sus
actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las facultades legales y
reglamentarias que le habían sido conferidas. Asimismo, indicó que los hechos
lesivos cuyo resarcimiento se pretendía fueron perpetrados por terceros.

5.3. La UNP17 afirmó que las actuaciones del DAS se adelantaron en cumplimiento
de sus prerrogativas constitucionales y legales. Además, afirmó que los daños
alegados no le eran imputables, toda vez que estos se produjeron por el hecho
exclusivo y determinante de un tercero.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 9 de marzo de 201618 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. Los demandantes, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la
UNP reiteraron los argumentos expuestos en los recursos de apelación.

6.2. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra
la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de

16 Fl. 1062 a 1067, C.5.
17 Fl. 1087 a 1104, C.5.
18 Fl. 1117, C.5.

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Norte de Santander, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la
demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en
ejercicio de la acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante
esta Corporación19, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6
del Código Contencioso Administrativo.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8620 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama
la reparación de unos daños por hechos imputables a una omisión de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y del DAS (hoy UNP).

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal21.

19 La pretensión mayor de la demanda se estima en 600 SMLMV.
20 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
21 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para

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Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general22, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción23, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda

declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure24 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En primer lugar, se estima que el derecho de acción se ejerció en tiempo frente a
la muerte de Tirso Vélez y las lesiones sufridas por Isabel Obregón Toscano y Mario

24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

Enrique Mojica Rodríguez, toda vez que: i) el 4 de junio de 2004, tuvieron lugar los
hechos que dieron lugar a estos daños (hecho probado hecho probado 7.1.5.); y ii)
la demanda se presentó el 1º de junio de 200526, es decir, antes del vencimiento de
los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma
oportuna.

En segundo lugar, se evidencia que en el sub-lite no obra prueba que dé cuenta de
la fecha exacta en que se ocasionó el “desplazamiento forzado” alegado por los
demandantes ni alguna otra de las circunstancias que den cuenta de la fecha desde
la que se debe contar el término para establecer si el derecho a demandar feneció.
No obstante, lo anterior, en aplicación de los principios pro actione y pro damnato27,
y para garantizar el acceso a la administración de justicia, se estudiará el fondo del
asunto.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis28.

4.1. Isabel Obregón Toscano (cónyuge y víctima), Rubén Darío Vélez Toscano (hijo)
y Miguel Ángel Vélez Toscano (hijo) son las personas sobre quienes recae el interés
jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa
para reclamar perjuicios por la muerte de Tirso Vélez, las lesiones físicas que sufrió
Isabel Obregón Toscano y por el desplazamiento forzado del que, a su juicio, fueron
víctimas, toda vez que, en primera medida, forman parte del núcleo familiar de las
víctimas directas, según da cuenta la copia auténtica de los correspondientes
registros civiles29; y a en segundo lugar, porque según lo narrado en la demanda,

26 Fl. 3 a 29, C.1.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016. Rad.: 39133.
28 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
29 Fl. 30 a 32, C.1.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

fueron quienes sufrieron un “desplazamiento forzado” debido a que, como familiares
del precandidato inmolado, tuvieron que trasladarse de Cúcuta (Norte de Santander)
hacia Bogotá D.C., debido al riesgo que les representaba residir en dicho municipio.

4.2. Mario Enrique Mojica Rodríguez (víctima) está legitimado en la causa por activa
para reclamar perjuicios por las lesiones físicas padecidas y por el desplazamiento
forzado del que, a su juicio fue objeto, porque, en primer lugar, acreditó ser una de
las víctimas del hecho sicarial ocurrido el 4 de junio de 2003 (hechos probados 7.1.5
y 7.1.7); y adicionalmente, porque según lo expuesto en la demanda, como amigo
y asistente “ad honorem” de campaña del precandidato asesinado, tuvo que
trasladarse desde Cúcuta (Norte de Santander) hacia la capital del país, debido al
riesgo que le representaba residir en dicho municipio.

4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa –Policía Nacional, de conformidad con
los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, toda vez que según lo
dispuesto en los artículos 230 y 21831 de la Constitución Política, es la entidad a
quien corresponde controlar el orden público, así como brindar protección a los
ciudadanos. Además, por ser una de las entidades a quien se le atribuye la
causación de los daños antijurídicos alegados en la demanda.

4.4. El DAS está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que para la época en
que acaecieron los hechos que aquí se debaten y de conformidad con lo dispuesto
en el literal a) del artículo 36 del Decreto 512 de 198932, era a quien correspondía

30 Artículo 2º: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
31 Artículo 218: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo

de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestaciones y disciplinario”.
32 Por la cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad y se establecen

las funciones de la entidad y específicas de sus dependencias.

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

“dirigir y coordinar los servicios… encaminados a proteger a los residentes en el
país, funcionarios públicos, o particulares, nacionales o extranjeros, contra riesgos,
peligros o amenazas”. Asimismo, por ser una de las entidades a quien se imputa la
causación de los hechos lesivos cuya indemnización pretenden los accionantes.

Asimismo, se advierte que, mediante auto del 12 de agosto de 2014 33, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, reconoció a la UNP como sucesora procesal
del DAS.

5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar: i) si en el sub examine se acreditó la causación
de los daños antijurídicos alegados por el extremo activo; y ii) si en el presente caso
se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado,
por una omisión en el deber de protección y seguridad.

6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado, respecto al desplazamiento forzado
como situación de hecho que puede conducir a una obligación resarcitoria en
cabeza de la Administración, frente a la imputación de responsabilidad por omisión
en el deber de seguridad y protección, así como sobre el hecho exclusivo y
determinante de un tercero.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199134 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

33 Fl. 903, C.3.
34 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho35, que contraría el orden legal36 o que está desprovista de una
causa que la justifique37, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida38, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en
términos generales fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros39.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
36 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
38 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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6.2. El desplazamiento forzado como situación fáctica que puede
comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado

El desplazamiento forzado40 ha sido definido por la jurisprudencia de esta
Corporación como una situación fáctica, de la cual se produce un desarraigo
producto de: i) la violencia generalizada, ii) la vulneración de los derechos humanos
o iii) la amenaza de las garantías del derecho humanitario.

Así, el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 387 de 18 de julio de 1997
reguló la situación de desplazamiento forzado. Precisamente, el artículo 1º de dicha
disposición definió al desplazado en los siguientes términos:

“[…] toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera
de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas
de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público”41

Asimismo, en la citada norma se consagró como principio sustancial que todo
colombiano tiene el derecho a “no ser desplazado forzadamente” (artículo 2),
radicándose en cabeza del Estado la responsabilidad de “formular las políticas y
adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección y consolidación y estabilización socio cómica de los desplazados
internos por la violencia”, como respuesta a lo establecido en el artículo 24 de la
Constitución Política.

Ahora bien, el alcance del desplazamiento forzado como situación jurídica debe
darse a partir de la comprensión sistemática de los artículos 1, 2, 11, 16, 93 y 214
de la Carta Política colombiana, armónica e integradamente con los artículos 1.1, 2,

40 Posición que se retoma de las sentencias proferidas por la Subsección C de 21 de febrero de

2011, Exp.: 31093; 34440 y 32476, ambas de 12 de febrero de 2014, sentencia de 20 de octubre de
2014, Exp.: 36682 y sentencia de 10 de agosto de 2015. Exp.: 48392
41 Ley 387 de 1997, artículo 1°. Puede verse esta definición acogida en: Sección Tercera, sentencia

de 4 de febrero de 1999, expediente ACU-573.

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4 y 22.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como de lo
consagrado en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra42 el cual
establece:

“Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas
civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse,
se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en
condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y
alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por
razones relacionadas con el conflicto”43

Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
consagra que:

“Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho
a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia… Los derechos
antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se
hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el
orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y
sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”

Tal como se desprende de la normativa vigente, la situación de desplazamiento
implica que la persona o personas se ven obligadas forzosamente a migrar, a
desarraigarse del lugar en donde tenía afincada su residencia o el lugar habitual de
su actividad profesional, productiva o económica, ante las amenazas a su vida,
integridad física, libertad personal, dignidad, como consecuencia del conflicto
armado interno, de la violencia generalizada, de la vulneración masiva, continuada
y sistemática de los Derechos Humanos, de la infracción al Derecho Internacional

42 Ratificado por la ley 171 de 1994
43 “La aplicación de tales normas a los conflictos armados internos es aún más evidente, por cuanto

la Constitución señala que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional
humanitario". Además, incluso en aquellos casos en los cuales no exista norma escrita, las
víctimas de los conflictos armados no internacionales se encuentran protegidas por los principios
de humanidad, según se desprende no sólo de la Cláusula Martens sino del artículo 94 de la
Carta, el cual expresa la misma filosofía de esta cláusula pues precisa que "la enunciación de
derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no
figuren expresamente en ellos”. Corte Constitucional, sentencia C-225 de 1995.

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Humanitario, o de toda aquella circunstancia que altere, modifique o quiebre
radicalmente el orden público.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“La jurisprudencia44 ha precisado que, si bien en el plano internacional ningún tratado
define dicho concepto, la Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos
Humanos, acogiendo los trabajos realizados por el Relator Temático Francis Deng,
adoptó en 1998 la resolución titulada “Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos”, cuyo artículo 2º consagra la siguiente descripción en torno a los
desplazados:

“… las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a
escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o
para evitar los efectos de un conflicto armado, por situaciones de violencia
generalizada, por violaciones de derechos humanos o por catástrofes naturales o
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida”.

No sobra advertir que para la Corte Constitucional45 dichos Principios tienen fuerza
vinculante, pese a que no han sido aprobados mediante un tratado internacional,
“dado que ellos fundamentalmente reflejan y llenan las lagunas de lo establecido en
tratados internacionales de derechos humanos y que han recibido una gran
aceptación por parte de distintos organismos internacionales de derechos humanos”,
por lo cual esta corporación considera que “deben ser tenidos como parámetros para
la creación normativa y la interpretación en el campo de la regulación del
desplazamiento forzado y la atención a las personas desplazadas por parte del
Estado. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de que todos sus preceptos que reiteran
normas ya incluidas en tratados internacionales de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario aprobados por Colombia gocen de rango constitucional,
como lo señala el artículo 93 de la Constitución”46.

Es así que, si bien el desplazamiento forzado puede entenderse como una situación
fáctica, lo cierto es que no es una calidad jurídica que pueda operar como un título
de atribución de responsabilidad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha
considerado lo siguiente:

“La condición de desplazado, como descripción que es de una situación de hecho,
no conlleva una regulación integral de derechos fundamentales, ni de sus elementos
próximos, aunque evidentemente contribuye a su exigibilidad; tampoco implica
restricciones a tales derechos, pues, por el contrario, la regulación de esa situación
fáctica está orientada a lograr que quienes sufren el desplazamiento forzado puedan
recibir atención oportuna e integral por parte del Estado y reclamarla en caso de que
no le sea prestada. Además, la especificación de un desplazado no puede quedar

44 Corte Constitucional, sentencia T-630 de 15 de agosto de 2007.
45 Corte Constitucional, sentencia C-278 de 2007 (abril 18), M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
46 Corte Constitucional, sentencia SU- 1150 de 2000 (22 de enero), M P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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petrificada dentro del rígido molde de ordinaria o estatutaria, ya que por derivar de
una realidad en constante evolución”47.

Al efecto, en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos se ha precisado
el alcance del desplazamiento forzado y de la situación fáctica del desplazado, como
se desprende de lo decidido, por ejemplo, en el caso “Masacres de Ituango contra
Colombia”:

“Debido a la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia
gama de derechos humanos que afecta o pone en riesgo, y en atención a las
circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se
encuentran los desplazados, su situación puede ser entendida como una condición
de facto de desprotección. En los términos de la Convención Americana, dicha
situación obliga a los Estados a otorgar un trato preferente a su favor y a adoptar
medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de
debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis actuaciones y prácticas de
terceros particulares”48.

