Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2008-00460-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Injusta de la libertad: no se configuró – la medida restrictiva de la libertad estuvo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2008-00460-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2008-00460-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
20 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veinte (20) de junio dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: ORLANDO PÁEZ RODRÍGUEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN
INJUSTA DE LA LIBERTAD - no se configuró – la medida restrictiva de la libertad estuvo
ajustada a derecho; además, la preclusión decretada a favor de los actores se sustentó en
prueba sobreviniente.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 5 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual declaró probada la
excepción de “indebida representación” de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y de la Nación-Rama Judicial y negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se afirma que el 17 de marzo de 2005, durante una diligencia de allanamiento, los
señores Orlando Páez Rodríguez, Carmen Rosa Caballero Paipa y Lisayda Páez
Caballero fueron capturados y sindicados de los delitos de rebelión, concierto para
delinquir, entre otros, razón por la cual se les decretó medida de aseguramiento de
detención preventiva; sin embargo, posteriormente, la Fiscalía precluyó la
investigación porque no cometieron los delitos.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 29 de julio de 20081, el señor Orlando Páez Rodríguez y otros, por conducto de
apoderada judicial, interpusieron demandas -las que posteriormente fueron
acumuladas2- en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación -
1 Así consta a folio 213 del cuaderno 3, folio 198 del cuaderno 2 y folio 198 del cuaderno 5.
2 Por autos del 30 de julio y 24 de septiembre de 2012, el a quo decretó la acumulación de los
procesos números 2008-00460, 2008-00421 y 2008-00425 presentados por los señores Orlando
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial y la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, con el fin de que se les declarara solidariamente responsables por
los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad de la cual habrían
sido víctimas los señores Orlando Páez Rodríguez, Carmen Rosa Caballero Paipa
y Lisayda Páez Caballero3.
En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes:
El 17 de marzo de 2005, aproximadamente a las 11:00 p.m, miembros de la SIJIN de
la Policía Nacional irrumpieron en la residencia de los señores Orlando Páez
Rodríguez, Carmen Rosa Caballero Paipa y Lisayda Páez Caballero para hacer un
allanamiento, diligencia durante la cual fueron capturados.
Al día siguiente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y
escuchados en indagatoria por los posibles delitos de rebelión y concierto para
delinquir, entre otros.
El 8 de abril de 2005, la Fiscalía Décima Especializada de Cúcuta resolvió su
situación jurídica y profirió medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva por el posible delito de rebelión.
El 12 de octubre de 2007, esa Fiscalía precluyó la investigación en favor de los
sindicados, dado que no existía merito probatorio para sostener una acusación en su
contra.
A juicio de la parte actora, los señores Orlando Páez Rodríguez, Carmen Rosa
Caballero Paipa y Lisayda Páez Caballero fueron privados injustamente de la
libertad, dado que desde el inicio de la investigación penal se “vislumbraba que
eran inocentes”.
2. Contestación de la demanda
2.1. La Policía Nacional señaló que puso a los actores a disposición de la Fiscalía
porque tenían órdenes de captura vigentes, por lo que carecía de legitimación en la
causa por pasiva4.
Páez Rodríguez, Lisayda Páez Caballero y Carmen Rosa Caballero Paipa y sus respectivos grupos
familiares (Fls. 338, 339, 356 y 357 del cuaderno 1).
3 Folios 7 a 15 del cuaderno 1. Mediante auto del 8 de febrero de 2012 (Fls. 18 y 19 del cuaderno
del Consejo de Estado No. Interno 43.597) la demanda fue rechazada por caducidad, providencia
que fue revocada por auto del 14 de junio de 2012 de esta Corporación, que, además, admitió la
demanda (Fls. 33 a 33 a 37 del cuaderno del Consejo de Estado No. Interno 43.597).
4 Fls. 425 a 247 del cuaderno 3, folios 227 a 229 del cuaderno 5 y folios 227 a 229 del cuaderno 2.
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
2.2. La Rama Judicial señaló que no realizó actuación alguna en relación con los
hechos demandados, pues todo el procedimiento se agotó en la etapa de
instrucción que llevó a cabo la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual
carecía de legitimación en la causa por pasiva5.
2.2. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que se cumplieron los requisitos
legales para dictar las medidas de aseguramiento y que la preclusión a favor de
los actores obedeció a pruebas sobrevinientes6.
