Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2009-00280-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2009-00280-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2009-00280-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
13 de julio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B
Bogotá, DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 54001-23-31-000-2009-00280-01 (56.916)
Actor: JHON JAIRO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ Y
OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE CÚCUTA Y CORPORACIÓN
PARQUES DE CÚCUTA
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA
Síntesis del caso: el señor Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez se desplazaba caminando por el
centro de la ciudad de Cúcuta cuando una edificación intervenida por la administración
municipal se desplomó y le produjo graves lesiones a la integridad psicofísica. El tribunal
de primera instancia accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. La parte actora
solicita en esta instancia que se reconozca perjuicio a la salud en favor de la compañera
permanente de la víctima directa; por su parte, el municipio demandado, pide que se declare
su falta de legitimación en la causa por pasiva porque quien adelantaba las labores de
urbanismo era una entidad sin ánimo de lucro constituida para esos específicos fines.
Temas: responsabilidad extracontractual del Estado por riesgo excepcional – riesgo
beneficio por la titularidad de la obra pública / guardián en virtud del beneficio – tipos de
riesgos imputables a la administración / daño a la salud – perjuicio a la salud – víctimas de
rebote – afectación de la función sexual – perjuicio a la salud para la compañera
permanente.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y el
municipio de Cúcuta contra la sentencia de 28 de abril de 2015 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante la cual se resolvió lo
siguiente:
“FALLA
PRIMERO. DECLÁRASE administrativa y solidariamente responsables a
la Corporación Parques de Cúcuta En Liquidación y al municipio de
Cúcuta por el daño antijurídico causado a la parte demandante por las
lesiones sufridas por el señor Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez, identificado
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
(…), en las circunstancias y hechos explicados en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE
solidariamente a la Corporación Parques de Cúcuta En Liquidación y al
municipio de Cúcuta a pagar los siguientes perjuicios de conformidad con
la parte motiva de la sentencia:
a) Por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades:
Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez (víctima directa) CIEN (100) SMLMV
Leticia Rodríguez Franco (madre) CIEN (100) SMLMV
Sandra Yaneth Rincón Rivera (compañera) CIEN (100) SMLMV
Geily Najeed Gutiérrez Lopera (hija) CIEN (100) SMLMV
Sarith Valentina Gutiérrez Lopera (hija) CIEN (100) SMLMV
Jhon Sebastián Gutiérrez Lopera (hijo) CIEN (100) SMLMV
Cristian Estivenson Suelta Rincón (hijo de crianza) CIEN (100) SMLMV
Jefferson Jesús Suelta Rincón (hijo de crianza) CIEN (100) SMLMV
Anderson Andrey Suelta Rincón (hijo de crianza) CIEN (100) SMLMV
Zuly Mildred Rodríguez Franco (hermana) CINCUENTA (50) SMLMV
Jovanny Rodríguez Franco (hermano) CINCUENTA (50) SMLMV
El valor del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente
al momento de ejecutoria de la presente sentencia.
b) Por concepto de daño por lucro cesante para el señor Jhon Jairo
Gutiérrez Rodríguez el valor correspondiente a doscientos cuarenta y tres
millones seiscientos un mil ochenta pesos con sesenta y dos centavos
($243´601.080,62).
c) Por concepto de daño a la salud para el señor Jhon Jairo Gutiérrez
Rodríguez la suma de cuatrocientos (400) SMLMV vigentes a la ejecutoria
del fallo.
TERCERO. DENIÉGUENSE (sic) las demás súplicas de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva.
CUARTO. En caso de no ser apelada la presente sentencia, remítase al
H. Consejo de Estado para que se surta el grado jurisdiccional de
consulta.
QUINTO. DEVUÉLVASE a la parte actora el valor consignado como
gastos ordinarios del proceso o su remanente si lo hubiere.
SEXTO. Las entidades accionadas darán cumplimiento a esta sentencia
de conformidad con lo previsto en los artículos 176 y 178 del CCA.
SÉPTIMO. Una vez en firme la presente providencia, ARCHÍVESE el
expediente previas las anotaciones secretariales de rigor”. (fls. 375 y 376
cdno. ppal. – mayúsculas y negrillas del original).