De acuerdo con la anterior jurisprudencia, para que se concrete la situación de
desplazamiento forzado se requiere:

“(i) La coacción, que obliga al afectado a desplazarse dentro del territorio nacional,
así como su permanencia dentro de las fronteras del territorio nacional; (ii) La
amenaza o efectiva violación de derechos fundamentales, toda vez que la definición
legal indica que ese desplazamiento se produce porque la vida, la integridad física, la
seguridad y la libertad personal “han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas”; y (iii) La existencia de unos hechos determinantes, tales como el
conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, “u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”49.

Entonces, una vez se concreta la situación del desplazamiento, es necesario
demostrar para que una persona sea considerada como desplazado interno que
haya sido obligada a migrar más allá de los límites territoriales del municipio en el
que vivía o residía50.

47 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.
48 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1° de julio de 2006. Caso de las
Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C. 148.; caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala,
sentencia de 4 de septiembre de 2012, párrafos 172 y ss.
49 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.
50 Corte Constitucional, sentencias T-268 de 27 de marzo de 2003; sentencia T-215 de 2002.

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Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado que:

“(…) quien se desplaza lo hace “para evitar los efectos de un conflicto armado, de
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una
frontera estatal internacionalmente reconocida”51, no para escapar de una amenaza
de origen común o de las consecuencias de un accidente de tránsito que, si bien
puede tener graves implicaciones y la entidad suficiente para obligar a una persona a
tomar determinadas decisiones, no puede ser susceptible de recibir la protección que
por disposición legal se reserva para las víctimas del conflicto armado interno que son
obligadas a dejar sus lugares de residencia por causa del mismo”52.

Pese a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en caso de
contradicción al momento de aplicar la definición ajustada a un caso de persona o
personas desplazadas internamente deberá acudirse a la aplicación del “principio
pro homine” según el cual son varios los supuestos en los que encajaría la
consideración de una situación de desplazado interno: i) como consecuencia de la
acción ilegítima de las autoridades del estado; ii) la acción u omisión legítima del
Estado; iii) teniendo en cuenta la región del país, la estigmatización derivada para
la persona y su familia cuando como consecuencia de un proceso penal seguido
por hechos ligados al conflicto armado interno, es absuelto posteriormente, y
amenazado por grupos armados ilegales53.

Lo anterior supone, entonces, que el concepto de desplazado “lejos de estructurarse
con unos indicadores y parámetros rígidos, debe moldearse a las muy disímiles
circunstancias en que una u otra persona es desplazada dentro del país. Son
circunstancias claras, contundentes e inclusive subjetivas, como el temor que
emerge de una zozobra generalizada, las que explican objetivamente el
desplazamiento interno”54.

A lo que se agrega, siguiendo la misma jurisprudencia, que el concepto de
desplazado:

51 Principios Rectores de los desplazamientos internos, Consejo Económico y Social de las Naciones

Unidas, en: [http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0022.pdf; consultado 6 de febrero de 2014].
52 Corte Constitucional, sentencia T-222 de 2010.
53 Corte Constitucional, sentencia T-630 de 2007.
54 Corte Constitucional, sentencia T-268 de 27 de marzo de 2003.

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“(…) no es un derecho o facultad sino una noción que describe una situación fáctica
cambiante, de la cual se desprende la exigibilidad de derechos y garantías para el
afectado y su núcleo familiar, y de ahí que deba ser entendida y aplicada de manera
amplia con arreglo al principio pro homine55, tal como lo recomiendan la jurisprudencia
de esta corporación y los organismos internacionales, tomando en consideración, por
lo menos tres elementos básicos identificados en los antecedentes reseñados: (i) la
coacción, que hace necesario el traslado, (ii) la permanencia dentro de las fronteras
de la propia nación y (iii) la inminencia o efectiva ocurrencia de hechos que puedan
propiciar desarraigo”

Como consecuencia del desplazamiento forzado, se ponen en evidencia las
condiciones de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad que tiene que afrontar la
persona considerada como desplazado:

“(…) entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo,
le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus
derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un
proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona
a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra
un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo
de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”56.

Ahora bien, así definida la situación de desplazado, resulta necesario
complementarla con los derechos que son amenazados y vulnerados cuando ocurre
esta situación, aspecto que se precisó en la jurisprudencia constitucional que
declaró el estado de cosas inconstitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 y
se recoge en la sentencia T-967 de 2009 en los siguientes términos:

“La citada decisión, señaló como derechos amenazados y vulnerados por las
situaciones de desplazamiento forzado, que claro está, no se trata de una lista
exhaustiva, (i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) los derechos de los
niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera
edad y de otros grupos especialmente protegidos; (iii) el derecho a escoger su lugar

55 Para esta Corte, el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho

de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la
interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a
la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide
con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor
del hombre. (Cfr. C-1056 de octubre 28 de 2004 y T-284 de abril 5 de 2006 del mismo año, ambas
con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández).
56 Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2006. “Asimismo, dentro de los efectos nocivos que

provoca el desplazamiento forzado interno, se han destacado la pérdida de la tierra y de la vivienda,
la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro
de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del
acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social”. Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Mapiripán contra Colombia, nota 8,
párraf.175.

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de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e
integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual
de residencia y trabajo; (iv) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad de expresión y de asociación; (v) derechos económicos, sociales y culturales;
(vi) implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus
miembros a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; (vii) el derecho a
la salud; (viii) el derecho a la integridad personal; (ix) el derecho a la seguridad
personal; (x) la libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a
permanecer en el sitio escogido para vivir; (xi) el derecho al trabajo y la libertad de
escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven
forzados a migrar a las ciudades; (xii) el derecho a una alimentación mínima; (xiii) el
derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren un
desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso
de formación; (xiv) el derecho a una vivienda digna; (xv) el derecho a la paz; (xvi) el
derecho a la personalidad jurídica y (xvii) el derecho a la igualdad”57.

Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia de la Sección Tercera, se encuentra que
la condición de desplazado es una circunstancia anómala, ajena a la voluntad de la
persona que crea una situación fáctica de calamidad, donde el individuo se ve
despojado de sus propiedades, tenencia, arraigo, etc.58.

Asimismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado siguiendo la jurisprudencia de
la Sección Quinta de la misma Corporación, sostuvo en su momento que la situación
de desplazado, “somete a situaciones afrentosas, lesivas de la dignidad humana,
porque al ser desarraigados de su medio y obligados a abandonar su residencia y
bienes materiales indispensables para proteger su vida y la de sus familias, se le

57 Corte Constitucional, sentencias T-025 de 2004 y T-967 de 2009. En la jurisprudencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos se sostiene: “En este sentido, la Corte observa que la
situación de desplazamiento forzado interno que han enfrentado las víctimas en el presente caso no
puede ser desvinculada de las otras violaciones declaradas en la presente sentencia. Las
circunstancias del presente caso y la especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a
dichas personas, incluyen, pero trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en
el marco del artículo 22 de la Convención. En efecto, el desplazamiento tiene origen en la
desprotección sufrida durante las masacres, no sólo a raíz de las violaciones al derecho a la vida
(artículo 4 de la Convención) (supra párrs. 126 a 138), a la integridad personal (artículo 5 de la
Convención) (infra párrs. 252 a 279) y a la libertad personal (artículo 7 de la Convención) (supra
párrs. 149 a 153 y 168), sino también por la destrucción del ganado y las viviendas, en violación de
los derechos a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención) (supra párrs. 173 a 188) y respeto
a la vida privada y al domicilio (artículo 11.2 de la Convención) (supra párrs. 189 a 200). El conjunto
de estos derechos vulnerados lleva al Tribunal a considerar que, más allá del contenido normativo
del artículo 22 de la Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha afectado el
derecho de las víctimas y sus familiares a una vida digna 57, en los términos anteriormente señalados,
en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos
consagrados en esas normas”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1° de julio
de 2006. Caso de las Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C. 148.
58 Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC.

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vulneran sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la libre circulación,
etc.”59.

De acuerdo con la base conceptual anterior, procederá el examen de
responsabilidad del Estado siempre que se demuestre o acredite la i) la coacción
que se traduzca en la imperiosa necesidad del afectado (s) de desplazarse de su
lugar habitual de residencia (o donde está la afincó); ii) la existencia de cualquier
tipo de amenaza o la concreción de la violación de los derechos fundamentales (ya
sea en la vida, integridad física, seguridad y libertad personal); y iii) la existencia de
hechos determinantes como: “conflicto armado interno; disturbios y tensiones
interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos;
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente
el orden público” 60.

En suma, el análisis del desplazamiento forzado como situación fáctica que puede
comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado debe hacerse bajo la óptica
de la falla del servicio61, bien sea por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso
de las obligaciones constitucionales y legales, en virtud de las cuales debe
preservarse los derechos de toda persona a no ser desplazado, desarraigado y
despojado de sus bienes como consecuencia del conflicto armado interno, o de
violaciones sistemáticas de los derechos humanos o, del derecho internacional
humanitario, o por la inactividad determinante62, en la que se encuentran incursas
las autoridades públicas “en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento

59 Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2000, expediente AC-9855; Sección Tercera,
sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC.
60 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.
61 Sección Tercera, sentencias de 8 de marzo de 2007, expediente 27434; de 15 de agosto de 2007,

expedientes 00004 AG y 00385 AG; de 18 de febrero de 2010, expediente 18436.
62 (…) la inactividad del Estado representada en la adopción de medidas o aplicación de herramientas

de manera limitada, insuficiente o sin lograr todo el alcance que razonable y ponderadamente es
exigible para el cumplimiento de los deberes normativos o positivos, y, por lo tanto, para la eficacia
en el respeto de los derechos de los ciudadanos. Cuando se trata del desplazamiento dicha
inactividad puede derivarse de la adopción de medidas políticas [como realización de consejos de
seguridad o reuniones políticas] que no se concretan en la atención a la situación concreta, o en el
seguimiento insuficiente a la situación por parte de las entidades del Estado que tienen a su cargo
esta obligación. Sentencia de Subsección C, 12 de febrero de 2014, expediente: 32476. MP: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.

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jurídico le ha atribuido”, de tal manera que se hace necesario evaluar el contenido
de las obligaciones (deberes normativos o positivos) fijadas por el ordenamiento
jurídico a cada entidad u órgano de la administración pública llamado a cumplirlas
y, el grado o nivel de cumplimiento para el caso específico63.

6.3. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado por
omisión en el deber de seguridad y protección

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º constitucional son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y en la ley y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo; en cuyo efecto se han instituido las autoridades de la República para proteger
a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado64.

Entonces, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida de
todas las personas, su integridad psicofísica y sus bienes patrimoniales, de donde
surge lo que la Corte Constitucional ha denominado la “manifestación expresa del
derecho fundamental a la seguridad personal, entendida como una obligación de
medio y no de resultado, por virtud del cual son llamadas las diferentes autoridades
públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar la lesión o
amenaza de sus derechos”65.

63 Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente 18436.
64 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
65 Corte Constitucional, sentencia T-224 del 2 de abril de 2014. Concordante con las sentencias: T-

184 de 2013, T-078 de 2013, T-719 de 2013, T-234 de 2012, T-585A de 2011.

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En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la noción de “seguridad”
desde tres dimensiones: (i) como un valor constitucional consagrado en el
preámbulo y en el artículo 2º Superior; (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un
derecho fundamental individual que, pese a no estar nominado en la Constitución,
proviene de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el Preámbulo y en la
carta de garantías concertada especialmente en los artículos 2, 11, 12, 17, 18, 19,
20, 21, 28, 34, 44 y 7366 superiores, así como del bloque de constitucionalidad67,
frente al cual debe advertirse que tanto la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 194868, como la Convención Americana69 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos70 contemplan el derecho a la seguridad personal.

