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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2006-01398-01

Fecha
6 de julio de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2006-01398-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia denegatoria de las pretensiones del 11 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2006-01398-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

6 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)

Actor: LUGDY OSPINA VILLAMARÍN Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO – muerte de
ciudadano / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL DEBER DE
PROTECCIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL - Se acredita cuando se formula una
petición en tal sentido o sea evidente el riesgo / CULPA PERSONAL DEL AGENTE
–Se demostró que el agente de policía que perpetró el homicidio actuó dentro del
ámbito de su esfera privada y desligado del servicio.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora,
contra la sentencia del 11 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 18 de octubre de 2004, en la vía que de Ocaña conduce a Cúcuta, Norte de
Santander, el señor Nelson San Juan Sarabia, quien conducía un camión, y su
ayudante, el señor Mario Alonso Álvarez fueron obligados a detener su marcha por
un grupo de 6 delincuentes, que pretendían hurtar el vehículo. En el hecho, el señor
San Juan Sarabia fue herido por un impacto de bala que le causó la muerte.

En el momento en que todo lo anterior ocurría, miembros del Ejército Nacional
arribaron al lugar, lograron evitar la muerte del ayudante y capturar al delincuente

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

que asesinó al señor San Juan Sarabia, quien resultó ser un agente de policía
activo.

Según la demanda, la muerte del referido señor y el consecuente desplazamiento
forzado que esa situación le causó a la familia de la víctima le resultan atribuibles al
Ejército Nacional por su omisión en el deber de protección, y a la Policía Nacional
porque el autor material del delito fue un miembro activo de la institución.

ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2006 (f. 5-39 c-1), la señora Lugdy
Ospina Villamarín, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas
menores de edad Adriana Rebeca San Juan Ospina y Raiza Vanessa San Juan
Ospina; y la señora Karla del Pilar San Juan Ospina, quien actúa en nombre propio
y en representación de su hija menor de edad Valentina Suárez San Juan, por
conducto de apoderado judicial (f. 1-4 c-1), presentaron demanda de reparación
directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército
Nacional, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la
muerte del señor Nelson San Juan Sarabia, ocurrida el 18 de octubre de 2004, y el
consecuente desplazamiento al que se vieron forzados.

En concreto, los demandantes solicitaron que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas:

1. Que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional es
responsable administrativa y solidariamente por la falla en el servicio que
causó todos los daños y perjuicios tanto materiales como extrapatrimoniales
(daños morales subjetivos y vulneración a los derechos fundamentales a la
vida, a la integridad personal, a la familia, a la tranquilidad, a la libertad de
locomoción, al trabajo y al desplazamiento forzado), ocasionados a Lugdy
Ospina Villamarín, Adriana Rebeca San Juan Ospina, Raiza Vanessa San
Juan Ospina, Karla del Pilar San Juan Ospina y Valentina Ospina San Juan,
en hechos ocurridos el 18 de octubre de 2004, en el municipio de Ocaña,
Norte de Santander.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional a pagarle a todos y
cada uno de los demandantes, por concepto perjuicios morales subjetivos,
lo siguiente:

• A su compañera Lugdy Ospina Villamarín la suma de 100 salarios
mínimos mensuales legales vigentes

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Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

• A sus hijas Adriana Rebeca San Juan Ospina, Raiza Vanessa San Juan
Ospina y Karla del Pilar San Juan Ospina la suma de 100 salarios
mínimos mensuales legales vigentes para cada una.

• A su nieta Valentina Suárez San Juan la suma de 100 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

3. Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad de la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional se condene
a pagar a los demandantes por concepto de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, los que se demuestren en el curso del proceso,
padecidos y futuros (…).

4. Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad de la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional se condene
a pagar a los demandantes (…) por la violación de los derechos
fundamentales a la vida, la integridad personal, familia, la tranquilidad, la
libertad de locomoción y al trabajo, un total de 100 SMLMV por cada derecho
conculcado, así:

• A su compañera Lugdy Ospina Villamarín la suma de 600 salarios
mínimos mensuales legales vigentes

• A sus hijas Adriana Rebeca San Juan Ospina, Raiza Vanessa San Juan
Ospina y Karla del Pilar San Juan Ospina la suma de 600 salarios
mínimos mensuales legales vigentes para cada una.

• A su nieta Valentina Suárez San Juan la suma de 600 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

5. Que se condene a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-
Ejército Nacional a pagar (…), por concepto de daño a la vida en relación
causado como consecuencia del homicidio de Nelson San Juan Sarabia, lo
siguiente:

• A su compañera Lugdy Ospina Villamarín la suma de 100 salarios
mínimos mensuales legales vigentes

• A sus hijas Adriana Rebeca San Juan Ospina, Raiza Vanessa San Juan
Ospina y Karla del Pilar San Juan Ospina la suma de 100 salarios
mínimos mensuales legales vigentes para cada una.

• A su nieta Valentina Suárez San Juan la suma de 100 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

El 18 de octubre de 2004, el señor Nelson San Juan Sarabia, conductor del camión
de placas SWJ-913, y su ayudante, el señor Mario Alonso Álvarez, emprendieron
desde Ocaña, Norte de Santander, “un viaje a la ciudad de Cúcuta con el fin de
entregar una mercancía”.

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Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Ya fuera del casco urbano del municipio de Ocaña, los referidos señores fueron
interceptados por 6 hombres fuertemente armados, quienes los obligaron a “detener
el vehículo y a descender del mismo, (…) con el fin de utilizar el camión para el
transporte de mercancía ilícita”.

El señor Mario Alonso Álvarez fue bajado del automotor, golpeado y amarrado por
sus agresores. El señor Nelson San Juan Sarabia mostró resistencia, lo cual
“desató la furia de uno de sus secuestradores”, quien le propinó un disparo en el
pecho que le causó la muerte.

Mientras todo lo anterior ocurría, miembros del Ejército Nacional fueron informados
“de que por el sector conocido como la Ermita, Ocaña, se desplazaba un grupo de
delincuentes que transportaban sustancias ilícitas en un camión”, por lo que, de
inmediato, se dispuso de un grupo de uniformados para su retención.

En el momento en que la tropa atravesaba “una trocha que conduce a la vereda La
Honda” se encontró con el camión de placas SWJ-913 y un vehículo Mazda 323. Al
acercarse, los ocupantes de estos vehículos abrieron fuego en contra de los
uniformados, quienes respondieron a la agresión.

Los militares lograron ganar terreno y llegar al lugar donde estaban los vehículos.
Dentro del camión encontraron el cuerpo sin vida del señor Nelson San Juan
Sarabia y al señor Mario Alonso Álvarez atado y amordazado. El enfrentamiento y
la persecución dejó como resultado la captura del señor Oswaldo de Jesús
Monsalve, a quien se le encontraron los documentos de la víctima y un revólver.

El capturado, esto es, el señor Oswaldo de Jesús Monsalve, fue identificado por la
víctima sobreviviente como la persona que disparó en contra del señor Nelson San
Juan Sarabia, por lo que fue debidamente procesado y condenado; además, se
constató que se trataba de “un miembro de la Policía Nacional que, para el momento
de la ocurrencia de los hechos, se encontraba en servicio activo”.

Se indicó, asimismo, que el homicidio del señor Nelson San Juan Sarabia provocó
el “desplazamiento forzado” de las hoy demandantes, quienes, por denunciar los
anteriores hechos, fueron amenazadas y perseguidas.

En criterio de la parte actora, la responsabilidad de la Policía Nacional se encontraba
comprometida por el hecho de que el homicidio fue perpetrado por un uniformado

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Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

que se encontraba en servicio activo, y que el Ejército Nacional estaba llamado a
responder porque, “a pesar de tener conocimiento claro y oportuno de la situación
que se presentaba, no logró implementar medidas idóneas tendientes a evitar la
concreción del daño”.