3
Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito del 29 de septiembre de 2009 (fls. 6 a 21 cdno. 1), los señores
Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y Sandra Yaneth Rincón Rivera, en nombre propio
y en representación de sus hijos menores: Geily Najeed, Sarith Valentina y Jhon
Sebastián Gutiérrez Lopera y de los menores hijos de crianza: Cristian Estivenson,
Jefferson Jesús y Anderson Andrey Suelta Rincón y Leticia Rodríguez Franco en
nombre propio y en representación de sus hijos menores: Jovany y Zuly Mildre
Rodríguez Franco, por intermedio de apoderado judicial (fls. 1 y 2 cdno. 1)
presentaron demanda de reparación directa contra el municipio de Cúcuta y la
Corporación Parques de Cúcuta para que se acceda a las siguientes pretensiones:
“1. Que el municipio de San José de Cúcuta y la empresa contratista
Corporación Parques de Cúcuta son administrativa y patrimonialmente
responsables de los graves perjuicios causados a los demandantes con
motivo del accidente ocasionado con el derrumbe provocado y la
demolición de la edificación de la antigua Bavaria de Cúcuta, por fallas en
los trabajos públicos; además, de la omisión al dejar descuidada una obra
averiada al ser dinamitada la construcción el día 14 de julio de 2007 sin
que se cayera para luego venirse al suelo dos días después, es decir, el
16 de julio del mismo año; hecho este que causara el perjuicio que hoy
nos ocupa al demandante principal.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene al municipio de San
José de Cúcuta y a la empresa contratista Corporación Parques de
Cúcuta a pagar:
3. A Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez, su compañera permanente Sandra
Yaneht Rincón Rivera, a sus hijos menores: Geily Najeed, Sareth
Valentina y Jhon Sebastián Gutiérrez Lopera, además de Cristian
Estivenson, Jefferson Jesús y Anderson Andrey Suelta Rincón, además
de su señora madre Leticia Rodríguez Franco y sus hermanos Jovany y
Zuly Mildre Rodríguez Franco el valor de los perjuicios morales
equivalentes a doscientos (200) SMLMV para cada uno de ellos.
Los 200 SMLMV solicitados para cada uno de ellos equivalente a la fecha
de presentación de la demanda a (…)
El total de este rubro es de dos mil doscientos 2.200 SMLMV.
4. A Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez el valor de los perjuicios materiales
(lucro cesante) consistente en las sumas que dejará de percibir el resto
de su vida (…) sería un total de $1.662´627.400.
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
5. A Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez, su compañera permanente Sandra
Yaneht Rincón Rivera, a sus hijos menores: Geily Najeed, Sareth
Valentina y Jhon Sebastián Gutiérrez Lopera, además de Cristian
Estivenson, Jefferson Jesús y Anderson Andrey Suelta Rincón, además
de su señora madre Leticia Rodríguez Franco y sus hermanos Jovany y
Zuly Mildre Rodríguez Franco el valor de los perjuicios por el daño a la
vida de relación que sufrieron y sufren por motivo de la invalidez total que
fue objeto el primero de los nombrados (sic) el día que sufrió el accidente
por la caída provocada por la mencionada construcción, equivalente a 300
SMLMV para cada uno de ellos de conformidad con el artículo 16 de la
Ley 446 de 1998 atendiendo a los principios de reparación integral y
equidad.
(…) El total de este rubro es de 3.300 SMLMV.
6. Los intereses moratorios sobre las cantidades que resulten a favor de
los demandantes desde la fecha en que debe hacerse el pago hasta
aquella en que efectivamente se realice (…)
7. Para determinar el valor de los perjuicios morales deberá tenerse en
cuenta la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, relativa a la
regulación de dichos perjuicios.
8. En la regulación de los perjuicios materiales se tendrán en cuenta los
salarios dejados de percibir a partir de la ocurrencia de los hechos o
accidente o el derrumbe provocado por la edificación, además se
actualizará el valor tomando en cuenta el índice de precios al consumidor
conforme al artículo 178 del CCA.
9. En caso de que en este proceso no queden establecidos el valor de los
perjuicios se ordenará el trámite incidental estipulado en el artículo 172
del CCA modificado por el artículo 52 de la Ley 446 de 1998 y 178 del
CCA, y artículo 137 del CPC.
10. Que el municipio de San José de Cúcuta y la Corporación Parques de
Cúcuta deben dar cumplimiento a la sentencia que se dicte en esta
instancia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del CCA”. (fls. 6
a 9 cdno. 1)
Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:
1) El 16 de julio de 2007, el señor Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez se desplazaba
por la calle 8 entre carreras 1ª y 2ª de la ciudad de Cúcuta cuando se vino abajo la
estructura de 3 pisos del edificio de la antigua Bavaria que dos días antes había
sido dinamitado por la alcaldía de Cúcuta y la Corporación Parques de Cúcuta.
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
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2) El señor Gutiérrez Rodríguez fue trasladado al hospital Erazmo Meoz a la unidad
cuidados intensivos donde estuvo casi cuatro meses bajo supervisión médica; el
diagnóstico definitivo consistió en paraplejía por fractura en varias vértebras de la
columna.
Como fundamentos jurídicos de la demanda la parte actora invocó los artículos 6 y
de la Constitución Política y 86 del CCA; adujo que existió una falla del servicio
atribuible a las entidades demandadas debido a que realizaron mal las labores de
implosión del antiguo edificio Bavaria y, por tanto, la estructura quedó en pie sin
ningún tipo de señalización o cerramiento que impidiera a los transeúntes pasar
junto a la misma.
2. La admisión y las contestaciones de la demanda
1) El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda mediante
auto del 19 de mayo de 2010 (fls. 89 y 90 cdno. 1) y ordenó su notificación.