Ahora, el derecho fundamental a la seguridad personal ha sido definido como “aquel
que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las
autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no
tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de
peligro implícitos en la vida en sociedad”71. De manera que los individuos pueden

66 “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte, Artículo 12. Nadie será

sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus
formas, Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia, Artículo
19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión
y a difundirla en forma individual o colectiva. (…), Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento (…), Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra (…),
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia (…), Artículo
34. Se prohíben penas de destierro y confiscación. (…), Artículo 44. Son derechos fundamentales
de los niños: (…), Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su
libertad e independencia profesional”
67 Ibidem.
68 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada como costumbre

internacional desde la década de los sesenta, establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
69 La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, incorporada al

ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972, establece en su artículo 7: “1. Toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...”.
70 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968, dispone

en su artículo 9: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…”.
71 Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela contra el Ministerio

del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la
igualdad, presuntamente vulnerados por la actitud omisiva de la entidad demandada, puesto que su
esquema de seguridad no funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación tuteló el derecho a
la seguridad personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas y pusiera a su
disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que dichos
mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos

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exigir medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo
de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios e inaceptables
contra su vida, bienes o integridad personal que las autoridades pueden conjurar o
mitigar.

Sin embargo, y sumado a las nociones definidas por la Corte Constitucional, no
puede perderse de vista el deber correlativo de seguridad y protección de las
personas en cabeza de las autoridades, en cuyos fundamentos y limites ha
evolucionado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde antes de 1991, puesto
que la Constitución anterior ya establecía la obligación de las autoridades de
proteger a las personas72.

Así, en una primera etapa se planteó la posibilidad de endilgar responsabilidad a las
autoridades por su abstención o inercia, aunque para establecer la falla del servicio
se exigió acreditar que la víctima había solicitado protección73; ante lo cual también
se consideró que el Estado no asume una obligación de resultado74.

Posteriormente se hizo exigible la intervención de las autoridades cuando el Estado
se encuentre en la posibilidad de proteger a la víctima, aunque ésta expresamente
no lo hubiera solicitado, pues ante un ambiente de zozobra, confusión, inestabilidad,
peligro o de la especial condición intuito personae de la víctima, las autoridades
debían estar en alerta continua y permanente y no actuar como sujetos pasivos que
demandan la petición de protección del miembro de la comunidad que la necesita75.

determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales mecanismos. Adicionalmente, pidió al
accionante que presentare solicitud de protección ante el Programa de Protección de Derechos
Humanos del Ministerio en mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos el que determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas.
72 Artículo 19, Constitución de 1886: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger

a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto
recíproco de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos”. Reformado por el artículo
9° del Acto Legislativo N° 1 de 1936 y pasó a ser el artículo 16: “Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y
bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
(…)”.
73 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 16 de julio de 1980. Rad.:10134.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad.: 5737.
75 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 12 de julio de 1988.

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En precedentes más recientes, se sostuvo que la responsabilidad del Estado por
falta de protección exige “(…) previo requerimiento a la autoridad, pero en relación
con ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de
las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un
requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha
autoridad”76; y seguidamente se incluyó el conocimiento de la Policía Nacional de
las amenazas derivadas de las “alteraciones de orden público debido a los actos de
violencia” de grupos armados insurgentes77, pues lo que interesa es el elemento
cognitivo en cabeza de las fuerzas del Estado78.

Asimismo, recientemente la Corte Constitucional sostuvo que para evaluar en qué
circunstancias el Estado debe brindar medidas de protección especial habrá de
distinguirse entre el concepto de riesgo y el de amenaza, entendido el primero como
una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca y, el segundo,
como la existencia de hechos reales que implican la alteración del uso pacífico del
derecho atacado y hacen suponer que la vida o integridad de la persona corre
peligro79, Así, ante un nivel de amenaza extrema80 nace la obligación del Estado de

76 Consejo de Estado, Sentencia de 26 de enero de 2006.
77 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2007.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2010.
79 Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2010.
80 La sentencia T-234 de 2012 estableció dicho parámetro en los siguientes términos: “1) Nivel de

riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal
se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: …y; b) riesgo ordinario… En
este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia
humana y a la vida en sociedad. / Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada
para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no
está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor
de los casos, un riesgo de lesión. / 2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí,
implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la
integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño
conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido
al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso,
a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel
se divide en dos categorías: / a) amenaza ordinaria: (…). / b) amenaza extrema: una persona se
encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las
características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o
la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus
derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a
la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades. / Por lo tanto, en
el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal está siendo violado sino
que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión
consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando
la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.”

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adoptar medidas específicas para salvaguardar el derecho fundamental a la
seguridad personal del individuo81, quien podrá exigir que las autoridades le brinden
protección especial.

En síntesis, la seguridad personal configura un derecho de raigambre fundamental
correlativo al deber de las autoridades de salvaguardar y proteger dicho derecho,
no como una obligación de resultado, sino bajo el compromiso de “utilizar todos los
medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de
las personas sea una realidad, de manera que no puede conformarse con una
simple defensa formal de los mismos”82.

Igualmente, debe concluirse que el juicio de imputación de los daños antijurídicos
derivados de la omisión en el deber de seguridad y protección personal encuentra
su mayor desarrollo en la aplicación de los criterios de imputación por falla en el
servicio, aunque cabe advertir lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección en la
sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, según la cual, al no existir
consagración constitucional de algún régimen de responsabilidad en especial,
corresponde al juez determinar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que
los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la
motivación de la sentencia83.

81 Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía

General de la Nación y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a
la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de una persona, quien en
su condición de defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, desplazamiento
forzado y constantes amenazas e intimidaciones, no había sido destinataria de ningún tipo de medida
de protección, bajo la consideración de que el riesgo al que estaba expuesta era de naturaleza
ordinaria. Este tribunal amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las entidades
accionadas que, conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación de la
accionante, incluyendo las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, por intermedio
de la UNP, que dispusiera y materializara las medidas de protección que necesitaba en su condición
de defensora de derechos humanos, las cuales debían ser dispensadas de manera inmediata e
ininterrumpida, mientras se definiera el esquema de seguridad que requería de acuerdo con su
situación.
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad.:14443.
83 Expediente 21.515. “En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa

que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún
régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto,
la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a
la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar
la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal,

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No obstante, frente al deber de seguridad y protección se reitera la atribución
jurídica por falla en la prestación del servicio en donde es determinante la omisión
de las autoridades públicas en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento
jurídico les impone, frente a lo cual la Corporación ha señalado que es necesario
cotejar el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para
el órgano administrativo implicado, versus el grado de cumplimiento u observancia
del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto84, por supuesto,
cuando las personas: (i) han solicitado protección especial, con justificación en las
especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona 85; (ii) no han
solicitado dicha protección pero es evidente que la necesitaba, en consideración a
que existían pruebas o indicios conocidos que permitían asegurar que se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus
bienes86; o (iii) cuando las autoridades dejan a la población a merced de los grupos
de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, teniendo conocimiento de que
los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados
al margen de la ley87.

6.4. Hecho exclusivo y determinante de un tercero

El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una
persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto88. Esta
Sección89 ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se
configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es

sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al
juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo
título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que
la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la
responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.”.
84 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad.: 27434; Sentencia

del 22 de abril de 2009, Rad.: 16192; Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad.: 18375; Sentencia del
30 de enero de 2013, Rad.: 27040.
85 Consejo de Estado, Sentencia del 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección

Tercera, Sentencia del 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
86 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
87 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 1998, Rad. 17004.
88 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad. 49574.
89 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 17179.

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completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en
manera alguna con aquél.

Asimismo, esta Corporación90 ha determinado que para la prosperidad de esta
causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que
el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual
la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del
demandado y el daño producido; ii) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio,
es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de derecho público
demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y iii) que el hecho
del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad.

Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño,
esta Sección ha precisado que no se requiere que el tercero haya actuado con
culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Empero, para
que excluya la responsabilidad de las entidades demandadas, debe haber
constituido la causa determinante91.

7. El caso concreto

En los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida el 19 de
diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el extremo activo
argumentó que la liquidación realizada por el a quo en punto al reconocimiento de
los perjuicios morales derivados de las lesiones físicas padecidas por Mario Enrique
Mojica Rodríguez y su desplazamiento, desatendió la magnitud, extensión y
dimensión del daño. Además, estimó que el Tribunal erró al liquidar el lucro cesante
en favor de Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez Obregón y Miguel Ángel
Vélez Obregón, con fundamento en el salario mínimo mensual legal vigente, pues

90 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2019, Rad.:

46858; Subsección C. Sentencia del 11 de marzo de 2019, Rad.: 43512; Subsección B. Sentencia
del 21 de noviembre de 2018, Rad.: 40350; Subsección C. Sentencia del 28 de enero de 2015, Rad.
39012, Subsección A. Sentencia de 13 de febrero de 2013, Rad.: 18148.
91 Ibídem.

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esta debió efectuarlo con base en el “valor que el inmolado percibía cuando tuvo la
necesidad de retirarse a su cargo, para aspirar a la Gobernación de Norte de
Santander”.

Por otra parte, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional argumentó que
sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las facultades legales y
reglamentarias que le habían sido conferidas, y que los hechos lesivos cuyo
resarcimiento pretendía fueron perpetrados por terceros. Finalmente, la UNP afirmó
que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las prerrogativas
constitucionales y legales que le habían sido conferidas, y que los daños alegados
no le eran imputables, toda vez que se produjeron por el hecho exclusivo y
determinante de un tercero.

En ese sentido, y comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, el asunto se resolverá de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil 92. Por ello, a
continuación, se analizará si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
el DAS (hoy la UNP) son patrimonialmente responsables: i) por la muerte de Tirso
Vélez, ii) por las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón Toscano y Mario
Enrique Rodríguez Mojica, y iii) por el “desplazamiento forzado” que afirman haber
sufrido Isabel Obregón Toscano y su núcleo familiar, así como el señor Mojica
Rodríguez.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

92 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante”.

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7.1. Hechos probados

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es pertinente recordar que los recortes de prensa serán valorados
según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
la sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como indicador para la
Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza de los
hechos93.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Está probado que, mediante oficio del 20 de mayo de 2003, Tirso Vélez,
activista político y entonces precandidato a la Gobernación de Norte de Santander
por el partido Polo Democrático, solicitó al comandante de la Policía de ese
departamento y al director Seccional del DAS, que se le brindara protección especial
y seguridad personal “con el ánimo de prevenir cualquier situación de riesgo”. De
esta información da cuenta la copia auténtica de la referida solicitud94, la cual señala
lo siguiente:

“[…] me dirijo a usted con el fin de solicitar especial protección y seguridad personal,
teniendo en cuenta que, como exdiputado del departamento, Coordinador General
del ‘Concierto para NO delinquir’ (evento realizado en conjunto con el comando de la
Policía Nacional), miembro actual del Consejo Nacional de Paz para la Presidencia
de la República y actual candidato a la Gobernación de Norte de Santander por el
partido Polo Democrático. Existe una constante preocupación ante tanta inseguridad,
debido a que no cuento con ninguna seguridad, solicito tenga en cuenta la posibilidad
de asignar un agente de la Policía como escolta personal. Ello, con el ánimo de
prevenir cualquier situación de riesgo, por lo que solicito de usted su valiosa gestión.”

7.1.2. Consta que, mediante oficio del 22 de mayo de 2003, el jefe de área de
protección del DAS le comunicó al señor Vélez que “la Seccional DAS – Norte de
Santander, en forma complementaria con la fuerza pública, brindará asesorías de

93 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo

de 2012, Rad.: 11001031500020110137800
94 Fl. 34 a 35, C.1.

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seguridad y autoprotección, y si es necesario, adelantará el análisis y evaluación de
riesgo y grado de amenaza para la adopción de medidas cautelares”. De esta
información da cuenta la copia auténtica del referido documento95.