Finalmente, se adujo que el homicidio del señor San Juan Sarabia y el consecuente
desplazamiento forzado les generó a las demandantes múltiples perjuicios de orden
material, además de las afecciones de índole inmaterial que sufrieron.

2. El trámite en primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
mediante providencia del 12 de marzo de 2007 (f. 71-72 c-1), decisión que fue
notificada a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y al Ministerio Público (f. 72 vto,
76 y 77 c-1).

2.2. El Ejército Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad
procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (f. 82-88 c-1).
Indicó que para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del
servicio, se debía acreditar de manera suficiente la inobservancia de un contenido
obligacional; pero, en este caso la parte actora no aportó ninguna prueba en ese
sentido, y lo que se demostró fue que la actuación de la entidad se ajustó a los
mandatos impuestos por la Constitución Política y la ley y, por tanto, no se
estructuraban los elementos de la responsabilidad.

Agregó que de la demanda y las pruebas se desprendía que el daño alegado por
las demandadas fue causado por delincuentes ajenos al Ejército Nacional, situación
que la eximía de responsabilidad. Finalmente, propuso como excepciones (i) falta
de legitimación en la causa por pasiva y (ii) el hecho exclusivo y determinante de un
tercero.

2.3. La Policía Nacional no contestó la demanda (f. 94 c-1).

2.4. Por auto del 12 de octubre de 2007 (f. 96-95 c-1), el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander abrió el proceso a pruebas y, mediante proveído del 18 de

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Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
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Referencia: Acción de reparación directa

octubre de 20131 (f.305 c-2), ordenó correr traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

La parte actora reiteró lo expuesto en la demanda y solicitó que se condenara a la
Policía Nacional por la participación activa de uno de sus miembros en el homicidio
del señor San Juan Sarabia, y al Ejército Nacional por su respuesta tardía (f. 306-
324 c-2).

La policía Nacional pidió que se negaran las pretensiones de la demanda, pues si
bien se probó que quien perpetró el delito fue un agente de policía, ello ocurrió en
el marco de su esfera personal y privada, aislada por completo del servicio (f. 325-
332 c-2).

El Ejército Nacional insistió en el eximente de responsabilidad del hecho exclusivo
y determinante de un tercero (f. 333-337 c-2).

El Ministerio Público guardó silencio.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 11 de
diciembre de 2014, negó las pretensiones de la demanda (f. 350-356 c-ppal).

Sin verificar la acreditación de los daños alegados en la demanda, esto es, la muerte
del señor Nelson San Juan Sarabia y el consecuente desplazamiento forzado de las
demandantes, el tribunal de primera instancia analizó la configuración del eximente
de responsabilidad de culpa personal del agente.

De manera muy concreta, indicó que el homicidio del señor San Juan Sarabia
perpetrado por parte de un ex agente de policía “se materializó al margen de la
prestación del servicio y desligado plenamente del mismo”, dado que, para el
momento de los hechos, el señor Oswaldo de Jesús Monsalve “no se encontraba
desplegando ninguna función de policía [y] (…) el arma de fuego con que propinó el
disparo no era de dotación oficial”, lo que configuraba el eximente analizado.

1
El periodo probatorio se prolongó porque durante ese tiempo se intentó de manera reiterada la
práctica de los testimonios solicitados por la parte actora y el envío del proceso penal que se adelantó
por la muerte de la víctima.

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Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Se debe advertir que, para el a quo, la anterior argumentación resultó suficiente
para eximir de responsabilidad a ambas demandadas, por lo que en la sentencia no
se consignó ninguna consideración relacionada con la omisión endilgada al Ejército
Nacional por no “implementar medidas idóneas tendientes a evitar la concreción del
daño”, ni por el desplazamiento forzado que se alegó a lo largo del proceso.

4. Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia (f. 360-374 c-ppal).

En primer lugar, indicó que el homicidio del señor Nelson San Juan Sarabia no solo
les generó a las demandantes múltiples perjuicios de orden material e inmaterial,
sino que “ocasionó su desplazamiento forzado”, lo “cual se debió (…) a la
vinculación de un miembro de la Policía Nacional en la comisión del delito, quien, a
través de continuas persecuciones y amenazas, [las] logró amedrentar y creó un
temor fundado”.

Frente a la responsabilidad de la Policía Nacional, explicó que esta estaba llamada
a responder por el hecho de que fue un miembro activo de la institución quien acabó
con la vida del señor San Juan Sarabia, situación que se desprendía claramente de
las providencias penales, en las que se reiteraba que se trataba de un agente de
policía.

En ese sentido, se indicó que al ser el autor material del delito un agente de policía,
este estaba en el deber de “actuar conforme a la ley, pero no lo hizo; por el contrario,
violentó los derechos fundamentales a la vida e integridad” de la víctima, lo cual
comprometía de manera directa la responsabilidad del Estado.

Explicó que, en este caso, no resultaba relevante el hecho de que aquel día el señor
Oswaldo de Jesús Monsalve se encontrara en descanso y vestido de civil, y que el
arma que usó para materializar su conducta no fuera de dotación oficial, pues para
declarar la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional bastaba con
demostrar la participación activa de uno de sus miembros en el ilícito.

Frente al Ejército Nacional, reiteró que su responsabilidad se encontraba
comprometida porque sus “tropas, a pesar del conocimiento claro y oportuno que

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tenían de la situación que se presentaba, no implementaron las medidas idóneas
tendientes a evitar la concreción del daño”.

Concluyó que frente a ambas demandadas se estructuraban todos los elementos
de la responsabilidad, “al tratarse de un homicidio perpetrado por un miembro de la
Policía Nacional, en servicio activo, aunado a la actuación negligente de las tropas
del Ejército Nacional, quienes (…) no evitaron el asesinato de una persona
inocente”.

Por último, destacó que como en este caso se probó que el homicidio fue perpetrado
por un agente de la Policía Nacional, el asunto debía ser tratado como una violación
grave de derechos humanos que comprometía la responsabilidad del Estado y que
lo obliga a reparar de manera integrar a las víctimas.

5. El trámite de segunda instancia

El recurso de apelación presentado por la parte demandante fue concedido el 17 de
abril de 2015 (f. 384 c-ppal) y admitido el 7 de abril de 2016 (f. 389 c-ppal).
Posteriormente, mediante providencia del 5 de mayo siguiente, se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto (f. 391 c-ppal).

En esta oportunidad procesal, la parte actora (f. 404-409 c-ppal) y el Ejército
Nacional (f. 392-397 c-1) reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso.

El Ministerio Público pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia. En
su criterio, al proceso no se allegó elemento material probatorio “que permita
concluir que los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2004 se estructuraron por una
[acción u omisión] de las demandadas, configurándose con ello una falta de nexo
causal entre el daño y el hecho” (f. 410-414 c-ppal).

CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 11 de diciembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, toda vez que la

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cuantía de la demanda, fijada por la pretensión mayor2, supera la exigida por la
norma para tal efecto3.

2. Cuestión previa: objeto de los recursos de apelación

2.1. En reiteradas oportunidades, esta Subsección ha considerado que el marco
fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los
cargos planteados contra la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la
simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es
suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión
impugnada, toda vez que quien tenga interés en que el asunto sea analizado de
fondo por el superior debe señalar de manera adecuada cuáles fueron los yerros o
desaciertos en los que incurrió el a quo al resolver la litis planteada4.

2.2. En el presente asunto, la parte actora demandó por la muerte del señor Nelson
San Juan Sarabia y el consecuente desplazamiento forzado que esa situación
causó. A la Policía Nacional le atribuyó responsabilidad por el hecho de que un
policía activo fue el autor material del delito y al Ejército Nacional por su omisión en
el deber de protección.

En la sentencia de primera instancia, el tribunal a quo negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, esgrimió como único argumento el hecho de que en este
caso se encontraba acreditado el eximente de responsabilidad de culpa personal
del agente, sin analizar la configuración de los daños alegados ni la omisión
atribuida al Ejército Nacional.