2) El municipio de San José de Cúcuta contestó la demanda para oponerse a las
pretensiones para lo cual propuso las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva, hecho de un tercero y ausencia de causa para demandar (fls. 107
a 112 cdno. 1).
Agregó que a través del Acuerdo no. 031 del 2 de noviembre de 2006, el Concejo
Municipal de San José de Cúcuta autorizó la constitución de una corporación del
orden descentralizado para la ejecución del proyecto de construcción del “Centro
Cultural y Financiero Parque Bavaria” por lo cual se creó la Corporación Parques de
Cúcuta como persona jurídica sin ánimo de lucro, única legitimada en la causa por
pasiva en este caso concreto.
3) La Corporación Parques de Cúcuta no contestó la demanda (fl. 114 cdno. 1).
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
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Sentencia de segunda instancia
3. Los alegatos de conclusión
Vencido el período probatorio dispuesto en providencia de 15 de abril de 2011 (fls.
115 y 116 cdno. 1), el tribunal de primera instancia por auto del 16 de enero de 2014
corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto (fl. 238 cdno. 1).
1) La parte actora precisó las pruebas que, en su concepto, dan cuenta de la falla
del servicio atribuible a las entidades demandadas, así como de los daños sufridos
por la víctima directa y sus familiares más cercanos; igualmente pidió que se
aplicara el precedente de esta Corporación contenido en la sentencia del 11 de
noviembre de 2009, expediente 17.380, sobre el tema de la responsabilidad
patrimonial del Estado por la caída de ruinas (fls. 252 a 260 cdno. 1).
2) La Corporación Parques de Cúcuta en Liquidación alegó de conclusión para
invocar la configuración de una culpa exclusiva de la víctima por “el hecho
imprudente del actor de caminar sobre la acera adyacente a la edificación que
mostraba un estado de ruina evidente a simple vista que, para cualquier persona
diligente y precavida, determina que no debe transitar por ese sitio a riesgo de sufrir
eventualidades como la que infortundamente ocurrió” (fls. 261 y 262 cdno. 1).
4) El Ministerio Público y el municipio guardaron silencio.
4. La sentencia de primera instancia
El 28 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió la
sentencia impugnada en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda (fls. 361 a 376 cdno. ppal.) con fundamento en el siguiente razonamiento:
1) El daño sufrido por los demandantes está probado, ya que el 16 de julio de 2007
el señor Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez sufrió múltiples traumatismos debido a la
caída de escombros lo que le desencadenó una pérdida de la capacidad laboral de
91.05%.
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
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2) El régimen o título jurídico aplicable para resolver esta controversia es el de falla
del servicio porque se acreditó un incumplimiento de las obligaciones de vigilancia,
de señalización, de control y de prevención respecto de la estructura que iba a ser
demolida.
3) Existe una omisión atribuible al municipio y a la corporación demandada por “no
tomar las medidas preventivas necesarias para evitar poner en riesgo a una
comunidad y no por la construcción de la obra como tal” (fl. 368 cdno. ppal.).
4) El dueño de la obra -en este caso el municipio demandado- también es
responsable por los daños que se deriven de esta de conformidad con la
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia
(sentencia de 26 de agosto de 2014, exp SC5432-2014 (2007-00227), MP Margarita
Cabello Blanco).
5) La propiedad del terreno está en cabeza de la entidad territorial y, por tal razón,
no se configuran las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.
6) Resulta posible reconocer parcialmente los perjuicios solicitados en la demanda;
los inmateriales con aplicación de los criterios, tablas y baremos fijados en las
sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014.
5. Los recursos de apelación
Inconformes con la decisión, la parte actora y el municipio de San José de Cúcuta
interpusieron sendos recursos de apelación que fueron concedidos mediante auto
del 16 de marzo de 2016 (fl. 400 cdno. ppal.) y admitidos por esta Corporación en
providencia del 1º de julio del mismo año (fl. 410 cdno. ppal.).
1) Los fundamentos del recurso de apelación de la parte actora (fls. 386 a 389 cdno.
ppal.) son, en síntesis, los siguientes:
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a) La tasación de los perjuicios morales, materiales (lucro cesante) y daño a la salud
se ajustan a la realidad fáctica, legal y jurisprudencial de allí que se comparte su
liquidación.
b) No ocurre lo mismo con la decisión del tribunal de negar el perjuicio de alteración
grave a las condiciones de existencia para el núcleo familiar del señor Jhon Jairo
Gutiérrez.
c) “El señor Gutiérrez Rodríguez quedó como una piltrafa humana (...) y en el caso
concreto los daños a la salud causados al demandante principal deben extenderse
a todos los accionantes porque de lo contrario se fractura el ánimo del Constituyente
plasmado en el artículo 42”.
d) Al señor Jhon Jairo Gutiérrrez no solo le lesionaron la integridad psicofísica sino,
además, los derechos fundamentales a la vida, a la salud, la honra y el buen
nombre.
e) La afectación sexual y reproductiva no solo las padece la víctima directa, también
su compañera permanente; los demás integrantes del núcleo familiar no podrán
disfrutar de actividades placenteras junto con el señor Jhon Jairo Gutiérrez.
