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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2008-00465-01

Privación injusta de la libertad

Fecha
28 de marzo de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2008-00465-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: Modificar la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013 (52.825), por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así: “1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. “2. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Ana Elvia Bayona Torrado, José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Marleny Rondón García, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. “3. Declarar administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Víctor Julio Rondón García. “4. Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a los accionantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales: Demandantes Parentesco Montos otorgados en segunda instancia A la sucesión del señor Víctor Julio Rondón García Víctima directa del daño 90 S.M.L.M.V. Franyel Leonardo Rondón Bayona Hijo 90 S.M.L.M.V. “5. Condenar a la Nación – Fiscalía General a pagar a favor de la sucesión del señor Víctor Julio Rondón García, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de veinticinco millones novecientos diez mil ciento veintitrés pesos ($25’910.123). “6. Negar las demás pretensiones de la demanda”. SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia fechada el 23 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así: “1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. “2. Declarar administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fueron víctimas los señores Félix María Pabón Cárdenas y Hugo Socorro Galvis Rojas. “3. Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a los accionantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales: […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2008-00465-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

28 de marzo de 2019

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRELACIÓN DE FALLO

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social. En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”. En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad (…), tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto ver sentencia del 24 de mayo de 2017, Exp. 49740, y sentencia del 30 de agosto de 2017, Exp. 51057.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 16

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Fiscalía General de la Nación en contra de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo (…), dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre este tema consultar auto proferido por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 9 de septiembre de 2008, Exp. 34985, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SENTENCIA ABSOLUTORIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de reparación directa en eventos de privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 22 de junio de 2017, Exp. 44784, M.P. Hernán Andrade Rincón y la sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 47874, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO

En el caso concreto, el daño alegado por los citados demandantes consistió en la restricción del derecho fundamental a la libertad que tuvieron que afrontar, como consecuencia de una investigación penal que se adelantó en su contra, por el delito de rebelión. En consideración a lo anterior y de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra que el primer elemento de la responsabilidad está acreditado

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MÉTODO DE PONDERACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA

[E]l carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / INFORME DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL / INDICIO GRAVE

[L]a Sala advierte la configuración de una falla en el servicio de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que impone la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre su actuación. (…) [L]a Sala estima que la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de aseguramiento, pese a que no se cumplían los requisitos establecidos para proceder de conformidad, según la Ley 600 de 2000. De conformidad con los artículos 355 y 356 de la Ley 600 del 2000, para decretar las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario se requería, en primer lugar, de la configuración de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad en contra de los implicados y, en segundo, de la necesidad de su imposición, bien con el fin de garantizar la comparecencia de los sindicados al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, evitar la continuación de su actividad delictual o impedir el entorpecimiento de la actividad probatoria. (…) En efecto, la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue deficiente, dado que: i) se basó en un supuesto informe de inteligencia realizado por el comandante de Policía (…), pese a que no era susceptible de valoración probatoria; (…) y no agotó las actividades de investigación necesarias para esclarecer si efectivamente los mencionados demandantes pertenecían o prestaban colaboración a grupos al margen de la ley. (…) Pues bien, en términos del artículo 314 de la Ley 600 del 2000, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, las labores previas de verificación adelantadas por la policía judicial carecían de la condición de medio probatorio, por manera que no podían tenerse como sustento de una medida con la suficiencia para restringir el derecho a la libertad (…) pues, para el particular, según lo previsto en el artículo 356 ejusdem se requería de “por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”. (…) En términos del artículo 284 de la Ley 600 de 2000, todo indicio supone un hecho indicador, debidamente probado, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULOS 355 Y 356

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atravesó su familiar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los criterios fijados jurisprudencialmente para la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, ver sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE QUE LA PERSONA SE ENCUENTRA EN EDAD PRODUCTIVA / PRESTACIONES SOCIALES

La Sala reconocerá el perjuicio solicitado con base en el salario mínimo legal mensual vigente, en atención a que el señor (…) se encontraba en edad productiva para la época de su captura (…) Es de anotar que no se reconocerá el valor equivalente al 25% adicional, por concepto de prestaciones sociales, dado que, de un lado, ello no fue solicitado en la demanda y, de otro, porque, de conformidad con lo normado en el artículo 66 de la Ley 136 de 1994, las sesiones ordinarias como extraordinarias no generan una relación legal reglamentaria, por cuanto son pagadas a través de honorarios.

FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 66

BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / DERECHO A LA INTEGRIDAD PSICOFÍSICA / MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA

[C]omo en el presente caso se acreditó que el señor (…) fue privado injustamente de su libertad y que, con ocasión de esa restricción, vio afectado su derecho fundamental al buen nombre y su integridad sicofísica, de conformidad con la sentencia de unificación aludida, la Sala modificará el fallo recurrido, en el sentido de ordenar la siguiente medida de reparación no pecuniaria: La Fiscalía General de la Nación deberá establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. En el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 54001-23-31-000-2008-00465-01(52825)

Actor: HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (ACUMULADO 54001-23-31-000-2008-00372-00 Y 54001-23-31-000-2008-00489-01(59183)

Temas: PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – falla en el servicio por indebida valoración probatoria al momento de la imposición de medida de aseguramiento

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el ente acusador y la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 19 de diciembre de 2013, dentro del proceso con radicado 54001-23-31-000-2008-00465-00 (52.825), mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de indebida representación de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la que se absuelve de los cargos que le fueron formulados en la demanda.

“SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los daños causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor VICTOR JULIO RONDÓN GARCÍA.

“TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENÁSE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios materiales, a título de LUCRO CESANTE a: VICTOR JULIO RONDÓN GARCÍA, la suma de once millones sesenta y siete mil ochocientos sesenta y dos pesos ($11.067.862), suma que será actualizada a la ejecutoria de la presente providencia.

“CUARTO: CONDENÁSE EN ABSTRACTO A LA FISCALÍA GENERA DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios materiales, a título de DAÑO EMERGENTE a: VICTOR JULIO RONDÓN GARCÍA, la suma que resulte de honorarios que pagó al doctor Álvaro Francisco Silva Uribe, por su defensa técnica dentro del proceso penal que por el delito de rebelión se le adelantó.

“La parte interesada promoverá el Incidente de Liquidación, en los término de los Artículo 172 del C.C.A y 137 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo dicho en las motivaciones de este fallo.

“QUINTO: CONDENÁSE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar, por concepto de PERJUICIOS MORALES a:

Actor
Monto
Condición
Víctor Julio Rondón García
90 smlmv
Víctima directa
Ana Elvia Bayona Torrado
90 smlmv
Compañera permanente
Franyel Leonardo Rondón Bayona
90 smlmv
Hijo

“SEXTO: Los valores a pagar al señor VÍCTOR JULIO RONDÓN GARCÍA (Q.E.P.D), deberán reconocerse a favor de la sucesión procesal del mismo, conforme a la parte motica de esta providencia” (negrillas del texto original).

Asimismo, el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por la referida Corporación el 23 de junio de 2016, dentro de los procesos radicados con los números 54001-23-31-000-2008-00372-00 y 54001-23-31-000-2008-00489-01 (59.183), mediante la cual se concedieron parcialmente las súplicas de la demandas, así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO LA INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN POR PARTE DE LA RAMA JUDICIAL. Conforme a lo expuesto en la presente providencia.

“SEGUNDO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los daños causados, con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fueron objeto los señores HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS y FÉLIX MARÍA PABÓN CÁRDENAS.

“TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de reparación por los PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de LUCRO CESANTE al señor HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS, por el tiempo que le hizo falta para completar su período como Concejal en el Municipio de Arboledas, siendo en el caso concreto el equivalente a 8 meses y 9 días. Así mismo al señor FÉLIX MARÍA PABÓN CÁRDENAS, el equivalente al tiempo que dejó de percibir su salario como educador hasta la fecha del reintegro a la Institución Educativa como docente sumas que deberán actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

“CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios morales, derivados de la privación injusta de la libertad, a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero:

“Primer Grupo Familiar en el proceso de radicación: 2008-0489

ACTOR
MONTO A INDEMNIZAR
CALIDAD –
RELACIÓN –
PARENTESCO
MEDIO DE PRUEBA
HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS
Noventa (90) SMLMV
Víctima directa de la privación injusta de la libertad
Providencias penales ya citadas. –En folios 53 al 56 del cuaderno de pruebas No. 1, en folios 517 al 529 del cuaderno de pruebas No. 3 y en folios 417 al 432 del cuaderno de pruebas No. 1.
AMGÉLICA (SIC) MARÍA DÍAZ TORRES
Noventa (90) SMLMV
Compañera permanente de la víctima directa
Declaración extraproceso No. 7890 ya citado. – A folio 36 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-489
MARÍA EVELIA ROJAS TUTA
Noventa (90) SMLMV
Madre de la víctima directa
Registro civil de nacimiento de la víctima directa ya citado. – A folio 35 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-489
PEDRO JESÚS GALVIS ROJAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermano de la víctima directa
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 37 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-489
CARMEN MARINA GALVIS ROJAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermana de la víctima directa
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 38 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-489
ROSMIRA GALVIS ROJAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermana de la víctima directa
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 39 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-489
LUZ GENOVEVA GALVIS ROJAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermana de la víctima directa
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 41 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-489
FIDEL GALVIS ROJAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermano de la víctima directa
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 40 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-489

“Segundo Grupo Familiar en el proceso de radicación: 2008-0372

ACTOR
MONTO A INDEMNIZAR
CALIDAD -
RELACIÓ -
PARENTESCO
MEDIO DE PRUEBA
FÉLIZ MARÍA PABÓN CÁRDENAS
Noventa (90) SMLMV
Víctima directa de la privación injusta de la libertad
Providencias penales ya citadas. – En folios 53 al 56 del cuaderno de pruebas No. 1, en folios 517 al 529 del cuaderno de pruebas No. 3 y en folios 417 al 432 del cuaderno de pruebas No. 1.
MARÍA CELINA ROJAS ACEVEDO
Noventa (90) SMLMV
Esposa de la víctima
Registro civil de matrimonio ya citado.- A folio 31 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372
FÉLIX HERNANDO PABÓN ROJAS
Noventa (90) SMLMV
Hijo de la víctima directa
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 22 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372
HENDER LAURENCE PABÓN ROJAS
Noventa (90) SMLMV
Hijo de la víctima directa
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 24 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372
CARLOS BLADIMIR PABÓN ROJAS
Noventa (90) SMLMV
Hijo de la víctima directa
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 26 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372
MARÍA DÉBORA CÁRDENAS
Noventa (90) SMLMV
Madre de la víctima
Registro civil de nacimiento de la víctima directa ya citado. – A folio 28 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372
BLANCA NINFA PABÓN CÁRDENAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermana de la víctima
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 32 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372
JUAN GILBERTO PABÓN CÁRDENAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermano de la víctima
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 34 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372
ROBERTO MOISÉS PABÓN CÁRDENAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermano de la víctima
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 36 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372

LUIS ALEJANDRO PABÓN CÁRDENAS

Cuarenta y Cinco (45) SMLMV

Hermano de la víctima

Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 38 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372

GLORIA BELÉN PABÓN CÁRDENAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermana de la víctima
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 40 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372
CARLOS OMAR PABÓN CÁRDENAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermano de la víctima
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 42 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372
NIDYAN SOCORRO PABÓN CÁRDENAS
Cuarenta y Cinco (45) SMLMV
Hermana de la víctima
Registro civil de nacimiento ya citado. – A folio 44 del cuaderno principal con Rad. No. 2008-372

“Sumas que deberán ser actualizadas a la fecha de ejecutoria de la providencia.

“QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de reparación por DAÑOS INMATERIALES DERIVADOS DE VULNERACIÓN O AFECTACIÓN A BIENES O DERECHOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE AMPARADOS para cada una de las víctimas directas, señores HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS y FÉLIX MARÍA PABÓN CÁRDENAS, la suma de CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

“SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda (…)” (negrillas del texto original).

I. A N T E C E D E N T E S

1. Las demandas

1.1. Expediente 2008-00465

El 17 de julio de 2008, los señores Víctor Julio Rondón García, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor Franyel Leonardo Rondón Bayona; Ana Elvia Bayona Torrado, José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Marleny Rondón García interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General y la Rama Judicial, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la privación de la libertad que soportó el primero de los mencionados actores dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora, por perjuicios morales, pidió la suma de 100 S.M.L.M.V. para cada uno de los accionantes. A su vez, reclamó por concepto de “daño a la vida de relación” un monto de 100 S.M.L.M.V. a favor de la víctima directa del daño.

Finalmente, solicitó por daño emergente y lucro cesante el equivalente a $150’000.000 a favor del directamente afectado, en razón de “las sumas que dejó de percibir por concepto de sueldo, salario, prestaciones sociales legales y extralegales, sumas que se vio obligado a conseguir para pagar los honorarios de los abogados”.

1.2. Expediente 2008-00372

El 19 de junio de 2008, los señores Félix María Pabón Cárdenas, María Celina Rojas de Pabón, Débora Cárdenas de Pabón, Félix Hernando, Hender Laurence y Carlos Bladimir Pabón Rojas; Blanca Ninfa, Juan Gilberto, Roberto Moisés, Luis Alejandro, Gloria Belén, Carlos Omar y Nidyan Socorro Pabón Cárdenas interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General y la Rama Judicial, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados con la imposición de una medida de aseguramiento en contra del señor Félix María Pabón Cárdenas.

Como consecuencia de lo anterior, la parte accionante pidió, por perjuicios morales, el equivalente a 12.500 gramos oro, discriminados así:

A favor de los señores Félix María Pabón Cárdenas, María Celina Rojas de Pabón y Débora Cárdenas de Pabón la cantidad de 2.000 gramos oro, para cada uno de ellos.

A favor de Félix Hernando, Carlos Bladimir y Hender Laurence Pabón Rojas, el valor de 1.000 gramos oro, para cada uno de ellos.

A favor de los señores Juan Gilberto, Luis Alejandro, Gloria Belén, Nidyan Socorro, Blanca Ninfa, Roberto Moisés y Carlos Omar Pabón Cárdenas, el equivalente a 500 gramos oro, para cada uno de ellos.

Asimismo, solicitó “perjuicios materiales consolidados: Por daño emergente y lucro cesante futuro, equivalente a: la suma de (…) $20’000.000 por concepto de daño emergente en razón a los gastos sufragados por el accionante por concepto de honorarios profesionales de abogado y gastos de transporte de los familiares, de alimentación que tuvieron que sufragar sus familiares durante los 15 meses en que el accionante FELIX MARIA PABON CARDENAS estuvo privado de su libertad”.

1.3. Expediente 2008-00489

El 25 de junio de 2008, los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Angélica María Díaz Torres, María Evelia Rojas Tuta, Carmen Marina Galvis, Pedro Jesús, Luz Genoveva, Rosmira y Fidel Galvis Rojas, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el primero de los aludidos actores, a raíz de un proceso penal adelantado en su contra por el delito rebelión.

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pidió, por perjuicios morales, la suma de 200 S.M.L.M.V. para cada uno de los demandantes.

Igualmente, reclamó por concepto de “daño a la vida de relación” un monto de 400 S.M.L.M.V. a favor de los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Angélica María Díaz Torres y María Evelia Rojas Tuta, para cada uno de ellos y el equivalente a 200 S.M.L.M.V. a favor de Carmen Marina Galvis, Pedro Jesús, Luz Genoveva y Fidel y Rosmira Galvis Rojas, para cada uno de ellos.

Adicionalmente, la víctima directa del daño solicitó la suma de $5’844.000 por los ingresos que dejó de percibir durante el período que estuvo privado de su libertad.

Hechos

Ante la identidad fáctica de los procesos acumulados, la Sala los sintetiza de la siguiente manera:

En virtud de una llamada anónima, el 28 de marzo de 2003, miembros de la Policía Nacional capturaron al señor Hugo Socorro Galvis Rojas, en atención a que el mismo, supuestamente pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cúcuta dispuso la apertura de instrucción en contra del citado demandante, por la conducta punible de rebelión; no obstante, ordenó su libertad inmediata, en razón a que ostentaba la calidad de servidor público -concejal del municipio de Arboledas-.