En su recurso de apelación, la parte actora insistió en la configuración de dos daños,
a saber: (i) la muerte del señor San Juan Sarabia y (ii) el consecuente
desplazamiento forzado que esa situación causó. Por otra parte, dejó claro que en
este caso se realizaron dos imputaciones diferentes, así: (i) a la Policía Nacional por

2
Según el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, antes de la modificación
efectuada por la Ley 1395 de 2010, la cuantía se determinaba así: “Por el valor de la pretensión
mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”.
3
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, los Tribunales Administrativos conocían
en primera instancia de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera la suma
equivalente a 500 SMLMV, a la fecha de La Presentación de la demanda. En este caso, la demanda
se interpuso el 18 de octubre 2006, y en ella se pidió en favor de cada una de las demandantes un
total de 600 SMLMV, por “la violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal,
familia, la tranquilidad, la libertad de locomoción y al trabajo”.
4
Al respecto, véase, entre muchas otras, sentencia del 21 de mayo de 2021, expediente No. 52413,
M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Referencia: Acción de reparación directa

la participación activa de uno de sus miembros en el homicidio del señor San Juan
Sarabia y (ii) al Ejército Nacional por “no implementar las medidas idóneas
tendientes a evitar la concreción” del delito.

2.3. Si bien, en la sentencia de primera instancia no se hizo referencia alguna frente
a la configuración de los daños ni se estudió la omisión endilgada al Ejército
Nacional, lo cierto es que en su impugnación la parte actora insistió en esos dos
puntos y, por tanto, le corresponde a esta instancia analizarlo5, junto con la
responsabilidad de la Policía Nacional.

3. Legitimación en la causa

3.1. Las demandantes Lugdy Ospina Villamarín, Adriana Rebeca San Juan Ospina,
Raiza Vanessa San Juan Ospina, Karla del Pilar San Juan Ospina y Valentina
Suárez San juan, están legitimadas para actuar dentro del proceso de reparación
directa, porque con las pruebas allegadas al proceso se demostró la relación de
afecto y el vínculo de parentesco que, respectivamente, tienen con el señor Nelson
San Juan Sarabia y, por tanto, les asiste interés para solicitar la indemnización por
los perjuicios causados. La Sala ahondará en los medios de convicción antes
indicados más adelante.

3.2. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que los daños
alegados en la demanda se hacen derivar de las omisiones atribuidas al Ejército
Nacional y las acciones endilgadas a la Policía Nacional. En ese sentido, se observa
que respecto de estas entidades se efectuó una imputación fáctica y jurídica
concreta y, por tanto, les asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho. La
legitimación material se analizará al examinar el fondo del asunto.

5
Código de Procedimiento Civil. “Artículo 311. Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de
cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía
ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro
del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. El
superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia,
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si
dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el
expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos sólo podrán adicionarse de oficio
dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término”.

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4. Ejercicio oportuno de la acción

4.1. De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 6,
modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa
deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente
o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

4.2. En el caso concreto, la responsabilidad patrimonial que se impetra en la
demanda se originó en el daño que alega haber sufrido la parte actora como
consecuencia de la muerte del señor Nelson San Juan Sarabia, ocurrida el 18 de
octubre de 2004, y el consecuente desplazamiento forzado que esa situación causó.

Frente al primer daño, se tiene que la parte actora tenía para presentar la demanda
hasta el 18 de octubre de 2006 y, como ello ocurrió en esa fecha, resulta evidente
que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal
de caducidad de la acción (f. 5 c-1).

En relación con el desplazamiento forzado, la Sala encuentra que la demanda
también se presentó en tiempo, pues aunque se desconoce la fecha exacta en que
ocurrió dicho suceso, lo cierto es que ello acaeció luego de la muerte del señor
Nelson San Juan Sarabia, de donde se desprende el ejercicio oportuno de la acción.

5. Validez de las pruebas que obran en el proceso

5.1. Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo con la
jurisprudencia unificada de esta Sección7, en aplicación del principio constitucional
de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada
y, porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción.

5.2. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al
procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código

6
Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley
1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
7
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad.
25.022, M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor
probatorio a las copias simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P.
Mauricio González Cuervo.

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Referencia: Acción de reparación directa

Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso
judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más
formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición
de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

De igual manera, se ha dicho que cuando el traslado de las pruebas testimoniales
es solicitado por ambas partes, aquellas pueden ser valoradas aun cuando
hubieren sido practicadas sin su citación o su intervención en el proceso original y
sin su ratificación en el proceso contencioso administrativo, porque, en tales casos,
resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que una prueba
haga parte del acervo probatorio, para luego, en el evento de resultar desfavorable
a sus intereses, invocar las formalidades legales para su inadmisión8.

En el presente asunto, la parte demandante solicitó que se ordenara a la Fiscalía
General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación remitir copia
auténtica de los procesos penal y disciplinario que se adelantaron por la muerte del
señor Nelson San Juan Sarabia (f. 37 c-1). El Tribunal decretó la prueba solicitada
(f. f. 96-95 c-1) y, en virtud de tal disposición, las entidades oficiadas remitieron copia
auténtica de las actuaciones requeridas.

Así las cosas, las pruebas documentales que obran en los referidos procesos serán
valoradas, dado que su traslado fue solicitado por los actores y estuvieron a
disposición de las partes, quienes contaron con la oportunidad procesal para
controvertirlas9. Además, se tendrán en cuenta las pruebas testimoniales de esos
procesos, por cuanto, pese a que no fueron ratificados dentro del presente proceso
contencioso administrativo, fueron practicados por entidades del orden nacional -
Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación- y su traslado
fue pedido por la parte demandante10.

También se le otorgará valor probatorio a la indagatoria rendida por el señor
Oswaldo de Jesús Monsalve en el proceso penal que se adelantó en su contra por
el delito de homicidio. Si bien, esta declaración se tomó libre de apremio y

8
Sentencia de febrero 21 de 2002 (expediente 12789).
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 16934, C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 11 de septiembre de 2013, exp. 20601. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

12

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

juramento, la Sala la considera indispensable para el análisis integral del caso.
Frente a este punto, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado:

La Sala ha dicho que es posible valorar la indagatoria y otorgarle mérito
probatorio siempre y cuando11: i) se advierta que son indispensables para
realizar un análisis integral del caso; ii) no se constituya en la única prueba
que defina la responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado; iii)
coincidan con lo acreditado a través de otros medios de convicción; iv) hayan
sido tenidas en cuenta como medios de prueba en procesos foráneos en los
cuales fueron recaudadas y no hayan sido desestimadas por presiones
indebidas o vulneraciones a derechos fundamentales, con el agregado que
si la declaración es de quien es parte en el trámite contencioso
administrativo, sólo se acordará credibilidad probatoria en lo desfavorable,
puesto que podría eventualmente verse beneficiada por la sentencia
favorable que eventualmente se profiera como conclusión del presente
litigio12.

5.3. Al proceso se allegó la declaración extrajuicio13 rendida por el señor Iván
Antonio Peñaranda (f. 68 c-1), la cual carece de eficacia probatoria, dado que la ley
restringe este tipo de declaraciones como medio de prueba en actuaciones
judiciales a dos situaciones, a saber: (i) cuando la persona que declara se
encuentra enferma y (ii) cuando tiene como propósito servir de prueba sumaria “en
determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba”
(artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil), y ocurre que ninguno de
estos supuestos se da en este caso, a lo cual se suma que dicha declaración no
fue ratificada en este proceso, ni practicada con audiencia de la parte contraria.

No sucede lo mismo con la declaración extrajuicio rendida por el señor Alfredo
Lázaro Lesmes (f. 69 c-1), pues la información que suministró fue ratificada por
aquel el 16 de julio de 2013, cuando rindió testimonio en este proceso (f. 226-229
c-1).