2) La impugnación del municipio de San José de Cúcuta (fls. 381 a 384 cdno. ppal.)
se apoyó en estos argumentos:
a) La Corporación Parques de Cúcuta fue la encargada de contratar la obra y no el
municipio de allí que este no está legitimado en la causa por pasiva.
b) En el proceso no obra informe policial en el que consten las circunstancias de
tiempo, modo y lugar del accidente.
c) El daño es imputable al hecho determinante y exclusivo de la víctima puesto que
si Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez era conocedor de la zona debió prever que no
podía transitar cerca de la obra.
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d) Finalmente, la demanda se debió presentar ante la jurisdicción ordinaria civil,
porque la única legitimada en la causa por pasiva es la Corporación Parques de
Cúcuta.
6. El trámite de segunda instancia
Por auto del 18 de septiembre de 2017 se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión en esta instancia y al Ministerio Público para rendir concepto (fl. 417
y 418 cdno. ppal.).
1) La parte actora reiteró los argumentos expuestos con el recurso de apelación (fls.
420 a 423 cdno. ppal.).
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 424 cdno. ppal.).
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis
del caso concreto, 3) conclusión general, 4) reliquidación de perjuicios y, 5) condena
en costas.
1. Objeto de la controversia y anunció de la decisión
El centro de la controversia consiste en definir, en primer lugar, si el daño es o no
imputable al municipio de San José de Cúcuta y, por tanto, si está obligado a resarcir
los perjuicios causados con la lesión sufrida por el Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez
y, en segundo término, establecer si es procedente el reconocimiento del daño a la
salud en favor de la compañera permanente de la víctima directa y a sus familiares
cercanos.
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
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Sentencia de segunda instancia
La Sala confirmará la decisión apelada en cuanto declaró la responsabilidad
patrimonial del municipio demandado y de la Corporación Parques de Cúcuta, y la
modificará parcialmente para reconocer el daño a la salud en favor de la compañera
permanente de la víctima directa por haber quedado acreditado que lo sufre de
manera indirecta o de rebote1.
2. Análisis del caso concreto
1) El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de
responsabilidad patrimonial del Estado.
2) En este caso concreto, el municipio de Cúcuta no discute el daño ni la imputación
efectuada en contra de la Corporación Parques de Cúcuta en liquidación, no
obstante, considera que no debió ser declarado responsable, pues, en su criterio, el
hecho solo sería atribuible a la corporación o al hecho de la víctima.
3) En primer lugar, esta sí es la jurisdicción competente para resolver el litigio o
controversia planteada en los términos del inciso primero del artículo 82 del CCA -
modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006- que prevé: “La jurisdicción de
lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del
Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los
juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley”.
En el sub examine se discute la responsabilidad patrimonial extracontractual del
municipio de Cúcuta, de modo que el argumento planteado con el recurso de
apelación no tiene vocación de prosperar.
1 La demanda fue presentada de forma oportuna el 29 de septiembre de 2009, toda vez que el 7 de
julio de 2009 se radicó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación;
la audiencia de conciliación se adelantó el 25 de septiembre de ese mismo año y, finalmente, la
constancia de no acuerdo se expidió este mismo día (fls. 79 y 80 cdno. 1).
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
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Sentencia de segunda instancia
4) De otra parte, la Sala confirmará la responsabilidad de la entidad territorial
demandada porque el daño también le resulta imputable a título objetivo con
fundamento en la “teoría del riesgo beneficio”, tal como lo advirtió el tribunal de
primera instancia, debido a que la persona o el sujeto dueño de la obra responde
por los daños que se deriven de la ejecución de esta por ostentar la guarda de la
actividad peligrosa conjuntamente con el contratista. Sobre el particular, la
jurisprudencia de la Sección ha precisado2:
El título jurídico de imputación consistente en el riesgo creado o riesgo
excepcional deriva su existencia de la consideración según la cual el
sujeto de derecho que despliega una actividad cuya realización implica el
riesgo de ocasionar daños, debe asumir la responsabilidad derivada de la
causación de estos en el evento en que sobrevengan o de que, aún
cuando la actividad no entrañe verdadera peligrosidad, conlleva la
asunción de las consecuencias desfavorables que su ejercicio pueda
producir, por parte de la persona que de dicha actividad se beneficia. En
ese orden de ideas, se sostiene que pueden existir tres modalidades
de responsabilidad por riesgo: Responsabilidad por riesgo-peligro.