El 4 de abril de 2003, la Fiscalía Seccional de Cúcuta resolvió la situación jurídica del señor Galvis Rojas, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva. Por lo anterior, profirió la orden de captura No. 0334760 en contra del citado actor, la cual se hizo efectiva el 23 de abril de 2003.

Posteriormente, fueron vinculados al proceso por los mismos hechos los señores Félix María Pabón Cárdenas y Víctor Julio Rondón García, quienes fueron capturados el 17 de mayo de 2003.

El 28 de mayo de 2003 se resolvió la situación jurídica de los mencionados demandantes, en la cual la Fiscalía Tercera de Seguridad Pública y Delitos Varios de Cúcuta les impuso medida de aseguramiento, sin beneficio de libertad provisional.

El 10 de octubre de 2003, el ente acusador profirió resolución de acusación contra los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Félix María Pabón Cárdenas y Víctor Julio Rondón García, por su supuesta colaboración con grupos al margen de la ley.

Finalmente, el 10 de julio de 2006, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta absolvió a los aquí accionantes de los cargos formulados en su contra, al considerar que en el proceso no obraban elementos de juicio que demostraran, de manera cierta, que los señores Galvis Rojas, Pabón Cárdenas y Rondón García pertenecían y colaboraban con dicho grupo insurgente.

2. Trámite en primera instancia

2.1. Expediente 52.825

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda, a través de proveído del 10 de junio de 2009, el cual también fue notificado en debida forma.

2.1.1. La Rama Judicial contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, para lo cual formuló como argumento central la falta de legitimación en la causa por pasiva, en el entendido de que la entidad encargada de proferir medida de aseguramiento en vigencia de la Ley 600 del 2000, era la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual señaló que no resultaba viable endilgarle responsabilidad por la privación de la libertad del señor Víctor Julio Rondón García, máxime cuando fue un Juez de la República el que ordenó absolverlo de toda responsabilidad penal.

2.1.2. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que no incurrió en falla del servicio, en la medida en que contaba con razones fundadas para vincular al aquí demandante al proceso penal e imponerle medida de aseguramiento en el marco de dicha actuación, motivo por el cual señaló que no se configuró la privación injusta de la libertad a la que se hizo mención en la demanda.

Resaltó que para proferir medida de aseguramiento y resolución de acusación no era necesario que obraran en el proceso pruebas que condujeran a la certeza sobre la responsabilidad penal del procesado, puesto que, a su juicio, ese grado de convicción solo era necesario para proferir sentencia condenatoria.

2.1.3. El Tribunal a quo, mediante auto del 15 de febrero de 2011, decretó algunas de las pruebas solicitadas y, una vez concluido el debate probatorio, a través de auto del 31 de mayo de 2012, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte actora y el ente acusador reiteraron los argumentos expuestos tanto en la demanda como en su contestación.

2.1.4. El Ministerio Público pidió que se accediera parcialmente a las súplicas de la demanda, en atención a que en el proceso se encontraba probado que el señor Víctor Julio Rondón García estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad, con ocasión de la medida de aseguramiento que le impuso la Fiscalía General de la Nación.

Por otro lado, consideró que se debía declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Rama Judicial, habida cuenta de que dicha autoridad judicial fue la que absolvió al aquí demandante de los cargos formulados en su contra.

Finalmente, solicitó que se reconocieran perjuicios morales y materiales a favor de los demandantes, debido a que los mismos estaban probados en el expediente.

2.1.5. La Rama Judicial guardó silencio en esta etapa procesal.

2.2. Expediente 00489 (59.183)

Mediante auto del 27 de marzo de 2009, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda y ordenó notificar a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.2.1. La Fiscalía General de la Nación contestó de manera oportuna y se opuso a las pretensiones de la demanda. Adujo que actuó en cumplimiento de la función asignada en el artículo 250 de la Constitución Política, esto es, la de investigar las conductas contrarias al derecho penal.

Asimismo, señaló que no se estructuró una falla del servicio, porque la vinculación del señor Hugo Socorro Galvis Rojas se dispuso con fundamento en los elementos probatorios obrantes en el plenario, de los que se podía inferir indicios serios de responsabilidad penal en su contra.

Manifestó que en el caso sub examine se configuró la excepción denominada hecho de un tercero, habida cuenta de que fueron los testimonios que rindieron varios ciudadanos, los que llevaron a adelantar las investigaciones tendientes para esclareces los hechos objeto de controversia.

Resaltó que los perjuicios morales solicitados por los accionantes estaban sobrestimados, por cuanto la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014, fijó un máximo de 100 S.M.L.M.V. para los casos de muerte o incapacidad permanente total.

Argumentó que no debía reconocerse perjuicios materiales a favor de los demandantes, en tanto que los documentos con los cuales se pretendía probar dicho perjuicio no contaban con una “fecha cierta, y en consecuencia, no puede ser oponible a la entidad demandada… por no haber sido inscrito en un registro público, o autenticado su firma ante un funcionario público” .

2.2.2. La Rama Judicial señaló que no le asistía responsabilidad por los perjuicios reclamados en la demanda, dado que no adoptó medidas restrictivas de la libertad en contra del señor Hugo Socorro Galvis Rojas.

Agregó que no se probó una actuación irregular que le resultara imputable y que, en todo caso, fueron los jueces de conocimiento quienes absolvieron al demandante de los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, de ahí que la autoridad Judicial careciera de legitimación en la causa por pasiva.

2.2.3. El Tribunal a quo, mediante auto del 17 de septiembre de 2012, decretó las pruebas solicitadas y, una vez concluido el debate probatorio, a través de auto del 3 de agosto de 2015, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual la parte actora y la Rama Judicial reiteraron los argumentos expuestos tanto en la demanda como en su contestación.

2.2.4. La Fiscalía General de la Nación agregó que actuó en cumplimento de la función que le fue asignada por el artículo 250 Constitucional, sin que se probara una actuación irregular que le resultara imputable, toda vez que las decisiones proferidas dentro de la actuación se sustentaron en la normativa aplicable y las pruebas recaudadas en el plenario.

Precisó que no se debía reconocer monto alguno por concepto de “daño a la vida de relación”, debido a que en el plenario no se acreditó la causación del mismo.

2.2.5. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

2.3. Expediente 2008-00372 (59.183)

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto del 26 de enero de 2009, el cual se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público.
2.3.1. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta no vulneró el derecho a la libertad del señor Félix María Pabón Cárdenas sino que, por el contrario, dicha autoridad judicial fue la que lo absolvió de los cargos formulados en su contra.

Por lo anterior, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en consideración a que las medidas restrictivas de la libertad fueron adoptadas, en etapa de instrucción, por la Fiscalía General de la Nación, entidad que contaba con capacidad para acudir al proceso y con la autonomía presupuestal y administrativa para asumir una eventual condena.

2.3.2. El ente acusador señaló que no le asistía responsabilidad patrimonial por la detención del ahora demandante, dado que, al momento de adoptar la medida restrictiva de su libertad, existían indicios graves que comprometía su responsabilidad penal en la conducta punible endilgada.

Precisó que debía aplicarse la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, en tanto que el señor Félix María Pabón Cárdenas afirmó, en diligencia de indagatoria, que había transportado en diferentes ocasiones a miembros de la subversión.

Asimismo, sostuvo que en el caso objeto de estudio se configuró el hecho de un tercero, habida cuenta de que fue el testimonio que rindió una reinsertada del ELN, lo que llevó a la Fiscalía a investigar la posible comisión de un delito.

Expresó que el quantum indemnizatorio que solicitó la parte actora por perjuicios morales resultó excesivo, toda vez que este no era uno de esos asuntos en los que el dolor moral cobraba su mayor intensidad -muerte-.
Finalmente, indicó que, debido a que no obraba elemento probatorio alguno que acreditara la causación de perjuicios materiales en contra de los demandantes, los mismos debían ser negados.

2.3.3. El Tribunal a quo, mediante auto del 23 de julio de 2009, decretó las pruebas solicitadas y, una vez concluido el debate probatorio, a través de auto del 4 de agosto de 2010, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual las partes reiteraron los argumentos expuestos tanto en la demanda como en cada una de sus contestaciones.

2.3.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

2.4. Mediante auto del 30 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decretó la acumulación de los procesos Nos. 2008-00372 y 2008-00489, para efectos de decidirlos en la misma sentencia.

3. Las sentencias de primera instancia

3.1. Expediente 52.825

Mediante sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013, el Tribunal a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y tuvo como fundamento de la decisión la configuración de los elementos de la responsabilidad del Estado bajo el régimen de responsabilidad objetivo –in dubio pro reo-, debido a que el señor Víctor Julio Rondón García estuvo privado de su libertad desde el 17 de mayo de 2003 al 24 de agosto de 2004.

Como consecuencia de ello, declaró, de manera oficiosa, la excepción de indebida representación de la Rama Judicial, en tanto que la Fiscalía General de la Nación fue la entidad que restringió el derecho a la libertad del señor Rondón García.

Por otro lado, declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los señores José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Marleny Rondón García, debido a que no allegaron el elemento probatorio idóneo -el registro civil de nacimiento del directamente afectado-, para acreditar la calidad con la que acudieron al proceso -hermanos-.

3.2. Expedientes 59.183

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia proferida el 23 de junio de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Como sustento de su decisión, en resumen, consideró que el daño irrogado a los señores Hugo Socorro Galvis Rojas y Félix María Pabón Cárdenas sí fue antijurídico, por cuanto la Fiscalía General de la Nación los restringió de su derecho fundamental a la libertad, sin contar con indicios que comprometieran su responsabilidad penal en la conducta punible endilgada -rebelión-.

En virtud de lo anterior, el Tribunal de primera instancia reconoció perjuicios: i) morales; ii) materiales, en la modalidad de lucro cesante y iii) “daño a la vida de relación” a favor de los accionantes; A su vez, negó el reconocimiento de los montos solicitados por concepto de daño emergente, debido a que no se acreditó las sumas que pagó el señor Félix María Pabón Cárdenas al profesional del derecho que lo asistió en el proceso penal adelantado en su contra.

Finalmente, declaró probada de oficio la excepción de indebida representación de la Rama Judicial, en atención a que fue la Fiscalía General de la Nación la que adoptó las decisiones a través de las cuales se ordenó privar de la libertad a los señores Hugo Socorro Galvis Rojas y Félix María Pabón Cárdenas.

4. Los recursos de apelación

4.1. Expediente 52.825

4.1.1. La parte actora solicitó que se reconociera: i) la suma de 90 SMLMV, por concepto de perjuicios morales a favor de los señores José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Milena Rondón García, toda vez que con los testimonios que obran en el expediente se acreditó su calidad de hermanos respecto de la víctima directa del daño y ii) el equivalente a 100 SMLMV a favor del señor Víctor Julio Rondón García, por concepto de “daño a la vida de relación”.

Finalmente, pidió que se ajustara el monto reconocido por concepto de lucro cesante, de conformidad con la “verdadera asignación salarial de Víctor Julio Rondón García, informada por la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander y adicionada en el 25%”.

Por lo anterior, solicitó que se modifique el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

4.1.2. El ente acusador interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, al considerar que no incurrió en conductas irregulares, dado que la medida de aseguramiento impuesta al señor Víctor Julio Rondón García se debió al cumplimiento del deber consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política y que durante el procedimiento se respetaron los requisitos exigidos por la Constitución Política, por lo que la privación de la libertad no podía calificarse como injusta.

Señaló que no hay lugar a reconocer suma alguna por concepto de perjuicios morales, dado que, en su sentir, en el proceso no se acreditó el daño antijurídico que supuestamente padeció el ahora accionante, en virtud de la actuación penal adelantada en su contra, por el delito de rebelión.

Finalmente, resaltó que “no se evidenció de forma real y concreta en el proceso un monto cierto que el señor VÍCTOR JULIO RONDÓN GARCÍA devengara mensualmente fruto de su trabajo, por lo que tomó su Despacho como base de liquidación del perjuicio el valor del salario mínimo legal para la fecha de la sentencia, adicionando el 25% por concepto de prestaciones sociales, situación que se debe excluir de su reconocimiento por cuanto no se probó una vinculación laboral. De no ser excluido el 25% por concepto de prestaciones sociales, solicito a su Despacho, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, deducir el 25%, correspondiente a la cantidad destinada que una persona destina para atender sus propios gastos personales”.

4.2. Expediente 59.183

La Fiscalía General de la Nación pidió revocar la decisión del a quo, pues, a su juicio, actuó en cumplimiento de las funciones asignadas por los artículos 28 y 250 de la Constitución Política, como la de investigar las conductas contrarias al derecho penal, para lo cual observó las normas sustanciales y procesales vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, lo que descartaba la configuración de una falla del servicio.

Manifestó que la privación de la libertad de la cual fueron objeto los aquí demandantes no fue injusta, toda vez que al momento de valorar los indicios existentes para definir la situación jurídica de los sindicados y proceder a decretar la medida de aseguramiento, el ente investigador contaba con los requisitos exigidos por el artículo 356 de la Ley 600 del 2000.

Indicó que, si bien los ahora demandantes fueron absueltos de responsabilidad penal, lo cierto es que esa decisión obedeció a una duda sobre su responsabilidad, tan es así que la sentencia se fundó en la aplicación del principio universal de in dubio pro reo.

Sostuvo en el sub lite se configuró la excepción denominada hecho de un tercero, debido a que fueron tanto las declaraciones rendidas por varios ciudadanos como los informes de la Policía Nacional, los que llevaron a la Fiscalía a solicitar su vinculación a un proceso penal.

Finalmente, argumentó que no había lugar a reconocer monto alguno por concepto de bienes constitucionalmente protegidos, dado que fue el ente policial el que publicó la noticia de la captura de los señores Hugo Socorro Galvis Rojas y Félix María Pabón Cárdenas.

5. Trámite en segunda instancia

5.1. Expediente 52.825

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander concedió los recursos presentados por la parte actora y la Fiscalía General de la Nación, mediante providencia del 12 de noviembre de 2014. Esta Corporación los admitió el 23 de enero de 2015 y, a través de decisión del 26 de febrero de la misma anualidad, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.

5.1.1. La Fiscalía General de la Nación pidió revocar la decisión del a quo, habida cuenta de que no se estructuraron los elementos esenciales para que se declarara su responsabilidad, pues sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de un deber legal y sus decisiones estuvieron soportadas, de acuerdo con el principio de progresividad penal, en las pruebas legalmente aportadas dentro de la etapa instructiva, sin que pueda predicarse que las mismas fueron arbitrarias o injustas.

Sobre la condena por perjuicios morales, señaló que el monto reconocido a las víctimas indirectas -90 SMLMV- superó los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013.

Igualmente, señaló que no se debe reconocer el 25%, por concepto de prestaciones social, debido a que en el proceso no se encuentra probado que el señor Víctor Julio Rondón García, para la época de los hechos, ejercía una actividad económica de manera dependiente.

5.1.2. La parte actora, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

5.2. Expediente 59.183

El a quo concedió el recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación, mediante providencia del 28 de marzo de 2017. Esta Corporación lo admitió 24 de mayo de 2017 y, a través de decisión del 16 de agosto de la misma anualidad, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. En dicha oportunidad procesal, el ente acusador reiteró los argumentos expuestos a lo largo del litigio.

5.2.1. La parte actora solicitó confirmar la decisión de primera instancia, debido a que la medida de aseguramiento proferida en contra de los señores Hugo Socorro Galvis Rojas y Félix María Pabón Cárdenas se fundamentó en testimonios de oídas.

Finalmente, señaló que con el material probatorio que obra en el expediente se acredita que, a raíz del proceso penal que se adelantó en contra del señor Hugo Socorro Galvis Rojas, se afectó su honra y su buen nombre.