5.4. Sobre la valoración de la información publicada en medios de comunicación.
En el expediente reposa un recorte de prensa del periódico “Ocaña 7 días”, en el
que “se relata el asesinato del conductor Nelson San Juan Sarabia”, ocurrida el 18
de octubre de 2004, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander (f. 47 c-1).

11
Al respecto, véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
26 de noviembre de 2015, rad. 36170 y del 25 de julio de 2016, rad. 37125, M.P. Danilo Rojas
Betancourth.
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de agosto de 2016, rad.
42376, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
13
Rendidas por los señores Iván Antonio Peñaranda y Alfredo Lázaro Lesmes.

13

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Al respecto, cabe anotar que la información publicada en diarios o similares no
pueden ser consideradas como medio de convicción testimonial, porque carecen de
los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (artículo 228 del
Código de Procedimiento Civil), por lo cual, en principio, deben ser apreciadas como
prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su
contenido. Como consecuencia de ello, los ejemplares acompañados al expediente
sólo acreditan que allí apareció una noticia, pero no la autenticidad y veracidad de
esta14.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, previa acreditación de los daños alegados, (i) si
el Ejército Nacional incurrió en una serie de omisiones que propiciaron la muerte
del señor Nelson San Juan Sarabia y (ii) si la conducta delictiva del autor material
del delito compromete la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional. De
acreditarse que el daño le es imputable a alguna de las demandadas, deberá
establecerse cuál es la indemnización a la que tiene derecho la parte actora.

6. Elementos de la responsabilidad

6.1. El daño

La Sala encuentra acreditado el primer daño alegado en la demanda, porque al
proceso se allegó la copia del registro civil de defunción del señor Nelson San Juan
Sarabia, en el que se consignó como fecha de su fallecimiento el 18 de octubre de
2004 (f. 42 c-1). Asimismo, obra en el proceso el protocolo de necropsia de esa
misma fecha, en el que se concluyó que la víctima murió como consecuencia de
una “herida por proyectil de arma de fuego en hemitórax que le causó una laceración
en médula espinal y shock hipovolémico” (f. 65-70 c-pruebas No. 2).

Asimismo, con los testimonios de los señores Mery García Ibáñez, Gabriel Ángel
Quintero Prado y Alfredo Lázaro Lesmes (f. 219-222 y 226-229 c-1) y las copias de
los registros civiles de nacimiento allegados al plenario (f. 43-47 c-1), se demostró
que la señora Lugdy Ospina Villamarín es la compañera permanente del señor
Nelson San Juan Sarabia; que Adriana Rebeca San Juan Ospina, Raiza Vanessa

14
Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de
enero de 2001, exp. 11413 y del 1° de marzo del 2006, exp. 13764, ambas con ponencia del
Consejero de Estado, Alier E. Hernández Henríquez, entre muchas otras.

14

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

San Juan Ospina y Karla del Pilar San Juan Ospina son sus hijas, y que Valentina
Suárez San Juan era su nieta.

Ahora bien, en la demanda también se afirmó que, una vez ocurrió el homicidio del
señor San Juan Sarabia, las hoy demandantes fueron amenazadas, situación que
causó su desplazamiento forzado. Para probar este daño, la parte actora solicitó el
testimonio de las personas antes referidas, quienes contaron lo siguiente:

La señora Mery García Ibáñez indicó: (f. 219-221 c-1):

Preguntado: Díganos qué pasó con la señora Lugdy Ospina Villamarín, sus
hijas, su nieta luego de la muerte de Nelson San Juan Sarabia. Contestó:
Ellas se tuvieron que trasladar o desplazarse a Bogotá, porque tenían
amenazas y actualmente están en Tibú, están de un lugar para otro por las
amenazas que les han hecho.

El señor Gabriel Ángel Quintero Prado manifestó (f. 221-222 c-1):

Preguntado: Díganos qué pasó con la señora Lugdy Ospina Villamarín, sus
hijas, su nieta luego de la muerte de Nelson San Juan Sarabia. Contestó:
Ellas se trasladaron a la ciudad de Bogotá, donde unos familiares los
auxiliaron, ya que el núcleo familiar recibió varias amenazas de muerte.

El señor Alfredo Lázaro Lesmes narró (f. 219-222 y 226-229 c-1

Preguntado: Mencione si sabe si en razón de la muerte del señor San Juan
Sarabia, su familia se vio obligada a desplazarse de su lugar de habitación
hacia otro. Contestó: Sí, casi desde el momento de su muerte y después del
novenario, ella empezó a tener llamadas donde la amenazaban y eso le
ocasionó que tuviera que desplazarse de la ciudad de Ocaña. Es más, yo le
ayudé a conseguir una dirección a la que podía llegar, donde podía tener
apoyo con el tema de desplazamiento forzado.

En ese mismo sentido, se cuenta con la denuncia que la señora Lugdy Ospina
Villamarín presentó ante la Procuraduría General de la Nación. En esa diligencia, la
referida señora no solo narró los hechos en los que resultó muerto su compañero
permanente por parte de un miembro de la Policía Nacional, sino que advirtió que
estaba siendo víctima de amenazas (f. 2-4 c-pruebas No. 1). También obra en el
proceso el certificado expedido por Acción Social, según el cual la señora Lugdy
Ospina Villamarín y su grupo familiar se encontraban inscritos en el “registro de la
Red de Solidaridad Social” desde el 23 de noviembre de 2004 (f. 65 c-1), y por lo
mismo, han sido beneficiarias de diferentes ayudas humanitarias.

Así las cosas, sin que en el expediente exista prueba que indique lo contrario, la
Sala encuentra acreditado el segundo daño alegado, toda vez que con los

15

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

testimonios y la denuncia se demostró que, una vez se perpetró el homicidio del
señor San Juan Sarabia, la señora Lugdy Ospina Villamarín y su núcleo familiar
recibieron amenazas de muerte que las forzaron a dejar su lugar de residencia, al
punto que fueron incluidas en el programa de “registro de la Red de Solidaridad
Social”.

5.2. La imputación

Acreditado el primer elemento de la responsabilidad, la Sala abordará el análisis de
la imputación, con el fin de determinar si la muerte del señor Nelson San Juan
Sarabia y el desplazamiento forzado que esa situación causó les resultan atribuibles
a las demandadas.

De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, para la Sala resulta necesario
destacar los siguientes hechos:

El 18 de octubre de 2004, miembros del Ejército Nacional fueron informados de la
existencia de una “banda de atracadores” que se hallaban en la vía que de Ocaña
conduce a la vereda La Honda. Por lo anterior, se dispuso de un grupo de
uniformados que al llegar al sitio se toparon con 6 individuos que al verlos abrieron
fuego en su contra. La anterior situación provocó la reacción inmediata de la tropa
y, una vez se logró controlar la situación, se encontró en el lugar el cuerpo sin vida
del señor Nelson San Juan Sarabia, y al señor Mario Alonso Álvarez atado de
manos; asimismo, se logró la captura del señor Oswaldo de Jesús Monsalve, quien
tenía la cédula de los anteriores señores y un revólver. En el informe de novedad
suscrito por el “comandante del pelotón rastreador BISAN” se consignó (f. 12 c-
pruebas):

Por medio del presente me permito informar al señor Teniente Coronel (…),
comandante del Batallón de Infantería No. 15 de Santander, los hechos
ocurridos el día 18 de octubre de 2004, a las 17:30 horas. Mediante
información recibida y el seguimiento por parte de la RIME 2 sobre una banda
de atracadores, con la reacción inmediata de las tropas del Batallón
Santander "Pelotón Rastreador" que se encontraba de reserva nos dirigimos
hacia la Vereda La Honda, Ocaña. Nos desembarcamos a 100 mts de la
entrada de la vereda y a unos 150 mts, aproximadamente, observamos un
camión FORD negro de placas SWJ-913 de Medellín y un carro Mazda color
gris de placas INF-336 de Barrancabermeja. Entre el carro y el camión se
encontraban discutiendo unos individuos, aproximadamente 6 personas, uno
de ellos se asomó por la cabina y observó que la tropa se acercaba e,
inmediatamente, reaccionaron con disparos y emprendieron la huida por una
trocha hacia la vereda La Onda (sic). Al llegar al sitio de los disparos
encontramos al señor NELSON SAN JUAN SARABIA (…) sin vida y en ese
mismo lugar se encontraba el señor MARIO ALFONSO ALVAREZ (…) con

16

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Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

un lazo azul atado a las manos. Ordené al Cabo (…) emprender la
persecución con su escuadra por donde los individuos habían escapado. Uno
de ellos entró en una cañada y se escondió detrás de una piedra y fue
capturado por dicha escuadra, el capturado, el señor OSWALDO JESÚS
MONSALVE MUÑOZ (…), se le encontró una chapuza para revólver, 2
cédulas que pertenecían al señor Nelson y Mario, y 1 navaja; además, le
ofreció una suma de dinero al Sir. (…) y el Slr. (…) para que lo dejaran
escapar.