Es la asociada tradicionalmente, tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia, con la idea de “actividades peligrosas” y, dentro de
ella, quedan comprendidos tres supuestos diferenciables:
Responsabilidad derivada del uso de objetos peligrosos, entre los cuales
puede referirse (i) a las sustancias peligrosas -verbigracia, químicos o
explosivos-; (ii) a instrumentos o artefactos peligrosos -caso de las armas
de fuego o los vehículos automotores- o (iii) a las instalaciones peligrosas
-como las redes de conducción de energía eléctrica o de gas domiciliario-
. Responsabilidad derivada del uso de métodos peligrosos, la cual ha sido
reconocida por la jurisprudencia francesa, por vía de ejemplo, cuando se
ocasionan daños por menores delincuentes internos en establecimientos
especiales de corrección o por enfermos mentales en “salida de prueba”
o por condenados mediante sentencia judicial a quienes se conceden
beneficios penitenciarios como permisos de salida o libertad condicional.
Responsabilidad derivada de la ejecución de trabajos públicos, como
quiera que la misma supone el despliegue de actividades que entrañan
riesgo -como la construcción o apertura de rutas, puentes, canales,
túneles, líneas férreas, entre otras- y en cuya ejecución pueden
presentarse (i) daños accidentales derivados de la ocurrencia de sucesos
imprevistos que habrían podido no acaecer -que son aquellos que
realmente podrían encuadrarse en esta categoría- y (ii) daños
permanentes cuya causación no deriva de la ocurrencia de un accidente
sino que se trata de consecuencias normales -e incluso previstas- de la
ejecución de una obra pública, como perturbaciones en el goce, perjuicios
comerciales o pérdida de valor de un inmueble, en relación con las cuales
la obligación indemnizatoria a cargo del Estado suele explicase mejor
desde la perspectiva del título jurídico de imputación consistente en el
daño especial derivado de la ruptura del principio de igualdad frente a las
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, exp. 16.530, MP Mauricio
Fajardo Gómez.
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cargas públicas. Responsabilidad por riesgo beneficio. En esta
categoría el énfasis recae no ya en el peligro creado por el Estado,
sino el provecho que este o la comunidad reciben como
consecuencia del ejercicio de la actividad riesgosa correspondiente,
lo cual suele ocurrir, por vía de ejemplo, (i) en relación con
colaboradores permanentes de la Administración, como los
miembros de la Fuerza Pública, en los cuales proceda el
reconocimiento de indemnizaciones más allá́ de las predeterminadas
por la ley o (ii) respecto de colaboradores ocasionales de la
Administración, lo cual puede suceder, a modo ilustrativo, en los
supuestos en los cuales se ocasionan daños a particulares que
prestan, en vehículos automotores de su propiedad, servicio de
transporte benévolo o de transporte forzoso a agentes del Estado.
Responsabilidad por riesgo álea. Se trata de la asunción de riesgos
derivados de la toma en consideración de la probabilidad de que
cierto tipo de actividades o procedimientos pueden dar lugar, quizás
con la ineludible mediación del azar o de otro tipo de factores
imprevisibles, a la producción de daños sin que medie asomo alguno de
culpa. En la jurisprudencia francesa se ha reconocido la responsabilidad
del Estado en esta suerte de casos cuando se emplean, por parte de la
Administración, métodos científicos cuyas consecuencias dañosas aún no
son del todo conocidas o cuando, a pesar de ser conocidas, resultan de
muy excepcional ocurrencia, en definitiva, cuando se está en presencia
del denominado ‘riesgo estadístico.’” (negrillas y subrayado adicionales).
El riesgo beneficio parte de la consideración de que el dueño de la obra interviene
indirectamente en la generación del riesgo creado por el constructor y, por tal
motivo, debe responder en forma solidaria con este último.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia también ha tenido
oportunidad de reflexionar sobre la noción de riesgo beneficio en los siguientes
términos3:
“Muestra el conjunto de tales medios de convicción —artículo 187 del
Código de Procedimiento Civil— que la persona jurídica contratante no
estaba desligada por completo del gobierno de la actividad
peligrosa, pues ella fue precisamente la que creó los riesgos
asociados a una empresa semejante, sin que, por lo demás,
apareciera evidencia contundente de que hubiese producido un
traslado total de su responsabilidad, mayormente si, como lo ha
reconocido esta corporación, el carácter de propietario, como atributo
del dominio, hace presumir el de guardián, mientras no sea ofrecida
una prueba inequívoca en sentido contrario, como se echa de menos
3 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 13 de mayo de 2008,
exp. 1997-09327, MP César Julio Valencia Copete.
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
en este pleito (G.J. t. CXLII, pág. 183; reiterada en CLV, 139; CCLVIII,
374; 20 de junio de 2000, exp. 5617; 12 de febrero de 2002, exp. 6762;
entre muchos otros).
De acuerdo con el primero de los fallos citados, no puede perderse de
vista que “constituyendo el fundamento de la responsabilidad estatuida
por el artículo 2356 precitado el carácter peligroso de la actividad
generadora del daño, no es de por sí el hecho de la cosa sino en últimas
la conducta del hombre, por acción o por omisión, la base necesaria para
dar aplicación a esa norma. Es preciso, por tanto, indagar en cada caso
concreto quién es el responsable de la actividad peligrosa. // El
responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea
quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control
independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique
necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como
simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. // De
manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o
empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de
una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de
ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en
contrario— pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace
presumirla en quien tiene el carácter de propietario. O sea, la
responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene
de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener. Y la presunción
de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que
transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título
jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue
despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido
robada o hurtada” (G.J. t. CXLII, pág. 183).