3. La sentencia de primera instancia
El a quo, mediante sentencia del 5 de febrero de 20157, declaró probada de oficio
la excepción de “indebida representación” de la Nación-Rama Judicial y de la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional; de la primera por cuanto no dictó
las providencias que privaron de la libertad a los demandantes, y de la segunda,
porque actuó en cumplimiento de sus funciones legales cuando puso a disposición
de la Fiscalía General de la Nación a los capturados.
Igualmente, negó las pretensiones de la demanda por considerar que, si bien en
este caso se aplicaría el régimen objetivo de responsabilidad, operó la culpa
exclusiva de las víctimas que dio lugar a las medidas de aseguramiento.
Adicionalmente, hizo referencia a que la decisión restrictiva de la libertad de los
demandantes estuvo debidamente fundada, de lo cual se observaba que hizo un
análisis con el cual descartó la existencia de una falla en el servicio.
El fundamento de la decisión del Tribunal será plasmado en la parte considerativa
de la presente providencia.
4. El recurso de apelación
La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
por lo siguiente: (i) la Policía Nacional y la Rama Judicial también son
responsables del daño alegado; (ii) el caso debió analizarse bajo el régimen de
responsabilidad objetiva; (iii) el a quo no precisó los elementos que configuraron la
culpa exclusiva de la víctima; (iv) las medidas de aseguramiento no fueron
legales8.
5 Fls. 279 a 284 del cuaderno 3, folios 257 a 262 del cuaderno 5 y folios 221 a 223 del cuaderno 2.
6 Fls. 261 a 271 del cuaderno 2, folios 292 a 303 del cuaderno 3 y folios 273 a 280 del cuaderno 5.
7 Fls. 500 a 513 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 Fls. 526 a 529 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
Los argumentos específicos de la impugnación serán abordados en las
consideraciones de esta providencia.
4.1. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala9 procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia.
Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales:
competencia, oportunidad de la acción y legitimación en la causa, sin perjuicio de
analizar este último presupuesto respecto de la Rama Judicial y de la Policía
Nacional, en virtud de lo expresado en el recurso de apelación.
1. El objeto del recurso de apelación y el esquema que se propone para
resolver el asunto
De acuerdo con los reparos concretos de la apelación, la Sala determinará sobre i)
la responsabilidad de la Rama Judicial y la Policía Nacional -legitimación material en
la causa-; ii) el régimen aplicable al caso concreto; iii) la culpa de las víctimas y iv)
si la medida de aseguramiento se encontró ajustada o no a derecho.
2. Caso concreto
2.1. Sobre la responsabilidad de la Rama Judicial y de la Policía Nacional
El a quo declaró, de oficio, la excepción de indebida representación de la Rama
Judicial y de la Policía Nacional, porque la primera no dispuso la privación de la
libertad de los demandantes, y la segunda solo puso a disposición de las autoridades
a los capturados.
Al respecto, la apelante se limitó a insistir en que estas entidades también eran
responsables del daño demandado y que, si no participaron en su producción, se
debió declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.
En efecto, le asiste razón a la parte recurrente en cuanto las razones esgrimidas por
el Tribunal a quo en realidad se refieren a la falta de legitimación de las
demandadas, por cuanto estas no causaron el daño, pues la indebida
9 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento del
asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de 2022.
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
representación implica que el sujeto obligado actúa por conducto de otro que no
está facultado para llevar su vocería, lo cual no ocurre en este caso.
Pues bien, se observa que en la demanda no se cuestionó, de manera concreta,
actuación alguna de la Rama Judicial que causara el daño y, dado que esta
entidad no profirió ninguna decisión que afectara la libertad personal de los
demandantes, pues el procedimiento penal fue adelantado únicamente por la
Fiscalía General de la Nación, carece de asidero este argumento de la apelación
en el sentido de que también la Rama Judicial también era responsable por el
daño alegado y se concluye que no existe legitimación en la causa por pasiva de
esta entidad.
En cuanto a la Policía Nacional, en la demanda se señaló que irrumpió en la
residencia de los demandantes para hacer un allanamiento y que fueron
capturados sin que hubiera flagrancia ni orden de captura; además, que no los
dejaron a disposición de la Fiscalía de forma inmediata como lo ordenaba la ley.