El sujeto fue dirigido donde se encontraba los vehículos y el occiso con su
debida seguridad; se efectuó una inspección minuciosa del área donde se
hizo la captura y se encontró un Revolver Smith Wesson calibre 38 mm largo
y en su interior 5 cartuchos calibre 38 mm y 01 vainilla para el mismo (…).

El señor Oswaldo de Jesús Monsalve fue dejado a disposición de la Fiscalía General
de la Nación, junto con los elementos materiales probatorios incautados, entre ellos,
los vehículos, el arma y su munición y, el 19 de octubre de 2004, dio apertura a la
investigación en contra del capturado, por los delitos de homicidio, porte ilegal de
armas y cohecho (f. 4-5 c-pruebas No. 2).

En el marco de esa diligencia se escuchó en indagatoria al señor Oswaldo de Jesús
Monsalve, quien se mostró ajeno a los hechos y a los delitos por los que se le
investigaba. De su declaración se extrae que era un policía activo, que aquel día,
se encontraba de descanso y que el revólver y la munición incautados eran de su
propiedad, para lo cual contaba con el respectivo salvoconducto (f. 35-47 c-pruebas
No. 2).

El 27 de octubre de 2004, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Ocaña resolvió la situación jurídica del señor Monsalve y le impuso
medida de aseguramiento, dado que en su contra existían pruebas que conducían
“a inferir la autoría del procesado en las conductas punibles” que se investigaban.
Frente a la necesidad de la medida, se dijo que la “actitud del procesado, la
investidura de agente de policía y la pena a imponer” no le permitían al fiscal llegar
a la convicción y certeza de que el sindicado no eludiría la acción judicial, ni
continuaría con su actividad delictiva (f. 85-92 pruebas No. 2).

En el marco de la investigación se allegó “el permiso para porte de arma” P1025335,
a nombre del señor Monsalve, para el revólver marca Ruger, calibre 38 y número
de serie 16235983, información que coincide con el arma incautada (f. 59 c-pruebas
No. 2). Asimismo, se aportó la certificación expedida por la Policía Nacional, según
la cual el referido señor era un policía activo que, para la época de los hechos, “se
encontraba en franquicia, desde el 17-10-04 a las 4:00 horas, hasta el 19-10-04 a

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Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

las 6:30 horas, por lo que [el 18-10-04] no cumplía funciones propias de la
institución” (f. 100 c-pruebas no. 2).

El 2 de febrero de 2009, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Ocaña calificó el mérito de la actuación y profirió resolución de acusación
en contra del señor Oswaldo de Jesús Monsalve, por la posible comisión de los
delitos de homicidio agravado y cohecho. El primer punible por la muerte del señor
San Juan Sarabia y, el segundo, por el ofrecimiento de dinero que, el día de los
hechos, le hizo a los miembros del Ejército Nacional que efectuaron su captura. Por
otra parte, declaró la preclusión por el delito de porte ilegal de armas, porque “el
sindicado presentó a través de su defensor el permiso oficial para porte del arma
tipo revólver, calibre 38, serie 16235983”.

Para efectos de adoptar la anterior decisión, el fiscal del caso evaluó, junto con las
demás pruebas allegadas, la actitud que el sindicado asumió el día de los hechos,
así (f. 209-223 c-pruebas No. 2):

Si evidentemente el procesado actuaba con total desconocimiento de las
actividades ilícitas de Darío, Manuel, Luis y “El Negro”, por qué razón
emprendió la huida ante la presencia del Ejército; por qué no se quedó junto
con el ayudante Mario Alonso Álvarez, quien fue encontrado cerca del
camión y nada le pasó, y por qué le hace ofrecimiento a los soldados para
que lo dejaran en libertad, en principio $200.000 y luego 500.000 quinientos
mil pesos, como claramente lo indican (…) [los militares que participaron en
el operativo]

Otra actitud sospechosa posterior es haber ocultado que se trataba de un
agente de la Policía Nacional en servicio activo, y solo viene a manifestarlo
en el batallón, cuando ya es reconocido como tal por el CTI. Es obvio que si
era totalmente ajeno a los hechos, en la primera oportunidad que se enfrentó
con los militares. lo primero que ha debido hacer es manifestar que se trataba
de un servidor del Estado como agente Policial activo, y hacerles conocer el
problema en el cual se hallaba involucrado; empero, hasta última hora
guardó silencio sobre su investidura y situación laboral.

En firme la anterior providencia, el proceso pasó a etapa de juicio. Agotado el trámite
procesal correspondiente y celebradas las audiencias preparatorias y la de
juzgamiento, el 13 de julio de 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña
dictó sentencia de primera instancia y condenó al señor Monsalve a una pena
principal de 27 años y 6 meses, “como autor responsable de los delitos de homicidio
agravado en Nelson San Juan Sarabia y cohecho por dar u ofrecer en perjuicio de

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Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
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la administración pública”. Los argumentos para adoptar la decisión fueron los
siguientes (f. 343-372 c-pruebas No. 2):

La conducta investigada se adecúa, de una parte, al tipo penal descrito en el
artículo 103 del Código Penal, pues Oswaldo de Jesús Monsalve mató o dio
muerte a Nelson San Juan Sarabia, y está agravada por presentar la
circunstancia de agravación prevista en el numeral 72, del artículo 104 del
Código Penal, porque el agente de policía aprovechó la situación de
indefensión de la víctima que estaba en estado de embriaguez y sin un arma,
y su compañero estaba en las mismas condiciones, lo que los ponían en un
estado de indefensión ante cuatro hombres, todos con armas de fuego;
circunstancia que fue aprovechada para quitarle la vida. De otra parte, en
cuanto el procesado ofreció dinero a los soldados que cumplían la función
pública de perseguir el delito para que lo dejaran huir, tipifica el tipo penal
descrito en el artículo 405 del Código Penal.

Además de típicas estas conductas, son antijurídicas, pues con una se le
quitó la vida a Nelson San Juan Sarabia, bien jurídicamente protegido (…), y
con la otra se vulneró el bien jurídico de la administración pública.

También son culpables, porque el procesado, como agente, conocía los
comportamientos típicos antes de actualizarlos. Amenazó varias veces con
su arma a la víctima y sabía que al dispararle en un sitio vital del organismo
le causaría la muerte y, conociéndolo, le disparó queriendo el resultado y
obrando según su libre albedrío; es decir, con dolo y, por tanto, con
culpabilidad. Asimismo, al ofrecer el dinero conocía la ilicitud de ese
comportamiento y lo actualizó libremente por su propia voluntad.

En la medida en que esas conductas son típicas antijurídicas y culpables, se
estructuran las conductas punibles de homicidio agravado y cohecho por dar
u ofrecer.