5.2.2. El Ministerio Público solicitó confirmar decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, toda vez que la Fiscalía General de la Nación privó de la libertad a los señores Hugo Socorro Galvis Rojas y Félix María Pabón Cárdenas, sin contar con al menos dos indicios de responsabilidad que indicaran su participación en el delito endilgado.

Indicó que se debe exonerar de responsabilidad a la Rama Judicial, en atención a dicha entidad no participó en la producción del daño por cuya virtud se impetró la presente acción.

Finalmente, resaltó que “si bien sí existe afectación por los ‘daños inmateriales derivados de la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados’ soportados por los señores Hugo Socorro Galvis Rojas y Félix María Pabón Cárdenas, por la suma de 50 SMLMV, reflejados en la violación al buen nombre y a la honra. No obstante, frente al daño a la vida de relación, no ocurre lo mismo, toda vez que la parte actora no logró probar dicha afectación, pues no es suficiente el material aportado (testimonios) para demostrar el mencionado perjuicio”.

5.2.3. La Rama Judicial guardó silencio en esta etapa procesal.

5.2.4. Mediante auto del 19 de julio de 2018, se dispuso, de manera oficiosa, la acumulación procesal de los asuntos identificados con los números de radicación 54001-23-31-000-2008-00465-01, 54001-23-31-000-2008-00372-00 (52.825) y 54001-23-31-000-2008-00489-01 (59.183), por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil.

5.2.5. El 11 de octubre de 2018, la Sala, con fundamento en lo previsto en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, ordenó oficiar al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, para que remitiera copia de la providencia del 24 de agosto de 2004, proferida en el proceso 54001-31-04-003-2004-00113-00, a través de la cual se ordenó la libertad provisional de los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Víctor Julio Rondón García y Félix María Pabón Cárdenas.

El 7 de diciembre de 2018, la autoridad requerida comunicó que los procesos tramitados bajo la égida de la Ley 600 del 2000, entre ellos, el proceso adelantado en contra de los citados demandantes, fueron enviados desde el 2008 al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Mixto de Cúcuta, por tal motivo, remitió la solicitud al despacho judicial en comento.

El 12 de diciembre de 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas de Cúcuta allegó el oficio No. 5445, a través del cual informó lo siguiente (se trascribe fielmente del original. Con posibles errores incluidos):

“(…) respetuosamente me permito comunicar que a fin de verificar la información requerida y de acuerdo con el libro radicador del extinto Juzgado Tercero Penal del Circuito, fallado dentro de la presente causa, se ordenó el desarchivo del expediente, observando que no obra a foliatura existente el mencionado auto por ustedes requerido”.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad de los señores Félix María Pabón Cárdenas, Hugo Socorro Galvis Rojas y Víctor Julio Rondón García, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
2. La competencia de la Sala

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Fiscalía General de la Nación en contra de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 19 de diciembre de 2013 (52.825) y el 23 de junio de 2016 (59.183), dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso.

3. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
Descendiendo al caso objeto de estudio, encuentra la Sala que en el expediente reposa la providencia del 10 de julio de 2006, a través de la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta absolvió de responsabilidad a los señores Félix María Pabón Cárdenas, Hugo Socorro Galvis Rojas y Víctor Julio Rondón García, la que, según constancia expedida por el aludido juzgado, quedó ejecutoriada el 11 de agosto de 2006.

En ese sentido, debido a que el término para ejercer el derecho de acción empezó a correr el 12 de agosto de 2006, se impone concluir que las demandas se radicaron dentro de la oportunidad legal prevista para ello, por cuanto las mismas se presentaron el 19 de junio de 2008 (Exp. 00372), el 25 de junio de la misma anualidad (Exp. 00489) y el 17 de julio de 2008 (Exp. 52.825).

4. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

4.1. Legitimación en la causa de los demandantes

4.1.1. Expediente 52.825

En este asunto, Víctor Julio Rondón García, Ana Elvia Bayona Torrado, Franyel Leonardo Rondón Bayona, José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Marleny Rondón García fueron las personas que, en calidad de demandantes, promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

En relación con la legitimación material, observa la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que el señor Víctor Julio Rondón García fue la persona que resultó vinculada a la actuación penal que finalizó con decisión absolutoria, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como afectado directo.

Asimismo, se hizo parte el menor Franyel Leonardo Rondón Bayona, quien es hijo del señor Víctor Julio Rondón García, según la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 61 del cuaderno 1.

Frente a la accionante Ana Elvia Bayona Torrado, quien, según la demanda, es la compañera permanente del señor Víctor Julio Rondón García, se observa que si bien en el proceso se decretó y se practicó el testimonio del señor Jorge Enrique Cadena Antolinez, lo cierto es que el mismo no indicó, de manera precisa, que la referida actora efectivamente era la compañera permanente de la víctima directa del daño, pues, de manera genérica, se limitó a señalar que “Ana era la esposa”.

La situación descrita se traduce en la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Ana Elvia Bayona Torrado; además, en el expediente tampoco reposa medio de prueba alguno que permita considerarla como tercera damnificada, en la forma prevista por la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado.

Finalmente, en relación con los señores José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Marleny Rondón García, quienes según el libelo introductorio son los hermanos del directamente afectado, se advierte que en el expediente no reposa el elemento probatorio idóneo -registro civil de nacimiento de Víctor Julio Rondón García- para acreditar tal condición, razón por la cual se confirmará en este aspecto la decisión recurrida.

En suma, se precisa que si bien en el proceso se recepcionaron las declaraciones de los señores Luis Antonio Jaimes Bohada, Jorge Enrique Cadena Antolinez, José Alejo Jaimes Tuta y Pedro Jesús Jaimes Boada, lo cierto es que los mismos no indicaron de manera precisa que los aludidos demandantes eran hermanos de la víctima directa del daño, pues, de manera genérica, señalaron que el núcleo familiar del señor Víctor Julio Rondón García estaba conformado por sus padres, sus hermanos, su “esposa” y su hijo.

4.1.2. Expediente 59.183

Grupo familiar del señor Félix María Pabón Cárdenas

Felíx María Pabón Cárdenas, María Celina Rojas de Pabón, Débora Cárdenas de Pabón, Félix Hernando, Hender Laurence y Carlos Bladimir Pabón Rojas; Blanca Ninfa, Juan Gilberto, Roberto Moisés, Luis Alejandro, Gloria Belén, Carlos Omar y Nidyan Socorro Pabón Cárdenas fueron las personas que, en calidad de demandantes, promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

En relación con la legitimación material, observa la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que el señor Félix María Pabón Cárdenas fue la persona que resultó vinculada a la actuación penal que finalizó con decisión absolutoria, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como afectado directo.

Respecto de Carlos Bladimir, Hender Laurence y Félix Hernando Pabón Rojas, se observa que a folios 22, 24 y 26 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183), reposan las copias de sus registros civiles de nacimiento, con los cuales se acredita su parentesco en calidad de hijos de la víctima directa del daño.

En cuanto a la señora María Celina Rojas de Pabón, se encuentra que en el expediente reposa la copia del registro civil de matrimonio contraído entre la mencionada demandante y el señor Félix María Pabón Cárdenas, a través del cual se acredita su condición de cónyuges.

Asimismo, se encuentra probada la legitimación en la causa por activa de la señora Débora Cárdenas de Pabón, toda vez que, mediante la copia del registro civil de nacimiento de Félix María Pabón Cárdenas, probó ser la madre del citado accionante.

Finalmente, en relación con los señores Blanca Ninfa, Juan Gilberto, Roberto Moisés, Luis Alejandro, Gloria Belén, Carlos Omar y Nidyan Socorro Pabón Cárdenas, en el proceso obran las copias de sus registros civiles de nacimiento, con los cual se demuestra su parentesco en la calidad hermanos de la víctima directa del daño. Información que se acompasa con la copia del registro civil de nacimiento del señor Félix María Pabón Cárdenas.

Grupo familiar del señor Hugo Socorro Galvis Rojas

A este proceso acudieron como demandantes Hugo Socorro Galvis Rojas, Angélica María Díaz Torres, María Evelia Rojas Tuta, Carmen Marina Galvis, Rosmira, Pedro Jesús, Fidel y Luz Genoveva Galvis Rojas, de ahí que esté probada su legitimación en la causa de hecho.

En relación con la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que el señor Hugo Socorro Galvis Rojas fue la persona que resultó vinculada a la actuación penal que finalizó con decisión absolutoria, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como afectado directo.

Respecto de la demandante María Evelia Rojas Tuta, encuentra la Subsección que en el proceso obra la copia del registro civil de nacimiento de la víctima directa, con el que se demuestra su parentesco como madre del mismo.

En cuanto a los señores Carmen Marina Galvis, Rosmira, Pedro Jesús, Fidel y Luz Genoveva Galvis Rojas, la Sala encuentra acreditado el parentesco en segundo grado de consanguinidad con el señor Hugo Socorro Galvis Rojas, en tanto que la copia de los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 37 a 21 del cuaderno No. 1A. Exp. 59.183, dan cuenta de su condición de hermanos, por ser hijos de los señores María Evelia Rojas Tuta y Pedro Jesús Galvis Pabón.

Finalmente, en relación con la señora Angélica María Díaz Torres, quien, según la demanda, es la compañera permanente del señor Hugo Socorro Galvis Rojas, se allegó una declaración extrajudicial suscrita por la víctima directa del daño, con la cual se pretendió demostrar su convivencia desde hace más de dos (2) años; sin embargo, para conferir mérito probatorio a dicha declaración se requería el agotamiento de la diligencia de ratificación, la cual no se adelantó.

Pese a lo anterior, en este proceso se recaudaron los testimonios de Jimmy Rolon Amaya y Miguel Orlando Duarte Ardila, quienes indicaron que para la época de ocurrencia de los hechos, dicha demandante convivía con el señor Hugo Socorro Galvis Rojas y que, como consecuencia de su privación injusta de la libertad, aquella padeció un profundo dolor, por tanto, la Sala considera que en este caso la calidad de compañera permanente de la señora Díaz Torres se encuentra debidamente acreditada con la prueba testimonial.

4.2. Legitimación de las entidades demandadas

En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi en los escritos iniciales permiten concluir que la Nación – Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dicha entidad a las que se les imputa el daño objeto de la controversia.

En relación con la legitimación material de la entidad pública demandada, se advierte que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita establecer si existió o no una participación efectiva de aquella en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.

Finalmente, respecto de la Rama Judicial, encuentra la Subsección que dicha autoridad no participó de manera directa o indirecta en los hechos por cuya virtud se interpuso la presente acción de reparación directa, por tanto, carece de legitimación en la causa para ser vinculada en el sub lite, como parte demandada y así se declarará en la parte resolutiva de este fallo.
5. Objeto de los recursos de apelación

5.1. Expediente 52.825

La parte actora solicitó que se modifique la decisión de primera instancia, por considerar que: i) la calidad de hermanos de los señores José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Milena Rondón García respecto de la víctima directa del daño se encontraba acreditada con los testimonios que obraban en el expediente, ii) ante la grave afectación a la honra y buen nombre del señor Víctor Julio Rondón García, a raíz el despliegue publicitario que hicieron los medios de comunicación de la privación de su libertad, se le debía reconocer la suma de 100 SMLMV y iii) la liquidación del lucro cesante se debía realizar con la asignación salarial del directamente afectado, incrementada en un 25%, por concepto de prestaciones sociales.

5.1.2. La Fiscalía General de la Nación fundamentó su recurso de apelación en la defensa de la legalidad de su actuación, para lo cual afirmó que no incurrió en ninguna conducta irregular y, por ende, no debió declararse su responsabilidad en la sentencia de primera instancia; además, cuestionó el hecho de que el Tribunal a quo: i) al momento de liquidar el lucro cesante incrementó al salario mínimo en un 25%, por concepto de prestaciones sociales y ii) reconoció perjuicios morales a favor de los actores, sin estar acreditado el daño antijurídico que padeció el señor Víctor Julio Rondón García.

5.2. Expediente 59.183

La Fiscalía General de la Nación señaló que no incurrió en conductas irregulares, dado que la medida de aseguramiento impuesta se debió al cumplimiento del deber consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política y que durante el procedimiento se respetaron los requisitos exigidos por la Constitución Política, por lo que la privación de la libertad no podía calificarse como injusta.

Finalmente, señaló que no se debía condenar a dicha entidad por concepto de perjuicios inmateriales, habida cuenta de que la Policía Nacional fue la que informó a los medios de comunicación sobre la captura de los señores Hugo Socorro Galvis Rojas y Félix María Pabón Cárdenas.

6. Valoración probatoria

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, la Subsección encuentra probados los siguientes hechos:

El 28 de marzo de 2003, un miembro de la Policía Nacional recibió información vía telefónica, en la cual se le indicó que en la avenida cero con calle décima de la ciudad de Cúcuta, se encontraba un sujeto que pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, quien, en ese momento, portaba un bolso de color rojo.

En virtud de la situación advertida, varios uniformados se desplazaron hasta el lugar indicado y, una vez corroborada la anterior información, procedieron a capturar a dos ciudadanos, entre ellos, al señor Hugo Socorro Galvis Rojas, quien portaba el aludido bolso.

El citado demandante fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de Cúcuta, con fundamento en el informe de captura No. 078, en el cual la Policía Judicial consignó lo siguiente (se transcribe de manera literal, incluso con los posibles errores):

“Comedidamente me permito dejar a disposición de ese despacho a las siguientes personas por el delito de rebelión, las cuales fueron capturados el día de hoy (…) en la AV. 0 con calle 10 de Cúcuta, luego de recibir una información anónima vía telefónica donde indicaban la presencia del antes mencionado en el sector.
“Con las labores investigativas adelantadas se puso establecer que HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS, es militante activo del autodenominado frente JUAN FERNANDO PORRAS MARTINEZ del Ejército de Liberación Nacional, el cual delinque y tiene área de injerencia en la región de Arboledas y Sardinata, de este departamento. Es hermano de CONSTANTINO GALVIS ROJAS, asesinado el pasado 13 de enero de 2003 en el municipio de Arboledas – Norte de Santander, por presunto miembro de las Autodefensas. El occiso, según información de las diferentes agencias de seguridad del estado figuraba como jefe de finanzas del frente JUAN FERNANDO PORRAS MARTINEZ, se tiene conocimiento que ha participado y dirigido varios ataques en contra de la fuerza pública como también ha ejecutado homicidios selectivos que han ocurrido en la población de Arboledas”.

La Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cúcuta dispuso la apertura de instrucción en contra del citado demandante, por el ilícito de rebelión; no obstante, ordenó su libertad inmediata, en razón a que fue aprehendido en “flagrancia” y ostentaba la calidad de servidor público -concejal del municipio de Arboledas, Norte de Santander-.

Posteriormente, los señores Héctor Jesús Contreras Fuentes y Eison Jesús Moncada Rincón, oriundos de las veredas Ciñera y Chicaua, respectivamente, del municipio de Arboledas, Norte de Santander, rindieron declaración en contra del señor Hugo Socorro Galvis Rojas a quien manifestaron conocer como miembro del ELN.

Como consecuencia de las declaraciones referidas en precedencia, el 4 de abril de 2003, el ente acusador resolvió la situación jurídica del sindicado y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, para lo cual expresó (se transcribe de manera literal, incluso con los posibles errores):

“Sea lo primero advertir que existen dos tipos de declaraciones que pretender imputarles el delito de rebelión a los procesados, compuestas, la una, por miembros de la Policía Nacional que prestaron sus servicios en el municipio de Arboledas y, la otra, por dos habitantes de esa región. Todas estas personas son enfáticas en manifestar que tanto (…) GALVIS ROJAS son miembros activos de ese insurgente (…) pero existe diferencia entre este grupo de declarantes (…).

“(…).