Sobre el particular se observa que el 17 de marzo de 2005, a las 11:50 p.m., la
Fiscalía Segunda Especializada de Cúcuta, en compañía de miembros de la SIJIN
de la Policía Nacional y del procurador judicial, realizó diligencia de allanamiento10
en la residencia en donde se encontraban los señores Orlando Páez Rodríguez,
Carmen Rosa Caballero Paipa y Lisayda Páez Caballero. La diligencia terminó a
las 12:30 de la madrugada del 18 de marzo de 2005 y, dado que los antes
mencionados tenían órdenes de captura vigentes por los posibles delitos de
rebelión y concierto para delinquir, entre otros, fueron capturados y dejados a
disposición de esa Fiscalía en la misma fecha, como consta en el informe de las
aprehensiones y en las actas de derechos suscritas en su momento por los hoy
demandantes11.
De modo que la Policía Nacional cumplió con su labor de acompañar a la autoridad
judicial en la diligencia de allanamiento, hizo efectivas las órdenes de captura y
entregó a los hoy accionantes a la Fiscalía dentro del término establecido en la ley12;
de ahí que no se trató de una captura ilegal ni de una prolongación indebida de la
privación de la libertad. Además, tampoco profirió la decisión de captura ni las
10 Acta de la diligencia consta a folios 353 a 355 del cuaderno 15.
11 Fls. 367 a 369, 374, 378 y 379 del cuaderno 15.
12 “Artículo 351. Remisión de la persona capturada. El capturado mediante orden escrita será
puesto inmediata y directamente a disposición del funcionario judicial que ordenó la aprehensión.
Si no es posible, se pondrá a su disposición en el establecimiento de reclusión del lugar y el
director le informará inmediatamente o en la primera hora hábil siguiente, por el medio de
comunicación más ágil, dejando las constancias a que haya lugar”.
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
medidas de aseguramiento, razón por la cual se concluye igualmente que carece de
legitimación en la causa por pasiva y así se declarará.
2.2. Régimen aplicable al caso concreto
El a quo señaló que en este caso el régimen aplicable sería el objetivo, si no fuera
porque existió una causal eximente de responsabilidad, cual era la culpa exclusiva
de la víctima; sin embargo, también hizo referencia a que la decisión restrictiva de
la libertad de los demandantes estuvo debidamente fundada, de lo cual se observa
que hizo un análisis con el cual descartó la existencia de una falla en el servicio.
La parte apelante señaló que el caso debió resolverse bajo el régimen de
responsabilidad objetiva, dado que la Fiscalía no pudo desvirtuar la presunción de
inocencia de los demandantes, de ahí que la privación de su libertad se tornó en
injusta, pues no se encontraban en el deber de soportarla.
Con el fin de resolver sobre este cargo del recurso de apelación, y previo a
analizar las pruebas allegadas a este proceso, la Sala considera pertinente
referirse brevemente al régimen aplicable en estos asuntos en los que se alega la
privación injusta de la libertad.
La Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 201813, a través de la cual
precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución
Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996-
estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de
privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde determinar si
la privación fue apropiada, razonable y proporcionada.
A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 201814, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de
casos; sin embargo, dicha providencia quedo sin efectos por vía de tutela15, por lo
que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo 16,
este último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió
de manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia,
13 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando
Reyes Cuartas, exps: T-6.304.188 y T-6.390.556.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp:
46.947.
15 Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 6 de agosto de 2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
particularmente la definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de
199617, en la que se sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad
debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este
derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación
automática de los perjuicios en dichos eventos.
Finalmente, mediante sentencia SU-363 de 202118, la Corte Constitucional reiteró
las reglas establecidas en la sentencia SU-072 de 2018, según las cuales en cada
caso es necesario revisar si la medida restrictiva de la libertad fue manifiestamente
irrazonable y desproporcionada, pues no puede predicarse como regla general
una responsabilidad objetiva.
Contextualizado el panorama jurisprudencial, la Subsección considera pertinente
aclarar que, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo,
tanto el Consejo de Estado19 como la Corte Constitucional20 han indicado que, por
regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por
ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y
administrativa.
Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela21, se ha señalado que los
operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de
sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas
controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener
en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la
demanda o del fallo de primera instancia22.
17 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
18 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-363 del 22 de octubre de 2021, MP: Alberto
Rojas Ríos.
19 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)
Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de
abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
20 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P:
Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
21 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación
11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii)
sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección
Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-
000-2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B.
22 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de
conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta
Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al
momento de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño
para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.
Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora
dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre
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Referencia: Reparación directa
Por tales motivos, y de acuerdo con la jurisprudencia vigente, la Sala deberá
examinar la legalidad de la medida de aseguramiento que fue impuesta a los
demandantes.
2.3. Sobre la culpa de las víctimas y la legalidad de la medida de
aseguramiento
El a quo señaló que los sindicados aceptaron su participación en los hechos
investigados en relación con el transporte y cuidado de un “guerrillero” y recibir
llamadas de subversivos en su domicilio, lo que reflejó un claro conocimiento y
permisividad de su parte frente a los posibles delitos.
La parte apelante sostuvo que el a quo declaró la existencia de la culpa exclusiva de
las víctimas sin argumentar cuáles eran los elementos que la configuraban.
Sobre el particular advierte la Sala que, de acuerdo con la sentencia SU-363 de
2021, la Corte Constitucional precisó que el juez de lo contencioso administrativo
no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento penal, pues
esta es de reserva del juez ordinario, a menos que el comportamiento del entonces
investigado entorpeciera la actuación penal, lo cual no fue sustentado por el a quo,
que en este caso se limitó a señalar conductas de los imputados anteriores a la
investigación23, de ahí que la declaración de la eximente de responsabilidad carece
de asidero.
En línea con lo anterior, cabe señalar que a los jueces administrativos no les
corresponde debatir la responsabilidad penal ni cuestionar la decisión de fondo
proferida por los jueces de la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de que, desde la
óptica de la responsabilidad extracontractual del Estado y atendiendo a la
jurisprudencia aplicable en este tipo de asunto, a la Sala le corresponde examinar,
de dos mil trece (2013), radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la
demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo que de
manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis
jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de
salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e
inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás
Yepes Corrales).
23 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-363 del 22 de octubre de 2021, MP: Alberto
Rojas Ríos: “(…) A partir de estas consideraciones, la Sala Plena estableció que la culpa
exclusiva de la víctima se determina por la conducta que ésta despliega dentro de la
actuación penal y no por la conducta que origina la investigación que, por lo demás, no
termina en una condena. (…) Por tanto, la lectura constitucional que debió aplicar el juez de lo
contencioso administrativo debió ser aquella, según la cual, las conductas del entonces
investigado, que configuran la causal eximente de responsabilidad, son aquellas tendientes
a entorpecer la actuación penal como, por ejemplo, cuando aquel evade la justicia, presenta
elementos probatorios falsos o rinde declaraciones contradictorias o contrarias a la realidad, entre
otros. (…)”. (Se destaca).
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
según el material probatorio que obra en el expediente, si la medida de
aseguramiento dictada en contra del aquí demandante fue apropiada, razonable
y/o proporcionada, es decir, si la privación de la libertad devino o no en injusta.
En efecto, en cuanto a la legalidad de las medidas de aseguramiento en el
proceso se demostró lo siguiente:
El 15 de marzo de 200524, la Fiscalía Segunda Especializada de Cúcuta, a
solicitud de la SIJIN de la Policía Nacional, ordenó la apertura de instrucción por los
posibles delitos de rebelión, concierto para delinquir, entre otros, contra los señores
Orlando Páez Rodríguez, Carmen Rosa Caballero Paipa, Lisayda Páez Caballero
y otras personas, ordenó sus capturas y el allanamiento a su residencia.
El 17 de marzo de 200525, la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, realizó
la diligencia de allanamiento y capturó a los hoy demandantes.
El 8 de abril de 200526, la Fiscalía Décima Especializada de Cúcuta decretó
medida de aseguramiento en su contra por el delito de rebelión.
El 12 de octubre de 200527, a solicitud del defensor de la sindicada, esa Fiscalía
revocó la medida de aseguramiento en favor de Lisayda Páez Caballero y ordenó
su libertad28, por cuanto, si bien existían indicios graves basados en unas
interceptaciones telefónicas, posteriormente, dos testigos que la habían
incriminado se retractaron de sus dichos29. Además, precluyó la instrucción en su
24 Fls. 301 a 309 del cuaderno 15.
25 Fls. 253 a 355 del cuaderno 15. Igualmente se allegó el informe de las capturas y las actas de
derechos suscritas por los capturados (Fls. 367 a 369, 374,378 y 379 del cuaderno 15).