La anterior decisión fue apelada por la defensa técnica del señor Oswaldo de Jesús
Monsalve y confirmada en su totalidad por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Cúcuta, el 20 de octubre de 200615. Para arribar a tal decisión, la referida autoridad
judicial reiteró los argumentos que, en su momento, esgrimió la Fiscalía para acusar
al señor Monsalve y el juzgado de primera instancia para condenarlo, relacionados
con la conducta asumida por el procesado el día de su captura y el análisis de
pruebas documentales, testimoniales y técnicas que lo calificaban como el autor
material de los delitos de homicidio agravado y cohecho por dar u ofrecer (f. 5-18 c-
pruebas No. 3).

De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación adelantó un proceso
disciplinario en contra del ex agente de policía implicado. En esa actuación se dictó
auto de apertura de investigación el 28 de octubre de 2004 (f. 12-14 c. pruebas No.
1) y se escuchó la versión libre del señor Monsalve el 17 de febrero de 2005 (f. 83-

15
La sentencia quedó en firme el 22 de mayo, de conformidad con la constancia expedida por la
Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta (f. 9 c-1).

19

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88 c. pruebas No. 1); luego, se expidió el auto de formulación de cargos el 30 de
agosto de 2005 (f. 173-181 c-pruebas No. 1) y, posteriormente, se profirió sentencia
de primera instancia del 30 de noviembre de 2005, en la que se le impuso “sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad general de 10 años”, por las conductas
dolosas en las que incurrió el 18 de octubre de 2004 (f. 251-271 c-pruebas No. 1);
finalmente, se tiene que esta última providencia fue apelada y confirmada por el
superior el 4 de julio de 2006, así (f. 337-346 c-pruebas No. 1):

La probada deshonrosa acción endilgada no sólo es un reprochable abuso
de su función como Agente de la Policía Nacional, con el que por infortuna
terminó el largo lapso en que se desempeñó, sino que también se constituyó
para este servidor en inaceptable, deplorable y oprobioso ejemplo para el
total del personal que conforma dicha institución, al incurrir consciente y
efectivamente en el ilícito disciplinario por quebrantamiento flagrante de sus
deberes funcionales al excederlos objetivamente con el delito de homicidio
del que se hizo responsable intencionalmente, como lo estipula el artículo
103 del Código Penal, conducta que está prevista en el numeral 1 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002.

Por otra parte, se tiene que al proceso se allegaron los siguientes certificados: (i) el
expedido el 20 de enero de 2005, por el Personero Municipal de Ocaña, según el
cual el señor Nelson San Juan Sarabia “falleció el 18 de octubre de 2004 (…),
víctima de asesinato individual, por motivos ideológicos y políticos, en el marco del
conflicto armado interno” (f. 48 c-1); (ii) el proferido por Acción Social, en el que se
consignó que la señora Lugdy Ospina Villamarín y su grupo familiar se encontraban
inscritos en el “registro de la Red de Solidaridad Social” desde el 23 de noviembre
de 2004 (f. 65 c-1), y por lo mismo, han sido beneficiarias de diferentes ayudas
humanitarias (f. 150-151 c-1), y (iii) el emitido por el Ejército Nacional el 30 de enero
de 2008, en el que se informó que en sus archivos “no se encontró ningún dato o
información sobre amenazas o solicitudes de protección realizadas por el señor
Nelson San Juan Sarabia” o su familia (f. 204 c-1).

Por último, se cuenta con el testimonio de los señores Mery García Ibáñez, Gabriel
Ángel Quintero Prado y Alfredo Lázaro Lesmes (f. 219-222 y 226-229 c-1), quienes,
por su cercanía y amistad con las demandantes, dieron cuenta de los perjuicios
morales y materiales que les causó la muerte del señor San Juan Sarabia y el
posterior desplazamiento.

Ahora bien, se recuerda que en su recurso de apelación la parte actora insistió en
que los daños alegados en la demanda le resultaban atribuibles al Ejército Nacional
por su omisión en el deber de protección, y a la Policía Nacional por la participación

20

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
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activa de uno de sus miembros en el homicidio del señor Nelson San Juan Sarabia,
por lo que se procederá a analizar la responsabilidad de cada una de las
demandadas teniendo en cuenta los cargos planteados.

5.2.1. La responsabilidad del Ejército Nacional

Previo a analizar la responsabilidad del Ejército Nacional, se recuerda que en este
caso se demandó por el homicidio del señor Nelson San Juan Sarabia y el
consecuente “desplazamiento forzado” que este hecho le causó a las accionantes;
sin embargo, del escrito inicial y del recurso de apelación se desprende que al
Ejército Nacional solo se le atribuye la muerte de la víctima por su omisión en el
deber de protección, pues frente a esta entidad no se hizo ninguna consideración
por el hecho de que las demandantes tuvieran que abandonar su hogar por causa
de amenazas y, por tanto, este acápite sólo se circunscribirá al estudio de ese primer
aspecto.

El artículo 2 de la Constitución Política de 1991 establece que las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona
invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales
circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad
pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del
Estado16.

En efecto, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que la
Administración responderá patrimonialmente, a título de falla en el servicio, por la
omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las
personas, al menos en dos eventos: “(i) cuando se solicita protección especial con
indicación de las condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y (ii)
cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta
evidente que la persona la necesitaba en consideración a que existían pruebas o
indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba

16
Ver al respecto entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de julio 19 de 1997,
Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez; octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos; 14 de febrero
de 2002, Exp. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. 14395, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus
funciones”17.

En uno y otro caso, la omisión de las autoridades competentes, consistente en no
brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las
personas, permite atribuirles el resultado dañoso. Sobre el particular, esta
Subsección ha sostenido:

[L]a posición actual jurisprudencial sostiene que no es necesario el
requerimiento formal de la víctima para exigir de las autoridades la tutela a su
derecho de protección, ha sido un elemento constante en dichos precedentes,
el necesario conocimiento que tengan las autoridades de las amenazas o de la
situación de riesgo en que se encuentra la víctima, pues es lógico, que tal
conocimiento es el que posibilita y hace exigible la actuación y protección de
las autoridades.

(…)

Así pues, si bien la regla general es que quien ve amenazado o vulnerado su
derecho debe demandar la protección de las autoridades respectivas, quienes
entonces estarán en la obligación de adoptar las medidas que correspondan
con el nivel de riesgo en que se encuentra la víctima; no obstante, las
autoridades que por algún medio obtienen conocimiento o infieren una situación
de riesgo inminente, están en la obligación de ejecutar el deber positivo de
protección y seguridad a que tienen derecho los habitantes del territorio.

(…)

De manera, que siempre que las autoridades tengan conocimiento de una
situación de riesgo o peligro, o de amenazas en contra de un administrado, ya
sea porque este ostente una condición especial o no, las autoridades están en
el deber de evaluar el nivel de riesgo y desplegar la actuación que
proporcionalmente corresponda, so pena de incurrir en una falla del servicio,
afirmando la posibilidad de que la misma se consolide no sólo por el
incumplimiento u omisión de las autoridades, sino que también, habrá lugar a
ella cuando no se observen los deberes positivos a los que debió sujetarse en
su actuar, sin importar que el daño haya provenido de un tercero o que la
víctima no haya requerido formalmente la protección de la administración, a
menos que se demuestre que el hecho del tercero fue de tal entidad que
desbordó el proceder adecuado, diligente y oportuno de la administración,
carga que en todo caso se radica en cabeza de la demandada18(…)19.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 13 de mayo de 2014, exp. 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128), CP: Mauricio Fajardo
Gómez.
18
Original de la cita: “En el mismo sentido ver sentencia del Consejo de Estado, S.C.A., Sección
Tercera, sentencias de 22 de enero de 2014, exp. 27644”.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Hernán Andrade Rincón. Sentencia del
7 de octubre de 2015. Exp. 35.544.