“Es que esos servidores públicos solo se limitan a decir que por comentarios y rumores se enteraron de que los sindicados eran miembros activos del Ejército de Liberación Nacional, que muchos pobladores de esa región les contaban las actividades ilegales a que se dedicaban, pero que por temor a represalias se abstenían a declararlo ante la autoridad competente. Pero en realidad vistos estos testimonios su valor es nulo y lo es porque ellos no pueden dar fe de la certeza de las imputaciones (…) en consecuencia, como a estos miembros de la Policía Nacional no les consta que los procesados hagan parte de ese grupo insurgente, sino que solo han escuchado rumores, no puede decirse que sus testimonios sean suficientes como para pregonar la existencia de ese delito.

“Pero surgen en el proceso las declaraciones de dos personas que aseguran ser pobladores de esa región nortesantandereana y, como tales, haber visto a uno de los sindicados portando uniforme de uso privativo de la Policía Nacional, portando armas de fuego con distintivos que lo ubica como integrante del Ejército de liberación Nacional, extorsionando a habitantes de ese municipio, realizando reuniones con el campesinado y ordenando y participando en muertes selectivas.

“En efecto, habiéndose ocurrido en el municipio de Arboledas la noticia de la captura de los procesados, llegan a la Fiscalía HÉCTOR JESÚS CONTRERAS FUENTES y EISON JESÚS MONCADA RINCÓN y declaran ser residentes en las veredas Ciñera y Chicaua, respectivamente, de ese municipio, y, como tal, haber observado en varias oportunidades a HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS vistiendo prendas similares a las usadas por la Policía Nacional, con distintivos del Ejército de Liberación Nacional y portando armas de fuego. El primero de ellos recuerda haberlo visto cuando arengaba políticamente, junto con más subversivos, a los profesores de una escuela de esa vereda, para luego, a los pocos días, matar a una de las docentes de nombre MELIZA. Asegura también que este procesado ordenó la muerte de PEDRO N., alcalde de Arboledas, de JOSE DOMINGO y de otras personas.

“(…).

“EISON JESÚS MONCADA RINCÓN corrobora lo dicho por su paisano y vas más allá cuando da los nombres de otros rebeldes que acompañaban a este procesado durante sus incursiones en la vereda Chicaua, vistiendo prendas privativas de las FF. AA. y llevando consigo armas de fuego. Inclusive, habla de un primo de este imputado que pertenecía a esa organización rebelde.

“(…).

“En consecuencia, dándosele plena credibilidad a estos testimonios, encuentra esta Fiscalía Delegada el mérito suficiente para proferir medida de aseguramiento contra HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS por el delito de REBELIÓN.

“(…).

“ RESUELVE

“PRIMERO: Proferir DETENCIÓN PREVENTIVA contra HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS (…) sindicado del delito de REBELIÓN (…).

SEGUNDO: No conceder a este procesado el derecho a la libertad provisional, por las razones expuestas en los fundamentos de esta resolución.

TERCERO: Solicitar al presidente del Concejo municipal de Arboledas la suspensión del cargo de concejal del imputado, a fin de hacerle efectiva la medida de aseguramiento (…)”.

En atención a lo anterior, la Fiscalía Tercera de Seguridad Pública y Delitos Varios de Cúcuta profirió la orden de captura No. 0334760 en contra del señor Hugo Socorro Galvis Rojas, la cual se hizo efectiva el 23 de abril de 2003.

Inconforme con la aludida decisión, el apoderado del aquí demandante interpuso recurso de apelación; sin embargo, el mismo fue resuelto de manera desfavorable por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, al considerar que la medida de aseguramiento proferida en contra del señor Galvis Rojas cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 356 de la Ley 600 del 2000.

Posteriormente, la Fiscalía Tercera de Seguridad Pública y Delitos Varios de Cúcuta ordenó vincular mediante diligencia de indagatoria a los señores Víctor Julio Rondón García y Félix María Pabón Cárdenas, por su supuesta colaboración con el aludido grupo al margen de la ley, quienes, en virtud de las órdenes de captura Nos. 0334850 y 0334853, respectivamente, fueron aprehendidos el 17 de mayo de 2003.

El 28 de mayo de 2003 se resolvió la situación jurídica de los mencionados demandantes, en la cual la Fiscalía de conocimiento les impuso medida de aseguramiento, sin beneficio de libertad provisional, con fundamento en las siguientes consideraciones (transcripción literal, con posibles errores incluidos):

“El acervo probatorio está constituido por el informe policivo suscrito por el Sargento Segundo GABRIEL MORENO VARGAS, Comandante de la estación de Policía de Arboledas, diligencia de declaración jurada recepcionada a la señora AMPARO GALVIS DE URBINA, quien hace un relato claro, preciso y detallado de la manera como (…) FÉLIX MARÍA PABÓN CÁRDENAS, VÍCTOR JULIO RONDÓN (…) de una u otra manera colaboraban o informaban o eran militantes activos del grupo insurgente autodenominado ELN, en el perímetro urbano del municipio de Arboledas N.S.

“A los procesados se les sindica de llevar a cabo diferentes actividades propias de un rebelde. Es así que a VICTOR JULIO RONDÓN GARCÍA, se le acusa de ser la persona que manejaba los vehículos cuando los retenía la guerrilla en Arboledas, N.S., y después estos vehículos eran desvalijados. Este implicado en su diligencia de indagatoria niega cualquier autoría o participación en los hechos que se le sindican.

“(…).

“El señor FELIX MARIA PABON CARDENAS, se le sindica que tenía una camioneta de cuatro puertas de color blanco y transportaba a los guerrilleros para los capos donde había carretera y también les transportaba el armamento. De estas sindicaciones niega cualquier autoría o participación y aclara que inclusive ya había sido indagado por estos mismos hechos y había explicado la forma como la guerrilla usaba su vehículo. Dice que nunca los transportó con armas y cuando lo hizo fue bajo amenaza de muerte. También se le hacen cargos a este señor de que asistía a reuniones programadas por la guerrilla para que les informaran como se encontraba el pueblo en cuestión de tropa, pero enfáticamente negó estos cargos que se le imputan.

“(…).

“(…) en criterio de esta Fiscalía Delegada, el testimonio de AMPARO GALVIS URBINA, es creíble y lo es, no solo porque hacía parte del frente JUAN FERNANDO PORRAS MARTINEZ del ELN, sino también porque fue la compañera marital de LUIS ALBERTO ALARCON COLMENARES, alias RICHARD, personaje importante dentro de ese frente y con el cual tuvo dos hijos.

“Esa posición le daba una singular posición dentro del grupo y si a eso se agrega que es natural del municipio de Arboledas, N.S., y allí pasó la mayor parte de su vida, entonces puede decirse que conoce a muchos de sus pobladores y, en especial, a aquellos que hacen parte de ese grupo subversivo. Además, obsérvese que la testigo se limita a decir solo lo que sabe y le consta de las actividades desarrolladas por los imputados, sin exagerar, de tal manera que a cada quien le endilga la imputación y cuando no sabe así lo expresa. Si quisiera hacer más gravosa la situación de los procesados y su intención fuera mezquina, con seguridad no tendría dificultad alguna en falsear la realidad.

“Por lo expuesto anteriormente, para este momento procesal considera la Fiscalía que se debe proferir medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad en contra de los hoy sindicados (…) ya que se reúnen los requisitos mínimos exigidos en la norma procedimental penal.

“(…).

“ RESUELVE

“PRIMERO: Proferir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional en contra de (…) FELIX MARIA PABON CARDENAS, VICTOR JULIO RONDON GARCIA (…) por el delito de rebelión” (se destaca).

El 10 de octubre de 2003, el ente investigador calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Víctor Julio Rondón García y Félix María Pabón Cárdenas, por el delito de rebelión; dicha decisión fue confirmada por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta, en virtud del recurso de apelación presentado por los apoderados de los imputados.

El 24 de agosto de 2004, el Juez de la causa ordenó la libertad provisional de los ahora demandantes, la cual, de conformidad con el certificado expedido por la secretaría del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, se hizo efectiva el 26 de los mismos mes y año.

Finalmente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, en sentencia del 10 de julio de 2006, absolvió a los ahora demandantes de los cargos formulados en su contra, pues, si bien algunos declarantes indicaron que los procesados colaboraban con el frente Juan Fernando Porras del ELN, lo cierto es que los demás testimonios recaudados durante el trámite de la investigación daban cuenta de su condición de personas trabajadoras, reconocidas en la comunidad y que carecían de vínculos con el mencionado grupo subversivo.

La anterior decisión se apoyó en el siguiente raciocinio (se transcribe fielmente del original, con posibles errores incluidos):

“Los procesados GALVIS ROJAS (…) fueron capturados por miembros de la Policía Nacional cuando transitaban o mejor dicho departían un pastel en un parqueadero público cerca de las instalaciones de la SIJIN en la Av. 0. Fueron privados de la libertad sin orden de captura vigente en su contra por el delito que hoy se les imputa, fueron capturados simplemente porque un policial que trabajó en el puesto de policía de Arboleda le dijo al radista de la SIJIN, JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, que habían dos presuntos insurgentes militantes del ELN con operancia en el municipio de Arboledas, los cuales fueron abordados por dos policiales que los capturaron sin encontrarles elemento alguno que los comprometiera con la actividad delictiva que les imputaban. No obstante a ello, procedieron a retenerlos para lo cual elaboraron un informe de inteligencia el mismo día de la captura, es decir, del 28 de marzo de 2003, basado en dichos de fuentes humanas que no daban sus nombres por seguridad que los vinculaba al Frente JUAN FERNANDO PORRAS del ELN y que cada uno eran hermanos de militantes del ELN.

“Para apoyar la captura de los procesados y el informe de inteligencia, la Policía Judicial de la Policía Nacional SIJIN recepcionó declaraciones a varios policiales, entre ellos, HENRY ASIS ROPERO, OLGER BERNARDO MENESES NIÑO, HÉCTOR JULIO CALVO y JESID CAICEDO MALDONADO, quienes habían laborado en el municipio de Arboledas para el año 2000 y 2001 y allí, sin comprobación alguna, la ciudadanía anónimamente les decía que GALVIS ROJAS alias ‘CALENTILLO’ (…) hacían parte de la guerrilla del ELN.

“YESID CAICEDO MALDONADO, quien los capturó dijo que procedió a ello por solicitud de la Sala de radio de la Sijin, cuyo operador de radio JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, le insistía que GALVIS ROJAS era subversivo. Que los identificó sin que les aparecieran antecedentes en su contra.

“JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CAPERA, radio operador de comunicaciones de la Policía, quien fue el que a través de radio advirtió la presencia de GALVIS ROJAS (…) el día de la captura en la Av. 0, dijo que ello lo hizo en virtud a información dada por el compañero REY SAÚL SADY (…) quien a través de la radio dijo conocer a uno de ellos ‘una persona con un bolso rojo’ como perteneciente a la subversión y por ello se envió una patrulla de la SIJIN.

“También rindieron declaración ante la SIJIN los miembros de la fuerza pública HENRY ANDELFO GONZÁLEZ PARADA y ALEXANDER HERNÁNDEZ GARZÓN. El primero de ellos señaló a HUGO GALVIS ROJAS como miembro de la guerrilla porque laboró en Arboledas como Policía un tiempo en el 2001 y en el 2002 por la fama que tenía de ser hermano de un guerrillero de nombre CONSTANTINO GALVIS ROJAS alias ‘COSTA’. Que era el encargado de realizar secuestros, extorsiones y cobrar vacunas hasta a la misma hermana GENOVEVA GALVIS ROJAS, que nadie denuncia por temor. ALEXANDER HERNÁNDEZ GARZÓN corrobora sustancialmente lo mismo.

“Revisado lo anterior, deja mucho que pensar la actividad de la Policía Nacional en su afán de judicializar a los procesados GALVIS ROJAS (…) pues sin orden judicial vigente en contra de los capturados, los privan de la libertad y ese mismo día elaboran un informe de inteligencia, sin fundamento alguno, pues no aparecen las pesquisas o diligencias de ‘inteligencia’ practicadas con anterioridad –por ejemplo, interceptación de llamadas telefónicas, encubiertas, videos, fotografías, testimonios etc- que lo sustentes. Ahora bien, no aparece en el investigativo la declaración del policial REY SALU SADY, quien según el operador de comunicaciones de la policía JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, fue quien informó a la central de radio que una persona de bolso rojo era conocido por él como guerrillero -GALVIS ROJAS- y por ellos se procedió a su captura.

“(…).

“No bastando lo anterior, la SIJIN solicita a la Fiscalía escuchar en declaración a HÉCTOR JESÚS CONTRERAS FUENTES y EISON JESÚS MONCADA RINCÓN, dos supuestos testigos de las actividades ilícitas de los capturados.

“El primero de ellos dice (…) que a HUGO GALVIS ROJAS alias ‘CALENTILLO’ lo conoce hace nueve años atrás cuando llegó a una escuela armado junto con 16 guerrilleros y hablaron con los profesores y hasta almorzaron. Que por orden de él, según se enteró, cometieron los homicidios de la profesora MELIZA, un ex alcalde de Arboledas de nombre PEDRO y otro señor de nombre JOSÉ DOMINGO. Que llevaba mercados para una vereda dentro de los cuales llevaba armas, las que guardaba en el Hotel Arboledas donde residía y portaba pistola y fusil (…) Que HUGO cargaba como distintivo un brazalete en tela del color de la bandera amarillo azul y rojo y con las letras ELN. Que antes no había denunciado por miedo pero que como ahora es ‘guía’ del ejército se siente protegido.

“EISON JESÚS MONCADA RINCÓN, dijo que cuando tenía 14 años conoció a HUGO GALVIS ROJAS, vivía en la misma vereda y trabajaba con el ELN y se le pasaba uniformado y de civil con otros guerrilleros y pistola. Que lo ha visto en el pueblo sin uniformes y sabe que es concejal. (…) que distingue los guerrilleros del ELN porque tienen en un brazalete el distintivo del ELN y no le ha visto bandera pintada. Que no es informante ni de la Policía ni del Ejército (…) estos testimonios (…) sobre GALVIS ROJAS, lo sindican directamente de pertenecer a la guerrilla del ELN (…) no concuerdan en los distintivos del uniforme camuflado que vestía GALVIS ROJAS.

“(…).

“Para este Despacho resulta claro que los procesados inicialmente vinculados a este proceso lo fueron con fundamento en testigos indirectos o de oídas, todos miembros de la Policía Nacional que laboraron en el municipio de Arboledas en los años 2000, 2001 y 2002 y que nunca denunciaron las situaciones ante sus superiores (…).

“Ahora bien, ante el insuficiente y poco contundente material probatorio hacen comparecer a unos testigos, reinsertados de la guerrilla, ellos son AMPARO GALVIS URBINA y los hermanos CÓRDOBA MARTÍNEZ.

“AMPARO GALVIS URBINA, quien dice haber pertenecido al ELN Frente JUAN FERNANDO PORRAS MARTÍNEZ desde noviembre de 1998 porque se enamoró de otro guerrillero con quien tiene dos hijos. Al preguntársele si conocía a HUGO DEL (sic) SOCORRO GALVIS ROJAS (…) dijo textualmente ‘… Sí lo conozco hace aproximadamente seis años, lo conocí porque yo era integrante del frente JUAN FERNANDO PORRAS MARTÍNEZ y él también lo era, él participó directamente en la muerte del alcalde PEDRO JESÚS HERNÁNDEZ CARRILLO’ (…) que HUGO SOCOROO se uniformaba de policía y utilizaba armas largas (…) que el profesor FÉLIX MARÍA PABÓN les facilitaba una camioneta para transportarse y llevar armamento. JULIO RONDÓN desvalijaba carros.

“Con base en la anterior declaración y en el ‘INFORME DE INTELIGENCIA’ del Departamento de Policía de Norte de Santander, sin firma de quien lo suscribe, de mayo 12 de 2003, en el que la Fiscalía vinculó a la investigación a (…) FÉLIX MARÍA PABÓN (…) a quienes se les ordenó captura, se les practicó diligencia de registros a sus lugares de residencia, sin encontrárseles nada que los comprometiera con actividades subversivas (…).