En este punto resulta pertinente citar, por venir en forma precisa al
caso, el concepto de “guarda compartida” pregonado por la Corte,
según el cual, en tratándose de actividades peligrosas, “no es
extraña la concurrencia de varias personas que, desde diversos
ángulos y en atención a sus propios intereses o beneficios, puedan
ejercer al tiempo y a su manera la dirección o control efectivo de
aquellas y que a todas les impone el deber jurídico de impedir que
se convierta en fuente de perjuicios para terceros…”; ciertamente, se
trata de situaciones, como la que muestra este asunto, donde varias
personas —GDS Ingenieros Ltda. e Inmuebles Industriales Zeta Ltda.—
no permanecen apartadas ni indiferentes al desempeño, funcionamiento
y control intelectual de la actividad peligrosa desplegada, actitud que, por
fuerza, ha de entenderse asumida en la medida en que de ella se obtiene
un lucro o provecho económico evidente, que se torna significativo para
poner de manifiesto la existencia de un factor suficiente de atribución de
responsabilidad civil (G.J. t. CCXLVI, vol. I, pág. 471; cfr. sentencia de 12
de febrero de 2002, exp. 6762, no publicada aún oficialmente)”.
En este caso concreto se demostró que el Concejo de Cúcuta, mediante Acuerdo
no. 0031 del 2 de noviembre de 2006 (fls. 322 y 323 cdno. 1), autorizó al alcalde de
la ciudad para la constitución de una corporación sin ánimo de lucro que sería la
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
encargada de adelantar el megaproyecto denominado Plan Integral de Recreación
y Turismo.
Igualmente, es importante precisar que para la contratación de la obra del Centro
Cultural y Financiero del Parque Bavaria -que hacía parte del mencionado
megaproyecto urbanístico- se celebró un convenio interadministrativo entre el
municipio de Cúcuta, la Corporación Parques de Cúcuta, la Universidad de
Pamplona y la Cámara de Comercio de Cúcuta según da cuenta el informe y la
certificación remitida a este proceso y suscrita por el señor Jimy Galán Villamizar,
secretario de despacho de la alcaldía (fls. 324 a 327 cdno. 1).
Finalmente, el predio intervenido, localizado entre las calles 8 y 9 con avenidas 1 y
2, fue donado por Bavaria SA al municipio de Cúcuta a través de escritura pública
no. 2060 de 9 de julio de 2004 (fls. 329 a 333 cdno. 1).
Así las cosas, la Sala no puede desconocer que la entidad dueña de la obra pública
no puede ser ajena al riesgo creado o a la falla del servicio del contratista que
desarrolla la misma porque, en su calidad de guardiana de la actividad peligrosa, en
virtud del beneficio que le reporta para el interés general, debe reparar los daños
que se deriven y concreten de la ejecución de las obras públicas4:
“Como de manera uniforme lo ha indicado esta Sala, no son infrecuentes
los casos en que un daño antijurídico resulta del proceder -por acción u
omisión- de un tercero contratista del Estado. En estos eventos, vale decir,
cuando la administración contrata a un tercero para la ejecución de una
obra pública, la jurisprudencia tiene determinado -desde 1985- que los
eventos relacionados con daños a terceros con ocasión de la ejecución
de obras públicas con el concurso de contratistas, comprometen la
responsabilidad de la Administración Pública, porque: i) es tanto como si
la misma Administración la ejecutara directamente, ii) la Administración es
siempre la dueña o titular de la obra pública, iii) la realización de las obras
siempre obedece a razones de servicio y de interés general, iv) No son
oponibles a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el
contratista, esto es, exonerarse de responsabilidad extracontractual frente
a esos terceros, en tanto la Administración debe responder si el servicio
no funcionó, funcionó mal. En estos eventos se configura la
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, exp. 21.322, MP
Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, consultar: sentencias del 28 de agosto de 1997
exp. 13028, 28 de abril de 2005, exp. 14.178; 7 de diciembre de 2005, exp. 14.065 y 28 de noviembre
de 2002, exp.14.397.
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
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Sentencia de segunda instancia
responsabilidad del Estado por la actuación de su contratista bajo el título
de imputación de falta o falla del servicio y por lo mismo debe asumir la
responsabilidad derivada de los perjuicios que puedan llegar a infligirse
con ocasión de los referidos trabajos, puesto que se entiende como si la
administración hubiese dado lugar al daño antijurídico”.
Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe duda de que el propietario de la obra era el
municipio de Cúcuta, sin importar que se hubiera constituido una entidad sin ánimo
de lucro para su planeación y contratación, de allí que la guarda por el beneficio de
la construcción del Centro Cultural y Financiero Parque Bavaria se mantenía en
cabeza del titular del inmueble sobre el cual se adelantaban los trabajos, esto es, la
entidad territorial demandada.