7.1.3. Está acreditado que mediante oficio No. 0579 SUBCO-DENOR del 29 de
mayo de 2003, el jefe de inteligencia de la Policía Seccional de Norte de Santander
le comunicó al comandante de la Policía de dicho departamento que “basándose en
el análisis de riesgo realizado a Tirso Vélez, se recomienda que el comando elabore
un esquema de seguridad, para cuando este se inscriba ante la Registraduría como
candidato a la Gobernación”. De esta información da cuenta la copia auténtica del
citado documento96.

7.1.4. Se acreditó que, mediante oficio del 29 de mayo de 2003, el subcomandante
operativo de la Policía de Norte de Santander le informó al jefe de la SIPOL de dicho
ente territorial que “con base en el análisis de riesgo realizado a Tirso Vélez, se
dispondrá de un esquema de seguridad para el personaje, una vez se efectúe su
inscripción como candidato a la Gobernación”. Además, solicitó que le “informara
inmediatamente [cuando] ocurriera dicho evento y, mientras ello suceda, despliegue
todas las acciones para determinar cualquier variación de riesgo y adoptar las
medidas necesarias y preventivas concernientes”. De esta información da cuenta la
copia auténtica del referido documento97.

7.1.5. Se demostró que el 4 de junio de 2003, Tirso Vélez fue víctima de un hecho
sicarial, que produjo su muerte y las lesiones físicas a Isabel Obregón Toscano y
Mario Enrique Mojica Rodríguez, quienes lo acompañaban en ese momento. De
esta información da cuenta el correspondiente registro civil de defunción 98 y, las
certificaciones del 4 de julio de 200399 y 13 de octubre de 2005100, expedidas por la
Personería de Norte de Santander y la Fiscalía Especializada de la Unidad de
DDHH y DIH de Cúcuta. En los últimos documentos se lee lo siguiente:

95 Fl. 36, C.1.
96 Fl. 624, C.3.
97 Fl. 625, C.3.
98 Fl. 33, C.1.
99 Fl. 255, C.1.
100 Fl. 256, C.1.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

Certificación expedida por la Personería de Norte de Santander:

“Que, Tirso Vélez, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 13.385.057
expedida en el Zulia (N.S.), falleció el día 4 de junio de 2003, en hechos ocurridos en
esta ciudad, jurisdicción de este municipio, víctima de homicidio, caso individual, por
motivos ideológicos o políticos, en el marco del conflicto armado interno”.

Certificación emitida por la Fiscalía General de la Nación:

“Esta Fiscalía adelanta investigación por los hechos en los cuales resultó muerto el
señor Tirso Vélez y, heridos su esposa, Isabel Obregón Toscano, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 60.423.390 de Tibú (Norte de Santander) y Mario Enrique
Mojica, acompañante, en hechos ocurridos en la avenida 6ª entre calles 12 y 13 de la
ciudad de Cúcuta, el 4 de junio de 2003.”

7.1.6. Se probó que el 8 de junio de 2003, un médico adscrito al Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó que Isabel Obregón Toscano
sufrió “una herida circular de 1 cm de diámetro en cuadrante superior externo de
glúteo izquierdo; heridas en intestino delgado múltiples, colón y vesícula, debido a
herida penetrante a abdomen por proyectil con arma de fuego”, como consecuencia
de los hechos ocurridos el 4 de junio de 2003. De esta información da cuenta la
copia auténtica de dicho documento101.

7.1.7. Está probado que el 8 de junio de 2003, un médico adscrito al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó que Mario Enrique
Mojica Rodríguez sufrió “una herida circular de 1 cm en el tercio del muslo derecho
y una herida circular de 0.5 cms en hemitórax izquierdo. Herida penetrante a tórax
y muslo derecho”, como consecuencia de los hechos ocurridos el 4 de junio de
2003. De esta información da cuenta la copia auténtica de dicho documento102.

7.1.8. Se acreditó que, mediante oficio No. DH2006 BIS del 19 de junio de 2003, el
director del Programa Presidencial de DDHH y DIH de la Presidencia de la
República solicitó al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que
“se estudie la posibilidad de otorgar pasajes aéreos en la ruta Cúcuta – Bogotá,
para las siguientes personas y así mismo buscar la posibilidad de incluirlos en el

101 Fl. 300, C.1.
102 Fl. 301, C.1.

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

programa de protección, como familiares de Tirso Vélez, líder comunitario y
defensor de derechos humanos asesinado recientemente. Isabel Obregón […],
Rubén Darío y Miguel Ángel Vélez Obregón […], Mario Mojica […], quienes son
familiares del señor Tirso Vélez asesinado el 4 de junio de 2003 en Cúcuta. En el
hecho que le costó la vida al señor Vélez, resultó herida la señora Isabel Obregón,
esposa del líder asesinado, y el señor Mojica. Estas personas se encuentran en
grave situación de riesgo debido a las amenazas que han recibido posteriores a los
hechos”. De esta información da cuenta la copia auténtica del citado documento103.

7.1.9. Está probado que, por oficio del 2 de julio de 2003, la directora del Grupo de
Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior le
comunicó al Programa Presidencial de DDHH y DIH que “en relación con la
situación de seguridad por la que atraviesa la familia del señor Tirso Vélez, quien
fuera asesinado reciente, el pasado 19 de junio se atendió mediante consulta de
emergencia la solicitud de asignación de tiquetes nacional, el programa de
protección gestionó la entrega de cinco (5) tiquetes aéreos nacionales a fin de que
la familia del mencionado líder y defensor de derechos humanos saliera de manera
urgente de la zona de riesgo”. De esta información da cuenta la copia auténtica del
referido documento104.

7.1.10. Se acreditó que, mediante oficio del 6 de agosto de 2003, el Director de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior le solicitó al Comandante de la Policía
de Norte de Santander y a la Dirección Seccional del DAS que “coordinaran de
manera urgente medidas especiales de protección para la señora Isabel Obregón,
esposa de Tirso Vélez, quien se encuentra actualmente en la ciudad de Cúcuta y
de acuerdo con la información suministrada su situación de seguridad es delicada”.
Además, el mismo documento refirió que “la mencionada señora fue sacada de la
zona de riesgo por el programa de protección que adelanta este Ministerio, junto
con su familia compuesta por Rubén Darío y Miguel Ángel Vélez Obregón, y Mario
Mojica, quienes en días pasadas de forma voluntaria decidieron regresar a la ciudad

103 Fl. 246 a 247, C.1.
104 Fl 248, C.1.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

de Cúcuta”. De esta información da cuenta la copia auténtica del mencionado
oficio105.

7.1.11. Finalmente, se probó que, mediante oficio del 13 de octubre de 2005, el
Fiscal 40 de Cúcuta adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derechos Internacional Humanitario certificó que, en marco de la investigación
penal adelantada por la muerte de Tirso Vélez, vinculó a “cinco (5) individuos como
autores de los hechos, todos pertenecientes al grupo ilegal denominado
Autodefensas Unidad de Colombia”. De esta información da cuenta la copia
auténtica del referido documento106.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración107-108.

105 Fl. 261 a 262, C.1.
106 Fl. 259, C.3.
107 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
108 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

7.2.1. Los daños antijurídicos

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho109, que contraría el orden legal110 o que está desprovista de una
causa que la justifique111, resultado que se produce sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida112, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en
términos generales fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

Considerando lo anterior, en el sub examine se tiene que los daños alegados son:
i) la muerte de Tirso Vélez, ii) las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón
Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez y iii) la transgresión a los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a una vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad y a la libre circulación, debido al “desplazamiento forzado” que, según
lo narrado en la demanda, sufrieron Isabel Obregón Toscano y su núcleo familiar,
así como el señor Mojica Rodríguez.

de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
109 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
110 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
111 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
112 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

En primer lugar, el daño consistente en la muerte de Tirso Vélez está debidamente
acreditado con su respectivo registro civil de defunción113. Este daño tiene el
carácter de antijurídico, pues se trata de la afectación de un derecho protegido por
el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra justificación legal. En efecto, la
vida es un derecho inherente e inalienable de la persona y se constituye en
presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Además, el artículo
11 de la Constitución Política establece que “el derecho a la vida es inviolable”, de
donde la vulneración de tal postulado y los daños que sobre este se generen
resultan antijurídicos.

En segundo lugar, el daño consistente en las lesiones físicas sufridas por Isabel
Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez está debidamente acreditado
con las certificaciones del 8 de junio de 2003, expedidas por un médico adscrito al
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que permitieron constatar
que el 4 de junio de 2003 las referidas personas fueron víctimas de unos disparos
provenientes de un arma de fuego, lo cual les causó varios traumatismos en su
humanidad (hechos probados 7.1.6. y 7.1.7.). Este menoscabo reviste el carácter
de antijurídico, pues se trata de la afectación de un derecho protegido por el
ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra justificación legal. De hecho, la
dignidad humana, la vida digna y la integridad personal son derechos inherentes e
inalienables de la persona y se constituyen en un presupuesto esencial para la
realización de los demás derechos, de conformidad con los artículos 1114, 2115 y
11116 de la Constitución Política, y 5117 de la Convención Americana de Derechos

113 Fl. 33, C.1.
114 Artículo 1º “Colombia en un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”.
115 Artículo 2º “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
116 Artículo 11 “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.
117 Artículo 5º - Derecho a la Integridad Personal “Toda persona tiene derecho a que se respete su

integridad física, psíquica y moral”. Sobre este aspecto, es pertinente destacar que la Convención

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

Humanos, de donde la vulneración de tales postulados y los daños que con ello se
generen resultan antijurídicos.

En tercer lugar, el daño ocasionado por la transgresión a los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a una vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad y a la libre circulación, debido al “desplazamiento forzado” que,
afirman, sufrieron Isabel Obregón Toscano y su núcleo familiar, así como el señor
Mojica Rodríguez, no reviste el carácter de antijurídico pues, al analizar en conjunto
el material probatorio obrante en el expediente se evidencia que pese a que el 19
de junio de 2003, dada la situación de riesgo que presentaban los accionantes, la
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior “gestionó la entrega de
cinco (5) tiquetes aéreos a fin de que la familia del mencionado líder y defensor de
derechos humanos saliera de manera urgente de la zona” (hecho probado 7.1.9.) y
que “la señora [Isabel Obregón Toscano] fue sacada de la zona de riesgo por el
programa de protección junto a su familia y Mario Mojica” (hecho probado 7.1.10),
lo cierto es que de forma voluntaria “decidieron regresar a Cúcuta” (hecho probado
7.1.10).

Lo anterior supone que, aunque se acreditó que la señora Obregón Toscano y sus
hijos, así como Mario Enrique Mojica Rodríguez fueron trasladados del municipio de
Cúcuta (Norte de Santander) hacia el distrito de Bogotá D.C., lo cierto es que ello
no puede concebirse como una situación de hecho constitutiva de un
“desplazamiento forzado” pues, por el contrario, ello obedeció a una medida de
seguridad y protección tendiente y/o encaminada a proteger la vida e integridad de
las citadas personas, debido al riesgo que les representaba residir en la ciudad
fronteriza en razón a su vínculo familiar y de amistad con el recién asesinado líder
comunitario y precandidato a la Gobernación de Norte de Santander.

Americana de Derechos Humanos fue incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la
Ley 16 de 1972. Asimismo, que el artículo 93 de la Constitución Política dispone que “Los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y
deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacional
sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

Para dar contexto a lo anterior, es importante reiterar que esta Corporación ha
señalado que para efectos de consolidarse una situación fáctica constitutiva de un
“desplazamiento forzado” debe demostrarse y/o acreditarse: i) la coacción que se
traduzca en la imperiosa necesidad del afectado de desplazarse de su lugar habitual
de residencia; ii) la existencia de cualquier tipo de amenaza o la concreción de la
violación de los derechos fundamentales y iii) la existencia de hechos determinantes
como conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público118.