“Posteriormente para corroborar los dichos de AMPARO GALVIS URBINA -quien aparece como testigo principal- se escucha en declaración a los hermanos EMILIO ANTONIO y JORGE IVAN CÓRDOBA MARTÍNEZ (…) ex militante de la guerrilla del ELN frente JUAN FERNANDO PORRAS MARTINEZ (…) quienes con la ayuda de la copia de un periódico donde se encontraban las fotografías de algunos de los aquí vinculados, dice no conocer a HUGO SOCORRO GALVIS (…) que conoce a FÉLIX MARÍA PABÓN porque tenía una emisora y desde allí informaba cuando llegaba el ejército (…) que VÍCTOR JULIO RONDÓN participaba en reuniones y facilitaba un carrito rojo en el que los trasladaba de un lugar a otro y participó en la inteligencia de la muerte del policía. Que el recorte de periódico que observaba mientras declaraba y donde aparecen las fotografías de los vinculados fue entregado en la SIJIN.

“JORGE IVAN CÓRDOBA MARTÍNEZ ex militante del ELN frente JUAN FERNANDO PORRAS (…) al preguntársele por los vinculados dice no conocerlos por los nombre pero si los ve de pronto los reconoce (…) que estando detenido en la SIJIN estuvo con las personas vinculadas a este proceso y no los reconoció como colaboradores de la guerrilla. Que en la SIJIN le mostraron un recorte de periódico para reconocer a unos colaboradores de la guerrilla.

“De las anteriores declaraciones, el despacho considera que si bien pudo ser cierto su pertenencia a la guerrilla del ELN pues en algunas cosas concuerdan con lo manifestado por AMPARO GALVIS, en concreto con los procesados vinculados a este proceso, nuevamente se denota el afán de la policía para a toda costa permitir que sigan vinculados los sindicados a esta causa pues en forma sincera y espontánea relatan la forma como miembros de la SIJIN con deslealtad procesal y sin los requisitos legales para el reconocimiento fotográfico les facilitaron un recorte de periódico para que declaren en contra de unas personas que no conocía pues JORGE IVAN es contundente al señalar que cuando estuvo detenido en la SIJIN con ellos no reconoció a ninguno como colaborador de la guerrilla.

“Así las cosas, la acusación presentada por la fiscalía en contra de los aquí procesados se edificó en la prueba testimonial que se resumió y analizó y que fundamentalmente en criterio de la Fiscalía era suficiente para llamarlos a juicio.

Pero sobre la prueba de cargo, existe dentro del plenario una cantidad de testimonios que corroboran lo manifestado por los procesados en su injurada en cuanto a su inocencia y en cuanto a su ajenidad a los hechos imputados, entre otros, ELBA MARÍA COLEMARES URIBE, LUIS HUMBERTO ROMERO, LUIS ERNESTO MONCADA URBINA, ADELAIDA GALVIS, JOSE TARCISIO CELIS RINCON, JUAN CARLOS JAIMES ARDILA, JESUS ALBERTO GELVES, YANETH URBINA, MARCOS RAMIREZ PEREIRA, WILMAR ANTONIO SIERRA (…) Y JORGE E. CADENA ANTOLINEZ.

“A la luz de la sana crítica del testimonio, basados en la experiencia y la lógica partiendo de la forma como se fueron vinculando los procesados a esta investigación, con base en puros rumores, dichos e informes de policía sin fundamento probatorio alguno pues, se pregunta este despacho que si conocían de las actividades insurgentes de los procesados por qué motivos no desplegaron las labores de inteligencia propias en estos casos el mejor de los casos por qué no denunciaron a esas personas y solo esperaron a un informe de inteligencia elaborado el mismo día de la captura.

“Aparece que la conducta asumida por la fuerza pública para a toda costa enrostrar responsabilidad a los procesados ha sido latente y evidente pues no puede pensar menos cuando los hermanos CORDOBA MARTINEZ, dicen no conocer a los procesados pero en la SIJIN, contraviniendo el debido proceso para el reconocimiento fotográfico, les muestran las fotografías que aparecían en el diario local y los instan para que declaren en su contra. Aunado a esto se encuentra el testimonio escuchando en audiencia pública de JOSE GUZMAN, SANTIAGO LOPEZ, ex militante guerrillero, quien recibió oferta de policiales para que declarara en contra de HUGO SOCORRO GALVIS ROJAS a lo cual no accedió.

“El testimonio de AMPARO GALVIS URBINA pierde credibilidad cuando señala que ZENAYDA ARCHILA ACEVEDO puede corroborar todo lo dicho por ella y está bajo juramento la desmiente. Y es que resulta sospechoso porque si bien es cierto fue militante de la guerrilla, no es creíble que haya tenido contacto con los aquí acusados, porque esta última señala que conoce a los procesados como personas de bien en el municipio de arboledas, dice que no pertenecen a grupos al margen de la ley (…) no pudo estar presente en la muerte de un ex alcalde del cual sindican a GALVIS ROJAS porque para esa época ella tenía menos de 10 años. También miente cuando dice tener dos hijos de un guerrillero para después decir que uno de ellos es de un policía (…) y no puede caber en la cabeza de nadie que, a través de una emisora que todo el pueblo escucha se impartan instrucciones a la guerrilla de lo cual se pretendía acusar a FÉLIX MARÍA PABÓN CÁRDENAS.

“También no desconoce este Despacho que, ante el miedo y la violencia que generan los grupos al margen de la ley que conductas que puedan entender como ‘colaboración’ se realicen sin su consentimiento tal como le sucedió a FÉLIX MARIA PABÓN CÁRDENAS.

“Así las cosas, como la prueba testimonial de cargo, eje fundamental para acusar a los procesados por parte de la Fiscalía, en esta instancia procesal, de acuerdo con los principios que orientan la sana crítica del testimonio, está debilitada, perdió fuerza vinculante, ya que se estableció que no se fundamenta en hechos concretos debidamente comprobados y así no sirven para edificar el grado de certeza probatoria en una sentencia condenatoria en contra de los procesados emergiendo entonces un gran manto de duda imposible ahora de desvirtuar sobre la ocurrencia de la conducta punible de rebelión imputada a los procesados y mucho menos a la responsabilidad de los acusados en unos hechos de los que no hay certeza que tuvieron ocurrencia.

“(…).

“ RESUELVE

“1. ABSOLVER a los procesados HUGO DEL (sic) SOCORRO GALVIS ROJAS (…) FÉLIX MARÍA PABÓN CÁRDENAS, VÍCTOR JULIO RONDÓN GARCÍA (…) de anotaciones penales conocidas en esta sentencia, de la conducta punible de REBELIÓN” (se destaca).

7. Análisis de responsabilidad

Como punto de partida para el análisis del caso concreto, la Sala considera necesario precisar que el objeto de la controversia se centra en la privación de la libertad que soportaron los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Félix María Pabón Cárdenas y Víctor Julio Rondón García, de conformidad con lo planteado en cada uno de los libelos introductorios.

7.1.1. Daño

En el caso concreto, el daño alegado por los citados demandantes consistió en la restricción del derecho fundamental a la libertad que tuvieron que afrontar, como consecuencia de una investigación penal que se adelantó en su contra, por el delito de rebelión.

En consideración a lo anterior y de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra que el primer elemento de la responsabilidad está acreditado, porque Hugo Socorro Galvis Rojas estuvo privado de la libertad entre el 28 de marzo de 2003 al 29 de los mismos mes y año y del 23 de abril de 2003 y el 26 de agosto de 2004, mientras que Félix María Pabón Cárdenas y Víctor Julio Rondón García lo estuvieron entre el 17 de mayo de 2003 hasta el 26 de agosto de 2004.

En este punto, es menester precisar que, si bien en el proceso no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual los señores Pabón Cárdenas y Rondón García recuperaron su libertad, lo cierto es que la misma se puede determinar con: i) la información consignada en la sentencia absolutoria, en la cual se señaló que en providencia del 24 de agosto de 2004, se ordenó la libertad provisional de los accionantes y ii) la certificación expedida por la secretaría del Juzgado Tercero del Circuito de Cúcuta en favor del señor Galvis Rojas, en la cual consta que este último fue dejado en libertad el 26 de agosto de 2004.

7.1.2. Imputación

Establecida la existencia del daño, se procederá a realizar el correspondiente juicio de imputación.
Revisado el material probatorio recaudado en el expediente, la Sala considera importante destacar que la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, la que mediante la sentencia C-037 de ese mismo año efectuó el análisis, entre otros, del artículo 68 ibídem, en relación con los presupuestos para la privación injusta de la libertad y señaló la necesidad de examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, razón por la cual esta Subsección, en orden a examinar los argumentos del recurso de apelación, estima necesario determinar si la entidad demandada incurrió en conductas constitutivas de falla del servicio de la Administración de Justicia, con la virtualidad de causar los perjuicios supuestamente irrogados a los extremos demandantes.

Ciertamente, la Corte Constitucional, al realizar el estudio del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sostuvo que no resultaba viable la reparación automática de perjuicios a favor de personas involucradas en procesos penales en los que se afectaron sus derechos a la libertad. Sobre el particular, esa Corporación consideró:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.

Así mismo, en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 -exp. 46.947-, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, se concluyó que en todos los casos es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, luego, no basta probar la restricción de la libertad y posterior ausencia de condena.

Por último, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-072/18, señaló que ningún cuerpo normativo -ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- establecía un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, entonces, será el juez el que, en cada caso, deberá realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada.

De conformidad con los criterios expuestos, resulta válido afirmar que el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.

En las condiciones analizadas, se encuentra que los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Félix María Pabón García y Víctor Julio Rondón García fueron privados de la libertad con ocasión de un proceso penal que terminó con sentencia absolutoria, debido a que no se logró demostrar con las pruebas obrantes en el proceso -testimonios-, que el investigado hubiera cometido la conducta punible de rebelión.

Ciertamente, desde las providencias que resolvieron la situación jurídica de los sindicados y les impusieron la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva, se evidenciaron imprecisiones por parte de la Fiscalía de la causa, debido a que dichas decisiones tuvieron como sustento, en el caso de Hugo Socorro Galvis Rojas, la valoración de los testimonios de los señores Héctor Jesús Contreras Fuentes y Eison Jesús Moncada Rincón y, en el caso de Félix María Pabón Cárdenas y Víctor Julio Rondón García, la declaración de una reinsertada y el informe de la captura -fundado exclusivamente en las mismas declaraciones de la señora Amparo Galvis Urbina-, sin acompasar sus dichos con otro tipo de elementos probatorios.

Dicha situación se prolongó hasta la etapa de calificación del mérito del sumario, en la medida en que los investigados continuaron privados de la libertad por cuenta de los testimonios y de informes realizados por la Sijin -pese a que no eran susceptibles de valoración probatoria-, los cuales no fueron confrontados con otros medios de prueba.

Así lo puso en evidencia el juez penal por medio de la sentencia absolutoria del del 10 de julio de 2006, al señalar que los testimonios arrimados como elementos probatorios, eran abstractos, generales e imprecisos, los cuales carecían de credibilidad y, por tanto, se tenía que acudir a otros medios probatorios -de acuerdo a lo citado en precedencia- para tener certeza de la comisión del delito.

En criterio de la Sala, la conclusión a la que se arribó en la sentencia absolutoria permite cuestionarse si esa carencia probatoria no podía advertirse desde la vinculación al proceso de los aquí demandantes y no esperar tres años, hasta que se pusiera fin al proceso penal, para vislumbrar la ausencia de respaldo probatorio de las personas que señalaron a los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, como integrante del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y a Víctor Julio Rondón García y Félix María Pabón Cárdenas, como colaboradores del referido grupo insurgente.

Dicho de otra manera, si bien existían algunas afirmaciones en contra de los señores Galvis Rojas, Pabón Cárdenas y Rondón García, lo cierto es que el ente investigador pudo adelantar las actuaciones pertinentes sin privar de la libertad a los sindicados, máxime cuando no contaba con ninguna otra prueba que permitiera, por lo menos, considerar la vinculación de estos con el grupo ilegal, circunstancia que evidentemente compromete su actuación, porque la conclusión que sustentó la sentencia absolutoria fue precisamente la falta de credibilidad y certeza de quienes pretendieron involucrar a esa persona en la supuesta comisión del delito de rebelión.

De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte la configuración de una falla en el servicio de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que impone la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre su actuación.

En efecto, la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue deficiente, dado que: i) se basó en un supuesto informe de inteligencia realizado por el comandante de Policía de Arboledas, pese a que no era susceptible de valoración probatoria; ii) como sustento de las medidas de aseguramiento, tuvo en cuenta las declaraciones, entre otros, de habitantes del sector -Héctor Jesús Contreras Fuentes y Eison Jesús Moncada Rincón-, en el caso del señor Hugo Socorro Galvis Rojas y de una reinsertada de la guerrilla -Amparo Galvis Urbina-, en el caso de Félix María Pabón Cárdenas y iii) no agotó las actividades de investigación necesarias para esclarecer si efectivamente los mencionados demandantes pertenecían o prestaban colaboración a grupos al margen de la ley.

Al respecto, vale la pena destacar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 600 del 2000, a la Fiscalía General de la Nación le asistía el deber de adelantar una investigación integral en los procesos a su cargo, tanto de lo favorable como lo desfavorable para los sindicados; sin embargo, en el proceso penal adelantado en contra de los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Félix María Pabón Cárdenas y Víctor Julio Rondón García este ente dictó la medida de aseguramiento y fundamentó su decisión, en relación con el primero de ellos, únicamente en las declaraciones en su contra y, en los segundos, en el informe policial y la declaración de una reinsertada, sin realizar ningún acto adicional tendiente a encontrar material probatorio que corroborara lo dicho tanto por los habitantes del casco urbano del municipio de arboledas como por la reinsertada, situación que comportó, más adelante, la sentencia absolutoria en favor de los procesados.

Pues bien, en términos del artículo 314 de la Ley 600 del 2000, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, las labores previas de verificación adelantadas por la policía judicial carecían de la condición de medio probatorio, por manera que no podían tenerse como sustento de una medida con la suficiencia para restringir el derecho a la libertad de los señores Félix María Pabón Cárdenas y Víctor Julio Rondón García, pues, para el particular, según lo previsto en el artículo 356 ejusdem se requería de “por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.

En segundo lugar, si bien las personas mencionadas en párrafos precedentes incriminaron a los hoy demandantes, no es menos cierto que la Fiscalía General de la Nación no contaba con pruebas adicionales -además de estos testimonios- para asumir que ellos prestaban apoyo a algún grupo al margen de la ley y que, en virtud de ello, perpetraron el ilícito de rebelión.

Una vez capturados los señores Galvis Rojas, Pabón Cárdenas y Rondón García, el ente investigador los mantuvo privados de la libertad, sin que existieran motivos para tal determinación, según lo previsto en el artículo 341 de la Ley 600 de 2000, pues no existían elementos suficientes que lo relacionaran con grupos al margen de la ley.

En este punto, es menester precisar que si bien el ente acusador, en proveído del 28 de marzo de 2003, a través del cual ordenó la apertura de instrucción en contra del señor Hugo Socorro Galvis Rojas, señaló que su captura se dio en situación de flagrancia, lo cierto es que del informe policivo No. 078, no se evidencia que al momento en que fue aprehendido el citado demandante, este portaba material bélico, prendas militares o algún elemento de juicio que permitieran inferir que pertenecía a un grupo subversivo.

Entonces, la Sala estima que la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de aseguramiento, pese a que no se cumplían los requisitos establecidos para proceder de conformidad, según la Ley 600 de 2000.

De conformidad con los artículos 355 y 356 de la Ley 600 del 2000, para decretar las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario se requería, en primer lugar, de la configuración de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad en contra de los implicados y, en segundo, de la necesidad de su imposición, bien con el fin de garantizar la comparecencia de los sindicados al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, evitar la continuación de su actividad delictual o impedir el entorpecimiento de la actividad probatoria.