5) En relación con el argumento del hecho de la víctima, la Sala advierte que esa
causa extraña no está acreditada en el plenario, pues, el hecho de que la víctima
transitara de manera recurrente por el sector no constituye el factor determinante y
exclusivo en la producción del daño ya que, lo cierto es que el contratista y la
Corporación Parques de Cúcuta no instalaron señales preventivas que advirtieran
a los transeúntes acerca del peligro o del riesgo que representaba la obra pública.
En ese orden de ideas, la Sala mantendrá la declaración de responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Corporación Parques de Cúcuta en Liquidación y
del municipio de Cúcuta, toda vez que respecto de la primera el daño es imputable
a título de falla del servicio por la falta del deber de señalización y, frente al segundo,
a título de riesgo excepcional – beneficio por ser el propietario de la obra y, en
consecuencia, por ostentar la condición de guardián de la actividad constructiva
riesgosa.
3. Conclusión general
La Sala confirmará la sentencia apelada porque se probó que el daño psicofísico
irrogado al señor Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez es imputable también a la entidad
apelante, esto es, al municipio de Cúcuta a título de riesgo excepcional por el
beneficio que reporta la obra pública para el interés general y por tener la guarda
sobre el inmueble.
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
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Sentencia de segunda instancia
De otra parte, la Sala abordará el análisis del recurso de apelación de la parte actora
para definir si es procedente el reconocimiento de otros perjuicios adicionales a los
decretados en primera instancia y, específicamente, si es viable acceder a la
condena a favor de la esposa de la víctima principal por concepto de daño a la salud.
4. Reliquidación de perjuicios – apelación parte actora
1) En primer lugar, es importante precisar que la parte demandante afirmó en el
recurso de apelación que la tasación de los perjuicios morales, materiales (lucro
cesante) y daño a la salud se ajustan a la realidad fáctica, legal y jurisprudencial de
allí que se comparte su liquidación, de modo que la Sala se limitará a confirmar la
condena por esos conceptos y actualizará (indexará) la suma otorgada por concepto
de lucro cesante para reconocer la pérdida de valor adquisitivo de la moneda con el
paso del tiempo.
a) Perjuicios morales:
Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez (víctima directa) CIEN (100)
SMLMV
Leticia Rodríguez Franco (madre) CIEN (100)
SMLMV
Sandra Yaneth Rincón Rivera (compañera) CIEN (100)
SMLMV
Geily Najeed Gutiérrez Lopera (hija) CIEN (100)
SMLMV
Sarith Valentina Gutiérrez Lopera (hija) CIEN (100) SMLMV
Jhon Sebastián Gutiérrez Lopera (hijo) CIEN (100) SMLMV
Cristian Estivenson Suelta Rincón (hijo de crianza) CIEN (100) SMLMV
Jefferson Jesús Suelta Rincón (hijo de crianza) CIEN (100) SMLMV
Anderson Andrey Suelta Rincón (hijo de crianza) CIEN (100) SMLMV
Zuly Mildred Rodríguez Franco (hermana) CINCUENTA (50) SMLMV
Jovanny Rodríguez Franco (hermano) CINCUENTA (50) SMLMV
b) Perjuicios materiales – lucro cesante:
La Sala para la actualización de los valores empleará la siguiente fórmula:
Ra = Rh x _Ipc final (fecha de esta sentencia) (117,71)
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
Actor: Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez y otros
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Sentencia de segunda instancia
Ipc inicial (fecha de la sentencia consultada) (92,10)
Ra = $243´601.080,62 117.71____
92.10
Ra= $311´338.579,oo
c) Daño a la salud – alteración grave a las condiciones de existencia
La parte actora solicita que se reconozca el perjuicio de alteración grave a las
condiciones de existencia para el núcleo familiar del señor Jhon Jairo Gutiérrez,
dado que al señor Jhon Jairo Gutiérrrez no solo le lesionaron la integridad
psicofísica sino, además, los derechos fundamentales a la vida, a la salud, la honra
y el buen nombre.
A diferencia de lo sostenido por la parte actora, la Sala advierte que el perjuicio
reconocido por el tribunal de primera instancia se ajusta a los parámetros definidos
por esta Corporación en las sentencias gemelas de unificación del 14 de septiembre
de 2011, expedientes 19.031 y 38.222 de esta Sección, así como en las sentencias
de unificación del 28 de agosto de 2014, expedientes 31.170 y 28.804.
Es importante precisar que la Sección en las citadas providencias recogió los
perjuicios denominados “alteración grave de las condiciones de existencia” y “daño
a la vida de relación” por considerarlos inequitativos por estar basada la tasación
del perjuicio en la vida social y relacional de las víctimas; por manera que la
jurisprudencia reconoce en casos como el analizado el perjuicio a la salud que gana
igualdad, concreción y equidad donde los otros tipos de perjuicios la pierden, pues,
en principio, a una igual lesión corresponderá la misma indemnización, sin prescindir
del elemento subjetivo, es decir, las particularidades de cada víctima que permiten
incrementar el reconocimiento indemnizatorio en cada caso concreto.