26 Fls. 50 a 94 del cuaderno 3.
27 Fls. 127 a 164 del cuaderno 3.
28 La señora Lisayda Páez Caballero recuperó su libertad el 13 de octubre de 2005, como consta
en el acta de compromiso que suscribió en esa fecha (Fl. 1817 del cuaderno 10).
29 Así lo expresó la Fiscalía en la providencia del 12 de octubre de 2005 (Se trascribe de forma
literal): “(…) Relacionada la prueba sobreviniente se encuentra: Elizabeth Roa Suárez señala que
nunca ha visto a la sindicada y solo sabe por comentario de ‘Polvorita’ que ella les conseguía
celulares, cuidaba a la gente y hablaba con él. (…). Ampliación del testimonio de Geiber Alexis
Miranda Morantes quien se retracta de la afirmación hecha en contra de la sindicada, aseverando
que fue manipulado por los funcionarios de la SIJIN para que la incriminara. (…) Como se ha
evaluado reiteradamente, los medios sobrevinientes invocados no desvirtúan el valor probatorio
reconocido a las interceptaciones telefónicas, de tal manera que el indicio grave que de estas se
deriva respecto de la sindicada permanece como expreso elemento vinculante. Situación contraria
ocurre con el testimonio de Miranda Morantes, persona que directamente la involucraba con
actividad al seno de la organización, representada en el cuidado que le profesó cuando estuvo
convaleciente de su herida, hecho que indica que no es cierto y es producto de su participación en
la incriminación que doce fue fraguada por los investigadores policiales (…). En ese orden, el único
medio de prueba que subsiste contra Lisayda Páez Caballero es el indicio grave de
responsabilidad emanado de las interceptaciones telefónicas, el cual se concluye para esta
instancia procesal, no representa el presupuesto exigido por el artículo 356 del CPP para mantener
la medida de aseguramiento que se le impuso, en consecuencia, esta será revocada (…)” (Fls. 127
a 164 del cuaderno 3).
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
favor y de los señores Orlando Páez Rodríguez y Carmen Rosa Caballero Paipa,
por el delito de concierto para delinquir.
El 6 de diciembre de 200530, ese despacho concedió la libertad provisional a los
señores Orlando Páez Rodríguez y Carmen Rosa Caballero Paipa, previa
suscripción de un acta de compromiso y el pago de una caución 31, debido a que
se había vencido el plazo indicado en el artículo 365 del CPP para calificar el
mérito del sumario.
Finalmente, el 12 de octubre de 200732, la Fiscalía Séptima Especializada de
Cúcuta declaró la preclusión de la investigación en favor de los señores Orlando
Páez Rodríguez, Carmen Rosa Caballero Paipa y Lisayda Páez Caballero, dado
que no cometieron el delito de rebelión.
Pues bien, el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 -aplicable para la época de los
hechos-33 establecía que la imposición de la medida de aseguramiento era
procedente cuando aparecían, por lo menos, dos indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.
En el sub judice, dicha medida se fundó en que existían serios indicios de
responsabilidad de los sindicados, consistentes en la declaración de Elizabeth Roa
Suárez, desertora del ELN, quien declaró que los señores Orlando Páez
Rodríguez, Carmen Rosa Caballero Paipa y Lisayda Páez Caballero eran
colaboradores de esa organización, pues cuidaban de los enfermos, visitaban los
campamentos, les llevaban comida y les proveían teléfonos celulares.
Igualmente, la Fiscalía tuvo en cuenta las interceptaciones telefónicas en las
cuales se captaron llamadas recibidas por Carmen Rosa Caballero Paipa y por
Lisayda Páez Caballero en su residencia, en las cuales se hablaba de “traer un
subversivo que se encontraba herido en una pierna”. Asimismo, el señor Geiber
Alexei Miranda Montes, ex integrante del ELN, declaró que Orlando Páez
Rodríguez y Carmen Rosa Caballero Paipa lo recogieron una vez cuando estaba
herido y lo llevaron a la casa de ellos, donde lo esperaba alias “el médico
30 Fls. 165 a 167 del cuaderno 3 y folios 2080 y 2089 del cuaderno 9.
31 Se advierte que la sola suscripción de un acta de compromiso no genera daño como ya lo ha
señalado la Subsección en asuntos similares (sentencia del 24 de abril de 2023, exp. 19001-23-31-
000-2012-00158-01 (54322), entre otros); no obstante, en el sub judice los demandantes solo
reclamaron perjuicios por los períodos en que estuvieron físicamente privados de su libertad.