En términos del artículo 284 de la Ley 600 de 2000, todo indicio supone un hecho indicador, debidamente probado, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro, supuesto que no se encuentra acreditado en el sub lite, dado que no se aportaron pruebas de las cuales fuera posible deducir indicios graves de responsabilidad contra los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Félix María Pabón Cárdenas y Víctor Julio Rondón García, por las razones expuestas en precedencia, particularmente, las que atañen al precario contenido de las declaraciones que vinculaban a las personas en mención con el delito de rebelión.

En tercer lugar, lo que correspondía a la Fiscalía General de la Nación era adelantar la actividad investigativa, a fin de verificar la certeza de las manifestaciones de los declarantes; sin embargo, omitió proceder en tal sentido y, en el caso de los citados demandantes, dio por probado lo sostenido en el informe policivo y en los testimonios.

En este orden de ideas, es claro que el ente acusador infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, porque, se insiste, no examinó con el debido rigor las piezas procesales obrantes en el expediente, ni ordenó adicionales para establecer la relación de los aquí accionantes con grupos al margen de la ley.

Adicionalmente, no es posible concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, pues la medida de aseguramiento impuesta a ellos no tuvo como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas que hubiesen llevado al ente acusador a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad, especialmente, si se tiene en cuenta que los señores Víctor Julio Rondón García, Félix María Pabón Cárdenas y Hugo Socorro Galvis Rojas no fueron capturados en situación de flagrancia y en el informe de la captura no existe constancia de que se le hubieran encontrado elementos, ni prendas militares al momento de la aprehensión que permitieran inferir que pertenecía a algún grupo armado al margen de la ley.

Tampoco se cuenta con elementos de juicio para establecer que el daño causado a los demandantes provenga de manera exclusiva y determinante de la conducta de un tercero, en este caso, de las personas que, en su momento, implicaron a los aquí demandantes con la participación e integración de grupos subversivos.

La Sala afirma lo anterior, dado que los señalamientos efectuados por personas ajenas a este proceso, si bien incidieron en la adopción de la medida de aseguramiento, no se erigen como la causa exclusiva de la privación de la libertad, razón por la cual no hay lugar a concluir que se hubiere configurado el hecho de un tercero, con la vocación de desvirtuar la imputación del daño antijurídico a la Fiscalía General de la Nación.

Por las razones expuestas, se desestimarán los recursos de apelación presentados por la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá responder por los perjuicios ocasionados a los demandantes.

Así las cosas, la Sala confirmará las decisiones apeladas en lo que a este punto se refiere, pero con la advertencia de que el título de imputación es el de falla en el servicio.

8. Transmisibilidad de la indemnización para los sucesores del señor Víctor Julio Rondón García

Encuentra la Sala que, a folio 186 del cuaderno No. 1 (exp 52.825) obra el registro civil de defunción del señor Víctor Julio Rondón García, quien, según el referido documento, falleció el 25 de septiembre de 2011.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido la procedencia de la indemnización de perjuicios tanto morales como materiales a favor de la masa sucesoral de quienes, en vida sufrieron un daño -directa o indirectamente-, pero que en el ejercicio de su derecho de acción, la víctima de ese daño fallece:

“… el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se trasmite a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico nacional no existe disposición que prohíba dicha trasmisión; por el contrario, la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento jurídico en materia de daño resarcible y, en especial, con las normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90).

“En síntesis, que el derecho a la indemnización por el perjuicio moral se trasmite porque se trata de un crédito que puede ser reclamado, bien por su titular o por sus sucesores mortis causa, en cuanto continuadores de su personalidad, que ocupan la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial trasmitidas por el fallecimiento.

“(…).

“De manera reciente, la Sala ha reiterado dicha jurisprudencia, aunque debe advertirse que la situación en este caso era diferente porque el causante sí había ejercido en tiempo la acción indemnizatoria:

‘...si bien es cierto los perjuicios morales dependen necesariamente del sentimiento de un individuo en particular, cuando se solicita el reconocimiento de estos por parte de los sucesores procesales, no es que se transmita el dolor, la angustia o la congoja causada por el daño a quien en vida lo padeció y sufrió..., lo que se transmite es el derecho a reclamar por tal sufrimiento de la persona que era titular del mismo y, por ende, legitimada para demandar’.

“Por tanto, en el caso concreto, los herederos del señor (…), quien falleció el 4 de enero de 1995, según el certificado del registro civil de su defunción (fl. 12)… estaban legitimados para reclamar no sólo la indemnización por los perjuicios materiales que sufrió con la muerte de éste, reclamación sobre la cual no hay discusión doctrinaria, sino también por los perjuicios morales que el mismo hecho le hubiere causado” (Se destaca).
Así las cosas, se tiene que como el derecho a obtener una indemnización por perjuicios tanto morales como materiales del señor Víctor Julio Rondón García, por ser de contenido económico, se transmitió a sus sucesores mortis causa y, en tal sentido, se encuentran legitimados para reclamar la reparación cuya titularidad recaía en el causante.

No obstante lo anterior, como en el proceso de la referencia no se acreditó que se hubiera iniciado la sucesión del señor Víctor Julio Rondón García, se reconocerá la indemnización a favor de la sucesión del mismo.

9. Indemnización de perjuicios

9.1. Expediente 52.825

9.1.1. Perjuicios morales

El Tribunal Administrativo condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Víctor Julio Rondón García, Ana Elvia Bayona Torrado y Franyel Leonardo Rondón Bayona, la suma equivalente a 90 SMLMV. A su vez, negó el reconocimiento de dicho perjuicio a favor de los señores José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Milena Rondón García, por cuanto no acreditaron la calidad con la que afirmaron acudir al proceso -hermanos-.

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atravesó su familiar.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, en el sub lite se tiene que el señor Víctor Julio Rondón García, estuvo privado de su libertad desde el 17 de mayo de 2003 hasta el 26 de agosto de 2004, lo cual, basta para inferir la afectación moral de la víctima; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, los cuales, se resumen en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

En el presente caso, la Sala encuentra que Franyel Leonardo Rondón Bayona probó la calidad de hijo respecto del señor Víctor Julio Rondón García, según se indicó en el acápite de legitimación en la causa por activa, razón por la cual se infiere que se le causó una afectación moral, susceptible de ser indemnizada.

Así pues, atendiendo al período de privación de la libertad que soportó el señor Rondón García, esto es, 15 meses y 9 días, se tiene que el monto que reconoció el Tribunal a quo a favor de los citados demandantes -90 S.M.L.M.V.-, está acorde con los parámetros contenidos en la mencionada sentencia de unificación, razón por la cual la Sala mantendrá la condena impuesta en primera instancia, por este concepto.

En cuanto a la señora Ana Elvia Bayona Torrado, advierte la Subsección que modificará el fallo recurrido, en el sentido de no acceder al reconocimiento del aludido perjuicio, en la medida en que, como se explicó en el acápite respectivo, no acreditó la calidad con la que afirmó acudir al proceso de referencia -compañera permanente-.

Finalmente, en relación con los señores José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Milena Rondón García, la Subsección confirmará el fallo recurrido, en el sentido de negar las pretensiones formuladas por aquellos, en atención a que, como se señaló en el acápite de legitimación, no demostraron la calidad de hermanos respecto del señor Víctor Julio Rondón García.

9.1.2. Daño a bienes constitucionalmente protegidos, denominado por los demandantes como “daño a la vida de relación o cambios de condición de vida”

Sea lo primero manifestar que la jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

Respecto de las formas de reparación de esta última categoría se tiene que se privilegiarán las medidas no pecuniarias en favor de la víctima directa y, excepcionalmente, el reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, exclusivamente, en favor de la víctima directa; cuando estas no resulten suficientes para repararla integralmente.

En el caso particular, se solicitó la suma de 100 S.M.M.L.V. a favor del señor Víctor Julio Rondón García por concepto de “daño a la vida de relación o cambios de condición de vida”, dado que a raíz del proceso penal que se adelantó en su contra, sufrió “vejámenes y escarnio público, dejando profunda huella en sus hábitos de vida como por ejemplo su complejo de persecución y zozobra (…) pues se le declaró objetivo militar por las Autodefensas”.

Para acreditar la anterior situación, al proceso se allegó copia de la edición del 19 de mayo de 2003 del Diario la Opinión, en el cual se hizo el despliegue noticioso que se hizo del proceso penal en que se vio envuelto el señor Víctor Julio Rondón García; sin embargo, se advierte que ese solo elemento de juicio no ofrece la certeza necesaria para que esta Corporación reconozca dicho perjuicio, debido a que dicho documento no puede ser confrontado con otro elemento probatorio que permita acreditar que a los demandantes se les ocasionó un menoscabo a su buen nombre, con ocasión de la privación injusta de la libertad que padeció el señor Rondón García. En ese sentido, la Sala confirmará, en este aspecto, el fallo recurrido, en el sentido de negar el perjuicio reclamado.

9.1.3. Perjuicios Materiales

Daño emergente: el Tribunal a quo condenó en abstracto al ente acusador a pagar perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, en consideración a que no se allegó prueba del monto de los honorarios que pagó el ahora demandante al profesional del derecho que lo representó en el proceso primigenio, por manera que se debía aportar con posterioridad dentro de un trámite incidental.

En este punto, cabe advertir que esta Subsección ha señalado que el reconocimiento de perjuicios materiales en casos de privación de la libertad o de restricción jurídica de la libertad dependerá de las probanzas del proceso, en este caso, de lo que la parte demandante logre demostrar que debió asumir como consecuencia del proceso penal que afrontó (daño emergente), en razón de la acción penal de la que fue objeto de manera injusta.

Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que en el plenario no obra certificación, recibo ni medio de convicción alguno que acredite el monto que pagó el directamente afectado al profesional que lo asistió durante el proceso primigenio, como tampoco figura siquiera una declaración testimonial ni otro medio probatorio válido que demuestre que la víctima sufragó con su patrimonio, los honorarios de su abogado defensor, por tanto, la Sala modificará, en este aspecto, la sentencia de primera instancia, en el sentido de no fijar reparación alguna a cargo del Estado por dicho concepto.

Lucro cesante: el Tribunal de primera instancia reconoció la suma de $11’067.862 a favor del señor Víctor Julio Rondón García, para lo cual tomó como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal vigente para la fecha de la expedición de la sentencia -$589.500-, incrementado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales.

Así pues, en virtud de los recursos de apelación presentados, la Subsección resolverá sobre la procedencia o no de reconocerle al hoy actor: i) el perjuicio reclamado con base en la asignación salarial que devengaba al momento de los hechos y ii) el 25%, por concepto de prestaciones sociales.
Observa la Sala con el oficio No. 7000.7040.30, proferido por la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander, se demostró que el señor Víctor Julio Rondón García, al momento de los hechos, ejercía una actividad económica de manera dependiente: (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

“Mediante Decreto No. 000638 de abril 21 de 1986 fue nombrado provisionalmente el señor VICTOR JULIO RONDON GARCIA en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales código 5335 Grado 1 de la Planta Administrativa del Colegio San Juan Bosco del Municipio de Arboledas.

“Sueldo devengado para la fecha del retiro $999.382

“Mediante Decreto No. 00243 de fecha Noviembre 01 de 2011, se declaró vacante el cargo administrativo, Auxiliar de Servicios Generales del Centro Educativo Rural Antonio José de Sucre –Municipio de Arboledas, por fallecimiento del señor VICTOR JULIO RONDON GARCIA, el 25 de septiembre de 2011” (se destaca).

Acreditado lo anterior, se encuentra que el período a reconocer por concepto de lucro cesante será el comprendido entre el 17 de mayo de 2003 hasta el 26 de agosto de 2004, toda vez que en dicho lapso se restringió la libertad del señor Víctor Julio Rondón García.

En cuanto al ingreso base de liquidación, advierte la Sala que, si bien no se probó la suma que percibía el citado demandante como contraprestación a su actividad económica al momento de los hechos, lo cierto es que con el oficio No. 7000.7040.30 se acreditó el monto que devengaba para la fecha de su retiro, esto es, $999.382.

Así las cosas, se encuentra que la cifra de $999.382 corresponde al 2011 y el señor Víctor Julio Rondón García fue restringido de su libertad en 2003, por lo que es pertinente aplicar la siguiente fórmula con el objeto de establecer la equivalencia de esa cantidad de dinero para la fecha que se causó el daño:
Vh = Vp Índice Inicial
Índice Final

Donde:

-Vh: valor histórico por despejar (salario en 2003)
-Vp: valor presente (salario percibido en 2011: $999.382)
-Índice inicial: índice de precios al consumidor a mayo de 2003 (fecha en que el demandante capturado).
-Índice final: índice de precios al consumidor a noviembre de 2011 (fecha del retiro del cargo).

Aplicando la fórmula:

Vh = $999.382 52.36
75.87

Vh = $689.701

Según la anterior operación aritmética, se concluye que el Víctor Julio Rondón García tenía, para la época de privación (mayo 2003), un ingreso mensual de, por lo menos, $689.701, cifra que será tenida en cuenta para liquidar la indemnización de su lucro cesante y que se actualizará a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh Índice Final
Índice Inicial

Donde:

-Vp: valor presente de la suma a actualizar.
-Vh: valor a actualizar ($689.701).
-Índice final: índice de precios al consumidor vigente a la fecha de esta sentencia (febrero de 2019).
-Índice inicial: índice de precios al consumidor a mayo de 2003 (fecha en que el demandante fue aprehendido).
Aplicando la fórmula:

Vp = $689.701 101.17
52.36

Vp = $1’332.640

A esa suma se le incrementará un 25%, por concepto de prestaciones sociales -$1’332.640-, toda vez que en el proceso se probó que el ahora demandante laboraba de manera dependiente.

Así las cosas, se realizará la liquidación del lucro cesante en favor del señor Rondón García, de la siguiente manera:

-Indemnización debida o consolidada

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + i)n - 1
i
Donde:

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $1’665.800
i= Interés puro o técnico: 0.004867
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha en que fue capturado (17 de mayo de 2003) hasta el momento en que recuperó su libertad (26 de agosto de 2004), esto es, 15.03 meses.

S= $1’665.800 (1 + 0.004867)15.03 - 1
0.004867
S= $25’910.123

Como consecuencia de lo anterior, la Sala modificará, en este aspecto, el fallo recurrido y reconocerá, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de $25’910.123, a favor de la sucesión del señor Víctor Julio Rondón García.

Expediente 59.183

Se precisa que a pesar de que el ente acusador cuestionó sobre la ausencia de responsabilidad y algunos perjuicios en particular, la Sala, con fundamento en la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Sección el 6 de abril de 2018, entrará a analizar si los reconocimientos económicos efectuados por el Tribunal a quo a favor de los actores deben o no mantenerse:

“(…) Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada (…)” (se destaca).

9.2. Perjuicios irrogados con ocasión de la restricción de la libertad que soportó el señor Félix María Pabón Cárdenas

9.2.1. Perjuicios Morales

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de los demandantes Félix María Pabón Cárdenas, María Celina Rojas de Pabón, Débora Cárdenas de Pabón, Félix Hernando, Hender Laurence y Carlos Bladimir Pabón Rojas, la suma equivalente a 90 SMLMV, para cada uno de ellos, y a favor de los señores Blanca Ninfa, Juan Gilberto, Roberto Moisés, Luis Alejandro, Gloria Belén, Carlos Omar y Nidyan Socorro Pabón Cárdenas, el equivalente a 45 SMLMV, para cada uno de ellos.

Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Félix María Pabón Cárdenas le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, dado que es razonable asumir que un ciudadano al que se le afecta su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensivo a sus familiares, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

Así pues, de conformidad con las pruebas recaudadas en el presente caso, se tiene que el hoy actor fue capturado el 17 de mayo de 2003 y que recuperó su libertad el 26 de agosto de 2004.