En consecuencia y de conformidad con lo anteriormente expuesto, aunque Isabel
Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez Obregón y Miguel Ángel Vélez Obregón, así
como el señor Mojica Rodríguez fueron trasladados del municipio de Cúcuta (Norte
de Santander) hacia el Distrito Capital, ello no supone de facto un evento constitutivo
de un “desplazamiento forzado” ni mucho menos trajo consigo la transgresión de
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a una vida digna, al libre
desarrollo de la personalidad y a la libre circulación, pues, se reitera, ello obedeció
a una medida de seguridad y protección encaminada a proteger su vida e integridad,
amparada por el ordenamiento jurídico y provista de una causa legitima que justificó
su implementación, debido a la situación de riesgo que les representaba habitar en
esa zona del país.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso
la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía frente a la
configuración del daño antijurídico derivado del desplazamiento forzado alegado en
la demanda, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de
donde el daño que alega y su antijuridicidad requieren de prueba, cuya omisión por
la demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia de

118 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, sin el cual, en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración.

En este orden de ideas, se observa que, ante la ausencia y/o falta de antijuridicidad
del daño alegado, no hay lugar a estudiar su eventual imputación frente a las
entidades demandas, pues debe recordarse que la responsabilidad es una
institución de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y
presencia condicional de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de
alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de reparar.

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar los daños antijurídicos acreditados en el
plenario, esto es, la muerte de Tirso Vélez y las lesiones físicas sufridas por Isabel
Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez, es menester establecer si
estos le son atribuibles fáctica y jurídicamente a la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía y al DAS (hoy la UNP).

Para el efecto, debe recordarse que de conformidad con reiterada jurisprudencia de
esta Corporación, para que el hecho lesivo sea imputable a una entidad pública por
omisión en el deber de seguridad y protección, debe acreditarse: i) la existencia de
una amenaza cierta y real en contra de la víctima; ii) el elemento cognitivo de dicha
amenaza por parte de la autoridad pública accionada, ya sea por solicitud expresa
de protección o por conocimiento de la situación de peligro; y iii) la configuración de
una omisión en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le
impone a la entidad pública, verificada mediante el cotejo de tal contenido
obligacional frente al grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de
dicha entidad, y el vínculo causal entre la omisión y el hecho dañoso.

En punto de lo anterior, es importante subrayar que, en aquellos eventos en los que
la víctima no hubiere solicitado expresamente protección, las autoridades deben
analizar la condición intuito personae de la víctima y, además, estar en alerta

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

continua y permanente, evitando así actuar como sujetos pasivos frente a la petición
de protección que se demanda al Estado119.

En este sentido, se advierte que el primero de los requisitos referidos se
encuentra configurado, esto es, la existencia de una amenaza cierta y real en contra
de Tirso Vélez, pues está probado que este fungió como exalcalde del municipio de
Tibú, exdiputado de Norte de Santander y, para la fecha de su muerte, se
desempeñaba como líder social y comunitario, defensor de derechos humanos,
miembro del Consejo Nacional de Paz de la Presidencia de la República y
precandidato a la Gobernación de Norte de Santander por el partido Polo
Democrático (7.1.1.), por lo cual solicitó a las autoridades especial protección y
seguridad personal debido a que, para ese entonces, no contaba con un esquema
de seguridad que pudiera “prevenir cualquier situación de riesgo”.

De otro lado, se evidencia que, igualmente, el segundo de los requisitos antes
señalado se encuentra acreditado, esto es, el componente cognitivo del riesgo de
seguridad y/o la amenaza a la que se enfrentaba el entonces precandidato a la
gobernación de Norte de Santander por la entidad referida.

Así, los medios de convicción obrantes en el proceso permitieron constatar que el
20 de mayo de 2003, Tirso Vélez en su condición de activista político, exalcalde,
exdiputado, líder social, defensor de derechos humanos y entonces precandidato a
la Gobernación de Norte de Santander por el Partido Polo Democrático le solicitó al
comandante de la Policía de Norte de Santander especial protección y seguridad
personal “con el ánimo de prevenir cualquier situación de riesgo” (hecho probado
7.1.1.) y, por ello, el 29 de mayo siguiente, el jefe de inteligencia de la Policía
Seccional del precitado departamento le comunicó al comandante de la Policía que
““basándose en el análisis de riesgo realizado a Tirso Vélez, se recomienda que el
comando elabore un esquema de seguridad, para cuando este se inscriba ante la
Registraduría como candidato a la Gobernación” (hecho probado 7.1.3.).
Igualmente, se acreditó que, el 29 de mayo de 2003, el subcomandante operativo
de la Policía de Norte de Santander le informó al jefe de la SIPOL de dicho ente

119 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 12 de julio de 1988.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

territorial que “con base en el análisis de riesgo realizado a Tirso Vélez, se dispondrá
de un esquema de seguridad para el personaje, una vez se efectúe su inscripción
como candidato a la Gobernación” y, además, solicitó que le “informara
inmediatamente [cuando] ocurriera dicho evento y, mientras ello suceda, despliegue
todas las acciones para determinar cualquier variación de riesgo y adoptar las
medidas necesarias y preventivas concernientes” (hecho probado 7.1.4.).

Asimismo, se advirtió que el 20 de mayo de 2003, Tirso Vélez solicitó al Director
Seccional del DAS especial protección y seguridad personal “con el ánimo de
prevenir cualquier situación de riesgo” (hecho probado 7.1.1.) y, por ello, el 22 de
mayo siguiente, el jefe de área de protección del Departamento Administrativo de
Seguridad le comunicó al señor Vélez que “la Seccional DAS – Norte de Santander,
en forma complementaria con la fuerza pública, brindará asesorías de seguridad y
autoprotección, y si es necesario, adelantará el análisis y evaluación de riesgo y
grado de amenaza para la adopción de medidas cautelares (hecho probado 7.1.2.).
En virtud de lo anterior, conforme se indicó precedentemente, los medios de prueba
decretados y practicados en el proceso permitieron constatar que, tanto la Policía
Nacional como el extinto DAS (hoy la UNP), conocieron del riesgo que enfrentaba
Tirso Vélez, pues, expresamente, solicitó ante dichas autoridades protección en
razón a la situación de peligro en que se encontraba (hechos probados 7.1.1. y
7.1.2.). Además, las autoridades pudieron advertir la condición intuito personae de
la víctima, en tanto la petición de protección presentada por el señor Vélez señaló
expresamente que se realizaba como “exdiputado del departamento, Coordinador
General del ‘Concierto para NO delinquir’, miembro actual del Consejo de Paz para
la Presidencia de la República y actual candidato a la Gobernación de Norte de
Santander por el partido Polo Democrático” a efectos de “prevenir cualquier
situación de riesgo”.

Finalmente, y en punto al tercer requisito para declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado por una omisión en el deber de seguridad y protección, en
este caso por la muerte de Tirso Vélez y, las lesiones físicas sufridas por Isabel
Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez, es necesario acreditar la
configuración de una omisión en el cumplimiento de las funciones que el

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

ordenamiento jurídico le impone a las entidades demandadas. Esto, mediante el
cotejo de las obligaciones normativas de cada una de las demandadas, frente al
grado de cumplimiento u observancia que de ellas hayan efectuado las entidades.

Igualmente, en este punto es imperioso demostrar que la omisión establecida en el
cumplimiento de las funciones de las demandadas es la causa efectiva y
determinante del daño antijuridico, de manera que se instituya la necesaria relación
fáctica y causal entre la inactividad que se pretende imputar a las entidades
demandadas y el daño alegado.

Pues bien, en primera medida, resulta pertinente señalar que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 218 de la Constitución Política, “[…] la Policía Nacional
es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz”.

Además, se tiene que el artículo 1º de la Ley 62 de 1993120 instituyó dentro de las
finalidades de la Policía Nacional “[…] proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares.
Asimismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes convivan en paz”.

Adicionalmente, el artículo 4º de la precitada disposición establece que “[…] toda
persona tiene derecho a recibir inmediata protección contra cualquier manifestación
delictiva y/o contravencional” y que “[…] los ciudadanos ostentan el deber correlativo
de cooperar con las autoridades”.

120 Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento de seguridad

social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se reviste de facultades ordinarias al presidente de la República.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

A su turno, en segundo lugar, debe señalarse que de conformidad con lo dispuesto
en el literal a) del artículo 36 del Decreto 512 de 1989121, correspondía al DAS
“Dirigir y coordinar los servicios del Departamento encaminados a proteger a los
residentes en el país, funcionarios públicos, o particulares, nacionales o extranjeros,
contra riesgos, peligros o amenazas”.

Así las cosas, y de cara al contenido normativo que antecede, en el caso en concreto
se tiene probado lo siguiente:

i) Que el 20 de mayo de 2003, Tirso Vélez solicitó al comandante de la Policía
de Norte de Santander y al director Seccional del DAS especial protección y
seguridad personal “con el ánimo de prevenir cualquier situación de riesgo”
(hecho probado 7.1.1.)

ii) Que el 22 de mayo de 2003, en respuesta a dicha petición el jefe de área de
protección del Departamento Administrativo de Seguridad comunicó al
peticionario que “la Seccional DAS – Norte de Santander, en forma
complementaria con la fuerza pública, brindará asesorías de seguridad y
autoprotección, y si es necesario, adelantará el análisis y evaluación de riesgo y
grado de amenaza para la adopción de medidas cautelares (hecho probado
7.1.2.).

iii) Que el 29 de mayo siguiente, el jefe de inteligencia de la Policía Seccional
del precitado departamento le comunicó al comandante de la Policía que
““basándose en el análisis de riesgo realizado a Tirso Vélez, se recomienda que
el comando elabore un esquema de seguridad, para cuando este se inscriba ante
la Registraduría como candidato a la Gobernación” (hecho probado 7.1.3.).

iv) Que, el 29 de mayo de 2003, el subcomandante operativo de la Policía de
Norte de Santander le informó al jefe de la SIPOL de dicho ente territorial que
“con base en el análisis de riesgo realizado a Tirso Vélez, se dispondrá de un

121 Por la cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad y se
establecen las funciones de la entidad y específicas de sus dependencias.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

esquema de seguridad para el personaje, una vez se efectúe su inscripción como
candidato a la Gobernación”. Además, solicitó que le “informara inmediatamente
[cuando] ocurriera dicho evento y, mientras ello suceda, despliegue todas las
acciones para determinar cualquier variación de riesgo y adoptar las medidas
necesarias y preventivas concernientes” (hecho probado 7.1.4.).

v) Que el 4 de junio de 2003 Tirso Vélez fue víctima de un hecho sicarial, el cual
ocasionó su muerte y les produjo lesiones físicas a sus acompañantes Isabel
Obregón Toscano – cónyuge - y Mario Enrique Mojica Rodríguez -asistente ad
honorem - (hecho probado 7.1.5.).

Bajo el anterior contexto, se advierte que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y el DAS desatendieron las obligaciones previstas en los artículos 218 de
la Constitución Política, 1º y 4º de la Ley 62 de 1993, y en literal a) del artículo 36
del Decreto 512 de 1989, respectivamente, toda vez que pese al conocimiento de
los riesgos que amenazaban los intereses jurídicos de Tirso Vélez, los cuales fueron
advertidos por las autoridades públicas, postergaron la implementación de un
esquema de seguridad hasta tanto la víctima inscribiera formalmente su
candidatura, desconociendo así la inminente y grave situación de peligro, teniendo
en cuenta dado su rol como activista, líder social y comunitario, y entonces
precandidato a la gobernación de Norte de Santander por el partido Polo
Democrático y la “constante preocupación ante la inseguridad debido a que no
cuento con ninguna seguridad”. Precisamente, debe subrayarse que la inminencia
del riesgo y la situación de peligro que afrontaba la víctima era tal que, desde que
solicitó formalmente protección hasta que ocurrió el acto sicarial, escasamente
transcurrieron catorce (14) días.