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
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Sentencia de segunda instancia
El trabajo de la jurisprudencia y de la doctrina debe consistir en establecer o
recuperar las tablas o baremos para la liquidación del perjuicio a la salud, similar a
la tasación de los perjuicios morales en casos de lesiones psicofísicas para procurar
garantizar la igualdad material frente a este tipo de condenas.
Ahora bien, la parte actora solicitó que no solo se decretara una indemnización por
concepto de daño a la salud en favor de la víctima directa sino también de su
compañera permanente, la señora Sandra Yaneth Rincón Rivera.
La Sala reconocerá un valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a favor de la señora Sandra Yaneth Rincón Rivera en la calidad de
compañera permanente del señor Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez, toda vez tanto
aquella como este sufren el perjuicio a la salud por la afectación de la actividad
sexual y de pareja en virtud de la lesión que padece este último.
En efecto, el Instituto Nacional de Medicina Legal conceptuó que el señor Jhon Jairo
Gutiérrez sufre una pérdida funcional de carácter permanente del órgano de la
cópula (fls. 168 y siguientes cdno. 1).
Entonces, si bien el perjuicio a la salud lo sufre, en principio, la víctima directa de la
lesión a la integridad psicofísica, lo cierto es que pueden existir eventos en los en
que otras personas sean titulares del reconocimiento indemnizatorio porque su
salud también se ve afectada o alterada como consecuencia de la lesión principal;
en estos casos el daño a la salud de la víctima principal tiene tal magnitud que afecta
la salud de otros miembros del núcleo familiar (v.gr. afectación de la salud sexual y
reproductiva; alteración de la integridad psicológica o psiquiátrica de algún familiar
cercano, entre otros).
Por consiguiente, como se indicó, la Sala reconocerá a favor de la señora Sandra
Yaneth Rincón Rivera la suma de cien (100) SMLMV a título de daño a la salud,
toda vez que resulta incontrastable que su salud sexual y reproductiva se ve
afectada con la lesión sufrida por su compañero sentimental, esto es, el señor John
Jairo Gutiérrez Rodríguez.
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Expediente No. 54001-23-31-000-2009-00280-00 (55.916)
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Sentencia de segunda instancia
5. Condena en costas
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del CCA–
determina que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las
partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso. En este caso
concreto no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho toda vez
que las partes no obraron de esa forma.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Modifícase la sentencia del 28 de abril de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, la cual queda así:
PRIMERO. DECLÁRASE administrativa y solidariamente responsables a
la Corporación Parques de Cúcuta En Liquidación y al municipio de
Cúcuta por el daño antijurídico causado a la parte demandante por las
lesiones sufridas por el señor Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE
solidariamente a la Corporación Parques de Cúcuta En Liquidación y al
municipio de Cúcuta a pagar los siguientes perjuicios de conformidad con
la parte motiva de la sentencia:
a) Por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades:
Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez (víctima directa) CIEN (100) SMLMV
Leticia Rodríguez Franco (madre) CIEN (100) SMLMV
Sandra Yaneth Rincón Rivera (compañera) CIEN (100) SMLMV
Geily Najeed Gutiérrez Lopera (hija) CIEN (100) SMLMV
Sarith Valentina Gutiérrez Lopera (hija) CIEN (100) SMLMV
Jhon Sebastián Gutiérrez Lopera (hijo) CIEN (100) SMLMV
Cristian Estivenson Suelta Rincón (hijo de crianza) CIEN (100) SMLMV
Jefferson Jesús Suelta Rincón (hijo de crianza) CIEN (100) SMLMV
Anderson Andrey Suelta Rincón (hijo de crianza) CIEN (100) SMLMV
Zuly Mildred Rodríguez Franco (hermana) CINCUENTA (50) SMLMV
Jovanny Rodríguez Franco (hermano) CINCUENTA (50) SMLMV
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Sentencia de segunda instancia
El valor del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente
al momento de ejecutoria de la presente sentencia.
b) Por concepto de daño por lucro cesante para el señor Jhon Jairo
Gutiérrez Rodríguez el valor correspondiente a trescientos once millones
trescientos treinta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos
($311´338.579,oo).
c) Por concepto de daño a la salud:
Para el señor Jhon Jairo Gutiérrez Rodríguez la suma de cuatrocientos
(400) SMLMV vigentes a la ejecutoria del fallo.
Para la señora Sandra Yaneth Rincón Rivera la suma de cien (100)
SMLMV vigentes a la ejecutoria del fallo.
TERCERO. DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva.
2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal.
3º) Cúmplase esta sentencia de conformidad con los artículos 176, 177 y 178 del
CCA.
4º) Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de la Sección devuélvase el
expediente al tribunal de origen para lo su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara el voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad
con el artículo 186 de CPACA.
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