32 Fls. 168 a 178 del cuaderno 3.
33 Dado que la Ley 906 de 2004 entró a regir para el distrito judicial de Cúcuta a partir del 1 de
enero de 2008, como lo dispone el artículo 530 ibidem.
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
Francisco” y que Lisayda Páez Caballero “ayudó a atenderlo bien, le lavaba la
ropa y le hacía buenas comidas”34.
De modo que la Fiscalía fundó su decisión en la prueba testimonial y en las
interceptaciones telefónicas practicadas por la policía judicial y estableció que
existían al menos dos indicios graves para decretar las medidas de aseguramiento
por el posible delito de rebelión, el cual, además, tenía una pena mínima de 6
años -según su texto vigente para la época de los hechos-35.
Lo anterior, sin perjuicio de que, como antes se explicó, se revocara la medida
restrictiva de la libertad en favor de Lisayda Páez Caballero en virtud de prueba
sobreviniente y se liberara provisionalmente a los señores Orlando Páez
Rodríguez y Carmen Rosa Caballero Paipa por vencimiento de términos, pues, al
momento de decretar las medidas, no se presentó irregularidad que hiciera
cuestionar sobre su procedencia.
Así las cosas, aunque los demandantes sufrieron un daño, consistente en la
privación de su libertad, aquel no puede catalogarse como antijurídico, porque las
medidas de aseguramiento impuestas en su contra se ajustaron a derecho, de
manera que se encontraban en la obligación de soportarlas.
No está de más señalar que los requisitos en materia probatoria para la imposición
de la medida de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el legislador para
determinar la responsabilidad penal del procesado a través de la condena, puesto
que en este último evento las evidencias deben estar ligadas a la tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad, a efectos de determinar con certeza su participación
en el delito, a diferencia del manejo indiciario que permite la definición de la
situación jurídica.
Finalmente, cabe indicar que en la decisión de preclusión del 12 de octubre de
2007 la Fiscalía Séptima Especializada de Cúcuta declaró que los demandantes
no cometieron el delito, toda vez que el señor Geiber Alexei Miranda Montes, en
ampliación de su declaración, se retractó de las acusaciones que había hecho y
señaló que alguien le había pagado para incriminar a la familia Páez Caballero;
34 Fls. 50 a 94 del cuaderno 3.
35 “Artículo 467. Rebelión. Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al
Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en
prisión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
“Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos:
1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años”.
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
además, un comandante del ELN declaró que no reconocía a los hoy actores
como miembros de esa guerrilla36.
Por último, en la providencia no se hizo alusión a irregularidad alguna al momento
de imponer las medidas de aseguramiento, que pudiera constituir una falla en el
servicio.
Por todo lo expuesto, la Sala modificará la sentencia para declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Rama Judicial y de la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional y confirmará en lo demás la decisión
apelada.
3. Costas
Dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del
CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 5 de febrero de
2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander para, en su
lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Rama
Judicial y de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia impugnada.
TERCERO: Sin condena en costas.
36 La providencia lo señaló en los siguientes términos (se trascribe de forma literal): “(…) hoy por
hoy se cuenta con la ampliación de señor Geiber Alexei Miranda Montes (…) pero ya para su
ampliación desmiente cualquier señalamiento que le hiciera a los aquí sindicados refiriendo que el
único que a él le consta que sea guerrillero es Jorge Páez Caballero y dice que fue el funcionario
Tibáquira el que le ofreció dinero para que dijera mentiras y hundiera a los del problema,
refiriéndose a Orlando, la señora (…) Lisayda (…) es decir, se retracta de todo cuanto dijo en
contra de estas personas porque agrega que s ele pagaría un dinero y fue ya certificado y no se le
dio nada, acotándose sobre esta novedad de retractación que sería sospechosa o no sería tenida
en cuenta sino es porque Nelson Nova Méndez, uno de los comandantes del frente Juan Fernando
Porras Martínez sostuvo al preguntársele por todas estas personas cuáles eran guerrilleros y
milicianos y cuáles no y coincide en señalar a Jorge Páez Caballero como miliciano mas no a los
restantes miembros de la familia (…)” (Fls. 168 a 178 del cuaderno 3).
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Radicación: 54001-23-31-000-2008-00460-01 (55941)
Actor: Orlando Páez Rodríguez y otros
Demandado: Nación Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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