Fue así como las autoridades demandadas omitieron su obligación legal y
reglamentaria de mitigar los riesgos por ellas conocidos, toda vez que no sopesaron
la gravedad e inminencia del riesgo y/o amenaza que enfrentaba la víctima, así
como su condición intuito personae, sino que, por el contrario, se limitaron a
postergar la asignación de un esquema de seguridad hasta tanto el precandidato
realizará su inscripción como máxima autoridad del orden departamental. Es más,

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

las demandadas no adelantaron ni desplegaron actuación alguna tendiente a
proteger su vida e integridad personal, máxime la gravedad e inminencia del riesgo
y/o amenazaba que este enfrentaba en razón a su ejercicio como activista político,
líder social y comunitario, y entonces precandidato a la gobernación de Norte de
Santander.

En definitiva, las autoridades no se tomaron enserio la petición de protección
formulada por la víctima, ni su condición intuito personae que sugería la adopción
de medidas de seguridad tendientes a proteger su vida e integridad personal, con
lo que se acreditó una omisión de las demandadas a los deberes de seguridad y
protección que les asistía sobre el señor Vélez.

Precisamente, debe recordarse que, pese a que lo probado en el proceso permitió
establecer que mediante oficio del 29 de mayo de 2003, el subcomandante
operativo de la Policía de Norte de Santander le solicitó al jefe de la SIPOL de Norte
de Santander que mientras se realizará la inscripción del Vélez a la Gobernación,
“despliegue todas las acciones para determinar cualquier variación de riesgo y
adoptar las medidas necesarias y preventivas conciertes”, lo cierto es que no se
acreditó que el cuerpo policial hubiere desplegado actuación alguna tendiente a
evitar el desenlace de los hechos que aquí se debaten.

Además, las autoridades accionadas ignoraron la situación personal y vocacional
que ostentaba Tirso Vélez como exalcalde del municipio de Tibú, exdiputado de
Norte de Santander y, para la fecha de su muerte, líder social y comunitario,
miembro del Consejo Nacional de Paz de la Presidencia de la República y
precandidato a la gobernación por el Partido Polo Democrático, pues no
dimensionaron las implicaciones y/o consecuencias que ello tenía y no valoraron la
peligrosidad de los grupos delincuenciales, principalmente actores paramilitares
(hecho probado 7.1.11.), que ostentaban una gran influencia y presión en la región
donde la víctima desarrollaba su labor. De manera que las autoridades accionadas
no sólo dejaron a la víctima a merced de un posible atentado, en tanto no
desplegaron ninguna conducta tendiente a preservar su vida e integridad personal,
sino que además desconocieron su situación personal, dado el riesgo que le

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

representaba ejercer sus actividades en una región del país en donde grupos
armados ejercían una gran presión e influencia en la zona122.

Al respecto debe advertirse el derecho a la seguridad personal123 de ciertos actores
ordinarios que, en el marco del conflicto armado interno, dada su participación en la
vida de las personas, así como su particular intervención en la búsqueda del
bienestar social y de la satisfacción de los intereses de una comunidad en especial
estado de necesidad, de la que se demanda la mayor protección, situación que lo
convertía en un sujeto de protección reforzada, más aún, cuando se acrediten,
directa o indiciariamente, circunstancias que exceden la normalidad, o los peligros
ordinarios que su actividad requiere, bien sea por la ubicación del lugar en donde
desempeñan sus actividades, o por las condiciones del conflicto interno que se
presentaban para la época de los hechos124.

En conclusión, se observa que en el sub examine se acreditó que la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el DAS (hoy la UNP) incurrieron en una
omisión al deber de seguridad y protección que les asistía respecto al señor Vélez,
constitutiva de una falla del servicio, por lo cual, los daños alegados en la demanda,
a saber, la muerte de Tirso Vélez y, las lesiones físicas sufridas por Obregón

122 Debe advertirse que, de conformidad con numeral 188 del anexo No. IV del caso “Integrantes y

Militantes de la Unión Patriotica Vs. Colombiano”, respecto del cual se profirió la decisión del 27 de
julio de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “[…] En 2003 se presentó a las
elecciones para la Gobernación de Norte de Santander con el Polo Democrático. Poco antes de su
asesinato lideraba las encuestas con 24 por ciento de preferencias. El 4 de junio de 2003 dos
hombres abordaron a Tirso Vélez, su esposa y un amigo en pleno centro de Cúcuta. Un sicario
disparó varias ráfagas sobre el grupo. Asesinó a Vélez con seis balazos e hirió a su esposa y a su
acompañante. Al momento de su muerte no tenía escoltas. Por el crimen de Tirso Vélez la Fiscalía
dictó medida de aseguramiento contra JS ex paramilitar, como autor material, con JI Laverde, alias
‘Iguano’, excomandante del Bloque Catatumbo de las AUC. Un juez de Cúcuta condenó a JGM a 22
años por el asesinato de Vélez. En sus versiones libres ‘Iguano’ confesó ser el autor intelectual del
crimen. Se aceptó haber dado la orden de asesinar al exalcalde de Tibú, por ser presunto auxiliador
de la guerrilla”.
123 Corte Constitucional. Sentencia T-686 de 30 de junio de 2005. Exp. T-795791. “Por virtud de lo

expuesto en la Constitución Política, es claro que la obligación positiva que asume el Estado de
asegurar a todas las personas residentes en Colombia la preservación de sus derechos a la vida y
a la integridad física, como manifestación expresa del derecho fundamental a la seguridad personal,
no se encuentra dentro de la clasificación moderna de las obligaciones como una obligación de
resultado sino de medio, por virtud de la cual son llamadas las distintas autoridades públicas a
establecer las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de razonabilidad y
proporcionalidad resulten pertinentes, a fin de evitar la lesión o amenaza de los citados derechos
fundamentales.”
124 Consejo de Estado, sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de agosto de 2013, Exp.

26536.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

Toscano y Mojica Rodríguez, son atribuibles a las demandadas, comoquiera que se
acreditó el obrar negligente de las entidades y su incidencia causal en la producción
de los hechos lesivos que aquí se demandan. Sí, es que salta a la vista que si bien
el único que solicitó protección especial a las autoridades fue Tirso Vélez, lo cierto
es que, conforme se acreditó en el plenario, el día de la ocurrencia del acto sicarial
Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez lo acompañaban,
situación que guarda estrecha relación con el hecho generador de los menoscabos
alegados, de modo que las lesiones físicas sufridas por aquellos igualmente resultan
imputables a las demandadas a título de falla del servicio.

Por lo demás, es importante precisar que aunque en los recurso de apelación las
entidades accionadas afirmaron que los daños alegados no le eran atribuibles en
tanto ellos se ocasionaron por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, lo
cierto es que en el presente asunto, dicha causal exonerativa de responsabilidad no
se configuró, toda vez que, conforme se acreditó en el plenario, para las entidades
era previsible que el resultado dañoso que aquí se debate pudiera consumarse y
pese a ello no adelantaron ninguna actuación tendiente a mitigarlo y/o evitarlo.

En suma, se advierte que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el
DAS (hoy la UNP) son patrimonialmente responsables por la muerte de Tirso Vélez
y, las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica
Rodríguez, por omisión en el deber de seguridad y protección.

8. Liquidación de perjuicios

A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios únicamente respecto de los
daños cuya causación se acreditó en el proceso, esto es, la muerte de Tirso Vélez
y las lesiones físicas sufridas por Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica
Rodríguez; y teniendo en cuenta la tipología de aquellos solicitados en el escrito de
la demanda, esto es, los perjuicios morales, el daño a la vida de relación y el lucro
cesante.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

8.1. Liquidación de perjuicios por la muerte de Tirso Vélez

8.1.1. En la demanda se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagarles,
por perjuicios morales, 100 SMMLV a Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío
Obregón Vélez y Miguel Ángel Obregón Vélez.

Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014125, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación Relación
Relación afectiva Relación afectiva
afectiva afectiva del 4° afectiva no
del 2° de del 3er de
conyugal y de familiar
consanguinidad o consanguinidad o
paterno – consanguinidad (terceros
civil civil
filial o civil. damnificados)

Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%
Equivalencia
en salarios
100 50 35 25 15
mínimos

Igualmente, en lo que refiere a la prueba del perjuicio los parámetros
jurisprudenciales previeron que se requeriría la prueba del estado civil o de la
convivencia de los compañeros con la cual se acreditaría la relación afectiva en los
niveles 1º y 2º de relación de cercanía afectiva y, en consecuencia, se presumiría el
perjuicio moral. Para los niveles 3, 4 y 5 advirtieron que se requeriría la prueba de
la relación afectiva y del perjuicio moral, que en estos niveles no se presume.

En este sentido, de conformidad con los medios de convicción obrantes en el
plenario, se acreditó que Isabel Obregón Toscano era la cónyuge Tirso Vélez y

125 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.

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Rubén Darío y Miguel Ángel Vélez Obregón eran sus hijos, según dan cuenta las
copias auténticas de sus correspondientes registros civiles126.

Así las cosas, en la parte resolutiva de este proveído se condenará a la Policía
Nacional y a la UNP (antes el DAS) a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a
Isabel Obregón Toscano, 100 SMLMV a Rubén Darío Vélez Obregón y 100 SMLMV
a Miguel Ángel Vélez Obregón.

8.1.2. Por otra parte, en la demanda se solicitó condenar a las entidades
demandadas a pagarle a Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Obregón Vélez y
Miguel Ángel Obregón Vélez, por daño a la vida de relación, la suma que resulte
probada en el proceso.

Por su parte, en la sentencia de primera instancia se reconoció a título de
“derechos convencional y constitucionalmente amparados”, los rubros de 50
SMLMV a cada uno de los demandantes Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío
Obregón Vélez y Miguel Ángel Obregón Vélez.

Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos
planteados en las diferentes sentencias de unificación proferidas por esta
Subsección, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio
fisiológico o daño a la vida en relación. En su lugar, reconoció las categorías de
daño a la salud127 (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica
de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y

126 Fl. 30 a 32, C.1.
127 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de

septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda
la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una
persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso
a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a
una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia
en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de
indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se
otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter
permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el
cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)”
(Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 28832, M.P. Danilo
Rojas Betancourth y expediente 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

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constitucionalmente amparados128, estos últimos que se reconocerán siempre y
cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se requiera su
reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los
hechos.

En esa forma de reparación se privilegia la compensación, a través de medidas
reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo
familiar más cercano, las cuales, se repite, operarán teniendo en cuenta la
relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de: i)
reconocer la dignidad y reparación integral de las víctimas, ii) reprobar las
violaciones a los derechos humanos y iii) concretar las garantías de verdad, justicia,
reparación y no repetición.

En tal sentido, si bien el Tribunal Administrativo de Norte de Santander reconoció a
título de “derechos convencional y constitucionalmente amparados” los rubros de
50 SMLMV a Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez Obregón y Miguel Ángel
Vélez Obregón y aunque se encuentra razonable que sufrieron una afectación
inmaterial por la muerte de Tirso Vélez, la cual corresponde al comportamiento
natural de las personas que pierden a un ser querido en circunstancias violentas como
las que aquí se debaten, lo cierto es que en el plenario no se demostró que dicha
afectación fuera distinta del daño moral ya reconocido, ni que constituyera un daño
autónomo susceptible de indemnización oficiosa por daño a bienes constitucional o
convencionalmente protegidos, motivo por el cual no se concederá
indemnización pecuniaria por este concepto.

8.1.3. Finalmente, en la demanda se solicitó la indemnización por concepto de
perjuicios materiales, a título de lucro cesante, por la suma que resulte probada
en el proceso para Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Obregón Vélez y Miguel
Ángel Obregón Vélez.