Atendiendo al período de privación de la libertad que soportó el señor Félix María Pabón Cárdenas, esto es, 15 meses y 9 días, se tiene que los montos que reconoció el Tribunal a quo a favor de la víctima directa del daño, de su esposa, de su madre, de cada uno de sus hijos -90 S.M.L.M.V.- y de cada uno de sus hermanos -45 S.M.L.M.V.-, están acordes con los parámetros contenidos en la mencionada sentencia de unificación, razón por la cual la Sala mantendrá la condena impuesta en primera instancia, por este concepto.

9.2.2. Perjuicios Materiales

Daño emergente

Es menester precisar que la parte actora solicitó “perjuicios materiales consolidados: Por daño emergente y lucro cesante futuro, equivalente a: la suma de (…) $20’000.000 por concepto de daño emergente en razón a los gastos sufragados por el accionante por concepto de honorarios profesionales de abogado y gastos de transporte de los familiares, de alimentación que tuvieron que sufragar sus familiares durante los 15 meses en que el accionante FELIX MARIA PABON CARDENAS estuvo privado de su libertad”.

De lo anterior, se evidencia que los perjuicios reclamados están encaminados a resarcir las sumas que tuvo que sufragar el señor Félix María Pabón Cárdenas, a raíz de la restricción de su libertad, lo cual encaja en la tipología de perjuicio material en la modalidad de daño emergente.

Aclarada la anterior situación, advierte la Sala que confirmará, en este aspecto, el fallo de primera instancia, en el sentido de no acceder al perjuicio reclamado, toda vez que: i) no se allegó elemento probatorio alguno que acredite las erogaciones en las que incurrió el señor Félix María Pabón Cárdenas, a raíz de la restricción de su libertad y ii) las obligaciones alimentarias no son una consecuencia directa del hecho dañoso -privación de la libertad-, sino que se trata de egresos que normalmente debía asumir la persona que fue restringida de la libertad.

Finalmente, se encuentra que el Tribunal a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar perjuicios por concepto de lucro cesante -sin realizar la condena en concreto-, pese a que, como se indicó en precedencia, la parte actora no solicitó reconocimiento económico alguno por dicho concepto.
En este punto, es menester precisar que en un caso similar al que ahora se analiza, esta Corporación consideró lo siguiente:

“Salta a la vista, entonces, que el Tribunal a quo se excedió en la sentencia de primera instancia por cuanto decretó el pago de los perjuicios materiales y fisiológicos, perjuicios que no fueron solicitados por la parte actora en sus pretensiones –quien las limitó al pago de perjuicios morales causados con ocasión de las lesiones personales sufridas por el señor Losada Córdoba–, rompiendo de esta manera el principio de congruencia que debe regir en toda decisión judicial.

“(…).

“Así las cosas, teniendo en cuenta que el juez conductor del proceso es garante de los derechos fundamentales de las partes en el marco del trámite procesal, particularmente del derecho al debido proceso, del cual forma parte esencial el principio de congruencia, es claro entonces que el juez puede y debe decretar de oficio su vulneración; en este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia exclusivamente en cuanto se refiere a la condena al pago de la indemnización de los perjuicios materiales y fisiológicos a cargo de la entidad demandada y a favor del demandante (…)” (se destaca).

Bajo ese entendido, dado que el juez de primera instancia concedió más de lo pedido, es decir, incurrió en un fallo “extra petita”, la Sala, en virtud del principio de congruencia de la sentencia, modificará en este punto la providencia apelada, en el sentido de abstenerse de reconocer monto alguno por concepto de lucro cesante.

9.2.3. Afectación a bienes constitucionalmente protegidos

En el caso particular, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Félix María Pabón Cárdenas, la suma equivalente a 50 SMLMV, al considerar que con el proceso penal que adelantado en su contra, se menoscabó su honra y buen nombre.

La parte actora con el objeto de ilustrar el despliegue noticioso que se hizo del proceso penal en que se vio envuelto el señor Félix María Pabón Cárdenas allegó copia de la edición del 19 de mayo de 2003 del Diario la Opinión, en el cual se hizo alusión a la captura del citado demandante por el delito de rebelión.

Pues bien, revisado el expediente, se colige que la noticia en mención resulta acorde, en lo fundamental, con los demás elementos probatorios que demuestran que el señor Pabón Cárdenas fue vinculado a un proceso penal por las referidas conducta punible, en virtud de las cuales se le capturó y fue procesado penalmente, de ahí que la Sala pueda concluir que sí hacen referencia a los hechos que subyacen en este proceso.

Adicionalmente, advierte la Subsección que los testimonios recaudados en el proceso dan cuenta de que la privación de la libertad del ahora demandante deterioró las relaciones familiares, sociales y el buen nombre de esa persona.

Por ejemplo, el la señora María Josefina Ibarra Rodríguez indicó, entre otras situaciones, la siguiente (se transcribe fielmente del original, incluidos los posibles errores):

“… a Félix, desde el momento en que lo conozco veo en él a un servidor de la comunidad, un líder deportivo por fortalecer la cultura de nuestro pueblo (…) todo ese comportamiento cambia después de la injusta detención que se le hace, porque se vuelve una persona menos sociable, muy introvertida, triste y sin deseos de querer realizar ninguna de las actividades que anteriormente orientaba con tanto acierto (…) ello también por el hecho de que su buen nombre no ha sido limpiado”.

De igual forma, la señora Rosalía Gelvez Lemus declaró lo siguiente (transcripción literal, con errores incluidos):

“(…) cuando el profesor FELIX salió de libertad (…) por motivo de seguridad había cambiado de vivienda (…) anteriormente a los hechos era una persona muy activa, demasiado colaboradora , organizador de campeonatos (…) después de los hechos desea hacer lo mismo pero el trauma sicológico y la ética que a él le frustraron ya no puede hacer lo mismo, también tarta de no estar en actividades sociales (…) por la agrupación de personas porque él sicológicamente está bastante traumatizado e incluso al salir hoy en día de la institución y al ver una cara nueva (…) trata de no salir hasta que no se vaya porque fue vinculado por rebelión”.

En ese orden de ideas, como en el presente caso se acreditó que el señor Félix María Pabón Cárdenas fue privado injustamente de su libertad y que, con ocasión de esa restricción, vio afectado su derecho fundamental al buen nombre y su integridad sicofísica, de conformidad con la sentencia de unificación aludida, la Sala modificará el fallo recurrido, en el sentido de ordenar la siguiente medida de reparación no pecuniaria:

La Fiscalía General de la Nación deberá establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

En el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

9.3. Perjuicios irrogados con ocasión de la restricción de la libertad que soportó el señor Hugo Socorro Díaz Galvis

9.3.1. Perjuicios morales

En la sentencia de primera instancia se reconocieron los siguientes montos por concepto de perjuicios morales: i) 90 S.M.L.M.V. a favor de los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Angélica María Díaz Torres y María Evelia Rojas Tuta, para cada uno de ellos y ii) 45 S.M.L.M.V. a favor de los señores Carmen Marina Galvis, Pedro Jesús, Luz Genoveva, Rosmira y Fidel Galvis Rojas, para cada uno de ellos.

En relación con el quantum indemnizatorio, cuando la medida de aseguramiento de detención preventiva supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, se sugiere el reconocimiento a la víctima directa, al cónyuge o compañero permanente y a los parientes dentro del primer grado de consanguinidad, una indemnización equivalente a 90 S.M.L.M.V. y a los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad el equivalente 45 S.M.L.M.V.

En ese sentido, dado que la detención injusta que sufrió el aquí demandante tuvo una duración de 16 meses y 3 días, se tiene que los montos que reconoció el Tribunal a quo a favor de los señores Hugo Socorro Galvis Rojas, Angélica María Díaz Torres y María Evelia Rojas Tuta -90 S.M.L.M.V.- y de cada uno de sus hermanos -45 S.M.L.M.V.-, están acordes con los parámetros contenidos en la mencionada sentencia de unificación, razón por la cual la Sala mantendrá la condena impuesta en primera instancia, por este concepto.

9.3.2. Perjuicios materiales

Lucro cesante: en la demanda se solicitó la suma de $5’844.000, representados en los salarios que dejó de percibir el Concejal Hugo Socorro Galvis Rojas durante el tiempo que estuvo privado injustamente de su libertad.

Al revisar el expediente, encuentra la Sala que si bien el Tribunal de primera instancia accedió al reconocimiento de dicho rubro, lo cierto es que no realizó la condena en concreto, puesto que se limitó a señalar el período a reconocer, esto es, desde el 22 de abril de 2003 hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad, en atención a que hasta esa fecha ostentaba la calidad de servidor público.

En este punto, es menester precisar que, a pesar de que en el plenario se encuentra acreditado que el señor Hugo Socorro Galvis Rojas se desempeñaba como concejal para el momento de su captura, no se probó el número de sesiones a las que asistió y el monto devengado por las mismas, lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, era carga probatoria del referido demandante.

No obstante lo anterior, la Sala reconocerá el perjuicio solicitado con base en el salario mínimo legal mensual vigente, en atención a que el señor Galvis Rojas se encontraba en edad productiva para la época de su captura, esto es, 31 años de edad.

Es de anotar que no se reconocerá el valor equivalente al 25% adicional, por concepto de prestaciones sociales, dado que, de un lado, ello no fue solicitado en la demanda y, de otro, porque, de conformidad con lo normado en el artículo 66 de la Ley 136 de 1994, las sesiones ordinarias como extraordinarias no generan una relación legal reglamentaria, por cuanto son pagadas a través de honorarios.

Con fundamento en lo anterior y dado que se encuentra acreditado que el demandante estuvo privado de la libertad durante 16 meses y 4 días, la suma a reconocer corresponderá a los ingresos salariales dejados de percibir durante este período.
Así las cosas, se realizará la liquidación del lucro cesante en favor del señor Rondón García, de la siguiente manera:

-Indemnización debida o consolidada

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + i)n - 1
i
Donde:

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $828.116
i= Interés puro o técnico: 0.004867
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha en que fue capturado (del 28 al 29 de marzo de 2003 y el 23 de abril de la misma anualidad) hasta el momento en que recuperó su libertad (26 de agosto de 2004), esto es, 16.013 meses.

S= $828.116 (1 + 0.004867)16.013 - 1
0.004867

S= $13’756.277

No obstante lo anterior, toda vez que en la demanda se limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a la suma de $5’844.000, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de $11’348.128, la Subsección reconocerá esta última cifra, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

9.3.3. Afectación a bienes constitucionalmente protegidos

En el caso particular, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor Félix María Pabón Cárdenas, la suma equivalente a 50 SMLMV, al considerar que con el proceso penal que adelantado en su contra por el delito de rebelión, se menoscabó su honra y buen nombre.

Para acreditar la afectación del aludido perjuicio inmaterial, se recepcionaron los testimonios de los señores Jimmy Rolon Amaya y Miguel Orlando Duarte Ardila, quienes manifestaron que, como consecuencia de situación jurídica por la cual atravesó el señor Hugo Socorro Galvis Rojas, se le vulneró su honra y buen nombre; sin embargo, se advierte que ese elemento de juicio no ofrece la certeza necesaria para que esta Corporación reconozca dicho perjuicio, debido a que las declaraciones rendidas en este proceso no pueden ser confrontadas con otro elemento probatorio que permita acreditar tal situación. Por tanto, la Subsección modificará, en este aspecto, el fallo apelado, en el sentido de no acceder al reconocimiento del aludido perjuicio.

10. Condena en costas

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:

PRIMERO: Modificar la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013 (52.825), por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así:

“1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“2. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Ana Elvia Bayona Torrado, José Adalberto, Zonia Sulay, Luis Armando y Ana Marleny Rondón García, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“3. Declarar administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Víctor Julio Rondón García.

“4. Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a los accionantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales:

Demandantes

Parentesco
Montos otorgados en segunda instancia
A la sucesión del señor Víctor Julio Rondón García
Víctima directa del daño
90 S.M.L.M.V.
Franyel Leonardo Rondón Bayona
Hijo
90 S.M.L.M.V.

“5. Condenar a la Nación – Fiscalía General a pagar a favor de la sucesión del señor Víctor Julio Rondón García, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de veinticinco millones novecientos diez mil ciento veintitrés pesos ($25’910.123).

“6. Negar las demás pretensiones de la demanda”.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia fechada el 23 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así:

“1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“2. Declarar administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fueron víctimas los señores Félix María Pabón Cárdenas y Hugo Socorro Galvis Rojas.

“3. Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a los accionantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales:

“Grupo familiar de señor Félix María Pabón Cárdenas

Demandantes

Grado de parentesco
Montos otorgados en segunda instancia
Félix María Pabón Cárdenas
Víctima directa
90 S.M.L.M.V.
Félix Hernando Pabón Rojas
Hijo
90 S.M.L.M.V.
Hender Laurence Pabón Rojas
Hijo
90 S.M.L.M.V.
Carlos Bladimir Pabón Rojas
Hijo
90 S.M.L.M.V.
María Celina Rojas de Pabón
Esposa
90 S.M.L.M.V.
Débora Cárdenas de Pabón
Mamá
90 S.M.L.M.V.
Blanca Ninfa Pabón Cárdenas
Hermana
45 S.M.L.M.V.
Juan Gilberto Pabón Cárdenas
Hermano
45 S.M.L.M.V.
Roberto Moisés Pabón Cárdenas
Hermano
45 S.M.L.M.V.
Luis Alejandro Pabón Cárdenas
Hermano
45 S.M.L.M.V.
Gloria Belén Pabón Cárdenas
Hermano
45 S.M.L.M.V.
Carlos Omar Pabón Cárdenas
Hermano
45 S.M.L.M.V.
Nidyan Socorro Pabón Cárdenas
Hermano
45 S.M.L.M.V.

“Grupo familiar de señor Félix María Pabón Cárdenas

Demandantes

Grado de parentesco
Montos otorgados en segunda instancia
Hugo Socorro Galvis Rojas
Víctima directa
90 S.M.L.M.V.
Angélica María Díaz Torres
Compañera permanente
90 S.M.L.M.V.
María Evelia Rojas Tuta
Mamá
90 S.M.L.M.V.
Pedro Jesús Galvis Rojas
Hermano
45 S.M.L.M.V.
Carmen Marina Galvis
Hermana
45 S.M.L.M.V.
Rosmira Galvis Rojas
Hermana
90 S.M.L.M.V.
Fidel Galvis Rojas
Hermano
45 S.M.L.M.V.
Luz Genoveva Galvis Rojas
Hermana
45 S.M.L.M.V.

“4. Condenar a la Nación – Fiscalía General a pagar a favor de la sucesión del señor Hugo Socorro Galvis Rojas, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de once millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento veintiocho pesos ($11’348.128).

“6. Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a la reparación integral de la violación del derecho fundamental al buen nombre del señor Félix María Pabón Cárdenas, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, se adoptará la siguiente medida de reparación no pecuniaria:

“Deberá establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca públicamente su responsabilidad en este caso y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

“En el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la entidad demandada deberá subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a su vez deberá mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

“7. NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.

TERCERO: La condena se cumplirá en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

QUINTO: SIN condena en costas.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO MARÍA ADRIANA MARÍN

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Mediante auto del 19 de julio de 2018 se dispuso la acumulación de los procesos 54001-23-31-000-2008-00372-00 y 54001-23-31-000-2008-00489-01 (59.183), con el expediente 54001-23-31-000-2008-00465-01 (52.825), el cual se encontraba en el Despacho de la Consejera María Adriana Marín. Folios 421 y 423 del cuaderno principal (exp. 59.183).
En proveído del 30 de mayo de 2011, el Tribunal a quo ordenó la acumulación de los procesos bajo radicados Nos. 54001-23-31-000-2008-00372-00 y 54001-23-31-000-2008-00489-00. Folios 240 a 241 del cuaderno No. 2 (exp. 59.183).
Folio 16 vuelto del cuaderno No. 1A (exp. 52.825).
Se advierte que los nombres de los demandantes se tomaron tal y como constan en las copias de los registros civiles de nacimiento allegadas al expediente.
A folios 1 a 4 del cuaderno No. 1A (exp. 52.825) reposan los poderes otorgados por los aludidos accionantes.
Folio 21 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).