22

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

En ese sentido, cuando la Administración tiene conocimiento acerca de una
situación de vulnerabilidad en la que se encuentre determinada persona20, el deber
genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de su
parte que, de omitirse, permite que se declare su responsabilidad por el daño
derivado de la materialización del peligro; asimismo, para que surja el deber de
indemnización a cargo de la entidad accionada21, se requiere que el hecho haya
sido previsible y resistible para la Administración22.

En el presente asunto, tanto en la demanda como en su apelación, la parte actora
le atribuyó responsabilidad al Ejército Nacional por omitir salvaguardar la vida del
señor Nelson San Juan Sarabia. Puntualmente, indicó que dicha entidad, “a pesar
del conocimiento claro y oportuno que tenía de la situación que se presentaba, no
implementó las medidas idóneas tendientes a evitar la concreción del daño”.

En criterio de la Sala, el Ejército Nacional no está llamado a responder por la muerte
del señor San Juan Sarabia, pues las pruebas no demuestran que el día de los
hechos hubiera asumido una actitud pasiva como se afirma en la demanda; por el
contrario, se acreditó que una vez tuvo conocimiento del hecho y de la presencia
del grupo delincuencial en la vereda La Honda de Ocaña, dispuso de una tropa con
el fin de detener su actuar criminal.

En efecto, del informe de novedad del 18 de octubre de 2004, suscrito por el
“comandante del pelotón rastreador BISAN” del Ejército Nacional, se desprende que
desde el momento en que dicha unidad fue informada de la presencia de una “banda
de atracadores” se ordenó el despliegue de un grupo especializado de uniformados
que, al arribar al sitio, fueron atacados por los delincuentes; sin embargo, su efectiva
reacción les permitió controlar la situación, al punto de que se logró (i) salvaguardar
la vida del ayudante de la víctima; (ii) capturar al autor material del delito y (iii)
recuperar el camión hurtado.

20
Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación era en tal
grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o
resistir el peligro que sobre ella se cernía.
21
Ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias: febrero 3 de 2000, Exp.
14787, C.P. Alier Hernández; agosto 16 de 2000, Exp. 13131, C.P. Ricardo Hoyos; mayo 2 de 2002,
Exp. 13251; marzo 18 de 2004, Exp. 13318, C.P. María Elena Giraldo; marzo 10 de 2005, Exp.
14395; abril 28 de 2005, Exp. 17300 y septiembre 20 de 2007, Exp. 15699, las tres últimas con
ponencia del Consejero Ramiro Saavedra Becerra.
22
Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de 27 de marzo de 2008, Exp. 16234.

23

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Tampoco es dable que la parte actora afirme que en este caso el Ejército Nacional
no implementó medidas idóneas para “evitar la concreción del daño”, pues si bien
existió una reacción inmediata que arrojó los resultados positivos antes destacados,
lo cierto es que previo a ordenar su despliegue era necesario coordinar la operación
y verificar el hecho, con el fin de descartar un posible entrampamiento.

Si bien, cuando la tropa del Ejército Nacional llegó al lugar de los hechos, el señor
San Juan Sarabia ya estaba muerto, lo cierto es que tal situación no puede ser
atribuida a la entidad, no solo por las situaciones advertidas, sino porque de la
demanda y el proceso penal se desprende que el homicidio ocurrió en medio de una
discusión y en un lapso muy corto; es decir, se trató de un acto sorpresivo e
irresistible, y si bien los deberes de protección y vigilancia del Estado son
irrenunciables y obligatorios, esto no implica que en todos los casos en que los
intereses de los asociados resulten perjudicados la administración sea responsable
y deba indemnizarlos.

A todo lo anterior se debe agregar que ni el señor San Juan Sarabia ni su familia
afirmaron haber sido víctimas de amenazas, ni solicitaron medidas especiales de
protección o acompañamiento en el viaje que el 18 de octubre de 2004 emprendió
el referido señor a la ciudad de Cúcuta; es decir, que en el expediente no obra
prueba que demuestre que la entidad demandada tuvo conocimiento previo de que
la vida de la víctima se encontraba en riesgo y, por tanto, no es posible derivar una
omisión o falta de diligencia del Ejército Nacional.

En suma, la Sala no encuentra prueba alguna que indique que el señor San Juan
Sarabia o su familia hubieran solicitado protección especial, antes de los hechos en
los que se causó la muerte de aquel; como tampoco hay medio de convicción que
permita inferir la existencia de amenazas previas en su contra y, menos aún, del
conocimiento por parte de las autoridades sobre su ocurrencia; por el contrario, se
sabe que su reacción inmediata fue la que permitió, entre otras cosas, la captura
del victimario, quien fue condenado por los delitos en los que incurrió, de modo que
no se estructura el cargo planteado por la omisión en el cumplimiento de su deber
constitucional.

5.2.2. La responsabilidad de la Policía Nacional

La parte actora le atribuyó responsabilidad a esta entidad porque quien perpetró el
homicidio del señor Nelson San Juan Sarabia fue un policía que, para la época de

24

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

los hechos, se encontraba en servicio activo. Agregó que, en este caso, no resultaba
relevante el hecho de que aquel día el señor Oswaldo de Jesús Monsalve se
encontrara de descanso y vestido de civil, y que el arma que usó para materializar
su conducta no fuera la de dotación oficial, pues para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Policía Nacional bastaba con demostrar la participación activa de
uno de sus miembros en el ilícito.

Por otra parte, indicó que esta entidad también estaba llamada a responder por el
desplazamiento forzado que la muerte del señor Nelson San Juan Sarabia le causó
a las demandantes, pues acaeció por “la vinculación de un miembro de la Policía
Nacional en la comisión del delito, quien, a través de continuas persecuciones y
amenazas, [las] logró amedrentar y creó un temor fundado”.

Así las cosas, para efectos de darle una respuesta concreta al apelante, la Sala
analizará los cargos relacionados con la muerte de la víctima y la vinculación de un
efectivo de la Policía Nacional en ese hecho, para luego estudiar si el posterior
desplazamiento forzado que sufrieron las accionantes le resulta atribuible a la
entidad.

i) Tal como lo ha sostenido la Sección Tercera de esta Corporación, todo debate
acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado debe resolverse con
fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política 23, cláusula general de
responsabilidad que no privilegió ningún título de imputación en específico, por lo
que el criterio de atribución jurídica no es el mismo en cada caso, sino que su
determinación dependerá de lo que el juez encuentre probado, en atención a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos24.

En casos como el presente, la jurisprudencia de la Sección ha dicho que no todas
las actuaciones de los funcionarios públicos comprometen la responsabilidad de la
Administración, sino solo aquellas que tengan algún nexo o vínculo con el servicio,
pues si bien los agentes estatales son personas investidas de dicha calidad, lo cierto
es que dentro de su ámbito privado actúan como cualquier particular y pueden

23
Según el cual “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 19 de abril de 2012, exp. 21.515. C.P. Hernán Andrade Rincón.

25

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

cometer infracciones y delitos comunes, “sin relación alguna con su calidad de
funcionarios, es decir, separados por completo de toda actividad pública” 25.

Para establecer cuándo determinado hecho guarda relación con el servicio, la Sala
ha indicado que el juzgador debe examinar, de acuerdo con el material probatorio
recaudado en el proceso, las circunstancias que rodearon la actuación del agente
para establecer si, en su exteriorización, aquella se presentó como expresión o
consecuencia del servicio público, pues la sola calidad de funcionario que ostente
el autor del daño, el horario del servicio o los instrumentos utilizados en su ejecución
resultan insuficientes como criterio de imputación del daño a las entidades estatales:

Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe
examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a
la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que
importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino
la exteriorización de su comportamiento. En otros términos, lo que importa para
atribuir al Estado, por ejemplo, el daño causado por un policía que agrede a
una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento
lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, siquiera
en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público26”27.