128 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero
y exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

Ahora bien, sobre el lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de
la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el hecho
lesivo, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los
perjudicados.

Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización a título de lucro cesante, éste debe
ser cierto y existente129, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente
activa, que devengaba ingresos mensuales lícitos, que con ellos otorgaba ayuda
económica a su familia y que, a consecuencia del daño, los demandantes dejaron
de percibir el salario sustento del núcleo familiar.

Por otra parte, para liquidar este concepto debe aplicarse la jurisprudencia de la
Corporación en la que se ha reconocido la presunción según la cual los padres
contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los
25 años de edad130 en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2
del artículo 411 del Código Civil131, presunción de hombre que, desde luego, es
susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.

Finalmente, se deben tener en cuenta los dos criterios que la Sección Tercera de
esta Corporación ha tenido para conceder el lucro cesante en favor del cónyuge y/o
compañero permanente de la víctima, en caso de muerte, a saber, i) cuando es
posible inferir que debido a su estado de necesidad, el solicitante estaba recibiendo
una suma de dinero, de manera periódica, proveniente de la persona que falleció132;

129 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 1º

de marzo de 2006, Rad.: 17256 y del 21 de mayo de 2007, Rad.: 15989.
130 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 2010. Rad.: 17047, en

Antología Jurisprudencias y Conceptos, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, disponible en
https://bit.ly/3qFJI0n
131 “Artículo 411. Se deben alimentos: […] 2. A los descendientes”.
132 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 30 de marzo de 2017, exp. 29.937, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de
noviembre de 2018, exp. 44.141; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 12 de agosto de 2019, exp. 50.699 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 2019, exp. 46.996.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

es decir, en los eventos en los que se acredita la dependencia económica del
cónyuge y/o compañero permanente, de lo cual se infiere que la víctima hubiese
destinado un porcentaje de sus ingresos para su sostenimiento, de forma continua,
hasta el instante de su muerte; y ii) en el evento de que sigan con vida los
beneficiarios directos de la contribución -en dinero o en especie- que la persona
fallecida suministraba al hogar.

Pues bien, de acuerdo con lo probado en el proceso pudo establecerse que Tirso
Vélez, para la época de la ocurrencia de los hechos que aquí se debaten,
desarrollaba labores como activista defensor de derechos humanos, y líder social y
comunitario, y además, que tenía la expectativa de actuar como precandidato a la
gobernación de Norte de Santander por el partido Polo Democrático (hechos
probados 7.1.1. a 7.1.10), lo cual permite inferir, con fundamento en la tesis de
hogaño sostenida por esta Corporación133, que de conformidad con el principio
fundamental del derecho a una remuneración mínima vital de los trabajadores
contenido en el artículo 53 de la Constitución Política, el señor Vélez desarrollaba
una actividad económica lícita, de la cual derivaba su sustento y el de su familia.

Ahora bien, pese a que se demostró que el señor Vélez ejercía como activista,
defensor de derechos humanos y, líder social y comunitario, lo cierto es que no obra
prueba alguna que, en grado de certeza, permita acreditar un trabajo formal y/o
erogación alguna en el desarrollo de sus actividades, que permita acreditar el
ingreso base de liquidación devengado, razón por lo cual se dará aplicación a la
tesis uniforme y pacifica adoptada por esta Corporación134, presumiendo, con
fundamento en el hecho probado de que la víctima se dedicaba a una labor
productiva lícita de la cual derivaba el sustento para sí y para su familia, que obtenía
de su trabajo una suma equivalente al valor del salario mínimo legal que actualizado
corresponde al vigente para la fecha de esta sentencia (año 2025), equivalente a la
suma de $1.423.500. Dicha suma no será incrementada en el 25% por concepto de
prestaciones sociales conforme a la interpretación jurisprudencial unificada por la
Corporación en este sentido, toda vez que, conforme se advirtió precedentemente,

133 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11.842.
134 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11.842.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

lo probado en el proceso no permitió establecer que la víctima directa ejerciera y/o
desarrollara sus actividades en marco de una relación laboral ni que ostentara la
calidad de trabajador formal.

Así las cosas, la Sala liquidará el lucro cesante solicitado por los demandantes, con
base en el salario mínimo mensual legal vigente; y se le descontará el 25% que se
presume la víctima utilizaba para sus gastos personales, lo que da como resultado
la suma de $1.067.625.

Entonces, el reconocimiento del lucro cesante se efectuará a favor de la cónyuge e
hijos de la víctima. Para el efecto, se dividirá el ingreso base de liquidación
($1.067.625) en 2 partes iguales ($533.812). La primera parte destinará a la
tasación del perjuicio de la cónyuge y la mitad restante será dividida entre los 2 hijos
de la víctima ($266.906), para la liquidación del respectivo lucro cesante, con
aplicación de las fórmulas reconocidas por la jurisprudencia, a saber, las siguientes:

Lucro cesante consolidado:

S = Ra (1+ i)n - 1
i

Lucro cesante futuro:

S = Ra (1+ i)n - 1
i (1+ i) n

S = Suma a calcular
Ra = Renta actualizada
n = número de meses del período indemnizable
i = tasa de interés constante 0,004867

8.1.3.1. Lucro cesante para Isabel Obregón Toscano (cónyuge):

Se tiene como periodo indemnizable desde la fecha de la muerte de Tirso Vélez –
4 de junio de 2003 – hasta la fecha de vida probable del mayor de los cónyuges, es

56

Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
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decir del señor Vélez quien para la época de los hechos contaba con 48 años de
edad135, de manera que su esperanza de vida era de 33.4 años, es decir, 400.8
meses136, distribuidos entre el periodo consolidado transcurrido entre la fecha de los
hechos y la fecha de la presente sentencia (10 de marzo de 2025), es decir, 260
meses, y el periodo restante o futuro, 140.8 meses.

Lucro cesante consolidado para Isabel Obregón Toscano (cónyuge):

S= $533.812.00 X (1 + 0.004867) 260 -1
0.004867

S = $ 277.897.891,45

Según lo expuesto, se evidencia que por lucro cesante consolidado entre el día del
fallecimiento de Tirso Vélez y la fecha de esta sentencia, corresponde una
indemnización equivalente a $277.897.891.45 para Isabel Obregón Toscano.

Lucro cesante futuro para Isabel Obregón Toscano (cónyuge):

S= $532.812.00 X (1 + 0.004867)140,8 -1
0.004867 (1+0.004867)140,8

S= $54.212.749.95

Así las cosas, se evidencia que por lucro cesante futuro corresponde una
indemnización equivalente a $54.212.749.95 para Isabel Obregón Toscano.

En consecuencia, corresponde a Isabel Obregón Toscano por concepto de lucro
cesante consolidado y futuro la suma total de $332.110.641.

135 Fl. 30, C.1.
136 Resolución 0996 de 1990, de la Superintendencia Bancaria.

57

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8.1.3.2. Lucro cesante para Rubén Darío Vélez Obregón (hijo):

Rubén Darío Vélez Obregón, hijo de Tirso Vélez, nació el 17 de febrero de 1990137.
Se tiene, entonces, como periodo indemnizable desde la fecha de la muerte de Tirso
Vélez – 4 de junio de 2003 – hasta la fecha en que cumplió 25 años de edad, es
decir, el 17 de febrero de 2015. Así, el periodo indemnizable corresponde a 140.4
meses.

S= $266.906.00 X (1 + 0.004867) 140,4 -1
0.004867

S = $ 53.588.237.

En consecuencia, corresponde a Rubén Darío Vélez Obregón por concepto de lucro
cesante la suma total de $53.588.247.

8.1.3.3. Lucro cesante para Miguel Ángel Vélez Obregón (hijo)

Miguel Ángel Vélez Obregón, hijo de Tirso Vélez, nació el 6 de abril de 1993 138. Se
tiene, entonces, como periodo indemnizable desde la fecha de la muerte de Tirso
Vélez – 4 de junio de 2003 – hasta la fecha en que este cumplió 25 años de edad,
es decir, el 6 de abril de 2018. Así, el periodo indemnizable corresponde a 178
meses.

S= $325.000.00 X (1 + 0.004867) 178 -1
0.004867

S = $ 75.304.303

En consecuencia, corresponde a Rubén Darío Vélez Obregón por concepto de lucro
cesante la suma total de $75.304.303.

137 Fl. 31, C.1.
138 Fl. 31, C.1.

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

8.2. Liquidación de perjuicios por las lesiones sufridas por Isabel Obregón
Toscano

8.2.1. En la demanda se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar, por
perjuicios morales, 100 SMMLV a cada uno de los demandantes Isabel Obregón
Toscano, Rubén Darío Obregón Vélez y Miguel Ángel Obregón Vélez.

Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014139, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de lesiones personales. En ella indicó que había lugar a reconocer dicho
tipo de perjuicios a quienes habían sufrido aflicción por la lesión de una persona, en
atención al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la
víctima, según la siguiente tabla:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN Víctima directa Relación afectiva Relación afectiva Relación Relaciones
y relaciones del 2º de del 3º de afectiva del 4º afectivas no
afectivas consanguinidad consanguinidad de familiares -
conyugales y o civil (abuelos, o civil consanguinidad terceros
paterno- hermanos y o civil. damnificados
filiales nietos)

S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50% 100 50 35 25 15
Igual o superior al 40% e inferior al
50% 80 40 28 20 12
Igual o superior al 30% e inferior al
40% 60 30 21 15 9
Igual o superior al 20% e inferior al
30% 40 20 14 10 6
Igual o superior al 10% e inferior al
20% 20 10 7 5 3
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 5 3,5 2,5 1,5

En este orden de ideas, se encuentra acreditado que Isabel Obregón Toscano fue
quien sufrió las lesiones físicas y, que era la madre de Rubén Darío Vélez Obregón
y Miguel Ángel Vélez Obregón, según dan cuenta las copias auténticas de sus
correspondientes registros civiles de nacimiento140.

139 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 31172.
140 Fl. 31 a 32, C.1.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

Ahora bien, se observa que aunque al expediente fue arrimada la certificación del 8
de junio de 2003 expedida por un médico adscrito al Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, por el cual dictaminó que Isabel Obregón Toscano sufrió
como consecuencia de los hechos ocurridos el 4 de junio de 2003 “una herida
circular de 1 cm de diámetro en cuadrante superior externo de glúteo izquierdo;
heridas en intestino delgado múltiples, colón y vesícula, debido a herida penetrante
a abdomen por proyectil con arma de fuego” (hecho probado 7.1.6.), lo cierto es que
no presentó alguna prueba que permitiera acreditar objetiva y técnicamente el
porcentaje de la pérdida de capacidad de la víctima. Es decir que, si bien se probó
la causación del perjuicio, lo cierto es que no se probó el porcentaje de la
incapacidad de la víctima. Por ende, en la parte resolutiva de dictará una condena
en abstracto para que mediante trámite incidental se determine el porcentaje de la
incapacidad padecida por Isabel Obregón Toscano que permita establecer,
objetivamente, el quantum resarcitorio. Una vez el Tribunal a quo establezca esto,
de conformidad con los parámetros jurisprudenciales atrás referidos, deberá liquidar
el valor exacto que corresponde a los demandantes por este perjuicio, con
aplicación de los parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de esta
Corporación.

8.2.2. Por otra parte, en la demanda se solicitó condenar a las entidades
demandadas a pagar a Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Obregón Vélez y
Miguel Ángel Obregón Vélez, por daño a la vida de relación, la suma que resulte
probada en el proceso.

Ahora, esta Sección en sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011141,
adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños
inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya
no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o
incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es
pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a
la salud.

141 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Rad.: 19031.