Se advierte que los nombres de los referidos demandantes se tomaron tal y como constan en las copias de sus registros civiles de nacimiento allegados al expediente o, en su defecto, con base la copia de su cédula, acotación que se hará en cada caso particular.

Se precisa que el nombre de dicha accionante se tomó tal y como consta en la copia de su cédula, en atención a que no se allegó su registro civil de nacimiento. Folio 30 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183)
Al respecto, se advierte que el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 94 del Decreto 999 de 1998, que señala “la mujer casada podrá proceder, por medio de escritura pública, a adicionar o suprimir el apellido del marido precedido de la preposición ‘de’, en los casos en que ella lo hubiere adoptado o hubiere sido establecido por la ley”.

Se precisa que el nombre de la demandante se tomó tal y como consta en la copia de su cédula, en atención a que no se allegó su registro civil de nacimiento. Folio 47 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183)
El referido documento da cuenta de la sustitución de su segundo apellido por el de su esposo, de conformidad con lo normado en el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 94 del Decreto 999 de 1998.
A folios 1 a 4 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183) reposan los poderes otorgados por los aludidos accionantes.
Folio 34 vuelto del cuaderno No. 1A. Exp. 59.183.

Se hace la precisión de que los nombres de los referidos accionantes se tomaron tal y como constan en los respectivos registros civiles de nacimiento arrimados al expediente o, en su defecto, con base en la copia de la cédula o en el poder, acotación que se hará en cada caso particular.

En atención a que no se allegó el registro civil de nacimiento dee la referida demandante, se tomó el nombre tal y como consta en el poder allegado al plenario, el cual se acompasa con la información contenida en el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.

El nombre de la citada demandante se tomó tal y como consta en la copia de su registro civil de nacimiento.
Se precisa que en el poder allegado al plenario aparece identificada como María Evelia Rojas de Galvis, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 94 del Decreto 999 de 1998. Folio 4 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).

El nombre de la mencionada demandante se tomó tal y como consta en la copia de su registro civil de nacimiento.
Se precisa que en el poder allegado al plenario aparece identificada como Carmen Marina Galvis de Moncada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 94 del Decreto 999 de 1998. Folio 4 vuelto del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).

El nombre de la mencionada demandante se tomó tal y como consta en la copia de su registro civil de nacimiento.
Se precisa que en el poder allegado al plenario aparece identificada como Rosmira Galvis de Acevedo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 94 del Decreto 999 de 1998. Folio 4 vuelto del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).

A folios 1 a 4 del cuaderno 1ª. Exp. 59.183 obran los poderes otorgado por los referidos actores.
Folios 5 a 34 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Folios 77 a 78 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).

La demanda fue enviada al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cúcuta, sin embargo, el 17 de octubre de 2008, dicha autoridad judicial la remitió, por competencia funcional, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Folios 66 a 69 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).

Folios 78, 81y 82 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).

Folios 83 a 89 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).
Folios 104 a 109 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).
Folios 118 a 120 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).
Se precisa que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decretó los documentos aportados con la demanda, ordenó librar los oficios solicitados por la parte accionante, decretó los testimonios como el dictamen pericial solicitado en el libelo inicial; sin embargo, negó el interrogatorio de parte solicitado por la parte accionante.
Folio 197 del cuaderno No.1 (exp. 52.825).
Folios 205 a 215 del cuaderno No.1 (exp. 52.825).
Folios 199 a 203 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).
Folios 222 a 224 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).
Folio 98 del cuaderno No. 1 (exp. 59.183).
Se advierte que la demanda fue admitida el 2 de septiembre de 2008 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta, sin embargo, mediante auto del 14 de noviembre de la misma anualidad, dicha autoridad judicial declaró la nulidad de lo actuado y remitió el proceso por competencia funcional al Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Folios 90 a 94 del cuaderno No. 1 (exp. 59.183).

Folios 102 a 103 del cuaderno No. 1 (exp. 59.183).
Folio 98 vuelto del cuaderno No. 1 (exp. 59.183).
Folios 140 a 148 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Folios 127 a 129 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Folios 162 a 163 del cuaderno 1A (exp. 59.183).

Folio 253 del cuaderno 1A (exp. 59.183).
Folios 282 a 289 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Folios 279 a 281 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Folios 254 a 261 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Folios 104 a 105 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Se advierte que la demanda fue admitida el 11 de julio de 2008 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta, no obstante, mediante auto del 14 de octubre de la misma anualidad, dicha autoridad judicial declaró la nulidad de lo actuado y remitió el presente asunto por competencia funcional al Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Folios 96 a 97 y 99 a 100 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).

Folios 108 a 109 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).

Folio 105 vuelto del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folios 111 a 113 del cuaderno No.1B (exp. 59.183).
Folios 117 a 134 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folios 182 a 183 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folio 209 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folio 218 a 232 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folios 210 a 214 y 237 a 239 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folios 240 a 241 de cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folios 292 a 317 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Folios 275 a 277 del Cuaderno principal (exp. 52.825).
Folios 278 a 280 del cuaderno principal (exp. 52.829).
Folios 321 a 332 del cuaderno principal (exp.59.183).
Folios 333 a 334 del cuaderno No. 2 (exp. 52.825).
Folios 293 a 294 del cuaderno principal (exp. 52.825).
Folio 296 del cuaderno principal (exp. 52.825).
Folios 308 a 312 del cuaderno principal (exp. 52.825).
Folio 342 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Folio 347 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Folio 349 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Folios 350 a 353 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Folios 373 a 394 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Folios 395 a 405 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Folios 421 a 423 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Folio 426 del cuaderno principal (exp. 59.183).

Esto consagra el mencionado artículo: “En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad (…).

“Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso” (se resalta).

Folios 431ª 434 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Folio 442 del cuaderno principal (exp. 59.183).
Al respecto consultar la sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 49.740, sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente 51.057, sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente 52.070, sentencia del 6 de diciembre de 2017, expediente 54.859, entre muchas otras decisiones de la Sala.

Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
Al respecto consultar la sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 44784, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 42979, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47874, Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente 52.897 y sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 47.294, entre muchas otras providencias.

Folio 94 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folio 95 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folio 89 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Folio 65 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).
Esto consagra el citado artículo: “Artículo 164. Excepciones de fondo (…).

“En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

“Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

“El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus".

Folios 160 a 167 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).
Folio 31 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folio 28 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folios 32 a 45 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folio 28 del cuaderno No. 1B (exp. 59.183).
Folio 35 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Folio 36 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).

Folios 213 y 247 a 248 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
A folios 1 a 2 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) reposa el oficio 078 del 28 de marzo de 2003, a través del cual un miembro de la Sijin dejó a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de Cúcuta, al citado demandante.
A folio 3 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) obra el acta de desechos del capturado suscrita el 28 de marzo de 2003, por el citado demandante.
Folios 2 a 3 del cuaderno No. 3 (exp. 59.183).
Folio 12 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825).
Folios 26 a 29 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825).
A folio 27 obra el acta de comparecencia suscrita por el señor Hugo Socorro Galvis Rojas, el 29 de marzo de 2003.
El ente acusado adoptó la anterior decisión con base en el artículo 347 de la Ley 600 del 2000, el cual consagraba lo siguiente:
“FLAGRANCIA DEL SERVIDOR PUBLICO. Cuando un servidor público se encuentre en situación de flagrancia, se le recibirá inmediatamente indagatoria y si no fuere posible se citará para recibirla en fecha posterior.
“Después de practicar cualquiera de las diligencias mencionadas en el inciso anterior, será puesto inmediatamente en libertad y se tomarán las medidas necesarias para evitar que eluda la acción de la justicia” (subraya de la Sala).

Folios 52 a 55 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825).
A folio 67 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) reposa la orden de captura No. 0334700, proferida en contra del señor Galvis Rojas, por la Fiscalía Tercera de Seguridad Pública y Delitos Varios de Cúcuta.
A folio 89 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) obra el acta de derechos del capturado suscrita por el citado demandante.
Folios 94 a 97 del cuaderno No. 7 (exp. 52.825).
A folio 128 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) reposa el auto del 15 de mayo de 2003, a través del cual se ordenó la apertura de instrucción de los referidos actores.
Acta de derechos del capturado suscrita por Félix María Pabón Cárdenas. Folio 186 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825).
Acta de derechos del capturado suscrita por Víctor Julio Rondón García. Folio 191 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825).
Folios 273 a 279 del cuaderno No. 3 (exp. 59.183).
Folios 404 a 416 del cuaderno No. 3 (exp. 59.183).
Folios 417 a 432 del cuaderno No. 3 (exp. 59.183).
En este punto, es menester precisar que esta Corporación ordenó oficiar al referido Juzgado para que remitiera copia de la providencia por medio de la cual se ordenó la libertad de los ahora accionantes; no obstante, mediante oficio No. 5445 del 12 de diciembre de 2018, la autoridad requerida informó que el auto solicitado no obraba en la foliatura del expediente.

Folio 81 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
A f olio 3 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) reposa a el acta de derechos del capturado suscrita por el mencionado accionante.

A Folio 26 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) reposa el acta de comparecencia suscrita por el mencionado actor.
A folio 89 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) obra el acta de derechos del capturado suscrita por el citado demandante.

De acuerdo con el certificado expedido por la secretaría del Juzgado Tercero del Circuito de Cúcuta que obra a folio 81 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
A folio 186 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) obra el acta de derechos del capturado suscrita el 17 de mayo de 2003, por referido accionante.
A folio 191 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) obra el acta de derechos del capturado suscrita el 17 de mayo de 2003, por el mencionado actor.

Folio 70 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Folio 81 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
Sentencia del 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, providencia mediante la cual se efectuó la “Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, ‘Estatutaria de la Administración de Justicia’ ”.
Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Folio 78 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).
En este sentido la Sección se pronunció en sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación: 40060, C.P. Enrique Gil Botero, en los siguientes términos:
“No obstante, en aquellos eventos en que pese a configurarse la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.
“No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; sin embargo, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia (…)”.
Estas consideraciones se plasmaron en un caso de características similares al actual; al respecto puede consultarse las sentencias proferidas por esta Subsección de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 29 de noviembre de 2018, expediente 61.233; el 14 de febrero de 2019, expediente 54.820 y el 14 de marzo de 2019, expediente 62.503.
Artículo 20: “Investigación integral. El funcionario judicial tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado”.
“Artículo 341. Restricción a la libertad del indagado. Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo.
“En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve la situación jurídica”.
Original de la cita: Sentencia de 10 de marzo de 2005, expediente 16.346.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente No. 14908, sentencia de 26 de abril de 2006, Magistrada Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera en sentencias del 7 de diciembre de 2016, expediente 42.024 y del 22 de febrero de 2017, expediente 46.060, entre otras decisiones.

De conformidad con el acta de derechos del capturado obrante a folio 191 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825).
De conformidad con: i) la información consignada en la sentencia absolutoria (folio 70 del cuaderno No. 1A, exp. 59.183); ii) con el lapso de restricción indicado en el libelo introductorio (folio 14 del cuaderno No. 1B, exp. 59.183) y iii) con el certificado expedido por la Secretaría del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, en el cual consta que uno de los aquí demandantes recobró su libertad el 26 de agosto de 2004 (folio 81 del cuaderno No. 1A, exp. 59.183).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28.832, C.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31.170. C.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988 C.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26.251. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Folios 135 a 136 del cuaderno No. 1 (exp. 52.825).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias 9 de marzo de 2016, expediente 34.554 y del 17 de agosto de 2017, expediente 51.093, entre otras decisiones.
Folio 190 del cuaderno No. 1. (exp. 52.825).
El razonamiento y los cálculos aquí utilizados para fijar la indemnización del lucro cesante ya fueron utilizados por esta Subsección a través de las sentencias del 25 de mayo de 2016, expediente 38.991, MP: Carlos Alberto Zambrano Barrera, del 10 de noviembre de 2017, expediente 51.129 y del 28 de febrero de 2019, expediente 45.831, entre otras decisiones.
Es decir, $333.160.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, la sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 16058. M.P. Enrique Gil Botero, reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación en providencia del 14 de febrero de 2019, expediente 57.685.

Corte Constitucional, sentencia C-154 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara, reiterada, entre muchas otras, en: Sentencia C-614 de 2009. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; sentencia C-892 del 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
Se precisa que, si bien el Tribunal a quo reconoció por dicho concepto la suma de 11’067.862, lo cierto es que al haber apelado ambas partes, la Sala tiene competencia para modificar el aludido monto, de conformidad con lo normado en la parte final del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza lo siguiente:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones” (se destaca).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth. Expediente 05001 2331 0002001 0306801 (46.005).
A folio 186 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) obra el acta de derechos del capturado suscrita el 17 de mayo de 2003, por referido accionante.
De conformidad con: i) la información consignada en la sentencia absolutoria (folio 70 del cuaderno No. 1A, exp. 59.183); ii) con el lapso de restricción indicado en el libelo introductorio (folio 14 del cuaderno No. 1B, exp. 59.183) y iii) con el certificado expedido por la Secretaría del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, en el cual consta que uno de los aquí demandantes recobró su libertad el 26 de agosto de 2004 (folio 81 del cuaderno No. 1A, exp. 59.183).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 26.078, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación en sentencias del 11 de junio de 2014, exp. 27.636, M.P. Hernán Andrade Rincón (E), del 14 de julio de 2016, exp. 41.996, del 23 de octubre de 2017, exp. 50.021 y del 14 de mayo de 2018, exp. 57.398.
Folios 54 a 55 del cuaderno No. 1B. Exp. 59.183.
Folios 185 a 187 del cuaderno No. 1B. Exp. 59.183.

Folios 202 a 205 del cuaderno No. 1B. Exp. 59.183.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 36.149 C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
De conformidad con las pruebas recaudadas en el presente caso, se tiene que el hoy demandante fue capturado el 23 de abril de 2003 (folio 89 del cuaderno No. 6. Exp. 52.825) y recuperó su libertad el 26 de agosto de 2004 (folio 81 del cuaderno No. 1A. Exp. 59.183).
Tal como se evidencia del certificado expedido por la secretaria del Concejo municipal de Arboledas, Norte de Santander, el cual da cuenta que el demandante ostentó la calidad de servidor público desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003. Folio 82 del cuaderno No. 1A. Exp. 59.183.
Esto consagra el citado artículo: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 18 de abril de 2016, expediente 36.747, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera y del 14 de septiembre de 2016, expediente 43.739, entre otras.

Fecha de nacimiento, 26 de diciembre de 1971. Folio 35 del cuaderno No. 1A. Exp. 59.183.
Esto consagra el artículo en mención: “El pago de los honorarios a los concejales se causará durante los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias que celebren estas corporaciones y no tendrá efecto legal alguno con carácter de remuneración laboral ni derecho al reconocimiento de prestaciones sociales” (se destaca).
A folios 3 y 89 del cuaderno No. 6 (exp. 52.825) obran las actas de derechos del capturado suscritas por el citado demandante, el 28 de marzo de 2003 y el 23 de abril de la misma anualidad, respectivamente.

A folio 81 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183) reposa la certificación expedida por la secretaría del Juzgado Tercero del Circuito de Cúcuta en favor del señor Galvis Rojas, en la cual consta que este último fue dejado en libertad el 26 de agosto de 2004.
Ra = Rh ($5’844.000) índice final – febrero/19 (101.17)
índice inicial – abril/03 (52.10)

“(…) él tenía sus negocios personales de compra y venta se desempeñaba como concejal del municipio de Arboledas, además que el estigma de ese señalamiento que tuvo por rebelión, quedó empañada la imagen ante la comunidad”. Folio 213 del cuaderno No 1A (exp. 59.183).
“se le afectó su vida comercial y política porque le afectó su buen nombre, no deja la gente de señalarlo (…) pues no es un estigma fácil de quitar”. Folios 247 a 248 del cuaderno No. 1A (exp. 59.183).

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