En otra oportunidad, la Sección Tercera precisó:

Frente a ello, precisa la Sala que el nexo con el servicio que debe presentar
una actuación para comprometer la responsabilidad de la administración
pública, no se desprende exclusivamente del horario en el que se encontraba
el agente estatal, ni de los implementos usados por aquel, ni de las funciones
que tenía asignadas en ese momento, sino principalmente de las
características de la acción u omisión que desarrolló el funcionario respectivo

25
“No cualquier actuación dañosa de los funcionarios o agentes administrativos conlleva imputación
de responsabilidad a la Administración de quien dependen o en la que están encuadrados. Se
requiere en todo caso para que opere el mecanismo de atribución a la Administración del deber de
reparar un daño patrimonial, que la actuación lesiva de la persona autora material de éste pueda
calificarse como propia del ‘funcionamiento de los servicios públicos’. Es decir que la conducta del
agente de la Administración productora del evento dañoso suponga una manifestación del
desempeño o ejercicio del cargo público, presentándose externamente entonces el resultado lesivo
como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. Por tanto, la Administración
no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y
agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en
una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de imputación
de responsabilidad civil a la administración no se produce ‘en aquellos supuestos de daños
resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona
privada, desprovisto, por tanto, de toda cualificación jurídico-pública”. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 2002, exp.
14036. C.P. Ricardo Hoyos Duque; reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, exp. 34348. C.P.
Ruth Stella Correa Palacio y por esta Subsección, entre otras, en las sentencias del 23 de julio de
2014, exp. 29327. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y del 13 de agosto de 2014, exp. 30025.
C.P. Hernán Andrade Rincón.
26
Original en cita: «ANDRÉS E. NAVARRO MUNUERA, ob. cit.».
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de
septiembre de 2002, exp. 14036. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

26

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

y por la cual causó un daño, que debe tener una relación directa con el servicio
público prestado.

El horario del servicio, las funciones asignadas y los instrumentos utilizados en
la ejecución de las mismas, son circunstancias que pueden llevar al juez al
convencimiento de que el hecho generador del daño presentó un nexo con el
servicio, porque fueron determinantes en su producción; pero de ninguna
forma, implican que por su sola verificación se deba presumir la
responsabilidad de la administración. Es necesario que, con motivo del
desarrollo de las funciones públicas, se cause el daño alegado en la demanda,
porque de lo contrario, se estaría ante un caso de responsabilidad personal del
agente28.

A modo de conclusión, para imputar responsabilidad al Estado por actos de
integrantes de la fuerza pública debe examinarse la conducta del agente estatal de
cara a establecer si tuvo o no una relación directa o indirecta con el servicio, pues
si se comprueba que el funcionario ejecutó el hecho en el marco de su esfera
privada y desligado de sus atribuciones, se deberá declarar su culpa personal.

La Sala encuentra que frente a este punto habrá de confirmarse la sentencia de
primera instancia, toda vez que si bien es cierto el señor Nelson San Juan Sarabia
resultó muerto a manos del ex agente de policía Oswaldo de Jesús Monsalve,
también lo es que su actuación fue personal y totalmente desligada del servicio, tal
como pasa a explicarse a continuación.

Con las pruebas allegadas al proceso se demostró que el día de los hechos el señor
Monsalve (i) se encontraba de descanso y “no cumplía funciones propias de la
institución”; (ii) estaba a las afueras de la ciudad de Ocaña, vestido de civil y con
otras 4 personas con las que cometería un ilícito, y (iii) perpetró el homicidio del
señor San Juan Sarabia con su arma personal, actuaciones delictivas que distan de
las funciones constitucionales y legales que, como agente de Policía, tenía que
cumplir, lo que permite concluir que su actuar no tenía vínculo o nexo con el servicio
que prestaba.

Otra circunstancia a considerar es la actitud que el ex policía Monsalve asumió
cuando el Ejército Nacional llegó al lugar de los hechos, esto es: (i) huir y
esconderse para evadir su captura; (ii) ofrecer dinero para lograr su liberación y (iii)
ocultar que se trataba de un agente de policía, pues su calidad de uniformado solo

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de
junio de 2012, exp. 25564. C.P. Ruth Stella Correa Palacio; reiterada por esta Subsección, entre
otras, en: sentencia del 28 de agosto de 2019, exp. 51162 y sentencia del 5 de marzo de 2020, exp.
52294.

27

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

fue descubierta después de su aprehensión y no porque al momento de perpetrar
los delitos aquel se hubiera mostrado como tal ante las víctimas o los miembros del
Ejército. Así pues, es claro que el implicado sabía y tenía pleno conocimiento de las
conductas punibles que cometía, todo lo cual refuerza la tesis de que su actuar
criminal no vinculaba de ninguna manera el servicio que prestaba como agente de
la institución.

Inclusive, nótese que las conductas punibles en las que incurrió el señor Monsalve
fueron investigadas por la justicia penal ordinaria y no por la jurisdicción penal
militar, como lo establece el artículo 221 de la Constitución Política 29, según el cual
los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en
relación con el mismo servicio, deben ser conocidos privativamente por las cortes
marciales o tribunales militares, lo cual no ocurrió en este caso.

En tal virtud, al no ser relevante el hecho de que el autor de las lesiones ostentara
la condición de agente de policía cuando cometió el hecho punible, no hay lugar
a declarar la existencia de vínculo entre el servicio y la actuación del agente
responsable del delito. O lo que es igual, al quedar establecido que se trató de
un acto personal de un agente sin vínculo alguno con el servicio, la entidad
demandada no está llamada a responder por los daños sufridos por las
demandantes.

ii) En relación con el “desplazamiento forzado” sufrido por las demandantes, se
advierte que se trata de un hecho que tampoco le es atribuible a esta demandada.
Si bien, con los testimonios y la denuncia que la señora Ospina Villamarín
presentó ante la Procuraduría se demostró que las accionantes recibieron
amenazas que las obligaron a dejar su hogar, lo cierto es que tales pruebas no
evidencian quién profirió esas intimidaciones y, por lo mismo, no es posible
condenar a la demandada por esta situación.

La única afirmación frente a ese punto la hizo la parte actora en su recurso de
apelación, al indicar que quien realizó las amenazas30 fue el ex agente de Policía

29
“De las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y
en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo
a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro (…)”.
30
“Código Penal. Artículo 244. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa,
con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ocho (8)
a quince (15) años”.

28

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Monsalve31 y, si ello es así, se trata de un asunto que no debe ser ventilado ante
esta jurisdicción, pues, como se vio, la conducta delictiva que desplegó el referido
señor no tuvo ningún vínculo con el servicio y no compromete la responsabilidad
de la entidad, consideración que, igualmente, aplica para dar respuesta a este
punto.

Por último, se debe destacar que en este caso en ningún momento se indicó que
la situación de desplazamiento de las demandantes acaeció por la falta de
acompañamiento o de seguridad por parte de la entidad y, por tanto, abordar este
punto en ese sentido implicaría una modificación de la causa petendi y se le daría
un alcance diferente a las pretensiones de la demanda, lo que no puede
admitirse, dado que excedería la competencia del juez32.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada,
esto es, la proferida el 11 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

7. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

31
Se recuerda que en la apelación se explicó que el desplazamiento acaeció por“la vinculación
de un miembro de la Policía Nacional en la comisión del delito, quien, a través de continuas
persecuciones y amenazas, [las] logró amedrentar y creó un temor fundado”.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 14 de junio de 2018, exp. 05001-23-31-000-2006-02589-01(37646), CP: Ramiro Pazos
Guerrero y sentencia de esta Subsección, del 29 de octubre de 2018, exp. 45814 y recientemente la
sentencia de esta Subsección, del 11 de julio de 2019, exp. 49349.

29

Radicación número: 54001-23-31-000-2006-01398-01 (54165)
Actor: Lugdy Ospina Villamarín y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia denegatoria de las pretensiones del 11 de
diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
pero por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado Electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

30

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