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

Posteriormente, la Sección Tercera mediante sentencia del 28 de agosto de 2014142,
unificó el criterio sobre la liquidación del daño a la salud. En ella indicó que el
reconocimiento de dicho perjuicio se efectúa en atención a la gravedad y naturaleza
de la lesión padecida por la víctima directa, según la siguiente tabla:

GRAVEDAD DE LA LESIÓN Víctima

Igual o superior al 50% 100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40% 60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 SMMLV

En virtud de lo anterior, se advierte que pese a que al proceso fue arrimada una
certificación expedida por un médico adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, en la que se señaló que la señora Obregón Toscano sufrió
varias lesiones luego del acto sicarial ocurrido el 4 de junio de 2003, lo cierto es que,
como se advirtió con antelación, ello no es suficiente para tener acreditada, con
grado de certeza, la pérdida de capacidad de la víctima y/o la extensión, dimensión
e intensidad de sus lesiones. Así, aunque se acreditó que la víctima sufrió un
menoscabo consistente en unas lesiones físicas, lo cierto es que, como se señaló
precedentemente, la víctima no acreditó el porcentaje de la pérdida de capacidad
laboral. Es por ello que en la parte resolutiva de este proveído se impondrá una
condena en abstracto para que así, mediante trámite incidental, se determine el
porcentaje de la incapacidad padecida por Isabel Obregón Toscano que permita
establecer, objetivamente, el quantum resarcitorio. Es así que, una vez el Tribunal
a quo establezca tal situación, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales
atrás referidos, deberá liquidar el rubro exacto que le corresponde a la demandante
por este concepto.

8.2.3. En la demanda se solicitó condenar a la Policía Nacional y al DAS (hoy la
UNP) a pagar, por perjuicios materiales, a título de lucro cesante, la suma que

142 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad.: 31170.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

resulte probada en el proceso a Isabel Obregón Toscano, a Rubén Darío Vélez
Obregón y a Miguel Ángel Vélez Obregón.

Pues bien, como se indicó precedentemente, se entiende por lucro cesante la
ganancia frustrada o el provecho económico que dejó de reportarse y que de no
producirse el daño habría ingresado al patrimonio de la víctima.

En el sub lite los medios de convicción decretados y practicados en el proceso no
permiten establecer que al momento de la ocurrencia de los hechos que aquí se
debaten, la señora Obregón Toscano hubiere estado realizando alguna actividad
que le representara un provecho económico susceptible de ser resarcido.

Al efecto, resulta pertinente destacar que aunque en anteriores oportunidades 143
esta Corporación aplicó la denominada “presunción de ingreso económico” para
indemnizar perjuicios en eventos de muerte y/o lesiones de personas que se
encontraban en edad productiva pero que no acreditaban el desarrollo y/o
desempeño económico de la víctima al momento de la causación del daño, lo cierto
es que desde hace un tiempo, mayoritariamente144 ha considerado que esa regla
jurisprudencial puede conllevar al desatino de resarcir un perjuicio inexistente,
incierto o eventual, lo que sucede, por ejemplo, como cuando por un acto libre la
víctima decide no trabajar y depender económicamente de ingresos que le
proporcionan terceros. Es que “todo daño y perjuicio que el demandante pida que
se le indemnice por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente

143 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Sección Tercera. Sentencia del 7 de

octubre de 2009, Rad.: 17611; Sentencia del 26 de agosto de 2015, Rad.: 28163, Sentencia del 5 de
octubre de 2016, Rad.: 43127.
144 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 38067 y Sentencia del 18 de julio de 2019, Rad.:
44572. En esta última providencia se señaló: “La Sala Plena de la Sección Tercera avoca el
conocimiento del presente caso, con el fin de unificar su jurisprudencia en materia de reconocimiento
y liquidación de perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante en los casos de privación
injusta de la libertad, criterios que serán aplicables también a los eventos en los cuales le
corresponda al juzgador determinar la existencia y el monto de perjuicios materiales de la misma
clase”.

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

que lo acredite o, de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno (artículos
177 del C. de P. C. y 167 del C.G.P.145)”.

Así, salvo prueba en contrario, cuando no se acredita que la víctima ejercía una
actividad económica al momento que sufre su muerte o lesión, lo jurídicamente
viable es entender que no devengaba ni devengaría un ingreso por no tener la
voluntad de laborar.

Bajo el anterior contexto, como en el presente caso la parte demandante no acreditó
que al momento de la ocurrencia de los hechos Isabel Obregón Toscano ejercía una
actividad económica que le representara un ingreso cierto y así un provecho
económico, la reclamación que pretende por lucro cesante se torna en eventual y,
por tanto, no es susceptible de indemnización alguna.

8.3. Liquidación de perjuicios por las lesiones sufridas por Mario Enrique
Mojica Rodríguez

8.3.1. En la demanda Mario Enrique Mojica Rodríguez solicitó condenar a las
entidades demandadas a pagarle, por perjuicios morales, 100 SMMLV.

Ahora bien, en consonancia con lo señalado en el numeral 8.2.1. de este proveído,
se observa que pese a que el 8 de junio de 2003, un médico adscrito al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó que el señor Mojica
Rodríguez sufrió unas lesiones físicas como consecuencia del hecho sicarial
acaecido el 4 de junio de 2003 (hecho probado 7.1.7.), lo cierto es que en el plenario
no obra ninguna prueba que permita establecer, con grado de certeza y desde una
perspectiva técnica y objetiva, el porcentaje de incapacidad de la víctima. Por ende,

145 Para la Corte Constitucional (sentencia T-733 de 2013): “La noción de carga de la prueba ‘onus

probandi’ es una herramienta procesal que permite a las partes aportar los elementos de prueba
para acreditar los hechos que alega el demandante o las excepciones propuestas por el
demandando. Su aplicación trae como consecuencia que aquella parte que no aporte la prueba de
lo que alega soporte las consecuencias. Puede afirmarse que la carga de la prueba es la obligación
de ‘probar’, de presentar la prueba o de suministrarla cuando no ‘el deber procesal de una parte, de
probar la (existencia o) no (sic) existencia de un hecho afirmado’, de lo contrario el solo
incumplimiento de este deber tendría por consecuencia procesal que el juez del proceso debe
considerar el hecho como falso o verdadero”.

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

en la parte resolutiva de este proveído se impondrá una condena en abstracto para
que así, mediante trámite incidental, se determine el porcentaje de la incapacidad
padecida por Mario Enrique Mojica Rodríguez que permita establecer,
objetivamente, el quantum resarcitorio. Una vez el Tribunal a quo establezco esto,
de conformidad con los parámetros jurisprudenciales atrás referidos, deberá liquidar
el valor exacto que corresponde a los demandantes por este perjuicio, dando
aplicación a los parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de esta
Corporación.

8.3.2. Por otra parte, en la demanda se solicitó condenar a las entidades
demandadas a pagarle a Mario Enrique Mojica Rodríguez, por daño a la vida de
relación, la suma que resulte probada en el proceso.

Pues bien, reiterando lo expuesto en el numeral 8.2.2. de esta providencia y
teniendo en cuenta que, pese a que el demandante acreditó haber sufrido unas
lesiones no acreditó el porcentaje de su pérdida de capacidad, en la parte resolutiva
se dictará una condena en abstracto para que, mediante trámite incidental, se
determine el porcentaje de la incapacidad padecida por Mario Enrique Mojica
Rodríguez que permita establecer, objetivamente, el quantum resarcitorio. Así las
cosas, una vez el Tribunal de primera instancia establezca esto, deberá liquidar el
valor exacto que corresponde al demandante por este perjuicio, ello de conformidad
con los criterios jurisprudencialmente previstos para el efecto.

8.3.3. Finalmente, en la demanda Mario Enrique Mojica Rodríguez solicitó condenar
a las entidades demandadas, a pagarle, por perjuicios materiales, a título de lucro
cesante, la suma que resulte probada en el proceso.

Ahora bien, en afinidad con lo expuesto en el numeral 8.2.3. de esta providencia, se
observa que los medios de convicción decretados y practicados en el proceso no
permiten establecer que al momento de la ocurrencia de los hechos que aquí se
debaten, el señor Mojica Rodríguez hubiere estado realizando alguna actividad que
le representara un provecho económico susceptible de ser resarcido. Es más, según
lo narrado en el escrito de la demanda, las actividades llevadas a cabo por el

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Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

demandante como asistente de campaña de Tirso Vélez a la Gobernación de Norte
de Norte de Santander por el partido Polo Democrático no le significaban erogación
alguna, en tanto, expresamente, se señaló que estas eran “ad honorem”.

Según lo expuesto, como en el presente caso no se acreditó que, para la fecha en
que ocurrieron los hechos que aquí se debaten, el señor Mojica Rodríguez ejercía
una actividad económica que le representare un lucro, no se accederá al
reconocimiento de dicho perjuicio.

9. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de diciembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, la cual quedará así:

“[…] PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección, como
sucesora procesal del DAS, por la muerte de Tirso Vélez y las lesiones físicas sufridas
por Isabel Obregón Toscano y Mario Enrique Mojica Rodríguez, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a
la Unidad Nacional de Protección a pagar, por concepto de perjuicios morales
derivados de por la muerte de Tirso Vélez, 100 SMLMV a Isabel Obregón Toscano,
100 SMLMV a Rubén Darío Vélez Obregón y 100 SMLMV a Miguel Ángel Vélez
Obregón.

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a
la Unidad Nacional de Protección a pagar, por concepto de lucro cesante derivado de
la muerte de Tirso Vélez, las sumas de $332.110.641 a Isabel Obregón Toscano,
$53.588.247 a Rubén Darío Vélez Obregón y $75.304.303 a Miguel Ángel Vélez
Obregón.

CUARTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección por las lesiones sufridas por
Isabel Obregón Toscano, a pagar, a Isabel Obregón Toscano, Rubén Darío Vélez
Obregón y Miguel Ángel Vélez Obregón, a título de perjuicios morales, el monto que
resulte probado para cada uno de ellos, en el trámite incidental. Para ello, deberá
determinarse el porcentaje de la incapacidad padecida por Isabel Obregón Toscano
que permita establecer, objetivamente, el quantum resarcitorio. Una vez el Tribunal a
quo establezca esto, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales referidos
en la parte considerativa, deberá liquidar el valor exacto que corresponde a los
demandantes por este perjuicio.

QUINTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección por las lesiones sufridas por
Isabel Obregón Toscano, a pagarle a esta, por daño a la salud, el monto que resulte
probado en el trámite incidental. Para ello, deberá determinarse en el incidente el
porcentaje de la incapacidad padecida por Isabel Obregón Toscano que permita
establecer, objetivamente, el quantum resarcitorio. Una vez el Tribunal a quo
establezca esto, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales referidos en la
parte considerativa, deberá liquidar el valor exacto que corresponde a la demandante
por este perjuicio.

SEXTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y a la Unidad Nacional de Protección por las lesiones sufridas por Mario
Enrique Mojica Rodríguez, a pagarle a este, por perjuicios morales, el monto que
resulte probado en el trámite incidental. Para ello, deberá determinarse en el incidente
el porcentaje de la incapacidad padecida por Mario Enrique Mojica Rodríguez que
permita establecer, objetivamente, el quantum resarcitorio. Una vez el Tribunal a quo
establezca esto, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales referidos en la
parte considerativa, deberá liquidar el valor exacto que corresponde a la demandante
por este perjuicio.

SÉPTIMO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección por las lesiones sufridas por
Mario Enrique Mojica Rodríguez, a pagarle a este, por daño a la salud, el monto que
resulte probado en el trámite incidental. Para ello, deberá determinarse en el incidente
el porcentaje de la incapacidad padecida por Mario Enrique Mojica Rodríguez que
permita establecer, objetivamente, el quantum resarcitorio. Una vez el Tribunal a quo
establezca esto, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales referidos en la
parte considerativa, deberá liquidar el valor exacto que corresponde a la demandante
por este perjuicio.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: SIN COSTAS.”

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Radicado: 540012331000020050067401 (56299)
Demandante: Isabel Obregón Toscano y otros

SEGUNDO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de
segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF

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